Las leyes son producto del dolor y la muerte de miles de mujeres

La violencia de género en México ha existido desde tiempos inmemoriales y responde a la cultura conocida como machista, con la que comulga gran parte de la sociedad. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada” (Orden Jurídico Nacional, 1993).

Desafortunadamente, la igualdad o equidad de género y la no discriminación no forman parte de la cultura en México. En los últimos años se han realizado muchos esfuerzos por parte de organizaciones internacionales, del Gobierno local y de la sociedad civil para cambiar esta postura y desarrollar un concepto de equidad aplicable a nuestro contexto, pero actualmente aún seguimos en proceso de adoptarlo y adaptarlo a nuestra sociedad.

En los últimos años han surgido diversas iniciativas de leyes con perspectiva de género, detrás de cada una de ellas hay una historia desgarradora como el caso de Olimpia Coral Melo o la Saxofonista María Elena, en ocasiones pareciera que los y las congresistas no hubieran llegado al espacio que ocupan gracias a nuestro voto, dado que pareciera que tenemos que rogar, porque nos den audiencia, rogar porque nos escuchen y si tenemos suerte y logramos encontrarnos una diputada o un grupo de diputadas sensibles al tema, la aprobación de la iniciativa está asegurada y tendrá pronto carácter de ley, sin embargo, tenemos iniciativas que afectan no solo a personas mayores , madres de familia, sino también a niños y niñas enredados en los pleitos de familia o en el uso del poder por parte regularmente del padre de familia, que termina apoderándose de las y los hijos y no hay ley que valga, gracias al tráfico de influencias, una ejemplo de ello es la Ley Vicaria que esta por el momento en la congeladora.

Cada ley que se aprueba significa regularmente el sufrimiento de una mujer, como el caso de la Ley Olimpia, cuya aprobación fue debido que el novio en ese entonces de la joven la graba teniendo sexo con el y sin su consentimiento la sube a las redes, y como pueblo chico, infierno grande, Huauchinango, estalla, Olimpia intenta en dos ocasiones suicidarse afortunadamente, su familia la fortalece y la apoya, y es ahí donde saca la casta y tenemos la Ley Olimpia en su nombre , que va contra la violencia sexual digital, hoy Olimpia Color Melo fue sido designada por la revista Time, dentro de las mujeres poderosas del planeta en el 2021.

2 de marzo, recibimos la grata noticia de que en Puebla se aprueba la Ley Malena, en honor de la saxofonista oaxaqueña

Enriqueta Burelo

víctima de un ataque de ácido, el Congreso Poblano aprobó la Ley de Violencia Ácida, la cual castiga los ataques con ácido hasta con 40 años de cárcel, convirtiéndose en el primer estado en aprobar esta ley.

Dentro de las reformas que se harán al Código Penal de Puebla y a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Puebla se encuentra la inclusión como tentativa de feminicidio a las lesiones que se cometan con sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otra, así como el concepto de violencia ácida. Este es un gran paso para convertir esta ley en una realidad en todo el país.

María Elena Ríos es una saxofonista del estado de Oaxaca que en septiembre del 2019 sufrió un ataque con ácido, el cual habría sido orquestado por su expareja sentimental, el entonces diputado Juan Antonio Vera Carrizal, quien le pagó a unos hombres para que perpetraran el acto.

La joven, que en ese entonces tenía 26 años, comenzó a ser conocida por la lucha que emprendió en contra de sus agresores, de actores del sistema de justicia, a los cuales acusó de corruptos por favorecer al político oaxaqueño, y en contra de las leyes que no han establecido penas más severas para quienes perpetran este tipo de atentados, los cuales tienen como principales víctimas a mujeres, quienes suelen ser agredidas por sus parejas sentimentales. La joven, que en ese entonces tenía 26 años, comenzó a ser conocida por la lucha que emprendió en contra de sus agresores, de actores del sistema de justicia, a los cuales acusó de corruptos por favorecer al político oaxaqueño, y en contra de las leyes que no han establecido penas más severas para quienes perpetran este tipo de atentados, los cuales tienen como principales víctimas a mujeres, quienes suelen ser agredidas por sus parejas sentimentales.

Y hay que aplaudir al Congreso de Puebla quien también en esta fecha aprobó la Ley Monzón y se convierte en el primer estado de México en avalar una reforma contra la patria potestad de feminicidas. Fue en la sesión de este jueves 2 de marzo que la diputada Silva Ruiz, señaló que la aprobación de esta nueva reforma es un logro para toda la sociedad civil, pues logra que se marque un precedente para que los menores de hijos de feminicidio, sean alejados de los violentadores.

Para concluir, cito otra iniciativa de ley a partir de la exhibición fotográfica en los medios y en las redes sociales del del cuerpo de una mujer víctima de un feminicidio, Ingrid Escamilla, el 9 de febrero del 2020, una mujer fue asesinada dentro de su casa en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. Su nombre era Ingrid Escamilla, quien tenía 25 años. Erick Francisco, de 46 años, era su pareja y fue detenido por ser el presunto feminicida. Policías de seguridad llegaron a la casa donde se había reportado el crimen y hallaron el cuerpo del joven desollado en el piso. No obstante, al realizarse el reporte de los hechos las imágenes de la víctima fueron filtradas y difundidas en redes sociales y algunos medios de comunicación. Esto causó enojo para muchas mujeres, quienes exigieron garantizar que estas acciones no ocurran más y surge la ley Ingrid Escamilla.

El Gobierno y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pusieron en marcha una ley que evitará que servidores públicos difundirán imágenes de víctimas tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, en febrero de 2020.