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Viernes 7

de Diciembre de 2012 Cd. Reynosa, Tam.

Portafolio Editor: Lic. Alberto González Karam

PESO FORTALECIDO • Saldo de la reserva internacional de 163 mil 117 millones de dólares • Saldo de 758 mil 618 millones de pesos en la Base Monetaria

Lic. Alberto González Káram

Presidente de la Comisión Binacional de Asuntos Fronterizos del Colegio Nacional de Economistas, A.C.

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os saldos preliminares del Estado de Cuenta Monetaria al iniciar la presente Administración Pública Federal 2012-2018, muestran signos positivos relevantes que permiten asegurar una tendencia al equilibrio monetario y estabilidad financiera para los próximos meses. En la presente semana se ha registrado una reserva internacional neta de 163 mil 117 millones de dólares, con un crecimiento de 20 mil 641 millones de dólares acumulados antes del próximo cierre del 31 de Diciembre del 2012.

La base monetaria que se integra por billetes y monedas, así como de los depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México, disminuyó 4 mil 874 millones de pesos, alcanzando un saldo en la primera semana del sexenio 2012-2018 de 758 mil 618 millones de pesos. El saldo de la reserva internacional bruta es de 168 mil 286 millones de dólares, lo que significó un incremento anualizado de 19 mil 077 millones de dólares con respecto al cierre del 2011. Es importante destacar que la variación en la reserva internacional bruta fue resultado de 18 mil 875 millones de dólares por venta de dólares de Petróleos Mexicanos (PEMEX) al Banco de México, así como de una disminución de pasivos a menos de seis meses de 1 mil 564 millones de dólares. En función de lo anterior, el peso mexicano tendrá una apreciación en el primer mes de la Administración Pública Federal 2012-2018 y mantiene al cierre de la primera semana un nivel de revaluación del 16.6 por ciento con respecto a la cotización del 9 de Marzo del 2009, debido a que el tipo de cambio se ubicaba para solventar operaciones pagaderas en moneda extranjera para nuestra fron-

tera con niveles máximos de 15.4950 pesos por dólar. Es importante destacar que durante la próxima Temporada Guadalupe-Reyes comprendida del 12 de Diciembre del 2012 al 6 de Enero del 2013, se habrá de registrar una mayor demanda de dólares en nuestra frontera, lo cual habrá de provocar fluctuaciones en el tipo de cambio en el mercado libre, siendo indispensable incrementar las reservas internacionales y disminuir la base monetaria para mantener las condiciones monetarias que evitarán una mayor pérdida del valor del peso mexicano. En la Sección Especializada de Portafolio del Periódico Prensa de Reynosa, se cumplió con las diversas publicaciones en las que se demostró la improbable devaluación del peso mexicano al iniciar la presente Administración Pública Federal, siendo necesaria la aplicación de las medidas monetarias recomendadas para continuar apreciando nuestra unidad monetaria durante el período 20132018. El valor a futuro del peso mexicano, se encontrará sujeto en lo interno, a incrementar la reserva internacional para respaldar el valor monetario de los billetes y monedas en circulación; aumentar la reserva internacional

bruta con los flujos de las operaciones netas en divisas efectuadas por las entidades con el Banco de México; evitar las subastas de venta de dólares al mercado que benefician exclusivamente a la banca extranjera en nuestro propio territorio nacional; reducir los montos de las operaciones que constituyan pagos de pasivos a menos de seis meses; evitar la impresión de nuevos billetes y acuñación de monedas sin respaldo de reserva internacional y se pongan a la disposición del banco central, bancos comerciales, banca de desarrollo, empresas y economías domesticas vía suelos y salarios de los trabajadores; y en incrementar los ingresos provenientes de los ingresos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), flujos de operaciones en divisas de las Dependencia y Entidades del Gobierno Federal, utilidades de operaciones del mercado abierto y otros ingresos de la valuación de los activos internacionales. El fortalecimiento del peso mexicano como una prioridad de la nueva Administración Pública Federal, en funciones durante la primera semana de Diciembre del 2012, requiere la aplicación de una Política Monetaria 2013-2018 orientada a garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

ABATIR POBREZA • Universalidad, calidad de los servicios, transversalidad y concurrencia • Distribución del ingreso nacional con un salario realmente remunerador

Lic. Alberto González Káram La integración de la población a la vida económica como condición básica, es la forma en la que se resuelve de raíz los problemas sociales de alimentación, capacidades, vivienda y desarrollo humano integral de las familias. En la persistencia de la pobreza, es indispensable contar con políticas públicas cuya finalidad sea abatir la pobreza de manera sustancial, mediante la aplicación inmediata de las siguientes líneas de acción: Primero.- Crecimiento y cambio estructural que genere empleo de calidad bien remunerado y desarrolle un mercado interno; Segundo.- Una política social de amplia cobertura para el abatimiento de la pobreza; Tercero.- La desigualdad extrema es un obstáculo fundamental para la reducción de la pobreza, por lo que habrá que atacar las raíces de esta inequidad a nivel de las familias y de las regiones de la República Mexicana; y

Cuarto.- El impulso de la capacidad efectiva de los Gobiernos federal, estatales y municipales, en materia de equidad, empleo de todos los recursos disponibles, humanos, naturales, capacidades empresariales, recaudación de impuestos e inversión pública. El nuevo propósito de desarrollo requiere un equilibrio entre el Estado, mercado y sociedad, en donde el Estado debe cumplir su función de rector del desarrollo, aportando los bienes y servicios públicos necesarios para hacer posible que las empresas y las personas actúen en mercados competitivos; debe también cumplir la función de promotor y movilizador de la energía social, para lograr la generación de empleo y crecimiento deseados, así como cumplir la tarea de gran equilibrador de las diferencias sociales y regionales y sobre esta tarea debe girar la política social. La política social para la igualdad requiere basarse en cuatro principios: universalidad, calidad de los servicios, transversalidad y concurrencia. La nueva política requiere fortalecer tanto la red de protección social como crear cambios estructurales para el crecimiento económico y en la distribución del ingreso nacional con un salario realmente remunerador; requiere también nuevas formas de financiamiento, que reduzcan costos laborales e integren a la población a la economía formal; debe buscar adicionar elementos universales de apoyo al ingreso y crear programas vinculados a derechos y mantener programas focalizados, sólo donde éstos sean necesarios.

ESTABILIDAD MONETARIA 2012 • Estabilidad monetaria y cambiaria • Pacto por México: Garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento económico

Lic. Alberto González Káram La aplicación de políticas

fiscal y monetaria prudentes, permitirán un crecimiento real de la economía superior a la alcanzada en el período 2000-2012 y reducir la inflación al 3.0 por ciento en el año 2013, lo cual responde a la futura situación, económica, política y social en nuestro país. Las condiciones externas permiten que se fortalezcan los precios de los bienes y servicios exportados, principalmente del petróleo y gas, del incremento de los flujos de capital privado, el crecimiento de las remesas, mayores ingresos de divisas

por concepto de turismo y de la captación de mayor inversión extranjera directa en México. Entre las principales fortalezas de nuestra economía se encuentran la aplicación adecuada de las políticas monetarias y fiscales, la racionalidad, austeridad y disciplina fiscal, la reducción del endeudamiento externo del sector público, el compromiso de alcanzar cero déficit fiscal, el reciente respaldo internacional del Programa de Fortalecimiento Financiero y los altos niveles de las reservas internacionales en dólares

estadounidenses. Los retos más importantes de la Política Monetaria en 2013, son la reducción de los niveles del tipo de cambio y la reducción de la inflación para lograr la estabilidad de los precios y evitar posibles choques externos que puedan generar presiones sobre los precios de bienes y servicios. Entre los indicadores que es indispensable controlar para evitar un repunte de la inflación, se encuentran el precio de los alimentos, los salarios, el tipo de cambio y la relación entre demanda y oferta agregadas.

México registró la inflación más alta en alimentos, entre 34 países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debido a se incrementaron 10.4 por ciento por la baja producción

de maíz y frijol y la extensión de la sequía hasta julio, siendo una cifra casi cinco veces superior al promedio de los países miembros que fue de 2.2 por ciento.

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ESTABILIDAD MONETARIA 2012

GENERAR EMPLEOS Lic. Alberto González Káram Presidente de la Comisión Binacional de Asuntos Fronterizos del Colegio Nacional de Economistas, A.C.

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a economía no logra crecer ni generar los empleos necesarios que requieren el casi millón de jóvenes que año con año se incorporan a la fuerza de trabajo, siendo incapaz de producir los bienes y servicios suficientes que permitan a todos los mexicanos un nivel de vida digno. En las últimas tres décadas, mientras la población crecía a un ritmo de 2.4 por ciento anual, la economía sólo creció al 2.3 por ciento en promedio anual, siendo insuficiente y se ha acentuado en los últimos diez años, en los que la eco-

• Fuentes de bienestar de las economías domésticas o familiares • Permitan a todos los mexicanos un nivel de vida digno

nomía ha crecido en promedio a un menor ritmo, lo cual significa que el producto por habitante está peligrosamente estancado y con ello el nivel de bienestar. La nueva política social debe abordar todas las variables que determinan la situación económica y social de personas y los hogares, siendo necesario identificar las siguientes variables que son las fuentes de bienestar de las economías domésticas o familiares: 1.- Ingreso corriente mo-

netario y no monetario, con garantía de estabilidad en el empleo, o las posibilidades de integrarse al mercado con comercio justo; 2.- Activos básicos, que cubran y mejoren cada vez más las necesidades de la familia como la vivienda y su equipamiento; 3.- Activos no básicos, culturales y de desarrollo personal que incluye capacidad de endeudamiento; 4.- Acceso a bienes y servicios gratuitos o subsidiados, con base en una política

fiscal adecuada; 5.- Conocimientos y capacidades básicas y de actualización permanente, para incorporarse al ámbito laboral; y 6.- Tiempo libre y el disponible para trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, atención de su educación y el ocio creativo. La nueva política requiere fortalecer tanto la red de protección social como crear cambios estructurales para el crecimiento económico y distribución del ingreso nacional con un salario realmente remunerador, incluyendo nuevas formas de financiamiento que reduzcan costos laborales e integren a la población a la economía formal, a fin de adicionar elementos universales de apoyo al ingreso y faciliten el acceso a sus derechos.

PLATA MONETARIA • Deuda contraída en Primera Guerra Mundial era cubierta con pagos en plata • La plata valió más como mercancía que como moneda Lic. Alberto González Káram La inoperancia de la Ley Calles que desmonetizó la plata al prohibir su acuñación y los pesos fueron a formar parte de las reservas en el Banco Central, obligó a su derogación y expedir una nueva disposición legal del 9 de marzo de 1932, cuya reforma principal consistió en permitir nuevamente la acuñación de monedas de plata para

reactivar la economía. Ante los vaivenes a los que estaba sometida la plata, entre los años de 1933 a 1935 se presentó un caso especial, debido a que el sistema financiero mexicano tuvo un importante repunte al aceptar el gobierno de Estados Unidos que la deuda contraída por los diferentes países europeos durante la Primera Guerra Mundial se liquidara con pagos en plata. Los principales países productores de plata como Canadá, México, Perú, Australia y el propio Estados Unidos acordaron adquirir una cantidad de onzas de este metal a un precio de 50 centavos de dólar por onza y el gobierno norteamericano anunció que compraría cualquier cantidad de plata a 64.5 centavos de dólar por onza, lo cual significó que la plata valió más como mercancía que como moneda. La disposición aplicada por parte de Estados Unidos, ocasionó que para 1935, el precio estuviera en 81

centavos de dólar por onza y fue necesario desmonetizar la moneda de plata, pues valía más como metal que como moneda. Mientras tanto, el mundo experimentó una serie de acontecimientos que influyeron en las economías del mundo, como la Segunda Guerra Mundial, cuyas consecuencias llevaron a suprimir el requisito de la reserva legal o encaje legal, pues los gobiernos debieron echar mano del oro y las divisas para cubrir los saldos negativos en la balanza de pagos. Para proponer soluciones a nivel internacional, en 1944 las potencias vencedo-

ras de la Segunda Guerra Mundial llevaron a cabo las conferencias de Bretton Woods, en donde redefinieron el sistema monetario internacional al crear el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros objetivos, para estabilizar la circulación de monedas entre sus países miembros. La total convertibilidad de dólar en oro, con una cotización de 35 dólares la onza para integrar el Sistema Monetario Internacionales, provocó el abandonó del patrón oro para aceptar el dólar como única divisa o moneda internacional de cambio.

México registró la inflación más alta en alimentos, entre 34 países que integran a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debido a se incrementaron 10.4 por ciento por la baja producción de maíz y frijol y la extensión de la sequía hasta julio, siendo una cifra casi cinco veces superior al promedio de los países miembros que fue de 2.2 por ciento. Por debajo de México, en la inflación de alimentos se ubicaron: Chile, 9.1 por ciento, Hungría 8 por ciento, Turquía 7.9 por ciento, República Checoslovaca 7.2 por ciento, Finlandia 5.9 por ciento, y República Eslovaca con 5.8 por ciento. La reducción de la base monetaria permitirá evitar futuras presiones inflacionarias, entre las cuales destacan la de evitar la impresión de billetes y acuñación de monedas en circulación sin el respaldo suficiente, aumentar las reservas internacionales, conservar los activos, evitar la subasta de las reservas que benefician exclusivamente a la banca extranjera en nuestro propio territorio, otorgar a la autoridad monetaria la flexibilidad necesaria para reaccionar ante presiones

inflacionarias contrarias a la meta de inflación y la utilización de modernos mecanismos de comunicación con los agentes económicos. La política monetaria podrá ser más restrictiva, cuando se detecten presiones inflacionarias, choques inflacionarios externos, se necesite restaurar condiciones ordenadas en los mercados cambiario y de dinero; y cuando las expectativas inflacionarias se desvíen considerablemente de la meta del 3.0 por ciento anual. Adicionalmente, se requiere incorporar límites trimestrales a la variación del crédito interno neto, en función a la disponibilidad de las reservas y activos internacionales en el país. El trascendental e histórico Pacto por México, exige que la aplicación de la Política Monetaria del año 2013 logre garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento económico.

POLÍTICA SOCIAL Lic. Alberto González Káram

• Obligado impulsar políticas universales • Coordinación de propósitos y políticas de los tres niveles de gobierno

La política social para la igualdad requiere basarse en cuatro principios: universalidad, calidad de los servicios, transversalidad y concurrencia. Universalidad.- En la dimensión de lo social es obligado impulsar políticas universales y debe ser la base para la efectiva titularidad de los derechos que consagran la Constitución, siendo la forma más efectiva para revertir la alarmante exclusión social no resuelta por la política aplicable a la fecha, por su dispersión y pulverización, a pesar de los enormes recursos de que ha dispuesto, lo que permitirá superar el carácter asistencialista de la actual política social y erradicar la práctica generalizada de usar los programas sociales como instrumento electoral. Calidad de los servicios.- En las últimas décadas, mientras ha habido un aumento en la cobertura de servicios básicos, ésta ha sido acompañada por una caída en la calidad de los servicios de educación, salud y de los llamados programas sociales, que es cada vez más mediocre e insuficiente, lo cual ha dado como resultado la pobreza que llega a caracte-

rizar también a las políticas públicas, siendo indispensable una tarea constante, producto de mejores programas, de manejo de todos los instrumentos de esta política por servidores públicos profesionales, de evaluación de resultados constante y de la más amplia, informada y efectiva participación social. Transversalidad.- La reducción de la pobreza y desigualdad son propósitos que deben incluirse en todas las políticas públicas, siendo necesario crear programas económicos, sociales y políticos que impacten en las causas de la pobreza, debido a que los programas sociales como ahora se conciben, ayudan a sobrellevar la pobreza, pero jamás la reducirán, debido a que son programas dispersos y no siempre llegan a los más pobres, son poco transparentes, y principalmente no tienen un impacto en el empleo, ni en la productividad. La a pobreza se reduce cuando las políticas económicas y sociales, las instituciones y los acuerdos políticos actúan en apoyo mutuo, siendo necesario revisar que cada política vaya en el mismo sentido y su propósito central de la estrategia sea el desarrollo con igualdad, crecimiento y estabilidad, en donde los subsidios deberán revisarse para eliminar el carácter regresivo de muchos de ellos actualmente, en especial el de los combustibles. Concurrencia.- Coordinación de propósitos y políticas de los tres niveles de gobierno, a fin de evitar la actual descoordinación entre niveles de gobierno y deberá promoverse la práctica de un mecanismo intersectorial e intergubernamental con atribuciones reales para formular e instrumentar la política social.


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PROTECCIÓN AMBIENTAL

•Viabilidad ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales •Obligación de elaborar la manifestación de impacto ambiental

INDEMNIZAR INMUEBLES Lic. Alberto González Káram

Presidente de la Comisión Binacional de Asuntos Fronterizos del Colegio Nacional de Economistas, A.C.

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a dependencia o entidad de la administración pública p o d r á c u b r i r, contra la posesión del inmueble, bien o derecho, anticipos hasta por el equivalente a un cincuenta por ciento del precio acordado.. En posesión del inmueble, bien o derecho, la dependencia o entidad podrá cubrir anticipos adicionales con cargo al precio pactado, a fin de pagar por cuenta del enajenante los costos derivados de la enajenación. Cuando se expropie parte de un inmueble y la explotación o aprovechamiento de la superficie restante resulte inviable económicamente para el

• Anticipos hasta por el equi- de la administración pública en que se demuesvalente a un cincuenta por tre la factibilidad técnica y rentabilidad social ciento del precio acordado del proyecto de asocia ción público-privada. • Expropiación de inmuebles La declaratoria de pública se pumediante la Declaración de utilidad blicará en el Diario Oficial de la Federación, en Utilidad Pública propietario, éste podrá solicitar a la autoridad, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación del decreto o a la segunda publicación de éste en el Diario Oficial, que adquiera dicha superficie, aportando los elementos de prueba que estime acrediten dicha circunstancia. La autoridad resolverá al respecto en un plazo máximo de diez días hábiles, con notificación personal al afectado. Es la dependencia o entidad responsable, quien llevará un expe-

diente de las negociaciones de cada proyecto, en el que consten los avalúos y documentos relativos a las mismas. La Expropiación de inmuebles mediante la Declaración de Utilidad Pública, se llevará a cabo con base a la Ley de Expropiación, la Ley Agraria y otras disposiciones aplicables, a fin de realizar un proyecto de asociación público-privada. Para acreditar la existencia de la utilidad pública bastará el dictamen de la dependencia o entidad

el órgano oficial de la localidad respectiva y se notificará personalmente a los titulares de los inmuebles, bienes y derechos de que se trate. De ignorarse quiénes son los titulares, su domicilio o localización, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación de la declaratoria en el mismo Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial de la localidad respectiva, entre la primera y segunda publicaciones deberán transcurrir no menos de cinco ni más de veinte días hábiles.

Lic. Alberto González Káram El análisis sobre la viabilidad jurídica de los proyectos público privados, deberá señalar las disposiciones federales, de las entidades federativas y municipales aplicables para el desarrollo del proyecto, y el mismo deberá concluir si el proyecto es o no susceptible de cumplir con tales disposiciones. Es indispensable el análisis sobre el impacto ambiental, asentamientos humanos y desarrollo urbano, incluyendo el de viabilidad ambiental, respecto del cual se solicitará la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, en su caso, de las autoridades ambientales estatales y municipales. La solicitud a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá contener el plazo pretendido para el proyecto, la ubicación y superficie pretendidas con indicación si se encuentran en áreas naturales protegidas, federales o locales; zonas sujetas a protección ambiental, nacional

o internacional; o áreas con especies sujetas a algún tipo de restricción jurídica en términos de las disposiciones ambientales federales; la relación de los ordenamientos sobre el uso del suelo en los predios pretendidos en materia ambiental, con los criterios ambientales aplicables al sitio en donde se pretenda ubicar el proyecto, así como la descripción de los recursos naturales involucrados o susceptibles de aprovechamiento, uso o afectación para el desarrollo y operación del proyecto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analizará la información de cada proyecto y emitirá su opinión en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente en que reciba la solicitud. Es importante destacar que la opinión favorable no supone autorización en materia de impacto ambiental, ni exime de la obligación de elaborar la manifestación de impacto ambiental correspondiente en los términos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El relativo a los asentamientos humanos y desarrollo urbano, se solicitará la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social y, en su caso, de las autoridades estatales y municipales. La solicitud a la Secretaría de Desarrollo Social deberá contener el plazo pretendido para el proyecto; la ubicación y superficie pretendidas, y la relación de los ordenamientos sobre el uso del suelo en los predios pretendidos en materia de desarrollo urbano, con los criterios aplicables al sitio de pretendida ubicación del proyecto.

VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA • Análisis sobre la viabilidad económica y financiera • Asignaciones y erogaciones presupuestarias de la dependencia y entidad federal

Lic. Alberto González Káram.

La Secretaría de Desarrollo Social analizará la información de los proyectos público privado y emitirá su opinión en un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente en que reciba la solicitud.

El análisis sobre el impacto ambiental, asentamientos humanos y desarrollo urbano se considerará completo con las opiniones de las dependencias federales y los análisis de rentabilidad social y de conveniencia del esquema de asociación público privada. La elaboración de los tipos de análisis de rentabi-

lidad social por parte de las dependencias y entidades federales tendrán que demostrar un beneficio social neto bajo supuestos razonables; la pertinencia de la oportunidad del plazo más oportuno para iniciar la ejecución del proyecto, y el análisis de conveniencia, en el que deberá demostrarse la pertinencia de llevar a cabo el proyecto a través de una

asociación público privada, en comparación con otros esquemas de contratación u otros mecanismos de financiamiento del proyecto. El análisis sobre las estimaciones de inversión y aportaciones, se referirá a las estimaciones de la Inversión Inicial, y las estimaciones de aportaciones adicionales, en numerario y distintas a numerario, ne-

cesarias para mantener el proyecto en operación. En este análisis deberá señalarse la fuente de cada uno de los principales rubros de inversión y aportaciones. Las dependencias y entidades federales interesadas deberán determinar la clase de aportaciones que realizarán, incluyendo el análisis sobre la viabilidad

económica y financiera que deberá considerar los flujos de ingresos y egresos del proyecto durante el plazo del mismo. En caso de proyectos que contemplen aportaciones de recursos federales presupuestarios, el análisis deberá incluir un apartado específico sobre la factibilidad de tales aportaciones por parte de la dependencia o entidad interesada, durante la vigencia del proyecto, en que se muestren sus efectos en las finanzas de dicha dependencia o entidad federal, con estimaciones originales como en escenarios alternos. Este apartado deberá elaborarse considerando supuestos razonables sobre las asignaciones y erogaciones presupuestarias de la dependencia y entidad interesada; la distribución de riegos del proyecto de que se trate, así como los otros contratos de asociación públicoprivada de la propia dependencia o entidad federal.


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ECONOMIA Y FINANZAS

EDITOR: Alberto González Karam

APORTACIONES

FEDERALES 2013 Lic. Alberto González Káram

Presidente de la Comisión Binacional de Asuntos Fronterizos del Colegio Nacional de Economistas, A.C.

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os proyectos previamente autorizados deberán incluir, en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente, la información de las proyecciones macroeconómicas utilizadas en la programación del Gobierno Federal que incluya una evaluación del impacto de los proyectos en las finanzas públicas, y una estimación preliminar de los montos máximos anuales a erogar para atender los requerimientos, tanto de los proyectos ya aprobados en ejercicios anteriores, como de los que se propongan para aprobación, y soportar la aprobación de las suficiencias presupuestarias propuestas para los nuevos proyectos. Las aportaciones de recursos federales presupues-

• Suficiencia conforme a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria • Procedimiento de adjudicación de un proyecto de asociación público-privada tarios sólo podrán realizarse si se cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la correspondiente suficiencia presupuestaria. El procedimiento de adjudicación de un proyecto de asociación público-privada se llevará a cabo cuando se cumpla con la viabilidad económica y financiera, contar con la aprobación de la suficiencia presupuestaria conforme la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, o si se trata de erogaciones plurianuales, se requerirá la

aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los contratos de asociación público-privada requieren que se cumpla con el procedimiento de adjudicación mediante concurso, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa, contar con autorización de recursos federales presupuestarios, la aprobación de la suficiencia presupuestaria y su autorización en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las dependencias y entidades interesadas deberán incluir en la documentación

respectiva, la estipulación expresa de que las aportaciones de recursos presupuestarios quedarán sujetas a la condición suspensiva de la aprobación de la suficiencia presupuestaria por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es importante destacar que las autorizaciones federales para el desarrollo de un proyecto se otorgarán preferentemente dentro del procedimiento de adjudicación, y se formalizarán de manera simultánea junto con la celebración del correspondiente contrato de asociación público-privada. En el procedimiento de adjudicación deberá indicarse los requisitos de tales autorizaciones y en el evento las dependencias o entidades federales distintas a la que vaya a celebrar el contrato, ésta dará vista a las demás para que resuelvan lo conducente.

TESTIGOS SOCIALES • Inversión Inicial equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión • Identificar alguna presunta irregularidad

Lic. Alberto González Káram Los Concursos de proyectos de asociación pública privada, los interesados en asistir a los diferentes actos en calidad de observadores y testigos sociales, así deberán manifestarlo a la dependencia o entidad federal convocante, para que ésta expida constancia de su inscripción en un registro específico. Es importante destacar que los observadores y testigos sociales inscritos en el registro de la convocante podrán asistir a todas las actuaciones en que participen los concursantes, así como a todas las demás de carácter público del Concurso, mismos que al identificar alguna presunta irregularidad, deberán informarla al órgano interno de control de la convocante. En aquellos proyectos cuyo monto de Inversión Inicial sea igual o superior al equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, deberá preverse la participación de un testigo social. Los proyectos con montos de Inversión Inicial menores a la cantidad antes citada, tal participación será opcional según lo decida la dependencia o entidad federal convocan-

te.

El testigo social será designado libremente por la Función Pública, a más tardar veinte días hábiles antes de la fecha prevista para la publicación de la convocatoria, debiendo comunicarle una descripción breve del proyecto; así como las fechas de convocatoria, entrega de propuestas y demás aspectos relevantes del concurso. Designado el testigo social por la Función Pública, será contratado por la dependencia o entidad federal convocante, cuya participación consiste actuar y conducirse de manera objetiva, independiente, imparcial, honesta y ética; participará, como observador, en todas las actuaciones a que asistan los concursantes, así como en todas las demás de carácter público del Concurso; de identificar alguna presunta irregularidad, deberá informar al órgano interno de control de la convocante; deberá atender y responder de forma oportuna y expedita cualquier requerimiento de información; deberá guardar la debida reserva y confidencialidad en caso de tener acceso a información clasificada con tal carácter en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y elaborará un informe final sobre el procedimiento del Concurso, que deberá presentarse a la convocante en un plazo no mayor a siete días naturales contados a partir de la conclusión de su participación en el Concurso, y publicarse en CompraNet durante los tres meses posteriores a la fecha de su presentación.

BASES PÚBLICO PRIVADO

• Bases del Concurso deberán contener los requisitos, términos y condiciones • Adquisición de las bases será requisito indispensable para presentar propuestas Lic. Alberto González Káram

Los honorarios del testigo social serán cubiertos por la dependencia o entidad federal convocante, quien los fijará caso por caso en función del monto del proyecto del Concurso y de la comple-

jidad de éste, en el entendido que no podrán exceder del equivalente de cincuenta mil Unidades de Inversión. La convocatoria deberá contener las páginas web en las que podrán consultarse y demás datos del Concurso, y el costo y forma de pago de las bases. Las bases del Concurso

deberán contener los requisitos, términos y condiciones para que cualquier interesado participe en el Concurso; los montos, términos y condiciones de las aportaciones públicas que, en su caso, se realizarán para el proyecto; la referencia a la documentación que deberán presentar los participantes, plazos

y forma de su presentación; la indicación de que los concursantes deberán entregar, con su oferta técnica, copia del recibo de adquisición de las bases; la mención del lugar, fecha y hora para la realización de los actos y presentación de documentos en el Concurso; las características y requisitos estatutarios que deberá cumplir la sociedad y los requisitos que deban cumplir sus administradores; las páginas web en las que podrá consultarse la información relativa al Concurso, y los nombres, domicilios y direcciones de correo electrónico de los servidores públicos responsables del Concurso. Adicionalmente, las bases también deberán conte-

ner: El nombre y domicilio del o de los Agentes participantes; la relación de las autorizaciones que, además de las que corresponda otorgar a la convocante, se requieran de otras autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como los requisitos que para obtenerlas deberán cumplirse. En caso de proyectos con origen en una propuesta no solicitada, se requiere el nombre del promotor; los términos y condiciones para el pago del certificado; la indicación del premio; los requisitos, términos y condiciones para realizar los actos del Concurso a través de medios electrónicos; los términos y condiciones para

realizar la revisión preliminar y registro de participantes; las causas, en adición a las previstas por las que los concursantes quedarán descalificados, y el nombre, domicilio y dirección de correo electrónico del testigo social. La convocatoria y las bases estarán disponibles para adquisición de los interesados desde el día de publicación de la propia convocatoria y hasta el día hábil inmediato anterior a la fecha de presentación y apertura de propuestas, cuya adquisición de las bases será requisito indispensable para presentar propuestas y en caso de consorcios bastará que por lo menos uno de sus integrantes las adquiera.


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