Audición del Presidente Mujica correspondiente al 31 de mayo de 2012 Es un gusto saludarlos, amigos, en este espacio en el que procuramos desgranar alguna información, algún contenido, que colabore con la percepción que se hace un conjunto de ciudadanos, algunos de los cuáles hace mucho tiempo que nos acompaña. Nadie en el Gobierno está redactando y ni está trabajando, para nada, en ninguna ley de medios como se ha tratado de lateralmente informar, equivocadamente. Creo que parte de la prensa y fundamentalmente, creo que con un sentido opositor, tiende a tratar de asociar lo que se piense y lo que se hace en esta materia en el Uruguay con un fenómeno de gran tensión que es la Ley de Medios que se discute en la realidad de la República Argentina. Hay como una tentativa de emparentar cosas que son francamente distintas. Sí, lo que enfáticamente queremos empezar por anotar en este espacio, el tema tan importante que desde el Ministerio de Industria, tratando de coordinar con la Secretaria de Presidencia, se trabaja no en una Ley de Medios, sino en una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque no se pretende regular los medios de comunicación. La prensa está hace rato regulada en el Código Penal, y la Ley de Prensa de 1989, y nadie piensa en tocar eso. Sino, estamos intentando trabajar sobre los servicios audiovisuales como la radio y la televisión. Tampoco existe ningún interés en regular los contenidos de los informativos, ni meternos en la eventual línea editorial de los medios. No es una cuestión de regular contenidos, no es que éste o cualquier Gobierno diga lo que es bueno o es malo; lo que es de calidad o lo que no es de calidad. No nos corresponde ese papel. Lo que estamos haciendo es tratar de aplicar un proceso transparente y participativo, donde largamente se ha invitado a opinar, se han recibido elaboraciones propias de sectores empresariales, como ANDEBU, RAMI, CUTA, de las universidades privadas y la pública, a organizaciones sociales de la sociedad civil, desde el PIT CNT a la Universidad de la República. Y también han aportado asociaciones de defensa de los consumidores, de los discapacitados, de los niños. Todo eso está, digamos, anotando un proceso que en realidad, lleva años. Desde la Administración pasada, tratando de recapitular y repasar, Uruguay lucha por mejorar su democracia y trata de modernizar el marco legal sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación. Recordemos que se aprobaron varias leyes. En el 2007, por ejemplo, se aprobó la Ley de Radiodifusión Comunitaria y se reconoció legalmente la existencia de radios y televisoras de organizaciones sociales, y se reservó un tercio del espectro para que fueran posibles esas iniciativas, que navegaban hasta entonces en la incertidumbre. En el 2008, y salió por unanimidad, una ley que despenalizó los delitos de desacato, difamación e injurias, cuando se trata de asuntos de interés público. Recordemos esto. Seamos justos. 2008. En el 2009, por unanimidad también, se aprobó la Ley de Acceso a la información pública.
Estas tres leyes fueron impulsadas por nuestra fuerza política, -obviamente, de hecho en alianza con la sociedad civil-. Y creemos que colocaron a Uruguay como un ejemplo, como un ejemplo -y no debemos de olvidarlo- en materia de libertad de expresión y de garantía, en este Continente. Recordemos que también se aprobó en el 2008 un decreto para que las frecuencias ya no fueran otorgadas “a dedo”, (como había sido la tradición en este país), y no mediante concurso. Con audiencias públicas, en la localidad donde se va a prestar el servicio y tratando de garantizar el control ciudadano en todo ese proceso. Ahora estamos en otra etapa. Subiendo nuevos escalones o intentándolo; tratando de impulsar por un lado, dos iniciativas, y algo que llamamos, y de alguna manera hay que denominarla, una “ley corta”. Todo esto tratando de conformar un marco regulatorio, que nos pueda asegurar igualdad de oportunidades a las personas en materia de acceso a los medios, de internet. Y tratar de repartir, de la manera más justa posible y equitativa, el espectro; tratando un poco de re equilibrar un sistema de medios que nos parece que, hasta el momento, está muy concentrado -sobre todo en TV-, y que en los hechos centraliza la producción de los contendidos y también las agendas informativas en pocos medios. Sobre todo de la capital. El país va más allá de la capital. ¿Cuáles son esas eventuales iniciativas en las que se trabaja? Por un lado, recordemos, que hace poco se aprobó el decreto de TV digital, que es un punto de inflexión en el rumbo y en el enfoque, en materia de regulación de medios. Pero nos quedan en el tintero otros aspectos que creemos que hay que darle ubicación en una ley integral de medios. La ley vigente hoy sobre radiodifusión, por ejemplo, es de la época de la dictadura: 1977. Creemos que hay que revisarla, no solo por su origen, sino porque fue quedando atrasada en el tiempo por el brutal avance tecnológico que trae nuevos, y nuevos, y nuevos desafíos. Esta tentativa de una nueva ley para estas cuestiones no se tiene que ocupar solo de la radio y la TV abierta, como ha sido hasta ahora, sino que tendrá que tener en cuenta que cualquiera sea la tecnología que use la TV por aire, por cable, por internet o cualquier otra tecnología que pueda surgir en el futuro, se deberían adoptar ciertos principios generales de regulación para no tener que andar cambiando cada vez que aparece una nueva versión, un nuevo aparato, un avance tecnológico. Pero también nos encontramos que algunos sectores estratégicos del país –por lo menos en nuestra humilde visión- nunca han sido francamente democratizados y va a ser muy difícil que avance la democracia en la sociedad sin medios que sean cada vez más democráticos. Lo que llamamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual intenta como objetivo garantizar la libertad de expresión y la diversidad de medios, promover la competencia tratando de reducir la concentración y también
defender y fortalecer la industria audiovisual nacional, porque creemos que esto, en el fondo, es una defensa de nuestra cultura, es decir, de nuestra identidad de país pequeño pero que lucha, precisamente, en este mundo que se globaliza, y apretado por morsa de gigantescas trasnacionales, mantener preservando nuestra identidad. ¡Y esto es muy, muy, muy importante! Hay historia en esta materia. En esa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se pretenderá quiénes y cuáles son los procedimientos que hay que cumplir para acceder a frecuencias para radio y TV, cómo lograr garantizar que haya un sistema de medios que sea diverso y que sea plural. Cómo reducir la concentración en la TV y cuáles son los derechos y cuáles son algunas obligaciones mínimas, pero obligaciones al fin, con las cuales también hay que cumplir. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que las empresas –y todos lo tenemos que entender, y mucho más en materia de difusión y comunicación- tienen obligaciones de carácter social. La ley que el Ministerio de Industria está revisando tiene como sustrato un conjunto de amplias consultas. Amplísimas consultas que se han hecho con la mayoría de los actores importantes que están involucrados. No es un proyecto de ley para amordazar a los medios, a los periodistas. Es más: va a tratar de dar certezas jurídicas a los operadores en algunos terrenos movedizos desde el punto de vista jurídico. Y también para garantizar más libertad de expresión, pero no solo más libertad de expresión para los medios, sino también para todas las personas. Cuidado, también para todas las personas. Así que no es una tentativa de acallar a los dueños de los medios, pero sí va a procurar plantearles que tienen obligaciones y responsabilidades para con la sociedad. Porque hay que proteger el derecho de las personas, de los medios, el derecho de los niños y las niñas en las pantallas de TV, hasta el derecho de los discapacitados hay que, en alguna medida, regular. Las cuestiones de la publicidad que a veces, francamente, se desmadran y, en fin, el derecho elemental de poder acceder a acontecimientos de altísimo interés general. Y sabemos que a veces en estas cuestiones hay choque de intereses, legítimo choque de intereses. Por ello necesitamos marco jurídico. Esa Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual va a intentar proteger y promover en todo lo posible la producción nacional de contenidos. Volvemos a insistir: esto es parte de la defensa de nuestro patrimonio cultural, de nuestro rostro, de nuestra identidad, de nuestro perfil como pueblo, como nación. En el 2009 el Ministerio de Cultura presentó al Parlamento una Ley de Promoción de los Contenidos Nacionales en radio y en TV. Se está tratando de integrar las iniciativas de ese proyecto también en este borrador que se está construyendo en el Ministerio de Industria, tratando de ensamblar todo en un proyecto de ley. Así como ese proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual trata de ordenar y de regular los servicios de radio y de TV, tenemos que darnos
cuenta que necesitamos jurisprudencia en materia de telecomunicaciones para definir cuál es la carretera, la infraestructura, “los fierros” diríamos, el andamiaje material sobre el cual se van a mover estos servicios. Hay, de paso, que acordarse de otros servicios como los de datos por banda ancha, los de telefonía y otros. El hecho es que desde el punto de vista real tenemos una serie dispersa de normas en materia de telecomunicaciones que hay que tratar de revisarlas y ordenarlas. La mayoría son decretos presidenciales, nunca hemos tenido una Ley de Telecomunicaciones en el Uruguay y todo el tiempo nos surgen bibliotecas jurídicas hacia un lado y hacia el otro, que tratan de alguna manera de llenar estos vacíos. Va siendo hora de que seamos más adultos y tengamos una Ley global de telecomunicaciones, porque hay que definir un rumbo claro y tratar de apostar a una Ley que nos defina cuáles son los objetivos y las reglas de juego para el desarrollo de muchos de estos servicios estratégicos para el futuro del país. Esta es una tarea vasta, pero hay urgencias, urgencias para hoy que nos obligan a plantearnos dar un primer paso en este sentido, impulsando algo que llamamos una “ley corta” que apenas va a ser un capítulo de esa Ley de telecomunicaciones, una parte, pero que necesitamos definir ya, a cuenta de sumar a posteriori otras definiciones. El trabajo legislativo lleva su tiempo y la legalidad tiene sus exigencias. Si quisiéramos sacar una ley global de telecomunicaciones nos llevaría muchísimo tiempo y hay urgencias que esperan en la puerta. Entonces, es casi seguro que adoptemos el criterio de esto que llamamos la “ley corta” de telecomunicaciones que, por la palabra “corta”, empieza por reconocer que hay que sumar otros aspectos. Pero tenemos que intentar regular de quiénes son las distintas carreteras, caminos, que forman la infraestructura de telecomunicaciones; quiénes la pueden usar y quiénes no y cómo, y en qué condiciones. Qué peaje hay que pagar, qué seguridades, cómo se interconectan los distintos operadores, qué papel juega en todo esto ANTEL. Tenemos que definir si habrá monopolios, y si los va a haber en todos o solo en algunos sectores. Tenemos que definir cómo garantizamos el acceso a toda la población a un servicio universal de banda ancha y telefonía, y quiénes tienen que aportar para ese fondo de servicio universal, quién lo ejecuta, quién lo controla. En fin, tenemos que dar esta definición y cuáles son los límites y allí surgirán las relaciones de esto con los contenidos. Como verán queridos oyentes, es un panorama complejo, pero tenemos que separar. No existe ninguna preocupación de Ley de Medios discutiendo los tópicos que se están discutiendo en la República Argentina. Nuestra discusión, nuestra preocupación es de otro orden. Y eso es parte de los trabajos que este año tendremos que en esta materia intentar despuntar.