PARA QUE GANE UNA GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE Sólo un Gobierno del PSOE podía ser capaz de hacer frente a la mayor crisis económica global por la que hemos atravesado desde principios del S. XX sin poner en riesgo el sistema español de bienestar. La gestión económica del PSOE, allí donde gobierna, se caracteriza por la responsabilidad y la eficacia, sin perder de vista el objetivo central para los hombres y mujeres socialistas: mantener y promover la cohesión social y la igualdad. Las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernados por el PSOE han mantenido niveles más moderados de déficit y deuda, y han aplicado medidas de austeridad y de contención del gasto con un doble criterio: fomentar la transición hacia un modelo productivo de futuro y mantener y mejorar el sistema de bienestar.
Cuando gana y gobierna el PSOE, gana una gestión económica y socialmente responsable. Cuando gana y gobierna el PP, aparecen la deuda, el despilfarro y el tijeretazo en las políticas sociales. El Partido Popular presume de gestión eficaz, pero los hechos demuestran lo contrario. Las ciudades y CCAA más endeudadas de España son las gobernadas por el PP; ejemplos paradigmáticos son la ciudad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Y cuando se ha impuesto la necesidad de reducir el déficit, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernados por el PP han emprendido un recorte masivo y generalizado de los servicios sociales básicos.
NO DA IGUAL (Cómo gestionan PSOE y PP los dineros públicos) Para reducir el déficit público, los Gobiernos autonómicos del PSOE han optado por acortar los sueldos de altos cargos, suprimir Consejerías y Entes Públicos y recortar gastos corrientes, todo con el objetivo de mantener las políticas sociales y “blindar” el Estado del Bienestar. Castilla‐La Mancha ha puesto en marcha el Plan de Austeridad y control del gasto, que contempla, entre otras medidas, la reducción del número de Consejerías (de 14 a 7) y que sitúa a este Gobierno autonómico como el que menos consejerías tiene (menos incluso que Melilla) y la reducción de entes públicos (fundaciones, consorcios, empresas públicas y organismos autónomos) que pasan de 93 a 40. El Gobierno castellano‐manchego también ha acometido la reducción de un 10% del gasto corriente, lo cual ha supuesto un ahorro de 100 millones de euros. Este Gobierno no ha tocado el gasto en políticas sociales, como educación y sanidad, ni tampoco el Servicio Público de Empleo. En 2011, el Gobierno de Barreda invierte en sanidad un 14% más que al comienzo de esta Legislatura, la consecuencia es que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Castilla‐La Mancha en el grupo de cabeza (3ª) de las CCAA con un sistema sanitario mejor. En paralelo, Castilla‐La Mancha es la segunda comunidad en gasto educativo en relación a su PIB (5,58%). La región que tiene el gasto en educación más alto en relación a su PIB (5,8%) es Extremadura. El Gobierno de Aragón ha congelado los sueldos de sus integrantes, altos cargos y directivos de las empresas públicas autonómicas. Mientras, esta región ha seguido manteniéndose por encima de la media nacional en gasto sanitario por habitante y situándose entre las CCAA con mejores servicios sanitarios, a juicio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Las medidas de contención del gasto adoptadas por el Gobierno de Cantabria comprenden una reducción del salario de todos los altos cargos, en un 15%, y la aprobación de un Plan de Reequilibrio Financiero para 2010 y 2011, con un paquete de medidas de ahorro del gasto no productivo que alcanzará los 60 millones de euros. Mientras, Cantabria sigue dedicando a la sanidad pública más dinero por habitante que otras CCAA más “ricas”, como Madrid y la Comunidad
Valenciana, y sigue dedicando a la educación no universitaria uno de los niveles de gasto por alumno más altos de España. También el Gobierno de Asturias ha congelado los salarios de los altos cargos de la Administración autonómica y ha adoptado medidas de reducción de gastos corrientes (de un 25% en transferencias corrientes, excepto las ligadas a ingresos y a servicios públicos fundamentales). Asturias es la segunda comunidad con mejores servicios sanitarios de todo el Estado, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Además, la mayoría de las CCAA gobernadas o cogobernadas por el PSOE han optado por modificar los impuestos para hacerlos más progresivos y han incorporado la “fiscalidad verde”. El objetivo es que paguen más quienes más tengan y quienes más contaminen. En Asturias y Extremadura se ha establecido una subida de impuestos a las rentas más altas: a partir de 100.000 euros, en Asturias, y 60.000, en Extremadura. La “fiscalidad verde” se ha incorporado en Asturias, Baleares y Castilla‐La mancha, que ha aumentado los impuestos a las nucleares y a las eólicas. La Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza de las CCAA con mayor ratio de deuda pública respecto al PIB: el 17,2 % (cuarto trimestre de 2010, último dato disponible). La deuda del gobierno de Camps se sitúa 6,3 puntos por encima del promedio nacional y representa el 15,5% de toda la deuda autonómica española. En 1995, cuando el PP llegó al gobierno valenciano, la deuda autonómica apenas superaba el 10% (un porcentaje equivalente a la participación de la Comunidad Valenciana en el PIB español –entre el 9,5 y el 10%, a lo largo de este período). El déficit presupuestario de 2009 (último fiscalizado por la Sindicatura de Cuentas) es negativo en 1.965,7 M€. A causa de la elevada deuda, los gastos financieros han crecido entre 2008 y 2009 un 46,9 %, llegando a un total de 511,7 M€. De los 1.715,8 millones de euros que suponían los planes que anunció el gobierno de Camps en 2009 (Plan Confianza, Plan de Empleo y Plan de Apoyo a los Sectores Productivos) sólo se gastaron 343,3 millones de euros, lo que supone un 20% de lo anunciado. Y en medio de este caos económico, encima el gobierno de Camps acumula despilfarro tras despilfarro de dinero público: un aeropuerto que se abre en Castellón sin previsión de uso por aviones… Más de 5 millones de euros pagados al
arquitecto Santiago Calatrava por dos macroproyectos que no se han hecho realidad… 19 millones de euros de “gastos de carácter excepcional” sin justificar en la organización del Gran Premio de Fórmula 1… Un sobrecoste de 600 millones de euros en la Ciudad de las Ciencias de Valencia, también sin justificar aún… El derroche y el despilfarro del gobierno de Murcia han llevado a esta comunidad autónoma a ser considerada una de las dos regiones de mayor riesgo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera debido al déficit de 2010 y, encima, el Presupuesto para 2011 ya nació con un agujero reconocido de 211 millones de euros que no se van a ingresar. Desde 2008, la caída de la inversión en obra pública del gobierno de Murcia ha sido imparable y alcanza los 800 millones de euros. Este hundimiento de la inversión ha supuesto 25.000 empleos menos y el cierre de cientos de empresas de la construcción. La deuda de la administración autonómica a sus proveedores ascenderá pronto a más de 2.000 millones de euros. El gobierno regional está hundiendo a estas empresas a las que tarda en pagarles hasta 700 días. Y a la hora de tratar de contener el gasto y poner algo de orden en su caos económico, los gobiernos del PP dónde han ido con la tijera es a recortar los gastos de la sanidad y la educación públicas, con recortes tan severos que están colocando a regiones como la Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia a la cola de las prestaciones sanitarias y del gasto educativo. Pese a que la deuda de la sanidad de Murcia se ha duplicado en un año y el déficit sanitario asciende en esta región a más de 800 millones de euros, el gobierno del PP de esta comunidad ha recortado el presupuesto de sanidad para este año un 6,44% y el de educación y formación un 6% Madrid es la tercera comunidad que menos dinero por habitante destina a la sanidad (1.113 euros), muy por debajo de la media nacional (1.318 euros). Esta es la consecuencia de que, en 2010, el gobierno de Esperanza Aguirre recortara el gasto sanitario en 175 millones y que también en 2011 haya reducido la aportación a la sanidad pública, aunque ha incrementado la aportación a la privada y externalizada (un 5,7%). La privatización de servicios de asistencia sanitaria alcanza ya en la Comunidad de Madrid el 23,2% del gasto sanitario total. En paralelo, en 2011, Esperanza Aguirre ha recortado un 7% su aportación a los centros públicos de educación, mientras los centros concertados aumentan su presupuesto un 0,7 %. Madrid es la comunidad con menor gasto en educación en relación a su PIB, el 2,46%, y la penúltima en gasto educativo por alumno.
En Canarias, los recortes presupuestarios de 2011 han afectado sobre todo a los presupuestos de sanidad, que han sufrido una rebaja de más de 300 millones de euros, que, sumada a anteriores recortes, está provocando un fuerte deterioro del sistema sanitario público de las islas. La Comunidad Valenciana es una de las CCAA que menos invierte en sanidad por habitante, un 17,8% menos que el promedio nacional. La mala gestión en materia sanitaria del gobierno de Camps consigue, además, un elevado gasto en medicamentos en la región por la escasa implantación de los genéricos. El PP presume de bajadas de impuestos y promete más… Es cierto que sus gobiernos suelen mantener un IRPF por debajo de la media, pero sin embargo suben tasas por prestación de servicios básicos. El gobierno de Murcia ha subido el “céntimo sanitario”, las tasas para estudiantes y el canon de saneamiento. El gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene un IRPF por debajo de la media nacional y ha rebajado la fiscalidad para los premios de juegos, a cambio ha aprobado una deducción en el tramo autonómico del IRPF de los gastos escolares de la enseñanza privada, un “regalo fiscal” para la enseñanza privada que cuesta 100 millones de euros a todos los contribuyentes. El Ayuntamiento de Madrid es el consistorio más endeudado de España. En 2010, la deuda total de este Ayuntamiento rebasó los 7.145 M€, cifra que por sí sola representa el 25% de la deuda de los 8.114 consistorios españoles y que multiplica por 5,4 la deuda total del Ayuntamiento de Barcelona. La deuda de Ruiz Gallardón –de la que él mismo ha declarado sentirse “orgulloso”‐ es superior a la de 13 comunidades autónomas, según datos del Banco de España. El crecimiento del gasto corriente no productivo durante el mandato de Ruiz Gallardón ha sido de un 113%. Ahí están por ejemplo los 500 millones de euros que el Ayuntamiento de Madrid lleva ya gastados en su nueva sede, mientras se ha producido la reducción o supresión de servicios sociales, como la ayuda a domicilio, las subvenciones a la cooperación y el desarrollo, la reducción de las políticas de empleo, las becas a escolares… Sin embargo, el esfuerzo fiscal de los madrileños ha aumentado un 87,7% desde que Ruiz Gallardón es alcalde, mientras que en Barcelona ha disminuido un 4,9 %.
¿QUÉ PROMETE EL PP? El Partido Popular, en su Programa Marco Autonómico, propone un marco de estabilidad presupuestaria que obligue a todas las Administraciones Públicas acentuando el mercado único con propuestas que despuntan una recentralización competencial. Las propuestas del PP en materia de estabilidad presupuestaria van en la dirección de limitar el techo de gasto y endeudamiento, que es el discurso de Rajoy desde hace ya varios meses. No obstante, esto contrasta con el comportamiento de algunas de sus Comunidades Autónomas, como por ejemplo Murcia, que además de desviarse notablemente del objetivo de déficit marcado para 2010, ha presentado mociones en su Parlamento apuntando en un sentido contrario al del límite de gasto… El PP también propone eliminar todos aquellos organismos autonómicos que no sean efectivos y/o supongan duplicidades respecto a organismos estatales, así como racionalizar los gastos corrientes. Cabe preguntarse qué ha impedido a las CCAA del PP llevar a cabo estas medidas hasta este momento, teniendo en cuenta la etapa de crisis que hemos atravesado y las exigencias de control de déficit de los últimos tiempos. ¿Por qué Murcia, con un problema muy serio de déficit, en lo más crudo de la crisis, entre 2009 y 2010, no sólo no eliminó organismos autonómicos sino que los aumentó de 70 a 108? Asimismo, los populares dicen que propondrán un nuevo modelo de financiación para que las Comunidades Autónomas puedan garantizar los servicios públicos que les corresponde ofrecer a los ciudadanos, aunque no dicen en qué consiste dicho modelo. Hay que recordar que el nuevo modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009, no tuvo ningún voto en contra por parte de ninguna Comunidad Autónoma, por lo que no es comprensible que un modelo con el que no se estaba en desacuerdo vaya a ser de nuevo modificado. Además, el modelo de financiación autonómica vigente ha supuesto más ingresos para todas las Comunidades Autónomas respecto al modelo anterior, aprobado durante el Gobierno del PP, pero esto no se ha traducido en una mejor prestación de servicios públicos en lo que se refiere a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP; sirva de ejemplo el desarrollo de la Ley de Dependencia en territorios como Madrid o Comunidad Valenciana…
PARA QUE GANE UNA GESTIÓN ECONÓMICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE Para el PSOE, el Estado de las Autonomías es un valor positivo y un potencial instrumento eficaz en la recuperación de la crisis y en la consecución de los objetivos de austeridad y mejora de la eficacia del gasto, si se optimizan los recursos disponibles, se mejora la coordinación y se racionaliza el funcionamiento de las Administraciones. Para ello, el PSOE propone diferentes medidas: o Fijación por ley de cada Comunidad Autónoma del techo de gasto correspondiente a cada ejercicio. o Racionalización del sector público regional, reduciendo consejerías y altos cargos y reduciendo gastos corrientes superfluos o redundantes cuando proceda. o Establecimiento de criterios comunes para el cumplimiento de la ley de publicidad institucional y recorte del gasto y de los créditos destinados a la misma. o Mejora o introducción de mecanismos de control y transparencia del gasto. o Armonización concertada de las clausulas de contratación y concierto de servicios públicos. o Impulso a la contratación conjunta de servicios por parte de las administraciones, como medida de mejora de costes. o Puesta en común de plazas en servicios sociales determinados. o Consorcios interautonómicos de servicios. o Promoción de la cooperación entre organismos análogos hoy existentes en cada Comunidad Autónoma, como las agencias de evaluación y acreditación educativa y universitaria, los servicios de investigación agraria, de energía, de formación de la Administración Pública… o Priorización de la financiación de infraestructuras y servicios comunes para las administraciones educativas. o Concertación en la planificación, la ejecución y la gestión de grandes infraestructuras de transportes, con el objetivo de maximizar la eficiencia de la inversión pública. o Introducción de mecanismos que garanticen y aceleren los pagos a proveedores. o Impulso decidido de la lucha contra el fraude fiscal y en el acceso a los servicios y prestaciones públicas, mediante acuerdos entre las administraciones. o Compromiso de impulsar un proceso de reordenación de la administración local en cada Comunidad Autónoma, en torno a los siguientes ejes:
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Incentivos concentrados en la contratación y gestión conjunta de servicios por parte de grupos de municipios. Impulso de la concertación de servicios entre municipios y de los medios de movilidad y acceso a los servicios por parte de los ciudadanos. Atribución de la gestión de competencias municipales a las entidades supramunicipales, bajo la autoridad de los municipios correspondientes.