PARA QUE GANE LA EDUCACIÓN Para el PSOE, la Educación es, además de un derecho constitucional, uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar, el instrumento que nos permite avanzar como sociedad y responder a los desafíos del futuro. Nadie como los socialistas ha dedicado tanto esfuerzo y recursos para desarrollar un sistema educativo público de calidad, gratuito y universal de los 3 hasta los 16 años; y nadie como los socialistas lo ha defendido y ha apostado por él en épocas de adversidad. Gracias a los gobiernos del PSOE, España ha atravesado estos tres años de crisis sin reducir la inversión en los servicios públicos de educación y sanidad, frente a las decisiones de gobiernos conservadores, como el de Cameron en Reino Unido o el de Sarkozy en Francia. El primer compromiso con la educación de los gobiernos socialistas está en el gasto, que ha pasado del 4,3% del PIB, en 2004, al 5,05% del PIB, en 2010. Esto ha supuesto que el gasto por alumno ha subido de 4.161 euros, en 2002, a 6.073 euros, en 2009, lo que significa un aumento del 46%. Otro dato relevante: desde 2004, el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha incrementado el presupuesto para becas y ayudas en un 85,9%. El compromiso de los y las socialistas con la educación también se ejemplifica con el desarrollo del Plan Educa 3, que ha permitido elevar la tasa de escolarización del 24,8%, en el curso 2003‐04, al 43%, en el curso 2008‐09; con el objetivo de crear 300.000 nuevas plazas en esta Legislatura. Los y las socialistas entendemos que esta inversión, además de justa, es necesaria para desarrollar un modelo de crecimiento económico más sólido y sostenible, y en el que la mayor parte del valor vendrá determinado por la preparación de los trabajadores. Por eso, también hemos apostado por dar un nuevo impulso a la Formación Profesional. El PP, por su parte, ha trasladado su tradicional falta de atención al sistema público de educación a las CCAA que gobierna. El PP ha recortado su gasto en educación por encima del ajuste general de sus cuentas, es el caso de Madrid, La Rioja y Castilla y León. Y lo ha hecho castigando a los centros públicos, que sufren recortes de hasta un 7% (Madrid), mientras que los privados han visto aumentar su presupuesto (el 0,7% en Madrid). A estos recortes se suma la reducción de plazas de profesorado, el aumento de tasas, y la supresión de becas y ayudas escolares, que hace más gravoso el esfuerzo de las familias (Comunidad Valenciana, Murcia…).
El PP contempla también la educación como una actividad sujeta al beneficio empresarial. Por eso, donde gobierna fomenta la privatización de la educación en detrimento de la educación pública, entregando a empresas privadas colegios edificados en terrenos públicos y equipados con dinero público. Están llevando a cabo una voladura controlada del sistema público de enseñanza, implantando poco a poco un modelo educativo segregador, injusto y que no pone el énfasis en la calidad. Un modelo elitista y antisocial que desprecia los más elementales principios de educación en libertad e igualdad.
Cuando gana y gobierna el PSOE, gana una educación de calidad para todos y todas. Si el PP viene, la educación pública se va.
NO DA IGUAL (Cómo gestionan PSOE y PP la educación) Las CCAA y Ayuntamientos con gobiernos socialistas han seguido priorizando el gasto en educación en los momentos más duros de la crisis. Aunque los ajustes presupuestarios han afectado a todas las CCAA, en las gobernadas por el PSOE los presupuestos educativos se han reducido menos que los del resto de las áreas y se han mantenido los programas de becas y ayudas a las familias de menor renta. La comunidad que tiene un gasto en educación más alto en relación a su PIB es Extremadura, con el 5,8%, en 2010, seguida de Castilla‐La Mancha, la segunda en este ranking, con un gasto en educación del 5,6% de su PIB. Los gobiernos autonómicos del PP han metido el tijeretazo a los Presupuestos educativos, con severos recortes que han colocado a regiones como la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Galicia a la cola del gasto educativo. Madrid es la comunidad con menor gasto en educación en relación a su PIB, el 2,46%, y la penúltima en gasto educativo por alumno. El gobierno de Murcia, además de reducir el presupuesto en Educación y Formación más del 6%, ha impuesto nuevas tasas educativas que afectarán a 40.000 estudiantes. En Castilla y León, el gobierno del PP ha recortado el presupuesto en educación por encima del recorte global de sus cuentas generales en 2011. El Gobierno de La Rioja es el que ha reducido más su gasto en educación en 2011, con un recorte del 8%. Los gobiernos del PSOE son pioneros en promover medidas de apoyo a las familias, para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de las mismas oportunidades. En Andalucía, desde el Plan de Apoyo a las Familias, que comenzó a desarrollarse en 2002, se han ido estableciendo distintas medidas, como la gratuidad de libros de texto en todos los cursos de la educación obligatoria de los centros docentes y sostenidos con fondos públicos, la gratuidad del transporte escolar para todo el alumnado obligado a trasladarse fuera de su localidad para
cursar estudios, la dotación de becas de 600 euros al mes (10 meses) para el alumnado perteneciente a familias con rentas bajas. La Comunidad de Madrid ha rebajado el gasto educativo en los centros públicos, a pesar de que ha subido el número de alumnos. La educación pública madrileña presenta graves carencias por la falta de inversión; existen importantes deficiencias en las instalaciones de los centros que, en algunos casos, pueden poner en riesgo la seguridad del alumnado; faltan colegios e institutos públicos, especialmente en los nuevos desarrollos urbanísticos, lo que obliga a que se den clases en aulas hacinadas y habilitadas en pasillos, patios, laboratorios o bibliotecas. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha gastado 3,7 M€ en publicitar su política educativa, mientras ha recortado 2.500 puestos de docentes. Ha suprimido rutas escolares a los centros públicos mientras ha incrementado el dinero destinado a las rutas, para los centros privados. Aguirre se ha negado a que las familias de esta región disfruten de la gratuidad de los libros de texto, con la que sí cuentan otras regiones como Andalucía, Cantabria, Castilla‐La Mancha, o Aragón. Y, a pesar de todas estas carencias, Madrid es la región más cara en gasto educativo: cada inicio de curso cuesta a cada familia madrileña una media de 640 € por alumno en la pública y 1.075 € en la concertada. En la Comunidad Valenciana, se suceden las manifestaciones, encierros y concentraciones contra el Gobierno de Francisco Camps por su nefasta gestión de la educación, exteriorizada en cientos de barracones habilitados en colegios e institutos, falta generalizada de comedores, escasez de personal de apoyo para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales, falta de equidad en la distribución del alumnado (sobre todo el inmigrante o procedente de familias desestructuradas y con discapacidades) o privilegios para la enseñanza privada concertada. Mientras, los padres de muchos colegios e institutos de la Comunidad Valenciana han tenido que pagar de su propio bolsillo reformas menores, como la pintura de las aulas, los toldos en los patios o sistemas de aire acondicionado… El compromiso de los gobiernos socialistas con una educación pública de calidad se manifiesta a través de proyectos innovadores de éxito. Gobiernos como el de Extremadura fueron pioneros en incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a la enseñanza, a través de las llamadas Aulas Tecnológicas del Siglo XXI, implantadas en el año 2000. En Aragón se puso en marcha, en 2006, el Programa Pizarra Digital, que permitió dotar de TICs a los colegios de 171 municipios y también equipar con video,
proyectores y portátiles todas las aulas de 1º de ESO de los Institutos de Aragón, al mismo tiempo que se mejoraba la oferta de formación del profesorado en nuevas tecnologías de la información. Los gobiernos de Madrid y Comunidad Valenciana han rechazado tomar parte en el programa Escuela 2.0, con lo que han impedido a los alumnos/as de 5º de Primaria de sus comunidades el uso personalizado de un ordenador portátil. Este boicot al programa Escuela 2.0, ha ocasionado la pérdida de 11,16 M€ al sistema educativo de la Comunidad Valenciana, y de 11 M€ al de Madrid. La comunidad que preside Esperanza Aguirre se encuentra por debajo de la media estatal en nº de ordenadores por alumno/a. En Andalucía, el Plan de Fomento del Plurilinguismo, además de la implantación progresiva de centros bilingües en toda la red de centros (694 en el curso 2009/2010), contempla la formación del profesorado y su actualización lingüística (un total de 4.386), la implicación de ayudantes lingüísticos y de conversación, convenios con administraciones educativas de otros países para estancias formativas, intercambios escolares y campamentos de inmersión lingüística. El Programa Idiomas y Juventud persigue, con la participación de la comunidad educativa andaluza en su conjunto, que jóvenes de escasos recursos accedan a fórmulas públicas de cursos de idiomas en el extranjero. En Castilla‐La Mancha, se puso en marcha en febrero de 2010 el Plan Regional de Plurilingüismo que cuenta con una previsión económica de 48 M€ hasta 2013. Su finalidad es formar a los ciudadanos y ciudadanas castellano‐manchegos en el conocimiento y uso de una o más lenguas extranjeras, incluyendo entre ellas el aprendizaje del español para la población inmigrante y posibilitar su acercamiento a otras culturas. En el curso 2004‐2005, se puso en marcha en la Comunidad de Madrid un programa propio de bilingüismo, pero sin estudios previos, ni información ni participación de la comunidad educativa a la que iba dirigida. Un programa con escasísima implantación (el 85% de los centros educativos no tienen programa bilingüe y en el presente curso sólo participan unos 30 centros de Secundaria, que la administración autonómica se encarga de seleccionar). En lo único que es ambicioso el programa de bilingüismo del gobierno de Esperanza Aguirre es en el gasto destinado a darle publicidad: dos millones de euros.
En Asturias, la Red de Escuelas Infantiles Municipales de 0 a 3, creada en 2002, está financiada fundamentalmente por el Gobierno asturiano que aporta de media el 63% del gasto, las familias el 30% y los Ayuntamientos el 7%. En Baleares, a través del Plan de Primera Infancia, se han abierto 31 nuevas escuelas infantiles y ampliado otras 25, lo que ha supuesto la creación de 2.651 plazas nuevas, con una inversión de 15 millones de euros. En Aragón, se ha ampliado la red pública de Escuelas Infantiles Municipales; son ya 179, de las cuales 22 son de nueva creación. En Cantabria, se han creado 206 aulas nuevas en la legislatura para atender a niños de 2 a 5 años, concretamente a cerca de 3.000 alumnos/as más. Las CCAA y Ayuntamientos gobernados por el PP se han embarcado en un proceso de privatización acelerada de las Escuelas Infantiles Municipales, que se está haciendo a espaldas de los ciudadanos, aunque a sus expensas, porque se hace con escuelas levantadas en suelo público, con proyectos costeados por el erario público y con equipamientos comprados con cargo a los presupuestos públicos. Una vez construidas y equipadas, se cede su explotación a entidades mercantiles y empresas privadas que suelen estar relacionadas clientelarmente con el PP, pero que, en muchos casos, no tienen ninguna relación con la educación. Los equipos de Gobierno del PP han cambiado los baremos de los concursos, en los que apenas cuentan ya los proyectos educativos y la calidad de los servicios y lo que prima es el menor coste económico. En Cartagena, el equipo de gobierno del PP adjudicó a un miembro de la Ejecutiva Local del PP la gestión del servicio socio‐educativo del Punto de Atención a la Infancia (PAI) de La Aparecida. La empresa adjudicataria ‐Mercantil Educación Inicial Preescolar SL, cuyo único administrador era el miembro de la Ejecutiva Local del PP‐ fue creada sólo 4 días antes de que el Ayuntamiento aprobara la contratación de la gestión. Dos meses después de adjudicado el servicio a esta empresa, la sociedad cambio el nombre del administrador único, pasando a constar el de su cónyuge. En Mazarrón, el PP ha privatizado dos centros de Atención a la Infancia municipales antes de su inauguración. En el mismo pleno para la creación del servicio municipal de atención a la infancia, el PP aprobó ceder su explotación a empresas privadas para los próximos 25 años. Estas empresas podrán traspasarlos al cabo de 5 años, así como subcontratar otros servicios.
En Madrid hay casi 30.000 familias que no tienen una plaza en escuelas infantiles. Mientras tanto, Esperanza Aguirre ha puesto en marcha deducciones fiscales para quienes llevan a sus hijos/as a escuelas privadas, lo que es una forma de subvencionar la educación privada en detrimento de la pública. El año pasado la lista de espera superó las 4.000 solicitudes sólo en la capital; y en la Comunidad, entre 20.000 y 35.000 alumnos/as se quedaron sin plaza, el curso pasado, en los centros públicos. El ahogo presupuestario al que los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Castilla y León han sometido a las universidades públicas implantadas en sus territorios no es precisamente un ejemplo de apuesta por la excelencia. En Madrid se ha recortado la inversión en educación universitaria en un 74%, se ha reducido el programa de investigación en 20,3 M€, y paralizado las becas Erasmus, y se ha incrementado el coste de las matriculas un 4%. Madrid es la segunda comunidad que más ha aumentado estos costes. La Comunidad Valenciana es la tercera región que más ha aumentado los precios de las carreras universitarias, el 3,9%, y la que menos invierte en becas universitarias. Ha recortado un 35% las becas universitarias y un 32% las Erasmus. La mayor parte de los alumnos universitarios becados en esa Comunidad lo son por el Ministerio de Educación (el 80%).
¿QUÉ PROMETE EL PP? El Partido Popular formula propuestas genéricas, que nada concretan, del estilo de dar “más apoyo a los centros educativos y un papel reforzado de las familias” o “mejor reconocimiento del profesorado”. El PP promete cuestiones que se presentan como novedades, pero que en realidad ya existen, como las “enseñanzas comunes” en todos los territorios, que son una realidad en España gracias a la Ley Orgánica de Educación (LOE). El PP también hace proclamas del tipo “reducir el abandono educativo temprano”, que se contradicen con los resultados de su propia gestión en las CCAA que gobierna. Pero, por encima de todo, lo que muestra el PP en su Programa Marco Autonómico es el retrato del viejo modelo educativo de la derecha más rancia, que se concreta en: más segregación en el alumnado desde las edades más tempranas, con imposición de evaluaciones que no buscan mejorar los resultados, sino eliminar a los que obtienen peores resultados; acabar con la educación común y gratuita hasta los 16 años; más discriminación entre los centros, que no pueden disponer de los mejores servicios y ofertas educativas; propuestas de supuestos Bachilleratos de Excelencia, que plantean segregar más allá de la etapa obligatoria, en vez de actuar en los centros con programas de alto rendimiento, como ya sucede con gran éxito en muchas CCAA. Además, su propuesta de “libertad de elección” del centro de preferencia, no es más que la continuación del proceso de privatización de la educación puesto en marcha por los populares en las CCAA en las que gobiernan. En definitiva, lo que propone el PP significa acabar con el mayor logro de nuestro sistema educativo, la igualdad de oportunidades para todo el alumnado; cuando los informes PISA ponen a España a la cabeza en el empeño por facilitar buenos resultados educativos para la mayor parte de los estudiantes, independientemente de su origen socioecómico y cultural. Sorprende oír al PP decir que busca la calidad, cuando aprobó una ley educativa, la LOCE, que no tenía memoria económica. Y no existe calidad educativa sin financiación adecuada. Por eso, la aprobación de la LOE estuvo acompañada de una inversión de 7.000 millones de euros para su aplicación. Por eso, el porcentaje de PIB que se dedica a educación en los presupuestos de 2011 (a pesar del ajuste presupuestario) supera el 5%. Por el contrario, siendo Mariano Rajoy ministro de Educación, el porcentaje de PIB dedicado a educación descendió, pasando del 4,43 en 1999 al 4,29 en 2001.
También es curioso que, seis años después de la aprobación de la LOE, el PP diga que quiere que los estudiantes aprendan en valores como el esfuerzo y la responsabilidad. La LOE contiene todos estos principios y el PP votó en contra y ha intentado boicotear su implantación en las CCAA en las que gobierna. También boicoteó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que enseña a conocer y a apreciar los valores y normas de convivencia y los derechos reconocidos en las declaraciones internacionales y en la Constitución española. Dice el PP que quiere “realizar al final de cada etapa educativa, pruebas académicas de carácter general que evalúen los conocimientos de cada alumno”. Sin embargo, gracias a la regulación de la LOE, ya existen evaluaciones con criterios de diagnóstico educativo, que buscan medir y mejorar el rendimiento escolar. No son como las evaluaciones que plantea el PP, que lo que esconden es segregación y selección de alumnado. La evaluación es buena como herramienta para mejorar, no para separar al alumnado. Las enseñanzas comunes, que también propone el PP, son igualmente una realidad ya en España y es la propia LOE la que las garantiza. Además, la falta de credibilidad del PP en este asunto es manifiesta puesto que María Dolores Cospedal prometió que las CCAA gobernadas por su partido establecerían unos contenidos comunes en el ámbito de sus competencias, pero de éstos, desde ese anuncio, no se volvió a saber nada. El porcentaje de enseñanzas mínimas comunes establecido en la LOE es el mismo que el que establecía la LOCE del PP. No consta que Rajoy estuviese en desacuerdo con esta distribución ni cuando fue ministro de Educación, ni cuando fue vicepresidente, ni cuando se negoció y aprobó la LOCE. Es sorprendente que el PP esté preocupado por que sea posible estudiar en castellano en aquellas comunidades con lengua propia como Galicia o Valencia. En España ya existen esas garantías ya que tanto la Constitución de 1978, como los distintos Estatutos, así como las Leyes y reglamentos que se derivan, garantizan la enseñanza del castellano, al igual que el resto de lenguas cooficiales. En Cataluña, el catalán es la lengua vehicular desde mediados de los ochenta y en las dos Legislaturas de Gobierno del PP, no hubo problemas para su desarrollo. Paradójicamente, fue Mariano Rajoy, como ministro de Educación (enero de 1999 – abril de 2000) el que completó los decretos de traspaso de las competencias educativas a las Comunidades Autónomas. Cuando el PP hace un reconocimiento del papel de los profesores, se limita a estimarlos como autoridad. Ni una palabra, sin embargo, acerca de facilitar a los profesores los medios y las mejores condiciones para que puedan realizar su trabajo. La degradación en las condiciones laborales, el número de alumnos en el aula o el aumento de horas lectivas, no parecen tan importantes para el PP, dado que allí donde
gobierna ‐como en Valencia, Murcia o Madrid‐, los profesores tienen que lidiar día a día con los recortes en los centros educativos. Respecto al desarrollo de actuaciones educativas innovadoras, el PP debería reconocer que estos planes ya existen y tienen dotación presupuestaria en el Plan de Acción del Gobierno de España; como el Programa Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, que se va a desarrollar en los próximos 10 años con el objetivo de que todos los alumnos al final de la educación obligatoria conozcan por lo menos una lengua extranjera; o el Plan Escuela 2.0, boicoteado por algunas CCAA del PP.
PARA QUE GANE LA EDUCACIÓN Los y las socialistas reafirmamos el carácter de servicio público de la educación, considerándola como un servicio esencial, que debe ser asequible a todos, en condiciones de igualdad de oportunidades y adaptado progresivamente a los cambios sociales. Para ello, nos comprometemos a: o Reforzar el sistema educativo público haciendo compatibles la calidad y la excelencia educativa con la cohesión social y la igualdad de oportunidades. o Acordar entre las CCAA un sistema compartido de evaluaciones, un nuevo Programa de Formación Inicial del Profesorado y la consolidación del sistema integrado de Formación Profesional, adoptando criterios concertados de desarrollo de las nuevas previsiones contenidas en la Ley de Economía Sostenible sobre mejor coordinación con el entorno empresarial y laboral de los centros de enseñanza. o Fomentar la transmisión y consolidación de los valores fundamentales de las sociedades democráticas: el respeto de los derechos y los deberes que se derivan de la Constitución, potenciar la libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto de la diversidad y la igualdad. o Respetar el principio de laicidad propio de los servicios públicos en un Estado aconfesional, en el que la enseñanza pública ha de ser un ámbito neutral a toda ideología partidista y/o confesional. o Impulsar la coeducación y el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Desde el PSOE, tanto a nivel autonómico como municipal, nos fijamos los siguientes objetivos: o Garantizar un proceso de escolarización equitativo y transparente. o Continuar con la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años. Ampliar la red de Escuelas Infantiles, en colaboración con Ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de ofrecer a lo largo de la Legislatura una amplia oferta educativa de calidad para los niños y niñas menores de tres años. o Extender progresivamente la dotación de libros de texto al segundo ciclo de la educación infantil y a todo el alumnado de las etapas obligatorias garantizándose, en todo caso, la gratuidad a las familias que no alcancen determinados niveles de renta. o Ampliar la red de comedores escolares y aulas matinales. Poner en marcha programas de actividades en los colegios para las familias que precisen de conciliación durante las vacaciones escolares del alumnado.
o Vencer los obstáculos que impiden que la universalización de la enseñanza hasta los 16 años no sea aprovechada por el 100 por 100 de los ciudadanos. o Combatir el abandono escolar temprano. Luchar contra el fracaso escolar mediante un estudio exhaustivo de las causas del fenómeno, con programas y desarrollos curriculares adaptados a las necesidades del alumnado, y con los apoyos y servicios necesarios. o Avanzar decididamente en la escolarización hasta los 18 años. o Prestar una atención preferencial y diferenciada a los centros sostenidos con fondos públicos que escolaricen a alumnado con necesidades educativas específicas o población escolar en situación de riesgo de exclusión social, dotándoles de los recursos necesarios para garantizar que ese alumnado recibe una educación adecuada a sus especiales necesidades. o Aplicar medidas específicas en la escuela rural para garantizar una educación en igualdad de oportunidades. o Extender a todos los centros sostenidos con fondos públicos los programas de apoyo y refuerzo para el alumnado que lo necesita y los programas de diversificación curricular para quienes tienen dificultades de aprendizaje. o Impulsar las políticas de becas y ayudas para evitar la pérdida de talento por causas socioeconómicas. o Promover el reconocimiento del profesorado. o Trabajar para que el objetivo central del aprendizaje esté basado más en las competencias que en los contenidos. o Incorporar plenamente las nuevas tecnologías a la enseñanza, dotando a los centros de los equipos necesarios y a los docentes de una formación específica en el uso de las TICs para la enseñanza. Extender la Escuela 2.0 a todos los centros y potenciar la formación para evitar y eliminar la brecha digital. o Impulsar los estudios de Danza, Música y Artes Escénicas en coordinación con Cultura. o Intensificar los planes de convivencia implantados en los centros, garantizando que toda la comunidad educativa tenga conocimiento de los mismos, trasladando sus planteamientos a los proyectos educativos y a la vida cotidiana de los centros y procediendo a revisarlos periódicamente para adaptarlos a las nuevas realidades del centro y de la sociedad. o Establecer un protocolo de control en la programación educativa para que todos los centros públicos universitarios y no universitarios de nueva construcción puedan recibir la certificación de edificios sostenibles. o Crear redes de coordinación entre centros y servicios de las áreas de salud y de educación para programar actuaciones conjuntas. o Conseguir un acuerdo del Estado y las CCAA para transformar en profundidad los programas actuales de formación de las personas en situación de desempleo, adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado de trabajo.
o Adoptar un programa conjunto de Estado y CCAA que garantice la existencia de iniciativas específicas de los servicios de empleo para los menores de 25 años que no estudien ni trabajen, y para las personas sin graduado en educación secundaria, que permitan además combinar formación y trabajo. o Consolidar la formación a lo largo de la vida con programas y formación especifica en la Educación de Adultos, Formación Profesional y Universidad en colaboración con Ayuntamientos, entidades sociales y empresas. o Multiplicar la formación ocupacional en sectores con más capacidad de generar puestos de trabajo; en sectores con futuro y en el “empleo verde” (aquellos que reducen la huella ambiental de la actividad económica), como energía, rehabilitación de edificios, transporte, reciclado, agricultura, medio ambiente, entre otros. o Reforzar la oferta de formación orientada al autoempleo. Reforzar los programas de teleformación, especialmente en el mundo rural, vinculados a proyectos de emprendedores. o Generalizar la formación en tecnologías de la información y las comunicaciones en colectivos con riesgo de exclusión digital. o Establecer redes de enseñanzas de formación profesional y enseñanzas universitarias en un mapa de titulaciones integrado que permita la conexión de planes de estudios, la realización de prácticas educativas, el intercambio de profesorado de distintos niveles y el reconocimiento mutuo de estudios universitarios y de formación profesional superior. o Ampliar los convenios con empresas para la realización de prácticas formativas facilitando la investigación e innovación de las empresas en centros de formación profesional y centros universitarios. o Ampliar las ayudas dirigidas a asociaciones estudiantiles y a proyectos de responsabilidad social puestos en marcha por las universidades públicas. o Incrementar la colaboración entre Universidad, Centros Tecnológicos, centros de Formación Profesional y empresas para consolidar líneas punteras de investigación y desarrollo.