Desplazados exigen reparación de daños

Acusaron que autoridades locales no han coadyuvado a la solución del conflicto, por lo que temen que pueda presentarse una nueva agresión

MIROSLAVA HERNÁNDEZ/PORTAVOZ

Luego de que el pasado martes

7 de febrero, integrantes de la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI), irrumpieran en la comunidad El Saltillo, perteneciente al municipio de Las Margaritas, en donde cometieron una serie de destrozos, pobladores afectados por el vandalismo del grupo, denunciaron que tras siete días de lo ocurrido, continúan sin recibir atención por parte de las autoridades ante la destrucción de 26 viviendas.

Compartieron que fueron 198 personas afectadas, de un total de 27 familias, mismas que ante la pérdida de sus hogares, tuvieron que buscar refugio en comunidades aledañas a El Saltillo. Asimismo, explicaron que la razón por la cual fueron atacados es debido a que la comunidad ha mostrado resistencia a la solicitud de la agrupación de adherirse a la ASSI y renuncien a la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y

Campesinos-Histórica (CIOAC-H).

Respecto a la situación, Tomás Vázquez Aguilar, uno de los pobladores afectados, denunció que las autoridades municipales no han atendido las demandas de las familias expulsadas, las cuales se encuentran en situación de vulnerabilidad tras haberse quedado sin casas y sin sustento familiar.

Señaló que sus peticiones son la reparación de los daños materiales ocasionados por la ASSI y el retorno a su comunidad, sin embargo, mencionaron que contrario a ayudar a solucionar el problema, han contribuido y financiado con armamento al grupo agresor para que siga atentando en contrada del ejido.

Por otro lado, el denunciante refirió que tanto el Ministerio Público, como defensores de derechos humanos, no han podido ingresar a la comunidad debido a la falta de condiciones seguras, debido a que existe el temor de que se presente una nueva agresión por parte de la ASSI.

Tercer estado con más tasa de analfabetismo

Por esta problemática, muchas personas son víctimas de fraudes al firmar documentos y acuerdos legales

Una de las herramientas para combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de un ciudadano es el acceso a la educación, esto reduce la brecha de desigualdad social que prevalece en la entidad.

Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 14 de cada 100 personas de 15 años y más, no tienen los conocimientos para leer o escribir, estadísticas que lo posicionan como la tercera demarcación territorial a nivel nacional con dicha problemática, teniendo mayor rezago en las comunidades indígenas.

Impulsar estrategias que ayuden a culminar el nivel de estudios básico podría proporcionar y revertir los números rojos en analfabetismo de Chiapas, por ello, la coordinadora técnico-docente del Instituto Nacional para la Educación de Los Adultos (INEA), Judith

Salazar Antón, indicó que con la colaboración del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) se encuentran activas campañas de alfabetización desde hace 15 años.

La iniciativa se ha centrado en la formación de nivel primaria y secundaria, debido a que combatir el rezago educativo es prioridad de las autoridades educativas de Chiapas. Dentro de los objetivos que se planean cumplir es incrementar el índice de jóvenes de 15 años o más en cursar el nivel Medio Superior y concluir una carrera universitaria.

En ese sentido, los centros de estudios que se encuentran inmersos en dicho plan de acción son la escuela Luis Donaldo Colosio en Santa Clara, CECATI 86 en Indeco, la primaria Primero de Mayo, Lázaro Cárdenas, Federal Cuauhtémoc, entre otras instituciones más.

Vázquez Aguilar reiteró su preocupación por la situación que enfrentan las familias perjudicadas, debido a que la mayoría están integradas por niñas, niños y personas de la tercera edad, quienes son más vulnerables ante las condiciones en las que se encuentran. Asimismo, indicó que actualmente están resguardados en refugios improvisados, en donde desafortunadamente no tienen acceso a alimentos ni bebidas calientes.

Ante este panorama, exigieron respeto a los derechos humanos de las 198 personas afectadas, al igual que la pronta intervención de Protección Civil para atender las necesidades básicas de las familias.

Por último, aseguró que la situación en El Saltillo continúa sin resolverse y las autoridades locales aún no han tomado medidas para brindar una solución justa y adecuada a las y los perjudicados.

Asimismo, Salazar Antón solicitó el apoyo a la sociedad civil, a fin de replicar la información proporcionada y captar a más jóvenes y adultos que tengan el deseo de obtener su certificado en seis meses, para que avale su conocimiento autodidacta.