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Ponencia en Apoyo al Proyecto 2464 de la Cámara de Representantes que propone crear la “Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” Presentada por Proyecto Matria, Inc. ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a través de la Lcda. Amárilis Pagán Jiménez, Directora Ejecutiva 16 de junio de 2015 Representante José Varela Presidente Comisión de Gobierno Cámara de Representantes de Puerto Rico A continuación sometemos la ponencia solicitada por su Comisión. Proyecto Matria es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2004 como una respuesta a la necesidad de vivienda transitoria y desarrollo económico para mujeres sobrevivientes de violencia de género. Actualmente somos el programa de vivienda transitoria y permanente para sobrevivientes de violencia de género más importante en la isla, poseemos la primera incubadora de microempresas comunitarias especializada en mujeres, iniciamos en el 2008 el primer programa de microcréditos para mujeres en la Isla y añadimos a nuestros programas un centro de educación profesional llamado Instituto del Género y la Educación de Avanzada. En nuestros años de existencia, hemos visto de cerca la amplitud de las violencias que sufren las mujeres y la profundidad de las desigualdades que se anidan en sus vidas. Nuestra organización está convencida, por lo tanto, de que los temas de violencia, pobreza y desigualdad están estrechamente relacionados. Todos atañen, además, al asunto de derechos humanos y de cómo un Estado está obligado a garantizar los mismos con acciones y políticas públicas que reconozcan las intersecciones de las opresiones y que trabajen transversalmente respuestas a las mismas. Durante los pasados once años, una gran diversidad de mujeres ha pasado por nuestras puertas para solicitar servicios y buscar una oportunidad de vivir libres de la violencia. Dentro de esa diversidad de mujeres, hemos recibido lesbianas y mujeres cuya expresión de género reta las concepciones tradicionales en cuanto a lo que es ser mujer en nuestra sociedad. Retar esas concepciones tiene su Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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precio. A veces se paga con pobreza, otras con heridas físicas o emocionales. También hemos recibido mujeres inmigrantes, algunas sin documentos de residencia o visado, que se ven desprotegidas ante un sistema que las invisibiliza. Mujeres de edad avanzada, mujeres con diversidad funcional, mujeres sin hogar, usuarias de sustancias y mujeres que han vivido confinadas en instituciones carcelarias también han sido y son participantes de Matria. Nuestra experiencia de trabajo con ellas nos confirma el estado de vulnerabilidad en que viven las mujeres de nuestra Isla, pero también cómo la pobreza y las desigualdades corroen nuestra sociedad e impactan a otras comunidades. Nuestras participantes no están aquí hoy para dar su testimonio. Estamos nosotras, desde el amor que les tenemos, desde el respeto a su privacidad y dignidad y desde un compromiso con sus derechos humanos y con los derechos humanos de otras mujeres como ellas. Aunque reconocemos que existen otras comunidades vulnerables que necesitan reivindicar sus derechos humanos, nuestra ponencia se centrará en las mujeres ya que nuestra experiencia de trabajo y área de peritaje se concentra en ellas. Nos solidarizamos y endosamos, sin embargo, la ponencia preparada y presentada por el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) al cual pertenecemos y con las ponencias que presentarán otras defensoras y defensores de derechos humanos en apoyo a una Defensoría de Derechos Humanos que reconozcan nuestras diversidades y necesidades como país. Una de las primeras premisas que queremos dejar establecidas es la siguiente: Los derechos humanos de las mujeres siguen siendo en pleno Siglo XXI tema de controversias que limitan su pleno ejercicio y convierten a estas mujeres en una población vulnerable a la violencia y la pobreza. Este punto lo hemos levantado en otras ponencias en el pasado y nos parece muy importante reiterarlo. Se nos siguen escatimando accesos a nuestros derechos, se nos sigue considerando en muchas instancias como un asunto secundario y sin prioridad y se siguen utilizando nuestras organizaciones y nuestros asuntos como botines de guerra en los cambios de partidos políticos. Esto ha llegado al punto de Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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silenciar a defensoras de derechos humanos ante el temor de recibir recortes presupuestarios para sus organizaciones o de ser atacadas en su reputación y gestión de trabajo. Las pasadas décadas nos han permitido aprender de las experiencias. Ese aprendizaje ha tenido momentos gloriosos y también momentos de grandes decepciones. Aun así, no hemos perdido ni la esperanza ni la energía para defender lo que hemos alcanzado y adelantar cada día un poco más una agenda de equidad plena para las mujeres y otras poblaciones. Precisamente por los aprendizajes y experiencias de los pasados años, hoy apoyamos la creación de una Defensoría de Derechos Humanos para nuestra Isla. Como feministas, somos solidarias con otras poblaciones que ven amenazados sus derechos humanos y hemos estado hombro con hombro apoyándole en sus luchas. Una Defensoría de Derechos Humanos permite fortalecer una idea que Matria ha adoptado como parte fundamental de su trabajo: Los derechos humanos son indivisibles. Una Defensoría de Derechos Humanos apoya con firmeza un trabajo que los atienda integralmente. Ya entrando a la evaluación del Proyecto de la Cámara 2464, destacaremos los siguientes puntos a considerar: Agencias actuales versus una Defensoría de Derechos Humanos Aunque ya hemos dicho que para Matria los derechos humanos son indivisibles, nuestra experiencia de trabajo en los pasados años ha estado directamente relacionada con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Otras compañeras hablarán (o ya hablaron) del origen de la Ley 20 del 2001 que creó dicha oficina por lo que nos remitimos a lo expresado por ellas. Es conocido, sin embargo, el rol que jugó Matria en la defensa de dicha oficina cuando su primera Procuradora, la Lcda. María D. Fernós, renunció a su puesto a finales del año 2007. En aquél momento se creó el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) y desde él, decenas de organizaciones y mujeres abogaron por que se cumpliera con el proceso de nominación, nombramiento y confirmación de la nueva Procuradora. Nuestra posición organizacional, al igual que la del MAMPR, fue defender la integridad de la oficina y Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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de su política pública. Lamentablemente, el año 2008 fue un año eleccionario y la OPM fue presa de conflictos político partidistas que la debilitaron y que impidieron la confirmación de dos Procuradoras nombradas durante los años 2008 y 2009. Ambas fueron nominadas según los requisitos de la Ley 20. En aquel momento nos dimos cuenta de que a pesar del proceso establecido por ley, y a pesar de la política pública y requisitos para el puesto, no teníamos herramientas eficaces con las cuales hacer valer la ley. Es decir, en aquel momento nos convencimos de que una agencia creada para atender los derechos humanos de las mujeres de la Isla estaba indefensa ante un claro intento de desmantelarla como respuesta a la presión política de grupos religiosos fundamentalistas que intervenían, y aún pretenden hacerlo, en la toma de decisiones gubernamentales. Defender los derechos de todas las mujeres, su integridad física, sus vidas y su acceso a mejores oportunidades de desarrollo se convirtió en ese momento en una gestión que era mal vista por esos grupos y por algunos políticos. Fueron años en los que otras organizaciones de servicio a las mujeres optaron por silenciarse para garantizar los fondos estatales que les permitieran continuar sus operaciones1. Como resultado, en este año, 2015, Matria ya no está en posición de defender una oficina que dejó de cumplir sus propósitos y que claramente necesita ser reestructurada para garantizar: autonomía, participación ciudadana, rendición de cuentas y transparencia en su gestión. Esa reestructuración es
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De hecho, el pasado 10 de junio en las vistas públicas del PS1377 en el Senado, la actual Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced, utilizó su turno para atacar la reputación de Proyecto Matria informando falsamente que a su llegada a la OPM nuestra organización recibía cerca de $1millón anuales y que nuestra directora ejecutiva devengaba un salario de $81,000 anuales. Aclaramos que a la llegada de Vázquez a la OPM, Matria recibía $216,000 anuales y que el salario de la Directora Ejecutiva NUNCA ha sido de $81,000 anuales. El primer donativo que Matria recibió en el año 2004, fue de $1.2 millones para 18 meses, y como parte de ese donativo se asignaron $4,500 mensuales para el salario de la directora ($4,500 mensuales x 18 meses = $81,000). Con ese primer donativo, se invirtió la mayor parte de presupuesto en pagar vivienda transitoria, cuido de niñxs, transportación y estudios a más de 75 mujeres a través de toda la Isla. No se usaron los $1.2 millones y hubo un sobrante sustancial que la OPM nunca llegó a desembolsar a Matria. Esta tergiversación de la información por parte de la actual Procuradora, unida al patrón de reducciones presupuestarias que ha hecho a Proyecto Matria luego de que la organización haya disentido públicamente de ella, demuestra un patrón de represalias contra una organización defensora de derechos humanos. Al día de hoy ninguna agencia estatal o federal ha hecho señalamientos por mal uso de fondos a Matria. Ni siquiera la OPM. Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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posible a través de la Defensoría propuesta y con ella esperamos ver nuevas y mejores acciones en beneficio de las mujeres de la Isla. Si evaluáramos la efectividad, estructura y autonomía de las actuales procuradurías y de la Comisión de Derechos Civiles a la luz de los Principios de París y otros instrumentos e informes internacionales, nos daríamos cuenta de la importancia de un proyecto de Defensoría de Derechos Humanos como el que tenemos hoy ante nosotras. Algunas preguntas importantes a la hora decidir si sostenemos las actuales estructuras o si apoyamos la Defensoría de Derechos Humanos, serían2: 1. ¿Cuentan las entidades actuales con legitimidad?- ¿Percibe el país su gestión como una de defensa de los derechos humanos de la Isla aún ante el propio gobierno o sectores que ostentan poder? 2. ¿Son accesibles?- No solamente en términos de espacio físico, sino de apertura para que personas que necesiten de sus servicios se sientan en un espacio seguro y en el que serán escuchadas. Esto incluye el garantizar un clima de respeto a opiniones diversas y no ser una réplica de políticas públicas opresivas generadas desde el gobierno. 3. ¿Tienen una cultura organizacional abierta?- Esto incluye el lograr que organizaciones asociadas a sus áreas de interés se sientan seguras y bienvenidas en esos espacios. “Es mucho más fácil para una organización abierta, dispuesta a colaborar y autocrítica que para una organización cerrada, responder adecuadamente a las necesidades del público y de otras organizaciones, e identificar las deficiencias de su propia práctica”3. 4. ¿Garantizan la integridad y calidad de sus integrantes?- Al hablar de calidad e integridad de las personas que componen estos organismos de defensa de derechos humanos, se alude a la necesidad
Preguntas basadas en documento “Evaluar la Eficacia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos” del Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos. Versoix, Suiza. 2005, 3 Idem, página 8. Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464 2
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de contar con personal preparado y comprometido con los derechos humanos y que cuente, además, con una total independencia de criterio. 5. ¿Tienen diversidad en los integrantes y personal?- Se recomienda que los integrantes y personal representen la composición diversidad de la composición de la sociedad. Esto incluye contar con un equilibrio de géneros. 6. ¿Consultan con la sociedad civil?- “Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las ONG de derechos humanos y los grupos comunitarios, pueden ser vínculos eficaces entre las instituciones nacionales y los individuos y grupos marginados política, social y económicamente”.4 7. ¿Tienen un mandato amplio?- Las instituciones defensoras de derechos debería poder trabajar TODOS los derechos humanos. 8. ¿Su competencia abarca todos los sectores? 9. ¿Tienen la facultad de vigilar el cumplimiento de sus recomendaciones?- Las facultades de fiscalización deben establecer claramente su capacidad para dar seguimiento al cumplimiento con sus recomendaciones. 10. ¿Tratan sistemáticamente las cuestiones de derechos humanos?- Esto implica la recopilación de datos, planificación y proactividad más que simplemente reaccionar a eventos específicos. 11. ¿Cuentan con suficientes recursos presupuestarios?- Los gobiernos debería estar comprometidos con asignaciones presupuestarias que permitan el funcionamiento pleno de las oficinas de derechos humanos. De lo contrario, tal y como ocurrió en el año 2009 con la Ley 7, se desarticulan y se descarrilan los esfuerzos de las mismas. 12. ¿Desarrollan vínculos internacionales eficaces? Estas preguntas, propuestas desde entidades internacionales y basadas en la experiencia y recomendaciones de personas defensoras de derechos humanos nos permiten evaluar las actuales
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Idem. Página 9 Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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procuradurías y contraponerlas con el proyecto de Defensoría de Derechos Humanos que tenemos ante nosotras. En el caso de la Procuraduría de las Mujeres, podemos decir que no superaría la prueba y que la Defensoría de Derechos Humanos nos brinda una oportunidad para darle legitimidad, abrirla a alianzas con organizaciones de derechos humanos que trabajan por las mujeres y otras comunidades vulnerables, garantizar su independencia de acción, diversificar sus componentes y enlazarla a otras áreas de derechos humanos en una mirada transversal. Política Pública La política pública que se propone en el proyecto de ley es apoyada por Proyecto Matria. La misma representa un hito histórico en la lucha por los derechos humanos de nuestra Isla porque otorga a los mismos un lugar prioritario dentro de la gestión gubernamental. La incorporación por referencia de instrumentos internacionales de derechos humanos, trae a nuestro sistema legal herramientas valiosas para el trabajo que a diario realizamos organizaciones y defensoras de derechos humanos. Esto va más allá de una mera expresión de voluntad y se convierte en acciones concretas- muy necesarias por cierto- que incluyen la facultad para ejercer funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, reglamentarias y cuasi judiciales y establece como prioridad de la Defensoría ejercer fiscalización y promover las actuaciones correctivas y preventivas necesarias para la erradicación de la violación de los derechos humanos en Puerto Rico. Como defensoras de derechos humanos, nos parece de particular importancia el esfuerzo para crear en nuestra Isla una entidad de derechos humanos que responda a los Principios de París (1991 y adoptados por las Naciones Unidas mediante Resolución 1992/54, de 1992). Aspectos estructurales y de presupuesto Contrario a lo que podría pensarse, nos parece un acierto consolidar las áreas administrativas de las actuales procuradurías y mantener a la vez la independencia de acción de cada Defensoría Asociada. En el caso de la Defensoría de las Mujeres y la Equidad de Género, esa autonomía es uno de los Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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aspectos que con más atención hemos evaluado. Como expresamos al inicio de nuestra ponencia, la actual Procuraduría de las Mujeres ha confrontado problemas de autonomía y de independencia de criterio pues quedó a expensas de nombramientos que se apartaron de lo establecido en la Ley 20 del 2001. A diferencia de la legislación propuesta por el ex gobernador Luis F. Fortuño en el 2009 o por el actual gobernador Alejandro García Padilla en el 2014, este proyecto reconoce los siguientes puntos que nos permiten apoyarlo: 1. Autonomía de Defensoría Asociada de las Mujeres y la Equidad- La Defensoría de las Mujeres (DME) podrá mantener su presupuesto, desarrollar sus planes de acciones y mantener el tema de equidad de género como su eje de trabajo. 2. Diversidad y representación al interior de la DME- El proyecto propone un Consejo Directivo con integrantes de sectores representativos de las mujeres de la Isla. A diferencia del Consejo Consultivo de la actual OPM o de otros proyectos de consolidación, el Consejo Directivo de la DME tendrá la capacidad de nombrar a la Defensora y de supervisar y dirigir su trabajo. 3. Proceso de nombramiento- El proyecto propone un proceso de nombramiento que incluye un perfil profesional afín a una visión de equidad de géneros, trabajo en alianzas, integridad y valor. Además, separa el proceso de los vaivenes político partidistas y crea un espacio de participación ciudadana que garantizará la independencia de criterio de la Defensora frente al gobierno de turno. El término de seis años para ocupar el puesto es razonable. 4. Transversalidad- Crear un cuerpo de trabajo que atienda el amplio abanico de derechos humanos reconocido internacionalmente es un paso definitivo hacia una propuesta que por años ha hecho el movimiento de mujeres en nuestra Isla: Atender los asuntos de las mujeres desde una mirada transversal. En ese sentido, el trabajo a favor de nuestros derechos podrá enriquecerse y NO
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invisibilizarse como habría ocurrido en una fusión que careciera de la visión de derechos humanos o al acomodar la OPM como un programa de otra agencia de gobierno. En términos presupuestarios, no vemos mayores problemas para que la nueva estructura mantenga las asignaciones de fondos que al presente hace a organizaciones sin fines de lucro o retenga los fondos federales que recibe.
Un examen de la reglamentación federal aplicable a los fondos que el
Departamento de Justicia Federal otorga a la OPM, permite corroborar que la nueva estructura cumple con la misma. (ver 28 CFR 90.19) Participación ciudadana, consejos directivos y nombramiento de las defensoras y defensores Examinamos el proceso establecido para nombrar las personas que integrarán los Consejos Directivos de cada Defensoría Asociada. De nuestro examen surgen las siguientes recomendaciones: 1) Aumentar de cinco a siete el número de integrantes de los consejos requeridas para nombrar a las Defensoras o Defensores de sus respectivas Defensorías Asociadas. Esto garantizará la transparencia del proceso ya que balanceará la presencia de integrantes de los consejos nombradas por el Gobernador o Gobernadora y la de integrantes nombradas mediante nominación y consulta ciudadana. 2) En el caso de la Defensoría Asociada de Derechos Económicos y Sociales, revisar los requisitos para integrantes del Consejo Directivo de manera que se incorporen otras personas del campo del trabajo de desarrollo económico comunitario y de sectores que trabajan con derechos económicos que van más allá del tema de salud. Por ejemplo, derechos como el de la educación, el trabajo, vivienda y medio ambiente saludable. Nos parece indispensable que dicha defensoría asociada integre todos los derechos económicos, sociales y culturales. 3) Sobre la posibilidad de un conflicto de interés entre integrantes de los consejos directivos y la distribución de fondos a organizaciones sin fines de lucro, aclaramos que no es la intención del proyecto constituir los consejos con organizaciones, sino con representantes legítimos/as de las poblaciones vulnerables que serán atendidas. Aún así, para eliminar cualquier apariencia de conflicto, Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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recomendamos que el proyecto incluya una disposición al respecto y ordene a la nueva entidad crear y publicar un reglamento que atienda la situación. 4) De igual manera, recomendamos que se aclare el límite de los reembolsos de gastos a los que las personas integrantes de los Consejos Directivos tendrán derecho. 5) Sobre la exoneración de la aplicación de leyes a la Defensoría- No recomendamos ni apoyamos el que se exonere a la Defensoría de Derechos Humanos de leyes como la Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago para los Proveedores de Bienes y Servicios al Gobierno”; con el Plan de Reorganización 3-2011, según enmendado, conocido como el “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 2011”; con el Registro Único de Licitadores adscrito a la Administración de Servicios Generales; con la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; con la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como la “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”; con la Ley 265-2003, según enmendada, conocida como la “Ley para Reglamentar Ciertos Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”; con la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”; con la Ley 148-2006, según emendada, conocida como
la “Ley de Transacciones Electrónicas”; con la Ley 80-1991, según
enmendada, conocida como la “Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales” y con la Ley 6-2010. Resaltamos como puntos positivos del PC2464 los siguientes: 1) El esfuerzo por crear Consejos Directivos diversos y representativos de nuestra sociedad mientras, a la vez, se salvaguarda el espacio como uno de derechos humanos. 2) La creación de un espacio de trabajo en el cual convergerán defensoras y defensores de derechos humanos que tendrán la capacidad de mirar holísticamente la situación de derechos humanos en la Isla. Ponencia de Proyecto Matria en Apoyo al PC2464
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3) Lograr un balance fiscal y administrativamente saludable entre lo que debe ser una agencia de gobierno que rinde cuentas y es transparente en su gestión y el apoderamiento de sectores vulnerables para que participen en el proceso de nombramiento y fiscalización de quienes está llamadas/os a atender sus derechos humanos. 4) Crear mecanismos de rendición de cuentas que viabilizan la fiscalización efectiva de la gestión de las Defensoras y Defensores y que permiten exigir el cumplimiento de la política pública y los procesos establecidos en la ley. El tema LGBTT Nos parece importante resaltar la importancia de los derechos humanos de las comunidades LGBTT y el estado actual de los mismos en la Isla. La reciente audiencia de Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso de manifiesto la precariedad de los derechos humanos LGBTT. De la misma manera en que para nosotras es importante ver de manera transversal los derechos humanos de las mujeres, nos resulta importante dar esa mirada a los derechos de las comunidades LGBTT. Ciertamente es un gran acierto incluir en el Consejo Directivo de la Defensoría Asociada de las Mujeres y la Equidad de Género una silla para una mujer LBTT. Pero también es importante considerar una silla en la de Derechos Civiles y no excluirles de participación en otras defensorías. Las personas de las comunidades LGBTT viven múltiples opresiones. Recomendamos, además, que quede expresamente establecida la prohibición de discrimen por orientación sexual o identidad de género a través del proyecto y que en aquellos espacios en que se autoriza a la Defensora de las Mujeres y la Equidad de Género a actuar cuando detecta una instancia de discrimen por género, se le autorice a actuar en instancias de discrimen por orientación sexual e identidad de género. También recomendamos que donde se hable de discrimen contra las mujeres, se incluyan expresamente personas LGBTT.
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Como último punto, traemos a su atención el siguiente aprendizaje que también debemos aplicar en este contexto: La equidad es el mejor antídoto a la violencia. En conclusión, Proyecto Matria apoya el Proyecto de la Cámara 2464 con las recomendaciones incluidas en esta ponencia. Finalmente, hacemos un llamado a que todas y todos los legisladores actúen con valentía y asuman la responsabilidad que este momento histórico les reclama como mujeres y hombres capaces de actuar por el bienestar y la equidad de todo ser humano. Vivimos momentos históricos marcados por grandes incertidumbres, pero a la vez, tenemos ante nosotras y nosotros la oportunidad de crear un espacio de defensa de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables de la Isla.
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