El primer paso a la Justicia Experiencia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de ProJusticia
Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República del Ecuador José Serrano Salgado Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Natacha Reyes Salazar Directora Ejecutiva de ProJusticia Efrén Guerrero Salgado Paola Carrera Izurieta Diego Viteri Núñez Mayra Ormaza Macías Dirección Técnica Rocío Argudo Bustamante Andrea Arcos Cerón Comunicación y Atención al Ciudadano Derechos de Autor: ProJusticia. Diseño y Diagramación Trama Fotografías: Archivo ProJusticia Imprenta: Easy Print Quito, Ecuador 1ra. Edición: Mayo 2011 ProJusticia Copyright Av. Amazonas N37-101 y UNP, Corte Nacional de Justicia, piso 3 Quito-Ecuador Teléfono (593 2) 2465314, 2255361 www.projusticia.gob.ec Se autoriza la reproducción, previa cita de la fuente
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El primer paso a la Justicia
Experiencia del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de ProJusticia
Presentación
L
a Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia, ProJusticia, nació como el ente encargado para la organización y ejecución de proyectos trascendentes, que apunten a mejorar de manera significativa el acceso a la justicia por parte de todos los ciudadanos y que así la administración de justicia cumpla con su misión constitucional y democrática de proteger los derechos en el marco de un sistema de justicia independiente, eficaz y confiable. Este que fue un programa de desarrollo sirvió en su momento como un medio de hacer patente un hecho primordial: la más grande deuda histórica del Ecuador con su gente ha sido la posibilidad de que todos y todas, en condiciones iguales y de manera técnica y científica, podamos acudir, y lo
más importante de todo, confiar, en una organización de jueces y tribunales capaces de resolver los diversos conflictos jurídicos que forman parte natural de la vida en sociedad. Pero un programa no cambia estructuralmente la vida de la nación. El camino para saldar esta deuda fue y será de múltiples dificultades y retos, por ello el gobierno de la Revolución Ciudadana decidió crear en el año 2007, una cartera de Estado que estuvo ausente de las políticas públicas, porque sencillamente no se la veía como un servicio, sino como una prerrogativa generalmente de uso de los poderosos de todo nivel. Así surgió el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como una respuesta a la necesidad de diseñar desde el Estado respuestas a un clamor nacional: una nueva justicia.
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Desde el año 2007, el Ecuador es testigo de un cambio estructural, radical y permanente de las instituciones y de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública. Para que este cambio sea efectivo, la reforma de la administración de justicia es un imperativo que este Gobierno ha tomado sin dilaciones y de manera urgente. Sin una auténtica justicia, el ejercicio de la democracia es imposible y sin democracia, el desarrollo de la nación es irrealizable. Las páginas del presente documento encierran la experiencia, los logros y los desafíos de una institución que ha alcanzado jugar un papel fundamental en esta necesidad de cambio. Las actividades relatadas son únicamente un pequeño reflejo del trabajo denodado de hombres y mujeres que aceptaron hacer las cosas de manera diferente y marcar distancia con las
estructuras de poder fáctico, que durante años han maniatado la actividad de jueces y funcionarios judiciales. Finalmente, este texto ilustra los retos a futuro de nuestro sistema de justicia y de las instituciones encargadas de la ejecución de la política pública. Entre estos el más importante es la ejecución de una Agenda de Transformación de la Justicia. Probablemente es la prueba definitiva para el Estado ecuatoriano y sus habitantes. En este marco, desde cualquier espacio de la política, el gobierno del Presidente Rafael Correa continuará como todos estos años, en la construcción de una justicia más equitativa y a través de ella, un país mejor. José Serrano Salgado Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
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Presentación
E
n medio de la oscuridad, un haz de luz nos permite conectarnos con las estrellas. Sólo allí entendemos que somos seres cósmicos, pero a veces actuamos con una aridez mental similar a la de las piedras de rodado de las canteras, somos incapaces de trascender y nos resignamos con ser un guijarro a la vera del tiempo. Cuando el Ministro José Serrano Salgado, abogado joven y aguerrido me pidió asumir la dirección ejecutiva de ProJusticia en su condición de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, yo era un guijarro más que había visto como frente a mis ojos había pasado una etapa de amplias aspiraciones por cambiar a la administración de justicia las que no cuajaron pese al ímpetu inicial de varios impulsadores de procesos de cambio, sin llegar a dilucidar a qué se debía. Desde niña y por razones personales colgué las zapatillas de ballet por verme algún día en la posibilidad de disminuir la injusticia usando a la ley como una herramienta. Pasaron unos buenos años intentando hacerlo pero fue más fuerte el peso de la realidad: aquella señora que representa a la justicia de
los ojos vendados se había convertido en un ser gordo, deforme, aborrecible y lleno de defectos, entonces así como con las zapatillas, guardé los códigos, pensé que era preferible dedicarse a otra cosa, hasta que el Ministro Serrano me propuso impulsar el cambio para que esa señora volviera a ser lo que fue como ideal: alguien que vela -sin mirar a quien- para que sus derechos se cumplan en el tiempo que le tocó vivir. Para hacerlo, había que conocer el sensible proceso de modernización y reformas por el que transita hoy la sociedad ecuatoriana y singularmente sus instituciones, por ello se consideró imperioso describir, estudiar y enfocarse en aquellos factores del sistema político institucional que deben ser adecuados y reformulados frente a las nuevas demandas ciudadanas, las cuales se localizan desde una perspectiva más participativa y protagónica demandado desde las instituciones del estado, prontitud, transparencia y calidad en el cumplimiento de sus derechos. La comprensión de que sin justicia no hay democracia y sin democracia no hay desarrollo, invitaron a hacer este texto en pos de la búsqueda del buen vivir.
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Por ello se establecieron entre otros principios de política pública, investigar el estado de situación de la justicia desde los procesos de reforma ejecutados por las instituciones encargadas de su diseño y ejecución, así, se creyó que lo más óptimo era averiguar cómo había sido la incidencia de ProJusticia desde su creación en 1995 y del propio Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el período 2007-2010. Este texto constata la debilidad político-institucional del sector dedicado a impartir justicia, tanto en sus estructuras como en sus dinámicas establecidas, y de cómo hay un déficit analítico que ha implicado un recurrente retraso frente a los criterios contemporáneos de modernización, pero también da cuenta de una trayectoria por mejorar en múltiples aspectos, aunque no se haya podido por razones de tiempo hacer un análisis exhaustivo, ni completo. No se encontrará aquí el trabajo ministerial en pos de la Consulta Popular del 7 de Mayo de 2011, que elaboró el Plan de la Reforma a la Justicia con apoyo de la Asesoría Alianza de Chile, el proceso de Evaluación a Jueces y Fiscales con la Universidad de Talca, los resultados en
texto de la expresión ciudadana del Acuerdo Nacional por una Nueva Justicia, la sistematización del evento internacional Justicia, Democracia y Desarrollo que contó con más de dos mil participantes en una semana de reflexión previa a la jornada democrática aprobada por mayoría en las urnas. Tampoco alcanzamos a evidenciar en profundidad los aportes del Observatorio de los Derechos de las Mujeres, ni del Manual de Prácticas Ambientales, entre otros hitos impulsados desde ProJusticia de Agosto de 2010 a Mayo del 2011. Serán otras generaciones las que capitalicen ese conocimiento como elementos para construir nuevas canteras que con otras herramientas esculpan una cara de esperanza a esa nueva justicia, a esa que necesita en Ecuador más de un haz de luz. Natacha Reyes Salazar Directora Ejecutiva ProJusticia
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Ministros de Justicia, Derechos Humanos y Cultos Gustavo Jalkh Robens (2007) NĂŠstor Arbito Chica (2009) JosĂŠ Serrano Salgado (2010)
MiNISterio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
2007 - 2010
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Introducción
A
l hablar de la Justicia en el Ecuador, la primera reflexión y reacción que surge entre su población es que el Estado Nacional mantiene, desde hace varias décadas, una gran deuda con sus ciudadanos y ciudadanas, debido a los agudos déficit que presenta el Sistema de Administración de Justicia en su conjunto. Déficit que se traduce, por un lado, a nivel estructural, en una falta de independencia del Sistema en general, la presencia de prácticas y funcionarios/as corruptos, una exacerbada ineficiencia, una débil profesionalización de los servidores públicos, y, en altos costos de acceso a la justicia, etc. Y, por el otro, en una crisis de credibilidad por parte de la población en general, la misma que percibe a la justicia y al sistema judicial del país como un sistema corrupto, burocrático, discriminatorio, de mala calidad, lento. Esta realidad compromete también los procesos de consolidación de la democracia en nuestro país, pues esta prolongada crisis judicial no solo que reproduce, sino que también ahonda las profundas desigualdades sociales, culturales y económicas en nuestro territorio. Es una situación que persiste en el Ecuador del siglo
XXI, pese a los diversos ensayos de reforma del sector justicia que se han realizado desde la década de 1990, dentro de los procesos de democratización que se vive en Latinoamérica desde los años 80 del siglo pasado. Lamentablemente, estos intentos de cambio y mejoramiento de la Función Judicial en el Ecuador dieron resultados poco alentadores debido, sobre todo, a la aplicación parcial de tales reformas, por lo cual “el balance puede calificarse… de insatisfactorio” (Grafe et al., 2010: 19) Es necesario resaltar que hacia finales de los años noventa, en específico, en la Constitución de 1998, se plantea ya la Unidad Jurisdiccional como principio básico de un nuevo proceso de reforma y modernización del Sector Justicia. Si bien es en aquel entonces cuando se plantea tal principio, es solo casi una década después cuando se inicia, de forma sostenida, un camino en esta dirección, primero, con la creación en 2007 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, posteriormente, con la promulgación y aprobación de la nueva Constitución de la República
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del Ecuador (2008) y la definición del Código Orgánico de la Función Judicial. En efecto, mediante Decreto Ejecutivo N° 748 inscrito en el Suplemento del Registro Oficial 220, del 27 de noviembre de 2007, en el gobierno del Presidente Rafael Correa, se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente de la Función Ejecutiva encargado de optimizar y apoyar los planes y proyectos impulsados desde los distintos órganos del Sector Justicia y demás instituciones relacionadas, como se expone en los considerandos del decreto mencionado: La creación de esta nueva institución constituye un hito central en este proceso de reforma y modernización del sector justicia, pues por primera vez en el Ecuador se cuenta con una instancia –a nivel ejecutivo– encargada de apoyar los procesos de mejoramiento del Sistema de Administración de Justicia, así como el de coordinar e impulsar todas las acciones, políticas y mecanismos que garanticen el efectivo acceso a una justicia de calidad a las y los habitantes del país. En 2008 la promulgación de la Nueva Carta Magna del Ecuador, la misma que marca una
DECRETO N° 748 CREACIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Rafael Correa Delgado PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Considerando: Que de conformidad con el inciso segundo del artículo 176 (151) de la Constitución Política de la República es facultad del Presidente de la República determinar el número de ministerios, su denominación y las materias de su competencia; Que la justicia y la rehabilitación social exige un trabajo coordinado y conjunto de todos los operadores de justicia, por lo que es necesaria la creación de un ente de la Función Ejecutiva que optimice los planes y proyectos que tengan la Función Judicial, el Ministerio Público, la Dirección de Rehabilitación Social y demás instituciones relacionadas con el Sistema de Justicia; Que la referida coordinación se debe dar en todas las áreas de la administración de justicia; y, En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 numeral 9 (147, numeral 5), 176 (151) inciso segundo de la Constitución Política de la República y 11 letras f) y g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Decreta: Art. 1.- Créase el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ejercerá las funciones que se determinan en el artículo 179 (154) de la Constitución y leyes de la República, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y demás normas legales atinentes. Art. 2.- El Ministro de Justicia y Derechos Humanos determinará las funciones y facultades del Ministerio a su cargo, para lo cual aprobará el Estatuto Orgánico de la institución previo dictamen de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES.
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ruptura paradigmática respecto de la Constitución anterior al erigirse como una Constitución Garantista del Derecho y de la Justicia. Efectivamente, mientras la Constitución de 1998 estaba centrada en el principio de legalidad (la ley, lo legal), apuntando a la seguridad jurídica, en la Constitución de 2008 la centralidad está dada en la justicia, los derechos de las personas y el bien común, poniendo en el centro de lo jurídico, ya no a la Ley sino a la Justicia y la protección de los derechos de las personas como base para lograr la justicia. En este sentido, el fin último del Estado es: 1) Defender los derechos de todas las personas, de allí que se plantee el sumak kawsay, el respeto a la dignidad de las personas y las colectividades; y 2) defender el derecho de la naturaleza, por lo que se invoca la relación con la Pachamama. En breve, la Constitución Política de 2008, contiene al principio del Buen Vivir, tanto en la parte dogmática donde se hace referencia a los “Derechos del buen vivir”; como en la parte orgánica, en donde se hace mención al “Régimen del buen vivir”. Se trata de una ruptura paradigmática que, al apostar por hacer del Estado Ecuatoriano un
VIDA PLENA
PORVENIR JUSTO Y COMPARTIDO
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
AMPLIACIÓN DE DERECHOS, LIBERTADES, OPORTUNIDADES Y POTENCIALIDADES
Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, debe necesariamente apostar por una transformación radical que trascienda las reformas centradas en los cuerpos legales, y que apunte a cambios integrales en la organización y gestión del Sector Justicia. Es desde esta comprensión que se define e inicia la puesta en marcha del
UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE
Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que constituye el mecanismo y la norma central que regula la forma en que deberá reestructurarse la Función Judicial, a fin de garantizar y defender los derechos de las personas y de la naturaleza. El COFJ plantea un cambio en la estructura institucional orientado a mejorar los
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nudos críticos, tanto de la organización de los servicios de justicia como de la atención que se brinda a la ciudadanía.
Con estos antecedentes, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, define su misión, su visión de futuro y los objetivos estratégicos que guiarán su accionar:
PROCESO DE REFORMA DE LA JUSTICIA (2007)
Este esfuerzo lo ha impulsado, desde 2009 y con el concurso de todas las subsecretarías y unidades que conforman esta Cartera de Estado, según se detalla en su organigrama:
1. Ruptura conceptual: Al pasar de una visión legalista de la Justicia, a una visión garantista de los derechos de las personas y la naturaleza, como base para alcanzar la justicia que es el fin último.. 2. Ruptura a nivel de la organización y gestión del Sector Justicia, puesto que: Antes los jueces tenían a su cargo tanto la parte “jurisdiccional” (resolución de controversias) así como la responsabilidad de administrar el sistema (personal, disciplina, infraestructura, tecnología, capacitación, gestión), lo cual entorpecía el cumplimiento de su rol central que es la resolución judicial de las controversias. Con reforma se plantea que la función única de jueces sea trabajar en los procesos judiciales y en su resolución; mientras que la administración del sistema de justicia se encargue al Consejo de la Judicatura, el cual se constituye en el órgano de gobierno, administración y vigilancia de la Función Judicial. (Juan Morales, 2010)
misión Su misión es garantizar el acceso a justicia oportuna, independiente y de calidad, asegurar rehabilitación social efectiva, promover la paz social y la plena vigencia de los derechos humanos mediante políticas, programas y la coordinación de acciones con las instituciones relacionadas con el sistema de justicia VISIÓN DE FUTURO El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será una institución de alta credibilidad y transparencia efectiva y eficiente que transforme el sistema de justicia ecuatoriano en un referente de gestión pública a nivel internacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1) Coordinar estrategias de mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector justicia e impulsar políticas transversales que garanticen la plena vigencia de los Derechos Humanos. 2) Contar con un sistema penitenciario que garantice los Derechos Humanos. 3) Coordinar estrategias para el logro de una rehabilitación social efectiva de las personas privadas de la libertad con sentencia. 4) Contar con un sistema de internamiento de adolescentes infractores que garantice los derechos consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia y responda a políticas socio – educativas. 5) Promover una sociedad libre del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 6) Generar propuestas de leyes y reformas legales que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la gestión institucional del sistema de justicia. 7) Crear un sistema de información que facilite la gestión institucional y la implementación de mecanismos adecuados de difusión de Derechos Humanos e información legal. 8) Lograr la consolidación y el desarrollo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS, AÑO 2011 MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS Dirección Administrativa
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dirección Financiera Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
UNIDAD TRANSITORIA DE DEFENSA PÚBLICA PENAL
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
Dirección de Auditoría Interna
Dirección de Planificación e Inversión
Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
VICEMINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y CULTOS
Dirección de Políticas de Derechos Humanos
UNIDAD TRANSITORIA DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL
Dirección de Comunicación Social
Dirección de Administración de Recursos Humanos SECRETARÍA GENERAL
Dirección de Relación con la Comunidad
PROJUSTICI A
Dirección de Políticas de Regulación para el libre ejercicio de cultos
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO NORMATIVO Dirección Técnica de Desarrollo Normativo
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A PPL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR JUSTICIA
Dirección de Respuesta Judicial
Dirección de Coordinación de Proyectos del Sector Justicia
COORDINACIÓN ZONAL DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS PARA LAS ZONAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Dirección Técnica de Construcción de CRS y CDP
Dirección de Gestión Interinstituciona l
Dirección de Administración de CAI
Administración de CAI Operación
Logística
Desarrollo
Salud
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Coordinación General de Planificación Direcciones
Dirección de Planificación e Inversión; y, Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación a) Definir los lineamientos estratégicos de corto, mediano y largo plazo que orientarán la política pública sectorial (que serán aprobados por el Ministro del sector). b) Brindar elementos técnicos e información de calidad que faciliten a la autoridad ministerial la toma de decisiones en el marco de sus competencias. c) Detectar necesidades de política a través de un análisis sectorial y territorial cuya satisfacción fomente la equidad y cohesión social. d) Coordinar la articulación de la política sectorial con los procesos de planificación del desarrollo territorial. e) Asegurar la coherencia de la planificación en los distintos niveles de gestión y de las unidades ministeriales desconcentradas en el territorio.
Funciones
f) Facilitar, gestionar y coordinar la articulación de los procesos de formulación de la política sectorial y su ejecución con la planificación estratégica y institucional. g) Establecer estándares e indicadores que fomenten la calidad de la inversión del Ministerio y la gestión por resultados. h) Coordinar y facilitar la elaboración de los planes estratégicos, sectoriales, plurianuales y operativos del Ministerio.
Objetivos
Programas centrales
i)
Coordinar con la Subsecretaría de Inversión Pública de SENPLADES las acciones requeridas durante el ciclo de los programas y proyectos de inversión pública, para el sector y la institución.
j)
Coordinar y facilitar la elaboración del plan anual de inversión pública ministerial y de sus entidades adscritas y dependientes, en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que servirá de base para estructurar la proforma de inversión del sector.
Impulsar, coordinar y articular con todos los niveles de gestión sectorial los procesos integrales de formulación y ejecución de política pública y de planificación estratégica y operativa, realizados sobre la base de un análisis estratégico ajustado a los objetivos nacionales determinados por el Plan Nacional del Buen Vivir.
- - -
Plan de Implementación del Código Orgánico de la Función Judicial - PICOFJ (el más relevante); y dependientes de éste, también están: El Plan de Inversión de la función Judicial (construido con base en el PICOFJ y presentado a SENPLADES para su priorización); y, El Plan emergente del sector justicia (que nace del documento PICOFJ presentado al Presidente Rafael Correa, el 10 de Agosto 2010).
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La Coordinación General de Planificación, durante 2009 y 2010, tuvo a su cargo el Programa de inversión “Plan de implementación del Código Orgánico de la Función Judicial y transformación de la justicia”, que juega un papel relevante para cumplir con los propósitos de esta instancia. • El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) tiene como una de sus prioridades la implementación del Código Orgánico de la Función Judicial, instrumento normativo que desarrolla las bases del nuevo Sistema de Administración de Justicia, dando cumplimiento a la disposición transitoria primera de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en septiembre del 2008. • En este contexto, dicho Ministerio –a través de su Subsecretaría de Planificación– define como uno de sus proyectos principales el denominado: Proyecto Plan de implementación del código orgánico de la función judicial y Trans-
Proyecto presentado a
AGECI y SENPLADES
Proyecto presentado por
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Área Geográfica / Localidad
Ecuador / Quito
Entidad(es) Responsable(s)
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: Responsable de la gestión administrativa, financiera y técnica.
Otras entidades participantes (Contrapartes operativas)
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Consejo Judicatura, Corte Nacional, Fiscalía General y Defensoría Pública.
Fecha ejecución/ Período
01 enero 2010 – 31 diciembre 2010. Período: 12 meses
Entidad(es) financiera(s)
Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional - AGECI, beneficiaria de una subvención de AECID
Costo total del proyecto
306.459,80 dólares
Aportaciones:
Monto ejecutado a Dic. 2010
AGECI: 301.360 dólares (no reembolsables) Fiscales: 5.099 dólares PNUD: 45.000 dólares (asistencia técnica) 178.950,35 dólares
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formación de la Justicia; a partir del cual se busca definir las bases para que en el período 2011 – 2013 se implemente lo contenido en el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), en las distintas instituciones correspondientes, y que sea el vínculo de la gestión de la función judicial para transformar la justicia y brindar un servicio efectivo a las y los ciudadanos ecuatorianos.
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL COFJ Entre septiembre y octubre 2009 se organiza este Plan en CUATRO GRANDES PROYECTOS (Primera versión) PROYECTOS
OBJETIVOS El objetivo general que se define en el convenio es: •Diseñado el Plan de Implementación de las Instituciones y Procesos previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial Para lograr su propósito, se propusieron los siguientes objetivos específicos: - Diseñar el modelo organizacional del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, administración y control disciplinario de la Función Judicial. - Diseñar el Sistema de Carrera Judicial. - Diseñar la Escuela judicial.
I. SERVICIOS JUDICIALES
COMPONENTES 1. Elaboración de un plan articulado de creación de unidades judiciales. 2. Diseño de un sistema de información y gestión de los órganos auxiliares. 3. Estudio para la fijación de competencias de las judicaturas. 4. Estudio de las necesidades de infraestructura física y equipamiento de la Función Judicial. 5. Plan de infraestructura tecnológica: equipamiento informático. 6. Inter conectividad de las redes informáticas entre el Consejo de la Judicatura y las capitales de provincia de los Órganos Jurisdiccionales del Ecuador y de los entes autónomos de la Función Judicial. 7. Elaboración de un plan de adecuación del SATJE, SIAF, SIDEP para la implementación de un sistema integrado y automatizado de justicia 8. Diseño de un plan para el funcionamiento de la Dirección de Estadística y Archivo Central de la Función Judicial.
1. Formulación de políticas para la Función Judicial II. FORTALECIMIENTO 2. Código de Ética para la Función Judicial. INSTITUCIONAL DEL SECTOR 3. Elaboración del proyecto de estatuto orgánico de la FJ JUSTICIA 4. Diseño de las carreras de la Función Judicial: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Carrera de la Defensoría Pública, Carrera Administrativa
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- Diseñar el plan de comunicación del programa de implementación.
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL COFJ Entre septiembre y octubre 2009 se organiza este Plan en CUATRO GRANDES PROYECTOS (Primera versión)
- Diseñar el plan de acompañamiento a la implementación del Código Orgánico de la Función Judicial para la Cooperación Internacional. FASES O MOMENTOS
5. Diseño de un sistema de planificación para la FJ. II. 6. Diseño del modelo organizacional de la FJ. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR 7. Diseño de un plan de fortalecimiento de la Escuela Judicial para todos los órganos de la FJ. JUSTICIA 8. Diseño de un plan de comunicación. 9. Diseño y realización de la V Cumbre de los Poderes Judiciales de UNASUR.
III. DEFENSORÍA PÚBLICA
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Fuente: Morales Ordóñez, Juan, 2010.
1. Diseño del plan de prácticas pre-profesionales y pasantías de Abogacía. 2. Diseño de la normativa para la acreditación de: -Los consultorios jurídicos de las universidades y otras instituciones. -Los servicios de patrocinio, defensa y asesoría jurídica para personas de escasos recursos económicos y grupos de atención prioritaria 3. Diseño de un plan de implementación de la Defensoría Pública PROYECTO TRANSVERSAL A LOS TRES ANTERIORES
La definición del Plan pasa por tres momentos o fases, aunque siempre conservó su objetivo original, a saber: • Primer momento: Taller para elaborar el Plan Operativo de Transición para el Cambio de la Función Judicial (Quito, 2009) con funcionarios de todos los órganos del sector justicia y del MJDHC, y conformación de una Comisión Interinstitucional para afinarlo. Presentación del Plan al Consejo Consultivo de la Función Judicial, instancia que realiza ajustes, lo aprueba y crea una comisión técnica para velar por su cumplimiento y para operativizar el Plan para su presentación a la SENPLADES, bajo un nuevo nombre de proyecto: Plan de implementación
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del Código Orgánico de la Función Judicial (PICOFJ). • Segundo Momento: La Comisión Técnica organiza el Plan en cuatro grandes proyectos: 1) Servicios Judiciales; 2) Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia; 3) Defensoría Pública; y, 4) Seguimiento y financiamiento, concebido como un proyecto transversal a los tres anteriores. • Tercer Momento: Durante el proceso de ajuste del Plan se decide hacer un solo proyecto que articule las líneas de inversión identificadas y que cuente con un presupuesto integrado para el sector justicia para período 2011-2013; se lo denomina Proyecto de Inversión. El diseño de este proyecto de inversión se financió con el aporte técnico (no financiero) de todas las instituciones integrantes del Consejo Consultivo + el MJDHC. Y, con el presupuesto de la subvención que la AECID y el PNUD mantienen con el Ministerio de Justicia (y que se especifica en recuadro 2.1.). Para la implementación de este Proyecto de Inversión se mantienen los 3 componentes antes mencionados y se definen 8 grandes ejes de acción o proyectos.
PROYECTO: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL COFJ (Segunda versión) COMPONENTES I. SERVICIOS JUDICIALES
GRANDES EJES DE ACCIÓN 1.
Plan articulado de creación de unidades judiciales, infraestructura y equipamiento de la FJ (Juzgados, fiscalías, defensores públicos)
2.
Sistema de información e interconectividad del sector justicia
1. II. FORTALECIMIENTO 2. INSTITUCIONAL DEL SECTOR JUSTICIA 3. 1. III. FORTALECIMIENTO DE LA 2. DEFENSORÍA PÚBLICA 3.
Modelo Organizacional del sector justicia Plan de Comunicación Escuela Judicial y Carrera Judicial Plan de Implementación de la Defensoría Pública Plan de prácticas pre-profesionales y pasantías Plan de acreditación de los consultorios jurídicos de las universidades, servicios de patrocinio, defensoría y asesoría para grupos de atención prioritaria.
Fuente: Morales Ordóñez, Juan, 2010.
El 24 de agosto de 2010 se presentó el Plan al Presidente Rafael Correa, quien lo respaldó y coincidió con los planteamientos de las autoridades judiciales de que el tema justicia debe ser
tratado como parte integrante de las políticas de Estado. En esa misma reunión, la Comisión Técnica del Consejo Consultivo de la Función Judicial se comprometió a elaborar y ejecutar
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un Plan Emergente para el mejoramiento del Sector Justicia RESULTADOS PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y PROCESOS ESTABLECIIDOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL (Versión presentada a SENPLADES, 23 agosto 2010) PROYECTOS 1.
Implementación de un Plan articulado de optimización de unidades judiciales, infraestructura y equipamiento del Sistema Judicial (Juzgados, fiscalías, defensores públicos)
2. Implementación de un Sistema de información e interconectividad del Sistema Judicial 3. Comunicación integral de la Función Judicial. 4. Carreras Judiciales 5. Escuelas Judiciales 6. Plan de prácticas profesionales y pasantías de Abogacía 7.
Plan de acreditación de los consultorios jurídicos de las universidades, servicios de patrocinio, defensoría y asesoría jurídica para grupos de atención prioritaria.
8. Plan de Implementación de la Defensoría Pública Fuente: Morales Ordóñez, Juan, 2010.
Los principales resultados obtenidos en el marco del Plan, a diciembre del 2010, son: • Plan diseñado con el apoyo político, técnico y operativo del MJDHC; y presentado a la SENPLADES para su priorización. Mediante Oficio No. SENPLADES-SIP-dap-2010-128, del 23 de febrero del 2010, SENPLADES emite dictamen favorable a este proyecto. • Documentos de los 8 proyectos que conforman el Programa PICOFJ elaborados y presentados a SENPLADES. • Documento del Programa enviado a la Secretaría Técnica de la Cooperación Internacional. • 23 reuniones realizadas para la difusión del Plan. • Adhesión y apoyo, por parte de los/las participantes, al enfoque jurídico que sustenta el cambio en el sistema de administración de justicia.
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• Estudio del modelo de gestión y diseño estructural del Consejo de la Judicatura realizado, incluyendo propuesta de un nuevo modelo. • Propuesta de Modelo Organizacional del Sector Justicia diseñada y presentada al Consejo Consultivo de la Función Judicial. • Línea de Base cualitativa y cuantitativa de la producción judicial realizada sobre el período 2002 – 2008. • Proyecto de Carrera Judicial y proyecto de Escuela Judicial diseñados y presentados a SENPLADES y a la Secretaría Técnica de la Cooperación Internacional. • Diagnóstico y línea base del Proyecto de Escuela Judicial realizado. • Discusiones referentes al diseño y a la malla curricular de la Escuela Judicial avanzadas • Nuevo modelo de Escuela Judicial y sus estrategias de implementación diseñadas: a) Diseño de la estructura y organización de la Escuela; b) Malla curricular; y, c) informe técnico de la ejecución de convenio entre MJDHC y COMJIB.
• Proyecto “Implementación de procesos de la comunicación institucional integral de la Función Judicial Ecuatoriana” diseñado y presentado a la SENPLADES. • Plan de acompañamiento a la implementación del COFJ para la Cooperación internacional diseñado con definición de prioridades. A más de los resultados específicos de este proceso, cabe señalar como avances generales muy significativos: 1) El salto de un enfoque legalista de justicia hacia una concepción que prioriza los derechos, las garantías y la justicia misma, como sustento para el diseño del PICOFJ, mecanismo central para operativizar la norma constitucional del Ecuador. 2) El disponer, por vez primera, de una herramienta de acción común y coordinada entre los distintos órganos del sector justicia y el MJDHC, la misma que es el resultado de un proceso de diálogo y de concertación entre diversos actores del sector justicia. 3) El haber hecho del diálogo y la concertación una estrategia básica para el diseño del PICOFJ,
pero sobre todo, una estrategia para garantizar el “equilibrio de poderes” al involucrar en el proceso tanto a representantes del nivel político (Consejo Consultivo), como técnico (Comisión Técnica) y operativo (directores de áreas) de tales instancias. 4) La voluntad política por parte de las máximas autoridades del MJDHC y del Consejo Consultivo de la Función Judicial, que se concreta en la decisión de unificar en el PICOFJ los presupuestos de los distintos órganos que lo conforman. 5) El disponer de un marco general y orientaciones específicas para el diseño de las carreras judicial y fiscal, así como de otros emprendimientos, acordes a la realidad nacional, y, orientadas a superar, desde “entradas” más integrales, las limitaciones que presenta hoy en día el Sistema de Administración de Justicia. Ello supone, por ejemplo, apostar por nuevos enfoques en los procesos de profesionalización del recurso humano, a saber: acercamientos a la Justicia desde la sociología jurídica, la antropología del derecho, los derechos humanos, etc.
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Subsecretaría de Desarrollo Normativo Direcciones
Dirección Técnica
Funciones
Observar, estudiar, analizar y comentar los proyectos de ley que se generan en las diversas áreas del Ministerio. El resultado de este análisis es usado como insumo para las discusiones en la Asamblea Legislativa, para su aprobación y posterior publicación en el Registro Oficial
Objetivos
Normar el quehacer jurídico en función de los mandatos constitucionales de interrelación de principios, soberanía popular, responsabilidad frente a los derechos y la supremacía constitucional.
Principios
Los principios que rigen el accionar de esta subsecretaría son: a) Se apoya en los derechos constitucionales a la igualdad, vida, salud, soberanía alimentaria, seguridad social, educación, trabajo, derechos laborales, cultura, recreación, familia, comunicación, desarrollo. b) Respalda su accionar en los derechos a la resistencia, integridad, libertad, identidad, personalidad, reputación, intimidad, justicia, debido proceso, rehabilitación, reparación integral, participación política, y todos los que protegen a los pueblos y nacionalidades, grupos vulnerables. c) Sustenta su accionar en todos los derechos que garantizan a los ecuatorianos y ecuatorianas el Buen Vivir.
Ejes de trabajo
Programas y/o proyectos
Esta subsecretaría focaliza su accionar en tres ejes de trabajo: - Creación de cuerpos legales (desarrollo normativo) - Generación de doctrina jurídica (publicaciones), y - Fortalecimiento interno. No tiene proyectos de inversión
Fuente: Web MJDHC. MJDHC, 2009. MJDHC – Subsecretaría Planificación, 2010.
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RESULTADOS POR EJES DE TRABAJO La Subsecretaría de Desarrollo Normativo concentra sus esfuerzos en dos ejes: creación de cuerpos legales y generación de doctrina jurídica, cuyos resultados se sintetizan a continuación. Resultados Eje 1: Creación de cuerpos legales Entre los principales objetivos del Ministerio de Justicia y, en particular de la Subsecretaría de Desarrollo Normativo, se encuentra aquel referido a impulsar las reformas normativas que garanticen la plena vigencia de los derechos humanos. Con el fin de establecer bases sólidas que permitieran avanzar hacia el cumplimiento de tal objetivo, durante el año 2008, el accionar de esta Subsecretaría se concentró, fundamentalmente, en la ejecución de un sinnúmero de consultorías y estudios que permitieran contar con diagnósticos especializados en diversas materias, como insumo para orientar los procesos de propuesta, creación y/o reforma de cuerpos legales. En el cuadro se recogen los objetivos y alcances de las consultorías y estudios realizados, y que
dan cuenta de parte de los principales resultados alcanzados por esta Subsecretaría en los tres primeros años de existencia.
Se cuenta con un borrador del Anteproyecto de Ley de Garantías Penales que, para el 2009, se encontraba en fase de validación.
Varios de los documentos producto de las consultorías expuestas han sido presentados y discutidos con diversos actores/as representantes de distintos sectores de la sociedad. En sus tres años de existencia (Cuadro 3) esta Subsecretaría ha desarrollado 26 talleres de discusión, evaluación, validación, difusión y socialización de anteproyectos y proyectos de leyes y códigos, de propuestas, de reformas legales y de procedimientos judiciales, abonando así al fortalecimiento institucional de la Función Judicial.
• Diagnóstico socio-jurídico y Propuestas normativas en torno a la Justicia Indígena, y, Pueblos No Contactados elaborado. Este estudio y el desarrollo de tales propuestas es un elemento fundamental en el proceso de construcción del Estado Ecuatoriano Pluricultural.
Todo este proceso ha permitido contar con los siguientes resultados: • Un Diagnóstico Socio-jurídico referido a normas penales elaborado con elementos conceptuales y ajustados a la realidad social para la reforma del sistema penal en su fase normativa, que permita la aplicación efectiva de las normas de rango constitucional, en base de los principios de dignidad humana, proporcionalidad, legalidad y debido proceso.
• Un Proyecto de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional diseñado de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. El proyecto de Ley fue presentado y aprobado por la Asamblea Nacional en octubre de 2009. • Un borrador del Anteproyecto del Código de Movilidad Humana diseñado, el cual abarca las temáticas de migración, refugio y desplazamiento. Éste se concreta posteriormente en la Ley de Movilidad Humana. • Ley de Igualdad y No Discriminación diseñada, como producto final de todo un
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Detalle de consultorías impulsadas desde la Subsecretaría de Desarrollo Normativo: 2008 - 2010
2008
Año
Título Consultoría
Objetivos
Diagnóstico sobre la Ley orgánica de Control Constitucional del Ecuador.
Elaborar un diagnóstico integral de la Ley Orgánica de Control Constitucional vigente, que brinde los a) insumos necesarios para la formulación de un proyecto de Ley de b) Control Constitucional. c)
Diagnóstico integral que permita diseñar y desarrollar un proyecto de ley que reforme la actual Ley Orgánica de la Función Judicial.
Elaborar un diagnóstico integral que permita diseñar y desarrollar un Proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial ajustada a estándares internacionales de justicia y derechos humanos, y que permita un sistema de administración de justicia democrático, transparente, eficiente y que asegure el igual acceso, y la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos humanos de las personas, grupos de personas y pueblos. Elaborar un diagnóstico a nivel social e institucional que evalúe el impacto de la aplicación del sistema normativo en la ejecución de la pena de privación de la libertad.
Diagnóstico sobre la aplicación de la pena de privación de la libertad. Diagnóstico integral sobre movilidad humana.
Elaborar un diagnóstico integral sobre movilidad humana en el Ecuador, con énfasis en temas específicos
Alcance - Identificar los elementos normativos contenidos en la Ley Orgánica de Control Constitucional que han incidido, positiva y negativamente, en la estructura y el funcionamiento de la Justicia Constitucional, y en especial en: – Los rasgos de la justicia constitucional: Institucionalidad, independencia, eficacia y eficiencia. - El control abstracto y concreto de constitucionalidad. - Garantías judiciales de amparo, habeas corpus, habeas data y acceso a información - Determinar la adecuación de la Ley Orgánica de la Función Judicial a los estándares nacionales e internacionales de justicia y derechos humanos. - Evaluar el impacto de la aplicación de la Ley Orgánica de la Función Judicial a nivel institucional, en especial en el acceso a los órganos de administración de justicia; el régimen administrativo y disciplinario; el control y la participación social; la carrera judicial; la defensa pública; y, la justicia de paz y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Duración y Costo 4 meses $ 12.000
2 meses $ 7.000,00
- Establecer el nivel de cumplimiento de la Ley Orgánica de la Función Judicial.
- Evaluar la aplicación, a nivel social e institucional, de la aplicación de la pena de privación de la libertad, en el sistema de administración de justicia y en el sistema penitenciario. - Evaluar el grado de cumplimiento de las normas relativas a ejecución penal en la privación de la libertad. - Diagnóstico integral sobre movilidad humana en el Ecuador, y específico de los diversos ámbitos. - Propuesta de índice para el proyecto de Código de movilidad humana.
2 meses $ 7.000
8 semanas $ 15.000
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Detalle de consultorías impulsadas desde la Subsecretaría de Desarrollo Normativo: 2008 - 2010 Año
Título Consultoría
Objetivos
Alcance
Estudio que permita definir las reformas legales en el ámbito Administrativo y Penal para proteger derechos de los Pueblos No Contactados.
Articular el régimen punitivo vigente a) en el ámbito administrativo y penal en materia de la protección de los b) derechos de los Pueblos No Contactados, y transversalmente, a los c) derechos ambientales y derechos de la naturaleza, de acuerdo con la nueva Constitución, la legislación comparada y la normativa internacional vigente d) sobre la materia e)
Proyecto de Ley de Control Constitucional.
Colaborar en la elaboración de un Borrador de Proyecto de Ley Orgánica de Control Constitucional (LOCC), de acuerdo con los lineamientos fijados por la Constitución Política y los estándares internacionales de derechos humanos y de control constitucional.
Validación de Proyecto de Ley de Control Constitucional.
Realizar dos asesorías especializadas para evaluar el borrador del Proyecto de Ley de Control Constitucional, de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos y control constitucional.
- Evaluar la aplicación de los tipos penales en materia ambiental y en materia de protección a los Pueblos No Contactados (PNC). - Evaluar la aplicación de las normas administrativas en relación con la protección de los derechos de los PNC y ambientales y de la naturaleza. - Evaluar el régimen administrativo e institucional en el ámbito administrativo aplicable a la protección del los derechos de los PNC, ambientales y de la naturaleza. - Elaborar propuestas de reforma en el ámbito administrativo que permitan la defensa de los derechos de los PNC, derechos ambientales y de la naturaleza. - Elaborar una propuesta de reforma al Código Penal, o la formulación de nuevos tipos penales, que incluyan conductas típicas que sancionen la afectación de los derechos reconocidos por la legislación vigente –nacional e internacional- de los PNC, ambientales y de la naturaleza. - Realizar una asesoría para revisar y dar recomendaciones para el Borrador del Proyecto de LOCC, elaborado con el equipo del MJDHC. - Elaborar una propuestas normativa para la LOCC sobre: a) Las funciones de la Corte Constitucional que no hacen parte ni del control abstracto ni del control concreto constitucional, y que corresponden a las fijadas en la Constitución Política; b) Disposiciones transitorias. - Elaborar un artículo para publicación sobre la Justicia Constitucional. - Revisión del borrador del Proyecto de Ley de Control Constitucional y elaboración de informe con observaciones y recomendaciones. - Participación en un taller para la reformulación del borrador del Proyecto de Ley orgánica de Control Constitucional. - Elaboración de informe final con las directrices que deben tenerse en cuenta para la reelaboración del proyecto.
Duración y Costo 3 meses $ 16.000
1 mes $ 8.000
3 semanas $ 3.300
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Detalle de consultorías impulsadas desde la Subsecretaría de Desarrollo Normativo: 2008 - 2010
2009
Año
Título Consultoría
Objetivos
Estudio que permita definir los derechos de los Pueblos No Contactados (PNC)
Realizar un estudio que permita definir las reformas legales en el ámbito administrativo y penal para proteger los derechos de los Pueblos No Contactados.
Diagnóstico sociojurídico para la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación de Justicia Intercultural Elaboración y validación de un Proyecto de Ley que regule la Movilidad Humana en el Ecuador
Elaboración de un Diagnóstico sociojurídico para la elaboración de la Ley Orgánica de Coordinación y Cooperación entre la Jurisdicción Indígena y la Jurisdicción Ordinaria.
Elaboración de diagnóstico sociojurídico para la implementación de la reforma y aplicación de un sistema punitivo de mínima intervención.
Elaborar y validar participativamente, un Proyecto de Ley integral, coherente, unitario y ajustado a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, que regule el tratamiento jurídico e institucional de la movilidad humana en el Ecuador Elaborar un diagnóstico socio-jurídico que permita la implementación de la reforma y aplicación de un sistema punitivo de mínima intervención en el marco de la aplicación del garantismo constitucional, para la concentración y adecuación jurídica de las normas penales sustantivas, adjetivas y ejecutivas dentro de un Código de Garantías Penales.
Alcance - Informe sobre Pueblos en Aislamiento Voluntario. - Borrador de Anteproyecto de Ley titulado “Ley para Protección de los Derechos de los Pueblos No Contactados” - Propuesta de Ley para la Protección de los Derechos de los Pueblos no contactados para incluirla en el Código del Ambiente. - Propuesta de Decreto Ejecutivo y de Acuerdo Ministerial para la Protección de los Pueblos no Contactados. No Data
Duración y Costo 4 meses $ 16.000
No Data $ 17.455,5
- Recolección y procesamiento de información jurídica y social por ámbitos de movilidad humana. - Borrador de Proyecto de Ley Integral de Movilidad Humana en el Ecuador (incluye 7 ensayos preliminares). - Talleres de discusión (informe sistematización) - Documento de Ley Integral de Movilidad Humana en el Ecuador (Incluye 7 ensayos finales) Este diagnóstico socio-jurídico servirá de sustento para la posterior elaboración del Código de Garantías Penales, el mismo que responda y sea compatible con los mandatos constitucionales relativos a esta materia.
9 meses
$ 55.000
3 meses $ 15.659
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Detalle de consultorías impulsadas desde la Subsecretaría de Desarrollo Normativo: 2008 - 2010
2010
Año
Título Consultoría
Objetivos
Alcance
Elaboración del Anteproyecto del Código Contencioso Administrativo
Elaborar el Anteproyecto del Código Orgánico Contencioso Administrativo.
Preparación del Proyecto: Diagnóstico sociojurídico para la Ley Orgánica de Justicia Indígena, coordinación y cooperación intercultural
Realizar un diagnóstico socio-jurídico que identifique, sistematice y analice las costumbres, normas de derecho propio, prácticas y procedimientos ancestrales de la justicia indígena que tradicionalmente realizan las comunidades, pueblos y nacionalidades, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Constitución de 2008, e incorpore los estándares internacionales sobre administración de justicia indígena y derechos colectivos respecto de la integración de sus autoridades y organización, y las normas y procedimientos para desarrollar la justicia.
- Simplificación de los procesos judiciales en contra del Estado. - Efectiva defensa de los Derechos Constitucionales de los ciudadanos en esta sede judicial. - Limitación del abuso de la vía constitucional de impugnación cuando la vía Contencioso Administrativa esté disponible. - El Anteproyecto debe estar dividido en libros, títulos, capítulos, parágrafos y artículos que incluya, al menos una sección relativa a: principios, instituciones del derecho administrativo, procedimientos judiciales, etc. Obtener elementos conceptuales y ajustados a la realidad social para la regulación de la justicia indígena; y, que permita el igual acceso y la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades sobre la base de su cultura y los derechos humanos; así como su coordinación y cooperación intercultural respecto de las justicias ordinaria, constitucional y de paz.
Fuente: Documentos de consultorías, contratos y actas de entrega, Sub-secretaría de Desarrollo Normativo del MJDHC. Y, Pazos, Rina. 2011: “Información requerida para PROJUSTICIA” - Memorando No. MJDH-SDN-0117-11. Elaboración: Equipo Consultor
Duración y Costo 2 meses
4 meses $ 9.000
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Producción Judicial por Tema proceso de elaboración y revisión de proyectos normativos en esta materia. • Revisión de proyectos de leyes priorizadas por el Ejecutivo, a saber: Ley de economía Popular y Solidaria, Ley de Control del Mercado, Ley de Mercado de Valores, Ley de Policía Nacional, Ley Orgánica de la Provincia de Galápagos; Ley de Seguridad Pública del Estado, Ley de Telecomunicaciones, Ley de Soberanía Alimentaria, y, Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad. Resultados Eje 2: Generación de doctrina jurídica Entre las actividades desarrolladas dentro de este eje está la publicación de 19 libros de la Serie denominada Justicia y Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo y Sociedad, Dichas publicaciones abonan a la comprensión de la Justicia desde enfoques más integrales y amplios. Esta producción se encuentra clasificada por temas en el gráfico 2 y cuantificada en el gráfico 3. Complementan a los resultados expuestos, aquellos referidos a la difusión que se ha he-
Fuente: Pazos, Rina. 2011. “Información requerida para PROJUSTICIA” – Memorando No. MJDH-SDN-0117-11. 14 de abril 2011.
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Número de documentos publicados según temática: 2008 a 2010
16%
Indicadores Construidos en la tipo de Indicador
5% 26%
Tema Constitucionalismo Tema Justicia y Derechos Tema Justicia y Sociedad Otros 53%
Total
47 30
Indicadores de Resultado
15 15
Indicadore de Proceso
19
Indicadores Estructurales
21 8 13 0
67
44
63
50
Fuente: Pazos, Rina. 2011. “Información requerida para PROJUSTICIA” Memorando No. MJDH-SDN-0117-11. 14 de abril 2011.
Gráfico No. PPL en educación regular, según nivel de instrucción. Años 2008 a
cho de este material desde la Subsecretaría de Desarrollo1000Normativo: 13.000 ejemplares de los libros antes referidos han sido entregados entre 500 el 2008 y 2009, a operadores de justicia, abogados/as, personal docente y público en general; 7 de los 20 0volúmenes que conformanAño la serie Año 2008 2009 “Justicia y Derechos Humanos” han sido publi354 448 Alfabetización cados en el año 2010. 606 702 Primaria Secuandaria Superior
498 27
571 41
La contribución que estas publicaciones hacen al desarrollo y difusión de conocimiento especializado en materia de justicia y derechos es innegable, más aún cuando éstos abordan temáticas y problemáticas acordes a nuestra realidad socio-cultural. Año 2010 293 820 465 37
Causas Gestionadas en Mat 200
Prelibertades, deportaciones y
Indultos gestionados por abo UTGDPP Quito y Prov Asistencia a Audiencias Oral abogados UTGDPP Quito y Prov Causas patrocinadas por abogados de de la UTGDPP de Quito y prov
Causas asignadas a Centros Leg Quito, Guayaquil, Manabí, Esmeraldas y
Causas gestionadas de O UTGDPP.
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Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (PPL) Direcciones
Dirección de Administración de Centros de Internación de Adolescentes Infractores CAI Dirección Técnica de Construcciones de CRS y CDP
Misión
“Orientar la rectoría de Políticas Públicas para las personas privadas de libertad y coordinar, ejecutar, monitorear, evaluar los programas y proyectos del Sistema de Rehabilitación Social y administrar los Centros de Internamiento de Adolescentes en conflicto con la ley, garantizando la plena vigencia de los Derechos Humanos”.
Visión
“Ser un referente internacional de los Sistemas de Rehabilitación Social e Internamiento de las personas privadas de libertad.”
Objetivos Estratégicos
Principales Programas y Proyectos
a)Definir e implementar modelos de intervención integral que garantice la ejecución de la política pública para la atención de las personas privadas de libertad (PPL). b) Establecer mecanismos de coordinación permanente con organismos públicos y privados que viabilicen la ejecución de los programas y proyectos orientados a la atención integral de las PPL. c) Contar con una Estrategia Comunicacional que fortalezca la intervención de la Subsecretaría. d) Coordinar y planificar las actividades entre las direcciones técnicas de la Subsecretaría. e) Contar con un sistema penitenciario que garantice los Derechos Humanos. f) Coordinar estrategias para lograr una rehabilitación social efectiva. g) Implementar un sistema de protección integral y reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley, acorde a la política pública y a los estándares establecidos en instrumentos nacionales e internacionales, garantizando la plena vigencia de los DDHH. - Censo Social y Demográfico Penitenciario del Ecuador (CSP) - Plan de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad. - Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico a Adolescentes Infractores. - Construcción de nuevos CRS, CDP y CAI y adecuación de los existentes. - Proyecto de Profesionalización Penitenciaria en el Ecuador. - Sistema Integrado E- SIGPEN.
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De acuerdo con los mandatos de la Constitución del Ecuador, referentes a los derechos de las personas privadas de libertad (Art. 51); a la disposición de que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente (Art. 201); y, al PNBV cuya Política 9.5 es “Impulsar un sistema de rehabilitación social que posibilite el ejercicio de derechos y responsabilidades de las personas privadas de la libertad”; esta Subsecretaría ha realizado su trabajo.
CRS, CDP y Casas de Confianza, según provincias y ciudades de localización: Año 2010 Región
Pichincha
CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD El Sistema Nacional Penitenciario del Ecuador se compone de 42 albergues para personas de 18 años y más, que se distinguen por su función en: 35 Centros de Rehabilitación Social (CRS), 4 Centros de Detención Provisional (CDP) y 3 Casas de Confianza (CC). Los Centros de Rehabilitación Social (CDR), según establece la Constitución, son lugares donde permanecen las personas privadas de libertad, quienes cumplen una sentencia dictada por el juez competente.
Provincia Carchi Imbabura
Sierra
Santo Domingo de los Tsáchilas Cotopaxi Tungurahua Bolívar Chimborazo Cañar
Ciudad CRS Tulcán CRS Ibarra CRS Quito Varones No 1 CRS Quito Varones No 2 CRS Quito Varones No 3 CRS Quito No 4 CRS Quito Clínica De Conducta CDP 24 de Mayo Quito CDP Quito CRS Quito Mujeres Centro de Confianza No.1 Quito Centro de Confianza No.2 Quito CRS Santo Domingo de los Tsáchilas CRS Latacunga CRS Ambato CRS Guaranda CRS Riobamba CRS Alausi CRS Azogues CRS Cañar
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CRS, CDP y Casas de Confianza, según provincias y ciudades de localización: Año 2010 Región Sierra
Situación de las personas privadas de libertad en Centros de Rehabilitación Social antes del 2007 En el año 2004, a propósito de la generalización de las protestas de las personas privadas de la libertad, la CEDHU escribía: “La crisis del sistema
Azuay Loja
Los Centros de Detención Provisional (CDP) son los lugares o establecimientos donde deben permanecer custodiadas las personas privadas de su libertad en razón de detención preventiva o cualquier otra medida cautelar, ordenadas o decretadas por autoridad o tribunal competente. Las Casas o Centros de Confianza (CCC) son instituciones que se caracterizan por mantener un régimen de salidas reglamentadas y en contacto con el entorno social más amplio que el régimen cerrado, partiendo de criterios de asistencia, control y seguridad sustentada. Están destinadas a los internos que hayan cumplido con normas y requisitos establecidos en la ley y cuya conducta permite pronosticar su integración a la sociedad.
Provincia
Esmeraldas
Manabí
Costa
Guayas
Los Ríos
El Oro
Amazonia Total
Sucumbíos Napo Morona Santiago 19
Fuente: Subsecretaría de Atención Integral a PPL – Dirección Nacional de Rehabilitación Social.
Ciudad CRS Cuenca Varones CRS Cuenca Mujeres CRS Loja CRS Esmeraldas Varones CRS Esmeraldas Mujeres CRS Bahía De Caraquez CRS Jipijapa CRS Portoviejo El Rodeo CDP Portoviejo CRS Guayaquil Varones No.1 CRS Guayaquil Varones No 2 CRS Guayaquil Mujeres CDP Guayaquil Centro de Confianza Guayaquil CRS Quevedo CRS Babahoyo CRS Vinces CRS Machala CRS Zaruma CRS Sucumbíos CRS Archidona CRS Macas 42
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carcelario ecuatoriano se ha ido agravando progresivamente, sin que aparezca en el horizonte una salida relativamente clara. La indolencia oficial e incapacidad de los gobiernos para afrontar la situación se refleja en la infraestructura obsoleta, el hacinamiento carcelario, las frecuentes ‘muertes anunciadas en las prisiones del país, la deficiente alimentación, la insuficiencia de personal idóneo para atender las necesidades de la población recluida….A esta situación se suman las pésimas condiciones de higiene, la falta de asistencia médica y de ocupación laboral…”. La situación penitenciaria ha sido uno de los productos de todas las crisis que ha sufrido el país. En ella se observa la ausencia de una atención integral para las personas privadas de libertad, que permita contar con un enfoque humanista y estrategias metodológicas para orientar su inclusión en la sociedad. Con estos antecedentes, mediante Decreto Ejecutivo No. 441, de 26 de junio de 2007, el Presidente Rafael Correa, declaró en estado de emergencia al sistema penitenciario de todo el país, con el fin de remediar las graves deficiencias encontradas en él.
CENSO SOCIAL Y DEMOGRÁFICO PENITENCIARIO DEL ECUADOR En ese contexto, surge la necesidad de contar con una línea de base de la situación de las personas privadas de libertad (PPL), con información que permitiera la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas de rehabilitación y reinserción social con enfoque de derechos humanos. Para ello, en el 2008 se realizó el Censo Social y Demográfico Penitenciario, que a través de 69 preguntas levantó información de las condiciones de las PPL en los centros de rehabilitación social del país, y de las personas que cumplían su sentencia por causas legales en Centros de Detención Provisional, cuarteles de Policía, de las Fuerzas Armadas, en Casas de Confianza, Hospitales y Clínicas y quienes se encontraban en arresto domiciliario. El Censo cubrió a 13.532 PPL, correspondientes al 96% del universo poblacional total. Principales resultados del Censo Caracterización social y demográfica de las PPL: La mayoría de PPL son hombres (89%) jóvenes (el 79% tiene menos de 37 años de edad), per-
sonas que mantiene unión conyugal (55%), de nacionalidad ecuatoriana (88%), auto identificados/as como blanco/mestizos (75%), con nivel de instrucción secundaria (45%) y primaria (42%). Casi la mitad de las PPL realizan alguna actividad laboral al interior del CRS, Historial procesal y penal: Un tercio está acusado de delitos relacionados con estupefacientes o drogas, el 30% por delitos contra la propiedad, el 15% por delitos contra las personas, el 10% por delitos sexuales, entre las principales. La mayoría (85%) ha sido detenida una sola vez y el 45% no tiene sentencia. Esto significa que en el año 2008 estaban detenidas sin sentencia más de 6.000 personas a nivel nacional. Un número similar de PPL informó que no tenía ningún tipo de defensa pública ni privada. Salud: Todas las enfermedades respiratorias, intestinales, nerviosas, de órganos internos y de transmisión sexual han sido más contraídas en el CRS que antes de ingresar a él. Destaca que la presencia de depresiones se multiplica por 5 veces. El 70% evaluó como mala o muy mala la atención de salud en el CRS.
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PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD (PPL)
Embarazo: 1% de las mujeres viven con sus hijos en el CRS. El 16% estuvo en embarazo dentro del CRS del total de las mujeres privadas de la libertad. El 5% de este grupo tuvo su hijo dentro del CRS y el 5% lo tuvo sin ninguna atención. Servicios, gastos y ayudas: El 56% califica de mala o muy mala la alimentación del CRS. Un 12% no tiene acceso a celda. El 3% de celdas no tiene luz, el 5% no tiene agua, el 8% no tiene servicios higiénicos, el 25% no tiene cama, el 35% no tiene ducha. Solamente un 10% no tiene gastos de ningún tipo en el CRS. Hacinamiento: Según la encuesta de “Condiciones y Estado Actual de la Infraestructura de los CRS del Ecuador”, realizada en febrero de 2008, el espacio promedio disponible para las PPL, era de 4 m2, frente al promedio mínimo de 20 m2 de acuerdo a las convenciones internacionales; por tanto existía un déficit de 80% de espacio.
De acuerdo con la política adoptada por el actual Gobierno y con base en los resultados del Censo Penitenciario, la Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL, se encuentra ejecutando un proceso de reforma penitenciaria que
incluye la implementación del Plan de Atención Integral a las PPL en el Sistema Penitenciario Nacional, y la construcción de nuevos centros de privación de libertad y la adecuación de los ya existentes. Para ello, se ha desarrollado y ejecutado un Modelo de Atención, cuyos ejes se ilustran en el diagrama 1.
EDUCACIÓN RECREACIÓN Y CULTURA
TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD
BIENESTAR DE LAS PPL
VINCULOS FAMILIARES
SALUD INTEGRAL
Tema Constitucionalismo
Secuandaria Superior
498 27
571 41
Tema Justicia y Derechos Tema Justicia y Sociedad
15 15
Indicadore de Proceso
19
Año 2009
PPL en educación regular,Gráfico segúnNo. nivel de instrucción: 2008 a 2010
Total de Indi Construidos
30
44
35
63
Indicadores Estructurales 813 Gráfico No. 0 50 100 PPL en educación informal y en actividades culturales. Años 2008 a 2010 PPL en educación informal y en actividades culturales: 2008 a 2010
Año 2010 PPL en educación regular, según nivel de instrucción. Años 2008 a
Indicadores c Derecho a N
Prelibertades, deportaciones y otros
500
0
Alfabetización Primaria Secuandaria Superior
Año 2008
Año 2009
Año 2010
354 606 498 27
448 702 571 41
293 820 465 37
Fuente: Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL. Gráfico No. PPL en educación informal y en actividades culturales. Años 2008 a 2010
Indicadores c Derecho al T
150
Causas Gestionadas en Materia penal por la UTGDPP. Año 2007 a 2010
5000
1000
RS (en%)
114
21
16100
15624
Total
Indicadores de Resultado
Otros 53%
465 67 37 47
0 Año 2008 Año 2009 Año 2010
Educación 1369 4826 1850
228
Indultos gestionados por abogados UTGDPP Quito y Provincias Asistencia a Audiencias Orales por abogados UTGDPP Quito y Provincias Actividades Causas patrocinadas por abogados de planta de la1617 UTGDPP de Quito y provincias
1618
Causas asignadas a Centros Legales en 2633 Quito, Guayaquil, Manabí, Esmeraldas y Azuay
4794 7747
Causas 757 gestionadas de Oficio y Asesorías Legales de la UTGDPP. Años 2007 a 2010
Fuente: Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL.
Asesorías (acompañamiento versiones -
91
2009
Desde el año 2008 se ha dado especial importancia a las actividades que permitan a las PPL 5000 su reinserción social cuando salgan de los CRS. 56 0
Educación Educación, recreación y cultura Año 2010
1369 Año 2008 4826entre Año 2009 firmó un Acuerdo 1850 Año 2010
57
3850
Actividades 1617 Mi-2633 757
En el año 2009 se el nisterio de Educación, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social con el fin de fortalecer el Subprograma VOLUNTAD, y para que las personas privadas de libertad
espacio físico en CRS 10
primera declaración en el proceso- y que no contaran con los documentos que acre- Además de los cursos deatención educación al cliente)regular las Gráfico No. ditan su nivel educativo, pudieran rendir un exaPPL han tenido acceso a cursos deporeducación Número de PPL capacitadas, sgúnCausas temas, en de el oficio Proyecto de de inasignadas los jueces garantías penales a defensores UTGDPP Fortalecimiento Vínculos Años 2009 y 2010 (Cine, y a Familiares, variadas actividades culturales men de ubicación y acceder al año de educación de formal radiodifusión, artesanías, música, etc.) formal correspondiente.
Respecto al programa de Educación Regular de Es importante destacar el incremento significati110 vo de PPL que participan en actividades deportiFortalecimiento de lazos familiares las PPL, en el año 2008 participaron 1.485 perso25 Causas Resueltas la UTGDPP. vaspadres y de recreación, las mismas queporpasaron de Años 2007 a 2010 Escuela para nas, en el año 2009, 1.762 y en el año 2010, 1.615. 201 en 2008 25a 1.275 en 2010. Integración En el siguiente gráfico se observa el número de 328 Liderazgo 1153 Libertades por Indultos personas, según niveles de instrucción. 130
Gráfico No. Número de PPL capacitadas, sgún temas, en el Proyecto de Fortalecimiento de Vínculos Familiares, Años 2009 y 2010
Laboral
Jurídico
6
Libertades en Audiencias Orales (Flagrancia, Formulación de cargos, Preparatorias, Juicio) 349
Causas resueltas por abogados de planta de la UTGDPP Quito y Provincias Causas resueltas por abogados Centros Legales Quito, Guayaquil, Manabi, Esmeraldas y Azuay
2898
5108
36
Salud La situación de salud de la PPL es uno de los aspectos más críticos y en los que se expresa de manera fehaciente las condiciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de esta población. El año 2009 marca un hito de cambio significativo en la atención de salud de las PPL, con el Diseño de la Política de Salud Integral para el Sistema de Atención Integral a PPL y la elaboración e inicio de implementación del Plan Interinstitucional de Atención Integral en Salud para PPL. En ese marco, entre 2009 y 2010 se realizaron acciones y se obtuvieron importantes resultados, a saber: • El 15 de enero de 2009 se suscribió un Convenio entre el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social con el propósito de que las PPL accedan a la atención de salud y tratamiento de enfermedades; y otro convenio para operativizar el Convenio Marco para la provisión de
medicinas e insumos de forma gratuita para la atención de las PPL y garantizar que en casos que así lo ameriten, se reciba y atienda de manera inmediata a las PPL, en las Unidades de Salud u hospitales del Ministerio de Salud Pública. • Se realizaron más de 300 campañas de salud cuyo objetivo fue la prevención y combate a las principales enfermedades padecidas por las PPL: - Vacunación al 80% de PPL a nivel nacional en Hepatitis B, Difteria, Tétanos, AH1N1 y Fiebre Amarilla. - Fumigaciones a los CRS. - Campaña de prevención del VIH-SIDA a nivel nacional. - Campaña de Pruebas de Tamizaje para VIH en los CRS de Quito, Guayaquil y Manabí con la realización de 3.396 pruebas de tamizaje, 7.772 consejerías. - Campaña de Estilos de Vida Saludables. - Distribución masiva de preservativos.
• Plan de control y reducción de VIH-SIDA, que incluyó capacitación al personal, a las PPL y a visitas, como también el diseño e implementación de una política con las siguientes acciones: a) Mecanismos de prevención, con una dotación permanente de preservativos; b) Oferta de pruebas rápidas. Se realizaron cerca de 6.000 pruebas en campañas; y, c) Tratamiento gratuito a pacientes en las clínicas del SIDA del MSP. Recibieron tratamiento 21 PPL en el 2008 y 31 en el 2009. • Plan de control y reducción de la tuberculosis. En coordinación con el MSP se ha iniciado el mejoramiento de tres procesos: a) Sistema de detección temprana; b) Sistema de información c) Sistemas de apoyo a PPL Se encuentra en revisión final la Guía de atención en Tuberculosis para PPL. • Acciones de control y reducción de patologías frecuentes y prevalentes en PPL, como las farmacodependencias, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. • Atención especial a las necesidades de salud reproductiva de las mujeres privadas de liber-
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tad para el control prenatal, parto y puerperio y otras acciones de planificación familiar, así como la atención de salud de los niños que conviven con ellas. • Ejecución en CRS de Quito del Plan Piloto de la Escuela de Formación de Promotores de Salud Integral: 40 personas (Guías penitenciarios, PPL y familiares) • Taller con Directores y Jefes Médicos de los CRS del país, para la socialización de los procedimientos en Salud para el Sistema Penitenciario: 61 participantes. • Talleres nacionales de elaboración de estándares para licenciamiento de las unidades de salud de los CRS (40 participantes). • Se creó un plan de respuesta a la Influenza AH1N1, con los más altos estándares de prevención de la enfermedad, lo cual ha permitido tener solo un caso confirmado dentro de los CRS. • Al momento se cuenta con Ambulancias en los CRS de Quito y Guayaquil, El Rodeo y Cuenca,
las cuales permiten atender de mejor manera las emergencias. • Se ha recuperado la clínica de atención Psiquiátrica de El Rodeo donde actualmente se encuentran 30 pacientes en tratamiento. Se realizó la primera jornada de Salud Mental Penitenciaria, dentro de las Jornadas Internacionales de Psiquiatría Critica. • En el año 2008 se realizaron 47.314 atenciones a PPL en los CRS y 54.312 en el 2010 • Dentro del Programa de Asesoría Familiar Sistémica, en el año 2008 participaron 571 PPL y en el año 2009, 678 PPL, en 22 Centros del país.
Trabajo y productividad Entre los años 2007 y 2010 se observa una tendencia levemente creciente del número de PPL ocupadas en actividades productivas: de 3.790 en el 2007 a 4.347 en el 2010. Es importante mencionar el esfuerzo realizado por las autoridades con el fin de capacitar a las
PPL en artes y oficios de su interés, así como en otras materias, lo que les permitirá mejorar sus posibilidades de reinserción laboral y social: 4.913 PPL en el año 2008 y 4.255 en el año 2009. En el año 2010 se ejecutó el proyecto de capacidades productivas y producción en los CRS de Archidona, Riobamba, Azogues, Bahía de Caraquez, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Tulcán, Quito, Sucumbíos y Cuenca, que consistió en la instalación de huertos orgánicos, de lombricultura, crianza de cuyes y avicultura, y benefició a 120 PPL. De igual manera se instaló y está en producción un huerto orgánico en el CRS Nº 1 Varones de Guayaquil.
Vínculos familiares El Proyecto de Fortalecimiento de Vínculos Familiares se desarrolló en Quito, Ambato, Esmeraldas y Guayaquil en los años 2009 y 2010. Se realizaron talleres con 1.800 personas: 832 familiares y 967 PPL. Como resultado se conformaron Comités de Familiares de PPL en los CRS Varones Quito Nº 1 y 2, CRS Varones de Esmeraldas y CRS Varones y Mujeres de Ambato.
Año 2010
1850
757 Causas
38
Gráfico No. Número de PPL capacitadas, sgún temas, en el Proyecto de NúmerodedeVínculos PPL capacitadas, segúnAños temas, Fortalecimiento Familiares, 2009 y 2010
en el Proyecto de Fortalecimiento de Vínculos Familiares: 2009 y 2010
110
Fortalecimiento de lazos familiares Escuela para padres
25
Integración
25 328
Liderazgo Laboral Jurídico
130 349
Fuente: Subsecretaría de Coordinación de Atención Integral a PPL.
LOS CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES (CAI)
20 0
CRS luLos centros de adolescentes infractores son CDP gares donde permanecen adolescentes menores CAI En de 18 años y que incurrieron en faltas graves. el país existen 11 Centros de Adolescentes Infractores: 7 de varones, 2 de mujeres y 2 mixtos.
En conformidad con el marco legal del país y con la política del Plan Nacional Para el Buen Vivir
de “Fortalecer las capacidades de las entidades responsables de la atención a adolescentes en Existentes Nuevos conflicto con la ley; y, promover el ejercicio efec13 4 tivo de derechos de los y las adolescentes priva2 4 dos de libertad” (Política 9.5), el Ministerio de 3 3 Justicia propone algunas políticas encaminadas a superar las falencias detectadas, principalmente en el Diagnóstico hecho por DNI y el MJDHC (2008), en cuanto a garantizar los derechos de las y los adolescentes infractores, y de ofrecerles condiciones adecuadas de detención.
Modelo de Atención Integral Socio-psicopedagógico a Adolescentes Infractores en los CAI Este Modelo de Atención Integral se inició en septiembre de 2010, con el fin de garantizar “que las y los adolescentes en conflicto con la ley penal y que ingresan a los Centros logren su integración o reintegración familiar, social y comunitaria a través de un acompañamiento integral apegado a la garantía y plena vigencia de los Derechos Humanos”. Sus objetivos específicos son: a) Asegurar que el Centro se constituya en una comunidad educativa; b) Incorporar en el proceso educativo a la familia como un actor clave con responsabilidad en la actuación del adolescente; y, c) Entregar herramientas para el registro del proceso educativo que se desarrolla en el CAI. Dentro del Modelo de Atención se están trabajando 5 componentes: a) Autoestima / Identidad; b) Vínculos Afectivos; c) Educación; d) Salud; y, e) Formación Ocupacional. Los resultados iniciales son:
Libertades en Audien Formulación de cargo
Causas resueltas por a UTGDPP Qu
Causas resueltas por abo Quito, Guayaquil, Mana
39
Centros de Adolescentes Infractores CAI, según provincias y ciudades de localización. Año 2010 Región
Provincia Imbabura Pichincha
Sierra
Tungurahua Chimborazo Azuay Loja Esmeraldas
Costa
Guayas
Total
El Oro 9
Ciudad CAI Ibarra Varones CAI Quito Varones CAI Conocoto Mujeres CAI Ambato Varones CAI Riobamba Mixto CAI Cuenca Varones CAI Loja Mixto CAI Esmeraldas Varones CAI Guayaquil Varones CAI Guayaquil Mujeres CAI Machala Varones 11
Fuente: Dirección de Administración de Centros de Adolescentes Infractores.
• Se ha acordado la suscripción de un convenio con el Registro Civil para la cedulación y validación de datos de los y las adolescentes de los CAI.
cia “Leonidas Proaño” (SINEDE), para que las y
• Se ha gestionado la suscripción de un Convenio con el Sistema Nacional de Educación a Distan-
• En el CAI Loja se está trabajando con 3 progra-
los adolescentes accedan a la educación durante su internamiento.
mas educativos: educación regular, programa
de educación popular permanente en el área de talleres y el SINEDE. • En vista que el Ministerio de Educación está implementando el nuevo Bachillerato General Unificado, existe la disposición de abrir extensiones en todos los CAI. • Se están elaborando los procesos educativos que respondan al tiempo impuesto para el cumplimiento de las medidas socio-educativas de cada adolescente. • Para el cuidado y seguimiento del estado de salud de los y las adolescentes, se ha firmado un Convenio con el Ministerio de Salud, que asegura visitas periódicas y permanentes de un médico y un odontólogo a los CAI. • Se ha mejorado la asistencia psicológica en los 11 Centros, con la contratación de Psicólogos clínicos para dar apoyo emocional y psicológico a los y las adolescentes. • Se ha elaborado un protocolo de atención en “Prevención y tratamiento psicológico para drogodependientes”, el cual está siendo validado.
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• 11 Centros cuentan con una planificación en temas de Salud. En su mayoría existe colaboración con los Centros de Salud de cada ciudad y se incluye capacitación a los adolescentes en varios temas relacionados con el cuidado de su salud. • En los 11 CAI se ejecutan talleres de capacitación en: Belleza, Manualidades, Panadería, Carpintería, Sastrería, Mecánica, Metalmecánica, Serigrafía, Electricidad, Computación y Avicultura.
Proyecto de Inversión 2010- 2011
• Se han ejecutado capacitaciones a funcionarios/as para mejorar el manejo de alimentos y la alimentación de de las y los adolescentes ingresados en los CAI.
Este Proyecto de “Implementación del Modelo de Atención Integral para Adolescentes Privados de Libertad en los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores”, busca lograr: una gestión administrativa eficiente, que permita el mejoramiento continuo de sus funcionarios; que las y los adolescentes privados de libertad desarrollen sus capacidades; y, que los Centros cuenten con la infraestructura y equipamiento necesaria para cumplir con las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Los resultados alcanzados por este proyecto, son los siguientes: • Los 11 centros cuentan con el personal básico y con herramientas de comunicación para su funcionamiento. • Cada CAI se encuentra en permanente comunicación con la policía, para garantizar la seguridad. • Los Centros a nivel nacional han sido dotados de: Equipos y materiales para talleres ocupacionales en artes y oficios (capacitación y producción) • Se han realizado capacitaciones a los funcionarios de los Centros y de la Dirección de los CAI en: Modelo de Atención Integral, temas Administrativos y Financieros, Justicia Penal Juvenil, Protocolo de Alimentación, Protocolos Legales, Protocolo Psicológico, entre otros. • Se firmaron 2 convenios para la administración de los CAI de Quito y Riobamba. • Se realizó la evaluación al desempeño de los y las funcionarias que ingresaron por contrato en los Centros de Adolescentes Infractores del país.
Fortalecimiento de lazos familiares Escuela para padres
25
Integración
25
41
328
Liderazgo 130
Laboral
• Se llevó a cabo asesoría legal en Centros de Adolescentes Infractores. • Trabajo coordinado con Juzgados y Fiscalía, así como con la DINAPEN para garantizar que se respete el debido proceso y los derechos de los y las adolescentes que ingresan en los CAI, así como con otros actores (Consejo Nacional y Locales de la Niñez y Adolescencia, Juntas Cantonales de Protección de la Niñez, Municipios)
CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES, Y ADECUACIÓN DE LOS EXISTENTES La Unidad Transitoria de Gestión Emergente para la Construcción de Centros de Rehabilitación Social (UTGECC), en los años 2009 y 2010 trabajó en la reestructuración y/o adecuación de los centros ya existentes y en la construcción de nuevos centros: 17 CRS, 6 CDP y 6 CAI. Durante el año 2010 concluyeron las obras físicas de los pabellones de Máxima y Media seguridad en Santo Domingo de los Tsáchilas y el nuevo CRS en Sucumbíos. El CRS de Sucumbíos,
349
Jurídico
Número de CRS, CDP y CAI, intervernidos y propuestos: 2009 y 2010
20 0 CRS CDP CAI
Existentes
Nuevos
13
4
2
4
3
3
Fuente: Informes de Gestión del MJDHC, años 2009 y 2010.
recientemente inaugurado, tiene una capacidad para 594 internos. Cuenta con un área de 10.164 y con instalaciones para usos múltiples. En el CRS de Santo Domingo de los Tsáchilas se construyeron los pabellones de máxima y mínima seguridad con una capacidad para 292 PPL. Se realizó la adquisición de dos terrenos donde se construirán los Centros de Rehabilitación más
grandes del país, el de la Regional Litoral con capacidad para 2.000 PPL y el de la Regional Sierra Centro Norte con capacidad para 1.000 PPL. Se encuentra en trámite la firma de un Convenio con el Municipio de Quito para que se asignen terrenos para el CDP Quito-Sur que será definitivo y para los de La Mena y Calderón que son provisionales.
42
CDP, CRS Y CAI intervenidos a partir del año 2009 CDP, CRS y CAI intervenidos a partir del año 2009
X !
CARCHI
ESMERALDAS
IMBABURA
X
GALAPAGOS
X
PICHINCHA # #X SANTO DOMINGOX DE LOS TSACHILAS
SUCUMBIOS
NAPO MANABI
ORELLANA
X
COTOPAXI
X X
TUNGURAHUA
LOS RIOS BOLIVAR
PASTAZA
SANTA ELENA
!
CHIMBORAZO
GUAYAS
X
X CAÑAR
GUAYAS
MORONA SANTIAGO
!X
AZUAY
X EL ORO ZAMORA CHINCHIPE
X
± 0
95
190
Leyenda
LOJA
Km. 380
! # X
Centro de Adolecentes Infractores Centro de Detención Provisional Centro de Rehabilitación Social
43
CDP, CRS y CAI intervenidos en el 2009 - 2010 y nuevos propuestos Región
Provincia
Ciudad
Año 2009
Imbabura
CRS Ibarra
Reversión de ordenanza municipal sobre el terreno.
CRS Quito Varones Nº 1
Año 2010
Se reforzó el talud Se evalúan alternativas de terrenos (Machachi y Latacunga)
CRS Pichincha CDP 24 de Mayo Quito Pichincha
Sierra Santo Domingo de los Tsáchilas
CDP Quito
Proyección Nuevos
Reestructuración En proceso definición del modelo conceptual CDP
CDP Quito-Zona Sur
En estudio
CDP Calderón
En estudio
CDP La Mena
En estudio
CDP Santo Domingo de los Tsáchilas
Propuesta de creación
CRS Santo Domingo de los Tsáchilas
Pabellones de mediana y máxima seguridad construidos.
Salas, canchas, comedor e instalaciones construidas Recuperación integral de infraestructura de talleres.
Cotopaxi
CRS Cuenca Varones Azuay
Terreno adquirido. Estudios técnicos en marcha
CRS Regional Sierra Centro Norte (Poaló). Prospección arqueológica en ejecución.
CRS Regional Sierra Centro Sur - Parroquia rural Ñuca Turi (Cuenca)
Proyecto de construcción aprobado por SENPLADES. Estudios en ejecución
CAI Cuenca Varones Loja
CRS Loja
Reestructuración Información física sobre este centro, recopilada.
Terreno propiedad del MJDHC.
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CDP, CRS y CAI intervenidos en el 2009 - 2010 y nuevos propuestos Región
Provincia
Esmeraldas
Ciudad
Año 2009
CRS Esmeraldas Varones
Información física sobre este centro, recopilada.
CAI Esmeraldas
Año 2010
Reestructuración
CAI Wínchele (parroquia Vuelta Larga, Cantón Esmeraldas) Manabí
CRS Portoviejo El Rodeo
Costa
Construcción. Información física sobre este centro, recopilada. Taller de metalmecánica habilitado y pabellón de media seguridad construido
CRS Guayaquil Varones Nº 1 Guayas
CRS Regional Guayas
Estudios técnicos en marcha
CAI Guayaquil El Oro
Reestructuración culminada
CRS Machala
Constitución comodato con Ministerio de Defensa
CRS Sucumbíos
Pabellones y cerramiento concluidos
CRS construido y todos los edificios habilitados
Sucumbíos
Estudios técnicos concluidos. Realizado desbroce del terreno y conformación de plataformas.
CAI Nueva Loja Amazonía
Total
Napo
CRS Archidona
Elaborados términos de referencia para estudios
Morona Santiago
CRS Macas
Elaborados términos de referencia para estudios
13
18
12
Fuente: Informes de Gestión 2009 y 2010 del MJDHC
Proyección Nuevos
8
11
45
Nuevos CDP, CRS Y CAI propuestos, en estudio y en construcción a partir del año 2010 Nuevos CDP, CRS y CAI propuestos, en estudio y en construcción a partir del año 2010
! CARCHI
ESMERALDAS
IMBABURA
! GALAPAGOS
# # # SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS # X
SUCUMBIOS
PICHINCHA
NAPO
MANABI
ORELLANA
COTOPAXI
X TUNGURAHUA
LOS RIOS BOLIVAR
PASTAZA
SANTA ELENA
CHIMBORAZO
GUAYAS
X
CAÑAR
GUAYAS
MORONA SANTIAGO
X! AZUAY
EL ORO ZAMORA CHINCHIPE
± 0
95
190
Leyenda
LOJA
! # X Km. 380
Centro de Adolecentes Infractores Centro de Detención Provisional Centro de Rehabilitación Social
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involucrados en la rehabilitación social”, de la Política 9.5 del Plan Nacional para el Buen Vivir, el Ministerio de Justicia implementa este proyecto e inicia el proceso de selección de las instituciones educativas de nivel superior del país, para llevar a cabo esta propuesta. El proyecto se encuentra estructurado en tres fases:
Inauguración Pabellones de Máxima y Mediana seguridad en Santo Domingo de los Tsáchilas.
PROYECTO DE PROFESIONALIZACIÓN PENITENCIARIA EN ECUADOR Consistente con la estrategia de “Fortalecer la institucionalidad responsable de la atención integral a personas privadas de la libertad a través de la implementación de la carrera penitenciaria y la formación integral de guías y demás actores
Formación Inicial: Dirigido para el personal que desempeñarán sus funciones en los nuevos Centros de Rehabilitación Social construidos por el Estado. En el año 2010, 152 aspirantes culminaron esta fase. Luego del curso, el personal pasó a formar parte del cuerpo de vigilancia y seguridad del Servicio Penitenciario Nacional. Formación Continua: Dirigido a los actuales funcionarios del sistema penitenciario. Al momento 716 guías penitenciarios han sido capacitados en esta fase. Carrera Penitenciaria: Esta carrera técnica, de tres años de duración, se dirige al personal de seguridad y vigilancia que labora en el Sistema
Capacitación a Guías Penitenciarios
Penitenciario Ecuatoriano. Esta carrera será impartida por la ESPE a partir del año 2011.
SISTEMA INTEGRADO E-SIGPEN Se estableció la coordinación con la Unidad de Tecnología del MJDH y el área de Gestión Tecnológica de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social para la implementación del sistema e-SIGPEN y monitoreo de su funcionamiento en los centros de 15 CRS.
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Subsecretaría de Fortalecimiento del Sector Justicia Direcciones
Dirección de Respuesta Judicial Dirección de Coordinación de Proyectos del Sector Justicia Dirección de Gestión Interinstitucional
Misión
1. Generar los espacios de coordinación necesarios, con todas las entidades del Sector Justicia; 2. Proponer al Ministerio la ejecución de acciones de interés transversal en las instituciones del Sector Justicia; 3. Monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las instituciones del Sector, para el mejoramiento de los servicios que prestan; 4. Coordinar con el Consejo Nacional de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), la elaboración, la implantación y la difusión de las campañas de prevención y erradicación del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; 5. Supervisar todos los procesos de extradición activa y pasiva; 6. Monitorear, evaluar y controlar la ejecución de programas y proyectos encargados al área.
Visión
a) Acceso a la Justicia b) Cultura de Paz c) Gerencia de servicios d) Promoción de una sociedad libre del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas e) Gestión de Repatriaciones f) Supervisión de extradiciones g) Participación ciudadana en el Sistema de Justicia a nivel nacional h) Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del sistema judicial
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Subsecretaría de Fortalecimiento del Sector Justicia
Objetivos Estratégicos
- - - - - - - - - - - - - -
Justicia de Paz Jueces Itinerantes Juzgados de Servicios Compartidos Juzgado Multijuez Modelo de Juzgado Piloto Investigación de los procesos legales relacionados con el Estado y sus unidades adscritas en la Ciudad de Guayaquil Arbitraje de Consumo Observatorio ciudadano del Sistema de Justicia Programa Piloto de prevención de drogas PRADICAN Proyecto de capacitación y formación a profesionales en políticas de drogas Repatriaciones Proyecto de Inversión: Retorno de PPL a sus países de origen Otros Proyectos
PRINCIPALES RESULTADOS De las políticas: Acceso a la Justicia y Cultura de Paz
de Paz, Jueces itinerantes, Juzgado Multijuez y Arbitraje de consumo, cuyos principales resultados hasta diciembre de 2010, son:
Dentro de esta política se propusieron y se están ejecutando varios proyectos: Justicia
• 240 jóvenes de agrupaciones juveniles de Guayaquil y Esmeraldas participaron en el
Campamento por la Paz, logrando acuerdos mínimos de convivencia pacífica. • 350 jóvenes de agrupaciones juveniles de la ciudad de Esmeraldas participaron del Segundo Congreso por la Paz, la No Violencia y la Educación entre pares.
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• 2.500 jóvenes de grupos juveniles urbano alternativos de la provincia de Esmeraldas capacitados en mediación y cultura de paz, a través del fútbol callejero. • Alrededor de 17.000 personas de la provincia de Esmeraldas capacitadas en métodos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz. • Taller sobre Arbitraje de Consumo para funcionarios del MJDHC realizado. • Manual de Arbitraje de Consumo elaborado.
De la política: Gerencia de Servicios Forman parte de esta política el proyecto de Juzgados de Servicios Compartidos; la definición del Modelo de Juzgado Piloto para mejorar la calidad de servicios y acceso a la justicia; y la realización de la Investigación, identificación, evaluación, control, análisis, informe y estadísticas de los procesos legales relacionados con el Estado y sus unidades adscritas en Guayaquil. Los avances de estas iniciativas, son: • Diagnostico en ejecución de la herramienta informática actual que se utiliza en la gestión
de causas, con recomendaciones para adaptarla o sustituirla en los Juzgados de Servicios Compartidos. • Diseño en marcha de un módulo de formación y capacitación para la implementación de un nuevo Modelo de Gestión de Juzgados Penales con Servicios Compartidos.
De la política: Promoción de una sociedad libre del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas
• Apoyo a los países miembros de la Comunidad Andina en su lucha contra las drogas ilícitas, en el marco de la implementación del Plan Andino de cooperación para la lucha contra las drogas ilícitas y delitos conexos • Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, participa activamente, a nivel interinstitucional e internacional, en la elaboración de políticas, directrices, toma de decisiones, vinculadas a la temática de las drogas.
Para llevar adelante esta política se están ejecutando varias iniciativas: a) Programa piloto de prevención de drogas en los CRS femeninos de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, y CAI Virgilio Guerrero de Quito; b) Programa anti-drogas ilícitas en la Comunidad Andina - “PRADICAN”; c) Proyecto de capacitación y formación a profesionales en políticas de drogas; y, d) Prevención integral de drogas en comunidades Urbanas. Entre los resultados obtenidos, se mencionan:
• Malla Curricular de una especialización superior en el tema drogas en ejecución.
• 200 PPL capacitadas en prevención del uso y consumo de drogas en la comunidad penitenciaria, quienes han replicado la capacitación a 800 PPL adicionales.
En casos de repatriación, los procedimientos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, son: supervisión de los procesos de extradición; y, ejecución de los trámites de
• Estudiantes de colegios de la provincia de Pichincha capacitados sobre el uso de drogas, la prevención de su consumo, y en derechos humanos.
De las políticas: Gestión de repatriaciones y supervisión de extradiciones
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• Reglamento interno sobre repatriaciones elaborado de acuerdo con la legislación nacional e internacional. repatriación en aquellos casos en que Ecuador sea signatario de convenios de traslado de personas privadas de libertad (PPL). Para cumplir con estas competencias, esta Subsecretaría ha trabajado en repatriaciones y extradiciones y ejecuta el Proyecto de inversión retorno de PPL extranjeras hacia el país de su nacionalidad. Los resultados obtenidos hasta 2010, son: • Una repatriación pasiva realizada y dos casos de atención prioritaria identificados. • Cinco repatriaciones activas concretadas. • Convenio suscrito con Colombia para la repatriación de PPL, cuyos primeros resultados son: 10 ciudadanos colombianos repatriados, y 1 ciudadana ecuatoriana retornada (Marzo 2011). • Capacitaciones sobre repatriación realizadas a PPL, guías, personal penitenciario y funcionarios de consulados y embajadas.
De la política: Participación Ciudadana en el Sistema de Justicia Para ejecutar esta política se formuló el Proyecto Observatorios Ciudadanos del Sistema de Justicia en el Ecuador. Los dos principales resultados de esta política, son: • Observatorios ciudadanos creados y en funcionamiento en las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca y Esmeraldas, con miembros de diferentes sectores sociales, permitiendo un acercamiento entre la población y la función judicial. • Elaborado proyecto de reglamento del Consejo Nacional Ciudadano Sectorial del Sistema de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. De la política: Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento del Sistema Judicial De acuerdo con el propósito de coordinación
y el mandato de la Subsecretaría de fortalecimiento del Sector Judicial, se han impulsado acciones, participado en instancias interinstitucionales y se han obtenido los siguientes resultados: • Tabla de pensiones alimenticias elaborada conjuntamente con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el Consejo de la Judicatura y otros actores sociales. • Creada Comisión del MJDHC para monitorear la elaboración del Programa de modernización y mejoramiento de los Juzgados de Niñez y Adolescencia por parte del Consejo de la Judicatura y realizar reportes a la Asamblea Nacional. • Elaborado borrador del Instructivo de devolución de bienes en delitos contra la Propiedad e iniciada validación con miembros de la Comisión del Sistema Penal. • Realizadas acciones para la articulación e implementación de políticas interinstitucionales sobre acceso a la justicia, a saber: a) Socialización de la Propuesta del Código Orgánico de
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Garantías Penales; b) Conversatorio con Consultores Internacionales sobre los avances en la implementación del Código Orgánico de la Función Judicial; c) Taller con representantes del sector justicia de Guayas para coordinar trabajo en temas de seguridad nacional; d) Reunión de Presidentes de los Poderes Judiciales de los países integrantes de UNASUR; y, e) Reunión de coordinación interinstitucional con la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión y el Ministerio Coordinador de la Política.
De acciones de capacitación Además de las capacitaciones mencionadas, destacan las siguientes: • Seminario Internacional de Derecho Administrativo realizado en Guayaquil, con la participación de jueces de lo contencioso- administrativa. • Taller de Capacitación sobre Trata de Personas efectuado con la participación de operadores de justicia del país.
De otras acciones relevantes Caso Bosco Wisuma Se investigó el caso determinando que los perdigones encontrados en más de 40 policías heridos, durante las protestas indígenas del 30 de septiembre del 2009, tienen la misma composición química que el perdigón que mató al profesor Wisuma, por tanto, se descartó que los proyectiles pudieran provenir de la Policía Nacional. Sucesos 30 de septiembre El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos impulsó la investigación y realizó denuncias en contra de personas de la Policía Nacional que participaron en los hechos del 30S, para “evitar que el intento de golpe de Estado y de asesinato en contra del presidente de la República quede en la impunidad”.
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Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos Direcciones
Dirección de Relación con la Ciudadanía Dirección de Políticas en Derechos Humanos Dirección de Políticas de Regulación para el libre ejercicio de Cultos
Atribuciones
1. Promocionar una estructura ciudadana de exigibilidad de derechos humanos. 2. Capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos. 3. Fortalecer mecanismos que permitan a la ciudadanía acceder a información legal y procesal. 4. Definir políticas de estado que regirán la promoción de los derechos humanos. 5. Institucionalización de la Defensa Pública. 6. Vigilancia activa de Derechos Humanos. 7. Cumplimiento de disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Proyectos y Acciones Relevantes
- - - - - - - -
Diagnóstico sobre el conocimiento de la ciudadanía sobre DDHH y su exigibilidad. Campañas de difusión de DDHH Planes y Programas de Capacitación y Formación en DDHH Oficina de Atención a la Ciudadanía Sistema Integral de Indicadores de Justicia y de Derechos Humanos en Ecuador Planes para combatir la Trata de Personas Plan de Erradicación de la Violencia de Género Cumplimiento de disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
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ACCIONES Y RESULTADOS Promoción de una estructura ciudadana de exigibilidad de derechos humanos En este ámbito, se realizaron diversas actividades, con los siguientes resultados: • Diagnóstico en 29 ciudades sobre el conocimiento de la ciudadanía sobre sus derechos y mecanismos de exigibilidad, el cual mostró que solo el 25% de las personas podía enunciar un derecho humano. • Campaña televisiva de difusión de mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos realizada. • Campaña artística sobre derechos humanos presentada en las ferias ciudadanas de los gabinetes itinerantes. - Obra “Diálogo para ciudadanos despistados” de Arístides Vargas sobre los derechos humanos, puesta en escena en 7 provincias para un total de 2.000 espectadores, en colegios, universidades y otros escenarios - Obra “Corre” de Charo Francés, con un mensaje de convivencia y comprensión del
drama humano del refugio, fue presentada en varias ciudades y escenarios, para un total de 270 espectadores. • Semana de los Derechos Humanos realizada con actividades culturales y de difusión, como la proyección del audiovisual “Derecho a la Memoria” en Quito, Guayaquil y Cuenca; y, el ofrecimiento de disculpas públicas a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y a sus familias.
Capacitación a funcionarios públicos Acogiéndose al mandato constitucional y a las recomendaciones de varios organismos internacionales de derechos humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos, en coordinación con otras dependencias estatales, gubernamentales y de la sociedad civil, ejecutó varias capacitaciones sobre: igualdad y no discriminación, seguridad ciudadana, género y diversidades sexuales, combate a la trata de personas, movilidad humana; todas articuladas con los Derechos Humanos. Las capacitaciones realizadas hasta 2010 se sintetizan en el siguiente cuadro.
Este esfuerzo se acompañó de otras actividades, cuyos resultados fueron: • Material pedagógico producido: a) Guía de movilidad humana y DDHH; b) Cartilla sobre Derechos de las personas sexualmente diversas; c) Cartilla sobre el lenguaje de género; y, d) Manual de Derechos Humanos, dirigido a la Policía Nacional. • Módulos de capacitación en Derechos Humanos diseñados en temas específicos, para: jueces; funcionarios de los CAI, personal del Ministerio de Salud, CONSEP y CNT, operadores de justicia y funcionarios de la salud, guías penitenciarios. • Diplomado “Justicia, Género y Derechos Humanos”, llevado a cabo por la FLACSO. • Campaña radial nacional sobre derechos humanos, efectuada. • Herramientas diseñadas para la conformación de grupos de promotores en DDHH, en los Centros de Rehabilitación Social.
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Capacitaciones sobre Derechos Humanos. Años 2008, 2009 y 2010 • Convenio firmado con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones para capacitar a 6.000 funcionarios públicos en DDHH. • Material sobre derechos humanos en kichwa y shuar, en elaboración.
Destinatarios
Número de participantes
Características de las capacitaciones
2.417
Efectuadas en: Azuay, Carchi, Pichincha, Santo Domingo, Cañar, Sucumbíos, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro, Tungurahua, Chimborazo y Orellana.
80
Formación de capacitadores / replicadores a 3.000 miembros de la policía en la frontera norte
110
Formación de capacitadores para replicar a 42.000 miembros de la policía nacional
MJDHC y Ministerio del Interior
80
Formación de capacitadores en Derechos Humanos, con énfasis en movilidad humana
Fiscales
26
Fiscalía del Carchi
Juezas y jueces
80
Capacitación / validación de módulos para la Escuela Judicial
Fuerzas Armadas
S/I
Primer curso de DDHH para las Fuerzas Armadas
Autoridades cantonales de Chimborazo
60
Solicitada por el Centro Ecuatoriano de Derechos Humanos y Ambientales
Miembros de KNH
10
Solicitada por la ONG Kindernothilfe – KNH
Funcionarios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
90
Realizada en Quito, Cuenca y Manta
Policía Nacional
Fortalecimiento de mecanismos que permitan a la ciudadanía a acceder a información legal y procesal La estrategia adoptada dentro de esta línea de trabajo fue la creación, en mayo de 2009, de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC), con el fin de dar asesoramiento jurídico en temas legales y procesales y orientación psicosocial gratuita a los ciudadanos ecuatorianos. La atención brindada busca generar efectos reparadores, a través de un enfoque integral e interdisciplinario que respete y valore la dignidad del ser humano. Las OAC funcionan en Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca y Cañar. Cada una cuenta con
Fuente: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
55
profesionales del Derecho, asistentes legales, trabajadoras sociales y psicólogas. Desde abril de 2008 hasta diciembre de 2010, han atendido más de cinco mil (5.000) peticiones ciudadanas en el país.
• Instalación de un sistema informático que sirva para sistematizar las peticiones ciudadanas.
La Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) tiene los siguientes proyectos:
Sistema Integral de Indicadores de Justicia y de Derechos Humanos
• Implementación de la línea telefónica 1800 JUSTICIA (587-842) a nivel nacional, para que las personas que requieran acceder a los servicios de la OAC tengan un mecanismo fácil y directo de acceso.
• Establecimiento de mecanismos de protección y restitución de derechos humanos con otras instancias del Estado.
El objetivo de este proyecto es contar con un sistema de indicadores que permita monitorear el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Hasta la fecha se ha ejecutado la fase piloto del Proyecto SIDERECHOS, adaptando a la realidad nacional la metodología propuesta por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH). Esta adaptación se hizo mediante la realización de reuniones y talleres con funcionarios públicos, representantes de ONG, personal del MJDHC y de la OACNUDH.
• Implementación de un espacio adecuado para la recepción de peticiones ciudadanas que asegure la confidencialidad; así como un espacio para la atención de niños/as que acompañan a las personas adultas.
En esta fase se construyeron indicadores sobre un derecho socioeconómico, el Derecho al trabajo, y un derecho civil y político, el Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para ello se
• Campaña de difusión de mecanismos jurídicos para el ejercicio de derechos.
Definición de políticas de Estado para la promoción de los derechos humanos
recopiló información estadística de diversas instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, y se procesaron censos y encuestas nacionales, como también el Censo penitenciario. El trabajo descrito se tradujo en la construcción del sistema para los dos grupos de derechos, con un total de 114 indicadores (estructurales, de proceso y resultado), más de 600 cuadros (tablas de datos desagregados según distintas categorías - sexo, año, provincia, región, área de residencia, etnicidad, nivel de instrucción, entre otras), 113 gráficos y 15 mapas. Los 114 indicadores construidos cuentan con fichas de metadatos El detalle de resultados se observa en el siguiente cuadro. Plan para combatir la trata de personas El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos preside el Plan Nacional para combatir la trata, tráfico y explotación de personas de 2006, el cual tiene tres ejes principales: a) Prevención; b) Investigación, sanción y protección; y c) Reparación y restitución de los derechos de las víctimas. Por la complejidad de los temas que en Plan se incluyen, las instituciones participantes se han
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concentrado casi exclusivamente en la trata de personas. La participación de la sociedad civil y el aporte de la cooperación internacional, han sido fundamentales para la creación e impulso del Plan, así como de las acciones concretas que se han realizado en la intervención de casos. Destacan: • Constitución y funcionamiento de la Mesa de trata de personas.
Indicadores Construidos Fase 1 del por Indicadores Construidos en la Faseen 1 dellaSIDERECHOS porSIDERECHOS tipo de Indicador, según Derechos tipo de Indicador, según Derechos
Total
47
Total de Indicadores Construidos
30
Indicadores de Resultado
15 15
Indicadore de Proceso
19
Indicadores Estructurales
21 8 13 0
114
67
44
50
63
Indicadores construidos Derecho a No Tortura 100
150
Indicadores construidos Derecho al Trabajo
• Conformación y puesta en marcha de la Red Anti trata “Ayuda-T”. • Mesa Anti trata conformada por impulso de la Comisión de Equidad y Género del Municipio de Quito, la cual ha apoyado al desmantelamiento de algunas redes de tratantes en el país. Con el apoyo estatal se han realizado capacitaciones a funcionarios públicos, y se han desarrollado protocolos y hojas de ruta para la intervención en casos.
Fuente: Informe Final Fase 1 SÍDERECHOS, UASB, 2010
Causas Gestionadas en Materia penal por la UTGDPP. Años Plan de erradicación de la violencia de género cencia y mujeres, concebido desde un enfoque 2007 a 2010 intersectorial y multidisciplinario. Dicho Plan En el año 2007, y por primera vez en la histocontiene cinco ejes de trabajo: 1) Transformaria ecuatoriana, el Gobierno Nacional mediante patrones socioculturales; 2) ConstrucPrelibertades, y otros ción de 228 Decreto Ejecutivo No. 620 del deportaciones 10 de septiembre ción de un sistema de registro; 3) Construcción de ese año, dispone la elaboración e implemenIndultos gestionados por abogados 1618 Quito y Provincias de un sistema de protección integral; 4) Acceso tación del Plan NacionalUTGDPP para la erradicación de Asistencia a Audiencias Orales por a la justicia; y, 5) Institucionalidad.15675 la violencia de género contra la niñez, adolesabogados UTGDPP Quito y Provincias Causas patrocinadas por abogados de planta de la UTGDPP de Quito y provincias Causas asignadas a Centros Legales en
4794 7747
57
En su ejecución participan cinco ministerios, entre ellos Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; la Fiscalía y otras instancias gubernamentales. El MJDHC ha apoyado con la ejecución de acciones en sus áreas de intervención, como es la realización del Diplomado de Género, Justicia y DDHH, la elaboración de módulos y la capacitación de jueces y juezas. Institucionalización de la Defensa Pública Penal (DP) La Subsecretaría de Derechos Humanos promovió la discusión y aprobación de la normativa que regula la creación del servicio de Defensa Pública, para lo cual impulsó varias acciones y obtuvo resultados importantes: • Incluyó en una propuesta de texto constitucional a la institución de la Defensa Pública como órgano de la Función Judicial. Dicha propuesta fue acogida y la Constitución la reconoce como uno de los órganos jurisdiccionales autónomos (Art. 178) y establece sus características y facultades. • Apoyó el diseño del Código Orgánico de la Función Judicial, el mismo que fue aprobado
en 2009 y contiene una sección referida a la Defensa Pública. • Desde el 2008 y hasta octubre de 2010 realizó el seguimiento del servicio prestado por la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal (UTGDPP). Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal Mediante Decreto Ejecutivo 563, de 17 de agosto de 2007, se crea esta Unidad, con el objetivo de garantizar una defensa penal de calidad y gratuita a aquellas personas privadas de libertad (PPL) que, por su exclusión económica y social, no pueden pagar un abogado privado que los defienda. En el año 2009 se inició con el proceso de institucionalización de la Defensoría Pública y se consiguieron los siguientes resultados: • Extensión de la cobertura de los servicios en el área penal a nivel nacional. • Alrededor de 13.700 causas gestionadas.
• 7.682 causas fueron resueltas. • Contratados 70 nuevos defensores públicos de planta. • 12 centros legales contratados. • Dos oficinas de la Defensoría Pública instaladas en las principales ciudades. • 100% de los defensores públicos capacitados en técnicas de litigación oral. • Plan de trabajo para el área de pensión de alimentos elaborado. • Proyección por zona geográfica de abogados defensores para el 2010, en materia de alimentos. • Consultorios jurídicos gratuitos creados. • 4.429 casos atendidos en la Defensoría Pública en el año 2010. Desde su creación y hasta septiembre de 2010, la UTGDPP gestionó 30.062 causas en materia penal, y 9.562 causas de oficio y asesorías legales. El total de causas resueltas alcanzó la suma de 15.375.
19
cia y Sociedad
2008 a
2008 a
Año 2010
Año293 2010 820 293 465 820 37 465 37
urales.
urales.
58
63
Indicadore de Proceso Indicadores Estructurales
21 8 19 13
Indicadores Estructurales0
21 50 8 13
100
150
0
50
100
150
44
Derecho a No Tortura Indicadores construidos Indicadores construidos Derecho a No Tortura Derecho al Trabajo Indicadores construidos Derecho al Trabajo
Causas Gestionadas en Materia penal por la UTGDPP. Años Causas Gestionadas en Materia penal por la UTGDPP: 2007 a 2010 2007 a 2010 Causas Gestionadas en Materia penal por la UTGDPP. Años 2007 a 2010 Prelibertades, deportaciones y otros
228
Prelibertades, deportaciones y otros 228 Indultos gestionados por abogados 1618 UTGDPP Quito y Provincias Indultos gestionados porOrales abogados Asistencia a Audiencias por 1618 15675 UTGDPP Quito Quito yy Provincias Provincias abogados UTGDPP Asistencia apor Audiencias por Causas patrocinadas abogadosOrales de planta 15675 4794 abogados UTGDPP de la UTGDPP deQuito QuitoyyProvincias provincias Causas patrocinadas pora abogados de planta Causas asignadas Centros Legales en 4794 de la UTGDPP Quito y provincias 7747 Quito, Guayaquil, Manabí,deEsmeraldas y Azuay Causas asignadas a Centros Legales en 7747de la Causas gestionadas deyOficio Quito, Guayaquil, Manabí, Esmeraldas Azuay y Asesorías Legales
UTGDPP. Años 2007 a 2010 Causas gestionadas de Oficio y Asesorías Legales de la UTGDPP. Años 2007 a 2010
Causas gestionadas de Oficio y Asesoría Legales la UTGDPP: 2007 a 2010 Asesorías (acompañamiento versiones primera declaración en el proceso- y Asesorías (acompañamiento atención al cliente)versiones primera declaración en el proceso- y atención al cliente) Causas asignadas de oficio por los jueces de
garantías penales a defensores UTGDPP Causas asignadas de oficio por los jueces de garantías penales a defensores UTGDPP
5712 5712 3850 3850
Fuente: UTGDPP – MJDH-C. Reporte al SIGOB de 15/09/2010
Causas Resueltas por la UTGDPP. Años 2007 a 2010 Causas Resueltas por la UTGDPP. Años 2007 a 2010
garantías penales a defensores UTGDPP
59
Causas porlalaUTGDPP: UTGDPP. 2007 a 2010 CausasResueltas Resueltas por 2007Años a 2010
Libertades por Indultos
1153 6216
Libertades en Audiencias Orales (Flagrancia, Formulación de cargos, Preparatorias, Juicio) Causas resueltas por abogados de planta de la UTGDPP Quito y Provincias Causas resueltas por abogados Centros Legales Quito, Guayaquil, Manabi, Esmeraldas y Azuay
2898 5108
Fuente: UTGDPP – MJDH-C. Reporte al SIGOB de 15/09/2010
Cumplimiento de disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos En virtud del Decreto Ejecutivo 1317 expedido el 09 de septiembre del 2008 se confirió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la responsabilidad de “coordinar la ejecución de sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal
de Derechos Humanos, y demás obligaciones surgidas por compromisos internacionales en esta materia”. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos organismos supervisores del cumplimiento de los tratados que componen su marco normativo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ejercicio de sus competencias, éstas han conocido varios casos
en contra del Estado ecuatoriano y han dispuesto algunas medidas de reparación. En este marco, la Subsecretaria de Derechos Humanos ha sido la encargada de ejecutar dichas medidas de reparación. El MJDHC ha llevado a cabo una importante labor en la ejecución de las medidas para reparar las violaciones que, por acción u omisión del Estado, se causó a las personas en su jurisdicción. Para ello, cuenta con la participación de las víctimas de manera que se pueda establecer sus necesidades reales y las formas de reparación y protección adecuadas, conforme a su situación. Las dificultades han sido muchas pero los avances han sido mayores, y todavía faltan muchas medidas por ejecutar y a muchas víctimas que reparar.
Otras acciones relevantes Entrega del Informe de la Verdad: El 29 de octubre de 2010, el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, entregó en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
60
Medidas de Reparación implementadas por el Estado Ecuatoriano y beneficiarios: 2008, 2009 y 2010 Medidas de Reparación Restitución: Restablecimiento de la libertad, disfrute de los derechos humanos, identidad, ciudadanía, retorno a su lugar de residencia, devolución de sus bienes y empleo.
Indemnización: Compensación monetaria por daños y perjuicios que se concede de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, de acuerdo a las circunstancias de cada caso y que considere todos los daños materiales, físicos y morales.
Beneficiarios
Detención ilegal, incomunicación y negación del debido proceso.
• Daira Levoyer
Detención ilegal, incomunicación y torturas psicológicas. Muerte extrajudicial.
• Wilmer Zambrano • José Miguel Caicedo • Segundo Olmedo • Daniel Tibi • Floresmilo Bolaños
Rehabilitación: Atención médica y psicológica, así como servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad
Satisfacción: Verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores; la conmemoración y tributo a las víctimas"; es
Responsabilidad estatal asumida.
• Juan Chaparro • Freddy Lapo
• Juan Carlos Chaparro • Freddy Lapo • Nelson Iván Serrano Sáenz • Karina Montenegro y cuatro mujeres más detenidas en CRS
• • • • •
Consuelo Benavides Wilmer Zambrano José Miguel Caicedo Segundo Caicedo Daniel Tibi
Detención ilegal, víctima de torturas y luego declarado inocente. Detención ilegal, privación de la libertad por 7 años sin sentencia, luego fue declarado inocente Detención ilegal, incomunicación y negación del debido proceso. Detención ilegal y deportación arbitraria a EEUU, donde fue condenado a muerte. Violación de derechos a la libertad, protección judicial, integridad, a una vida sin violencia y a los derechos de los niños. No se reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario a pesar de estar embarazadas o ser adultas mayores. Graves violaciones a los derechos humanos.
Medidas de Reparación otorgadas Eliminación de sus nombres de los registros públicos en los que aparecían con antecedentes penales; y en los registros de la Asociación de Bancos Privados, Superintendencia de Bancos; otros bancos y, de las Embajadas de Chile y EEUU. Eliminación de nombres de los registros públicos En 2010, el MJDHC pagó a cada uno los hijos de las víctimas $138,32 y a cada una de las compañeras $1.060,42. En 2010 se pagó $ 50.735,42 dólares Se acordó el pago de un monto, el cual se entregó en 2009. En enero de 2010 pagó $ 8.914,04. Contratación de una abogada especialista en apelaciones en materia de pena de muerte a fin de que asuma su defensa. Atención médica a Martha Cadena, debido a su estado de salud y edad avanzada. Creación de guarderías en los CRS del país: 2 en los CRS de Quito y Guayaquil, para el cuidado de las hijos/as de las PPL.
El 10 de diciembre de 2008, el Estado Ecuatoriano ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sea por acción u omisión, del Estado. Se realizó y
Rehabilitación: Atención médica y psicológica, así como servicios legales y sociales que ayuden a las víctimas a readaptarse a la sociedad
• Freddy Lapo • Nelson Iván Serrano Sáenz • Karina Montenegro y cuatro mujeres más detenidas en CRS
negación del debido proceso. Detención ilegal y deportación arbitraria a EEUU, donde fue condenado a muerte.
Contratación de una abogada especialista en apelaciones en materia de pena de muerte a 61 fin de que asuma su defensa. Atención médica a Martha Cadena, debido a su estado de salud y edad avanzada. Creación de guarderías en los CRS del país: 2 en los CRS de Quito y Guayaquil, para el cuidado de las hijos/as de las PPL.
Violación de derechos a la libertad, protección judicial, integridad, a una vida sin violencia y a los derechos de los niños. No se reemplazó la prisión preventiva por arresto domiciliario a Medidas de Reparación implementadas por el Estado Ecuatoriano y beneficiarios: 2008, 2009 y 2010 pesar de estar embarazadas o ser adultas mayores. Satisfacción: Verificación de los hechos, • Consuelo Benavides Graves violaciones a los derechos El 10 de diciembre de 2008, el Estado conocimiento • Wilmer Zambrano humanos. Ecuatoriano ofreció disculpas públicas a los público de la verdad y actos de desagravio; las • José Miguel Caicedo familiares de las víctimas de graves sanciones contra perpetradores; la • Segundo Caicedo violaciones a los derechos humanos, sea por conmemoración y tributo a las víctimas"; es • Daniel Tibi acción u omisión, del Estado. Se realizó y decir, medidas que involucren un admisión • Juan Carlos Chaparro difundió el documental "Derecho a la pública del mal causado • Freddy Lapo Memoria". • Rigoberto Acosta • Rafael Iván Suárez • Marco Zambrano Denegación de acceso a la justicia a los Placa conmemorativa con los nombres de • Javier Rada familiares de los niños muertos los niños, colocada en el Colegio Vicente Rocafuerte en 2008. • Nelson Serrano Detención ilegal y deportación arbitraria Reconocimiento público de violaciones a EEUU, donde fue condenado a muerte. cometidas, en rueda de prensa del 29 de enero de 2009 • Karina Montenegro y Violación a los derechos NNA y de las Publicación, en el Registro Oficial 635 de otras mujeres julio de 2009, del Acuerdo de Solución Amistosa de este caso, • Laura Susana Albán Víctima de mala práctica médica. El 3 de marzo de 2010 se publicó la Denegación de acceso a la justicia a sus sentencia en el Diario El Comercio, como familiares fuera acordado con las víctimas • Daniel Tibi Detención ilegal y tortura. Publicación en un diario de Francia, el reconocimiento de la responsabilidad del Ecuador por las violaciones cometidas, y disculpas públicas. • Floresmilo Bolaños Detención ilegal, privación de la libertad Publicación en la prensa las disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad del Ecuador por las violaciones cometidas. • Consuelo Benavides Desaparición, tortura y asesinato Se colocó su nombre en una plazoleta de Tulcán y en una calle de la parroquia Rocafuerte, y en una Unidad Educativa del Milenio en San Lorenzo. Publicación de su biografía en la página web del MJDHC. Garantía de no repetición: Cambios • Daniel Tibi Violaciones a los derechos humanos La Corte IDH dispuso esta medida. El legislativos, reformas • Juan Chaparro arriba mencionadas MJCHC ha cumplido con ella, mediante la judiciales/institucionales, promoción y respeto • Fredy Lapo capacitación de policías, jueces, guías de los DDHH, capacitación a funcionarios y • Laura Susana Albán penitenciarios y operadores de la salud en operadores de justicia • Nelson Serrano todo el país.
otras
mujeres
julio de 2009, del Acuerdo de Solución Amistosa de este caso, • Laura Susana Albán Víctima de mala práctica médica. El 3 de marzo de 2010 se publicó la Denegación de acceso a la justicia a sus sentencia en el Diario El Comercio, como 62 familiares fuera acordado con las víctimas • Daniel Tibi Detención ilegal y tortura. Publicación en un diario de Francia, el reconocimiento de la responsabilidad del Ecuador por las violaciones cometidas, y disculpas públicas. • Floresmilo Bolaños Detención ilegal, privación de la libertad Publicación en la prensa las disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad del Ecuador por las violaciones cometidas. • Consuelo Benavides Desaparición, tortura y asesinato Se colocó su nombre en una plazoleta de Tulcán y en una calle de la parroquia Rocafuerte, y en una Unidad Educativa del Medidas de Reparación implementadas por el Estado Ecuatoriano y beneficiarios: 2008,Milenio 2009 y en 2010 San Lorenzo. Publicación de su biografía en la página web del MJDHC. Garantía de no repetición: Cambios • Daniel Tibi Violaciones a los derechos humanos La Corte IDH dispuso esta medida. El legislativos, reformas • Juan Chaparro arriba mencionadas MJCHC ha cumplido con ella, mediante la judiciales/institucionales, promoción y respeto • Fredy Lapo capacitación de policías, jueces, guías de los DDHH, capacitación a funcionarios y • Laura Susana Albán penitenciarios y operadores de la salud en operadores de justicia • Nelson Serrano todo el país. Medidas Cautelares: Protección preventiva • Caso Shushufindi. Comité Amenazados por llevar adelante Se firmó "Carta de compromiso de cuando se verifica la existencia de un daño de Derechos Humanos de investigación sobre violaciones a ejecución de obligaciones internacionales”; inminente y una situación de daño irreparable. Shushufindi derechos humanos. entregó un carné de beneficiario de Medidas Cautelares; se les capacitó sobre su uso y alcance; se realizó rondas policiales en la zona. Se apoyó restauración de sede del Comité de DDHH. • Comunidades indígenas de Pueblo Indígena Sarayacu, afectado en Se entregó carné de beneficiario a las Sarayacu su territorio por las actividades de la personas más vulnerables, de acuerdo con la petrolera argentina CGC. comunidad. Mantenimiento a la pista aérea. Se extrajo y destruyó 14 kilos pentolita. En estudio métodos para extracción sin causar daños ambientales. • Esther Landetta Activista de Derechos Humanos Se firmó una "Carta de compromiso de ejecución de medidas cautelares" y se le entregó el carné de beneficiaria. Se le asignó personal policial para su protección y la de su familia.
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nos (CIDH) el Informe de la Comisión de la Verdad. Judicialización de casos: Como una forma de reparación de las graves violaciones contra los derechos humanos investigadas por la Comisión de la Verdad, este Ministerio solicitó a las Fiscalía la judicialización de 40 casos. Programa de Protección de Víctimas y Testigos: Se ha fortalecido este programa de la Fiscalía General del Estado. Medidas cautelares: El 10 de mayo del 2006 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri (Proceso MC-9106), de forma casi inmediata a la petición realizada por la organización Ciudadanos por la Democracia. Con este antecedente se dio inicio al Plan de implementación de Medidas Cautelares a favor de estos pueblos no contactados, las mismas que contemplan: intangibilidad, autodeterminación, reparación, protección, no contacto, diversidad cultural, precaución, igualdad y respeto a la dignidad humana.
Informe al Comité contra la Tortura: El MJDHC presentó en Ginebra los avances y los resultados de las acciones realizadas por Ecuador en la lucha contra este crimen, durante la 45° Reunión de trabajo de este Comité, celebrada en noviembre de 2010. Medidas de reparación: Se ha dado cumplimiento a las medidas de reparación por violación de derechos humanos a los ciudadanos: Bosco Wisuma, Rafael Cuesta y Marco Duche, además de las reportadas en el cuadro anterior.
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Principales Logros y Retos Los programas, proyectos y actividades impulsadas por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos -ya sea por iniciativa propia y/o como apoyo a iniciativas de las distintas instancias de la Función Judicial- han aportado de manera muy significativa al avance en el cumplimiento de los mandatos constitucionales, de los objetivos del PNBV y de los propios objetivos institucionales, pese a los pocos años de existencia de esta Cartera de Estado. Más lejos aún, y si bien queda un largo camino por recorrer y varios retos por superar, todos estos esfuerzos sin duda están abonando a la concreción de la apuesta y compromiso gubernamental e institucional por impulsar un proceso sostenido de reforma integral del Sistema de Justicia Ecuatoriano; un sistema que mantiene una deuda histórica con su población y que ha constituido uno de los principales frenos de los procesos de democratización del país.
Todos los avances experimentados hasta el momento se han logrado tanto a través de los proyectos de inversión llevados adelante por las distintas subsecretarías y unidades adjuntas, cuanto mediante la producción de nuevos cuerpos legales, o su reforma, así como gracias a la generación de doctrina jurídica desde enfoques más holísticos, aspecto central en los procesos de creación de nuevo y más amplio conocimiento en la materia. Así, entre los principales logros alcanzados hasta el momento, por el accionar de este Ministerio, destacamos los siguientes: 1.Acercamiento a la Justicia desde entradas más integrales: En sintonía con la declaración y defensa constitucional de reconocer al Ecuador como un Estado de Derecho, Plurinacional e Intercultural, desde el MJDHC se ha hecho un acercamiento a la Justicia y a las
propuestas de reforma desde entradas más integrales que articulan, por ejemplo, los enfoques de interculturalidad y derechos humanos, lo cual en nuestro país representa un “salto de ciento ochenta grados” en relación a la forma de antaño de ver y hacer justicia, centrada en una noción puramente legalista. Este salto, sin duda, ha permitido, entre otros avances, dar pasos concretos e importantes hacia la armonización entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, entendida como política de Estado; así como a la promoción de un ordenamiento jurídico acorde al carácter plurinacional del Estado Constitucional de Derechos y Justicia (Políticas 9.2 y 12.1 del PNBV); todo lo cual abona a la construcción del Ecuador como un Estado democrático para el Buen Vivir (Objetivo 12 del PNBV). 2.Promoción del pluralismo jurídico (Política 9.1., PNBV) al reconocer la existencia de
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otros sistemas jurídicos (indígena, regional, interregional, etc.), pero sobre todo al viabilizar y/o fortalecer prácticas o estrategias que garanticen, desde esa pluralidad, el acceso igualitario a la administración de justicia por parte de todas las personas, en especial de aquellas que requieren de atención prioritaria por su condición económica, por razones étnico-culturales, de género, edad, ubicación geográfica, etc. En esta dirección aportan de manera muy significativa los proyectos de Cultura de Paz; el de Jueces de Paz, entre los principales, que abonan al cumplimiento de los mandatos constitucionales relacionados a este tema (Art. 189 y 190). Aunado a ello están los aportes que hace el MJDHC para erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y nacionalidades (Política 9.4), tan arraigadas en nuestro país, a través, por ejemplo, del diseño de: 1) propuestas y anteproyectos de la Ley de Igualdad y No Discriminación, que por primera vez pone en el centro de la atención a los sectores más vulnerables y excluidos del país, como es el caso de la población con discapacidad; o, 2) de las propuestas normativas en torno a la Justicia Indígena, y, Pueblos No Contactados.
3. Comprensión y tratamiento jurídico más amplio de ciertas problemáticas sociales, que han sido tradicionalmente abordadas desde su criminalización, como es el caso de las adicciones y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Así, por medio de los proyectos: PRADICAN, Proyecto de Capacitación y Formación a profesionales en políticas de drogas, o, del Programa Piloto de prevención de drogas –por mencionar algunos- se hace un abordaje más holístico de este hecho social, visto ya no como un crimen en sí mismo, sino como un problema de salud pública, respecto del cual el Estado tiene: 1) La responsabilidad de desarrollar “… programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos…”, sin permitir su criminalización ni la vulneración de los derechos constitucionales de las personas inmersas en esta situación (Art. 364). Y, 2) la obligación de adoptar medidas orientadas a proteger y prevenir en niños, niñas y adolescentes, el uso de estas sustancias, o cualquier otra que sean “…
nocivas para su salud y desarrollo” (Art. 46. Numeral 5). 4. Promoción de una atención integral y rehabilitación social de las personas privadas de libertad, garantizando el respeto de sus derechos constitucionales: La puesta en marcha, por ejemplo, del Plan de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (PPL), al igual que la Construcción de Nuevos CRS y la Adecuación de los existentes a nivel nacional, han permitido: 1) Una significativa mejora en las condiciones de detención de esta población, traducida, por ejemplo en el de-crecimiento de alrededor de un tercio en el nivel de hacinamiento de las PPL, pasando de una tasa de hacinamiento de 171,4 registrada para el 2007 a una de 56,4 en 2010 . Y, 2) una importante disminución de la población privada de libertad (PPL) en el mismo período, registrándose la puesta en libertad de poco más de 2.500 personas solo entre 2007 y 2009. Todo esto expresa no solo la voluntad política, sino el accionar concreto del Estado por avanzar en la observancia de los compromisos internacionales suscritos por el Ecuador; y, por avanzar en la garantía de los derechos de esta
66
Gráfico No.
Tendencia crecimiento de la Tendencia del del crecimiento de la PPL: 2007 a 2010 PPL
población, consagrados en la Constitución de la República y viabilizados mediante objetivos y políticas específicas contenidas en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV); y que dicen relación, por ejemplo, a: • El derecho de las PPL a ser tratadas como grupos de atención prioritaria (Art. 51 y Objetivo 3 del PNBV), y por consiguiente de contar con una rehabilitación integral que garantice su reinserción social (Art. 201; y, Política 9.5 del PNBV). • Su derecho a la participación política (Art. 62), al haber posibilitado, por ejemplo, el que casi 2.500 PPL sin sentencia condenatoria ejecutoriada estén habilitadas para votar en los sufragios del 24 de abril de 2009. Se trata de una situación que constituyó un hecho sin precedentes en América Latina, y que da cuenta del avance de la legislación nacional en el reconocimiento de los derechos de participación política de estos grupos de población,
19000 18000 17000 16000 15000 14000
18167
17426 16100
15624 Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a personas Privadas de Libertad.
tradicionalmente excluidos de este ejercicio noce como uno de los órganos jurisdiccionademocrático. Y, les autónomos, junto con la Fiscalía General Gráfico No. del Estado (Art. 178); y entre cuyas facultades Nivel Hacinamiento CRS (en%) • Su derecho a contar condeuna tutela judicial en losespecíficas están las de “garantizar el pleno e Añosa 2007 efectiva y gratuita… y de su derecho la de- a 2010 igual acceso a la justicia de las personas que, fensa (Art. 76), y que se viabiliza por medio por su estado de indefensión o condición ecode la Defensoría Pública. En este sentido, un nómica, social o cultural, no puedan contratar logro importante es la institucionalización de los servicios de defensa legal para la protec200% 171 ción de sus derechos” (Art. 191). la Defensoría Pública, instancia que se la reco150% 100% 50% 0
149
91 56
Secua Super 19000 18167 18000 17426 17000 16100 16000 15624 15000 Hacinamiento en Centros de Rehabilitación Social (En %). Años 2007 a 2010 14000 Año 2007 PPL Año 2008 Capacidad Instalada Año 2009 PorcentajeAño 2010 Años de Hacinamiento
2007 2008 2009 2010
18.167 17.426 15.624 16.100
7.000 7.000 8.200 10.296
171,4 148,9 90,5 56,4
*La capacidad instalada en el 2010 incluye los nuevos centros de rehabilitación social de Guayaquil N. 2, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a PPL.
Gráfico No. Nivel de Hacinamiento en los CRS (en%) Nivel de Hacinamiento en los CRS (en %): 2007 a 2010 Años 2007 a 2010
200%
67
5. Comprensión y conocimiento más integral del estado de situación del Sistema de Administración de Justicia como paso fundamental para la toma de decisiones y de acciones hacia procesos de reforma más sostenidos: Los diversos estudios, diagnósticos y líneas de base -impulsados desde el MJDCHC en coordinación con otras instancias– han trascendido el análisis de los aspectos centrados en cuestión de leyes, apuntando a un acercamiento más complejo a la dinámica de la Justicia en el Ecuador. Esto ha permitido contar, hoy en día, con un estado de situación integral sobre el funcionamiento, la gestión, la administración y la producción del Sistema de Administración de Justicia, incluida la actuación de jueces y juezas; información clave que ha servido de base para:
171
150%
149 91
100% 50%
56
0 Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a personas Privadas de Libertad, Años 2007 a 2010; MJDH-C. Informe de Gestión, año 2009.
Gráfico No. Porcentaje de Déficit/Superávit de espacio físico en CRS
• El diseño y puesta en marcha de una serie de proyectos específicos para la reforma judicial, como es el caso de los 8 proyectos que conforman el Plan de Inversión del Código Orgánico de la Función Judicial, PICOFJ; instrumento y guía central para alcanzar la mencionada reforma. • La creación de nuevos cuerpos legales, y/o la reforma de los ya existentes, desde visiones
P
50%
56
0 68
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Fort
Gráfico No. Porcentaje de Déficit/Superávit de espacio físico en CRS Déficit/superávit de espacioAños físico en Centros de Rehabilitación Social: 2007 a 2010 2007 a 2010
Año 2010
-51% -55%
Año 2009
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Año 2008
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Año 2007 -60%
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Fuentes: Subsecretaría de Atención Integral a personas Privadas de Libertad.
Gráfico No. Número de documentos publicados temática, añosPenales 2008 (validado en tamás integrales y apegados también al enfoque según de Ley de Garantías a 2010 de interculturalidad; entre los que destacaríalleres realizados en el 2009); las propuestas 16%
5%
mos: Los anteproyecto de Ley Reformatorio al Código Orgánico de la Función Judicial (presentado a la Asamblea Nacional en el 2010) y
normativas en torno a la Justicia Indígena, y, 26% Pueblos No Contactados; la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Corte ConstituTema Constitucionalismo Tema Justicia y Derechos Tema Justicia y Sociedad
cional (publicada en Octubre 2009); la Ley de Movilidad Humana (resultado de un proceso de discusión y elaboración participativa, con base en un diagnóstico y propuesta de anteproyecto previos); y, la Ley de Igualdad y No Discriminación. • La producción y difusión de doctrina jurídica que aborda temáticas que abarcan análisis desde la constitucionalidad, hasta otros más específicos referidos a derechos humanos de población migrante, indígena, niños y niñas, etc.; particularmente mediante la publicación y difusión de la literatura jurídica. Con lo cual, además, aporta a la promoción del conocimiento y de procesos de formación jurídica para la población (Política 9.6 del PNBV), y con ello a la promoción de la participación ciudadana en asuntos de interés público , así como en la fiscalización de actos del poder público, como es el poder judicial (Art. 61 de la Constitución). Y, • A la producción de indicadores que permitan medir, monitorear y evaluar los avances en la garantía de los derechos humanos de las y los ecuatorianos y extranjeros/as viviendo en el
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-60%
-50%
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Gráfico No. Número de documentos publicadossegún según temática, temática: 2008 a 2010 Número de documentos publicados años 2008 a 2010 16%
5% 26%
Tema Constitucionalismo Tema Justicia y Derechos Tema Justicia y Sociedad Otros 53%
Fuente: Pazos, Rina. 2011. “Información requerida para PROJUSTICIA”
país. En relación a este último punto cabe resaltar el aporte muy significativo que ha hecho el MJDHC con el apoyo que ha dado a una serie de investigaciones en torno a las actuaciones del sistema judicial en su conjunto, las que han incluido evaluaciones cuantitativas y cualitativas de producción judicial; represamiento de causas; desempeño técnico y profesional
de jueces y juezas; etc. Pero sobre todo, con el impulso y apoyo a la implementación del proyecto Sistema Integrado de Indicadores de Justicia y Derechos Humanos - SIDERECHOS. 6. Producción y manejo de información que orienta la definición de política pública: Gracias a los estudios antes mencionados,
pero sobre todo al proyecto SIDERECHOS, se cuenta, en la medida de lo posible, con información e indicadores desagregados por sexo, grupos de edad, nivel de instrucción, etnia, nacionalidad, localización geográfica, área, etc. que son dimensiones clave que se requiere dentro del enfoque de derechos humanos. Esto permite visualizar de manera efectiva y objetiva a: 1) los beneficiarios/as de los derechos y a los grupos de población que han sido excluidos de los mismos. Y, 2) a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y las acciones u omisiones del Estado para prevenir que estos hechos sigan ocurriendo, sancionar a los responsables y reparar efectivamente a las víctimas. Se trata, por tanto, de un Sistema fundamental para orientar el proceso de reforma, pues toda la información que arroje este sistema sin duda es un aporte muy importante para el diseño de política pública focalizada, así como adecuada para garantizar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y justicia. Y, desde el punto de vista económico, como de información, permite el uso eficiente de recursos.
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7. Auspicio de la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial mediante el proyecto SIDERECHOS, pues con la aplicación de este sistema se facilitaría el conocimiento de la situación de acceso a la justicia en diversos puntos del territorio nacional (más allá de los principales centros urbanos), permitiendo impulsar políticas focalizadas de acuerdo a las necesidades de los grupos poblacionales prioritarios. Otro ejemplo es la creación de nuevos centros de rehabilitación social y de los Centros de Adolescentes Infractores que se han construido y/o adecuado en varias localidades del país. Con esto se contribuye al cumplimiento del Objetivo 1, del Plan Nacional del Buen Vivir, pero también a los mandatos constitucionales respecto de garantizar el acceso a la justicia sin discriminación alguna. 8. Consolidación progresiva de la lucha contra la violencia de género como una política transversal en el gobierno y sus estructuras, mediante el Plan de Erradicación de la Violencia
de Género. Esto está permitiendo, entre otros aspectos, impulsar y defender el derecho a la “reparación colectiva para las víctimas de violencia de género a través de la historia”, como estipula esta política. La definición y puesta en marcha de esta política, luego de años de invisibilización de esta problemática social y de la profunda impunidad que ha existido en torno a la violencia contra las mujeres, constituye “… un acto de reparación social para las mujeres y manifiesta el compromiso del Estado de buscar (ojalá TODOS) los medios para asegurar la NO repetición de ese tipo de violación de derechos” (Herrera, 2011). Además, con el mencionado Plan se han logrado resultados positivos para las mujeres, niñez y adolescencia porque se mejoran y amplían geográficamente los servicios y, también porque se ha logrado una alta incidencia en la opinión pública posicionando un mensaje de no violencia de género. En este proceso se debe destacar el rol de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género que ha sido motor del Plan. 9. Avances hacia el fortalecimiento del Sistema Judicial, a lo cual han abonado, de
una u otra manera, todas las acciones, proyectos y programas impulsados por el MJDHC y que han sido analizados a lo largo de estas páginas. Se trata de un fortalecimiento impulsado no solo desde la creación y reforma de cuerpos legales, sino a través de todo un proceso que apunta a un mejoramiento integral del Sistema: en su gestión, en su administración, en su producción judicial, y en el desempeño de las y los operadores de Justicia. En este sentido los procesos de capacitación en derechos humanos, dirigidos a funcionarios/as públicos (alrededor de 3.500 personas capacitadas), así como los eventos de intercambio profesional, los talleres de discusión, socialización y validación de leyes y reformas, o, la capacitación dada a funcionarios/as judiciales con expertos internacionales, son claves en este fortalecimiento del sistema judicial. En esta misma dirección está el aporte hecho por la oficina de atención a la ciudadanía, la misma que permite a la población acceder a información rápida y básica sobre las competencias del Ministerio; a la vez que posibilita contar con un registro más detallado en cuanto a los casos que ingresan a esta dependencia. Así mismo, ha
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posibilitado actualizar una base de datos de instituciones a nivel nacional, contribuyendo a que las gestiones interinstitucionales, como parte de las respuestas a determinados casos, arrojen buenos resultados en la mayoría de ellos. Otro de los logros en este sentido ha sido el seguimiento que se lleva a cabo en los casos más complejos, especialmente en aquellos que involucran a los grupos de atención prioritaria, bien sea a través de los/as mismos/as ciudadanos y ciudadanas, como a través de las instituciones a las que se les remite dichos casos. 10. Contribución al ejercicio de la plena ciudadanía, entendida, entre otros aspectos, como la garantía que tienen todas las personas de gozar del derecho al acceso a la justicia bajo los principios de de gratuidad, calidad, eficiencia y eficacia (Art. 75 y Arts.168 y 169 de la constitución, y política 9.3 del PNBV). En esta dirección han aportado, principalmente, los proyectos de Justicia de Paz, Jueces Itinerantes, Juzgados de Servicios Compartidos, Juzgado Multijuez, Modelo de Juzgado Piloto, Investigación de los procesos legales relacionados con el Estado y sus unidades adscritas en la Ciudad
de Guayaquil y Arbitraje de Consumo. También están los proyectos relacionados con las personas privadas de libertad, y aquellos orientados a la atención de adolescentes infractores, con los cuales se responde, además, a los esfuerzos a mejorar la calidad de vida de la población, y de manera específica, de aquellos grupos considerados como de atención prioritaria (Objetivo 3, PNBV). Como vemos, los logros alcanzados por el MJDHC –pese a sus poco más de 3 años de funcionamiento- han sido muy significativos, pues están respondiendo de manera directa a la obligación que tiene el Estado de garantizar a todas las personas, sin discriminación, el libre y eficaz ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes (Art. 3, número 1); así como de respetar y hacer respetar tales derechos (Art. 11, numeral 9).
RETOS 1. El principal reto es onsolidar los procesos iniciados que permiten ampliar el acceso a la justicia a la población en general, y en particular a los grupos de atención prioritaria. 2. De igual manera, profundizar los procesos de reforma del sector justicia con la implementación de modalidades más eficientes y acordes a las necesidades de determinados grupos de población, por características de género, étnicas, de edad y localización geográfica, entre los principales. 3. Otro reto central, para hacer realidad este proceso de reforma, es cómo “bajar” la norma o estos nuevos y/o reformados cuerpos normativos/legales a la práctica institucional y ejercicio profesional, a fin de romper las prácticas corruptas e ineficientes que se han afincado en nuestro país desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, cómo lograr erigir prácticas institucionales que respondan realmente a los principios y nueva noción de justicia basada en: a) El Derecho Humano; b) el Bien Público y c) la constitución y mantención de un real Sistema de Servicios.
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4. Una vez que ha sido diseñado y aprobado el Plan de Implementación del Código Orgánico de la Función Judicial, PICOF (tarea que ha ocupado gran parte del 2009 y del 2010), un desafío importante que hoy se le presenta al Ministerio y demás órganos involucrados en la reforma del Sistema de Justicia, es poner en marcha la –y de manera sostenida y estratégica- los ocho macro proyectos definidos como prioritarios para lograr tal reforma. Esto supone, pasar (aunque no necesariamente abandonar) de las acciones inicialmente concentradas en los diagnósticos, hacia acciones centradas en el cambio y transformación de las lógicas y prácticas nefastas que han imperado en el Ecuador.
saldar así una de las deudas más agudas del Estado Ecuatoriano para con su población. En esta misma línea, pero refiriéndonos de manera más específica a la implementación del PICOF en su conjunto, de una forma eficiente y efectiva, es fundamental consolidar una acción conjunta y coordinada del MJDHC y las instituciones del sector justicia en general, lo cual demandará, de manera permanente: 1) Fortalecer las acciones de relacionamiento técnico entre estas instancias; 2) consolidar los espacios de trabajo conjunto construidos en el proceso de definición de dicho plan; 3) articular las iniciativas impulsadas por los organismos de la Función Judicial y por el MJDHC con relación a la puesta en marcha del PICOFJ; y, 4) consolidar la información dispersa y afianzar las relaciones de intercambio de información.
5. Consolidar y potenciar la coordinación interinstitucional para la implementación de las políticas públicas que orientan el quehacer institucional, como estrategia central para impulsar –conjuntamente con los órganos de la Función Judicial y otras instancias involucradas- este proceso de reforma de la Justicia en el país, y
6. Para garantizar que la voluntad política expresada hacia la reforma integral del sistema de administración de justicia, y que los procesos iniciados en esta dirección se vayan concretando acorde a lo planificado, se hace imprescindible definir metas e indicadores parciales claros y concretos, así como diseñar y poner en marcha
un sistema de monitoreo y seguimiento, y, de evaluación de las acciones y procesos impulsados. Ambos sistemas deben ser integrales y coordinados entre todas las subsecretarías y unidades que conforman este ministerio. 7. Aunado a las ideas anteriores, está también como un reto para garantizar una verdadera reforma del Sistema de Justicia, el construir un espacio de diálogo permanente con la ciudadanía y mejorar los canales de información al público sobre los resultados y potencialidades del PICOFJ y del proceso de reforma en su conjunto, exponiendo resultados claros y verídicos, en relación con las metas e indicadores previstos. 8.El profundizar en la reflexión crítica, generación de conocimiento y de propuestas de cuerpos legales que incluyan el enfoque de género, a más de los de interculturalidad y derechos humanos. Solo así se podrá avanzar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales que dicen relación a la garantía, promoción y respeto de los derechos de las mujeres de diversas edades, condición económica, pertenencia étnico-cultural, etc.
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En este aspecto más específico (derechos de las mujeres), por ejemplo, algunos retos centrales están relacionados con la necesidad de: 1) Lograr servicios de prevención y atención ágiles para mujeres víctimas de violencia, con respuestas que impacten tanto en las victimas como en la población en general. 2) Dar sostenibilidad a una propuesta educativa que pueda cambiar mentalidades y transformar las “violentas” relaciones de género. La comunicación como proceso debe ser potenciada, profundizados los mensajes de contra-cultura machista, cuestionado el poder autoritario que expresa esa cultura sexista tanto en la casa como en la calle. 3) Acelerar la construcción del sistema de registro de información. Estos aspectos aquí mencionados son claves pues el acceso a la justicia sigue siendo el gran drama nacional y el gran pendiente para los casos de violencia de género. 9. Dar continuidad y garantizar la sostenibilidad de las inversiones realizadas y de los procesos iniciados en materia de mejoramiento de las condiciones de detención de la PPL (construcción de nuevos centros; implementación de modelo de atención integral; mejora de la ges-
tión del sistema penitenciario, etc. proyecto SIDERECHOS, y otros), para alcanzar una verdadera e integral transformación que efectivice la protección y ejercicio de los derechos de estas personas.
tos de recolección de información, entre otros. Solo entonces se podrá contar con información confiable, oportuna, permanente y desagregada por las categorías requeridas de acuerdo al enfoque de derechos humanos.
10. Mejorar cualitativamente el SIDERECHOS, como herramienta clave dentro de esta apuesta por garantizar el acceso a la justicia por parte de todas y todos. Esto supone superar los actuales problemas de disponibilidad de información que se concretan, de manera central, en: 1) la no disposición de información desagregada en todas las categorías / indicadores requeridos de acuerdo con el enfoque de derechos humanos; 2) la poca discriminación de la información disponible en las instituciones públicas, que impiden visibilizar y conocer con exactitud los diferentes casos; 3) las falencias en cuanto a falta de organización, sistematización y archivo de la información levantada, de allí que en varias instituciones no se cuente con una base de datos que permita el registro permanente de la información, su procesamiento y análisis; y, 4) la falta de armonización de los conceptos utilizados por las distintas instituciones, así como de los forma-
11. Profundizar en los procesos de formación de las y los funcionarios públicos y operadores de justicia, para lo cual es importante, además, avanzar hacia la adecuación de contenidos en derechos humanos para los diferentes programas y escuelas de formación orientados a esta población, a fin de garantizar un verdadero adelanto en el acceso a la justicia y la gestión democrática de conflictos que requiere el país. 12. Fortalecer la participación ciudadana para garantizar que los procesos de ampliación de acceso de la población a la justicia e implementación de modalidades más eficientes, se lleven con transparencia y respondan efectiva y consistentemente a las necesidades identificadas.
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Directores ProJusticia José María Pérez (1996) Iñigo Salvador Crespo (1997) Miguel Hernández Terán (1998) Víctor Mora Marfetán (2000) Gustavo Jalkh Robens (2002) Néstor Arbito Chica (2005) Gustavo Jalkh Robens (2006) Néstor Arbito Chica (2007) Karina Peralta Velásquez (2008) Karolina Aguas Andreouli (2009) Ana Lucía Jaramillo (2009) Natacha Reyes Salazar (2010)
PROJUSTICIA
UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
JUSTICIA EN EL ECUADOR
1995 - 2010
TRAYECTORIA DE PROJUSTICIA
77
E
Breve reseña histórica En 1991, Ecuador había alcanzado 161 años de vida republicana, sin embargo, fue un período caracterizado por la inestabilidad institucional y la falta de independencia en las funciones del Estado. Una muestra de dicha inestabilidad es que durante ese lapso de tiempo el país tuvo 169 presidentes de Corte Suprema. La crisis institucional se manifestó en la función ejecutiva, la legislativa y la judicial, y fue percibida como expresión de la debilidad del sistema democrático y también como una de sus causas fundamentales. Por ese motivo, en el marco de las políticas neoliberales, la modernización del Estado se vuelve una exigencia continental y mundial. En ese contexto, el Banco Mundial realiza una serie de recomendaciones para reformar y modernizar a la justicia. Luego de ello, el Ecuador realizó una evaluación del sector con el apoyo de USAID (United
States Agency for International Development). En junio de 1991 se hace público el estudio realizado por el Centro para la Administración de Justicia, que describe el papel de los principales actores de la administración de justicia y realiza un diagnóstico de sus problemas más notables. Comprende dos aspectos: los administrativos (administración interna, administración de personal y sistemas de información) y los jurídico institucionales (distribución de la competencia y el procedimiento). Este estudio-diagnóstico resalta la necesidad de entender a la administración de justicia como una actividad de la que son partícipes no solamente los jueces, sino además el Ministerio Público, la Policía y los establecimientos penitenciarios, aunque institucionalmente no sean parte de la Función Judicial. De esta manera, concluye con una recomendación general de
elaborar una política global sobre el sector justicia y de diseñar una estrategia para su aplicación, evaluación y revisión periódica. Una vez que el Gobierno de Ecuador identificó la reforma y la modernización de la administración de justicia en el país como una de sus prioridades, y con base en el diagnóstico mencionado, se conformó un Grupo de Trabajo conjunto, liderado por el poder judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, y en el participó un representante del poder Ejecutivo, el Procurador General de la Nación y el Fiscal General. Dicho grupo elaboró el Primer Plan Integral de Reformas Judiciales y el programa de trabajo para la década 1995-2005. El Plan Integral de Reformas de 1995 recoge las necesidades y prioridades de reforma en la administración de justicia en el país y, de acuerdo con los resultados del diagnóstico, comienza a trabajar en dos pi-
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Hitos Institucionales de Projusticia lares fundamentales: Administrativos y Jurídicoinstitucionales. Para su ejecución, contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD). Con estos antecedentes, el 30 de agosto de 1995, mediante Decreto Ejecutivo N° 3029, se crea la Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia, denominada ProJusticia. A partir de entonces, ProJusticia ha desarrollado un proceso en el que se pueden diferenciar cuatro hitos.
Hito 1: Creación y pasos iniciales, como unidad adscrita a la Presidencia de la República: 1995 - 1997 ProJusticia fue creada con el objetivo de llevar adelante la reforma y la modernización de la administración de justicia que, como se señala en los considerandos del Decreto Ejecutivo, era una prioridad fundamental del estado ecuatoriano. De ahí que se decidió que esta Unidad se encuentre adscrita a la Presidencia de la República. Esta política se alineaba con la ley de modernización del Estado de 1993, así como con el objetivo del Banco Mundial de “fortalecer, en Latinoamérica, el estado de derecho apoyado en un sistema de justicia confiable como principio básico para el sostén social y el desarrollo económico” .1
1
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo28.pdf
Dentro de las políticas y lineamientos generales en la Reforma y Modernización de la Administración de Justicia (Registro Oficial 186: 7 de mayo de 1999), se establece que la Comisión Consultiva encargada de su implementación, contará con la asistencia de ProJusticia para realizar las gestiones de tipo nacional e internacional encaminadas a lograr el apoyo a sus políticas y propósitos (Art. 4) y que coordinará con esta instancia para la ejecución de las acciones necesarias para llevar adelante el proceso de reforma. (Art. 5) En 1996, ProJusticia definió los estudios e investigaciones que se ejecutarían en el marco del proceso de cambio, partiendo del diagnóstico realizado, del Plan Integral de Reformas y, sobre todo, de las observaciones sustantivas respecto de la institucionalidad jurídica en el país, planteadas en el documento “Evaluación del Sector Justicia en Ecuador”. Este primer hito institucional está delineado por la suscripción en 1996 de tres convenios, a saber:
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ProJusticia nace como el ente encargado de la coordinación y ejecución de proyectos trascendentes que apunten hacia el objetivo de lograr que la administración de justicia cumpla con su misión constitucional y democrática de proteger los derechos de los ciudadanos, en el marco de una justicia independiente, eficaz y confiable. - Convenio con el Banco Mundial, bajo la modalidad de Deuda Pública Externa, por un monto de 10.700.000 mil dólares americanos para ejecutar el “Proyecto de Modernización y Fortalecimiento de la Justicia”, con aporte de contraparte Ministerio de Economía y Finanzas. (BIRF - 4066 EC)
- Convenio de cooperación técnica no reembolsable con la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), con aporte de contraparte en especie. (USAID 518-120).
- Convenio de cooperación técnica no reembolsable con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con aporte de contraparte en especie, para llevar adelante el “Proyecto de Modernización del Sistema Jurídico (ATN 87)”.
Los principales resultados de este primer momento son:
Resultados Hito 1:
•La consolidación de la Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia, ProJusticia.
•La planificación y definición de sus líneas de trabajo. • La suscripción de convenios y la obtención de fondos de organismos multilaterales y de cooperación, como también del Estado ecuatoriano. Es de subrayar que ProJusticia se modela y va conformando sus políticas desde un sitio intermedio entre la sociedad civil, el Poder Ejecutivo y la Función Judicial. En ese sentido, parte de ser una Unidad adscrita a la Presidencia, para cooperar en la canalización de fondos internacionales en los temas de reforma de la administración de justicia; para luego, en correspondencia con su mandato, incorporarse al sistema judicial, de manera que pasa a ser una instancia adscrita a la Corte Suprema de Justicia.
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA
Hito 2: ProJusticia como unidad adscrita a la Corte Suprema de Justicia, Primera Fase: 1997 - 2002 Dado que los lineamientos de trabajo de ProJusticia están íntimamente relacionados con la modernización de la justicia en el país, se establece una estrecha relación entre la Corte Suprema de Justicia y la Unidad de Coordinación adscrita a la Presidencia de la República. Considerando los propósitos de ProJusticia, los intereses del Estado y la oportunidad de canalizar recursos de la cooperación internacional focalizados en la modernización de la justicia, se decide cambiar la adscripción de esta Unidad a la Corte Suprema de Justicia, tal como lo dictamina el Decreto Ejecutivo N° 199 del 7 de abril de 1997. Desde su nueva ubicación, a mediados del mismo año, ProJusticia inició la ejecución de los proyectos suscritos en la fase anterior.
Este proyecto, que fue impulsado por el Banco Mundial, se desarrolló entre 1996 y 2002, guiado por los objetivos definidos en el convenio. OBJETIVOS • Incrementar la eficacia y transparencia en el proceso judicial. • Expandir el uso de mecanismos alternativos de resolución de disputas dentro del sistema judicial. • Mejorar el acceso a la justicia por parte del público en general y de las mujeres en particular. • Fomentar iniciativas de reforma del sistema judicial, investigación legal y educación. • Mejorar la infraestructura de los tribunales y juzgados del país. COMPONENTES Para alcanzar los objetivos propuestos, se definieron y trabajaron cuatro componentes: Mejoramiento de los sistemas de gestión:
Diseño e implementación de un sistema de gestión administrativa de procesos, y a la incorporación de tecnología automatizada en el sistema judicial. Centros de Mediación: Creación de dos oficinas piloto de mediación en Quito y Guayaquil, con el fin de que el usuario tenga la opción de resolver sus problemas a través del diálogo y de la utilización de un medio alternativo; y de que la mediación contribuya a la descongestión del sistema. Fondos “Derecho y Justicia”: Asignación de recursos para el mejoramiento de la autonomía financiera de la Función Judicial y la descentralización y modernización de los servicios judiciales; el establecimiento de servicios de asistencia legal a mujeres de escasos recursos; la difusión y aplicación de medios alternativos de solución de conflictos; el mejoramiento en la calidad de la enseñanza legal; y, la modernización de los sistemas de registro. Remodelación de la estructura física de los tribunales: Desarrollo de prototipos de “módulos corporativos de judicaturas funcionales” para que sean aplicados a la remodelación física de las
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judicaturas de primera instancia con mayor carga procesal en Quito, Guayaquil y Cuenca.
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO Este proyecto también se inició en el año 1997, fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, y se ejecutó durante seis años. OBJETIVOS De acuerdo con el convenio tres objetivos generales orientaron su accionar: •Apoyar el desarrollo constitucional, legal y reglamentario que facilite la reforma judicial.
Desarrollo legislativo: Impulso para reformar las normas sobre carrera judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Ley Orgánica de la Función Judicial; realización de los estudios sobre el papel del Ministerio Público dentro del sistema penal ecuatoriano, con recomendaciones para su mejoramiento y sobre el Fortalecimiento e institucionalización de la Defensoría Pública; y acciones de difusión y generación de consensos sobre la importancia del proceso de reforma. Capacitación, formación y sistema disciplinario: Fortalecimiento de la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces a través del establecimiento de un sistema de capacitación y formación continua.
COMPONENTES
Fortalecimiento administrativo de la Función Judicial: Mediante el apoyo al desarrollo constitucional y reglamentario y el impulso a la reforma del sistema de administración de la Función Judicial en Ecuador, tanto a nivel institucional como también en el nivel de la gestión de procesos.
Para cumplir con dichos propósitos, se definieron y desarrollaron cuatro grandes componentes:
Acceso a la justicia y sociedad civil: Involucramiento de la sociedad civil en el tema ju-
• Disminuir las barreras del acceso a la justicia. • Fortalecer la independencia, imparcialidad y calidad de los jueces a través del establecimiento de un sistema de capacitación y formación descentralizado.
dicial, a través del financiamiento de servicios y proyectos de organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia de la población con menores recursos o en situación de vulnerabilidad.
CONVENIO CON LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS ESTADOS UNIDOS - USAID La Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos, fue parte del proceso de modernización de la justicia 1991, pues financió el estudio realizado por el Centro para la Administración de Justicia. De ahí que haya suscrito este convenio para continuar apoyando el proceso de reforma de la administración de justicia en el Ecuador: OBJETIVOS Este convenio contempló dos objetivos fundamentales orientados a apoyar la reforma de la justicia: • Apoyar a ProJusticia en su trabajo preparatorio de planificación y programación de los recursos que el BIRF, BID, y otros donantes le
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brindaron para el fortalecimiento de las instituciones responsables de la administración de justicia en Ecuador. •Generar consensos sobre el Plan Integral de Reformas del Sector de Justicia, para apoyar a la reforma. Entre las acciones emprendidas en el marco de este convenio se destaca el apoyo al proceso de reformas a las leyes procesales, particularmente al Código de Procedimiento Penal y algunas actividades dirigidas al fortalecimiento del Ministerio Público, sobre todo la capacitación de fiscales y jueces en el proceso de transición al nuevo sistema procesal. También, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, se llevaron adelante actividades orientadas a facilitar el acceso a la justicia a la población indígena y a mujeres de escasos recursos. A partir de 1997, ProJusticia establece nuevas alianzas para continuar el proceso de fortaleci-
miento y reforma del sistema judicial en Ecuador y suscribe convenios con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Embajada de Francia y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para ejecutar algunos proyectos específicos en este campo.
• Organizar el Grupo de Concertación para participar en la redacción de las propuestas de reforma constitucional sobre infancia, presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente.
CONVENIO ENTRE UNICEF Y PROJUSTICIA
ProJusticia también recibió una contribución de la Embajada de Francia para la visita al Ecuador de dos expertos de la Corte de Casación de París, a fin de compartir la experiencia francesa sobre la casación con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes Superiores de los distritos del país. Esta acción formó parte del Programa de Capacitación sobre las Nuevas Responsabilidades del Ministerio Público en el Ecuador.
Este convenio apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se suscribe con el fin de impulsar el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1998, y de iniciar un proceso de reformas legales, institucionales y administrativas que aseguren plenamente la vigencia efectiva de los derechos humanos de la niñez.
OTROS APOYOS
• Actualizar la investigación, el análisis y las discusiones sobre diversas áreas que comprende el derecho de menores.
Por su parte, en el año 2000, la Agencia Española de Cooperación Internacional apoyó al Programa de Modernización de Justicia con el diseño y elaboración del marco reglamentario de la Escuela Judicial Ecuatoriana.
• Realizar actividades orientadas a la reforma del Código de Menores para garantizar la vigencia de los derechos de los menores de edad.
En este período, diversas instituciones nacionales como universidades, fundaciones y organismos no gubernamentales también interactuaron
OBJETIVOS
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con ProJusticia, ejecutando proyectos dirigidos a grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo los desarrollados con recursos del Fondo Especial de Acceso a la Justicia y Sociedad Civil.
Resultados y logros Hito 2 Durante este período, la ejecución de los proyectos macro y de cada uno de sus componentes permitió contar con resultados específicos que constituyeron un avance en el proceso de reforma y modernización del sector judicial. En este período, los principales logros y resultados obtenidos a partir del trabajo de ProJusticia, junto con otros actores, son: • Promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación (1997) que crea la figura de la derivación procesal, la cual permite que un juez, en cualquier estado de la causa, pueda derivar un caso a una oficina de mediación. Este procedimiento contribuye a la descarga y descongestión de casos que se tramitan en las judicaturas de país. • Reconocimiento, en la Constitución de 1998, del arbitraje, la mediación y otros procedi-
mientos alternativos como mecanismos idóneos para la solución de conflictos, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. (Artículo No. 191) • Implementación y puesta en funcionamiento de centros de mediación para la ciudadanía en general, y de servicios comunitarios y centros de conciliación para la solución de conflictos aplicando el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas. • Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, como resultado de la realización del Diagnóstico de impacto y viabilidad económica de la Defensoría Pública, el diseño del Plan de implementación del funcionamiento de la Defensoría Pública, la definición del marco legal de su estructura orgánica, y la elaboración del anteproyecto legislativo. • Fortalecimiento del Ministerio Público mediante la capacitación a sus funcionarios, la elaboración del marco reglamentario de la Escuela Judicial, y el diseño del modelo administrativo descentralizado del Ministerio Público, que incluye la descentralización del sistema administrativo, a través de la insti-
tucionalización del Consejo Nacional del la Judicatura. • Mejoramiento de los sistemas de gestión del sector judicial a través del diseño de un modelo de gestión administrativa de los procesos, la implementación de un sistema de reorganización interna, la introducción de tecnología automatizada y la utilización de un programa (software) para realizar el seguimiento de las causas por parte de jueces y funcionarios del poder judicial. • Avances significativos y ampliación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Constitución de 1998, como resultado del trabajo mancomunado de del Comité Consultivo y del Grupo de Concertación, apoyado por ProJusticia y UNICEF. • Creación de servicios de asistencia legal, asesorías y puesta en marcha de consultorios jurídicos gratuitos, con especial énfasis en la atención a mujeres de escasos recursos económicos. • Ejecución de programas de educación legal, capacitación y difusión de los Derechos
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Humanos con diversos grupos de población, prestando especial atención a los jóvenes. • Desarrollo de estudios e investigaciones jurídicas sobre nuevos temas y actores: Formas indígenas de administración de justicia, Acceso a la justicia de la población afroecuatoriana, campesina e indígena. • Publicaciones con resultados y sistematizaciones de los proyectos desarrollados por ProJusticia. • Elaboración de Proyecto de Ley Orgánica de la Función Judicial y del Anteproyecto del Código de Familia.
HITO 3: PROJUSTICIA COMO UNIDAD ADSCRITA A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SEGUNDA FASE: 2002 - 2007 En este nuevo hito en la trayectoria de ProJusticia, se busca incentivar el ejercicio de los derechos ciudadanos, los derechos políticos y los derechos humanos, poniendo especial atención a la población pobre del país. A partir del año 2002, con la suscripción del Convenio de Donación TDF-051227 entre la República del Ecuador y el Banco Mundial, ProJusticia ejecuta el “Proyecto Derecho y Justicia para los Pobres”.
PROYECTO DERECHO Y JUSTICIA PARA LOS POBRES Este proyecto que contó con el apoyo financiero del Fondo de Desarrollo Social Japonés, se ejecutó entre el año 2002 y el 2005. OBJETIVO El objetivo general propuesto fue: • Mejorar el acceso a medios alternativos de resolución de conflictos y a la representación legal
calificada para las comunidades pobres rurales y urbanas, personas indígenas, mujeres y niños en territorio Ecuatoriano, a través de los componentes de: Justicia Indígena, Cultura de Paz, Medios Alternativos, Defensoría Social y Monitoreo Evaluación. Este proyecto tuvo alcance nacional y se orientó a mejorar los canales de acceso a la justicia, fomentando el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos y asumiendo la representación legal calificada de indígenas, mujeres, niñas y niños de comunidades rurales pobre, urbano-marginal y urbana. COMPONENTES Cuatro fueron los componentes de este proyecto macro, cada uno de los cuales llevó adelante distintas actividades y ejecutó pequeños proyectos: Justicia indígena: a) Desarrollo de propuestas a la legislación sobre justicia indígena; diseño y ejecución de programas de construcción de mecanismos alternativos de solución de conflictos en comunidades indígenas; y, b) Realización de programas educativos para comunidades indígenas sobre los procesos legales disponibles y los métodos formales e informales de resolución de conflictos.
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Servicios de resolución alternativa de conflictos: ia Apertura de centros de mediación en lugares de difícil acceso, donde no existían instancias judiciales para facilitar la solución de conflictos; b) Creación del centro de promoción y fomento de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Servicios de Defensa Pública: a) Diseño del modelo de aplicación del sistema de asistencia legal gratuita y ejecución del programa nacional de capacitación para los operadores de este servicio; y, b) Puesta en marcha de servicios de asistencia legal gratuita. Cultura de paz: a) Diseño y ejecución de programas de educación en valores y prevención del conflicto; b) Diseño de un programa educativo sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos y derechos humanos, y aplicación en colegios ubicados en zonas con altos niveles de conflictividad social, en sectores urbanos marginales y rurales; y, c) Diseño y desarrollo de programa de educación en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y reconocimiento, convivencia y participación ciudadana orienta-
dos a la construcción de una cultura de paz en colegios con presencia de pandillas juveniles.
Resultados Hito 3 A través de la ejecución de los proyectos y actividades descritas, y dando continuidad a las iniciadas en los años anteriores, los resultados obtenidos en este período fueron los siguientes: • Promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia (2003) que garantiza y regula la defensa de los derechos de este grupo poblacional, en concordancia con los mandatos de la Constitución de 1998. • Actualización de la Ley Orgánica de la Función Judicial. • Estudios realizados y publicados sobre Derecho consuetudinario y/o indígena, con aportes para el desarrollo de la legislación sobre justicia indígena y el diseño y ejecución de programas para la construcción de métodos alternativos de solución de conflictos en comunidades indígenas.
• Programas educativos diseñados y ejecutados sobre formas alternativas de resolución de conflictos, dirigidos a diversos grupos de población, con énfasis a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, se destaca el Diplomado sobre “Derecho Indígena y pluralismo jurídico “ • Centros de mediación creados en lugares con mayores dificultades para acceder a la justicia en varias provincias del país; funcionando de acuerdo a manual operativo y al plan de sostenibilidad elaborados. • Constitución de centro de promoción y fomento de mecanismos alternativos de solución de conflictos, materiales de consulta (Vademecum) elaborados y conformada Red con la participación de 42 instituciones relacionadas a Medios Alternativos de Solución de Conflictos. • Defensoría Pública fortalecida al contar con información proveniente del censo carcelario, de la elaboración del Modelo de aplicación de asistencia legal gratuita, de la definición de recomendaciones para mejorar su desempeño, y de la capacitación de los abogados que prestan
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este servicio, mediante el Diplomado sobre Defensa Publica. • Servicios de atención legal gratuita implementados o mejorados en varias provincias del país, y conformada red de abogados que prestan este tipo de servicio. • Programas educativos que fomentan una cultura de paz (Educación en valores, prevención del delito, derechos humanos, manejo de conflictos, liderazgo y autoestima) diseñados, material didáctico elaborado y procesos de capacitación desarrollados con la comunidad educativa, principalmente con estudiantes de escuelas y colegios.
Ejes de trabajo Projusticia: 1995 - 2007
1
Fortalecimiento institucional: Gestión de despacho
2
Formas establecidas de resolución de conflictos: Mediación
3
Derechos Humanos y Acceso a la justicia
4
Infrastructura, equipamiento y tecnología
5
Capacitación
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LÍNEAS DE TRABAJO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL SECTOR JUSTICIA DE ECUADOR.Período 19952007
LÍNEAS DE TRABAJO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL SECTOR JUSTICIA DE ECUADOR Período 1995-2007
Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos
Gestión de Despacho
Desarrollo Legislativo
Reformas Legislativas
Mediación
Capacitación, Formación y Sistema Disciplinario
Fortalecimiento del Ministerio Público
Acceso a la Justicia
Infraestructura
Acceso a la Justicia de la Sociedad Civil
Infraestructura y Equipamiento Informático
Acceso a la Justicia de la población indígena y mujeres de escasos recursos
Fondo de Naciones Unidades para la Infancia Investigación y análisis sobre el Derecho de Menores Apoyo a la reforma del Código de Menores
Apoyo a reformas de la constitución relacionadas con la infancia
Agencia española de Cooperación Internacional
Marco Reglamentari o de la Escuela Judicial Ecuatoriana
Intercambio Profesional
Embajada de Francia
Fortalecimiento del Ministerio Público
Capacitación judicial
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En ese contexto, se elabora el Plan Integral de Reformas del Sector Justicia 2007-2011 (PIR), con los siguientes propósitos:
HITO 4: TRANSICIÓN Y ADSCRIPCIÓN DE PROJUSTICIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA, 2007 – 2010 Fase I: El año 2007 y el inicio del nuevo gobierno En el marco de la asunción a la Presidencia de la República del Econ. Rafael Correa, con una propuesta innovadora para reformar el Estado, se impulsa una serie de acciones para profundizar la reforma de la justicia en el país, incluyendo la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución, la misma que fue aprobada en 2008. Este cuerpo legal amplió los derechos y garantías ciudadanas, a la vez que creó el marco necesario para llevar adelante la reforma del sector justicia.
• Concienciar a los actores sociales sobre la urgencia y complejidad de las reformas del Sector Justicia. • Ser una herramienta de comunicación y de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones del Sector Justicia para unir esfuerzos en pro de una acción común. • Disponer de un documento que contribuya a facilitar la coordinación interinstitucional en el Sector Justicia. • Servir de guía para orientar los procesos de planificación estratégica de cada una de las instituciones que integran el sector justicia. • Constituirse en un insumo para la generación de políticas de estado para el fortalecimiento del sector justicia. • Concienciar a las autoridades del ejecutivo y del legislativo de la urgencia de atender las necesidades de reforma del sector justicia.
• Orientar las decisiones de financiamiento de programas de la cooperación internacional. Dentro de este Plan Integral de Reformas del Sector Justicia se define, también, tanto la misión del sector justicia como la visión de futuro del mismo.
MISIÓN DEL SECTOR JUSTICIA
Garantizar a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos y obligaciones mediante el acceso a un sistema de justicia autónomo e independiente, a través de la prestación de servicios transparentes y de calidad, afianzando el estado social de derecho y generando seguridad jurídica que incremente la credibilidad y satisfacción de la sociedad.
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VISIÓN DE FUTURO DEL SECTOR JUSTICIA 2007-2011
El sector justicia consolidará su independencia y autonomía técnica, administrativa y financiera, convirtiéndose en un referente válido de liderazgo, gestión ética, efectiva y eficiente para otras organizaciones; por garantizar la aplicación de los derechos de los ciudadanos, facilitar el acceso de los sectores vulnerables a la justicia, promover la permanencia de un verdadero sistema democrático, formular propuestas de políticas públicas para afianzar el estado social de derecho, e intervenir como agente de cambio para lograr un sistema social más justo.
En este mismo año, ProJusticia, con más de diez años de experiencia en la coordinación de proyectos trascendentales al interior de la Función Judicial, apoya a la Corte Suprema de Justicia en la elaboración del Plan Estratégico de la Función Judicial para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia 2007-2012, el cual fue estructurado sobre la base de la actualización del Plan Integral de Reformas del Sector Justicia.
PLAN ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 2007-2012 El objetivo del Plan fue desarrollar un documento estratégico de intervención en la Función Judicial del Ecuador, que permita identificar las políticas de optimización y mejoramiento de los servicios para contar con un sistema judicial acorde a la necesidad de satisfacción de servicio por parte de la ciudadanía. En este documento se recogen los esfuerzos por definir, de manera institucional, el camino para la consolidación de un sistema de justicia acorde con las necesidades de la ciudadanía y los requerimientos de un estado social de derecho. Así,
sobre una base de planificación consensuada al interior de la Corte Suprema de Justicia, y con diferentes actores relacionados, se elabora una herramienta para guiar el futuro institucional. Dentro de este Plan Estratégico de la Función Judicial se definieron las líneas de intervención para mejorar los servicios, siendo las principales: seguridad jurídica, acceso a la justicia, gobernabilidad del sector justicia, desarrollo de recursos humanos, mecanismos de accesibilidad, inclusión social e independencia y transparencia del sistema.
Resultados Hito 4 (Fase I) Entre las actividades ejecutadas por ProJusticia y los resultados obtenidos en el marco de este Plan, se destacan las siguientes: • Realización del Encuentro de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de la Región Andina, el cual tuvo lugar en Quito entre el 28 y 29 de junio del 2007. En este evento se ratificó la importancia de la independencia judicial y el acceso a la justicia, tal como consta en las Memorias del Encuentro.
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• Levantamiento de información judicial (1997), tanto cuantitativa como cualitativa, incluyendo los factores que directa o indirectamente afectan el correcto desempeño de la administración de la justicia. Se realizó un estudio de oferta y demanda de los servicios judiciales en todo el país, consultando a los usuarios del sistema judicial, para lo cual se entrevistó a 1.529. personas de las distintas regiones del Ecuador para conocer: los obstáculos en el acceso a la justicia por parte de la población; la opinión acerca de la posibilidad que la Función Judicial implemente el sistema oral en los procesos judiciales; la carga procesal versus la capacidad de resolución, así como el estado de situación de la carga procesal; y, el número de personas que labora en cada una de las dependencias judiciales, entre otros temas. • Concreción de dos instituciones, cuya existencia se había diseñado y planificado con el soporte de ProJusticia: la Defensoría Pública y la Escuela Judicial.
• Elaboración del Anteproyecto del Código de Procedimiento Civil, documento que se hizo con la finalidad de crear el marco legal para hacer efectiva la oralidad en la sustanciación de procesos civiles.
Fase II: Projusticia adscrita al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (2008 – 2010) Como parte de la reestructuración del Estado que lleva adelante el nuevo Gobierno, en noviembre de 2007 se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ProJusticia pasa a formar parte de esta cartera del Estado en enero de 2008. Este paso institucional se da porque se considera “necesario evitar la repetición de esfuerzos, la duplicación de competencias y garantizar la optimización de los recursos” (Decreto Ejecutivo No. 883) y porque los objetivos que
persigue ProJusticia desde 2007, concuerdan con el trabajo que se encomienda a esta nueva instancia ejecutiva. A partir de 2008, como Unidad adscrita al Ministerio, se establece la visión, misión y objetivos estratégicos de ProJusticia.
MISIÓN DE PROJUSTICIA Somos una Unidad Ejecutora de proyectos encaminados a facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y las ciudadanas a través de la modernización de los servicios judiciales, mediante financiamiento nacional y cooperación internacional comprometida con la defensa de los derechos ciudadanos.
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VISIÓN DE FUTURO DE PROJUSTICIA
Somos una Unidad Ejecutora de proyectos encaminados a facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos y las ciudadanas a través de la modernización de los servicios judiciales, mediante financiamiento nacional y cooperación internacional comprometida con la defensa de los derechos ciudadanos.
Desde 2008 hasta la fecha, ProJusticia ha ejecutado los siguientes proyectos que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos estratégicos institucionales: 1. Creación de Nuevas Judicaturas y Modernización de los Servicios de Justicia en el Ecuador 2. Acceso de la Justicia Penal Ecuatoriana 3. Paz Urbana
DECRETO EJECUTIVO No. 883 – 24 DE ENERO DE 2008
En ejercicio de las facultades que le confieren la Constitución y la ley, Decreta: Art. 1.- Adscríbase la Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia en el Ecuador (ProJusticia), contemplada en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 3029, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 772 de 1 de septiembre de 1995, y su reforma contenida en el Decreto Ejecutivo No. 199 de 4 de abril de 1997, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Art. 2.- El artículo 2 del Decreto Ejecutivo 3029, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.772 de 1 de septiembre de 1995, y su reforma contenida en el Decreto Ejecutivo No. 199 de 4 de abril de 1997, dirá: “Art. 2.- El Director Ejecutivo de la Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia en el Ecuador, será designado por el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y tendrá rango de Subsecretario de Estado.” Art. 3.- De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encargase a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Coordinación de la Política Interna y Externa.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE PROJUSTICIA 1. Realizar la gestión, monitoreo y evaluación de proyectos que amplíen la cobertura de los servicios de justicia, el acceso de los ciudadanos a la justicia y el mejoramiento de los sistemas de despacho de causas en las instituciones del sector justicia. 2. Estudiar y evaluar la pertinencia técnica y financiera de las intervenciones con recursos nacionales y de cooperación internacional, destinados al mejoramiento de la gestión pública de las instituciones del sector justicia. 3. Desarrollar propuestas para el diseño de proyectos que apoyen la gestión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la coordinación interinstitucional con el sistema de administración de justicia. 4. Gestionar la implementación de programas y proyectos relacionados con las diferentes áreas de la gestión institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación (Parte II) se detallan los objetivos, componentes, actividades, resultados y logros de los proyectos ejecutados por ProJusticia en este período.
93
Publicaciones ProJusticia. Período 1995 – 2007 Autor/a
Título
Año
ProJusticia y Corte Suprema de Justicia.
Memorias del Encuentro Cortes Supremas de Justicia Región Andina. Independencia Judicial y Acceso a la Justicia.
2007
Fondo de Desarrollo Social Japonés, Banco Mundial, ProJusticia.
Sistematización “Proyecto Derecho y Justicia para los Pobres” 2002-2006.
2006 2005
Banco Mundial Projusticia
Panorámica del Derecho Indígena Ecuatoriano. ProJusticia. Irukpash Sisapash. Yachana Ukupi. Kawsanakuypa Muyukuna. Quito. (Publicación integra en Kichwa.) Revista MASC Ecuador, N°1 Noviembre 2005. CIDES. Banco Mundial y ProJusticia. Quito. VADEMECUM, CIDES.
ProJusticia, Banco Mundial y Universidad San Francisco de Quito ProJusticia y Procuraduría General del Estado
Mediación y Acceso a la Justicia en el Ecuador. Proyecto apertura de centros de mediación en lugares de difícil acceso 2004 – 2005. Quito. Documentos básicos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Vladimir Serrano, Coordinador. ProJusticia y Defensa del Niño Internacional. Banco Mundial Projusticia y CUES
ProJusticia María del Carmen Farfán y Estela Benítez
Por los Caminos del Quijote. Programa Educativo en Derechos Humanos de la APDH. Adopción de Ternura. Métodos alternos para solución de conflictos. MASC. 1999 - 2000. Fundación Leónidas Proaño, ProJusticia.
2005 2005 2005 2005 2005
2005 s/f
94
Publicaciones de ProJusticia. Período 1995 – 2007 Alberto Wray; Franco Sánchez y Norman Wray Rocío Salgado Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de las Américas Facultad de Jurisprudencia de la Universidad SEK del Ecuador ProJusticia ProJusticia ProJusticia Mónica Palencia Núñez Ariosto Reinoso Hermida Eduardo Bermúdez Coronel ProJusticia y Corte Suprema de Justicia
Derecho Procesal Constitucional. Volumen 1 y 2. Materiales para la cátedra. ProJusticia, Banco Mundial. Fondo Editorial del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ. La puerta estrecha. Corporación Mujer a Mujer- ProJusticia.
2002 2002
Gestión Alternativa de Conflictos.
2001
Diseño de Cátedra: Ciudadanía y Derecho fundamentales: Teoría y práctica.
2001
Memoria I Cumbre Judicial de las Américas. Sistematización: La sociedad civil y el acceso a la Justicia. Nuevas cátedras. Educación jurídica para el futuro. Introducción a la investigación Jurídica. Una propuesta de cátedra universitaria. El juicio acusatorio oral en el nuevo Código de procedimiento penal – ecuatoriano. Debido proceso: prisión preventiva y amparo de libertad en el contexto de los derechos humanos.
2001 2000 1999
La Unidad Jurisdiccional. Anteproyecto de Ley Orgánica.
2000
1999 2001 2001
95
Publicaciones de ProJusticia. Período 1995 – 2007
fotos
ProJusticia - Banco Mundial-USAID
Modernización y fortalecimiento de la administración de justicia en Ecuador.
1996
Corte Suprema de Justicia y ProJusticia
Reforma del Sistema de Justicia: Plan Estratégico Integral 1999-2004. Quito.
1999
CEPAM , Quito y Guayaquil
Tu voz es nuestra fuerza. ProJusticia.
2002
ProJusticia
Propuesta de justicia de paz para el Ecuador.
2007
ProJusticia
Proyecto de Código de Procedimiento Civil. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
2007
ProJusticia
Revista Institucional. No. 1.
2007
ProJusticia y Corte Suprema de Justicia.
Plan Integral de reformas del Sector Justicia 2007 – 2011 y Proceso de Participación y Consulta de la Sociedad Civil.
2007
Alfredo Paredes Asociados Cía. Ltda.
Plan Estratégico de la Función Judicial para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia 2007 – 2012.
2007
PROJUSTICIA 2008 - 2010
97
de Creación de Nuevas Judicaturas 1 Proyecto y Modernización de los Servicios de Justicia en el Ecuador
E
n el marco de la Constitución aprobada en 2008, del Objetivo 9 del Plan Nacional para el Buen Vivir que se plantea: “Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia” y de la Declaración de Emergencia por la grave conmoción en el Sistema Penitenciario, del 6 de julio de 2007, el Consejo Nacional de la Judicatura presentó a la SENPLADES este Proyecto, el cual fue calificado como prioritario por esta Secretaría. Este proyecto se propuso cubrir las siguientes falencias identificadas, las mismas que impiden que el Estado garantice el acceso a la justicia para todos y todas los ecuatorianos/as: - Insuficiencia de dependencias judiciales eficientes (638 hasta el 2007). - Falta de institucionalización de medios alternativos de resolución de conflictos, situación que contribuye a la saturación
de causas en las dependencias de la justicia ordinaria. - Carencia de sistemas eficientes de monitoreo y evaluación que permitan la evaluación objetiva de los jueces, lo que ha impedido la realización de un monitoreo adecuado sobre el desarrollo de la función judicial y sus necesidades. OBJETIVO Con el fin de superar los problemas detectados, el objetivo general del proyecto fue: •Contribuir a la consolidación de la seguridad jurídica por medio de la garantía y la ampliación al acceso de la Justicia para los ecuatorianos, de manera que se asegure la transparencia, efectividad y agilidad en la prestación de sus servicios.
COMPONENTES Para alcanzar el objetivo propuesto, este proyecto desarrolló cinco componentes, cada uno de los cuales tiene áreas de trabajo específicas, tal como se detallan a continuación.
Componente 1: Gestión de Despacho en Cortes Provinciales La finalidad de este componente apuntaba a ampliar la cobertura de estas instancias, para lo cual se propuso crear una Corte Provincial en los lugares donde no se cuente con esta dependencia judicial. Cada Corte deberá contar con una sala única multicompetente y con una unidad para la Presidencia de la Corte. Este componente incluyó cuatro áreas de trabajo, a saber:
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Institución Ejecutora
Consejo de la Judicatura en colaboración con Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y su Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia en el Ecuador, ProJusticia
Contrapartes
Procuraduría General del Estado, varias Municipalidades del país, ONG, fundaciones, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, corporaciones y universidades
Fecha prevista de inicio
Agosto 2008
Fecha prevista de finalización
Abril 2011
Monto de inversión
Total US$ 22’700.000,00 Año 1: $ 287.935,27 Año 2: $ 6.435.117,93 Año 3: $ 6.435.117,93 Año 4: $ 6.435.117,93 Año 5: $ 3.106.710,93
Ámbito de cobertura
Nacional
Beneficiarios/as directos
-Usuarios de instancias de la Función Judicial para resolver conflictos: 193.000 casos sin resolución -12´156.608 potenciales usuarios de servicios de justicia; -Promedio de 277.000 procesos que ingresan anualmente y requieren despacho.
- Creación de Cortes Provinciales: El objetivo de esta actividad fue la creación de instituciones judiciales de apelación o de instancias que faciliten a los ciudadanos el acceso a justicia, para lo cual se realizó una evaluación de los espacios físicos donde funcionarían las cortes, se suscribieron convenios con las direcciones regionales del Consejo de la Judicatura y, se procedió a implementar las Cortes previstas. - Creación de Salas Temporales en Cortes Provinciales: Esta área de trabajo tuvo como objetivo incrementar la oferta de servicios para resolver y reducir las causas represadas. Para determinar el número de salas y los lugares donde éstas se crearían se hizo un estudio que orientó la toma de decisiones sobre los lugares donde se crearían las salas temporales y, finalmente, se procedió a realizar las adecuaciones e implementación de las mismas. - Sistema de Gestión de la Corte Nacional de Justicia: Con el propósito de implementar un sistema informático que contribuya a la eficiencia del despacho judicial en la Corte Nacional, en las salas de lo Contencioso Tribu-
tario y Contencioso Administrativo, se contrató a una firma consultora especializada en el desarrollo y aplicación de software en materia legal. - Plan de acciones para los Juzgados de Tránsito de la provincia de Guayas: Con el fin de mejorar el desempeño de estos juzgados, ProJusticia realizó un diagnóstico en el que se identificaron los principales problemas y se formuló una serie de recomendaciones para resolverlos. Con base en ellas se hizo e implementó un plan de acción.
Resultados componente 2: Gestión de Despacho en Tribunales Penales Este componente se propuso dos objetivos: a) aumentar el número de Tribunales Penales, en los lugares donde la carga y congestionamiento judicial sea crítica, con la creación de 20 Tribunales Penales; y, b) incorporar herramientas de apoyo informático, en todos los tribunales penales del país. Las principales áreas de trabajo y actividades programadas dentro de este componente son las siguientes:
- Depuración de carga procesal acumulada: Para cumplir con su objetivo de organizar y digitalizar todos los datos de las causas judiciales y así atender más eficientemente a la ciudadanía, se hizo inventario y se procedió a depurar la carga procesal de los Tribunales Penales, - Gerencia de sistema de trabajo: Con el objetivo de superar la actual descoordinación en los sistemas de gestión de trabajo y evacuación de carga procesal, se planteó la necesidad y se trabajó para separar el área netamente judicial, de las áreas administrativas, de manera que el personal de ésta área priorice la preparación de las audiencias judiciales y se logre la comparecencia de todos los sujetos procesales, testigos, peritos y de la prueba en general. - Capacitación y desarrollo humano: Con el fin de que el personal de estas dependencias judiciales mejore su desempeño se efectuaron eventos de capacitación en gerencia en manejo de casos, uso de herramientas informáticas, desarrollo de destrezas para el sistema acusatorio oral, atención al público y calidad en el servi-
cio. Igualmente, con la finalidad de optimizar el flujo de procesos penales, se consideró importante incorporar una actividad de capacitación en “salidas alternativas al juicio oral”, dirigida a jueces penales y agentes fiscales. - Herramientas tecnológicas e informáticas: Con el fin de desarrollar un software de calendarización de audiencias de juicio, se dotó de equipos (hardware) a los Tribunales Penales y se trabajó para que en dichas instancia se incorpore el sistema Sistema automatizado de trámites judiciales del Ecuador (SATJE) desarrollado para éstas instancias judiciales.
Componente 3: Gestión de despacho en Judicaturas de la Niñez y Adolescencia Este componente tuvo dos objetivos: a) Precautelar el interés superior que tienen los niños, niñas y adolescentes y asegurar el ejercicio de sus derechos; y, b) ampliar este servicio y mejorar la calidad de atención a las personas que acuden a laos Judicaturas de la Niñez y Adolescencia (JNA). Para conseguir su propósito se definieron 4 áreas de trabajo con sus respectivas actividades:
100
calidad en el servicio. También se incluyó una capacitación específica y paralela en asuntos de carácter procesal. - Depuración de carga procesal acumulada: Con el fin de organizar y digitalizar la información de las causas, se realizó un inventario y se hizo la depuración de la carga procesal de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, La clasificación de procesos judiciales se hizo conforme a tres categorías: a) Procesos pasivos sin posibilidad de secuela; b) Procesos pasivos con posibilidad de secuela, y, c) P rocesos activos o en trámite. - Gerencia de sistema de trabajo: Con el objetivo de mejorar la gestión de las Judicaturas de la Niñez y Adolescencia se procedió a separar las funciones al interior de cada judicatura, diferenciando el área judicial de la administrativa. - Capacitación y desarrollo humano: Con el objetivo de mejorar los conocimientos y destrezas de los funcionarios de los JNA se les capacitó en habilidades de gerencia para el manejo de casos, uso de herramientas informáticas y sobre atención a los usuarios y
- Herramientas tecnológicas e informáticas: Con el objetivo de mejorar la respuesta institucional, facilitar el trabajo del personal y atender de forma adecuada al público, se realizó la adquisición de equipos (hardware) tanto de estaciones de trabajo para los operadores del sistema, y la incorporación de la aplicación Sistema SATJE desarrollado para las Judicaturas de Niñez y Adolescencia.
Componente 4: Mediación y acceso a la justicia de la ciudadanía Con el objetivo de garantizar el acceso efectivo de la ciudadanía a la justicia y ofrecer servicios para la resolución de conflictos a través de la creación de 9 centros de mediación y el fortalecimiento de 9 ya existentes y del desarrollo de un programa de formación y capacitación teórico - práctica para mediadores. Para alcanzar las metas propuestas, ProJusticia realizó un mapeo geográfico de servicios alter-
nativos de resolución de conflictos, determinando el acceso que tiene la población a ellos, la oferta institucional y la cantidad de casos represados; e, hizo un análisis poblacional con énfasis en los niveles de conflictividad en las distintas localidades. Esta información permitió identificar los lugares/ciudades con altos porcentajes de casos represados y/o con o mayor conflictividad, criterios a partir de los cuales se calificó las áreas prioritarias de intervención. Luego de ello, ProJusticia realizó un exhaustivo trabajo de campo, a fin de identificar socios estratégicos que contaran con credibilidad, reconocimiento y pudieran asumir en forma responsable e imparcial la administración de los nuevos centros de mediación.
Componente 5: Red Nacional de Información Judicial Con el objetivo de fortalecer la coordinación y la comunicación entre las diferentes dependencias e instancias judiciales, se propuso uniformizar e integrar la gestión de la información en todas las instancias de justicia del país. El diseño de este proyecto tuvo un enfoque modular para cubrir gradualmente la gestión de la totalidad de las
101
cortes, tribunales y juzgados del país. Para concretarlo se realizó un análisis para determinar el nivel de cobertura de la red y de las instancias judiciales que serían interconectadas. Se definió que se realizaría una interconexión a nivel nacional y, otra, a nivel local, para lo cual se adquirieron e instalaron los equipos informáticos necesarios y se conectó a red a las instancias judiciales. También se ejecutaron otras actividades para dotar de recursos informáticos o interconectar a distintas instancias judiciales.
RESULTADOS En este acápite se exponen los principales resultados obtenidos en cada componente del proyecto. Resultados componente 1: Gestión de Despacho en Cortes Provinciales A continuación se sintetizan los resultados alcanzados por cada una de las áreas de trabajo de este componente. Creación de Cortes Provinciales: Tal como lo especifica el Cuadro anterior, entre 2008 y 2010
Cortes Provinciales Creadas en el período 2008 - 2010 Región
Provincia
Ciudad
Cortes Provinciales Creadas
Sierra (1)
Santo Domingo de los Tsáchilas
Santo Domingo de los Tsáchilas
1
Costa (1)
Santa Elena
Salinas
1
Amazonia (1)
Orellana
Orellana
1
Total Nacional
3
3
3
Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009
se creó una Corte Provincial en cada región del país. Cada una de estas nuevas instancias cuenta con un equipo de entre 10 a 15 personas, las mismas que han sido seleccionadas y capacitadas por el Consejo de la Judicatura. El espacio de las Cortes consta de las siguientes áreas: a) Presidencia de la Corte; b) área de secretaría; c) área de ayudantes; d) recepcionista; y, e) área de casilleros judiciales. El costo promedio de las adecuaciones fue de alrededor de 500.000 dólares.
Creación de Salas Temporales en Cortes Provinciales: Si bien con base en un estudio previo, se propuso la creación de 8 nuevas Salas de Conjueces Temporales de Cortes Provinciales, en el año 2009 fueron creadas solo 2 salas, las cuales cuentan con tres ministros jueces (cada uno con su propia oficina); una sala de reuniones y área para dos auxiliares. El monto invertido fue 38.000 dólares
102
• Personal técnico de la Función Judicial capacitado para brindar apoyo informático a la Corte Nacional de Justicia. Sistema de Gestión de la Corte Nacional de Justicia: Entre los productos y/o resultados de la contratación de una firma especializada en el desarrollo y aplicación de software en materia legal, actualmente se cuenta con los siguientes productos: • Flujograma del proceso en materia de lo contencioso tributario y de lo contencioso administrativo aprobados. • Sistema parametrizado implementado y funcional de acuerdo con el proceso y las acciones en las materias y salas indicadas. • Realizadas pruebas de ingreso de causas en el sistema con los usuarios de cada Sala, y de funcionamiento del sistema. • Informe de resultados sobre la aplicación de la solución informática en el período de prueba, y de casos ingresados en el sistema en uso. • Portal Web con acceso al público.
Plan de acciones para los Juzgados de Tránsito de la provincia de Guayas: De conformidad con el plan, se ejecutaron distintas acciones, cuyos resultados hasta hoy, han sido: • Cinco Juzgados de Tránsito de Guayaquil recibieron computadoras e impresoras. • Equipos para interconexión de los juzgados adquiridos e instalados. • Propuesta de que los jueces de tránsito despachen solamente las contravenciones impugnables y dejen de ocuparse de la no impugnables, incorporada en el nueva Ley de Tránsito.
Resultados componente 2: Gestión de Despacho en Tribunales Penales Creación de Tribunales Penales: Entre 2008 y 2010 se crearon 20 Tribunales Penales y 1 Juzgado de Adolescentes Infractores en 10 ciudades de las tres regiones del país.
Cada uno de los tribunales creados cuenta con: a) Oficinas particulares para cada uno de los 3 jueces; b) Área de secretaría; c) Área para tres ayudantes; d) Área de recepción; e) Sala de audiencias; f) Una celda; g) Dos áreas para testigos; y, h) Un área para deliberaciones. El costo promedio de las adecuaciones fue de 220.000 dólares en las capitales provinciales y de 120.000 en las demás ciudades. Depuración de carga procesal penal: Las actividades ejecutadas dentro de esta área de trabajo, produjeron los siguientes resultados: • Identificada la carga procesal real de los Juzgados de Garantías Penales de Guayaquil (31.998 causas represadas reales vs. 11.043 diagnosticadas en inicio). • Identificación de lugar de concentración de la carga penal: aproximadamente el 50% se ubica en 2 juzgados de la ciudad de Guayaquil. • Depuradas 11.097 causas represadas en 8 Jugados de Guayaquil. • Interconexión de red de 44 Tribunales Penales, más los 21 recientemente creados.
Tribunales Penales Creados en el período 2008 - 2010 Región
Provincia
Ciudad
Sierra (7)
Carchi Imbabura Pichincha
Tulcán Ibarra Quito Guayaquil* Milagro Salinas Babahoyo Machala Tena Orellana 10
Guayas Costa (12)
Amazonía (2) Total Nacional
Santa Elena Los Ríos El Oro Napo Orellana 9
Tribunales Penales Creados 1 1 5 8 1 1 1 1 1 1 21
* Incluye un Juzgado de Adolescentes Infractores | Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009.
Carga Procesal Depurada por Juzgado Penal- Guayaquil - Año 2010 7.1
Quinto
10.2
Noveno
9.4
Décimo segundo 7.8
Décimo tercero
24.2
Décimo cuarto
25.6
Décimo quinto Vigésimo noveno
2.3 13.5
Vigésimo cuarto
Fuente: Informe Final ISVOS, marzo 2010.
85
Depuración carga procesal Penal. Proceso de ordenamiento de archivos
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
14 0,6 Contencioso General
Especiales
Adolescentes Infractores
Depuración carga procesal Penal. 0,4
Estado después de la ACCSdepuración Constitucionales
Resultados componente 3: Gestión de despacho en Judicaturas de Niñez y Adolescencia Creación de nuevas judicaturas especializadas en materia de niñez y adolescencia: Los principales resultados de esta área de trabajo son tanto de orden cuantitativo como cualitativo, como detallamos a continuación: • 40 Juzgados de la Niñez y Adolescencia (JNA) creados, debidamente adecuados y entregados según la distribución geográfica prevista (Diciembre de 2009). El costo promedio de adecuación de los juzgados fue de 60.000 dólares. • Avance significativo en cuanto a la cobertura del servicio y al “acercamiento” de la justicia a niños, niñas, adolescentes y sus familias. • Realizada investigación sobre la respuesta de los JNA a las demandas por pensión de alimentos, la cual: a) Recoge las percepciones de las mujeres sobre estos servicios; b) Define una
línea de base cualitativa (fortalezas y nudos críticos) de la atención/respuesta de los JNA; y, c) Hace recomendaciones de políticas públicas y toma de decisiones para garantizar el acceso a la justicia en estos casos. • Difusión de los resultados de la investigación a través de un boletín informativo (2000 ejemplares) • Capacitación realizada a equipos técnicos de ONG y lideresas de organizaciones de mujeres de 9 provincias, sobre veedurías ciudadanas al cumplimiento del derecho a la pensión de alimentos. • Cartilla de Alfabetización Legal sobre el “Derecho al control social y a la pensión de alimentos” elaborada y publicada (1.000 ejemplares) • Guía de facilitadoras de Alfabetización Legal y CD con material de apoyo elaborada, validada y publicada (200 ejemplares)
105
Juzgados de la Niñez y Adolescencia creados por provincia y región: 2008 - 2010 Región
Provincia Imbabura Pichincha
Sierra (15)
Santo Domingo de los Tsáchilas Cotopaxi Tungurahua Bolívar Chimborazo Loja Esmeraldas
Manabí
Costa (23) Guayas
Santa Elena Los Ríos El Oro Amazonía (2) Total Fuentes: Projusticia, s/f. y Projusticia, 2009.
Sucumbíos Pastaza 16
Ciudad
Número de Juzgados Creados
Ibarra Otavalo Quito Machachi Santo Domingo de los Tsáchilas Riobamba Ambato Guaranda Latacunga Loja Esmeraldas Quinindé Portoviejo Chone Manta Bahía Guayaquil Milagro Daule Durán Playas Salinas Babahoyo Machala Pasaje Nueva Loja Puyo 27
1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 40
Depuración de la carga procesal de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de Quito: Este proceso incluyó varias actividades que arrojaron los siguientes resultados: • Identificadas y contabilizadas la totalidad de causas represadas en 11 de los 12 Juzgados de Quito, evidenciando que más de 240.000 juicios se encuentran acumulados. • 76.216 causas de 11 Juzgados de Quito procesadas y depuradas, las mismas que representan el 32% del total de juicios acumulados en esta ciudad. • Validación del Sistema Automatizado de Trámite Judicial (SATJE) realizada, mediante el procesamiento de 300 expedientes. • Equipo técnico y profesional de los JNA capacitado en procedimientos en el ámbito de niñez y adolescencia, configuración y manejo del SAJTE y en administración sistematizada de documentos. • Estudio realizado con recomendaciones para mejorar desempeño de los JNA.
7.8
Décimo tercero
24.2
Décimo cuarto
106
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
25.6
Décimo quinto
85
Vigésimo noveno
2.3 13.5
Vigésimo cuarto
Tipos de Procedimientos, JNA - Quito (En %) 14 0,6
0,4 85
Contencioso General
Especiales
Adolescentes Infractores
ACCS Constitucionales
Estado de Causas Acumuladas en Juzgados de la Niñez y Adolescencia Causas Pasivas 16%
14 0,6 Contencioso General
Especiales
Adolescentes Infractores
0,4 ACCS Constitucionales
Fuente: UNAP, 2010.
Causas Activas 84%
Fuente: UNAP, 2010.
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Causas Pasivas 16%
Depuración de Juzgados de la Niñez y Adolescencia Causas Activas 84%
107
Resultados componente 4: Mediación y Acceso a la Justicia de los ciudadanos Luego de cumplir con las actividades previstas dentro de este componente, los principales resultados obtenidos entre 2008 y 2010, fueron: • Creación y equipamiento con mobiliario, paneles, instalaciones eléctricas y climatización, a 18 centros de mediación • Fortalecimiento de 9 centros de mediación creados con anterioridad. • Desarrollo de un extenso plan de capacitación para la formación de potenciales mediadores y el reforzamiento de mediadores en ejercicio, mediante el cual se capacitaron 331 personas de distintas provincias del país. • Talleres de actualización dictados en Lago Agrio, Cuenca y Guayaquil, con la asistencia de 80 participantes de distintos lugares del país. • 145 funcionarios de la Función Judicial capacitados sobre la mediación y sus ventajas.
• Elaborado y ejecutado Plan de monitoreo y seguimiento para verificar el correcto funcionamiento de los Centros de Mediación.
con material impreso informativo. Todo el material de mediación comunitaria fue impreso también en quichua.
• Campaña de difusión de la mediación como método alternativo, legal y oficial de resolución de conflictos, realizada en 35 colegios públicos localizados en 15 provincias
• 20 personas de las parroquias cercanas de Muisne, 40 personas de Manta, 20 personas pertenecientes a los cantones cercanos a Ventanas recibieron formación para actuar como mediadores en los 5 centros creados en el año 2010.
• Atendidos 1.407 requerimientos de información de la ciudadanía sobre casos de mediación, a través de la línea 1800-JUSTICIA. • Creación y equipamiento, en 2010, de 4 centros de mediación en la Sierra y en la Costa, de 4 centros de mediación comunitaria en la Sierra y 1 centro de mediación itinerante en Tulcán. • 100 dirigentes indígenas y de organizaciones sociales de las provincias de Pichincha, Tungurahua, Bolívar y Cañar capacitados para desempeñarse como mediadores comunitarios. • La unidad de comunicación y atención al ciudadano de Projusticia, publicitó la mediación comunitaria por medio de cuñas radiales, y
• En coordinación con los Colegios de Abogados de Tungurahua, Esmeraldas y El Oro, Projusticia realizó talleres de mediación dirigidos a profesionales y estudiantes de Derecho, en las ciudades de Ambato, Esmeraldas y Machala, con la asistencia de un total de 800 personas. • Censo nacional de centros de mediación realizado, como una línea de base para la consolidación del proyecto de Creación de Nuevas Judicaturas y Modernización de los Servicios en el Ecuador. Se identificaron 104 centros de mediación inscritos en el Consejo de la Judicatura, de los cuales 85 se encontraban en funcionamiento. En el año 2009, de las 9.000 cau-
108
sas tramitadas en los 85 centros censados, el 55% concluyó con la firma de actas de acuerdo total entre las partes, el 20% con la firma de actas de acuerdo parcial y el 25% con actas de imposibilidad de acuerdos.
Beneficiarios de las capacitaciones y talleres de mediación, actualización y campañas de difusión de ProJusticia: 2008 - 2010 Pobladores capacitados en mediación
511
Funcionarios judiciales capacitados en mediación
145
Personas capacitadas con actualización en mediación
Creación Centros de Mediación
80
Profesores y estudiantes de derecho capacitados con talleres de mediación
800
Colegios públicos campaña de difusión de la meditación
35
0 Fuente: ProJusticia. Informes del Proyecto 2008, 2009 y 2010
Campaña de Mediación
200
400
600
800
1000
109
Resultados componente 5: Red Nacional de Información Judicial
Firma de Convenio ProJusticia - Ministeriosde Agricultura (MAGAP)
En concordancia con el objetivo prioritario de este componente se realizó una serie de actividades para la interconectividad e implementación de redes, con los siguientes resultados: • Los Tribunales Penales creados en Quito y Guayaquil fueron puestos en red. • Se adquirió e instaló los equipos para implementar el Foro de Abogados • Un centro de cómputo fue instalado en la Casa Judicial en Cuenca. • Interconexión establecida entre las capitales provinciales con sus respectivos cantones, la cual abarca a 93 cantones de 14 provincias. Incluyó la entrega de equipamiento activo y la capacitación al personal del área de sistemas del Consejo Nacional de la Judicatura. El valor de esta actividad fue 1’248.000 dólares.
Dra. Natacha Reyes, Directora de ProJusticia e Ing. Ramón Espinel, Ministro de Agricultura.
110
Centros de Mediación Creados y Fortalecidos por ProJusticia - Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: 2000 - 2010 Centros de Mediación Creados y Fortalecidos por ProJusticia Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (Años 2008 a 2010)
#
#
#
CARCHI
ESMERALDAS
#
IMBABURA
#
GALAPAGOS
#
# !
#
#
SUCUMBIOS
PICHINCHA
!
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
NAPO
!
MANABI
#
#
ORELLANA
COTOPAXI
#
! LOS RIOS
#TUNGURAHUA
#
#
BOLIVAR PASTAZA
! #
CHIMBORAZO
GUAYAS
SANTA ELENA
!
# #CAÑAR
GUAYAS
MORONA SANTIAGO
! AZUAY
! EL ORO ZAMORA CHINCHIPE
± 0
85
170
Leyenda
LOJA
!
Centros de Mediación Km. 340
# !
Creación Fortalecimiento
111
Centros de Mediación Creados y Fortalecidos por ProJusticia - Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: 2000 - 2010 NO.
AÑO
EJECUCIÓN
PROVINCIA
CIUDAD
SOCIO ESTRATÉGICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Fortalecimiento Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación Creación
Guayas Chimborazo Loja Manabí Azuay El oro Santo Domingo de los Tsáchilas Orellana Sucumbíos Sucumbíos Esmeraldas Esmeraldas Manabí Imbabura Morona Santiago Napo Galápagos Santa Elena Esmeraldas Manabí Pichincha Los Ríos Carchi Pichincha Tungurahua Bolívar Cañar
Guayaquil Riobamba Loja Portoviejo Cuenca Machala Santo Domingo de los Tsáchilas Coca Lago Agrio Lago Agrio Esmeraldas Rocafuerte Manta Ibarra Macas Tena San Cristóbal Santa Elena Muisne Manta San Miguel de los Bancos Ventanas Tulcán Quito Ambato Guaranda Cañar
Procuraduría General del Estado Procuraduría General del Estado Procuraduría General del Estado Procuraduría General del Estado Procuraduría General del Estado Procuraduría General del Estado Gestor Corp. Fundación Ayllu Huarmicuna Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP Esc. Polit. Ecológica Amazónica Juntas Parroquiales Juntas Parroquiales Fundación Ad Litem Esc. Polit. Ecológica Amazónica Esc. Polit. Ecológica Amazónica Esc. Polit. Ecológica Amazónica Procuraduría General del Estado Procuraduría General del Estado Municipio de Muisne Municipio de Manta Fundación Comunidad, Ambiente y Desarrollo Fundación Comunidad, Ambiente y Desarrollo Asamblea Permanente de Derechos Humanos CEDIME y Red de Defensores Indígenas CEDIME y Red de Defensores Indígenas CEDIME y Red de Defensores Indígenas CEDIME y Red de Defensores Indígenas
112
Provincias y cantones interconectados con el Sistema Automatizado de Trámites Judiciales - SATJE Provincias y cantones interconectados con el SATJE % %
!
%
CARCHI
ESMERALDAS
% %
%
!
% % % % IMBABURA % %% ! % %%
%
GALAPAGOS
SUCUMBIOS
PICHINCHA
!
%
%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
%
%
% %
NAPO
% %MANABI % %
% %
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ORELLANA
% COTOPAXI
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%
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GUAYAS ! %% % %
!
%
PASTAZA
% CHIMBORAZO % %
%
%
%
%
%
SANTA ELENA
%
! %BOLIVAR %
% %
! TUNGURAHUA
%
LOS RIOS
%
! %
CAÑAR
%
%
MORONA SANTIAGO
% GUAYAS
%
AZUAY
% EL ORO
% % % % % LOJA
± 0
95
190
%
%
% % ZAMORA CHINCHIPE
!
%
% %
Km. 380
Leyenda
%
!
%
Cabeceras
!
Capital Interconexión
%
113
Provincias y cantones interconectados con el Sistema Automatizado de Trámites Judiciales - SATJE Región
Provincia Carchi (4)
Sierra (44)
Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Ibarra, Pimampiro
Pichincha (7)
Quito, Rumiñahui, Mejía, Cayambe, Pedro Moncayo, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado
Cotopaxi (4)
Pangua, La Maná, Pujilí, Saquisilí
Tungurahua (2)
Total
Ambato, Baños
Bolívar (5)
Chimbo, Chillanes, Caluma, Echeandía, Las Naves
Chimborazo (6)
Guano, Colta, Pallatanga, Guamote, Chinchi, Alausí
Esmeraldas (5)
Amazonía (10)
Bolívar, Montúfar (San Gabriel), Espejo (El Ángel), Mira
Imbabura (5)
Loja (11)
Costa (39)
Cantón
Manabí (16)
Saraguro, Gonzanamá, Espíndola, Sozoranga, Zapotillo, Pindal, Célica, Puyango (Alamor), Paltas, Chaguarpamba, Macará San Lorenzo, Eloy Alfaro (Limones), Esmeraldas, Atacames, Quinindé Pichincha, Montecristi, Manta, Santa Ana, 24 de Mayo, Sucre, Jipijapa, Paján, Rocafuerte, Junín, Chone, Tosagua, Bolívar, Flavio Alfaro, El Carmen, Pedernales
Guayas (11) Los Ríos (7) Morona Santiago (6)
Milagro, Naranjito, San Jacinto de Yaguachi, Durán, Samborondón, El Triunfo, Naranjal, Playas, Daule, El Empalme, Balzar Babahoyo, Montalvo, Baba, Vinces, Pueblo Viejo, Urdaneta, Ventanas Gualaquiza, Limón Indanza, Santiago, Sucúa, Macas, Palora
Zamora Chinchipe (4)
Chinchipe (Zumba), Zamora, Centinela del Cóndor, Yantzaza
14
Fuente: ProJusticia. Dirección de Nuevas Tecnologías Campaña de Mediación
93
114
Otras actividades también fueron ejecutadas dentro de este componente, cuyos resultados hasta 2010, son los que se enuncian a continuación: • Oficinas de la Defensoría Pública de Quito adecuadas y dotadas de servidores, cableado estructurado y equipos de computación. • Oficinas cuentan con equipamiento tecnológico en la Defensoría Pública en Guayaquil, en la Policía Judicial y en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de esa ciudad. • Interconexión realizada en el Juzgado de Adolescentes de Guayaquil. • Suscrito convenio entre ProJusticia y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP, para crear un Centro de Mediación para atender los conflictos por tierras. • Diseñado el espacio para la adecuación de un Centro de Mediación y en marcha proceso de
adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones para el centro del MAGAP. • Adecuados Juzgados de Garantías Penales de Flagrancia en Quito, Guayaquil y Manta. • Efectuada capacitación en computación básica a los funcionarios de los Juzgados de Tránsito de la provincia del Guayas, instancia que recibirá equipamiento activo por parte de ProJusticia. Al momento de cerrar está publicación, como parte de este componente, se encontraban en ejecución las siguientes iniciativas: • Proceso de adecuación de la Biblioteca Digital para 3800 personas privadas de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil. • Desarrollo de una Propuesta conceptual de equipamiento urbano e infraestructura tecnológica para la administración de justicia.
• Implementación del Gestor Documental (BPM) para digitalización e indexación de 55.000 documentos de ProJusticia. • Diseño, desarrollo, implementación e instalación del portal Web de ProJusticia
115
2 Proyecto Acceso a la Justicia Penal Ecuatoriana
P
ara el año 2008, la realidad jurídica del país mostraba algunas deficiencias que limitaban el acceso al sistema de Justicia Penal para gran parte de la población ecuatoriana. Las causas aparecen registradas en relación a varios factores: - Falta de aplicación de la oralidad en los juicios, no obstante su vigencia desde el año 2002. - Ausencia de coordinación sobre la estandarización de los procesos externos, lo que reduce la agilidad de los procesos judiciales. En cuanto a los procesos internos si bien las judicaturas operan con procedimientos similares, las herramientas informáticas no son iguales o se administran bajo criterios propios.
- La distribución territorial de las judicaturas no es accesible a toda la población, situación que incide para que esta población abandone los casos y no ejerza sus derechos, además de violentarse el principio de acceso a Justicia. - Existe un enorme represamiento y acumulación de causas, pues de acuerdo a las estadísticas levantadas por el Consejo de la Judicatura, el número de causas represadas ascendía a 204.098, pero no se conocía si requerían de juzgamiento, si habían sido desestimaciones o abandonadas, pues no se había realizado la depuración de la carga procesal para determinar el trámite que debían seguir. Ante esta problemática, en el año 2008 se aprobó el Código Orgánico de la Función Judicial, el cual busca asegurar:
- El derecho constitucional de las personas y comunidades a acceder a una justicia eficaz, transparente y rápida. - El acceso geográfico a la justicia según las necesidades de las personas y colectividades. - La justicia integral por parte de todos los operadores judiciales, con la finalidad de servir a la comunidad y garantizar los derechos de todas las personas. En este contexto, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, conjuntamente con el Consejo de la Judicatura delinearon este “Proyecto de Acceso a la Justicia Penal”, el mismo que fue presentado y aprobado por SENPLADES y cuya ejecución se inició en el año 2010.
116
Es necesario subrayar que el proyecto en cuestión (Acceso a la Justicia Penal Ecuatoriana) aún está en ejecución, de manera que en esta publicación sólo se reseñan las actividades y resultados obtenidos hasta inicios del 2011. Además, vale señalar que no todo el proyecto está a cargo de ProJusticia, sino que algunos de sus componentes están siendo ejecutados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por tanto sus avances se describen en la parte I que recoge la memoria de esta cartera de Estado.
Institución Ejecutora
Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) a través de la Unidad de Coordinación de la Reforma de la Administración de Justicia en el Ecuador – ProJusticia
Contrapartes / Actores Relacionados
Todos los Actores del Sector Justicia, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones Conservacionistas
Fecha prevista de inicio
Enero 2010
Fecha prevista de finalización
Abril 2011
Monto de inversión
USD $ 5´524.820
El proyecto se plantea como objetivo general:
Ámbito de cobertura
Nacional
• Mejorar el acceso a la justicia penal en el Ecuador en cuanto a cercanía a la población, cobertura y celeridad en sus procesos.
Beneficiarios/as directos
La población que será atendida por el proyecto asciende a 1.180 funcionarios judiciales penales. La población que se beneficiará con el proyecto está constituida por los 13'978.182 ecuatorianos
OBJETIVOS
Adicionalmente, se definen los siguientes objetivos específicos: • Mejorar la celeridad en los procesos e incrementar la cobertura en la gestión de las Judicaturas.
117
• Administrar la información judicial en un sistema de información geográfica que permita el establecimiento y monitoreo de los puntos de acceso a la justicia. • Crear Judicaturas penales para cubrir la demanda poblacional de estos servicios judiciales. COMPONENTES Para alcanzar los objetivos de este proyecto, fueron definidos 3 componentes, cada uno de los cuales corresponde a uno de los objetivos específicos. A continuación se describe cada componente y los procesos o actividades que lo conforman.. Componente 1: Celeridad en los procesos e incremento de cobertura en la gestión de Judicaturas Como estrategia para la ejecución de este componente, se planteó la participación de los funcionarios de las judicaturas penales de primera, segunda y tercera instancia, para que desde su experiencia formulen recomendaciones adecuadas a la realidad ecuatoriana.
Este componente está conformado por cinco procesos: • Ingeniería de valor: Esta metodología que se utiliza para resolver problemas y/o reducir costos, y mejorar los requerimientos de calidad, fue la adoptada para mejorar los procesos de gestión en las Judicaturas Penales. Con el fin de desarrollar la ingeniería de valor se contrató una consultoría para “diseñar un proceso de gestión estandarizado en materia penal, para optimizar los recursos y garantizar eficiencia del despacho judicial, de acuerdo a los nuevos modelos contenidos en el Código Orgánico de la Función Judicial”. Para este diseño, se partió del diagnóstico y verificación del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales de Garantía Penales, Salas Penales de Cortes Provinciales de las ciudades de Quito, Ambato, Cuenca, Guayaquil, Portoviejo, Esmeraldas, Lago Agrio, Macas, Loja, Tulcán, Machala, Puyo, El Guabo; y Salas Penales de la Corte Nacional de Justicia. • Diseño del modelo de funcionamiento: Una vez obtenida la información del levantamiento de procesos y con el análisis estadísti-
co de carga procesal, gestión interna de las judicaturas penales, escenarios de distribución de competencias y redistribución de jurisdicción para cada una, se elaboró una propuesta de modelo de funcionamiento para cada una de las judicaturas penales del país • Manejo de información: Este proceso incluye la implementación de campañas de difusión. En primear instancia se desarrollará la campaña que ya fue diseñada por el MJDH y la Comisión del Sistema Penal, para dicho efecto se contará con los servicios profesionales de una empresa de medios; y progresivamente se utilizarán los espacios públicos para difundir los deberes y derechos de los ciudadanos en cuanto a los procesos judiciales. • Capacitación a funcionarios judiciales en servicio de atención al público: Con el objetivo de motivar a los funcionarios de la Función Judicial Penal para mejorar el servicio de atención al usuario, se plantea capacitar a los funcionarios judiciales en: manejo de herramientas informáticas, atención al usuario, motivación y relaciones humanas.
118
• Difusión de medios alternativos de resolución de conflictos: Con el fin de dar a conocer los medios alternativos para la solución de conflictos, se plantea informar a la población al respecto, utilizando medios como radio, televisión y prensa. Componente 2: Información judicial administrada en un sistema de información geográfica para el establecimiento y monitoreo de puntos de acceso a la justicia Este componente se basa en el principio de equidad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y propone escenarios óptimos de distribución y creación de judicaturas, tomando en cuenta variables como población, acceso vial o fluvial, jurisdicción, entre otros. Su ejecución está prevista para el año 2011. Contempla los procesos: • Territorialización de la información judicial penal en un sistema de información geográfi-
ca: Incluye 3 actividades: a) Depuración de la base de datos proporcionada por el CJ sobre la ubicación y jurisdicción de los servicios de justicia, así como de la base territorial (límites políticos administrativos, red vial) digital proporcionada por SENPLADES; b) construcción del archivo territorial en donde se ubicará espacialmente los actuales servicios de justicia a nivel nacional; y, c) ingresar la base de datos de carga procesal en el sistema. • Análisis de variables que se utilizarán para la óptima distribución geográfica de los nuevos juzgados: Una vez ingresada la información de las judicaturas al sistema de información geográfico (SIG) se determinará la cobertura del servicio de justicia en el Ecuador según la cobertura por área territorial y la capacidad de atención de las judicaturas. • Diseño de un modelo de administración SIG de las variables territoriales para la distribución y acceso territorial del servicio judicial penal: Luego de haber definido las variables que se usarán para el análisis geográfico, se propondrán escenarios de redistribución de jurisdicción de los juzgados existentes has-
ta el 2009. Posteriormente se determinará el escenario óptimo para la creación de nuevas judicaturas. • Identificación de los lineamientos y criterios para el monitoreo de la cobertura y acceso del servicio de justicia penal: Una vez que esté en funcionamiento el SIG judicial se procederá al ingreso de información judicial relevante y la administración misma del sistema con cobertura nacional. Componente 3: Judicaturas penales creadas para cubrir la demanda poblacional de estos servicios judiciales En coherencia con la estrategia nacional de gobierno, la prioridad de implementación serán la frontera norte y los sectores desprotegidos en cuanto acceso a la justicia. Este componente comprende los siguientes procesos: • Diseño de un plan integral de adecuaciones a la infraestructura de las judicaturas: La elaboración del plan supone algunas
119
actividades: a) Definir, con representantes del sector judicial, de los estándares básicos que requieren las judicaturas para funcionar de forma adecuad; b) hacer un inventario de los bienes inmuebles de propiedad del Consejo de la Judicatura; y c) realizar un informe técnico con los estándares básicos para las adecuaciones de las judicaturas que se crearán. • Determinación del número de nuevas judicaturas que se crearán para atender la carga procesal: Esto se hará con base en los resultados del análisis geográfico territorial y las estadísticas sobre carga procesal y gestión de despacho de las judicaturas. • Creación de nuevas judicaturas penales: Para hacerlo se tomará en cuenta los criterios acordados sobre el modelo de gestión, competencias y jurisdicción: Una vez definidas las localidades en las que funcionarán las nuevas judicaturas, se procederá a su implementación. • Diseño del plan de implementación de jueces de contravenciones: Este plan deberá incluir una matriz de competencias de los
nuevos juzgados y será diseñado recogiendo las opiniones de autoridades representantes del sector justicia. Con ello y de acuerdo con lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, se hará un documento técnico que será socializado a través de eventos y de los medios de comunicación. • Otras iniciativas desarrolladas por el proyecto Los componentes y procesos expuestos son los previstos en el proyecto, sin embargo se debe indicar que, en la medida que algunas actividades fueron asumidas directamente por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, ProJusticia decidió ejecutar algunas iniciativas que no constaban en la planificación inicial y que se incorporaron y fueron financiadas con los fondos asignados a los distintos componentes del proyecto. • Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el fin de la impunidad en Ecuador: Esta iniciativa que se incorporó al componente 1 del proyecto en septiembre de 2010, respondió a la necesidad de realizar una es-
trategia comunicacional con actores sociales y ciudadanos, con el fin de promover y suscribir un Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y contra la Impunidad en Ecuador. Este Acuerdo se propuso ser “una hoja de ruta para una ciudadanía activa y demandante, y guía para autoridades y responsables políticos del cambio”. El proceso comprende las siguientes etapas: - Propuesta estructurada de campaña de difusión del Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el fin de la impunidad en Ecuador. - La adhesión ciudadana a este Acuerdo. - Afianzamiento y posicionamiento del Acuerdo. • Intercambio Profesional: Esta iniciativa también se añadió al componente 1 y tuvo dos objetivos: a) Motivar al personal de la función judicial penal para ofrecer un óptimo servicio, a través de un proceso de co-aprendizaje, que les permita contar con mejores herramientas y destrezas que redunden en una mejor atención a los usuarios.
120
b) Validar el método de intercambio profesional con jueces del Ecuador (a manera de piloto), e identificar el nivel de interés de los participantes, con el fin de analizar la posibilidad de replicarlo en todo el país. • Supervisión de actividades de la Comisión de la Verdad: Esta Comisión fue creada el 3 de mayo de 2007 mediante Decreto Presidencial No. 305, con el propósito de “investigar y esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos”. En su informe final, La Comisión de la Verdad concluyó que en ese período, 456 personas fueron víctimas directas de 831 diferentes violaciones a los derechos humanos; 365 víctimas denunciaron haber sido torturadas. Además, la Comisión realizó recomendaciones en materia de satisfacción, de restitución, de rehabilitación, de indemnización y de garantías de no repetición.
El 18 de agosto de 2010, mediante Acuerdo Ministerial No. 219 el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, resolvió prorrogar la vigencia de la Comisión de la Verdad. En este marco, se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre ProJusticia y la Comisión de la Verdad, el 27 de agosto de 2010, con el fin de ejecutar el mencionado Acuerdo Ministerial y desarrollar acciones que aporten al Programa de Mejoramiento de Justicia Penal, por lo que esta iniciativa fue asumida como parte del componente 3 de este proyecto. Según el citado acuerdo, las obligaciones de ProJusticia se resumen en: aportar la suma de 471.020 dólares, supervisar y coordinar las actividades de la Comisión.
• Creación del Juzgado de los Derechos de la Naturaleza: En septiembre de 2010, la Dirección del Parque Nacional Galápagos y varias organizaciones conservacionistas plantearon a ProJusticia la “necesidad de establecer judicaturas especializadas en derechos de la naturaleza…en la provincia de Galápagos” y que esta propuesta sea encaminada hacia el Consejo de la Judicatura. En vista de la justificación y fundamentación de hecho y de derecho presentada, se acoge y da trámite a esta solicitud.
• Campaña Comunicacional de Acceso a Justicia Penal “Construyendo Justicia”: Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía acerca del debido proceso, el rol de los actores del sistema judicial, así como de sus derechos y deberes en el marco de la justicia penal, ProJusticia planteó la necesidad de diseñar esta campaña, incluyendo la producción y difusión de distinto material publicitario. Esta actividad se realizó entre junio y
• Manual Penal Ambiental: ProJusticia ve la necesidad de especializar a la Función Judicial en materias ambientales, y a las juezas y jueces en la aplicación del derecho penal relativo, por lo que decidió elaborar un Manual Penal Ambiental que contribuya al cumplimiento del régimen especial de Galápagos y a la conservación de este patrimonio natural. Esta iniciativa se incorporó al componente 3 de este proyecto.
diciembre de 2010, dentro del tercer componente del proyecto.
121
• Estudio sobre la percepción de los usuarios de los servicios de justicia en el Ecuador: Dentro del componente 3 del proyecto se incluyó la realización de este estudio con el objetivo de conocer el impacto de las acciones desarrolladas desde 2007 por ProJusticia (proyectos ejecutados y en ejecución), de acuerdo con las percepciones de los usuarios internos y externos del sistema de justicia en el Ecuador, con énfasis en el acceso a la justicia penal. Los objetivos específicos propuestos fueron: a) Identificar un mapa de actores y usuarios internos y externos del sistema de justicia; b) establecer niveles de satisfacción de los usuarios del sistema en comparación con la oferta de servicios de justicia previo a la ejecución de los proyectos; c) determinar si existe mejoría en los niveles de eficiencia de los servicios de justicia con la implementación de infraestructura y tecnología; y, d) detectar las necesidades y requerimientos de los usuarios con miras a ejecutar acciones concretas de corto, mediano y largo plazo para mejorar los niveles de satisfacción.
RESULTADOS A continuación se presentan los principales resultados de las acciones realizadas al interior de cada uno de los componentes del proyecto. Resultados componente 1: Celeridad en los procesos e incremento de cobertura en la gestión de Judicaturas Ingeniería de valor: Diseño realizado de proceso de gestión estandarizado en materia penal, acorde con los modelos contenidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene: • Descripción de las actividades, roles y funciones de acuerdo al tipo de procedimiento que se sigue en las Judicaturas penales. • Diagramas de flujo de los procesos que utilizarán, teniendo como referencia la matriz de valor agregado elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. • Propuesta de Organigrama de la Estructura Organizacional Interna de Procesos, una propuesta de esquema de delegación, de perfiles ocupacionales y de requisitos mínimos.
• Estudio comparativo de los resultados del levantamiento de procesos que se sigue en las judicaturas analizadas, en relación con la normativa penal vigente. • Propuesta de un Sistema de Gestión clasificado por tipo de procedimiento penal, enlistado y diagramado, de acuerdo con los nuevos modelos contenidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, a partir de un análisis de agregación de valor. • Informe de datos y estadísticas levantadas en el desarrollo del estudio. • Manual de procesos y procedimientos que integran la caracterización, diagramas de flujo y descripción detallada de actividades de todos los procesos que serán sometidos a discusión previa su aprobación por la comisión en pleno del Consejo de la Judicatura. Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el fin de la impunidad en el Ecuador: En la primera fase del Proyecto (Septiembre 2010 a enero 2011) se determinaron los públicos objetivo y se diseñaron los mensajes, medios
122
Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el Fin de la Impunidad
y acciones de la campaña comunicacional; se identificaron los actores para la construcción del Acuerdo; se realizó el diagnóstico y se recogieron las propuestas ciudadanas en el Encuentro Nacional de Quito (12 y 13 de noviembre de 2010); y, se emprendió en la socialización de las propuestas ciudadanas. Como resultado de estas acciones se tienen los siguientes productos: • Informe del proceso de construcción del acuerdo que incluye:
Dr. José Srrano S., Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
- Un video sobre justicia e impunidad y la Agenda estratégica de Justicia del Ecuador.
123
- Dos videos sobre la impunidad en el país y su relación con los derechos humanos - Seis productos respecto al desarrollo del Acuerdo. - Un informe de difusión de las piezas producidas, un reporte de pautaje y sintonía. • Documento del Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el Fin de la Impunidad, con líneas de acción desarrolladas y acordadas con la ciudadanía. • Documento elaborado sobre “Propuestas para el cambio y diseño de políticas públicas para el sector Justicia”. Intercambio Profesional: En esta experiencia participaron 15 jueces de tribunales seleccionados de Cotopaxi, Imbabura, Guayas, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. Luego del intercambio, se observaron los siguientes resultados entre los jueces participantes: • Mejoramiento en las sentencias emitidas (aspectos de forma y fondo) que se expresa en:
• Mejor calificación promedio de las sentencias revisadas entre el inicio y final del intercambio, subiendo en casi dos puntos porcentuales (de 7,3 a 9,1). • Mejor calificación con relación específica a los aspectos jurídicos, pues subió de un 7,9 hasta 8,9. • Mayor porcentaje de sentencias con mejores niveles de legibilidad y comprensión para no abogados/as, al inicio solo el 54% de sentencias eran legibles y claras para no profesionales en la materia, frente al 78% al final del intercambio profesional; • Cuatro de seis tribunales han implementado un nuevo estilo de sentencias (no dejan espacios en blanco) y han implementado un estilo moderno (más fácil de leer y comprender, mejor estructuradas, más cortas sin perder contenido). • Numerosos errores corregidos en la interpretación de las leyes, Constitución y tratados internacionales.
• Tribunales se esfuerzan por incluir teoría dogmática y tratados internacionales para motivar (argumentar) su decisión sobre responsabilidad/inocencia de los acusados.
Acuerdo Nacional para una Nueva Justicia y el Fin de la Impunidad
124
Resultados componente 3: Judicaturas penales creadas para cubrir la demanda poblacional de estos servicios Supervisión de actividades de la Comisión de la Verdad: Entre agosto de 2010 y enero de 2011, esta iniciativa realizó algunas actividades preliminares, cuyos resultados son: Atención de nuevos casos: • 33 nuevos casos atendidos y depurados, 25 cuentan con suficiente credibilidad para continuar su investigación y entregarlos a la fiscalía; y, dos peritajes técnicos balísticos efectuado (Casos Damián Peña y Edwin Barros) • Seguimiento dado a una acción de protección para la Comisión la cual ha sido reconocida como inocente en primera y segunda instancia. • Se han entregado 116 expedientes a la Fiscalía, se han abierto 40 indagaciones previas.
• Se cuenta con estadísticas mensuales sobre el número de testigos que se han acogido al sistema protección, bajo las acciones de la Comisión, y derivadas de la Fiscalía. Ley de víctimas: • Contrato suscrito con expertos internacionales para preparar un anteproyecto de Ley Unidad Especial encargada de la investigación: • Seguimiento a la conformación de una Unidad Especial encargada de la investigación. Acompañamiento al proceso de la Unidad Especial de Investigación. Se cuenta con una Unidad instalada con 7 fiscales. Estrategia de comunicación y acciones de difusión pública: • Realizada encuesta de opinión “Comisión de la Verdad, Imagen y Conocimiento de Gestión” e informe presentado. • Estrategia de comunicación y difusión preparada con base en los resultados de la encuesta de opinión.
• Efectuado “Foro Internacional Derecho a la Justicia y a la Memoria”, con la participación de expertos de EEUU y Argentina. • Taller de presentación del Informe de la Comisión de la Verdad realizado para integrantes de la Fiscalía. • Realizadas 10 presentaciones del documental y del informe final de la Comisión de la Verdad, en Loja, Esmeraldas, Latacunga y Quito. • Presentación del informe de la Comisión de la Verdad en la Reunión del Comité contra la Tortura de la ONU; y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se han hecho socializaciones del informe en tres espacios internacionales. • Realizada traducción al inglés del documental y del resumen ejecutivo del informe de la Comisión. • Página Web de la Comisión de la Verdad se encuentra activa y actualizada. • Reimpresión hecha de 3000 ejemplares del resumen ejecutivo y 500 del Informe Final de la
Comisión de la Verdad; y, 3.000 copias reproducidas del DVD “Archivos de Verdad”. • Pautaje realizado en 13 radios de las provincias de Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, con un total de 835 cuñas.
10
0
• Se cuenta con la Mejor estructura y contenido de 10 Calificación en relación de radio,específica con un que contiene a losCD aspectos 7.9 y con material los7.3programas en formato mp3, 9.1 8.9 informativo relativo a la protección de DDHH y el trabajo de la protección.
Mejor calificación promedio programas de las sentencias revisadas
Al inicio Al final
Campaña “Construyendo Justicia:” - 2010
1,197
Cuñas en televisión
8,192
Cuñas en radio
9,389
Total Cuñas 1,000 2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
100% Capacitación:
• Taller de Procedimientos Periciales realizado. 0% • Dictado Curso de especialización en crímenes Al inicio Al final organizado 54% 78% por la ComiValores obtenidos de lesa humanidad, sión de la Verdad y el Centro Internacional de Justicia Transicional. Grabadoras
ratos telefónicos
neas telefónicas Archivadores Escritorios
ones de Trabajo 0%
• Talleres y cursos realizados en Esmeraldas, 41% Latacunga y Lago 15%Agrio. 21% • Un taller realizado para la Asociación Nacional de Jóvenes. 27%
Campaña comunicacional de acceso a jus13% ticia penal “Construyendo Justicia”: La cam20%
40%
60%
Año 2010
Fuente: ABP. Informe Final de Campaña. Año 2010
paña fue realizada en todo el país, para lo cual se produjo distinto material de difusión masiva y 1 se realización de una serie de actividades, cuyos 0.8 resultados se detallan a continuación:
• Campaña en televisión hecha durante 45 días, en 15 canales de televisión; se pautó un total de 1.197 cuñas, con un promedio diario de 26,4 cuñas.
0.6
• 7.200 plegables, 3.755 0.4afiches, 2.000 guías/ma70% pas; 10 estructuras de0.2aluminio; y 2.000 DVD con video promocional,0 spots de televisión y ¿Le parece importante que el Ministerio de Justicia nos cuñas radiales, producidosmantenga y distribuidos. informados sobre los 80%
• Campaña de radio realizada en español y en quichua durante 45 días, a través de 41 emisoras que emitieron 8.192 cuñas, con un prome¿Recuerda alguna campaña ¿Asocia la frase"construyendo informativa del Ministerio de dio diario de 182 justicia"con cuñas.esta campaña? Justicia sobre como funciona el
SI
0.908969494
0.56104788
0.56128632
NO
0.091030506
0.422143912
0.452257866
126
Impacto de la Campaña “Construyendo Justicia”: 2010.
100 80
Campaña “Construyendo Justicia” en colegios de Guayaquil y Quito
60 40 20 0
¿Le parece importante que el Ministerio de Justicia nos mantenga informados sobre los derechos ciudadanos del sistema judicial?
¿Recuerda alguna campaña informativa del Ministerio de Justicia sobre como funciona el sistema penal en el Ecuador?
¿Asocia la frase"construyendo justicia"con esta campaña?
SI
91%
56%
56%
NO
9%
42%
45%
Fuente: ABP Publicidad Producción. Informe Final de la Campaña de Comunicación sobre los Derechos y Obligaciones en el Sistema de Justicia Penal “Construyendo Justicia”
• Visita informativa realizada a 10 colegios de las ciudades de Quito (4), Guayaquil (4) y Cuenca (2) para difundir la campaña: presentación de video, realización de foros y entrega de material impreso. Participaron 4.454 estudiantes que recibieron información sobre el sector
justicia, los derechos y las obligaciones de los actores involucrados. • Informe de impacto de la campaña elaborado, con base en una encuesta de 4 preguntas en 6 ciudades de las tres regiones (Quito, Gua-
127
yaquil, Cuenca, Ambato, Portoviejo y Lago Agrio). En el Gráfico se presentan los resultados a las preguntas 1, 2 y 3. En cuanto al medio por el cual supo de la campaña, la televisión fue el principal canal de información, excepto en Lago Agrio, donde la radio ocupó el primer lugar. Creación del Juzgado de los Derechos de la Naturaleza: ProJusticia, luego de analizar el marco legal (Constitución y Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Uso Sustentable de la Provincia de Galápagos) y tomando en cuenta que algunos hechos que allí ocurre constituyen infracciones penales, acoge la solicitud de crear este juzgado especializado y presenta el Alegato correspondiente ante el Consejo de la Judicatura. Dicho alegato contiene ocho acápites: 1) Galápagos: área protegida por la legislación nacional y tratados internacionales; 2) Amenazas a la conservación en Galápagos; 3) Judicialización de infracciones ambientales; 4) Oportunidad histórica para especializar la función judicial; 5) Fundamentos de hecho; 6) Fundamentos de derecho; 7) Criterio sobre competencia de la judicatura de la naturaleza; y, 8) Solicitud.
Manual Penal Ambiental: El resultado de esta iniciativa es un Manual elaborado para profesionales del derecho y operadores de justicia. El Manual contiene un análisis jurídico de los delitos ambientales aplicables en el marco de la legislación especial vigente en Galápagos. Incluye, además, un estudio sobre los tratados jurídicos aplicables para la protección del patrimonio natural y la biodiversidad del archipiélago. El análisis jurídico se complementa con un análisis de carácter biológico, que explica la importancia de conservar el patrimonio natural de las áreas protegidas de Galápagos. Sin duda, la perspectiva biológica añade un importante valor agregado al Manual. Estudio sobre la percepción de los usuarios de los servicios de justicia en el Ecuador: El estudio fue realizado a mediados del año 2010 y levantó información a nivel nacional, regional, provincial y cantonal. Los principales resultados contenidos en el informe de investigación son: Situación de las Dependencias Judiciales en los años 2007 y 2010 • En el año 2007, las dependencias judiciales tenían 2.997 funcionarios judiciales; mientras en
SOBRE LA NECESIDAD DE UNA JUDICATURA ESPECIALIZADA EN LA NATURALEZA EN GALÁPAGOS
“Siendo el Ecuador el primer país del mundo en constitucionalizar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, es fundamental contar una Función Judicial especializada, que sea visualizada como actora protagónica en la aplicación de la ley en Galápagos, parque nacional ecuatoriano y patrimonio natural de la humanidad. Para ello, la Función Judicial debe contar con órganos especializados para atender asuntos de naturaleza ecológica. Y el artículo 246 del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial nos presenta una oportunidad histórica para especializarla; oportunidad que guarda absoluta conformidad con las políticas para la transformación judicial, previstas en el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial”. (Documento de ALEGATO presentado por ProJusticia al Consejo de la Judicatura, año 2010)
0
128
Mejor calificación promedio de las sentencias revisadas
Cuñas en radio
Mejor Calificación en relación específica a los aspectos
Al inicio
7.3
7.9
Al final
9.1
8.9
Total Cuñas 1,000 2,000
3,000
100%
el 2010 fueron registrados 3.754 funcionarios (20% de aumento), distribuidos de la siguiente manera: 53% en la Sierra, 40% en la Costa, 6,4% en la Amazonía y 0,4% en Galápagos. • Del 2007 al 2010 el promedio de funcionarios judiciales por dependencia judicial aumentó de 4,2 a 4,9, cifras que varían de una región a otra del país. Así, en 2010, mientras el promedio de funcionarios por dependencia en la Sierra era 5 y en la Costa 5,2, la cifra desciende a 3,8 en la Amazonía y a 3 en Galápagos. Los jueces representan el 16% del total de funcionarios judiciales. • Se observa un incremento de funcionarios con instrucción superior y más, que alcanza el 91% en el año 2010, frente al 88% en el 2007. • En el período considerado es significativo el cambio tecnológico en las dependencias judiciales, en lo que respecta a computadores e impresoras. El acceso a Internet y correo electrónico se incrementó, de manera que en
0%
Al inicio
Al final
Incremento en %Valores deobtenidos mobiliario y equipos entre el78%año 2007 y 2010 54%
1
41%
Grabadoras
0.8
15%
Aparatos telefónicos
0.6
21%
Líneas telefónicas
70%
Archivadores
0.2
27%
Escritorios
0.4
0
13%
Estaciones de Trabajo 0%
20%
40%
60%
80%
Fuente: 1) Levantamiento de Información Judicial, ISVOS 2007; 2) Informe de resultados del Estudio de percepción de los usuarios sobre los servicios de justicia en el Ecuador, ISVOS 2010.
400 200 0
Año 2007
Año 2010
¿Le parece importante que el Ministerio de Justicia nos mantenga informados sobre los
SI
0.908969494
NO
0.091030506
0.6
21%
Líneas telefónicas
70%
Archivadores
0
13%
Estaciones de Trabajo 0%
20%
40%
60%
80%
Dependencias Jurídicas que cuentan con Salas para Audiencias- 2007 y 2010
200
Número de dependencias judiciales
¿Le parece importante que el Ministerio de Justicia nos mantenga informados sobre los
¿Recuerda alguna campaña informativa del Ministerio de Justicia sobre como funciona el
¿Asocia la frase"construyendo justicia"con esta campaña?
SI
0.908969494
0.56104788
0.56128632
NO
0.091030506
0.422143912
0.452257866
el 2010 el 60% de dependencias contaban con este servicio. • Es significativo el mejoramiento de las condiciones generales de las dependencias judiciales, debido al incremento de mobiliario y equipos.
400
0
129
0.2
27%
Escritorios
0.4
Año 2007
Año 2010
170
249
Fuente: 1) Levantamiento de Información Judicial, ISVOS 2007; 2) Informe de resultados del Estudio de percepción de los usuarios sobre los servicios de justicia en el Ecuador, ISVOS 2010.
• El servicio a los usuarios ha mejorado, pues se incrementó en 46% el número de dependencias judiciales que cuentan con sala para audiencias. Del total de dependencias que cuentan con sala para audiencias, más de la mitad (56%) están aptas para el sistema de procedimiento oral. El 52% disponen de sala de archivo; entre el 2007 y el 2010 ha habido un aumento de 71 salas en el país, lo cual representa un incremento del 22%. Cambios en la percepción de los usuarios de los servicios de justicia • El 85% considera que las dependencias judiciales están bien ubicadas y que el horario
130
de atención es el adecuado; el 83% considera que la atención es oportuna y buena; el 64% dice que recibió un buen trato; y, el 84% que la información proporcionada fue suficiente y clara. • Señalan que hay una mejora sustancial en el tiempo de tramitación de las causas (33% en el 2010 frente al 17% en el 2007); aunque tienen la percepción de que es insuficiente el personal y que se requiere crear nuevas dependencias judiciales (81% en el 2010 frente al 57% en el 2007); • En el 2007 el 82% de usuarios encuestados debieron realizar estos pagos, frente al 15% en el 2010. • En cuanto al sistema oral no ha habido cambios significativos: Alrededor del 42% conoce este sistema y de ellos el 78% lo califica como bueno o muy bueno.
• El 70% mantiene poca confianza en el Sistema de Justicia del Ecuador. Para el 34% de los usuarios encuestados lo más importante que debe mejorarse en las dependencias judiciales es “la honestidad”. Percepción de los funcionarios judiciales • El 66% considera que la creación y fortalecimiento de los Centros de Mediación no ha contribuido a disminuir la carga procesal. • El 70% considera que en este período ha mejorado la eficiencia en el manejo de los procesos y el 91%. El 97% piensan que el acceso a la justicia ha mejorado. • En el 2010, el 54% de funcionarios judiciales consideran que la situación actual de la Dependencia en espacios físicos, independencia, mobiliario y equipamiento, en comparación con la de antes, es mucho mejor o mejor. • El 66% considera que la Función Judicial no está en capacidad de implementar el Sistema Oral en todos los procesos
• El 80% opina que el apoyo de Projusticia a procesos de mejoramiento del funcionamiento de las dependencias judiciales ha sido significativo; y el 85% considera que éstos han contribuido para que la población ecuatoriana mejore el acceso a la justicia. • En su criterio, lo que debe mejorar en las dependencias judiciales son: “el personal” (35%), “la capacitación” (27%) y “la tecnología (22%).
131
3 Proyecto Paz Urbana
F
rente al surgimiento y al incremento en la última década de las agrupaciones juveniles urbano alternativas, comúnmente denominadas “pandillas juveniles”, la tendencia generalizada desde la sociedad civil y desde el Estado ha sido estigmatizarlas y percibirlas únicamente como sinónimo de violencia e inseguridad social. En consecuencia, las medidas que han desplegado las distintas instancias nacionales y locales han tenido una perspectiva asistencialista (las menos), pero sobre todo un enfoque represivo y criminalizante. En cuanto a las políticas públicas, por lo general han sido focalizadas, de corto plazo, y no han posibilitado la puesta en marcha de programas integrales de atención a esta población joven y adolescente. En contraposición a tales enfoques, se plantea la necesidad de acercarse a este hecho social desde una perspectiva distin-
ta que posibilite entender dicha problemática desde una dimensión más integral, a la vez que reconocer la potencialidad de estos/as jóvenes y de sus agrupaciones para constituirse en actores sociales del desarrollo comunitario, “capaces de construir proyectos de vida positivos” (Documento de Proyecto) y de desarrollarse como movimiento social y cultural. Es desde esta perspectiva y acorde al esquema garantista del Estado Ecuatoriano, según su actual Carta Magna, que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos –a través de ProJusticia– propone desarrollar el proyecto Paz Urbana, en las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas. Se trata de un proyecto que, sustentado en este “otro enfoque”, busca intervenir en los distintos estratos o capas de los grupos juveniles urbano alternativos (GJUA),
desde una entrada propositiva orientada a garantizar a estos jóvenes el acceso a la justicia, así como a desarrollar, junto a ellos/ellas, destrezas que les permita resolver sus conflictos de formas no violentas y realizar procesos de pacificación entre de dichas agrupaciones. Para ello, se apoyan en experiencias previas de trabajo que ProJusticia ha tenido con estos sectores, principalmente desde el año 2005 cuando impulsa algunas acciones de formación sobre resolución pacífica de conflictos y mediación, entre las que destacan: a) Formación de jóvenes promotores de Paz y líderes mediadores juveniles, ejecutado con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos; b) Resolución pacífica de conflictos en parroquias rurales de Pichincha y ciudades fronterizas; y, c) la Campaña de información sobre mediación dirigida a jóvenes de 35 colegios del país.
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OBJETIVOS Institución Ejecutora
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, a través de ProJusticia
Contrapartes
Vicariato Apostólico (Esmeraldas) y Fundación Ser Paz (Guayaquil)
Fecha prevista de inicio
Enero 2010
Fecha prevista de finalización
Diciembre 2011
Monto de inversión
US$ 188.882,00 Año 1: $84.000 Año 2 $104.882
Monto ejecutado en 2010
US$ 70.000 aproximadamente
Ámbito de cobertura
Provincial: Guayas y Esmeraldas
Beneficiarios/as directos
Jóvenes miembros de grupos urbano alternativos
El proyecto se plantea como objetivo general: • Fortalecer y desarrollar mecanismos pacíficos de solución de conflictos que ofrezcan, a los jóvenes agrupados en Esmeraldas y Guayaquil, una alternativa para solucionar sus conflictos de una manera constructiva Define, adicionalmente, cinco objetivos específicos, encaminados a alcanzar el objetivo general propuesto y que se concretan en lo que serían los cinco componentes del proyecto. COMPONENTES Según se detalla en el documento del proyecto, los componentes son: Componente 1: Creación de un centro de resolución de conflictos Este componente incluye las siguientes actividades: Local: Parte de la identificación de un espacio físico para el funcionamiento del centro de mediación, seguida de la negociación con el fin de
133
conseguir en comodato dicho local, para luego proceder a su adecuación y equipamiento. Capacitación de mediadores: Con el fin de formar a jóvenes líderes para desempeñarse como mediadores para la resolución de conflictos utilizando métodos alternativos; se capacitará a 30 líderes de mandos altos de los GJUA, de manera que puedan encargarse de la dirección y funcionamiento del centro. Levantamiento de una línea de base: Conjuntamente con los líderes capacitados como mediadores se levantará una línea de base sobre el acceso a la justicia de jóvenes miembros de las agrupaciones urbano alternativas. Dicha línea de base se actualizaría al confrontar tales datos iniciales con los casos atendidos/resueltos en el centro de mediación especializado. Componente 2: Capacitación en resolución de conflictos Con el fin de proveer herramientas para resolver los conflictos de forma pacífica, se incluyó la capacitación a líderes de mandos medios de las agrupaciones urbano alternativas y a miembros de la comunidad. La capacitación estará a cargo
de algunos de los líderes de mandos altos previamente formados como mediadores, conjuntamente con instructores especializados en este tema y en el trabajo con jóvenes. Componente 3: Institucionalización y fortalecimiento de los ‘Cascos Blancos’ La estrategia para ejecutar este componente es la ejecución de un congreso nacional de grupos juveniles en el que participen los líderes máximos de los GJUA de ambas ciudades y de otras agrupaciones que deseen integrarse al proceso. Los líderes participantes delinearán “los aspectos que deban ser consultados a los miembros de sus agrupaciones,…, para construir un consenso acerca de la aprobación de: a) Reconocimiento a los Cascos Blancos; b) quiénes los conforman; c) campo y procedimiento de acción”, etc. La ejecución de este componente está prevista para el segundo año. Componente 4: Desarrollo de campamentos juveniles por la Paz Contempla el desarrollo de un campamento lúdico – formativo por ciudad, en el que se capacite a las y los jóvenes participantes en: a) Temas
referidos a métodos alternativos de resolución de conflictos, y, b) actividades relativas al arte urbano (break-dance; graffiti; etc.). Componente 5: Evaluación y difusión Comprende una auditoría del proyecto, un informe final del mismo, así como la definición y puesta en marcha de una estrategia de difusión de los principales resultados.
RESULTADOS Paz Urbana es un proyecto de dos años de duración que se inicia en marzo 2010. Los resultados que se presentan a continuación son los alcanzados hasta diciembre del mismo año. Resultados componente 1: Creación de un centro de resolución de conflictos A pesar de que se realizaron actividades de corte más operativo y de negociación orientadas a la consecución –vía comodato– del espacio físico en donde se adecuaría y se pondría en marcha el Centro de Mediación, esto no pudo concretarse. En cambio se avanzó con la formación de mediadores y el resultado fue:
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Infractores, CAI, de Guayaquil), con una duración de 25 horas cada uno. • 30 jóvenes de mandos altos de agrupaciones urbano alternativas de Esmeraldas y Guayaquil formados como mediadores, mediante 72 horas de capacitación teórico-práctica.
• 77 líderes de mandos medios de GJUA y de la comunidad capacitados/as en MARC. De ellos: a) 47 son jóvenes y adolescentes varones del CAI, Guayaquil. b) 30 son jóvenes pertenecientes a GJUA de Esmeraldas y Atacames.
• 6 líderes de GJUA Esmeraldas y 6 de Guayaquil (solo 1 mujer) desempeñándose, dentro del proyecto, como capacitadores en métodos alternativos de resolución de conflictos (MARC), en el marco de los talleres de réplica dirigidos a los mandos medios.
Resultados componente 3: Desarrollo de campamentos juveniles por la Paz
Resultados componente 2: Capacitación en resolución de conflictos
- 2 campamentos (denominados “Arte Paz” y “Haz Paz”) realizados en el área de intervención del proyecto (uno por localidad), con la participación de 120 jóvenes de distintos GJUA por evento.
Los resultados obtenidos de la capacitación dada a jóvenes mujeres y hombres de agrupaciones urbano alternativas, a diciembre 2010, son las siguientes: • 4 talleres de réplica en Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos realizados (2 de ellos realizados en el Centro de Adolescentes
En el primer año de ejecución del proyecto, se alcanzaron los resultados previstos en este componente:
- 240 jóvenes miembros de agrupaciones juveniles, participantes en campamentos, sensibilizados en MARC y capacitados en actividades lúdico-ocupacionales de su interés, teniendo como “eje transversal … la construcción de
espacios de socialización e identidad de los participantes a través del arte”. Resultados componente 4: Conforme a lo previsto, se publicaron y difundieron en la página Web de ProJusticia notas informativas sobre la realización de los campamentos por la paz, y de los talleres de capacitación. Proyecto Paz Urbana
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Retos ProJusticia 2011 • Construcción de Biblioteca en Penitenciaría del Litoral. • Implementación física y equipamiento de nuevos Centros de Mediación. • Lanzamiento del Manual de Aplicación del derecho penal ambiental como Instrumento de Protección de las áreas naturales de Galápagos, realizado en el marco de una alianza de Sea Shepherd Conservation Society, World Wildlife Fund, Galapagos Academic Institute for the Arts and Sciences (GAIAS), y ProJusticia. • Lanzamiento del libro Tensiones, Políticas y Propuestas para una Reforma Ciudadana en Justicia de autoría de Patricio Rivas Herrera.
• Lanzamiento de los libros: Sistema de reclutamiento y selección de personal para la función judicial y Los derechos humanos y la Justicia en el Ecuador de autoría del Dr. Marco Tulio Cordero. • Asistencia técnica en el Diseño y Presentación del Plan para la Nueva Justicia, con Asesoría Grupo Alianza Chile. • Asistencia técnica en la Evaluación de jueces y fiscales respecto a sus actuaciones, con la Universidad de Talca- Chile.
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Logros de ProJusticia La ampliación de la cobertura de los servicios judiciales con la creación de nuevos juzgados, cortes, salas y de centros de mediación; y la significativa mejora en la gestión y atención a través de la intervención en aspectos organizativos, estructurales y tecnológicos de las judicaturas; capacitación e investigación, ProJusticia ha contribuido a: 1) Concretar los mandatos constitucionales (2008), en específico los referentes: • Al derecho al acceso a la justicia; al debido proceso y al Sistema Procesal (Art. 75, 76, 168 y 169) • Al sistema nacional de inclusión y equidad social (Art. 340 y 341) • A la creación de Nuevas Judicaturas procurando la equidad territorial y social (Art. 186)
• A los grupos de atención prioritaria, como niños, niñas y adolescentes, madres, grupos juveniles urbanos alternativos (Art. 35) • A los derechos de niños, niñas y adolescentes, apoyando a que se promulguen leyes y se creen instancias de justicia especializada para este grupo de población (Art. 44 y 175) • Al reconocimiento del arbitraje, mediación y otras formas alternativas de solución de conflictos (Art. 190) • Los derechos de la naturaleza (Art. 71 a 74) mediante la propuesta para crear el Juzgado de la Naturaleza y la elaboración del Manual Penal Ambiental. 2) La ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, en especial en relación al Objetivo 9 relativo a: “Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia” y a la política 9.3 que
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 169.- EI sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo…. Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etárea, de salud o de discapacidad… Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas… Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir....
propone trabajar para asegurar una justicia autónoma, transparente, eficaz, oportuna, eficiente e integral. Las acciones desarrolladas por ProJusticia también han aportado al cumplimiento de los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: - Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. - Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. • Coordinar las acciones para garantizar el efectivo acceso a una justicia de calidad y oportuna como derecho fundamental de todos los habitantes de la República 3)Avanzar hacia el cumplimiento Objetivos Estratégicos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Los principales aportes de ProJusticia han sido: • Apoyar al proceso de mejoramiento de los servicios que prestan las instituciones del sector
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009 – 2013
justicia, impulsando políticas de ampliación de cobertura de estos servicios de acuerdo a estándares de calidad (Art. 169 Constitución), a través de ejecución coordinada de programas de gestión eficiente, viabilizando los medios económicos, financieros, materiales y tecnológicos. • Coordinar las acciones para garantizar el efectivo acceso a una justicia de calidad y oportuna como derecho fundamental de todos los habitantes de la República. • Impulsar la implementación de mecanismos adecuados de difusión de derechos humanos, información legal y procesal. 4) Identificación de orientaciones para mejorar el acceso a la justicia. A través de los procesos de depuración procesal se determinaron los ámbitos, niveles y aspectos críticos sobre los que habría que intervenir con el fin de agilizar el despacho, con la consecuente mejora
1. Transformar y fortalecer institucionalmente el poder judicial, garantizando su independencia interna y externa. 2. Generar espacios de coordinación entre el poder judicial y otros sectores para crear políticas de transformación de la justicia. 3. Profesionalizar los servidores judiciales que asegure una administración de justicia eficiente, integral, especializada, socialmente comprometida y transformadora de la realidad social. 4. Implementar la evaluación y el control de gestión judicial para un ejercicio de la justicia profesional, ética, con vocación de servicio público, crítica y comprometida con la transformación del sistema judicial. 5. Fortalecer e implementar la oralidad procesal. 6. Promover la participación ciudadana y control social en el seguimiento y evaluación a la gestión judicial, como mecanismo para promover la transparencia y erradicar la corrupción. 7. Atender las especificidades en los servicios de justicia para mujeres y grupos de atención prioritaria. 8. Fortalecer integralmente la investigación especializada en temas de justicia. 9. Fortalecer el sistema de atención a víctimas y testigos. 10. Fortalecer capacidades en investigación en casos de delitos sexuales desde un enfoque de derechos, género y protección especial.
Judicaturas Existentes y Creadas por ProJusticia, según tipo, en el período 2008 – 2010 Número de Judicaturas en funcionamiento hasta 2008 20 49 44 42 77
Tipo de Judicatura Cortes Provinciales Salas Temporales en Cortes Tribunales Penales* Juzgados de Niñez y Adolescencia Centros de Mediación
Número de Judicaturas creadas entre 2008 y 2010
Número de Judicaturas al 2010
Porcentaje de incremento
3 2 21 40 18
23 51 65 82 95
15% 4% 48% 95% 23%
* Incluye un Juzgado de Adolescentes Infractores | Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009 y 2010
Incremento de Judicaturas, según tipo, en el periodo 2008 a 2010 100 80 60 40 20 0
Cortes Provinciales
Salas Temporales en Juzgados de Niñez y Tribunales Penales* Cortes Adolescencia
Centros de Mediación
3
2
21
40
18
20
49
44
42
77
Número de Judicaturas creadas en el período 2008 a 2010 Número de Judicaturas en funcionamiento hasta 2008
Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009 y 2010
Cortes Provinciales, Tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y Adolecencia y Salas Temporales en Cortes Provinciales, Creadas y Adecuadas por ProJusticia (Años 2008 a 2010) Cortes Provinciales, Tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y Salas Temporales en Cortes Provinciales, Creadas y Adecuadas por ProJusticia (Años 2008 a 2010)
# %
#
^
IMBABURA%
^ % #
%
GALAPAGOS
#
CARCHI
ESMERALDAS
#
%#
^
#
% % %^ #^ % % % X LOS TSACHILAS SANTO DOMINGO DE
#
% PICHINCHA !
SUCUMBIOS
^ ^% !
%
NAPO
%
^ X
MANABI
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ORELLANA
COTOPAXI
%
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TUNGURAHUA #
LOS RIOS
#
% % BOLIVAR
#
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SANTA ELENA
PASTAZA
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CHIMBORAZO
GUAYAS
^
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# CAÑAR #
%
MORONA SANTIAGO
GUAYAS AZUAY
%^ %
%
Leyenda
EL ORO ZAMORA CHINCHIPE
%
± 0
95
190
LOJA
Km. 380
map #
Centro de Mediación
X
Corte Provincial
!
Sala Temporal
^
Tribunal Penal
%
Juzgado de NNA
Cuadro Cortes Provinciales, Salas Temporales en Cortes Provinciales, Tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y Centros de Mediación Creados y Adecuados (Años 2008 a 2010 Región
Provincia
Ciudad
Carchi
Tulcán Ibarra Otavalo Quito San Miguel de los Bancos Machachi Santo Domingo de los Tsáchilas Riobamba Ambato Guranda Latacunga Cañar Loja Esmeraldas Rocafuerte Muisne Quinindé
Imbabura
Pichincha Sierra
Santo Domingo de los Tsáchilas Cotopaxi Tungurahua Bolívar Chimborazo Cañar Loja
Costa
Esmeraldas
Fuente: ProJusticia. Informes de Actividades 2008, 2009 y 2010
Cortes Provinciales Creadas
Salas Temporales en Cortes Creadas
Tribunales Penales Creados 1 1
2
5
Juzgados de NNA Creados 1 1 6
Centros de Mediación Creados 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1
1
1 1 1
142
Cuadro Cortes Provinciales, Salas Temporales en Cortes Provinciales, Tribunales Penales, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y Centros de Mediación Creados y Adecuados (Años 2008 a 2010 Región
Provincia
Manabí
Costa
Guayas
Santa Elena Los Ríos El Oro
Amazonia
Galápagos Total
Sucumbíos Napo Orellana Pastaza Morona Santiago San Cristobal 22
Ciudad Portoviejo Chone Manta Bahía Guayaquil Milagro Daule Durán Playas Salinas Babahoyo Ventanas Machala Pasaje Nueva Loja Tena Orellana Puyo Macas Puerto Baquerizo Moreno 37
Cortes Provinciales Creadas
Salas Temporales en Cortes Creadas
Tribunales Penales Creados
8 1
1
1 1
Juzgados de NNA Creados 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1
Centros de Mediación Creados
2
1 1
1
2 1 1
1 1
1
1 1
1
3
2
21
40
1 1 18
143
en el servicio, factores que facilitarían el acceso a la justicia a la población. 5) Generar conocimiento, pues a través de las acciones y estudios realizados se ha posibilitado un acercamiento a: •A la realidad del Sistema de Justicia en el país, tanto desde el interior de la institucionalidad (Depuraciones, líneas base, censos, ingeniería de valor) cuanto desde la percepción de las personas (Encuestas, investigaciones). •Al tema jurídico desde una visión más política y estratégica (necesidades de la población). 6) Una mayor equidad territorial del servicio de Justicia: La ampliación de los servicios, el incremento y capacitación del personal en todas las regiones del país, la creación de nuevas judicaturas en zonas más apartadas han aportado en ese sentido.
Número de Alumnos participantes en la Campaña por ciudad: 2010
6,000 4,000 2,000 Alumnos
Quito
Cuenca
Guayaquil
Total
1,836
610
2,008
4,454
Fuente: ABP. Informe Final de Campaña. Año 2010
Total Juzgados d ela Niñez y Adolescencia
87,313
76,216
4,000 144
2,000 Alumnos
7) Una mayor equidad social en relación al acceso a la justicia: La creación y el fortalecimiento de distintas judicaturas dirigidas a la población más relegada o en situación de vulnerabilidad ayudan a la consecución de dicho objetivo. También se destaca la depuración de la carga procesal, los estudios centrados en la población indígena, sobre derechos de la niñez, la formación de mediadores para integrantes de agrupaciones juveniles urbano alternativas, indígenas y otros líderes, como también la puesta en marcha de centros de mediación y el posicionamiento de este mecanismo para la resolución de conflictos.
Quito
Cuenca
Guayaquil
Total
1,836
610
2,008
4,454
Número de causas depuradas, según tipo de Juzgado
Juzgados d ela Niñez y Adolescencia Juzgados de Garantías Penales
Fuente: Informe Final ISVOS, marzo 2010; UNAP, 2010.
8) Reconocimiento de prácticas consuetudinarias del sistema de justicia indígena A través de estudios, propuestas, participación social, cabildeo y difusión de dichas prácticas que, entre otros aspectos, incluyen la mediación para la resolución de conflictos.
87,313
Total
2000 1000 0
76,216
11,097
Juzgados d ela Niñez y Adolescencia Juzgados de Garantías Penales
9) Promover una cultura de diálogo y de la Paz, poniendo énfasis en la diversidad de jóvenes mujeres y hombres, concibiéndolos como los principales promotores de nuevas actitudes en este campo.
76,216
11,097
Número de Funcionarios, Judiciales, según región: 2007 y 2010
2000
10) Integrar nuevos enfoques en el sector justicia frente a ciertos fenómenos sociales: Pasar de una visión legalista a una de derechos; transitar desde visiones represivas a visiones no criminalizantes y a acciones de prevención, por ejemplo, el trabajo realizado con las agrupaciones juveniles urbano alternativas. 11) Desarrollar nuevas metodologías de capacitación: Experiencias de capacitación “entre pares”, como las aplicadas en el proyecto de Paz urbana, de Intercambio Profesional, y de Mediación. Se incluye también la producción de material didáctico, de difusión en quichua.
1000 0
Sierra
Costa
Amazonia
Galápagos
Año 2007
1629
1136
219
13
Año 2010
1999
1499
241
15
Fuente: 1) Levantamiento de Información Judicial, ISVOS 2007; 2) Informe del Estudio sobre la percepción de los usuarios sobre los servicios de justicia en el Ecuador, ISVOS 2010.
145
146
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