Seguridad humana by Propuesta Cívica

Índice Presentación

Introducción

Capítulo 1. Puebla

Capítulo 2. Cuernavaca

Capítulo 3. Querétaro

Capítulo 4. Guadalajara

Capítulo 5. Xalapa

Capítulo 6. San Luis Potosí

Capítulo 7. Monterrey

Bibliografía

Presentación En esta obra, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. presenta los principales resultados del análisis participativo de la seguridad humana para los municipios de Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Cuernavaca y Xalapa que se realizó gracias al apoyo de Indesol, folio CS-09-IDI-214-1. Esperamos que el lector encuentre útil esta información como una aproximación a las percepciones que integrantes de organizaciones de la sociedad civil tienen sobre su comunidad y que las impresiones aquí recabadas puedan tomarse en cuenta para la toma de decisiones en políticas sociales de combate a la pobreza. Agradecemos a todas las organizaciones que han hecho posible este proyecto y que sirvan estas líneas como un reconocimiento a su compromiso con las causas ciudadanas.

Atentamente, Los autores

Introducción La forma de pensar el tema de la seguridad ha cambiado sustancialmente debido a los múltiples cambios que se han suscitado en el sistema interna¬cional a partir del fin de la Guerra Fría. Durante la mayor parte del siglo XX, el concepto de seguridad estuvo vinculado primordialmente a la seguridad nacional y todo lo que estuviera centrado a los intereses militares, territoriales, económicos y políticos de los Estados. Desde esta concepción, la seguridad de los pueblos se concibió como un bien dependiente estrictamente de la seguridad militar, territorial y nacional de su Estado. Sin embargo, desde las últimas décadas se fue haciendo urgente y necesario replantear el concepto de seguridad. Esto debido al amplio espectro de riesgos que enfrentan las personas en esta era global, los cuales no se pueden entender ni atender plenamente mediante las políticas públicas tradicionales y los principios asociados a la seguridad del Estado y seguridad nacional. Al contrario, es necesario un nuevo consenso que reconozca los vínculos y las interdependencias entre desarrollo, derechos humanos y seguridad nacional. En efecto, aunque la noción clásica de seguridad sigue teniendo validez en el sistema internacional y sigue siendo uno de los pilares tanto de la política externa como de la propiamente nacional de cada Estado, ahora se acepta que las amenazas a la seguridad de las personas ya no emanan tanto de los conflictos bélicos entre Estados, sino de los nuevos riesgos que plantea el proceso de globalización e intensificación de las relaciones transnacionales, tales como los conflictos violentos dentro de los Estados (terrorismo, crimen organizado, etc.), las crisis económicas, los peligros ambientales, las pandemias, las violaciones a los derechos humanos, el acceso a la justicia, la falta de atención médica, entre otros. A raíz del reconocimiento de esta nueva realidad, en el seno de Naciones Unidas surgió la necesidad de acuñar un nuevo paradigma de seguridad que adquiera un sentido transversal y cuyo enfoque estuviera centrado en el bienestar y la protección de la persona y las comunidades. Es así como en la década de 1990 se concibe el concepto de seguridad humana, el cual surge desde la perspectiva de redoblar esfuerzos para hacer frente a las amenazas a la vida humana, a los medios de vida y a la dignidad de las personas, como la pobreza, la degradación ambiental, la violación

y la negación a sus derechos humanos, el crimen internacional organizado, etc.1 En este sentido, la seguridad humana, como se conoce hoy en día, se define como la:

“…protección del núcleo vital de todas las vidas humanas de forma que se mejoren las libertades humanas y la realización de las personas. La seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas libertades que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas (graves) y más presentes (extendidas). Significa utilizar procesos que se basen en las fortalezas y aspiraciones de las personas. Significa crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos, militares y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad”.2 Con base en lo anterior, se plantea el objetivo de que todas las personas, en particular las que son vulnerables, tengan derecho a vivir libres de temores y carencias, a disponer de iguales oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su potencial humano. Sin embargo, para impulsar el desarrollo integral y sustentable de las personas, mediante políticas públicas y programas de incidencia social, es imposible si antes no se cuenta con diagnósticos que permitan identificar las carencias, necesidades y riesgos existentes en las poblaciones, principalmente en los sectores más vulnerables. Aunque la inseguridad a causa del crimen organizado y la delincuencia común es actualmente el problema más tangible en buena parte de México, es un hecho que la seguridad y el bienestar de las personas se ve amenazada no sólo por esto, sino también por la falta de alimentos, la degradación del ambiente, la discriminación, el desempleo, la violencia intrafamiliar, la falta de servicios médicos y educativos, etc. Sólo si se solucionan esas fuentes de inseguridad de manera multidimensional podrán las personas en situación vulnerable ver progresos en materia de desarrollo humano y, por ende, comenzar a salir de su estado de pobreza extrema. La mejor manera de propiciar esto, es mediante estrategias que impliquen en primer lugar conocer los principales riesgos a la seguridad humana; es decir, centrarse en todos aquellos ámbitos (económico, alimentario, de salud, ambiental, personal, comunitario y político) que ponen en peligro la calidad de vida y el desarrollo de las personas. Pese a que la seguridad humana ha cobrado auge desde la década de 1990, en México sigue siendo poco estudiada, lo que genera que no pueda atenderse a las 1 Marco Vinicio Méndez y Nazareth Porras Quirós, “El marco de la seguridad humana: concepción amplia y restringida”, Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, vol. 21, núm. 159, enero-junio de 2010, p. 164. 2 Commission on Human Security, Human Security Now, Nueva York, Organización de Naciones Unidas, 2003, p. 4.

poblaciones vulnerables de manera integral, pues finalmente la seguridad humana no es sólo cuestión de supervivencia, sino también de apoyar a la población vulnerable a encontrar un camino más seguro con medidas políticas, económicas, sociales y culturales que les ayude a alcanzar una vida mejor. En la presente el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. busca, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil (OSC), realizar un análisis participativo de la situación de la seguridad humana en 7 de los municipios atendidos por la Cruzada Nacional contra el Hambre: Monterrey, San Luis Potosí, Cuernavaca, Querétaro, Guadalajara, Puebla y Xalapa. Esto con el fin de construir un diagnóstico de la seguridad humana que cuente con datos duros, pero principalmente que recoja las valoraciones que la sociedad civil organizada de estos municipios tiene sobre el estado de la seguridad humana de sus comunidades, así como los riesgos ambientales, demográficos, sociales y culturales que padecen. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de contar con una visión formalizada de la seguridad humana? La respuesta a esta interrogante apunta a la posibilidad de resumir el carácter multidimensional que el fenómeno presenta. A partir de instrumentos estadísticos es posible visualizar la complejidad de estos, las tendencias fuertes y las especificidades de cada factor. Pero para alcanzar una mayor compresión de la seguridad humana de cada uno de estos municipios, no debe perderse de vista que la seguridad humana presta especial atención al aumento de la participación y el compromiso de individuos y comunidades por igual, y que su objetivo último es la seguridad de los individuos y las comunidades frente a situaciones o amenazas críticas y generalizadas. De aquí que elaborar un diagnóstico de la seguridad humana depende tanto de recurrir a datos estadísticos, como a la visión que las mismas personas tienen sobre la situación de su seguridad humana a nivel personal y comunitario. Por cuestiones metodológicas, el enfoque de la seguridad humana reconoce siete dimensiones de amenazas para la seguridad: 1. Seguridad económica: se define por un ingreso básico asegurado y producto de alguna actividad económica remunerada. 2. Seguridad alimentaria: se contempla principalmente como el acceso, total y en todo momento, a alimentación. 3. Seguridad sanitara: comprende la protección ante enfermedades y la muerte prematura. 4. Seguridad ambiental: abarca contar con un medio físico saludable y la vulnerabilidad ante desastres naturales.

5. Seguridad personal: corresponde a los factores que brindan protección ante violencia física o situaciones de vulnerabilidad a la violencia (crimen organizado, delincuencia, impunidad, violencia intrafamiliar, etc.). 6. Seguridad comunitaria: se entiende como los riesgos existentes para la persona en relación a la comunidad que habita, los factores que tiene incidencia son los usos y costumbres, intolerancia, discriminación, brechas de género. 7. Seguridad política: se entienden como las condiciones que permiten a las personas vivir en un contexto donde el Estado respete sus Derechos Humanos. A este respecto, cabe destacar que la seguridad humana subraya la universalidad y la primacía de un conjunto de derechos y libertades que son fundamentales para la vida humana. En ese sentido, la seguridad humana no hace ninguna distinción entre los diferentes aspectos de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales o culturales, y por lo tanto aborda las violaciones y las amenazas de una manera multidimensional e integral. A partir de lo hasta aquí expuesto, la elaboración del diagnóstico participativo de la seguridad humana se construyó a partir de tres fuentes de información; a saber: 1) una somera investigación cuantitativa de datos duros de tipo oficial sobre las diversas dimensiones del estado de la seguridad humana de los siete municipios; 2) el levantamiento de un cuestionario tipo encuesta aplicado a miembros de organizaciones de la sociedad civil de cada uno de los estados incluidos en el estudio; y 3) trabajo de campo en los municipios para llevar a cabo entrevistas a profundidad a los activistas de la sociedad civil organizada de cada municipio, las cuales sirvieron tanto para presentar la información recabada como para enriquecer el proceso de sistematización de la información. A continuación, en los siete capítulos siguientes, damos cuenta de los resultados finales del proyecto de investigación. Para lo cual se presentan uno a uno, el producto final del procesamiento de todos los datos cuantitativos y cualitativos que nos permitieron generar el diagnóstico participativo de la seguridad humana de los de los municipios de Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Querétaro, Cuernavaca, Puebla y Xalapa.

3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo humano 1994, México, FCE, 1994, pp. 23-25.

Puebla

La expansión de la superficie urbana en la capital poblana inició a partir de la segunda mitad del siglo XX, siendo varios los factores que le permitieron extenderse desde su centro histórico hacia la periferia (entre otros, el crecimiento de un proceso de urbanización impulsado por intereses económicos y políticos que hicieron de la zona metropolitana de Puebla la cuarta más grande y sobresaliente de México). En la actualidad, esta zona metropolitana abarca 38 municipios que no sólo se limitan al estado de Puebla, sino también incluyen a 20 pertenecientes al estado de Tlaxcala. Con todo, para nadie pasa desapercibido que el centro neurálgico de la hoy conocida como Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala es precisamente la ciudad de Puebla, que concentra más de un 1.5 millones de personas que cohabitan en una superficie de 524.31 km2. La importancia del municipio de Puebla en esta Zona Metropolitana radica, por un lado, en que alberga una parte significativa de la población y, por otro, que en ella se genera un alto porcentaje de la riqueza de la entidad y la región, al operar en un amplio mercado a través de un diversificado sector industrial, comercial y de servicios. Así que no resulta sorprendente que la ciudad de Puebla se vea favorecida por la creación de diferentes parques industriales que aprovechan la concentración de la infraestructura vial de comunicaciones, de ductos de energéticos y recursos acuíferos, localizados al norte del municipio. Sin embargo, pese a esta bonanza económica, dicha municipalidad arrastra serios problemas que no permiten que la ciudad adquiera un desarrollo que eleve el nivel de la seguridad humana de su población. Este Análisis participativo de la seguridad humana en Puebla busca precisamente ahondar en las razones que hay detrás de tal atraso y que impiden que un municipio con tantas posibilidades se mantenga en un nivel de desarrollo paupérrimo. Para llevar a cabo el proceso de recopilación de la información y los datos necesarios para construir el presente Análisis, colaboraron personas que activamente trabajan en el mundo de la sociedad civil organizada:

Organizaciones incluidas en el Análisis participativo de la seguridad humana en Puebla 1. Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a Víctimas del Delito, A.C. (Justicia Ciudadana) 2. Integradora de Participación Ciudadana, A.C. 3. Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos por la Calidad A.C. (Fundación MAJOCCA) 4. Mujeres Vasos Frágiles, A.C. 5. No Dejarse es Incluirse, A.C. 6. Red de Mujeres Rurales e Indígenas Poblanas, A.C (Remurip) 7. ROGUIVA, A. C. El Análisis participativo de la seguridad humana en Puebla se construyó a partir de la revisión de las siete dimensiones que componen este nuevo paradigma. A continuación se traza una somera revisión de cada una de ellas, contrastando en el proceso las cifras oficiales con la percepción de los miembros de las OSC participantes, la cual se recopiló mediante las entrevistas a fondo o en profundidad y el Cuestionario de las percepciones sobre la seguridad humana en Puebla.

Dimensión económica de la seguridad humana

Al ser interrogados sobre el grado de dificultad de obtener un empleo formal, el 90 por ciento de quienes contestaron nuestro Cuestionario afirmaron que resultaba difícil o muy difícil. En sintonía con lo anterior, el mismo porcentaje también consideró que en Puebla el desempleo existe, y mucho. De acuerdo con las cifras del tercer trimestre de 2013, recopiladas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el estado de Puebla tuvo en dicho periodo poco más de 128,000 personas en situación de desocupación abierta. En términos proporcionales, hablamos de que el 4.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) no trabajó siquiera una hora durante el levantamiento de la encuesta, pese a estar en disposición y con interés de laborar.4 Aunque el porcentaje de población en situación de desocupación de Puebla se ubicó por debajo de la media nacional (5.2 por ciento),5 comparando las estadísticas locales puede verificarse que desde el año 2000 la tasa de desocupación ha ido a la alza, pasando de menos del 2 por ciento, en algunos trimestres de 2000 a 2003, a tasas superiores al 5 por cierto entre 2009 y 2011. 4 INEGI, “Resultados de la Encuesta nacional de Ocupación y Empleo en el tercer trimestre de 2013 para el estado de Puebla”. Boletín de prensa núm. 471/13, 13 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/ Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/Noviembre/comunica21.pdf. 5 INEGI, “Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el tercer trimestre de 2013”. Boletín de prensa núm. 461/13, 12 de noviembre de 2013. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/ boletin/Comunicados/Indicadores%20estructurales%20de%20ocupacion%20y%20empleo/2013/Noviembre/comunica.pdf.

De modo que, como interpretan nuestros entrevistados y efectivamente reflejan los resultados de la ENOE, en Puebla la creación de empleos no puede absorber el constante crecimiento de la PEA. De allí el incremento del empleo informal, que muchos reconocen como una de las válvulas de escape, junto con la migración a Estados Unidos, que permiten la supervivencias de miles de personas. Las estadísticas de 2013 no hacen más que confirmar lo anterior, ya que en el trimestre analizado no sólo aumentó el número de desocupados, pues el empleo informal también se amplió. De hecho, en el estado de Puebla la informalidad laboral aglutina la friolera de 75.1 por ciento de toda la población ocupada, lo que lo sitúa como la cuarta entidad federativa con más personas en la informalidad, sólo por detrás de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.7 El efecto inmediato de dicha circunstancia es que los trabajadores con alguna seguridad social son minoría en Puebla. Las cifras hablan por sí solas; por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 apenas el 34.4 por ciento de los trabajadores asalariados aparecía inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando la tasa media nacional es de casi 50 por ciento y hay entidades federativas, como Nuevo León o Querétaro, que presentan tasas de 76.5 u 80.1 por ciento, respectivamente.8 Por si fuera poco, en las entrevistas a profundidad se hizo énfasis en que el problema de la seguridad económica no sólo estribaba en la falta de empleos formales, sino también en que la población asalariada, en especial en los sectores terciario y primario de la economía, recibe sueldos extremadamente bajos. De nueva cuenta, los hechos confirman la percepción de nuestros entrevistados, pues el ingreso promedio de la población ocupada es el quinto más bajo a nivel nacional, con aproximadamente 4,000 pesos mensuales; es decir, poco más de 1,000 pesos menos que la media nacional (5,122).9 No toma por sorpresa, entonces, que según el Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP), la proporción de poblanos que no pudo adquirir la canasta básica alimentaria con el ingreso de su trabajo aumentó. En el tercer trimestre de 2010 el índice de Puebla era de 0.9795; en el mismo trimestre del 2013, el índice ya era de 1.0554. Cabe mencionar que el estado se encuentra dentro de las ocho entidades federativas que del primer trimestre de 2005 y hasta el segundo trimestre de 2012 manifestaron un incremento en el valor del ITLP entre el 5 y el 15 por ciento. Además de Puebla, en este grupo se aparecen Colima, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Hidalgo, Yucatán y Guerrero.10

6 Entrevista a miembros de Integradora de Participación Ciudadana, A.C., Puebla, 11 de noviembre de 2013. 7 INEGI, “Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el tercer trimestre de 2013”. art. cit. 8 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, “Puebla. Información laboral”, diciembre de 2013. Disponible en: http:// www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/web/pdf/perfiles/perfil%20puebla.pdf. 9 Ibid. 10 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Resultados por entidad federativa del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)”. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Resultados-por-Entidad-federativa.aspx.

Por todo lo anterior, es innegable que uno de los principales factores que amenazan la seguridad humana a nivel municipal y estatal es la precariedad del empleo. Ya sea por su insuficiente generación, la disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios o el limitado acceso a prestaciones sociales, en Puebla todo apunta a que tanto la seguridad como el desarrollo humano se hallan sumamente comprometidos y con pocas posibilidades de una mejora sustancial, al menos en el corto plazo.

Dimensión alimentaria de la seguridad humana “En Puebla el hambre existe. Hay gente que come una vez al día y hay otras muchas personas que sólo comen cuatro o cinco veces a la semana”.11 Esta opinión de uno de nuestros entrevistados es compartida por el 90 por ciento de las personas que colaboraron en responder el Cuestionario de las percepciones sobre la seguridad humana en Puebla. En lo que no existe coincidencia es al momento de evaluar el grado de severidad con que dicho flagelo afecta a las habitantes del municipio y el estado de Puebla.

En su opinión, ¿en qué grado el hambre afecta a su municipio? 1 1%

En un grado alto En un grado medio

33%

56%

En un grado bajo

Aun cuando un 56 por ciento respondió que el hambre afecta en un grado alto, hay un porcentaje significativo de personas que consideró que el hambre no es un problema tan grave. Lamentablemente, los números del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ponen de manifiesto que la seriedad del problema del hambre no se dimensiona del todo. Según cifras de 2010, Puebla ocupó el segundo lugar a nivel nacional como el municipio con la mayor cantidad de personas con carencia por acceso a la alimentación. Hablamos de que poco más de medio millón de personas (517,593), es decir, casi el 30 por ciento de la población del municipio, presentó un grado de inseguridad alimentaria moderado o

11 Entrevista a miembros de Roguiva, A.C., Puebla, 12 de noviembre de 2013.

severo en aquel año. Estos y otros indicadores, sitúan a Puebla como el municipio con la mayor cantidad de población en situación de pobreza (732,154). De hecho, en la municipalidad sólo el 23.3 por ciento de la población (427,448 personas) no se encuentra en situación de pobreza ni presenta ninguna carencia social o padece algún grado de vulnerabilidad.13 Ahora bien, la respuesta a esta problemática desde el Estado y en los tres niveles de gobierno es considerada Por supuesto que se por nuestros entrevistados como insuficiente, inefectiva acepta y reconoce y marcada por un mero asistencialismo y paternalismo que el hambre, en que sólo busca crear clientelas políticas. Así se aprecia Puebla y en todo el que ocurrió en años anteriores, y así se estima que será país, “debe atenderse, también en el caso de la actual Cruzada Nacional Contra pero con políticas el Hambre, en la cual la ciudad de Puebla fue escogido públicas integr ales como uno de los municipios prioritarios. Por supuesto y adecuadas, no con que se acepta y reconoce que el hambre, en Puebla y acciones paternalisen todo el país, “debe atenderse, pero con políticas pú- tas y asistencialistas, blicas integrales y adecuadas, no con acciones paterna- […] no dando migalistas y asistencialistas, […] no dando migajas”.14 Por si jas”.11 fuera poco, nuestros entrevistados también consideran que, metodológicamente, la Cruzada es un programa que en la práctica ha nacido muerto, entre otras razones, porque no se sabe a ciencia cierta cuál es la población objetivo específica ni qué acciones se llevarán a cabo a fin de reducir la pobreza y el hambre. En conclusión, uno de nuestros entrevistados opina, que “más que una Cruzada Nacional Contra el Hambre, quisiera que hubiera cruzadas por la educación, porque dar alicientes y luego olvidar no produce ningún cambio concreto. Entonces más bien veo como un acto populista a la Cruzada. […], este sexenio es la Cruzada, pero en el otro sexenio habrá otra cosa distinta, y la realidad no va a cambiar”.15

Dimensión sanitaria de la seguridad humana Pese a que a nivel estatal las autoridades aseguran que en Puebla se cuenta con cobertura universal del Seguro Popular, con 3.1 millones de poblanos afiliados,16 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reportó que el principal problema de esta entidad, según el “Informe sobre Competitividad Social en México 2012”, es el acceso a la salud. De acuerdo con el estudio, Puebla se ubicó 12 Coneval, “Medición de la pobreza en México 2010, a escala municipal”. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Informacion-por-Municipio.aspx. 13 Ibid. 14 Entrevista a miembros de Integradora de Participación Ciudadana, A.C., Puebla, 11 de noviembre de 2013. 15 Entrevista a miembros de la Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a Víctimas del Delito, A.C., Puebla, 11 de noviembre de 2013. 16 El Universal, 24 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.eluniversal.mx/estados/83186.html.

como el quinto estado con las peores condiciones para acceder a la salud.17 En ese sentido, según los estimados del PNUD, de los 2.5 millones de personas con alguna ocupación en la entidad, menos de 521,000 tenían acceso a los servicios de salud. En esta misma tesitura, a nivel municipal el Coneval reportó que en 2010 había en Puebla 711,224 personas que padecían carencia por acceso a los servicios de salud, lo que equivale al 38.8 por cierto de la población total. Tales cifras coinciden con lo que ocurrió ese mismo año a nivel estatal, pues Puebla encabezó, junto con Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chiapas, la lista de las entidades federativas donde las carencias por acceso a la salud en 2010 fueron mayores; destacando con 41.8 por ciento.18 Sin embargo, es menester resaltar que de 2010 a 2012 el porcentaje de población con esta carencia disminuyó de manera notable, pasando de 41.8 a 29.6 por ciento. Más aún: aunque con tan importante descenso, el estado de Puebla sigue apareciendo como la entidad federativa con el mayor porcentaje de su población con carencias por acceso a servicios de salud.19 Las cifras son por demás elocuentes, pero no hacen más que confirmar lo que en efecto se percibe en el municipio: los servicios públicos de salud no logran cubrir la necesidad de atención médica de los poblanos. Y no es asunto de que haya o no acceso a los seguros médicos, como el gobierno estatal se ufana en presumir; es cuestión de “que al llegar a solicitar atención no te la dan, si necesitas medicinas no te las dan”.20 La prueba más fehaciente de la precariedad de los servicios de salud de la entidad, nos refieren, es el hecho de que una mujer tuviera que dar a luz en el piso de un hospital del municipio de Tehuacán, en octubre de 2013.21 Finalmente, como se desprende de las respuestas de nuestro Cuestionario, la inseguridad sanitaria en el municipio de Puebla no sólo radica en que un significativo porcentaje de la población no posee acceso a servicios de salud, sino también en que los pocos que sí lo obtienen no reciben un servicio de calidad que les garantice una atención pronta e integral.

Dimensión ambiental de la seguridad humana

Las personas que respondieron el Cuestionario de las percepciones sobre la seguridad humana fueron contundentes al sostener que en Puebla existen riesgos de contraer enfermedades provocadas por problemas medioambientales (80 por ciento). Al igual que en otros municipios incluidos en la investigación, aquí nuestros 17 PNUD, Informe sobre competitividad social en México 2012, México, PNUD, 2012, p. 31. Disponible en: http://www.undp. org.mx/IMG/pdf/14 Informe_sobre_Competitividad_Social_en_Mexico_2012-3.pdf. 18 Coneval, “Medición de la pobreza en México 2010, a escala municipal”. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Informacion-por-Municipio.aspx. 19 Coneval, “Resultados de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas”. Disponible en: http://www. coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx. 20 Entrevista a miembros de Roguiva, A.C., Puebla, 12 de noviembre de 2013. 21 El Universal, 11 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/video-parto-piso-hospitalpuebla-957500.html.

entrevistados afirmaron que uno de esos riesgos se debía a la contaminación del agua de uso doméstico. En principio, la totalidad de las personas que respondieron nuestro Cuestionario, unánimemente precisaron que el agua entubada que reciben los hogares no puede ser utilizada para el consumo humano. Algunos incluso afirman que el agua entubada ni siquiera puede emplearse para cocinar, dado que es de conocimiento popular que tal líquido llega con un color y olor que no la hace apta para el consumo humano. Al indagar sobre la problemática, encontramos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) maneja datos estadísticos según los cuales el estado de Puebla ocupa el tercer lugar nacional en fallecimientos de menores de cinco años por enfermedades relacionadas con el consumo de agua potable contaminada y problemas de saneamiento de aguas residuales.22 Pero además, como nos narra uno de nuestros entrevistados, en la zona centro de la capital del estado y la mayoría de las colonias, el agua ostenta concentraciones de azufre que, al combinarse con otros elementos, pueden llegar a convertirse en ácido sulfúrico.23 Otro tipo de contaminación que suele considerarse como generadora de amenazas a la salud es la contaminación del aire. Al respecto, de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el costo anual que causa la polución para la región Puebla–Tlaxcala fue de 37 millones 160 mil pesos, de los cuales 31 millones 893 mil implicaron pérdidas por productividad y 5 millones 267 mil pesos, gastos de salud. Según el análisis de IMCO, que identifica los daños sanitarios y económicos que genera la contaminación que producen las partículas de polvo, ceniza, hollín, metales, cemento o polen dispersas en el ambiente (PM10), los niveles de polución en la zona mencionada no son graves y son mejorables, según

¿Qué tan seguro se siente usted en su comunidad? 0% 10%

20%

Poco seguro Seguro

70%

Nada seguro Muy seguro

22 Conagua, Estadísticas del Agua en México, edición 2010, México, Conagua, 2010, p. 150. Disponible en: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2010-16Junio2010.pdf. 23 Entrevista a miembros de Roguiva, A.C., Puebla, 12 de noviembre de 2013.

los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, los niveles de PM10 en el aire durante los últimos cuatros años en la región en cuestión generaron 48 muertes, 84 personas hospitalizadas y 6,691 consultas médicas, por afecciones relacionadas con la mala calidad del aire.23

Dimensión de seguridad personal de la seguridad humana En la ciudad de Puebla existe la percepción de que la seguridad personal es bastante precaria. Como se aprecia en la gráfica 1, el 80 por ciento de las personas que respondieron el Cuestionario de la seguridad humana en Puebla se sienten poco o nada seguras. Al respecto, muchos de nuestros entrevistados no dudan en afirmar que “la seguridad personal es lo que más afecta a los habitantes del municipio. Por supuesto que hay problemas y muy graves en educación, salud, etcétera”, pero nos refieren que, con todo, “es la inseguridad personal lo que daña el sentimiento de seguridad en general, ya que no afecta a un solo sector: la inseguridad afecta a todos por igual, ricos, pobres”. De las diferentes entrevistas a fondo que se realizaron, se pudo constatar además que en Puebla se considera que el tipo de crimen que más afecta al municipio y al estado no está vinculado al crimen organizado. De hecho, según se reporta en datos federales, Puebla se ubica dentro de los diez estados con menos homicidios relacionados con el fuero federal; es decir, homicidios dolosos referidos al crimen organizado.24 La explicación que encuentran algunos de nuestros entrevistados a tan relativa calma frente a la violencia asociada al crimen organizado, radica en que la capital poblana se ha convertido en lugar de residencia de altos líderes del narcotráfico, quienes han pactado entre sí y con el gobierno estatal para mantener en paz la municipalidad.25 Dicha información, por supuesto, es negada por las autoridades, pero a nivel de la prensa local se maneja como una de las principales hipótesis para explicar el blindaje que ha mantenido Puebla frente a la violencia que azota a estados vecinos como Veracruz, Guerrero y Morelos.

En ese sentido, se considera que “en relación a delitos graves como homicidio, secuestro, Puebla está muy bajo. Pero en relación a delitos como robo con violencia en transporte, a casa-habitación, robo de vehículos o de refacciones, Puebla está impresionantemente alto”.26 Como pudimos constatar al momento de revisar algunos de los estudios de medición de la violencia y acción criminal, el estado de Puebla, en efecto, padece grandes estragos en algunos delitos relacionados con la 23 IMCO, “¿Cuánto nos cuesta la contaminación del aire? Resultados para 34 ciudades mexicanas. Calculadora de impactos en salud y en productividad”, septiembre de 2013. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/Fichas_por_ciudad_completo.pdf. 24 Milenio, 29 de septiembre de 2013. Disponible en: http://www.milenio.com/policia/municipios-asesinatos-narco_0_162583794.html. 25 Entrevista a miembros de Red de Mujeres Rurales e Indígenas Poblanas, A.C., Puebla, 12 de noviembre de 2013. 26 Entrevista a miembros de la Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la Justicia y la Atención a Víctimas del Delito, A.C., Puebla, 11 de noviembre de 2013.

delincuencia común. Una de estas investigaciones, la del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), plantea que, en términos generales, Puebla presenta niveles moderados de afectación por causa de la delincuencia común, pero sobresale de manera negativa en dos delitos: robo a transeúnte con violencia y, en menor medida, la extorsión.27 De hecho, el problema del robo con violencia es tan grave que en 2012 Puebla ocupó la segunda posición como el municipio donde se cometió la mayor cantidad de estos delitos (8,885), sólo por detrás de Ecatepec de Morelos en el Estado de México (11,747).28

Dimensión comunitaria de la seguridad humana Uno de los aspectos de la seguridad humana que más preocupa a las personas que participaron en el Análisis participativo de la seguridad humana en Puebla, es el hecho que se percibe que la sociedad poblana sigue arrastrando patrones culturales marcados por la discriminación, en especial en contra de los indígenas, las mujeres y los grupos sexualmente diversos. Los resultados de nuestra encuesta son categóricos al respecto. El 80 por ciento de nuestros encuestados consideró que en Puebla las personas sí discriminan a miembros de poblaciones indígenas; ese mismo porcentaje de repuestas indicó que las mujeres no tienen acceso a las mismas oportunidades que los hombres; mientras que un 70 por ciento afirmó que las personas de orientación sexual diversa no son respetadas. Sobre la situación de las mujeres, el grado de violencia física que existe en el seno de las familias poblanas es alto. A partir de los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH-2011) del INEGI, el 47.9 por ciento de las mujeres de 15 años y más aseguraron haber sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su relación con su última pareja, con lo cual Puebla se posiciona como la sexta entidad federativa con mayor violencia en contra de las mujeres. La situación femenina es poco alentadora también en el sector laboral, ya que las mujeres sufren discriminación y el fenómeno también es considerado como maltrato o violencia. Al respecto, los resultados de la ENDIREH-2011 arrojaron que en este rubro Puebla ocupa una posición bastante negativa, ya que figura en el séptimo lugar como la entidad federativa donde se observó la mayor proporción de mujeres víctimas de violencia y discriminación laboral (23 por ciento).29

27 Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., 8 Delitos Primero. Índice Delictivo CIDAC, México, CIDAC, 2013. Disponible en: http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero_1.pdf. 28 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., La violencia en los municipios de México 2012, México, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2012. Disponible en: http://www.seguridadjusticiaypaz.org. mx/biblioteca/finish/5-prensa/164-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2012/0. 29 Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, “Violencia contra las mujeres en México. Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH-2011)”, diciembre de 2012. Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33532.

Lamentablemente, Puebla tampoco es la excepción en la discriminación hacia los indígenas. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010), refiere que al menos tres de cada cien habitantes de la zona metropolitana de PueblaTlaxcala están de acuerdo en que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente, sin considerar la falta de oportunidades y la discriminación. Empero, el grupo que padece discriminación y que al mismo tiempo es víctima de persecución y actos de violencia es la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestistas e intersexuales). “En Puebla no me siento seguro de salir a la calle y ser abiertamente diverso”,30 nos refiere uno de los miembros de No Dejarse es Incluirse, A.C., una organización dedicada a defender los derechos de la población LGBTTTI de Puebla. Cabe señalar que la violencia homicida contr a la comunidad LGBTTTI de Puebla experimentó su clímax en marzo de 2012, cuando Agnes Torres, una activista tr ansgénero, fue tortur ada y asesinada en una zona rur al del estado.

Este temor no es para nada infundado; por una parte, nos comentan los miembros de la organización, se tienen documentados una serie de actos discriminatorios que ejercen tanto autoridades como ciudadanos. Lo cual ocurre así tanto por cuestiones culturales y religiosas, como por el hecho que las autoridades no hacen nada por intentar cambiar tal estado de cosas. Por ejemplo, nos comentan, hasta hace unos meses Puebla era una de las quince entidades en México donde, de acuerdo con el Consejo Nacional contra la Discriminación (Conapred), no se había establecido una normatividad para prevenir, combatir y erradicar la discriminación en todas sus facetas. Y a pesar de la aprobación de la ley, ésta todavía no se publica ni tiene su reglamentación, por lo que aún es letra muerta.

Por desgracia, la discriminación contra dicha población ha devenido muchas veces en delitos de odio por homofobia. Crímenes que se caracterizan como “muy violentos, son verdaderamente brutales, estamos hablando de ejecuciones, es impresionante la saña”, nos mencionan los miembros de No Dejarse es Incluirse, A.C. “Se han documentado, por ejemplo, personas con 20 puñaladas”, agregan, “mutilaciones de órganos sexuales. En el caso de hombres, les cercenan el pene y se los meten a la boca. Otra característica es que no se esconde el cadáver. Incluso a veces se dejan pintas: ‘Te lo mereces por puto’”, concluyen. El brutal crimen contra Agnes, nos relatan, contribuyó a visibilizar la problemática de la homofobia e impulsó la movilización de la sociedad civil organizada. La movilización social fue clave para que los culpables del homicidio fueran capturados y 30 Entrevista a miembros de No Dejarse es Incluirse, A.C. Puebla, 12 de noviembre de 2013.

para que el congreso local se interesara en la problemática y se dieran los primeros pasos en la aprobación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Puebla. Este último factor; es decir, la protesta pública como expresión de la movilización social, es “en Puebla la socieimportante de mencionar ya que todos los entrevistados dad ha sido desinreconocen que en las últimas décadas se percibe un des- teresada, apática; pertar ciudadano inédito. siempre hemos estado Para nadie pasa desapercibido que en Puebla la sociedad, como en buena parte del país, tiende a desinteresarse de los asuntos públicos. Un claro ejemplo: el grueso de las organizaciones de la sociedad civil se enfoca al trabajo asistencialista, y muy pocas se especializan en actividades cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.31 De hecho, este rasgo de la sociedad se observa como la fuente de la mayoría de los problemas de la entidad; como nos señala uno de nuestros entrevistados, “en Puebla la sociedad ha sido desinteresada, apática; siempre hemos estado en nuestra zona de confort y poco nos ha interesado nuestro alrededor. Y los grandes rezagos tan terribles en todos los órdenes, en económico, etcétera”.32

en nuestr a zona de confort y poco nos ha interesado nuestro alrededor. Y es por eso que vivimos los gr andes rezagos tan terribles en todos los órdenes, en lo político, lo social, lo económico, etcéter a”.

es por eso que vivimos lo político, lo social, lo

Pese a ello, se percibe que gracias a casos como el de Agnes Torres o el de la detención ilegal de la periodista Lydia Cacho, en 2006, la tolerancia y el conformismo de la sociedad poblana se ha agrietado y la gente está un poco más dispuesta a salir a las calles a protestar. Aunque, se reconoce, es mucho aún lo que debe avanzarse en este sentido, “ya se vislumbra un hartazgo social del cinismo y la corrupción. La señal de ese hartazgo son los brotes de violencia contra policías y gobiernos locales”, nos comenta un miembro activo de una de las OSC incluidas en el estudio, el cual agrega: “parece no haber otro camino. A los gobernantes se les debe hacer saber que ya basta. […] Se va en un proceso de despertar ciudadano. Los tiempos están comenzando a cambiar, todavía en Puebla seguimos dormidos, pero ya hay síntomas de una transformación”.33

Dimensión política de la seguridad humana Uno de los factores de mayor peso al momento de evaluar la seguridad humana, es qué tanto las instituciones del Estado y los servidores públicos representan y brindan 31 Entrevista a miembros de Integradora de Participación Ciudadana, A.C, Puebla, 11 de noviembre de 2013. 32 Ibid. 33 Ibid.

confianza a los ciudadanos. El Análisis participativo de la seguridad humana en Puebla hace ver que la corrupción y el debilitamiento de las instituciones constituyen actualmente graves amenazas a la seguridad política de las personas. En Puebla, es prácticamente unánime la percepción de que todas las instituciones públicas inspiran poca o ninguna confianza en los activistas de las OSC incluidas en el Análisis participativo. Sin embargo, los resultados del Cuestionario nos muestran que no todas las instituciones son valoradas de la misma manera. Las que obtienen mayores menciones en el sentido de que no inspiran absolutamente nada de confianza son las policías estatal y municipal así como los partidos políticos. La única institución del Estado que alcanza un nivel relativamente aceptable de confiabilidad son las fuerzas armadas. Al momento de explorar las razones detrás de tan marcada desconfianza, encontramos que la causa fundamental se debe, en primer lugar, a la certeza que existe en nuestros entrevistados del alto grado de corrupción que impera en estas instituciones. Dicha percepción no es gratuita ni se encuentra el “problema es que alejada del sentir de la sociedad en general. Ya algunos las mismas personas estudios, como el Índice Nacional de Corrupción y Buen encargadas de la se- Gobierno 2010, demuestran fehacientemente el alto graguridad son muchas do de corrupción gubernamental que han mostrado las veces los delincuen- instituciones públicas. Dicho índice registra la corrupción tes. Policía estatal en servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de goy municipal son los bierno y empresas particulares. Según sus resultados de mismos que te asal- 2010, el estado de Puebla ocupó la posición quince como tan, son quienes mu- la entidad federativa con la mayor frecuencia de actos de chas veces hacen corrupción. Aunque en aquel año Puebla figuró por debasecuestros exprés. En- jo de la media nacional, en 2003, durante el gobierno de tonces, tenemos que Melquiades Morales Flores, la entidad ostentó la primera algunos delincuen- posición a nivel nacional.34 tes son los mismos que tienen tu seguridad en sus manos”.

En el caso de las fuerzas del orden y las instituciones encargadas de la procuración de justicia, las encuestas oficiales también se encargan de ratificar nuestros resultados. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2013), registra también que las autoridades con menor índice de confianza, tanto en Jalisco como en el resto del país, fueron los ministerios públicos y las policías de todos los niveles. De nuevo las fuerzas armadas fueron las que conservaron niveles de confianza más elevados. Frente a la percepción generalizada de corrupción en todos los niveles, lo que más preocupa e indigna a los miembros de las 34 Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Informe ejecutivo 2010, México, Transparencia Mexicana, 2011. Disponible en: http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/transparencia/focalizada/indices/incbg_2010_informe.pdf.

OSC participantes es que las fuerzas del orden, especialmente las policías estatal y municipal, sean las principales fuentes de inseguridad en el municipio y el estado. A decir de uno de los entrevistados, el “problema es que las mismas personas encargadas de la seguridad son muchas veces los delincuentes. Policía estatal y municipal son los mismos que te asaltan, son quienes muchas veces hacen secuestros exprés. Entonces, tenemos que algunos delincuentes son los mismos que tienen tu seguridad en sus manos”. De modo tal, agrega: “ya no puedes confiar en las instituciones que se supone están para ayudarte. Ahora en las noches se le tiene más miedo a encontrarse a un policía que a un ladrón”. Tan negativa percepción de las instituciones incluye además a partidos políticos, el congreso local y los ejecutivos estatal y municipal. Sobre esto último, resulta sumamente grave el pronunciado distanciamiento que se percibe entre sociedad y Estado, y el sentimiento de disgusto hacia la situación actual de la democracia. Revelador resulta uno de los tantos comentarios que se recogieron a lo largo del Análisis participativo, el cual destacaba que en México no existe democracia porque no hay tal cosa como el poder del pueblo, en tanto los gobernantes son una especie de élite absolutista que no siente ninguna obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.

Consideraciones finales El análisis de las siete dimensiones de la seguridad humana en Puebla permite percibir un fuerte dejo de insatisfacción ante el estado de cosas que reina en la capital de la entidad. Sin duda, los graves atrasos que padece la sociedad poblana, especialmente en lo económico, hacen prever que aún es mucho lo que tiene que emprenderse para lograr cimentar los puntales de la seguridad humana de los poblanos. Sin embargo, y pese a tan sombrío panorama, pareciera que también aquí, como en otros estados, se comienza a percibir una llama de esperanza que se centra en el incipiente proceso de activación de la sociedad. Y probablemente sea éste el principal reto que afrontan las OSC de Puebla: lograr que el miedo y el desinterés de la sociedad se transforme en esperanza e interés de lograr un cambio sustancial en una ciudad y un estado que con urgencia lo precisan.

Cuernavaca

La ausencia de la paz Morelos es el estado menos pacífico de los 32 que componen la República Mexicana, de acuerdo con los datos del Morelos es el Índice de Paz México 2013 (IPM). Dicho estudio señala que estado meMorelos presenta la segunda tasa de homicidios más alta del nos pacífico país (77 homicidios por cada 100,000 habitantes) y el peor de los 32 que valor de eficiencia judicial, pues un 94 por ciento de los ho- componen micidios cometidos en esa entidad quedan impunes. Señala la República también, que “la mayor parte de la violencia se localiza en Mexicana, Cuernavaca”,35 el municipio que nos atañe en el presente Análisis participativo de la seguridad humana. Como puede apreciarse a través de los datos citados, la violencia y la inseguridad son los principales problemas que enfrenta Cuernavaca, situaciones que impactan directamente en la dimensión personal de la seguridad humana en la municipalidad. Lo anterior es fácilmente perceptible al observar la dinámica social en Cuernavaca, cuyas calles y negocios del centro aparecen vacíos una vez que se ha puesto el sol y proliferan los servicios de taxi seguro. Se constata también cuando se observa que el 62 por ciento de los miembros de organizaciones de la sociedad civil que nos recibieron afirmaron sentirse “poco seguros” en su comunidad, porcentaje al cual se suma el 12.5 por ciento de aquellos que dijeron no sentirse nada seguros. Esta situación tiene su origen en la escalada de violencia que fue descrita de forma muy similar por distintos miembros de diferentes organizaciones.De acuerdo con sus percepciones, la violencia evolucionó de ser una realidad lejana que se veía en las noticias y que le había sucedido a un desconocido, para luego afectar al “amigo de un amigo” y finalmente trastocar el núcleo cercano de los individuos y afectar a sus familiares y amigos íntimos. En ese momento, la violencia “dejó de ser algo lejano, para transformarse en una realidad, en algo cotidiano” apuntó uno de los activistas encuestados.

35 Institute for Economics and Peace, Índice de Paz México 2013, p. 17, en: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Indice%20de%20Paz%20Mexico%202013_1.pdf.

¿Qué tan seguro se siente usted en su comunidad? 12.5%

Muy seguro

25.0%

Seguro Poco seguro

62.5%

Nada seguro

El impacto social y el susurro de la violencia Durante las entrevistas realizadas pudimos observar un fenómeno altamente significativo que se repetía en cada uno de los casos; a saber: el hecho de que los miembros de las OSC abordaban las temáticas de sus organizaciones con voz firme y segura, denunciando violaciones de derechos humanos, negligencia en el cambio de usos de suelo, pobreza y limitaciones severas en la educación pública, etcétera. Sin embargo, al abordar el tema de la violencia, el tono de voz cambiaba, se hacía más bajo y los ojos siempre escudriñaban los alrededores. A partir de lo anterior, interpretamos que el problema de la violencia se encuentra tan presente y su impacto en la psique de la población ha sido tan grande, que no se puede hablar de él con libertad. Independientemente de si se está en espacios cerrados o en la calle, sobre la violencia siempre se susurra, para evitar oídos indeseados.

El impacto de la violencia en la vida cotidiana y la ruptura del tejido social

La violencia ha transformado la dinámica de la vida cotidiana en Cuernavaca. Ha generado nuevas actitudes entre los ciudadanos, que se han visto obligados incluso a descuidar y lastimar las fachadas de sus hogares, “a fin de que no llamen la atención”, señaló la organización Acciona, pues en el contexto general el sentimiento de indefensión es enorme y el único recurso que queda es depender de uno mismo, “y de ti depende el no llamar la atención”, concluyó. Lo anterior se suma al hecho de que las organizaciones señalan una ruptura del tejido social, pues el individuo ha optado sólo por procurar su propio bienestar por encima del de su comunidad, lo que implica un severo golpe a la dimensión comunitaria de la seguridad humana en el municipio.

Una de las organizaciones, compuesta principalmente por mujeres, relata que como ejemplo de lo anterior, podía citar una ocasión en la que descubrieron una rata en su oficina razón por la cual “todas empezamos a gritar, sin embargo, ninguno de los vecinos se asomó siquiera a ver qué pasaba o a investigar por qué gritaban tantas mujeres”. Señalaron también que, a pesar de tratarse de algo aparentemente absurdo, reflejaba claramente el estado en que se encontraba la cohesión de su comunidad inmediata. Al respecto, se sumaron diferentes opiniones, una de las cuales apuntaba que “la lógica dicta que el miedo genera apatía” para involucrarse en la resolución de los problemas de la comunidad, señaló un integrante de la organización Ciudad Foco. Sin embargo, añadió: “eso para mí es un pretexto: nunca nos ha gustado involucrarnos en las problemáticas de nuestra sociedad. El miedo es sólo una excusa para no hacerlo ahora que es aún más necesario.”

a “la lógica dicta que el miedo gener a apatía” “eso par a mí es un pretexto: nunca nos ha gustado involucr arnos en las problemáticas de nuestr a sociedad. El miedo es sólo una excusa par a no hacerlo ahor a que es aún más necesario.”

Pese a todo, el panorama no es de tan desalentador. Existen elementos que indican que la sociedad está tomando la iniciativa de reestructurar el tejido y la cohesión social. Acciona, por ejemplo, señaló que la comunidad de vecinos cercanos a sus oficinas ha comenzado a organizarse para cuidarse mutuamente. “En caso de que veamos un coche desconocido que se detiene, los vecinos se alertan los unos a los otros y si es necesario salen en grupo a preguntarle al conductor si está perdido, busca a alguien o necesita ayuda.” Otro de los elementos positivos que se detectaron fue la aprobación de la Ley de Desarrollo Social Integral, impulsada desde la sociedad civil a partir de un enfoque de seguridad humana y que se encontraba en proceso de reglamentación al momento de realizar el presente estudio. El proceso de creación de dicha ley es, en sí mismo, un elemento que genera cohesión en términos de seguridad política y comunitaria, puesto que vinculó a las organizaciones de la sociedad civil con las altas esferas del gobierno, abriendo así significativos canales de diálogo orientados a dar respuestas conjuntas a las problemáticas comunes. Fundación Entornos fue partícipe e impulsora de este proceso y señaló que Morelos era un estado sin ley de desarrollo social, razón por la cual el Consejo Ciudadano —que agrupa a quince organizaciones de la sociedad civil— decidió generar una propuesta de ley de desarrollo integral, cuyo enfoque debía ser el de la seguridad humana. La propuesta fue trabajada en conjunto con los legisladores locales y con el gobernador, generándose foros de consulta y fomentando la participación de sectores académicos. El resultado de ese esfuerzo coordinado entre ciudadanía y gobierno derivó en la ya mencionada iniciativa de Ley de Desarrollo Social Integral, misma que el gobernador morelense tomó y presentó al congreso local como

una iniciativa prioritaria de su administración. Al final del proceso legislativo, la ley fue aprobada por unanimidad.

El vínculo entre las seguridades económica y personal: los problemas estructurales Sin embargo, una vez apreciado el panorama general del municipio, cabe preguntarse qué elementos fueron los que se conjugaron para dar como resultado tal escenario. Al respecto, Fundación Comunidad hizo un recuento de factores que, al colocarse junto con observaciones hechas por distintas organizaciones, ofrece una visión más completa del origen del problema. El primero de estos factores era la migración de hombres hacia Estados Unidos en busca de las oportunidades laborales que no existían en Morelos, lo cual inmediatamente transformaba el rol de la mujer, quien también necesitaba salir del hogar en busca de un empleo. Con ambos padres fuera de casa, los niños quedaban expuestos a una situación de abandono, en la que la educación pasaba de recibirse en casa a propiciarse en la escuela o las calles. El segundo factor a considerar es la calidad del sistema educativo tanto en Cuernavaca, como en todo el estado de Morelos. En un primer momento se debe apreciar que la instrucción es de baja calidad y que, a decir de Acciona, el sistema público no está brindando a los jóvenes las herramientas para desarrollar habilidades que les permitan funcionar en el ámbito laboral ni para desarrollarse como ciudadanos. Si a dicho factor se le suma el hecho de que las oportunidades laborales son escasas una vez terminados los estudios y que, a decir de Acciona y Fundación Comunidad, incluso la educación pública implica un gasto considerable a las familias, se comprenderá el por qué las organizaciones reportan un índice de deserción tan alto en el sistema educativo morelense: los jóvenes prefieren dejar la escuela —que les cuesta tiempo y dinero, sin que necesariamente les asegure mejores oportunidades en el futuro— para perseguir el objetivo de empezar a ganar su propio dinero.

Por último, las organizaciones señalan la transformación del esquema de valores entre los jóvenes, quienes al observar que sus padres están fuera todo el tiempo en busca de trabajo y recursos y al hallarse expuestos a “la educación que brindan la televisión y la calle”, son más propensos a creer que lo “bueno” es tener dinero, “tener un buen coche, lo de menos es el cómo se consigue”, señaló un miembro de Fundación Comunidad. Como se puede observar entonces, el origen del problema es mucho más estructural, pues se trata de un círculo vicioso que va más allá de simple hecho de la presencia del crimen organizado en la zona. Antes al contrario: este último prolifera en la zona precisamente porque existen tales problemas estructurales —la ausencia de la familia como primer pilar de la educación, el abandono relativo de los jóvenes, la falta de oportunidades y las dificultades eco-

nómicas— que se convierten en el caldo de cultivo ideal para que sus elementos expandan su influencia.

La seguridad política: la ausencia de la acción gubernamental

dur ante el tiempo del “falso toque de queda impuesto por el narcotr áfico” en Cuernavaca, el gobernador no sólo no emprendió acciones, sino que fue “el primero que respetó el toque de queda y no salió de su casa en un mes.”

El conocer la situación del municipio de Cuernavaca conduce, invariablemente, a indagar cuáles son las acciones que el gobierno, ya sea a nivel estatal o municipal, está llevando a cabo para atacar un problema que, como ya se argumentó, muestra raíces más profundas y más estructurales de lo que se tiende a considerar generalmente. Al respecto, las organizaciones consultadas señalan pocas o nulas acciones gubernamentales para enfrentar el fenómeno de la violencia. “En Morelos ni siquiera hay una Ley de Víctimas” agregó un activista, “se gestiona la iniciativa, pero encuentra trabas por motivos partidistas.” Más aún, Ciudad Foco señaló que, durante el tiempo del “falso toque de queda impuesto por el narcotráfico” en Cuernavaca, el gobernador no sólo no emprendió acciones, sino que fue “el primero que respetó el toque de queda y no salió de su casa en un mes.” Después aclaró que se trató de un “falso toque de queda”, porque sólo el Estado podía declararlo. El narcotráfico no poseía ningún poder formal para establecerlo, pero aun así, “el gobernador lo aceptó.” La única acción que es sumamente notable, señalan, es el discurso de que la violencia ya es un tema que fue superado tanto en el estado de Morelos como en el municipio de Cuernavaca. Esta situación se acompaña con el cambio radical de la información que se daba en los medios de comunicación con respecto a los temas de inseguridad y violencia: diversas organizaciones señalaron que a partir del cambio de gobierno federal, las notas periodísticas sobre la violencia dejaron de aparecer en los medios masivos de comunicación. Se llegó incluso a sugerir que, si realmente se quería conocer lo que estaba pasando en el municipio, se tenía que consultar los rotativos de nota roja. “El gobierno busca la negación del problema, esperando que si se niega, entonces deje de existir” apuntó un miembro de Acciona. Tanto la “falta de respuesta” del gobierno como esa actitud de “no querer darse cuenta” de la situación real que se vive en Cuernavaca, no hace más que generar “un mayor sentimiento de vulnerabilidad” señaló CIDHAL. La negación de los problemas y la consecuente falta de acciones para combatirlos impactan directamente en la percepción que las organizaciones mantienen sobre el alto grado de impunidad que impera en Cuernavaca.

¿Qué tan frecuente es que los delitos cometidos en su comunidad queden impunes? 12.5% Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nada frecuente

87.5%

La impunidad no sólo se percibe en cuanto a los problemas de inseguridad y violencia se refiere, sino también en la aplicación de la ley para las violaciones medioambientales. Al respecto, Fundación Duster señaló que “Si queremos un el presidente municipal actual mencionaba durante su cambio, la ley tie- campaña, que mientras realizaba estudios en Texas los ne que observarse, morelenses que lo visitaban se sujetaban a las leyes losi no es estarnos cales y no tiraban basura o se pasaban los altos. “Yo le dando atole con pregunté, ¿cuál es la diferencia?” agregaba el miembro el dedo” de Fundación Duster, “no son veinte años de educación cívica o ambiental; la única diferencia es que ahí sí se aplica la ley.” “Si queremos un cambio, la ley tiene que observarse, si no es estarnos dando atole con el dedo”, concluyó.

El impacto en la confianza

Al considerar todo lo anterior, no sólo es comprensible que se dispare la percepción de la impunidad sino también es de esperarse la pérdida de confianza en las instituciones pues, como puede apreciarse en la gráfica correspondiente, en promedio el 80 por ciento de los miembros de las organizaciones consultadas expresó que las instituciones públicas les inspiraban “poca” o “nada de confianza.” Sin embargo, las organizaciones señalaron que la confianza se había minado desde antes que surgiera el brote de inseguridad y violencia. “La desconfianza se genera cuando, al existir cierto nivel previo de confianza, la relación con la autoridad no resulta positiva”, apuntó uno de los miembros de Acciona. La confianza en las instituciones también se ve impactada directamente por el desempeño de las fuerzas públicas dentro del estado de Morelos. Las organizaciones señalaron que la sensación de inseguridad que experimentaban se incrementaba no sólo con la presencia de cé-

lulas del crimen organizado, sino también con la de las policías locales y federales, mismas que muchas veces son más perjudiciales para los ciudadanos que el mismo narcotráfico. Al respecto, un activista expresó: “yo ya no recuerdo un momento en el que haya confiado en la policía”. ¿Cuánta confianza le inspiran las siguientes instituciones? Gobernador del estado Presidente municipal o alcalde Diputado local Gobierno municipal Ejército Policía federal Policía estatal Policía municipal Ministerio público Comisión Estatal de Derechos Humanos Partidos políticos Instituciones religiosas Organizaciones de la sociedad civil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% No me inspira nada de confianza

Me inspira poca confianza

Me inspira confianza

Me inspira mucha confianza

Asimismo, los bajos niveles de confianza afectan la percepción que las organizaciones de la sociedad civil de Cuernavaca tienen al respecto de los programas federales como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, puesto que para algunas este programa implica “un regreso al modelo de gobierno paternalista y clientelar, que ya se estaba dejando de lado.” Desde otra perspectiva, una organización consideró que aunque la Cruzada se base en una estrategia que ha funcionado en otro país, “no se ha ‘campechanizado’[sic] para hacerla funcionar en el contexto mexicano.” Uno de los factores de la realidad nacional que no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, es el de la limitación de los recursos públicos, puesto que el dinero de la Cruzada se gasta “en tazas y “La desconfianza se banners que no sirven para nada más que para adornar gener a cuando, al el palacio de gobierno”, señaló otro activista, y agregó existir cierto nivel que “con eso no se combate el hambre, sino que se previo de confiangastan recursos que podrían ocuparse en cosas útiles.” za, la relación con “Hay un despilfarro de dinero terrible”, concluyó. la autoridad no resulta positiva”

Otra de las organizaciones consultadas consideró que es insuficiente atacar el hambre con comida. Señaló que es preciso sumar otros factores, puesto que con la Cruzada Contra el Hambre simplemente se “está atacando la consecuencia de un problema mucho más amplio que es la pobreza”, y agregó que con tales estrategias “se atiende el hambre de hoy; la de mañana (o la de los próximos seis años) quién sabe.” Sobre la misma tónica, otra organización apuntó que “este tipo de programas no resuelven los “con eso no se com- problemas, sino que solamente hacen que haya gente exbate el hambre, tendiendo las manos.” Sin embargo, también existen puntos positivos dentro del programa, puesto que “a través de la Cruzada, se forma a individuos a quienes les dan una beca y les enseñan cuáles son los programas que tiene el gobierno para la gente”, apuntó un activista, “eso es un acierto, porque hay mucho desconocimiento sobre los programas gubernamentales”, lo cual da cabida a muchos casos de corrupción, siendo el ejemplo más común el hecho de que en época de campañas electorales aparezcan individuos que ofrecen traer los programas sociales del gobierno a cierta comunidad, a cambio del voto de los ciudadanos por determinado partido político. el dinero de la Cruzada se gasta “en tazas y banners que no sirven par a nada más que par a adornar el palacio de gobierno”

La sociedad civil y la percepción de la corrupción El argumento anterior da pie para abordar los altos niveles de percepción de la corrupción que existen en las instituciones públicas, como puede apreciarse en la siguiente gráfica, de acuerdo con los miembros de las organizaciones de la sociedad civil de Cuernavaca.

Los casos de desconfianza y percepción de la corrupción en el gobierno municipal obedecen, amén de su pobre actuación frente a la inseguridad y la violencia, a la limitación de recursos que ejerce ese nivel de gobierno hacia las organizaciones de la sociedad civil que le son abiertamente críticas. Al respecto, una gran cantidad de las organizaciones consultadas señalaron que les es más fácil acceder a recursos federales que a recursos locales. Lo anterior, aclararon, “no implica que el gobierno federal esté mejor que el local”, sino simplemente que es un universo más amplio, donde es menos probable que se nieguen recursos a una organización que es más conocida a nivel local.

37.5

12.5

37.5

62.5

Partidos políticos

Policía municipal

37.5

Congreso local

80%

Presidente municipal

100%

Policía Estatal

En su opinión, ¿qué tan presente se encuentra la corrupción en las siguientes instituciones?

40% 20%

62.5

Gobernador o Alcalde

62.5

Muy presente

Gobierno municipal

60%

Presente

No está presente

La seguridad medioambiental: el futuro hipotecado En lo referente a la seguridad medioambiental, el principal problema para Morelos y la región de Cuernavaca es la pérdida de la mayor parte de sus ecosistemas naturales, a raíz tanto del desarrollo agropecuario como del incremento de las manchas urbanas de forma no planificada ni regulada por la autoridad. “Hay un desarrollo anárquico en esta región”, señaló un miembro de Fundación Duster. Como en todas las cuestiones medioambientales, los problemas se gestan a través del tiempo; sin embargo, a decir de Fundación Duster, la situación de Morelos está altamente comprometida puesto que después de una pérdida de 3000 a 4000 hectáreas por año durante las últimas décadas, actualmente “quedan menos del 15 por ciento de los ecosistemas naturales propios de la región”36. “A este ritmo, en un periodo de 20 a 25 años nos vamos a quedar sin ecosistemas naturales y los servicios ambientales que éstos aportan” señaló el activista. En sintonía con lo anterior, el principal servicio medioambiental que se ve afectado en Morelos es la disponibilidad de agua potable, puesto que se ha experimentado una disminución drástica de las reservas hídricas de la región, mismas que, de 36 En contraste, de acuerdo a Fundación Duster, la Ciudad de México aún conserva el 40% de sus ecosistemas naturales.

C “quedan menos del 15 por ciento de los ecosistemas natur ales propios de la región”. “A este ritmo, en un periodo de 20 a 25 años nos vamos a quedar sin ecosistemas natur ales y los servicios ambientales que éstos aportan”

acuerdo con Fundación Duster, son reconocidas por su gran calidad para el consumo humano y el riego. “El acuífero de Cuernavaca ya está llegando a su límite pues actualmente ya se está explotando casi lo mismo que se recarga.” La misma fundación añadió también que a ese ritmo, “según datos de la Conagua, para el 2017 el consumo empezará a ser deficitario.”

Cuando de medio ambiente se trata, la interrelación de los factores es sumamente estrecha. El problema de la falta de agua guarda directa relación con el crecimiento desmedido de la mancha urbana en los bosques y barrancas de Cuernavaca, zonas que debían destinarse únicamente a la regulación de climas y recargas de acuíferos. Sin embargo, el proyecto que mayor preocupación causa a Fundación Duster es el de la autopista Lerma-Tres Marías, misma que está planificada para pasar justo por el centro del Bosque del Agua, que nutre entre el 70 y el 75 por ciento de los acuíferos que alimentan a la zona metropolitana del Valle de México. Permitir la construcción de esa autopista, así como la expansión de los desarrollos inmobiliarios hacia esa zona, equivaldría a “matar la gallina de los huevos de oro”, apuntó. A pregunta expresa sobre la postura que las autoridades toman ante las problemáticas ambientales, la respuesta de Fundación Duster fue que “las propias autoridades”, en particular los regidores, “ven más por los intereses de empresas o particulares que por el interés general o por el propio ordenamiento territorial que deberían respetar”, con esa cerrazón, agregó, “están hipotecando el futuro de la región.”

En conclusión: es preciso reconstruir el sentido de comunidad en Cuernavaca

Lo esencial para comenzar a revertir la situación en Cuernavaca es “recordarle a la gente que vive en comunidad, para así terminar con la indiferencia” señaló Fundación Entornos. La lógica detrás de tal afirmación encontró eco de distintas maneras entre las organizaciones consultadas; por ejemplo, para Fundación Comunidad, “la solidaridad comunitaria” es el elemento y el espacio que “permite a las personas sobreponerse a su condición precaria.” El trasfondo de ambas afirmaciones es que mediante el trabajo en comunidad se puede iniciar el cambio necesario para recuperar el tejido social en el municipio de Cuernavaca, y también emprender acciones para corregir los factores estructurales que posibilitaron la proliferación de la inseguridad y la violencia.

Las acciones de la sociedad civil tienen un amplio potencial para conseguir tal meta, puesto que actúan desde ámbitos y ópticas mucho más amplias que aquellas subyacentes en las estrategias unidireccionales que implementa el gobierno. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la Fundación Rayuela para la Cultura, que ha emprendido acciones como la instalación de bibliotecas y casas de cultura en municipios de Morelos altamente afectados por la violencia. El resultado, de acuerdo con sus propios datos, estriba en que se ha experimentado un declive en los indicadores de violencia en esos municipios. Lo anterior se explica a raíz de que la participación de niños y jóvenes en actividades culturales provoca el paulatino involucramiento de los padres de familia —en primera instancia las madres, quienes a su vez, inmiscuyen a los padres— dando como resultado no sólo una mayor cohesión en el núcleo familiar, sino también una mayor cohesión comunitaria, puesto que al momento de acompañar a los hijos a la casa de cultura, los adultos se conocen entre sí y, poco a poco, comienzan a confiar en sus vecinos y apoyar e involucrarse en las labores de dicha casa. Otro elemento benéfico que traen consigo los proyectos de esta naturaleza, es que la dinámica que generan rompe con la reproducción social de violencias tales como la discriminación a la mujer, y además aleja a los jóvenes de la calle y los vicios que en ella rondan. Si bien, como señaló Fundación Comunidad, “una comunidad unida es una comunidad con menos problemas”, también se debe incluir al gobierno, a fin de que se puedan generar políticas adecuadas que, gracias al diálogo con la sociedad civil, sean operativas más allá del escritorio donde se planifican. En dicho sentido, Fundación Entornos señaló que debe registrarse un efecto dual: por un lado, el empoderamiento de la población en general, y por el otro, el Estado tiene que cumplir con su labor de protección hacia sus ciudadanos, puesto que, como señaló CIDHAL, “lo que más violenta, es el hecho de que el gobierno no sepa asumir su compromiso” con la seguridad y el bienestar de las personas. Conseguir estos objetivos ayudaría enormemente a mejorar los niveles de seguridad humana en Cuernavaca, en particular en aquellas dimensiones donde mayores deficiencias se presentan. A modo de ejemplo, en lo referente a la seguridad política, la creación de esta comunidad que incluya al gobierno restablecería los niveles de confianza mediante el diálogo participativo, además de reducir la corrupción y, a la par, elevar los niveles de seguridad personal y comunitaria. En el caso del medio ambiente, también es deseable la reparación de ese sentido de comunidad, puesto que de tal manera se podría trabajar en conjunto para pasar “de una visión cortoplacista” a proyectos de largo aliento destinados a recuperar

los ecosistemas perdidos con el apoyo, vigilancia y estricta aplicación de la ley por parte del gobierno. Organizaciones incluidas en el Análisis participativo de la seguridad humana de Cuernavaca 1. Autonomía Libertad y Movimiento A.C 2. Ciudad Foco A.C. 3. Comunicación e Intercambio para el Desarrollo Humano en América Latina A.C. (CIDHAL) 4. Fundación Comunidad A.C 5. Fundación Duster A.C. 6. Fundación Entornos A.C. 7. Fundación Rayuela para la Cultura A.C

Querétaro Esta entidad no es una de los primeras en figurar cuando se abordan los temas de inseguridad pública y violencia (factores dominantes de la dinámica nacional durante los últimos años), pues la percepción general es que, en los términos tradicionales sobre seguridad, Querétaro no enfrenta problemáticas graves. Más aún, en el “Índice de Paz México 2013” (en adelante, IPM), dicho estado se sitúa como el segundo más pacífico de la República Mexicana, siendo únicamente superado por Campeche.37 Ahora bien, ¿qué tan ciertos resultan los niveles de seguridad y bienestar queretanos cuando se analizan desde una óptica más amplia? A la luz de la seguridad humana y fruto del análisis participativo en su capital, identificamos que ésta presenta problemas particularmente en tres dimensiones, a saber: política, comunitaria y personal. Para explicar el por qué se llegó a tal resultado, es conveniente aclarar que durante las entrevistas que se realizaron en el municipio de la capital queretana se suscitó una dinámica muy particular, pues independientemente de la temática que trabajara la organización entrevistada, siempre aparecían temas como la impunidad y la situación de los derechos humanos, así como el problema de desapariciones de niñas y migrantes, acompañados de la negación sistemática del fenómeno por parte de las autoridades.Dichas temáticas concuerdan con las debilidades que, en el caso específico del estado de Querétaro, identificó el “Índice de Desarrollo Democrático de México 2012”, a saber: el respeto a los derechos políticos y las libertades civiles, la violencia de género así como la participación ciudadana en las decisiones públicas, entre otros.38 Tal situación contrasta ampliamente con las experiencias que se tuvieron en otros municipios donde, por ejemplo, la inseguridad pública, la violencia y el agua fueron las temáticas predominantes; sin embargo, para comprender esta tendencia es imposible dejar de lado el alto nivel de paz que el IPM asigna a Querétaro, y contrastarlo con el lugar que ocupan tales entidades en el mismo índice.39 Retomando el tema de la paz, esta última se percibe fácilmente al llegar a Querétaro y caminar en sus calles, en las que se miran pocos policías y donde las personas transitan tranquilamente a casi cualquier hora del día. Se siente también en la Uni37 Institute for Economics and Peace, “Índice de Paz México 2013”, p. 10, en: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/ Indice%20de%20Paz%20Mexico%202013_1.pdf. 38 Fundación Konrad Adenauer-Polilat, Coparmex, “Índice de Desarrollo Democrático de México, Apartado de Querétaro”, en: http://www.idd-mex.org/informes_x_pais/96/2012-queretaro.html. 39 Los ejemplos más claros al respecto son los estados de Nuevo León y Morelos, que se ubican en el IPM en los lugares 26 y 32, respectivamente.

versidad Autónoma de Querétaro, cuyas puertas permanecen abiertas incluso cerca de las 10 de la noche, ofreciendo un acceso completamente libre a sus instalaciones (mismas que cuentan con un par de cajeros automáticos). En pocas palabras, ante la ausencia de altos niveles de violencia asociada al crimen organizado,40 en Querétaro la dinámica social no se ha trastocado. Y en efecto, tal impresión es compartida por la sociedad civil organizada que opera en el municipio de la capital queretana. “Yo puedo sentirme seguro en Querétaro” nos dijo en entrevista un miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano A.C.; empero, también señaló que “el que haya poca violencia relacionada al narcotráfico, no quiere decir que no la haya.” Al “el que haya poca respecto, no puede dejarse de lado el descubrimiento de violencia relacio- narcobodegas en los municipios de la capital estatal y El nada al narcotr á- Marqués, situación que forzó al gobierno local a ordenar fico, no quiere de- inspecciones periódicas en los parques industriales de la 41 cir que no la haya.” entidad a partir de 2011. Más aún: distintas organizaciones entrevistadas señalaron que el avión con matrícula mexicana que fue derribado en Venezuela, el pasado 4 de noviembre de 2013, debido a sus presuntos vínculos con el narcotráfico,42 permaneció tres días en Querétaro antes de salir con destino a ese país. Pese a lo expuesto, dichos elementos no constituyen un problema central en la vida en Querétaro. “No vivimos un estado salvaje, pues ciertamente no se sufre lo que se sufre en otros estados”, señaló el Centro Fray Jacobo Daciano, organización que también apuntó que las grandes dificultades que existen en la entidad se ubican en otros ámbitos, en particular “en la aplicación de la ley y en el ejercicio y acceso a los derechos”, afirmación que nos remite inmediatamente a la dimensión política de la seguridad humana.

La dimensión política: la violación a los derechos humanos, la impunidad y el sistema de justicia El caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González

El caso paradigmático cuando se abordan las irregularidades en la impartición de justicia en Querétaro es, de acuerdo con las organizaciones consultadas, el de Jacinta, Alberta y Teresa, tres mujeres indígenas que, en marzo de 2006, fueron detenidas 40 El IPM considera un indicador denominado “Crimen organizado” que incluye elementos como extorsión, secuestro y crímenes relacionados con las drogas. En tal indicador, el estado de Querétaro recibe una puntuación de 1.050, donde 1 es el valor mínimo y entre más elevado sea el numeral, mayor es la presencia de los elementos antes mencionados. Véase: Institute for Economics and Peace, “Mapa interactivo del Índice de Paz México 2013” en: http://www.visionofhumanity.org/#page/indexes/mexico-peaceindex/2012/QUE/OVER. 41 Fundación Konrad Adenauer-Polilat, Coparmex, op. cit., en: http://www.idd-mex.org/informes_x_pais/96/2012-queretaro.html. 42 “Derriban avión mexicano en Venezuela”, en El Universal, 7 de noviembre de 2013, disponible en: http://www.eluniversal. com.mx/nacion-mexico/2013/derriba-venezuela-aeronave-mexicana--963771.html.

y acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. De acuerdo con dichas organizaciones, el caso estuvo plagado de inconsistencias y la mayor de ellas estribó en que, al no encontrarse evidencia que probara la culpabilidad de las tres acusadas, el magistrado que llevaba el caso mandó que se buscaran más evidencias en su contra, cuando lo consecuente conforme a derecho hubiera sido que se declarase a las mujeres como inocentes. Las irregularidades no terminaron allí, pues en el caso específico de Alberta y Teresa —quienes además fueron acusadas de delitos contra la salud43 — el juez actuó de una manera que fue definida por el el argumento concoordinador general del Centro Fray Jacobo Daciano como denatorio señaló “una joya para el derecho moderno”, pues el argumento que, a pesar de que condenatorio señaló que, a pesar de que las dos indiciadas las dos indiciadas alegaban su inocencia, nunca la probaron y, por lo tanto, alegaban su inofueron encontradas culpables y sentenciadas a 21 años de cencia, nunca la prisión. Dicho argumento siguió “una lógica jurídica que probaron y, por lo es completamente contraria al precepto de presunción de tanto, fueron eninocencia”, agregó la misma fuente. contr adas bles

culpa-

El caso de Jacinta se resolvió después de que ésta pasara tres años en prisión, mientras que en lo referente a Alberta y Teresa, se necesitaron de cuatro años y la intervención de la Suprema Corte de Justicia para conseguir su excarcelación. Una vez libre, Jacinta inició un procedimiento en contra de las autoridades, el cual continúa en 2013, pero “sin respuesta. Los policías que declararon en falso,44 los procedimientos amañados, todo se queda allí. No hay justicia”, señaló el coordinador del Centro Fray Jacobo Daciano, quien en su momento estuvo íntimamente ligado a la defensa jurídica de las tres mujeres. El caso de Octavio Acuña Si bien el caso de Alberta, Teresa y Jacinta es el más paradigmático, el asesinato de Octavio Acuña fue el que conmocionó de manera más profunda a la sociedad civil organizada de Querétaro. Cada organización entrevistada agregó nuevos detalles a esta historia, mismos que se conjugan en la siguiente relación. Acuña era un reconocido activista en materia de género y diversidad sexual, que además era abiertamente gay. En una ocasión fue detenido por elementos de la policía mientras caminaba por el parque tomado de la mano con su pareja, pues los oficiales asumieron que uno de ellos estaba prostituyéndose,45 situación que él denunció públicamente y 43 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Unidad de Igualdad de Género, Caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González (Debido proceso legal y acceso a la justicia) en: http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?page=ficha_ biblioteca&id_article=338. 44 De acuerdo con la Suprema Corte, “los agentes supuestamente secuestrados nunca ratificaron su acusación.” En: Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit. 45 NotieSe, “Asesinan en Querétaro al psicólogo Octavio Acuña, destacado activista gay”, 23 de junio de 2005, en: http://www. notiese.org/notiese.php?ctn_id=5

por la cuál presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ) por concepto de discriminación y homofobia. Dicha queja no sólo no prosperó, sino que la CEDHQ ni siquiera reveló los nombres completos de los oficiales que detuvieron a Octavio y su pareja.46 Poco después, el 21 de junio de 2005, Acuña fue encontrado muerto de seis puñaladas dentro de su condonería. “Éste fue un crimen de odio y de homofobia”, señaló la Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas (Aquesex), de la cual Octavio formaba parte, “en este caso, el gobierno cumplió con todos los elementos que no debía cumplir.” La organización Salud y Género agregó que Octavio había recibido amenazas debido a la queja interpuesta en la CEDHQ. Además, las organizaciones denuncian que se fabricaron pruebas y testimonios, el más grave, un par de confesiones de dos presuntos autores materiales, pues mientras se juzgaba a un hombre que declaró haber asesinado por sí solo a Octavio Acuña, otro individuo “en su lecho de muerte” reveló a su madre que él le había quitado la vida a Acuña. Al existir otro autor material confeso, las autoridades decidieron liberar a la persona que estaba siendo juzgada en ese momento. A partir de entonces y hasta la fecha en la que se realizó la presente investigación, el caso continúa impune. Toda la situación anterior ocasionó un amplio malestar e indignación entre la sociedad civil queretana, pero sobre todo generó miedo entre los miembros de las organizaciones. Activistas que nos solicitaron mantenerse en el anonimato, expresaron que en aquel momento sintieron una amenaza latente por parte de las autoridades. La sensación que predominaba entre las organizaciones durante esa etapa era que la muerte de Acuña mandaba un mensaje muy claro: “si mataron a Octavio que era tan conocido, ¿qué nos puede pasar a nosotros?” Un caso de despido injustificado en el IQM

Las organizaciones refirieron otro caso, en el cual una mujer salió de vacaciones y al regresar a su trabajo en el Instituto Queretano de la Mujer (IQM) se le dijo que ya tenía cuatro faltas administrativas y que por lo tanto estaba despedida. Ella comenzó un proceso por despido injustificado y además denunció su situación en los medios, los cuales se ocuparon de la noticia “al menos por un tiempo.” Eventualmente, en un evento público coincidieron ella y la directora del IQM, quien al reconocerla le dijo sin empacho frente a los asistentes al evento, que “le bajara y que se acordara de que tenía familia”, relató Aquesex, y agregó: “Eso me parece muy ilustrativo, porque ¿qué nivel debe haber de impunidad para que pueda amenazarla de esa manera? No se lo mandó decir [sino que se lo dijo enfrente de todos]. Finalmente [la directora del IQM] es la esposa del secretario de Gobierno, el segundo hombre más importante de Querétaro.” 46 Idem.

El caso del BMW

O “¿qué nivel debe haber de impunidad par a que pueda amenazarla de esa maner a?”

La impunidad que queda de manifiesto en los dos casos antes mencionados, se vuelve mucho más palpable cuando se considera el caso del BMW. La narración de los acontecimientos—que se reconstruye con testimonios de distintos activistas entrevistados, así como con información de periódicos locales—indica que el 27 de noviembre de 2004, un joven llamado Marco Antonio Hernández Galván —apodado Kikín— fue asesinado en plena calle por el conductor de un automóvil marca BMW, mientras una mujer gritaba desde el vehículo “¡para que aprendan a no meterse con nosotros!”. Tanto el conductor del BMW como sus acompañantes fueron detenidos esa misma noche por distintas corporaciones policiales. Sin embargo, a la mañana siguiente, el principal sospechoso, de nombre Federico Humberto Ruíz Lomelí,47 salió en libertad.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, los activistas señalaron que el autor material fue el hijo de un directivo de una de las empresas más relevantes de Querétaro, y que además, el presunto asesino fue identificado por un acompañante de la víctima. Sin embargo se dice que la instrucción que recibió la policía una vez que el individuo fue identificado, iba en el sentido de que ese personaje en particular “era de los que no podía estar detenido.” A partir de tal punto, el caso quedó impune. Al respecto, una organización señaló: “Aquí el que manda es el dinero. Afortunadamente el que manda no es el narco, pero esta situación tampoco es buena.”

“La justicia es así en Querétaro” Una vez conocidos los casos abordados, se preguntó directamente al Centro Fray Jacobo Daciano si éstos constituían una excepción a la regla en cuanto al actuar de las autoridades. La respuesta que recibimos resulta altamente significativa: “Los casos de impunidad son la regla. La justicia es así en Querétaro.” Tal declaración encuentra sustento también en los datos recaudados por el IPM, de acuerdo con los cuales el 64 por ciento de los delitos de asesinato cometidos en Querétaro quedan impunes.48 Al respecto, la organización Locallis señaló que el elemento que combina los principales problemas del estado se encuentra íntimamente ligado a los casos de impunidad y falta de acceso a la justicia: “La transparencia y la rendición de cuentas puede ser el hilo que conecte todos los problemas de Querétaro.” Añadió también que en los casos del BMW, de Octavio Acuña y también en el de las desapariciones, “no se da información y no hay certeza con la aplicación de justicia.” 47 Tribuna de Querétaro, “2 de noviembre: día de muertos e impunidad”, en: http://www.tribunadequeretaro.com/index. php?option=com_content&view=article&id=527:2-de-noviembre-dia-de-muertos-e-impunidad&catid=35:informacion&Itemid=54. 48 Institute for Economics and Peace, op. cit., p. 14, en: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Indice%20de%20 Paz%20Mexico%202013_1.pdf.

Q “La tr ansparencia y la rendición de cuentas puede ser el hilo que conecte todos los problemas de Querétaro.”

Las desapariciones

De acuerdo con las entrevistas realizadas, tanto en el municipio de la capital queretana como en toda la entidad existe un problema constante de desapariciones tanto de mujeres como de migrantes nacionales y extranjeros; sin embargo, las autoridades lo niegan sistemáticamente. Aquesex señaló que dos semanas antes de sostener nuestra entrevista, el secretario de Gobierno declaró a los medios que “el tema de desapariciones no es prioridad para el gobierno.” Dicha declaración obedece a que poco antes, los familiares de los desaparecidos habían organizado un evento en el cuál habían solicitado que el gobernador los atendiera, puesto que “no ha querido hacerlo” apuntaron diversas organizaciones. Esto se debe a que “aceptar que existe ese problema pone en entredicho todo lo que el gobierno presume en términos de seguridad, aleja la inversión, le resta puntos”, añadió Aquesex. Salud y Género A.C. indicó la existencia de una constante en la desaparición de mujeres menores, pues se reportan “entre 8 y 13 casos al mes”, pero pocos o ninguno son reconocidos como tal por parte del gobierno, pues de acuerdo con Aquesex, cuando se denuncia la desaparición de una menor ante los ministerios públicos, la respuesta que suele recibirse es la de: “no chille señora, se fue con el novio. Al rato aparece.”

Por su parte, el gobierno ha seguido una estrategia a dos niveles. En un primer momento, se limitaba a negar que las mujeres estaban desapareciendo, pero una vez que la revista Proceso publicó un seguimiento del caso y arrojó la cifra de 48 mujeres desaparecidas en un año, la estrategia precisó de cambios, pues la cuestión pasó a ser de interés público. En ese momento el gobierno reaccionó negando “a toda costa que hubiera trata de personas en Querétaro” a la par que abría portales en la página de la Procuraduría estatal donde se juzgaba a las mujeres que habían desaparecido: se presentaba su foto y debajo de ella se señalaba que “ya antes se había escapado con su novio” o que “se escapaba por rebelde”, apuntó Aquesex. Al respecto, la misma organización señala que Rosy Orozco declaró que no era posible que en Querétaro se dijera que no había trata, pues “uno de los principales lenones de la Merced en la Ciudad de México fue detenido y, al salir libre, se fue a Querétaro.” El problema en este caso es que se mira solamente un aspecto y no se aprecia como un fenómeno general: “Se debe de entender que la trata también es tránsito”, concluyó. En cuanto a las desapariciones de migrantes, existe un caso paradigmático: el de dos camiones Futura llenos de migrantes que salieron desde la sierra de Querétaro y que

nunca llegaron a ninguna central camionera, simplemente desaparecieron. Y de eso “nadie dice nada, nadie los busca”, señaló el Centro Fray Jacobo Daciano.

La seguridad comunitaria: intolerancia, discriminación y violencia de género El complejo fenómeno de la queretanidad El conservadurismo en las élites, el poder de la Iglesia, la discriminación por género, color de piel y clase social, la dinámica cupular de “las viejas familias de abolengo” que concentran el poder político y económico; todo esto tiene su origen, de acuerdo con algunas organizaciones consultadas, en el fenómeno de la queretanidad. Este es un concepto que hace referencia a la dinámica social que surge desde la época colonial y que se mantiene, con sus variaciones, hasta nuestros días. De acuerdo con él, el queretano es bueno, amable, honesto y creyente. Este fenómeno se mezcla con diferentes variables y tiene consecuencias variadas, que van desde un elevado nivel de confianza en las instituciones, hasta un alto grado de discriminación por género. La queretanidad y la discriminación La queretanidad es “el orgullo de ser queretanos, decentes, religiosos y orgullosos” apuntó el Centro Fray Jacobo Daciano, “pero claro, no es lo mismo ser queretano del centro que queretano de las colonias. No hay un orgullo queretano único, sino el orgullo de la gente acomodada que deja fuera a la gente de la periferia que no puede preocuparse más que por su supervivencia. Vivimos juntos pero no somos iguales. Hay un dicho que lo explica: ‘Aunque seamos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro.’ En Querétaro no somos iguales.” Las organizaciones señalaron también que, debido al legado español y a la posterior herencia colonial, se dan casos de discriminación sustentados en la idea de que “lo indígena es despreciable.” Hay desde bromas mal intencionadas hasta acciones y posturas muy claras, contrarias a los indígenas y los homosexuales; esto “genera mucha violencia en Querétaro.” Si a tal fenómeno se le suma la impunidad, el resultado es una severa afectación a la cohesión social y el desaliento del activismo o el trabajo comunitario.

Q “Aunque seamos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro.” En Querétaro no somos iguales.

La seguridad personal: la queretanidad y la violencia intrafamiliar

Las organizaciones entrevistadas señalaron que la violencia intrafamiliar es muy alta en Querétaro. El problema se agrava debido a que no se reconoce como un problema porque, siguiendo la lógica de la queretanidad, “en Querétaro somos muy decentes, tenemos una familia muy unida y, por lo tanto, hay mucha vigilancia”, lo cuál por un lado debería reducir los casos de violencia, pero por el otro, también implica que los problemas internos de la familia, por más graves que sean, no salen de ella. El ejemplo más grave al respecto lo brindó el Centro Jacobo Daciano, pues señaló que un alto número de mujeres sufren violencia sexual en Querétaro: la organización calcula que 3 de cada 10 mujeres son víctimas de este tipo de violencia. Lo que agrava aún más el problema es que dicha violencia la ejerce algún miembro de la familia o alguien cercano a ella, por lo tanto el núcleo familiar niega el problema con argumentos del tenor: “¿Cómo crees que fulanito le hizo esto al niño/a la niña? ¡No inventes cosas!”

Queretanidad y confianza en las instituciones Dentro del ámbito de la seguridad política, se analiza también la confianza que el individuo profesa hacia las instituciones. En Querétaro hay un alto nivel de confianza en las autoridades; de acuerdo con Salud y Género, el nivel de confianza es “uno de los más altos del país.” Lo anterior resulta altamente contrastante, por ejemplo, con los datos del “Barómetro Global de la Corrupción 2013”, que señala que en México el 91 por ciento de los encuestados dijeron que los partidos políticos eran corruptos o extremadamente corruptos; el 83 por ciento dio los mismos resultados para sistema legislativo, el 90 por ciento para la policía y el 80 por ciento para el sistema de justicia, mientras que el 87 por ciento calificó de igual manera a los servidores públicos.49

La pregunta consecuente sería el cómo es que en Querétaro se mantienen tan altos índices de confianza en las autoridades, teniendo en cuenta los casos de Teresa, Alberta y Jacinta, el de Octavio Acuña y el del BMW. La respuesta nos la brindó el Centro Fray Jacobo Daciano, al decirnos que la lógica detrás de la confianza seguía la línea de la queretanidad: Como los queretanos son decentes y educados, el gobierno y la policía también deben de serlo, de tal suerte que en muchos de los casos, en Querétaro “es mayor el nivel de confianza que el nivel de seguridad real.” Esta situación se convierte en un problema cuando se conjuga con otros dos factores: el 49 Transparencia Internacional, “Barómetro Global de la Corrupción 2013”, Apartado México, en: http://www.transparency.org/ gcb2013/country/?country=mexico.

primero, la gente cree lo que el gobierno queretano le dice—pues siendo queretano no tiene por qué modificar la realidad— y reproduce el discurso en que se niegan los problemas que aquejan tanto al estado como a su capital. El segundo, siguiendo la lógica de la queretaneidad, está mal visto cuestionar a la autoridad o a las instituciones, pues de nueva cuenta, estas se encuentran compuestas por queretanos que tienen que ser buenos y honestos. Bajo tal dinámica, la confianza de la sociedad puede ser contraproducente, ya que da cabida a que la impunidad se propague.

La seguridad alimentaria y la Cruzada Nacional contra el Hambre Las organizaciones entrevistadas expresaron fuertes opiniones sobre la Cruzada Contra el Hambre, pues señalaron que hay un uso político e inequidad en la distribución de los recursos. Muchas de las organizaciones consultadas se preguntaban el por qué las capitales y centros urbanos son los puntos estratégicos de la Cruzada, mientras que los municipios en los que reside el mayor grupo de población indígena de Querétaro (Amealco, San Ildefonso, Tolimán y Cadereyta), morada de “los pobres entre los pobres”, no fueron contemplados para el apoyo de la cruzada. “Piénsale en términos de votos y encontrarás la respuesta”, añadió una de ellas. “Es una simulación con tinte político”, remató otra organización. La postura se sustenta también en el hecho de que, de acuerdo con las declaraciones de las organizaciones, la “ El Instituto de primera reunión sobre la Cruzada contra el Hambre en Nutrición no está Querétaro se realizó en un salón de la compañía Coca- consider ado par a Cola. Algunas organizaciones consideraron que asistir era participar en las reincongruente, pues la sede del evento chocaba directa- uniones de la Crumente con los indicadores de los altos índices de obesi- zada, al menos en dad o diabetes a nivel nacional. “Mientras tanto, el Insti- Querétaro” tuto de Nutrición no está considerado para participar en las reuniones de la Cruzada, al menos en Querétaro” añadió otra organización. El problema de fondo con la Cruzada, de acuerdo con una organización consultada, es que no aborda nada sobre el abandono del campo y la consiguiente inseguridad alimentaria. En ese sentido, lo que debería emprenderse sería una “estrategia nacional de soberanía alimentaria”, pues “las dádivas no resuelven los problemas de fondo.”

Seguridad medioambiental: el fruto del esfuerzo de décadas de trabajo En cuanto a medio ambiente se refiere, Querétaro presenta una aceptable calidad, y la tiene, porque desde muchos años atrás se ha dejado sentir la presión de sociedad civil para que no se instalen empresas contaminantes y se vigilen los cambios de uso de suelo, señaló la organización Promotores y Comunicadores Ambientales A.C. A pesar de lo anterior, continuó, “tampoco hay que hacerle mucho caso a las estadísticas: Se están amañando las cifras de áreas verdes por habitante, porque se están contando los jardines de las casas y los camellones de las calles. Esas no son áreas verdes que reconoce la Organización Mundial de la Salud.” Los principales problemas que se ubican son el agua y el cambio irresponsable de uso de suelo en detrimento de las zonas de amortiguamiento. En ese sentido, Santiago de Querétaro crece siguiendo el esquema de la Ciudad de México, lo cual “va a impactar la calidad de vida del ciudadano.” En cuanto al agua se refiere, desde su fundación Querétaro siempre ha sufrido la escasez del recurso. La organización también señaló que la capital estatal obtiene la mayoría de su agua de pozos que se ubican entre 400 y 600 metros de profundidad, “el problema es que mientras más profundo el pozo, más probable es que tenga químicos naturales, que puede causar un deterioro para la salud.” Para hacer frente a las necesidades de agua potable de Querétaro, se llevó a cabo el proyecto denominado Acueducto 2, el cual plantea traer agua pura a la capital del estado mediante un nuevo sistema de acueductos. Sin embargo, un grupo de especialistas llamado El Grupo de los 5 cuestionó que las aguas que surtirían a esos acueductos no son manantiales puros, sino que se componen de filtraciones de la presa de Zimapán, la cual es la laguna de estabilización de las aguas residuales de la Ciudad de México. “Por mayor filtración natural que tenga, la cantidad de químicos que tiene el agua de la presa permanece”, apuntó la activista, lo que puede generar enfermedades como cáncer y mutagénesis, padecimientos crónicos que a largo plazo van a “resultar en un mayor gasto en salud”, señaló nuestra fuente.

Al respecto, la organización expresó que “no se está viendo el problema como un todo [calidad y procedencia del agua], sino sólo como una parte [la falta de agua].” Lo anterior, aun y a pesar de que se presentaron documentos técnicos a las autoridad, pero no hubo respuesta, puesto que “se dejaron de escuchar voces calificadas.” “La situación general es aceptable” reiteró, pero “lo más importante en cuestiones ambientales es aceptar la realidad de en dónde estamos parados. Porque no lo sabemos y no estamos dispuestos a aceptarlo.”

En síntesis A pesar de que los elementos de la seguridad tradicional se ubiquen en términos aceptables dentro de la municipalidad de la capital de Querétaro, en cuanto a seguridad humana se refiere, existen fuertes retrasos en materia de seguridad política, comunitaria y personal, particularmente en los ámbitos de acceso a la justicia, derechos humanos y discriminación. Estos retrasos, que encuentran eco en mediciones internacionales sobre temas como paz y democracia, deben ser atendidos a fin de que los ciudadanos de Querétaro puedan disfrutar de una seguridad integral, como lo es la seguridad humana, y no sólo de una seguridad parcial enfocada a la paz y la ausencia de problemas con el narcotráfico.

Organizaciones incluidas en el Análisis participativo de la seguridad humana de Querétaro 1. Anímate para oír A.C. 2. Asociación Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas A.C. (AQUESEX) 3. Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano A.C. 4. Locallis Desarrollo Local A.C. 5. Mujeres en Positivo A.C. 6. Promotores y Comunicadores Ambientales A.C 7. Salud y Género A.C.

Guadalajara Aunque inicialmente el centro político, social y económico del estado de Jalisco estuvo fincado en el municipio de Guadalajara, la expansión de la zona conurbada experimentó un crecimiento acelerado desde la década de los años 50, al grado que hoy día la metrópoli tapatía rebasa por mucho las líneas territoriales de corte municipal, abarcando oficialmente ocho municipalidades, de los cuales seis se consideran como centrales (Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga), y dos como exteriores (Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos). La segunda ciudad más grande y relevante de México, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es un mosaico cultural, social, político y económico. Como podría esperarse de una urbe de más de 4.5 millones de personas que cohabitan en una superficie de 2,734 km2 (1,622 habitantes por km2), la ZMG es un conglomerado urbano densamente poblado que se caracteriza, como muchas otras ciudades del país, por mostrar grandes contrastes en el ámbito socioeconómico, pues así como es posible observar una urbe con una infraestructura moderna y zonas de gran opulencia, también existen amplias áreas donde impera la pobreza y la marginación. En parte por esta razón, la mayoría de las personas que participaron en la investigación de la seguridad humana de Guadalajara coincide en que la tendencia general es más bien negativa, lo cual refleja un profundo sentimiento de inseguridad y malestar en la sociedad. Ahora bien, para llevar a cabo el proceso de recopilación de la información y los datos necesarios para construir el presente Análisis participativo de la seguridad humana de Guadalajara, colaboraron personas que activamente trabajan en el mundo de la sociedad civil organizada. En concreto, se contó con nueve organizaciones de la sociedad civil (OSC), las cuales enfocan su trabajo en diversos temas que inciden directamente en la seguridad humana: desde la defensa de los derechos humanos o el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, hasta promover la participación ciudadana en asuntos de interés público, la equidad de género, la atención asistencial a grupos vulnerables, entre otros intereses.

Organizaciones incluidas en el Análisis participativo de la seguridad humana de Guadalajara 1. Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo, A.C. (ACCEDDE) 2. Centro de Atención Integral en VIH SIDA A.C. (Vihas de Vida) 3. Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) 4. Colectivo Ollin. Alternativas para la Comunicación, la Sexualidad y el Desarrollo Comunitario, A.C. (Colectivo Ollin) 5. Dignidad y Justicia en el Camino, A.C. (FM4 Paso libre) 6. Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (Fundación AMA) 7. Fundación Caminos con Destino, A.C. (FCD) 8. Instituto de Derecho Ambiental, A.C. (IDEA) 9. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) De este modo, el presente análisis participativo se construyó gracias a la colaboración de miembros de OSC que, grosso modo, coincidieron en que evaluar la seguridad humana depende mucho de la dimensión a la que se haga referencia y, por supuesto, del poder adquisitivo de las personas y el lugar donde viven. Lo cual es así desde que, según la opinión mayoritaria, una de las características de la ZMG es la marcada división socioeconómica de la ciudad, donde pocos viven en un ambiente relativamente seguro y poseen los recursos para procurarse su propia seguridad; mientras que la gran mayoría reside en áreas donde hay carencias, contaminación y violencia; en otras palabras, “lugares donde se concentran todos los factores de violaciones de derechos humanos”.50 Tomando en cuenta tales matices, el análisis participativo de la seguridad humana de Guadalajara se construyó a partir de las siete dimensiones que componen este nuevo paradigma. A continuación se realiza una somera revisión de cada una de ellas, contrastando en el proceso las cifras oficiales con la percepción de los miembros de las OSC participantes, la cual se recopiló mediante las entrevistas a fondo o en profundidad y el Cuestionario de las percepciones sobre la seguridad humana de Guadalajara.

48 Dimensión económica de la seguridad humana En lo que respecta a la dimensión económica de la seguridad humana, el principal indicador que se toma en cuenta es el acceso a empleos formales con prestaciones sociales. Al respecto, los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 50 Entrevista a miembros del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. Guadalajara, 21 de noviembre de 2013.

(INEGI) no son del todo negativos para la ZMG; de hecho, durante el segundo trimestre de 2013 las estadísticas arrojaron que sólo el 5 por ciento de las personas que buscaban insertarse al mercado laboral se encontraban desocupadas.51 Sin embargo, sobre este mismo tópico las percepciones de las personas encuestadas chocan con las cifras oficiales. En primer lugar, la totalidad de ellas considera que existe mucho desempleo en la ciudad; y al preguntar sobre la percepción de conseguir empleo de calidad, el 57 por ciento consideró que era poco probable y el restante 47 por ciento respondió que era más o menos probable. Esta visión negativa de lo laboral se ve influida principalmente por la certeza que existe en que la mayor parte de “encontr ar un emlos empleos se concentran en el sector terciario de la eco- pleo formal en Guanomía (servicios y comercio),52 y en que cada vez es más dalajar a es como difícil tener acceso a trabajos con derecho a prestaciones encontr ar un telaborales.53 De acuerdo con uno de nuestros entrevista- soro, porque se está dos, “encontrar un empleo formal en Guadalajara es como difundiendo el sisencontrar un tesoro, porque se está difundiendo el sistema tema de outsourde outsourcing que priva de muchos derechos laborales a cing que priva de derechos las personas”.54 Efectivamente, según estudios realizados muchos labor ales a las perpor el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) de sonas” Guadalajara, la subcontratación (outsourcing) o la intermediación laboral es tal que entre 30 y 40 por ciento de la población asalariada está subcontratada y no goza de todos los derechos laborales que por ley le corresponde, lo que hace que mucho del empleo que se genera en Jalisco sea temporal, mal pagado y con trato indigno.55 De allí que muchos expliquen a través de tal factor que cada vez más personas opten por emplearse en la economía informal, ya que ahora, se afirma, es más factible obtener un mejor salario en dicho rubro que en los sectores tradicionales. En este tenor, la principal amenaza a la seguridad económica en la ZMG no es necesariamente el desempleo, sino el deterioro en la calidad del trabajo. Ya sea por la subcontratación o el autoempleo informal y de supervivencia, el caso es que una parte significativa de las personas no cuentan con estabilidad laboral, o ingresos que no sólo basten para subsistir, y con la seguridad que brinda experimentar certeza sobre el presente y el futuro económico al contar con seguridad social. 51 INEGI, “Resultados de la Encuesta nacional de Ocupación y Empleo en el segundo trimestre de 2013 para el estado de Jalisco”, 3 Boletín de prensa núm. 332/13, 12 de agosto de 2013. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/ prensa/boletines/boletin/Comunicados/Especiales/2013/Agosto/comunica20.pdf. 52 De hecho, a nivel de todo el estado el 63.6 por ciento de los trabajadores asalariados se concentran en el sector terciario. 53 Con relación al total de personas ocupadas como trabajadores subordinados y remunerados, las cifras del INEGI señalan que en Jalisco sólo el 69.6 por ciento tienen derecho a prestaciones laborales. 54 Entrevista a miembros del Instituto de Derecho Ambiental, A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 55 Véase: Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), “El outsourcing funciona a costa de los derechos laborales”, 13 de abril de 2012. Disponible en: http://cerealgdl.org/index.php/es/cereal-en-los-medios/35-outsourcing-funciona-a-costa-de-los-derechoslaborales.

Dimensión alimentaria de la seguridad humana Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Jalisco el porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación se redujo de un 22 por ciento, en 2010, a 20.6 por ciento en 2012. En términos absolutos el número de personas con tal carencia disminuyó de 1,643.647 a 1,579.846; es decir, 63,801 individuos menos en cuestión de dos años.56 Con base en este y otros indicadores, en 2012 el Coneval colocó a Jalisco como la quinta entidad federativa con mayor número absoluto de personas en situación de pobreza, y como la octava con la mayor cantidad de personas en situación de pobreza extrema.57 A nivel municipal, las estimaciones de 2010 del Coneval apuntaban a que en Guadalajara habitaban 289,893 personas con carencias de acceso a la alimentación. Si a este número se le suma el de los demás municipios que conforman la ZMG, teníamos que en 2010 había en la ciudad poco más de 900,000 personas con carencia de acceso a la alimentación. Número y porcentaje de personas con carencia de acceso a la alimentación en los municipios de la ZMG

Municipio

Número de personas

Porcentaje

Guadalajara

289,893

18.9

Tlajomulco

106,891

22.7

E l Salto

36,724

29.9

Tonalá

111,839

24.0

Zapopan

182,520

14.1

Tlaquepaque

161,804

27.6

J uanacatlán

3,509

24.7

Ixtlahuacán

10,206

22.8

Fuente: elaboración propia con base en la información de los indicadores de la medición de la pobreza municipal de Coneval (2010) Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/ Informacion-por-Municipio.aspx.

56 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza y evaluación en el estado de Jalisco 2012, México, Coneval, 2012, p. 22. 57 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, “Resultados de pobreza en México 2012 a nivel nacional y por entidades federativas”. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx.

Bajo estas cifras no es de extrañar, entonces, que de los 125 municipios de la entidad, 42.3 por ciento del total de la población en pobreza y el 33 por ciento del total de la población en pobreza extrema se concentrara en las cinco municipalidades más grandes de la ZMG, a saber: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.58 Una ciudad de 4.5 millones habitantes con casi un millón de personas que padecen carencias de acceso a la alimentación es de suyo preocupante. Sin embargo, para el grueso de las personas que contestaron el Cuestionario de las percepciones sobre la seguridad humana en Guadalajara (93 por ciento), el problema del hambre existe, pero no en grado alto. De hecho, algunas de las personas que fueron entrevistadas consideran que en la ZMG el “problema del hambre está más fincado en la nutrición, en que se come demasiada comida chatarra”, el asunto, consideran, es más bien “de calidad, menos de cantidad”.59 Aunque existen suficientes elementos para considerar que la falta de nutrición como grave, y más aún en la ZMG donde habitan el 60 por ciento de los menores de edad que están en alguna fase de desnutrición a nivel estatal,60 no puede dejarse de lado que hay zonas de la ciudad donde es urgente y prioritario que se atienda el problema de la carencia de acceso a la alimentación. Sobre esto último, la totalidad de las personas que respondieron el Cuestionario consideran que los gobiernos federal y estatal sí emprenden acciones para combatir el problema del hambre, pero el 72 por ciento piensa que dichas ac- la “Cruzada Naciociones no son efectivas. De allí que al ser cuestionados nal Contr a el Hamsobre la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sólo un 7.1 bre tiene un tinte por ciento de las respuestas daban un voto de confianza a inmediatista que la Cruzada; el 50 por ciento consideraba que no serviría y no resuelve de fonun 42.9 por ciento no sabía a ciencia cierta si el programa do la falta de desafederal obtendría algún beneficio. rrollo y la falta de oportunidades que

Ahora bien, dichas respuestas no deben interpretarse existen en Guadalacomo un rechazo total al programa federal, pues al mo- jar a”. mento de ahondar al respecto en las entrevistas, muchos miembros de las OSC participantes coincidían en creer que “la Cruzada Nacional Contra el Hambre, como apuesta de política pública, es claramente necesaria y vital”. No obstante, la divergencia surgía al momento de evaluar sus perspectivas de éxito. Para algunos, aún es muy pronto para saber con certeza si tendrá algún efecto positivo, pues hay muy poca información sobre cómo operará el programa, qué criterios técnicos se están utilizando para llevarlo a cabo, cómo se seleccionará a los beneficiarios, etcétera. Otras personas, al contrario, la ven como un simple paliativo igual de inefectivo que otros programas del pasado, pues consideran que la 58 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de pobreza…, op. cit., pp. 14-16. 59 Entrevista a miembros del Instituto de Derecho Ambiental, A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 60 El Occidental, 16 de julio de 2012. Disponible en: http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n2620023.htm.

“Cruzada Nacional Contra el Hambre tiene un tinte inmediatista que no resuelve de fondo la falta de desarrollo y la falta de oportunidades que existen en Guadalajara”. “no basta con decir que la Cruzada no va a servir o que es una estr ategia política del PRI y quedarnos de br azos cruzados; lo que debemos hacer es buscar incidir par a que las cosas se hagan, y se hagan bien”.

¿Cree que la Cruzada Nacional Contra el Hambre le servirá a su municipio? 7.1% Sí

42.9% 50%

No No sé

Asimismo, hay quienes perciben que la selección de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco como municipios prioritarios para la Cruzada Nacional Contra el Hambre posee detrás motivaciones de tipo político-electoral. Pero aun así, para algunos miembros de OSC, especialmente aquellos que trabajan temas de asistencia social y desarrollo comunitario, la clave “para que el programa tenga efectos positivos depende mucho de que la sociedad civil organizada se interese y se involucre en la puesta en marcha de la Cruzada” pues, afirman, “no basta con decir que la Cruzada no va a servir o que es una estrategia política del PRI y quedarnos de brazos cruzados; lo que debemos hacer es buscar incidir para que las cosas se hagan, y se hagan bien”.

Dimensión sanitaria de la seguridad humana En lo que respecta al acceso a la salud de las personas que residen en la ZMG, en las últimas décadas se han realizado esfuerzos para conformar un sector sanitario que alcance una cobertura universal mediante un paquete básico de servicios con un enfoque preventivo que llegue a toda la población. Pese a lo mucho que se ha avanzado, hoy en día los resultados aún muestran algunos altibajos, aunque no son del todo negativos como podemos notar en algunos indicadores, por ejemplo:

1. Mortalidad infantil. En 2011 Jalisco ocupó el octavo lugar a nivel nacional con la mayor tasa de mortalidad infantil (14.42). En ese mismo año, la tasa de mortalidad infantil del municipio de Guadalajara fue de 19.5; Zapopan tuvo 11.9; Tlaquepaque, 12.9; Tlajomulco, 14.41; Tonalá, 9.5; El Salto, 15.6; Juanacatlán, 18.7 e Ixtlahuacán de los Membrillos, 31.4.64 Además, en 2010, de las 1,749 defunciones de menores 64 Gobierno del Estado de Jalisco, “Monitoreo de indicadores del desarrollo de Jalisco”. Disponible en: http://seplan.app.jalisco. gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/172?temaId=3++&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar.

de un año que hubo en Jalisco, 1,014 se concentraron en la ZMG; es decir, casi el 60 por ciento de todas las muertes.65 2. Población derechohabiente. De acuerdo con cifras de 2010 del INEGI, el 64.1 por ciento de la población de Jalisco tenía derecho a recibir servicios médicos en alguna institución de salud pública o privada. En Guadalajara ese mismo porcentaje llegó a 63.22 por ciento: en Zapopan, al 65.57 por ciento; Tlaquepaque, 63.24 por ciento; Tlajomulco, 65.56 por ciento; Tonalá, 58.21 por ciento; El Salto, 63.61 por ciento; Juanacatlán, 66.16 por ciento e Ixtlahuacán de los Membrillos, 61.63 por ciento.66 3. Unidades médicas. El estado de Jalisco cuenta, según cifras de INEGI de 2010, con 1,166 unidades médicas de carácter público, de las cuales 257 están instaladas en la ZMG. Lo que sitúa a Jalisco, a nivel nacional, como la octava entidad federativa con más infraestructura sanitaria.67 4. Personal médico. De acuerdo con cifras de 2010, Jalisco es la tercera entidad federativa con mayor número de personal médico, con 14,158 trabajadores, de los cuales 8,548 laboran en los ocho municipios de la ZMG, lo que equivale a un 60.3 por ciento de todo el personal médico del estado. Con base en los anteriores índices, la percepción general de las personas que forman parte de las OSC de Guadalajara es que, si bien los servicios públicos de salud no logran cubrir a cabalidad las necesidades de atención médica de la ZMG, sí ofrecen un servicio de calidad regular. En realidad sólo un 36 por ciento de las personas que respondieron el Cuestionario consideran que el servicio es malo, frente a un 57 por ciento que lo tienen por regular y un 7 por ciento que lo observa como bueno. Una percepción más positiva se encuentra cuando se pregunta qué tan accesible es para las personas de la ZMG afiliarse a algún tipo de seguro médico público. Aquí, el 86 por ciento de las respuestas señalan que afiliarse es muy accesible o más o menos accesible, y sólo un 14 por ciento lo percibe como poco accesible. En tal sentido, se reconoce que la altísima demanda de servicios de salud casi siempre rebasa la infraestructura existente y que, por lo mismo, recibir atención médica de primer nivel se torna un tanto difícil. En las entrevistas realizadas hay quienes piensan que el verdadero problema de la salud pública “radica en el desabasto de medicamentos y en que los pacientes tienen que comprar sus medicinas”, lo cual 65 INEGI, “México en cifras. Información nacional por entidad federativa y municipios”. Disponible en: http://www3.inegi.org. mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx. 66 Gobierno del Estado de Jalisco, “Monitoreo de indicadores del desarrollo de Jalisco”. Disponible en: http://seplan.app.jalisco. gob.mx/mide/indicador/consultarDatos/1500?palabra=Poblaci%C3%B3n+derechohabiente&temaElementalId=&dependenciaId=&dim ensionId=&temaId=&max=10&offset=0&agregado=1&url=buscar. 67 INEGI, “México en cifras. Información nacional por entidad federativa y municipios”. Disponible en: http://www3.inegi.org. mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx.

“hace que las personas pierdan confianza en la seguridad humana en términos de salud”.68 Por lo tanto, sigue considerándose que en la ZMG el sistema de salud es deficiente, ya que no se percibe como universal y mucho menos como gratuito. Lamentablemente, entonces, la realidad es que en la ZMG, así como en todo México, continúa percibiéndose que una enfermedad grave puede significar la ruina económica para muchas familias, especialmente para las de más bajos recursos y sin acceso a seguridad social.

Dimensión ambiental de la seguridad humana De acuerdo con la opinión de las personas que colaboraron en el análisis participativo de la seguridad humana de Guadalajara, las dos principales amenazas a la seguridad ambiental que padecen los habitantes de la ZMG son las siguientes: 1. La contaminación del aire; y 2. La contaminación del agua que llega a los hogares. Con respecto a la contaminación del aire, el principal método para su medición es el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca). El Imeca establece las normas primarias de calidad del aire y las normas mexicanas de protección a la salud vigentes, de forma tal que establece en 100 puntos el límite de protección a la salud para cada contaminante. Los rangos son los siguientes: 1 a 50 es buena; de 51 a 100, regular; de 101 a 150, mala; de 151 a 200, muy mala; y por arriba de los 200, extremadamente mala. En el caso de la ZMG el nivel de contaminación del aire ha mantenido niveles riesgosos para la salud humana de 2010 a 2012. Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca) de la ZMG

Promedio Imeca de la ZMG

Días con calidad del aire mala (101a 150 Imeca)

Días con calidad del aire muy mala (151 a 200 Imeca)

Días con calidad del aire extremadamente mala (> 201 Imeca)

Nivel Imeca máximo registrado

2010

133 (36%)

18 (4%)

1 (0.3%)

255

2011

110

237 (65%)

32 (9%)

3 (0.8%)

209

2012

128 (35%)

9 (2%)

2 (0.5%)

220

Año

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco, “Informe anual de monitoreo de calidad del aire 2012. Zona Metropolitana de Guadalajara”. Disponible en: http://siga.jalisco.gob.mx/aire/reportes/ReporteAire2012.pdf.

Las razones del deterioro en la calidad del aire, según la opinión de las personas entrevistadas, se deben a que el grueso de las industrias jaliscienses se encuentra localizado en esta zona, pero también a la enorme cantidad de automóviles que se

68 Entrevista a miembros de la Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. Guadalajara, 21 de noviembre de 2013.

refleja en los graves problemas de congestionamiento que afectan a la ZMG. De hecho, según estudios de 2012, se calcula que sólo en el municipio de Guadalajara hay más autos que árboles y que la relación autos/persona es de apenas 2.5 personas por automóvil.69 Los problemas en la calidad del aire se ven agravados además por la reducción de áreas verdes pues, como narra una de las personas entrevistada, “ahora ocurre que las zonas verdes pueden venderse a las constructoras. Sólo el 5 por ciento del área urbana es de espacio verde; la más grande que queda es la de la Barranca de Huentitán, donde no puede construirse y por eso que se ha podido conservar”.70 Dichos argumentos coinciden con los datos del Departamento de Producción Forestal y del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Guadalajara, que establecen que el área conurbada de la capital jalisciense posee entre 2.5 y 3.2 m² de áreas verdes por habitante: tres veces menos que los 9 m2 del mínimo de espacios que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).71 En lo que respecta al tema del agua, la totalidad de las personas que respondieron el Cuestionario coincidieron en que el líquido entubado que llega a los hogares no es potable, ya que consumirlo directamente de la llave constituye un riesgo para la salud. Lamentablemente, reconocen las personas entrevistadas, en Guadalajara, como en buena parte del país, se observa con naturalidad que el agua que se surte a los domicilios no sirva para beber y que, por lo tanto, se deba erogar significativas sumas de dinero para costear agua potable.72 En otras palabras, la responsabilidad de abastecer de agua potable a la población ha quedado en manos del sector privado, que lucra sobremanera con la necesidad de las personas por allegarse el recurso vital. Sin embargo, el problema de la contaminación del agua entubada se percibe todavía peor, ya que la principal fuente de abastecimiento de la ZMG, el lago de Chapala, está contaminada con metales como fósforo, azufre o flúor, debido a las descargas industriales y agropecuarias que recibe de sus afluentes, especialmente del río Lerma.

Dimensión de seguridad personal de la seguridad humana Actualmente, el problema de la inseguridad y la violencia es una de las preocupaciones más acuciantes de los mexicanos, y los habitantes de la ZMG no son la excepción. Sin embargo, la percepción de estos flagelos es hoy muy distinta a la que se tenía en años anteriores, cuando la guerra del gobierno federal en contra del crimen organizado se hallaba en su apogeo. A la fecha, las personas siguen sintién69 El Informador, 25 de enero de 2012. Disponible en: http://www.informador.com.mx/jalisco/2012/353011/6/en-el-municipiode-guadalajara-hay-mas-vehiculos-que-arboles.htm. 70 Entrevista a miembros del Instituto de Derecho Ambiental, A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 71 El Informador, 13 de diciembre de 2010. Disponible en: http://www.informador.com.mx/primera/2010/256163/6/necesariotriplicar-areas-verdes.htm. 72 Entrevista a miembros del Colectivo Ollin, Alternativas para la Comunicación, la Sexualidad y el Desarrollo Comunitario A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013.

dose inseguras frente al crimen y la violencia, pero todos coinciden en que a partir de que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República, el problema de la incidencia delictiva se alejó de manera notable de la violencia asociada al narcotráfico y el crimen organizado, para quedar circunscrita mayoritariamente a lo que se considera como delincuencia común.

¿Qué tan seguro se siente usted en su comunidad? 28.6%

Muy seguro Seguro Poco seguro

71.4% “el tema de la guerr a contr a el narco, afectó en años anteriores, pero ahor a la inseguridad es sobre todo por la delincuencia común. La inseguridad ciudadana sí está muy presente, sobre todo en lo que tiene que ver con asaltos y homicidios en las zonas más peligrosas del municipio y la zona metropolitana”.

Nada seguro Así lo refiere una de las integrantes de IMDEC: “el tema de la guerra contra el narco, afectó en años anteriores, pero ahora la inseguridad es sobre todo por la delincuencia común. La inseguridad ciudadana sí está muy presente, sobre todo en lo que tiene que ver con asaltos y homicidios en las zonas más peligrosas del municipio y la zona metropolitana”.73 Tal percepción coincide con las diferentes mediciones del crimen y la violencia que se han realizado en los últimos años, las cuales sitúan a Jalisco como una entidad con inseguridad media.74 A nivel de la ZMG, el resultado es similar, tal como puede apreciarse en el Índice de Violencia Municipal del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. De acuerdo con dicha investigación, que incluyó a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y El Salto, la incidencia de delitos como homicidio, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y

73 Entrevista a miembros del Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. Guadalajara, 21 de noviembre de 2013. 74 Por ejemplo, en el Índice de Inseguridad Ciudadana y Violencia 2010, Jalisco ocupa el lugar 19 entre las entidades federativas que registran mayor incidencia delictiva; además, de acuerdo al Índice Delictivo 2012, Jalisco aparece en el puesto 16 de las entidades más inseguras, y según el Índice de Paz México 2013, el estado es la 17ª entidad federativa más pacífica del país. Véase: México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas públicas, Índice de inseguridad ciudadana y violencia 2010, México, México Evalúa, 2010. Disponible en: http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/02/INDICE_INSEGURIDAD-VIOLENCIA-LOW.pdf; CIDAC, 8 Delitos Primero. Índice Delictivo CIDAC, México,. CIDAC, 2013. Disponible en: http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero_1.pdf; y The Institute for Economics and Peace, Índice de Paz México 2013, Nueva York, The Institute for Economics and Peace, 2013. Disponible en: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Indice%20de%20Paz%20 Mexico%202013.pdf.

extorsión presenta en la ZMG tasas medias y medio bajas, incluso algunas veces menores que las registradas a nivel nacional.75 La situación no es nueva: se viene arrastrando desde hace varios lustros y por tanto, como nos indica una de las personas entrevistadas, la gente está consciente de que “efectivamente hay inseguridad, pero se reconoce ese riesgo como algo natural; se palpa, se percibe, pero la gente ya está habituada a ello, a vivir de esa manera”.76 No obstante, en los últi- “efectivamente hay mos años otros fenómenos graves que atentan contra la inseguridad, pero se seguridad personal en la ZMG se han fortalecido; esta- reconoce ese riesgo mos hablando de la impunidad y la creciente violencia como algo natur al; intrafamiliar, principalmente contra las mujeres. Sobre se palpa, se percibe, la violencia intrafamiliar, las integrantes de Fundación pero la gente ya está AMA (organización dedicada a brindar atención y apo- habituada a ello, a viyo integral a mujeres en situación de violencia), afirman vir de esa maner a”. que esta problemática “es el tema de seguridad personal más grave del estado y del municipio. Pero es un tema del que no se gusta hablar, que se acepta culturalmente”, pues incluso se han registrado “casos en donde personal de instituciones como el DIF, la policía o los ministerios públicos recomiendan a las mujeres golpeadas que se aguanten”.77 Las cifras oficiales confirman esta percepción. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud para 2010, Jalisco fue la sexta entidad federativa en la que se registró el mayor número de casos probables de violencia intrafamiliar.78 Al referirnos al porcentaje de mujeres casadas o en unión libre que han padecido algún tipo de violencia por parte de su pareja a lo largo de su relación, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2011) reveló que en Jalisco poco menos de la mitad (45 de cada 100) de las mujeres dicen haber vivido eventos violentos.79 Aún más desolador es el hecho que la inmensa mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia (91 de cada 100) no denuncian ni recurren a alguien para salir de esa condición.80 En lo que respecta a la impunidad, según nuestro Cuestionario, el 93 por ciento de las personas considera que es muy frecuente que los delitos cometidos en la ZMG queden impunes. La investigación del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 75 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, La violencia en los municipios de México 2012, México, Consejo 26 Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2012. Disponible en: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ biblioteca/finish/5-prensa/164-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2012/0. 76 Entrevista a miembros del Instituto de Derecho Ambiental, A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 77 Entrevista a miembros de la Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. Guadalajara, 21 de noviembre de 2013. 78 Consejo Nacional de Población, “Situaciones de violencia intrafamiliar”. Disponible en: http://www.violenciaenlafamilia. conapo.gob.mx/en/Violencia_Familiar/Tipos_de_violencia. 79 INEGI, Panorama de violencia contra las mujeres en Jalisco: ENDIREH 2011, Aguascalientes, INEGI, 2013, p. 9. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/ jal/702825049942.pdf. 80 Ibid., p. 18.

y la Justicia Penal es muy reveladora sobre el particular, ya que pone de manifiesto que la mayoría de municipios de la ZMG presentan tasas muy bajas de castigo en delitos graves como el homicidio.

Tasas de homicidio y tasas de castigo de homicidio de municipios de la ZMG y otras entidades federativas, 2011

Zona geográfica

Municipio

Tasa de homicidios

Tasa castigo para homicidios

E l Salto

24.84

15.15

Tlaquepaque

18.05

17.39

ZMG

Zapopan

16.34

15.41

(J alisco)

Guadalajara

13.56

41.91

Tonalá

11.64

38.00

Tlajomulco de Zúñiga

11.11

12.50

Manzanillo (Colima)

22.83

56.00

Piedras Negras (Coahuila)

21.10

72.73

Otras entidades federativas

Nogales (Sonora)

19.48

51.76

Papantla (Veracruz)

18.65

400.00

Tapachula (Chiapas)

16.39

135.29

Río Bravo (Tamaulipas)

15.47

140.00

Navojoa (Sinaloa)

11.04

90.00

Fuente: Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, op. cit., pp. 66-72. * La tasa de castigo expresa el porcentaje de los homicidios respecto a los cuales los responsables recibieron una sentencia condenatoria. Cabe advertir que en algunos casos las tasas rebasan el 100 por ciento, debido a que en un año pudieron darse sentencias condenatorias de delitos ocurridos en años anteriores.

La consecuencia obvia de tan alto nivel de impunidad es que las víctimas de algún delito opten por no denunciar, ya sea por desconfianza a las autoridades, falta de interés o por una baja expectativa respecto de las probabilidades de que se les procure justicia pronta y expedita. Las cifras hablan por sí solas: Jalisco, según el Índice de inseguridad ciudadana y violencia 2010, fue la undécima entidad federativa donde menos delitos de competencia local se reportaron a las autoridades por cada 100,000 habitantes. Así, cuando en Baja California o Yucatán (estados con

mucha menor población y con niveles de violencia muy inferiores a los de Jalisco) se reportaron 3,886 y 2,962 delitos, respectivamente, en Jalisco sólo se dieron cuenta de 1,024.81 “la gente sabe que ni

Sin duda, la impunidad es un problema, pero lo son siquier a puede conaún más los mensajes que con ella se envía a la socie- tar con una seguridad. Por una parte, se eleva la percepción de inseguridad básica, pierde la dad en el ciudadano, tanto por las altas probabilidades noción de otro tipo de ser una víctima más, como por el sentimiento de de seguridades, como indefensión que provoca la incapacidad del Estado de la de tener acceso a proteger a la población y castigar a quienes delinquen. la salud, a la educaY en segundo lugar, como señala uno de nuestros en- ción o a un medioamtrevistados, se fortalece en una parte de la sociedad una biente sano”. mezcla de conformismo y desesperanza, ya que si “la gente sabe que ni siquiera puede contar con una seguridad básica, pierde la noción de otro tipo de seguridades, como la de tener acceso a la salud, a la educación o a un medioambiente sano”.82

Dimensión comunitaria de la seguridad humana Como se describió anteriormente, la seguridad humana se sustenta también en la confianza que pueden demostrar las personas de participar de manera organizada en su comunidad, y por la libertad de tener su propia identidad cultural, sus valores y preferencias sin el temor a ser discriminados o violentados por ello. En Guadalajara y los demás municipios conurbados, la percepción sobre el estado de la seguridad comunitaria demostrada por los integrantes de las OSC, que colaboraron con el CIC-PC, describe un panorama ambivalente. Por una parte, si bien se considera que la sociedad tapatía es aún reacia a interesarse en asuntos de interés público y organizarse para resolver problemas de interés colectivo, algunos miembros de las OSC consideran que dicha situación va modificándose paulatinamente.

81 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas públicas, op. cit., p. 14. 82 Entrevista a miembros del Instituto de Derecho Ambiental, A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013.

Si en su municipio se presentara un problema que sólo pudiera resolverse con la colaboración de todos los afectados, ¿qué tan fácil cree que sería organizar a la gente para resolverlo?

14%

Muy fácil 7%

Fácil Ni fácil ni difícil Difícil Muy difícil

65%

No sé

Por supuesto que no es fácil ni esperable que el desLas segundas estruc- pertar de la sociedad jalisciense se produzca de la tur as implicadas, de noche a la mañana. De hecho, se reconoce que un tipo institucional, patrón cultural que la distingue es su poco interés en fomentan que la los asuntos públicos y en actos de protesta83o exigen“gente no se orga- cia de reivindicaciones sociales y políticas; de allí el nice, pues […] no hay mote de “sociedad apatía” que los mismos habitantes en tono de mofa para caractericanales institucio- de la ZMG asumen 84 zarse a sí mismos. Aunado a lo anterior, también se nales par a obtener reconoce que existen estructuras socioeconómicas e resultados, par a que institucionales que dificultan a la población modificar la organización sea su actitud política. Las primeras, destaca una de nueseficaz y que tenga tras entrevistadas, hacen “que la mayoría de la gente frutos. Entonces, te se mantenga lejos de los temas públicos porque tiene organizas y ¿qué satemas más urgentes que resolver, como pagar casa, cas? Pues nada y entonces eso desanima mantener a la familia, etcétera” y, agrega, “quizás el mismo sistema refuerza eso, pues como que es mejor a cualquier a”. tener a la gente con la soga al cuello y tan apretada para que no se interese en su entorno”.85 Las segundas estructuras implicadas, de tipo institucional, fomentan que la “gente no se organice, pues […] no hay canales institucionales para obtener resultados, para que la organi83 Algunos estudios confirman tal actitud del jalisciense. De acuerdo con encuestas realizadas en la ZMG por el organismo Jalisco como Vamos. Observatorio Ciudadano, en 2011, el 74 por ciento de las personas encuestadas señaló que no estaban asociados a alguna organización civil, mientras que para el 2012, fue el 86 por ciento de la población el que rechazó vínculos con una OSC. Asimismo, en 2011 la organización reportó que 61 por ciento de los encuestados calificaba su interés en la política como bajo o nulo. Véase: ¿Cómo nos vemos los tapatíos? Segunda encuesta de percepción ciudadana sobre la calidad de vida en el AMG, 2012, Guadalajara, Jalisco como Vamos. Observatorio Ciudadano, 2012, pp. 185-186. Disponible en: http://jaliscocomovamos.org/images/pdf/ encuesta_como_nos_vemos_2012.pdf. 84 Cabe recordar que a la persona nacida en la ciudad de Guadalajara se le llama tapatío o tapatía. Entrevista a miembros de Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre). Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 85 Entrevista a miembros del Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. Guadalajara, 21 de noviembre de 2013.

zación sea eficaz y que tenga frutos. Entonces, te organizas y ¿qué sacas? Pues nada y entonces eso desanima a cualquiera”.86 No obstante, y pese a tales taras estructurales, es palpable un cierto optimismo en los miembros de las organizaciones incluidas en la investigación. Todas coinciden en que desde los últimos años ya “se percibe un cambio. Ya se ve que la gente poco a poco comienza a despertar e interesarse en los temas públicos, en ser más críticos de la situación política y social”. De modo tal que el trabajo a futuro del sector de las OSC será clave para potencializar tan incipiente proceso; su función debe buscar “motivar a las personas a que tengan una respuesta activa ante las problemáticas, que no se vean como víctimas porque eso no les ayuda a empoderarse ni a saberse sujetos de derechos y exigir el respeto de los mismos”.87 Sólo así se avanzará hasta lograr que los otrora “apatíos” se conviertan en ciudadanos tapatíos. Lamentablemente, el problema de la discriminación se aprecia muy arraigado y ensombrece las perspectivas de un mejor desarrollo en la seguridad comunitaria de la ZMG. De acuerdo con las respuestas del Cuestionario aplicado en el Análisis participativo, son varios los grupos que sufren discriminación, pero ninguno es tan vulnerable como la población con preferencias sexuales diferentes. El problema, tal como se percibe por las OSC, es que Guadalajara es una ciudad que intenta mostrarse como una megalópolis moderna, pero que en su interior es una “región que sigue atada a la tradición, la religión y las buenas costumbres”. Circunstancias que provocan que resulte “muy difícil ser una persona homosexual abierta, vivir como tal y defender tus derechos humanos. Mientras todavía exista esta condición estructural de rechazo y discriminación hacia la población homosexual por razones religiosas y moralistas, las personas de orientación sexual diversa no podrán ser públicamente abiertas”.88 En este sentido, si bien es de conocimiento popular que la comunidad homosexual es numerosa en Jalisco y en la ZMG, “todavía hay cerrazón en la sociedad a aceptarla y a verla como parte integrante de la sociedad”.89

Dimensión política de la seguridad humana Uno de los factores de mayor peso al momento de evaluar la seguridad humana es qué tanto se respetan los derechos humanos de las personas, y si las instituciones del Estado y los servidores públicos representan y brindan confianza a los ciudadanos. Por tanto, la violación de los derechos humanos, pero también la corrupción y el debilitamiento de las instituciones, constituyen las amenazas más comunes a la seguridad política de las personas. En el caso de la ZMG, es prácticamente uná86 Entrevista a miembros de Dignidad y Justicia en el Camino A.C. (FM4 Paso Libre). Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 87 Entrevista a miembros del Centro de Atención Integral en VIH-Sida, A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 88 Idem 89 Entrevista a miembros de la Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. Guadalajara, 21 de noviembre de 2013.

nime la percepción de que todas las instituciones públicas inspiran poca o ninguna confianza en los activistas de las OSC incluidas en el Análisis participativo. Sin embargo, los resultados del Cuestionario nos muestran que no todas las instituciones son valoradas de la misma manera. Las que obtienen mayores menciones en el sentido de que no despiertan absolutamente nada de confianza son los ministerios públicos, seguidos por los partidos políticos y las policías federal y estatal. La única institución que alcanza un nivel relativamente aceptable de confiabilidad son las fuerzas armadas. Al momento de explorar las razones detrás de tan marcada desconfianza, encontramos que la causa fundamental se debe a la certeza que existe en nuestros entrevistados del alto grado de corrupción que impera en estas instituciones. Dicha percepción no es gratuita ni está alejada del sentir de la sociedad jalisciense en general. Ya algunos estudios, especialmente el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010, demuestran fehacientemente el alto grado de corrupción gubernamental. Dicho índice registra la corrupción en servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y empresas particulares. Según sus resultados, Jalisco ocupó la octava posición como la entidad federativa con la mayor frecuencia de actos de corrupción. Es más, desde 2003, cuando se realizó el segundo Índice de corrupción, el estado ha mostrado un constante incremento en sus niveles de corrupción, pasando de 6.5, en 2003, a 10.3 en 2010.90 En el caso de las fuerzas del orden y las instituciones encargadas de la procuración de justicia, las encuestas oficiales también se encargan de ratificar nuestros resultados. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, 2013), registra también que las autoridades con menor índice de confianza, tanto en Jalisco como en el resto del país, fueron los ministerios públicos y las policías de todos los niveles. Nuevamente las fuerzas armadas conservaron niveles de confianza más elevados.91

“la Comisión y todo este sistema institucional de derechos humanos son un paliativo par a seguir manteniendo las cosas como están. Es par a que el gobierno diga que la gente se puede quejar ante la Comisión. Pero ello es como una curita frente a una herida que sangr a. Todo está maquilado par a que sea una mer a fachada, ya que la comisión no puede obligar a nada al gobierno”.

90 Transparencia Mexicana, Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Informe ejecutivo 2010, México, Transparencia Mexicana, 41 2011. Disponible en: http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/transparencia/focalizada/indices/incbg_2010_informe.pdf. 91 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013. Disponible en: http://www3.inegi.org. mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabgeneral.aspx?c=33623&s=est.

Frente a la percepción generalizada de corrupción en todos los niveles, lo que más preocupa e indigna a los miembros de las OSC participantes es que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea, según una de las personas entrevistadas, “de las instituciones que menos credibilidad tiene” porque, agrega, “de otros actores no sorprende mucho que sean corruptos, pero la Comisión tiene una vocación distinta, está diseñada para fiscalizar la actuación de los demás, por ello es inconcebible que esté en una situación tan deplorable”.92 Tal interpretación hace eco de los análisis y conclusiones de organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), cuyo Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2011 concluye, entre otros puntos, que la “inacción e incapacidad” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha puesto en riesgo el avance en la materia en el estado y dejado en una indefensión a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.93 De allí que para algunas personas, “la Comisión y todo este sistema institucional de derechos humanos son un paliativo para seguir manteniendo las cosas como están. Es para que el gobierno diga que la gente se puede quejar ante la Comisión. Pero ello es como una curita frente a una herida que sangra. Todo está maquilado para que sea una mera fachada, ya que la comisión no puede obligar a nada al gobierno”.94

Consideraciones finales Tras esta somera revisión de las siete dimensiones de la seguridad humana de la Zona Metropolitana de Guadalajara, asoma a todas luces que existen suficientes razones para percibir negativamente la situación que prevalece en la capital jalisciense. Sin embargo, como se ha podido constatar, no todo es zozobra. Actualmente se percibe un optimismo en que a partir del férreo activismo de la sociedad civil organizada e interesada en la defensa y promoción de los derechos humanos, y en promover la participación ciudadana en asuntos de interés público, se está produciendo un despertar de la sociedad que se espera sea el propulsor del mecanismo que produzca los cambios necesarios para el mejoramiento de la seguridad humana en la ZMG. Y es que como resaltó uno de nuestros entrevistados, una de las principales misiones que deben adquirir las OSC en Guadalajara, y en todo México, es la de “motivar a las personas a que tengan una respuesta activa ante las problemáticas, que no se vean como víctimas porque eso no les ayuda a empoderarse, a saberse sujetos de derechos y exigir el respeto de los mismos”.

92 Entrevista a miembros del Colectivo Ollin, Alternativas para la Comunicación, la Sexualidad y el Desarrollo Comunitario A.C. Guadalajara, 22 de noviembre de 2013. 93 CEPAD, Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2011, Guadalajara, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), 2012. Disponible en: http://www.cepad.org.mx/panel/novedades/pdf/informe%202011.pdf. 94 Entrevista a miembros del Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. Guadalajara, 21 de noviembre de 2013.

Xalapa

Xalapa es un municipio con una población total de 457,928 personas en 2010 según INEGI Para ese mismo año, la entidad concentraba 6.2% de los hogares veracruzanos. En cuanto a indicadores de pobreza y vulnerabilidad, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para el 2010, la población de Xalapa era más vulnerable por carencias sociales, las cuales son: rezago educativo, carencia por acceso a servicios de salud, carencia por acceso a seguridad social, carencia por acceso a calidad de la vivienda, carencia por acceso a la infraestructura social básica y carencia por acceso a la alimentación. En su conjunto, 37.4% de los habitantes de Xalapa hace tres años vivía en situación de pobreza, de los cuales el 5.6% eran personas en pobreza extrema. Organizaciones incluidas en el Análisis participativo de la seguridad humana de Xalapa 1. Autonomía y Libertad de las Mujeres, A. C. 2. Buscamos a nuestros hijos A. C. 3. Colectivo por la Paz Xalapa A. C. 4. Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía 5. Grupo multisectorial en VIH e ITS Veracruz 6. Movimiento Indígena Zapatista-Maíz, A. C. 7. Observatorio Veracruzano de la Educación 8. Xochiquetzal Centro de Estudios Sociales A. C. 6. Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. (Fundación AMA) 7. Fundación Caminos con Destino, A.C. (FCD) 8. Instituto de Derecho Ambiental, A.C. (IDEA) 9. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) Indicadores de pobreza y vulnerabilidad de Xalapa (porcentajes, 2010 según Coneval) Vulnerable por carencias sociales Vulnerable por ingreso No pobre y no vulnerable Pobreza moderada Pobreza extrema

28.2% 37.4%

7.8% 26.6%

31.8% 5.6%

Dimensión económica de la seguridad humana. En el cuestionario aplicado, 77% de los entrevistados consideran que es difícil encontrar un empleo formal en Xalapa. Durante el análisis participativo, diversas organizaciones insistieron en la creciente percepción de mayor número de personas que adoptan empleos informales como una estrategia de supervivencia ante un mercado laboral adverso.

“Xalapa se ha hecho por necesidad, ciudad de pequeños comercios que dur an un periodo de uno o dos años, [fenómeno] que tiene que ver con la perdida de un tr abajo seguro”.

¿En tu opinión que tan difícil es que la gente en Xalapa encuentre un empleo formal? Muy fácil Fácil Difícil

77%

Muy difícil

23% 0

En palabras de una de las entrevistadas: “Xalapa se ha hecho por necesidad, ciudad de pequeños comercios que duran un periodo de uno o dos años, [fenómeno] que tiene que ver con la perdida de un trabajo seguro […] Las fuentes de empleo están en el comercio y en las instituciones pero son fuentes de empleo que no dan cobertura a la gran migración”. A pregunta expresa por parte de los facilitadores del CICPC sobre a qué se referían a la gran migración, los presentes en la sesión explicaron que Xalapa es un municipio que atrae muchos flujos de migración interna, principalmente de poblaciones indígenas de Puebla, así como personas en cuyos municipios las oportunidades de desarrollo son mucho menores. Estas personas son población itinerante que ocupan de los servicios públicos de Xalapa como las clínicas y hospitales médicos pero que también ejercen empleos informales ante el tamaño de la demanda del mercado interno de Xalapa.

Dimensión alimentaria de la seguridad humana. Según datos del Coneval, del total de la población de Xalapa, 21.6% padece carencia por acceso a la alimentación, cifra menor al promedio estatal que es 26.1%. En cifras absolutas, 102,650 personas padecen hambre en este municipio. Ante este número, el esfuerzo de la Cruzada contra el Hambre parece sustentarse, sin embar-

go, como al igual que en otros municipios participantes en este estudio, la imagen que las OSC tienen de esta iniciativa gubernamental es muy pobre: 61% de los encuestados consideran que la Cruzada no servirá a Xalapa. Cuando se buscó abundar en este tema durante el análisis participativo, las respuestas se concentraron en la percepción del uso proselitista de los programas sociales que el gobierno estatal hace de los fondos públicos. A pesar de esta postura, reconocían que el hambre sí es un problema de Xalapa desde sus experiencias como actores sociales pero que la Cruzada contra el Hambre no tenía una campaña de difusión efectiva a nivel local, incluso, llegaron al consenso que la información que ellos poseían era porque seguían la agenda pública nacional pero no porque hubieran sido expuestos a una campaña sobre la Cruzada en Xalapa.

¿Cree que la Cruzada Nacional Contra el Hambre le servirá a Xalapa? 7.7% 30.8%

Sí No No sé 61.5%

Dimensión sanitaria de la seguridad humana. El indicador de carencia por acceso a los servicios de salud para el municipio de Xalapa está 5 puntos porcentuales por encima del indicador a nivel estatal y a 10 del nivel nacional. 39.5% de la población de Xalapa tiene carencia por acceso a los servicios de salud, mientras que a nivel estatal, la estimación es de 34.9, según datos del Coneval. Estas estadísticas adquieren un matiz aún más preocupante pues 54% de los encuestados mencionaron que el número de instalaciones dedicadas a la atención de la salud es un elemento que afecta mucho la calidad de los servicios médicos en Xalapa. Ante esta percepción, durante el análisis participativo, los miembros de las OSC comentaron que Xalapa enfrenta un reto serio en lo que a prestación de servicios para la salud refiere pues por su ubicación geográfica y distintas vías de comunicación, este municipio concentra la demanda de muchas poblaciones vecinas al mismo tiempo que centraliza los servicios médicos. Aunque reconocen que es un privilegio vivir en una zona con servicios médicos de los tres niveles de atención, los representantes de las OSC reconocen que puede surgir

problema de abasto médico de continuar la demanda creciendo como lo ha hecho en los últimos años pues este andamiaje fomenta presiones sobre los médicos para atender a todos los pacientes que puedan en decremento de la calidad de la atención médica.

Dimensión ambiental de la seguridad humana. Al igual que en los otros municipios donde se realizó la intervención, el agua que llega a los hogares de Xalapa no puede ser usada para consumo humano por lo que el gasto que las familias destina a la compra de agua embotellada es significativo. 92% de los entrevistados consideran que Xalapa enfrenta amenazas ambientales que tienen que ver con el crecimiento urbano que la ciudad ha experimentado, el cual ha provocado la deforestación de zonas antes protegidas y cambios de uso de suelo que merman la calidad de vida de los habitantes. Este crecimiento de la mancha urbana ha incidido negativamente en la contaminación de ríos y en la construcción de viviendas en zonas propensas a la inundación.

Dimensión de la seguridad personal. Al llegar a esta dimensión, hubo consenso en las percepciones de los miembros de las OSC sobre la violencia que mermó la vida social por el combate al narcotráfico al grado tal que uno de los entrevistados declaró que “Xalapa se convirtió en un espacio de cooptación por parte de los Zetas”. A la pregunta sobre qué tan seguro se siente usted en su comunidad, el 62% contestó que poco seguro, mientras que el 8.5% dijo que nada. Esta percepción, los asistentes comentaron, tenía mucho que ver con la forma en que sus hábitos tuvieron que adaptarse a un clima de temor frecuente en el que hubo que adoptar protocolos de seguridad a los que aún cuesta trabajo acostumbrar. Esta violencia para los participantes del análisis tenía que ver con el poder adquisitivo que ofrece el hecho de pertenecer al crimen organizado y pocas oportunidades de movilidad social.

¿Qué tan seguro se siente usted en su Xalapa?

38.5%

61.5%

Muy seguro Seguro Poco seguro Nada seguro

De lo anterior se desprende la importancia del desarrollo educativo. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más de una persona en Xalapa es de 10.3, lo que contrasta con el nivel educativo que tiene una persona promedio a nivel estatal que es de 7.7 años. Es decir, vivir en Xalapa significa estadísticamente casi tres años más de escolaridad que vivir en un municipio promedio veracruzano. Esta ventaja comparativa para las organizaciones entrevistadas, debía matizarse ante la calidad de educación que los niños y jóvenes en Xalapa reciben. Según las percepciones de los miembros de organizaciones de sociedad civil entrevistados, la educación en las escuelas primarias y secundarias públicas era mayoritariamente regular o mala: ¿Cómo es la calidad de la educación en… Escuelas primarias públicas Escuelas primarias privadas

Ex celente

Escuelas secundarias públicas Escuelas secundarias privadas Escuelas preparatorias públicas Escuelas preparatorias privadas

Muy buena Regular

Mala

Pésima

15,38%

53,85%

30,77%

69,23%

30,77%

38,46%

30,77%

61,54%

7,69%

23,08%

76,92%

15,38%

76,92%

7,69%

Sin embargo, aunque las percepciones de las organizaciones sobre esta dimensión de la seguridad humana eran escépticas en cuanto a la calidad educativa de las escuelas en Xalapa, coincidían con las estimaciones oficiales citadas al inicio de esta sección pues la probabilidad de que un estudiante pudiera continuar su formación después de la secundaria, es decir, durante más de 12 grados escolares, disminuía considerablemente respecto a la posibilidad, por ejemplo, de que después de terminada la secundaria, el estudiante pudiera ingresar al siguiente nivel escolar.

T otalmente pr obable

Muy pr obable

Poco pr obable

Nada pr obable

30,77%

Más o menos pr obable 53,85%

Un infante, al ter minar la pr imar ia, pueda seguir sus estudios de secundar ia Que una per sona adolescente, al ter minar la secundar ia, pueda seguir sus estudios de pr epar ator ia Que una per sona joven, al ter minar la pr epar ator ia, pueda seguir sus estudios super ior es

15,38%

69,23%

15,38%

7,69%

30,77%

53,85%

7,69%

Finalmente, la reflexión que más dejó huella en el equipo del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. sobre las percepciones de las OSC entrevistadas en cuanto a la dimensión de seguridad personal fue: ¿Me esfuerzo, estudio y luego qué?, frase expresada por una de las asistentes al taller del diagnóstico participativo como conclusión a la discusión grupal sobre las oportunidades educativas que había para los jóvenes en el municipio de Xalapa.

Dimensión de la seguridad comunitaria. Las percepciones de las OSC que desempeñan sus acciones a favor del desarrollo social en Xalapa parecen no alejarse del resto de los municipios en esta obra descritos, al coincidir que desde su experiencia, organizar a las personas de su comunidad para resolver un problema colectivo es mayoritariamente difícil: Si en su municipio se presentara un problema que sólo pudiera resolverse con la colaboración de todos los afectados, ¿qué tan fácil cree que sería organizar a la gente para resolverlo? Muy fácil 0% Fácil

Ni fácil ni difícil

30,77%

Difícil

61,54%

Muy difícil

7,69%

El tema de las desapariciones cometidas por parte de miembros de los cuerpos armados estatales y del narcotráfico es una preocupación que sigue a flor de piel de los representantes de las OSC. Para los participantes, este tema sigue siendo negado

por la agenda pública, lo que hace imposible que se comience a trabajar en una solución. Esta misma indiferencia por parte del gobierno, ha hecho que colectivos de personas que han sufrido este delito, se organicen para buscar a sus familiares y exigir castigo a los culpables. Sin embargo, esta fuerza ciudadana no puede hacer mucho ante la falta de disponibilidad de las autoridades para escuchar sus casos y realizar investigaciones que brinden certidumbre a los avances que en ocasiones pueden generarse. La profesionalización de los agentes ministeriales resulta entonces indispensable.

Dimensión de la seguridad política. Es interesante describir brevemente la postura de las OSC de Xalapa que participaron en este análisis sobre la situación de los derechos humanos en sus comunidades. Como se puede observar en la gráfica inferior, la mayoría (62%) creen que las personas en su comunidad saben cuáles son derechos humanos; sin embargo, la postura se divide en cuanto la afirmación cambia a si los habitantes de su comunidad creen que se respetan los derechos humanos. Lo anterior pareciera sugerir que a pesar de la percepción de que hay educación sobre derechos humanos, esta no trasciende al respeto de estos principios. A pregunta del equipo del CIC-PC sobre por qué creían que esto sucedía, una de las asistentes contestó que aunque los habitantes de ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones sobre derechos humanos en Xalapa? (porcentajes) Las personas creen que las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos son acatadas por las autoridades

Las personas creen que presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede ser benéfico para ellas.

Las personas saben que existe una Comisión Estatal de Derechos Humanos Las personas creen que los derechos humanos son sólo para las víctimas y no para los delincuentes

31 15

46 20

8 8

23 80

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

23 0

Las personas creen que se respetan los derechos humanos Las personas saben cuáles son los derechos humanos

100

Xalapa pueden conocer qué son los derechos humanos, son más públicas las consecuencias cuando estos principios se violan haciendo referencia al caso de Regina Martínez, reconocida periodista que con sus artículos denunciaba la corrupción dentro de los cuerpos policiacos y las instituciones del gobierno de Veracruz, que fue asesinada en su domicilio a pesar de ser una figura pública. “Aunque los habitantes de Xalapa pueden conocer qué son los derechos humanos, son más públicas las consecuencias cuando estos principios se violan”.

Conclusiones.

Xalapa es un municipio que presenta problemas típicos de las zonas urbanas. Su ubicación geográfica y medios de comunicación le han generado presiones sociodemográficas que el gobierno local no ha podido administrar y que a decir de las OSC participantes, pareciera exacerbar. A estos problemas, la violencia por el narcotráfico ha venido a perturbar la convivencia social al obligar a los ciudadanos a modificar sus hábitos de vida pero más grave aún, ha afectado la capacidad de confianza en su comunidad como un sitio donde puede sentirse seguro. Esta desconfianza no ayuda a superar las presiones descritas por lo que es de vital importancia que la atención de los programas sociales pueda encaminarse a restaurar los vínculos de confianza entre población y gobierno.

San Luis Potosí Al realizar el Análisis participativo en la capital de San Luis Potosí, dos dimensiones de la seguridad humana destacaron por sobre el resto; a saber: la medioambiental y la personal, (esta última, en su acepción más amplia). Dado que ambas concentraron la mayor cantidad de información recopilada, y puesto que la dimensión personal fue abordada con suma profundidad por parte de las organizaciones con las que se sostuvieron entrevistas en el municipio , se decidió enfocar el presente texto a esas dos áreas en particular.

Las primeras impresiones: la seguridad ambiental San Luis Potosí fue el primer municipio que se visitó en el marco del presente Análisis participativo y, como tal, causó una fuerte primera impresión en el equipo del Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (en adelante CIC-PC), en particular en lo referente a la dimensión ambiental de la seguridad humana. Lo anterior, debido a tres elementos que se hicieron presentes dentro de las primeras horas de estancia en la capital potosina: la mala calidad del aire y el agua, así como el impacto de la minería en el am- Tres elementos que biente. Todos estos elementos fueron tomados en cuenta se hicieron presenpor el equipo del CIC-PC y se decidió incluirlos en las tes dentro de las temáticas a abordar al momento de realizar el Análisis primer as hor as de participativo con las organizaciones de la sociedad civil; estancia en la capisin embargo no fue necesario realizar preguntas al res- tal potosina: la mala pecto: las organizaciones hablaron de dichas cuestiones calidad del aire y el de forma espontánea y sumaron, además, factores como agua, así como el imel crecimiento urbano desproporcionado, los incendios pacto de la minería forestales, las inundaciones y los hundimientos de tierra en el ambiente. al cúmulo de “amenazas ambientales” presentes en la capital de San Luis Potosí. Es imposible explicar cada uno de los elementos mencionados sin tomar en cuenta los demás. Por ejemplo, no se puede comprender la mala calidad del aire si no se considera también a la minería, la mala planeación urbana y el crecimiento desmedido de la capital potosina. Las organizaciones reportaron un incremento constante en la contaminación atmosférica debido a múltiples factores; uno de ellos, el aumento de la cantidad de automóviles debido al crecimiento de la mancha urbana. Sin embargo, el factor causal más significativo lo constituye la mala planeación de la zona industrial y minera de San Luis Potosí, puesto que se sitúa en una zona geográ-

fica en la cual los vientos —que en la región siguen una dirección constante— arrastran la contaminación de las industrias directamente hacia la ciudad. Es por estas razones que la organización Animos Novandi reportó que el nivel de contaminación atmosférica en San Luis Potosí es inclusive mayor al de la Ciudad de México. Por otro lado, la minería en San Luis es a tajo abierto, “la modalidad más contaminante”, declararon las organizaciones; por lo tanto el impacto que cobra en el medio ambiente no sólo se limita a la calidad del aire, sino que también se extiende a la contaminación del agua y a las consecuentes afectaciones a la salud de la población. En el caso específico del agua, la organización Enfoque de Igualdad señaló que la presencia de altas concentraciones de minerales en el agua entubada ocasiona manchas y corrosión en la base de los dientes de aquellas personas que la beben, y agregó que “tener ese problema es característico de San Luis.” No de balde, apenas un 20 por ciento de nuestros encuestados indicó que el agua entubada puede usarse para beber, y menos del 50 por ciento emplea el agua entubada para cocinar sus alimentos, como puede apreciarse en la gráfica siguiente. El agua entubada que reciben los hogares en su municipio puede usarse para... (Selecciona todas las opciones que creas necesarias) 0%

Ninguna de las anteriores

91.7%

Regar las plantas Lavar la ropa y trastes

100%

Bañarse

100% 45.8%

Cocinar 20.8%

Beber 0%

la organización Enfoque de Igualdad señaló que la presencia de altas concentr aciones de miner ales en el agua entubada ocasiona manchas y corrosión en la base de los dientes de aquellas personas que la beben

20%

40%

60%

80%

100%

Sin embargo, el impacto de la minería en la salud es mucho más severo, puesto que Animos Novandi y Enfoque de Igualdad señalaron que se han realizado construcciones de zonas habitacionales cercanas a las zonas mineras —la mayor de las cuales ha sido la Ciudad Satélite— descritas en estudios como “zonas no habitables” debido a los altos grados de contaminación presentes en el aire y el suelo. De acuerdo con tales organizaciones, la negligencia en este tipo de construcciones a lo largo de décadas ha arrojado como resultado que la población que vive en esas zonas manifieste trastornos tales como enfermeda-

des crónicas en las vías respiratorias, cáncer y, en el caso de mujeres embarazadas, mutaciones en los fetos. El crecimiento urbano carente de planificación es responsable de otro elemento que amenaza la seguridad ambiental: las inundaciones en época de lluvias. De acuerdo con las organizaciones mencionadas, se han urbanizado áreas naturalmente destinadas a la captación de agua y la consecuente recarga de acuíferos, lo cual no sólo ocasiona una escasez del liquido —de acuerdo con Animos Novandi, la mayor cantidad del agua que consume San Luis Potosí se extrae de un municipio conurbado— sino que la ausencia de niveles aceptables de agua subterránea tiene como consecuencia la repentina aparición de hundimientos de tierra en la ciudad. Además de lo anterior, se agrega un costo social y humano, puesto que para urbanizar dichas áreas se han desalojado a comunidades ejidales, privándolas así de su modo de vida tradicional. El problema es aún peor cuando se urbanizan los cerros aledaños, en particular el de San Miguelito, puesto que en esas áreas se presentaría una absorción natural del agua de lluvia; sin embargo, al darse el proceso de urbanización se propicia el escurrimiento de agua por sobre la absorción de la misma, lo cuál se conjuga con una infraestructura de colectores pluviales mal planificada para dar como resultado las constantes inundaciones que aquejan a la ciudad. Al respecto, las organizaciones señalaron que la estructura central del sistema de colectores pluviales —denominada “el Río Santiago”— cumple una función dual, puesto que desde su construcción se planificó como un bulevar para automóviles que, en temporada de lluvias, también haría las veces de colector pluvial; sin embargo, realiza la última función con poca o nula eficiencia, lo que genera que la mayoría del agua proveniente del sistema de colectores se pierda.

La seguridad personal: “Me siento más seguro con el narco que con la policía” En 2013 San Luis Potosí figuró como la novena entidad más pacífica de la República Mexicana, de acuerdo con el Índice de Paz México 2013 (IPM).95 Cabe señalar que a pesar de la calificación que le asigna el IPM, es notable la presencia de personal policial fuertemente armado en las calles del centro histórico de San Luis Potosí, donde también es Es notable la presenfrecuente encontrar camiones militares estacionados cia de personal polien calles cercanas. Lo anterior se debe, de acuerdo cial fuertemente arcon las organizaciones, a que en años anteriores la mado en las calles 95 Institute for Economics and Peace, Índice de Paz México 2013, página 10, en: http://www.visionofhumanity.org/sites/default/files/Indice%20de%20 Paz%20Mexico%202013_1.pdf.

del centro histórico de San Luis Potosí,

presencia del crimen organizado generó un alto impacto en la calidad de vida de sus habitantes; el cual fue descrito por las organizaciones como la creación de un estado “de histeria”, “paranoia” y “estrés crónico” en la población, fruto del bombardeo de noticias sobre tiroteos, asesinatos y “levantones” en los medios masivos de comunicación; conjugados con el discurso del gobierno local que hacía constante referencia a evitar que el narcotráfico “invadiera” el municipio. Al respecto, Amigos Potosinos en Lucha Contra el Sida (en adelante Amigos Potosinos) relató el caso de un evento público que tuvo lugar en Plaza Fundadores —ubicada en el centro de la ciudad— que sufrió un drástico giro cuando, en una tienda cercana a la plaza, alguien encendió una motocicleta y generó fuertes ruidos que la población interpretó como disparos, lo cual ocasionó un pánico general y ocasionó una estampida de gente que intentaba abandonar el lugar. A pesar de todo lo anterior, el mayor elemento que atenta contra la dimensión personal de la seguridad humana no es “la guerra” ni “el narcotráfico.” A pregunta expresa de “¿qué tan seguro se siente en su comunidad?”, la respuesta más significativa que se recibió fue: “me siento seguro cuando no hay policías.” Siguiendo la misma línea, las organizaciones indicaron percibir un alto nivel de corrupción —manifiesto en la gráfica siguiente— en las policías estatal y municipal, así como una fuerte desconfianza en dichas instituciones fruto de constantes abusos, torturas e incluso asesinatos de civiles cometidos por sus elementos.

58.33%

62.50%

66.67%

75%

83.33%

70.83%

Muy presente

16.67%

29.17%

No está presente

Partidos políticos

25%

Policía municipal

33.33%

Policía Estatal

37.50%

Gobierno municipal

41.67%

Congreso local

Presente 50%

Presidente municipal

50%

Gobernador o Alcalde

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

En su opinión, ¿qué tan presente está la corrupción en las instituciones?

Amigos Potosinos, por ejemplo, denunció un constante acoso de parte de las policías estatal y municipal hacia los asistentes a su centro comunitario, que también hace las veces de sus oficinas, puesto que determinadas patrullas montaban guardia cerca de este lugar y detenían a aquellas personas que salieran de él por la noche — horario en el que el centro comunitario también funge como espacio de encuentros

sexuales entre hombres—cateándolos y despojándolos de sus pertenencias, agrediéndolos física y verbalmente o incluso subiéndolos a las patrullas para hostigarlos hasta que la persona afectada accedía a llegar a un acuerdo económico con los policías. Ante estas situaciones, Amigos Potosinos levantó una queja y durante ese procedimiento descubrieron que una de las patrullas que ejercía el acoso regular, ni siquiera se hallaba asignada a esa zona específica de la ciudad; lo que de acuerdo a Amigos Potosinos, daba indicios de que el acoso era originado por una intolerancia a individuos con preferencias sexuales diferentes a la heterosexualidad (un elemento negativo a considerar dentro de la dimensión comunitaria de la seguridad humana). Además de lo anterior, existieron amplias irregularidades en el proceso para levantar la denuncia, mismos que variaron desde tácticas de desgaste (a fin de que desistieran de presentar su queja), hasta la alteración de su declaración en temas clave, como el número de identificación de las patrullas. Al final, dicha denuncia no produjo ningún resultado de- “me siento más segubido a la corrupción e impunidad que imperan en el sis- ro con el narco que tema judicial. Grave como es la situación antes descrita, con la policía.” no resulta la más preocupante para las organizaciones puesto que también señalaron que, en el mes anterior a celebrarse las entrevistas, habían ocurrido por lo menos cinco asesinatos de civiles por parte de policías municipales y/o estatales, sin que el gobernador del estado emprendiera acciones al respecto, situación que llevó a un activista a declarar: “me siento más seguro con el narco que con la policía.” De acuerdo con Animos Novandi la escalada de los abusos policiacos surgió años atrás en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, pero la situación se exacerbó en agosto de 2013 cuando, tras un tiroteo en el Mercado República, un joven sospechoso fue detenido y posteriormente murió a causa de los golpes que la policía estatal le infligió96 una vez que ya se encontraba dentro del edificio de seguridad de esa institución.97 Hubo cinco elementos policiales detenidos por tal hecho, pero todos fueron liberados al mismo tiempo. Al cuestionársele al respecto, el gobernador Fernando Toranzo replicó: “yo no procuro justicia ni la administro.” Para Animos Novandi, dicho suceso envió un mensaje muy claro: el ejecutivo local no iba a ejercer ninguna acción para frenar la brutalidad policiaca, lo que equivalía a dar carta blanca a tal tipo de acciones. Por su parte, Enfoque de Igualdad señaló que ya no sólo se debía temer que “el narco invadiera el municipio”, sino que también se debía recelar ante la mera presencia de la policía. 96 Alma Gutiérrez: “Yo no administro la Justicia ni la procuro” dice Toranzo tras liberación de los detenidos, en Pulso. Diario de San Luis, 19 de agosto de 2013. En: http://pulsoslp.com.mx/2013/08/19/yo-no-administro-la-justicia-ni-la-procuro-dice-toranzo-trasliberacion-de-detenidos/. 97 Redacción, “Ni procuro ni administro la justicia: Toranzo”, en El Heraldo de San Luis Potosí, 20 de agosto de 2013. En: http:// www.elheraldoslp.com.mx/2013/08/20/ni-administro-ni-procuro-la-justicia-toranzo/. 98 Idem.

En suma, los crímenes cometidos por las policías estatal y municipal, así como las sospechas de la vinculación de estas instituciones “yo no procuro justi- con el crimen organizado, la falta de acción del gobercia ni la administro.” nador y los vicios en el proceso judicial, además de Declar ación del go- afectar directamente la seguridad personal, repercuten bernador Fernando también en la seguridad política del individuo puesto que inciden negativamente en los índices de confianza Tor anzo. que la ciudadanía mantiene hacia las instituciones. En la gráfica siguiente puede observarse cómo la policía federal y el ejército obtienen un mayor índice de confianza entre las organizaciones consultadas, en comparación con las policías federal y estatal, que vuelven a situarse como las instituciones peor calificadas por las organizaciones. ¿Cuánta confianza le inspiran las siguientes instituciones? Gobernador del estado Presidente municipal o alcalde Diputado local Gobierno municipal Ejército Policía federal Policía estatal Policía municipal Ministerio público Comisión Estatal de Derechos Humanos Partidos políticos Instituciones religiosas #Organizaciones de la sociedad civil 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% No me inspira nada de confianza Me inspira poca confianza Me inspira confianza Me inspira mucha confianza

78 Las causas: la educación y la reproducción social de la violencia Sin embargo, las organizaciones señalaron que esta clase de violencia no es fortuita, sino que obedece a un fenómeno de reproducción social íntimamente ligado a la educación y la experiencia de vida del individuo que desde pequeño se encuentra expuesto a un alto grado de violencia estructural. De acuerdo con uno de los miem-

bros de Animos Novandi, los individuos más jóvenes ya normalizan e interiorizan la violencia, lo cuál queda de manifiesto cuando, en uno de sus talleres, alguno de sus miembros le pregunta a un niño cómo solucionaría un problema con otro joven, a lo que la respuesta más habitual que recibe la organización es: “pues le pego.” Desde tal óptica, lo habitual en el matrimonio también sería la violencia: “porque mis papás se pelean y se golpean todo el tiempo”, apuntó. Al respecto, Enfoque de Igualdad señaló que de acuerdo con sus propios estudios, en el periodo de 2003 a 2013 hubo un incremento de 329 por ciento en los feminicidios a nivel estatal, de los cuales el 124 por ciento estuvieron relacionados con la violencia intrafamiliar. Ambas aportaciones concuerdan con la percepción del resto de las organizaciones, que consideran que la violencia intrafamiliar es un fenómeno muy frecuente en San Luis Potosí. ¿Qué tan frecuente cree usted que es la violencia intrafamiliar en su comunidad?

12.5% Muy frecuente Frecuente

25% 62.5%

Poco frecuente Nada frecuente

Al trasladar el fenómeno a la cuestión policiaca, no se puede dejar de lado que el policía es un individuo que tiene una historia, la cual es muy probable que se haya visto marcada por la violencia intrafamiliar; por lo tanto, si el individuo creció en un ambiente de violencia constante, es muy probable que él reproduzca ese entorno en su vida adulta, “y si él o la policía vive en violencia o ejerce la violencia contra su propia familia, ¿qué razón va a tener para no violentar a un completo extraño?”, señaló Animos Novandi. El Centro de Investigación y Gestión Social para el Desarrollo A.C. (en adelante CIGPSD) se mostró de acuerdo con esa premisa, y agregó que un joven que es educado a gritos, golpes y mentadas de madre, se convertirá en un adulto que va a hablar con gritos e insultos, y que será más propenso a ejercer la violencia física. Otro elemento a considerar es que el policía no recibe ninguna preparación especial al entrar a la fuerza policiaca, sino que simplemente “le dan una pistola y un chaleco y sin más, lo sacan a la calle y le dicen que él va a cuidar a la gente,”

apuntaron diversas organizaciones. Lo anterior va de la mano con lo expresado por Animos Novandi, que de acuerdo con sus propias cifras, señaló que debido al contexto social y la realidad del sistema educativo, muchos de los policías tuvieron un acceso muy limitado a la educación pública, lo que “si él o la policía vive da como resultado casos en los que un comandante de en violencia o ejer- policía municipal no cuenta con estudios de educación ce la violencia con- primaria. Teniendo todo lo anterior en mente, “¿cómo tr a su propia familia, esperamos entonces que el policía sepa cuáles son los ¿qué r azón va a tener derechos humanos y cómo debe de actuar para no viopar a no violentar a lentarlos?”, concluyó la organización. un completo extr año?”

Según las organizaciones consultadas, lo previamente destacado puede explicar la situación que se vive con respecto a la policía, pero de ninguna manera lo excusa; al contrario: “se debe aceptar que”, en este caso, “los malos policías son los más y los menos, que son los buenos policías, deben convertirse en agentes de cambio para ayudar a revertir esta situación imperante”, señalaron. Nosotros consideramos que llevar a cabo análisis de ésta naturaleza genera una mayor comprensión del fenómeno, lo cuál coadyuvará a darle una respuesta efectiva e integral a éste problema estructural.

Las empresas y la reproducción social de la violencia

La exposición continua del individuo a la violencia estructural no solamente afecta al servidor público, sino que también se hace presente en el ámbito privado. En esta tónica, el CIGPSD realizó un estudio que tuvo como población objetivo las mujeres que eran golpeadas e ingresaban a hospitales. El estudio reveló que en muchos de los casos la causa había sido violencia intrafamiliar y, además, era fruto de la replicación de una violencia que se había ejercido a otro individuo ubicado en una zona geográfica completamente distinta; específicamente, en la zona industrial. La cadena del fenómeno podría describirse como sigue: el jefe ejerció violencia verbal excesiva contra un trabajador, el cual no tuvo una vía de desahogo directo —puesto que no podía desquitarse con su superior—; por lo tanto, al regresar a su casa reprodujo la violencia en contra de su familia, específicamente mediante la acción de golpear a su esposa. La violencia, por tanto, migraba y se reproducía incluso en zonas muy alejadas de aquélla en la cual había surgido inicialmente. En otro proyecto, el CIGPSD identificó a la reproducción de la violencia como la causante de una falta de eficiencia empresarial. De acuerdo con la organización, una empresa contrató sus servicios para determinar el motivo de que existiera mucho desperdicio de materiales y que, a la par, su producto presentase fallas de ca-

lidad. A decir de la empresa, el problema no era una falla técnica del proceso de producción, la cual fue la “Las escuelas se están primera de las opciones que se exploraron, sino que la concentr ando en la causa les era desconocida. Fruto de su intervención, el industrialización de CIGPSD determinó que “la empresa misma estaba do- los pensamientos con lida” —nos expresó uno de los miembros de la organi- lo que están formanzación— a causa de la reproducción de una violencia do seres humanos sin ejercida dentro de sí misma en la forma de un círculo ser humanos” vicioso, donde el supervisor grita al trabajador, y éste no podía liberar su energía, por lo que “se desquitaba con el producto”, al generar basuras excesivas, desperdiciar materias primas y descuidar la calidad de su trabajo.

La reproducción de la violencia debe atacarse de forma integral Fruto de estas experiencias, el CIGPSD considera que generalmente los procesos de violencia no se atacan de manera integral, sino que los esfuerzos se concentran en un sólo factor, razón por la cual se pierde de vista la transversalidad del problema y que a su vez da como resultado que las acciones sean “meros esfuerzos desarticulados.” El elemento central de las medidas que ataquen la reproducción social de la violencia debe de ser la educación basada en valores, pero es necesario “que se vaya más allá de enlistarlos”: lo verdaderamente útil es que “te expliquen esos valores y te enseñen a vivirlos”, añadió la organización. En una línea similar, Animos Novandi señaló que a los niños más jóvenes “ya no se les educa con valores”, debido a que las escuelas pasaron a ser centros de preparación técnica e industrial para nutrir de fuerza de trabajo a la zona industrial del municipio. A decir de la organización, el fenómeno se extiende también a nivel nacional, puesto que al concentrarse en la “industrialización de los pensamientos,” dejando de lado temas como la ética y el civismo, “las escuelas están formando seres humanos sin ser humanos.”

La seguridad alimentaria: la percepción de la Cruzada Nacional Contra el Hambre Sobre la Cruzada Contra el Hambre, las opiniones en San Luis Potosí son tan aguerridas como lo es su sociedad civil, pues van desde aquellas que no conocen la Cruzada, hasta las que consideran que un giro en el planteamiento de fondo podría ser benéfico tanto para la población como para el gobierno. Sin embargo, el argumento general es que, citando un viejo adagio, se está dando pescado a una población que lo que necesita es que se le enseñe a pescar. Para abordar el primer extremo

del espectro mencionado, señalaremos que el equipo del CIC-PC tuvo oportunidad de dialogar con un grupo de jóvenes en situación de pobreza, a los que la organización Crecimiento Comunitario de Empleo Regional A.C. brinda apoyo y empleo. Al preguntárseles si tenían alguna opinión sobre la Cruzada Contra el Hambre, respondieron que no sabían ni siquiera de su existencia. Este hecho es particularmente significativo, puesto que dichos jóvenes serían los potenciales beneficiarios del programa. La recomendación en tal caso sería redirigir los esfuerzos de comunicación social, a fin de que la información alcance efectivamente a las personas a las cuales se encuentra dirigido el programa. Otra percepción que se recabó fue que la Cruzada Contra el Hambre “es una propuesta que nace muerta”, puesto que no hay un elemento vinculador entre ella y el combate a la violencia. De acuerdo con el Centro de Investigación y Gestión de la Prevención Social y el Desarrollo A. C., lo que debería de haber en medio de los dos elementos es una jornada para la generación de empleo, “porque las personas buscan satisfacer sus necesidades” —una de ellas es el alimento— y si no encuentran una forma legítima de hacerlo, eventualmente optarán por vías ajenas a la legalidad, lo que a su vez va a generar violencia. Con una política que se limita a ser “meramente asistencial,” no se combate el problema de fondo, concluyó. En un sentido similar, para otra de las organizaciones la pregunta que deberíamos de hacernos es si se está generando una política pública adecuada e integral que prevenga la mala nutrición y además combata la marginación— y por ende el hambre de las comunidades y municipios— o si simplemente se regalarían miles de despensas “llenas de galletas y harinas, aceites y sal.”

Por otro lado, hubo una organización que calificó la Cruzada como “una buena intención,” pero enseguida agregó que el gobierno no puede manejarse por buenos propósitos, sino que tendría que generar estrategias para atender problemas multifactoriales y multicausales. Sin embargo, con la Cruzada, el gobierno se está limitando a emitir discursos en función de las necesidades y deseos de la población y “hasta allí se queda”, como un elemento netamente mediático. Si se tomara en cuenta el elemento estratégico, una política integral tendría el beneficio añadido de ser altamente legitimadora, señaló la organización. A más de incluir otros elementos en el programa —como por ejemplo, impulso al empleo— un paso en tal sentido sería el democratizar la Cruzada mediante una convocatoria a todas las organizaciones que pudieran ser intermediarias —OSC’s, organizaciones internacionales, etcétera— para que ellas fueran las que habilitaran las acciones locales del programa federal. Empero, el elemento mediático ha sido el predominante y, por ende, se están perdiendo esas oportunidades, señaló. En la misma línea, otra organización expresó que los programas como la Cruzada Contra el Hambre están más apegados al impacto mediático que puedan llegar a

tener, que al bienestar real que podrían generar en la población. Señaló también que “es ridículo que hayan elegido ciertas colonias para entrar a la Cruzada, pero colonias o comunidades vecinas donde se sabe que hay gente muriendo de hambre, no fueron consideradas.” La respuesta que dicha organización encuentra a tal clase de omisiones, es que la Cruzada se planificó eligiendo lugares “donde sí hay pobreza, pero no tanta,” para así poder reportar resultados rápidos y visibles con el programa.

“es ridículo que hayan elegido ciertas colonias par a entr ar a la Cruzada, pero colonias o comunidades vecinas donde se sabe que hay gente muriendo de hambre, no fueron consider adas.”

Conclusiones De acuerdo con nuestro Análisis participativo, la amenaza más apremiante que enfrenta la seguridad humana en el municipio de San Luis Potosí son los asesinatos, la tortura, las intimidaciones y las conductas totalmente contrarias a la ley con las que operan las policías municipal y estatal. Es totalmente inaceptable que dos instituciones que deberían de ser las encargadas de velar por la protección de la ciudadanía y el imperio de la ley, sean las que mantengan a la población en un virtual estado de sitio, puesto que a decir de las organizaciones, “cualquiera que esté en las calles después de las 10 p.m. es considerado como un delincuente”, razón por la cual puede ser detenido y amedrentado sin ningún respeto a su persona o sus derechos. El gobierno estatal debe tomar cartas en el asunto y abandonar la actitud de laissezfaire que ha adoptado. La sociedad civil y el gobierno tienen que trabajar en conjunto para revertir las tendencias negativas en los ámbitos aquí mencionados, en particular, para erradicar los ciclos de reproducción social de la violencia. Llevar a cabo tal objetivo requerirá de políticas verdaderamente integrales, que superen la tentación de limitarse al ámbito mediático y se planifiquen pensando en que la eliminación de los problemas estructurales que las originan no se conseguirá de la noche a la mañana, ni de un sexenio a otro. Para generar este tipo de políticas se necesitará de un gobierno dispuesto a anteponer el bienestar de la sociedad por sobre el beneficio político inmediato, y una sociedad civil capaz de sumarse a las acciones para aportar conocimientos y vigilar el desarrollo de tales políticas. Un elemento interesante, relacionado con lo anterior, es que a decir del CIGPSD, resolver un problema comunitario no sería difícil si en San Luis Potosí existieran las formas de articulación entre sociedad civil y gobierno, lo cual significaría que el último se asumiera como parte habilitadora de la sinergia social —en vez de concentrarse en contenerla o desestimarla— y que la sociedad se permitiera a sí misma

escuchar al gobierno pero, aclaró, a través de procesos para primero recuperar la credibilidad perdida. Sin embargo, la sociedad no puede trabajar simplemente dependiendo del gobierno, sino que debe habilitarse a sí misma para generar procesos de transformación social. En este ámbito en particular, San Luis Potosí no parece presentar ningún problema, puesto que la impresión que, a título personalísimo nos deja su sociedad civil, es la de un grupo de organizaciones aguerrido y firme, sumamente consciente de las problemáticas presentes en su municipio y con claridad de miras para emprender acciones integrales que ataquen las problemáticas existentes. Ejemplos de lo anterior constan en los talleres de sensibilización que Animos Novandi emprende con las policías de los tres niveles de gobierno —en los cuales sitúa a policías en situaciones en las que son víctimas de abuso de autoridad, lo que los hace cobrar conciencia de lo mucho que sus acciones afectan a la ciudadanía—; las políticas públicas para recuperar espacios que propone el CIGPSD; los talleres, conferencias e investigación que lleva a cabo Enfoque de Igualdad; el amplio activismo que Martín Faz, miembro de Educiac, emprendió en contra de la minería a tajo abierto; las acciones para recuperar cuerpos de agua mediante el uso del lirio acuático en las que fue pionera la organización Crecimiento Comunitario de Empleo Regional A.C.; la educación y prevención de ETS y la defensa que Amigos Potosinos emprende en cuestiones de discriminación por preferencias sexuales, así como la organización de las dos primeras marchas de la comunidad LBGTTTI que se han llevado a cabo en la ciudad, etcétera. Enumerar todas las problemáticas de un municipio podría llevarse tomos enteros, pero afortunadamente tenemos la percepción de que la sociedad civil de San Luis Potosí está trabajando y avanzado a paso constante para, más pronto que tarde, comenzar a inclinar el fiel de la balanza a favor del bienestar de los ciudadanos potosinos. Organizaciones incluidas en el Análisis participativo de la seguridad humana de San Luis Potosí

1. Amigos Potosinos en Lucha Contra el SIDA A.C. 2. Animos Novandi A.C. 3. Centro de Investigación y Gestión de la Prevención Social y el Desarrollo A.C. 4. Crecimiento Comunitario de Empleo Regional A.C. 5. Educación y Ciudadanía A.C.; Enfoque de Igualdad A.C. 6. Episteme A.C. 7. Propuesta Cívica San Luis Potosí A. C.

Monterrey Monterrey, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), concentra el 24.4% de la población del estado de Nuevo León y para el año 2012 tenía 293,539 hogares de los cuales, el 30% eran encabezados por jefas de familia. El promedio de escolaridad es de 10.3 años, mientras que para el resto de la entidad es de 9.8. En cuanto a servicios médicos, Monterrey concentra el 54% del total de médicos en la entidad y la razón de médicos por unidad médica para 2012 era de 45, mientras que el promedio estatal era de 11.4. El municipio de Monterrey concentra el 42.9% de las escuelas de bachillerato de la entidad, el 50% de las escuelas de nivel profesional técnico y el 45.7% de las escuelas de formación para el trabajo. A pesar de incluso contar con 17.6% d de las escuelas primarias en todo Nuevo León, Monterrey no tenía ninguna escuela primaria indígena. En pocas palabras, Monterrey es un municipio que concentra casi una cuarta parte de la población de Nuevo León, la mitad de los médicos disponibles y de educación media superior. La descripción de carencias se describe en la siguiente gráfica:

Indicadores de pobreza y vulnerabilidad de Monterrey (porcentajes, 2010 según Coneval)

36.2% 21%

5.9% 36.9%

19.2% 1.8%

85 Vulnerable por carencias sociales Vulnerable por ingreso No pobre y no vulnerable Pobreza moderada Pobreza extrema

Organizaciones incluidas en el Análisis participativo de la seguridad humana de Monterrey 1. Alianza Cívica Nuevo León 2. Alternativas Pacíficas A. C. 3. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos 4. Evolución Mexicana 5. Frente Amplio Ambientalista 6. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León 7. Propuesta Cívica Nuevo León 8. Supera Pro Superación Familiar Neolonesa 9. Zihuame Mochilla

Dimensión económica de la seguridad humana. En palabras de integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), el desempleo es una de las problemáticas sociales más importantes frente a un costo de vida muy caro, reflejado por ejemplo, en el precio del transporte público que va de 10 a 15 pesos. En general, las organizaciones coinciden en que existe un consenso social sobre lo que denominan el individualismo regio donde es la figura del empresario la que predomina como una especie de héroe local. A decir de uno de los integrantes de FUNDENL, en la década de los años setenta comienza un fenómeno que denomina como “el chip regio” donde lo que impera es la exclusión social de quien se atreva a protestar por sus condiciones laborales. Como ejemplo, cita el caso del sindicato combativo de Fundidora cuya lucha laboral termina con el cierre de la empresa.

Para la década de los años ochenta, ese consenso entorno al sistema económico paternalista empresarial comienza a desquebrajarse ante el surgimiento del neoliberalismo. A partir de que el empresariado comienza a fallar con sus funciones de asistencia social como era el proveer de vivienda a sus trabajadores, comienza a germinarse una incipiente sociedad civil, a la vez que se generan espacios propicios para que el crimen organizado echara raíces. La riqueza de Monterrey le ayudó a soportar la guerra contra el narcotráfico durante los primeros años pero ahora, esa riqueza se ha acabado y la violencia continúa. Es así como en 2010 comienza un movimiento social liderado principalmente por las víctimas de la violencia que destaca porque durante más de 20 años, el sistema político regio se caracterizó por la ausencia de leyes que ciudadanicen el gobierno y la política. Las anteriores opiniones rescatadas durante el análisis participativo con FUNDENL están apoyadas por los resultados globales de las encuestas aplicadas a los miem-

bros de las OSC regiomontanas en donde 61% señaló que el riesgo de perder el empleo es muy alto y muy difícil lograr conseguir un empleo con prestaciones sociales de ley.

Dimensión alimentaria de la seguridad humana. El 83% de los miembros de OSC encuestados en Monterrey opinan que la Cruzada Contra el Hambre no servirá para resolver las necesidades de las clases más bajas en Monterrey. En palabras de Tatiana Clouthier de Evolución Mexicana, en el tema del combate al hambre, “no necesitas mucho dinero para hacer las cosas bien, necesitas dejártelo de robar” haciendo referencia que el fracaso de las políticas sociales se debe en mucho a la corrupción que existe en la administración pública. Para María del Carmen Farías Campero, directora de Zihuame Mochilla. Mujeres con esperanza, el problema de la pobreza en Monterrey es estructural por lo que “no se resolverá con logotipos ni campañas”. Para ella, la Cruzada contra el Hambre es “una campaña de lucimiento a la cual se le podrían quitar todos los millones que se han destinado a publicidad e invertirlos en acciones al respecto”. Para la Fundación Neolonesa Supera, la Cruzada contra el Hambre “reproducirá más pobreza” pues desde la perspectiva de sus integrantes, el problema es el enfoque asistencial de esta política el cual contribuye a la reproducción de la pobreza al alentar una ideología social de “soy pobre, me dan”, en lugar de “vamos a trabajar·.

Dimensión sanitaria de la seguridad humana. Es de destacar que a pesar de que Monterrey, como se expuso en el primer párrafo de este texto, concentra los servicios médicos de la entidad, 92% de los encuestados contestaron que los servicios médicos de su municipio no son suficientes.

“la atención que te van brindando [los servicios públicos de salud] van mermando tu salud”.

Al explorar esta tendencia durante el análisis participativo con las organizaciones, la Fundación Neolonesa Supera opinó que la demanda resulta excesiva para los servicios médicos y que las opciones privadas no son necesariamente mejores que las públicas pues no existe seguimiento de las malas prácticas en los hospitales privados. Los miembros de esta ONG coincidieron en que por los tiempos de espera, “la atención que te van brindando [los servicios públicos de salud] van mermando tu salud”.

Dimensión ambiental de la seguridad humana. Sobre esta dimensión, hubo un consenso generalizado en todas las organizaciones sobre el hecho de que Monterrey enfrenta amenazas ambientales que ponen en riesgo a su población de contraer enfermedades enfocadas principalmente en la contaminación del aire y desforestación. En el análisis participativo, los comentarios del Frente Amplio Ambientalista abundaron en que una de las principales amenazas medioambientales es la fracturación hidráulica (fracking) que contamina los mantos friáticos y la contaminación del aire ocasionada por las zonas industriales en lo que era la periferia de Monterrey que conforme va creciendo la ciudad, más se sitúa hacia el centro. Un problema considerable es el cambio de uso de suelo que amenaza con transformar zonas ecológicas antes protegidas en desarrollos inmobiliarios o un estadio poniendo en riesgo las reservas naturales de agua de Monterrey.

Dimensión de la seguridad personal. De las organizaciones consultadas, el 92% se sentía poco seguro o nada seguro en su comunidad. En palabras de una integrante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) “en mi persona me siento segura, pero a nivel comunitario, no me siento muy segura”. El equipo de “Pensar día a día qué CADHAC relató al CIC-Propuesta Cívica que a partir hacer si hay balace- de lo que comúnmente se denomina como “la guerra”, r a. ¿Si ahorita hubie- el estado de violencia que desató el combate al crimen r a un bloqueo, por organizado y la disputa de Monterrey entre cárteles del dónde me puedo esca- narcotráficos cambiaron sus más básicos protocolos de seguridad; “Pensar día a día qué hacer si hay balacera. par?”. ¿Si ahorita hubiera un bloqueo, por dónde me puedo escapar?”. En cuanto a su oficio como defensores de derechos humanos, miembros de CADHAC reportan que en general, se sienten seguros aunque hay salvedades sobre todo cuando los casos que toman, está el crimen organizado involucrado. Sin embargo, señalan que la incidencia de crimen organizado en temas de derechos humanos es reciente.

¿Qué tan seguro se siente usted en Monterrey? Muy seguro 0% Seguro 7,69% Poco seguro 69,23% Nada seguro 23,08%

El problema de las desapariciones en Monterrey ha generado una recomposición comunitaria. Según estimaciones de CADHAC, el 80% de los desaparecidos son hombres, lo que creo una fuerza para la adopción de nuevos roles sociales por parte de las mujeres. Sin embargo, en los último años a decir de CADHAC existe un aumento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres. Sobre este punto, Zihuame Mochilla propone como interpretación posible a este fenómeno que puede deberse al efecto de la violencia en las calles que obligó al confinamiento autoimpuesto en hogares pequeños donde la pobre planeación urbana define buena parte de las dinámicas sociales que pueden surgir. Sobre la educación, la percepción que el CIC-Propuesta Cívica registró más frecuentemente fue la imposibilidad de muchas familias de poder pagar una universidad pública cuya matrícula cuesta 12 mil pesos aproximadamente, lo que en opinión de miembros de FUNDENL, hace que muchos jóvenes se sumen al mercado laboral sin preparación educativa además de generar un sólido caldo de cultivo para el crimen organizado. Estas percepciones coinciden con el promedio de escolaridad reportado al inicio de este capítulo.

Seguridad comunitaria. Más del 60% de los miembros de las OSC entrevistadas en Monterrey consideran que sería difícil o muy difícil lograr resolver un problema común como colectivo y sienten mucha desconfianza ante todas las instituciones enlistadas en la cuarta gráfica de este capítulo, excepto en la figura de sociedad civil organizada. Al respecto hubo varios comentarios durante el análisis participativo que provocaron la reflexión colectiva. Si en Monterrey se presentara un problema que sólo pudiera resolverse con la colaboración de todos los afectados, ¿qué tan fácil cree que sería organizar a la gente para resolverlo? 7.7% 23.1% 30.8% 38.5%

Muy fácil Fácil Ni fácil ni difícil Difícil Muy difícil

¿Cuánta confianza le inspiran las siguientes instituciones? Organizaciones de la sociedad civil

69 15

Instituciones religiosas

Partidos políticos Comisión Estatal de Derechos Humanos Ministerio público

38 92

Policía municipal

Policía estatal

Policía federal

Ejército

Gobierno municipal

Diputado local

15 23 23

Presidente municipal o alcalde

31 85

Gobernador del estado 0

15 60

No me inspira nada de confianza

Me inspira poca confianza

Me inspira confianza

Me inspira mucha confianza

100

Para FUNDENL como colectivo de familiares de víctimas de desapariciones, el apoyo de las OSC se malentiende con asistencialismo además de que también está el tema de la realidad del financiamiento que nece“ni el car ácter, ni sitan las organizaciones y la voluntad real detrás del las fuerzas, ni el co- activismo político, refiriéndose a estos como los vicios r azón se te acaban del activismo de la sociedad civil. La postura de FUNmientr as estás en la DENL se inspira en el hecho que ellos “no defienden lucha par a buscar a una organización, sino una causa”. Una causa que en la opinión del CIC-Propuesta Cívica no podría ser más tu hijo”. legitima: la presentación con vida de los desaparecidos, la reparación del daño y el castigo a los culpables. Como lo expresó una de las madres que busca a su hijo: “ni el carácter, ni las fuerzas, ni el corazón se te acaban mientras estás en la lucha para buscar a tu hijo”. Desde el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. expresa su solidaridad a este colectivo. Para Tatiana Clouthier de Evolución Mexicana, la reacción de la ciudadanía hacia el activismo puede identificarse como tres figuras. La primera la de los porristas, quienes expresan su apoyo pero no se suman a las acciones, la segunda, los que dicen “qué mal se ve” porque en Monterrey la protesta social es mal vista por la mayoría de la población. La tercera postura es del miedo, aquellos que piensan “¿y si protesto

y me matan?”. Para Evolución Mexicana “el grito y el garrote se hace también en la parte jurídica”. Sobre el tema de la percepción pública de la agenda de los derechos humanos en Monterrey, Tatiana Clouthier declaró que “se piensa que los derechos humanos son los que impiden que las cosas sucedan porque sueltan a los narcos”. Es una percepción similar a la registrada por miembros del equipo de CADHAC: “La percepción general es que los derechos humanos son para humanos derechos. Los delincuentes no tienen […] aquí se aplaude que maten gente en la calle, porque seguro en algo andaban”. “el grito y el garrote se hace también en la parte jurídica”.

En su opinión, ¿qué tanta corrupción hay en las siguientes instituciones en Monterrey?

38 77

Muy presente Presente No está presente

62 15

Partidos políticos

Policía municipal

Gobierno municipal

Congreso local

Policía Estatal

Presidente municipal

Gobernador o Alcalde

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones sobre voto y representación política? Los partidos políticos reciben demasiado dinero para el beneficio público que ofrecen Los partidos políticos conocen las necesidades de la población

Los funcionarios electos respresentan efectivamente los intereses de sus lectores Hay diversidad de opciones políticas

20%

40%

Mi voto es libre

Mi voto es respetado

60%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

80%

100%

Muy de acuerdo

Conclusiones. El análisis participativo de la seguridad humana en Monterrey coincidió con una serie de reflexiones sobre las que versan las investigaciones sobre sociedad civil que el CIC-Propuesta Cívica ha realizado en los últimos años y que se sintetizan en dos preguntas básicas: ¿cuál es la relación entre OSC y las demandas más actuales de los ciudadanos que se centran en la seguridad y la tragedia humanitaria que se vive en muchas zonas del país? ¿cómo pueden las OSC superar la distancia que hay entre estas y los ciudadanos que creen que los derechos humanos son la excusa que logra sacar a la cárcel a los delincuentes y que evita que la justicia llegue?

La importancia de estas preguntas son muy claras en el contexto de Monterrey donde la violencia por el combate al narcotráfico y los enfrentamientos entre distintas bandas del crimen organizando han abonado a la impunidad que alimenta la desconfianza tanto en las autoridades como en aquellos que defienden los derechos humanos.

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Este material se realizĂł con recursos del Programa de CoinversiĂłn Social, perteneciente a la SecretarĂa de Desarrollo Social. Empero la SEDESOL no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo.