PARA QUE GANE EL URBANISMO SOSTENIBLE El PSOE defiende un nuevo modelo de urbanismo, sostenible y responsable, al servicio de los ciudadanos; un urbanismo que respeta el medio ambiente y, sobre todo, alejado de ese otro urbanismo salvaje que creció en nuestras ciudades y pueblos al calor de la burbuja inmobiliaria que infló el Gobierno del Partido Popular y que presentó como su “milagro económico”. Los hombres y mujeres socialistas apostamos por un urbanismo que prioriza la rehabilitación y la eficiencia energética de las viviendas, que presta una atención especial a la vivienda protegida, que humaniza los barrios y promueve la convivencia. Para el PSOE, el urbanismo es una herramienta de desarrollo económico y de creación de empleo; una herramienta de ordenación territorial para integrar viviendas y servicios disminuyendo los desplazamientos y el consumo energético; una herramienta de cohesión social para mejorar la calidad de vida de los barrios dotándolos de equipamientos y buenos servicios, con entornos y viviendas accesibles para las personas que tienen reducida su movilidad, con zonas verdes y lugares de ocio que generen espacios de convivencia y relación social y evite la creación de guetos. Por ello, trabajamos para incorporar en la planificación urbanística elementos de carácter social, medioambiental, económico, demográfico, de género, de movilidad… Los y las socialistas hemos impulsado, desde el Gobierno central y desde los gobiernos autonómicos y locales, una amplia batería de medidas y acciones dirigidas a poner fin a las actuaciones urbanísticas realizadas con fines especulativos, y a establecer las bases para un desarrollo equilibrado de nuestras pueblos y ciudades, que permita a la ciudadanía acceder a una vivienda asequible y de calidad en el marco de un urbanismo sostenible. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ha aprobado una Ley del Suelo que ha puesto coto a los desmanes urbanísticos y medioambientales propiciados en la etapa de Gobierno del PP con su particular Ley del Suelo del “todo urbanizable”. El Gobierno socialista también ha creado una Fiscalía especial para delitos ecológicos y urbanísticos. Hemos puesto en marcha un Plan Estatal de Vivienda (2009‐2012) que por primera vez contempla como objetivos prioritarios la rehabilitación y la adaptación de edificios y viviendas a personas con problemas de movilidad, y que ha permitido que las ayudas estatales llegaran durante 2009 a 183.000 hogares, a través de los convenios suscritos con las CCAA.
Hemos desarrollado un nuevo marco legal para el alquiler y la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Hemos promovido la Sociedad Pública de Alquiler (ha cerrado 2010 con un alza en el nº de contratos del 46%) que ha creado un nuevo marco de relación entre arrendadores y arrendatarios poniendo freno a los abusos y al alza injustificada de precios. Hemos creado la Renta Básica de Emancipación, que ha ayudado ya a cerca de 300.000 jóvenes a costear el alquiler de su primera vivienda y con ello a emanciparse. Hemos favorecido el crecimiento de las viviendas protegidas y creado mecanismos para que cualquier persona o entidad que haya adquirido viviendas libres con licencia de obras previa al 1 de septiembre de 2009 pueda solicitar su calificación de esas viviendas como protegidas, para compra y alquiler, si dichas viviendas se adaptan a los requisitos establecidos. Hemos puesto en marcha una línea de cobertura de crédito para vivienda protegida que supone que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda, asume el riesgo de cada nueva hipoteca que se conceda para vivienda protegida de nueva construcción o por reconversión del excedente de viviendas libres. La medida está facilitando la concesión de hipotecas a 100.000 familias con un volumen total de préstamos concedidos de 12.000 M€. El gobierno del PP dejó constancia de que este partido contempla la vivienda como una oportunidad de negocio para especuladores y no como un derecho de las personas. Cuando el PP llegó al Gobierno, en 1996, 1 de cada 3 viviendas que se construían en España era de protección oficial; cuando el PP dejó el Gobierno, sólo 1 de cada 10 viviendas era protegida. Su Ley del Suelo fomentó la especulación y el aumento desorbitado de los precios de la vivienda. En el periodo 1998‐2005, el incremento acumulado del precio de la vivienda libre fue de un 150% y el del suelo urbano de prácticamente un 500%.
Cuando gana y gobierna el PSOE, gana un urbanismo sostenible. Cuando gana y gobierna el PP, ganan los especuladores.
NO DA IGUAL (Cómo gestionan PSOE y PP el urbanismo y la vivienda) El Ministerio de Vivienda ha concedido a Fuenlabrada el Premio Nacional de Urbanismo por su Plan General de Ordenación Urbana. El sistema de gestión de suelo público en esta localidad madrileña permite, a través de un sistema de expropiación convenido con los propietarios, una mayor redistribución de los recursos y que las plusvalías reviertan en la propia ciudad. La administración es quien adquiere el suelo para, posteriormente, urbanizarlo y adjudicarlo por concurso público. Así se consigue abaratar los precios y se garantiza una urbanización de calidad que contempla los equipamientos y las zonas verdes necesarias. El PGOU de Fuenlabrada compatibiliza el uso residencial con la creación de empleo, lo que hace que el municipio albergue al 25% de la pequeña y mediana empresa de Madrid. Este dato conlleva que en los últimos años haya aumentado en más de 10 puntos el número de fuenlabradeños que trabajan en la ciudad, sin desplazarse a otros lugares de la región. Desde 2007, la Comunidad de Madrid actúa de forma insumisa frente a la Ley del Suelo del Gobierno de Rodríguez Zapatero. La ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La inversión en obra pública ha caído, en 2011, un 40% en la comunidad de Murcia. Esta caída viene produciéndose desde 2008, provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo. El gobierno regional de Murcia, del PP, acumula varios episodios urbanísticos polémicos: Puerto Mayor. La historia de Puerto Mayor arranca en 1975, cuando el Gobierno de Franco dio una concesión al empresario Tomás Maestre para construir un puerto en el Mediterráneo con 1.000 puntos de amarre. Aquello no se hizo, y el permiso caducó en 1988. Valcárcel (cuyo amigo y mano derecha, Antonio Sánchez Carrillo, estaba entonces en el Consejo de Administración de la empresa concesionaria), autorizó un macro‐proyecto que “ganaba” terreno al mar (una ocupación indebida de la zona de dominio público marítimo‐terrestre, según el Abogado del Estado), 70 hectáreas de rellenos para construir edificios, que harían
desaparecer una de las mejores calas de La Manga. En julio de 2005, la Justicia paralizó, a instancias del Ministerio de Medio Ambiente, los trabajos que ya se habían empezado a hacer en Puerto Mayor. Después de cinco años de litigios, hoy el proyecto sigue paralizado por los Tribunales de Justicia. Urbanización de alto standing en el Mar Menor. Valcárcel presentó el proyecto en 2003, que ocupa 5.700.000 metros cuadrados en el entorno de San Ginés de la Jara, en el Mar Menor. Junto a él existía otro proyecto, “Lo Poyo”, cuyos propietarios resultaron implicados en el Caso Malaya, tras lo cual Valcárcel cortó por lo sano y dijo que el proyecto no se haría. En 2007, y sin licencia, las viviendas de Novo Carthago se pusieron a la venta. Actualmente el proyecto no parece viable económicamente para la empresa promotora, pues la Unión Europea le obliga a restaurar el humedal de Lo Poyo y a descontaminar la zona en la que irían las edificaciones. Macroproyecto turístico de MARINA DE COPE. El proyecto se dio a conocer hace 9 años. Preveía la construcción de 9.000 viviendas, 20 hoteles, 9 campos de golf y un puerto interior en la costa virgen de Lorca y Águilas, en un espacio de 21 millones de metros cuadrados. Para ello el Gobierno de Valcárcel “tuvo” que desproteger una buena porción de espacios protegidos que formaban parte del proyecto. Ello dio lugar a que el proyecto se estancase en los Tribunales, y es difícil que llegue a término tal como se diseñó. En Valladolid, el PGOU publicado en el BOE es distinto del aprobado por el Pleno en 2003. El documento fue manipulado entre su aprobación y su publicación, con alteraciones de edificabilidad. El cambio en algunas condiciones de edificación ha permitido llevar a cabo operaciones polémicas. El Ayuntamiento de Valladolid, además, debe dar cumplimiento a las reiteradas sentencias urbanísticas condenatorias que viene cosechando en los últimos años. Aún no se sabe cómo se dará cumplimiento a la sentencia sobre la rehabilitación del edificio de Caja Duero, que reconocía un exceso de edificabilidad en mayo de 2008, ni en qué quedará la orden de derribo dictada contra el edificio de oficinas de Juan de Austria firmada por un juez, con un plazo de 30 días, allá por marzo de 2009, a pesar de que en ambos casos, el alcalde declaró que “cumpliría” y “acataría” las sentencias. El equipo de Gobierno del PP de Guadalajara ha vulnerado la ley, de forma reiterada, en el procedimiento para construir un aparcamiento subterráneo en la Plaza Mayor. El expediente del aparcamiento carece de los informes legales, es
contrario a los informes técnicos y establece precios escandalosos que sólo buscan beneficiar al promotor. El Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un plan dinamizador de la vivienda, con el objetivo de reducir el precio de la vivienda libre mediante la declaración de las viviendas como garantizadas. Desde 1999, el gobierno aragonés ha contribuido a crear un parque de vivienda protegida aproximadamente para 20.000 familias. El Gobierno de Baleares ha superado en un 141% los compromisos adquiridos al inicio de la Legislatura en materia de vivienda; prometió 20.000 actuaciones y ha acometido 26.848 actuaciones. El gobierno balear ha adquirido suelo público para 4.689 viviendas, cuando anteriormente no había un solo metro de suelo público. Más de 12.000 familias de las islas han recibido ayuda para adquirir vivienda. El Gobierno de Castilla‐La Mancha firmó, en mayo de 2008, un Pacto por la Vivienda, con agentes sociales, empresarios e instituciones de la región para impulsar un conjunto de medidas con las que hacer efectivo el derecho a una vivienda digna en la comunidad. El Gobierno de Extremadura ha financiado más de 35.000 actuaciones en materia de vivienda en esta Legislatura. En Albacete se ha impulsado una política de vivienda protegida y vivienda en alquiler, enmarcada dentro del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación, a través del V Plan de Vivienda y rehabilitación de Castilla ‐La Mancha 2009‐2012, que cuenta con 2.640 viviendas ejecutadas o en ejecución con algún grado de protección. En San Sebastián, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana posibilita un mínimo de 18.220 viviendas y alojamientos rotacionales, de los cuales 11.471 son de protección pública. El Ayuntamiento de Zaragoza ha trabajado para llevar adelante la urbanización de Arcosur, que cuenta con 12.600 viviendas protegidas. Además, entre 2007 y 2010, el Ayuntamiento ha adjudicado suelo para la construcción de otras cerca de 5.000 VPO más. El Ayuntamiento de Vitoria ha realizado el sorteo de más de 4.500 viviendas de protección oficial. En Fuenlabrada, se ha aprobado una normativa que permite reconvertir vivienda libre en vivienda protegida. Con ello, se ha favorecido la reactivación del mercado de vivienda, haciéndola al mismo tiempo más asequible para los ciudadanos. En Zaragoza se ha dado un impulso a la rehabilitación de viviendas mediante la aprobación de una nueva ordenanza. Más de 4.000 personas se han beneficiado de
las ayudas para rehabilitar su casa en el último año. En Jaén, se han invertido más de 12 millones de euros en distintos programas de rehabilitación de vivienda del casco antiguo, que estaba carente de inversiones y falto de atención. Se han arreglado, gracias a estas medidas, unas 297 viviendas en los últimos tres años y se ha actuado en materia de eliminación de infravivienda. En San Sebastián, el 50 % de las viviendas de protección oficial y alojamientos dotacionales se promocionan en alquiler entre el Ayuntamiento y el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. Supone del orden de 5.000 viviendas en alquiler. En Zaragoza, en 2010, la sociedad municipal ha finalizado la construcción de 455 viviendas destinadas al alquiler y tiene en ejecución otras 225. El precio medio del alquiler mensual que cobra en los más de 2.000 pisos protegidos que gestiona es de 137 euros al mes. En Fuenlabrada, se ha creado el Servicio Bolsa de Vivienda Joven que asesora y gestiona alquileres o ventas de pisos particulares, a precios asequibles, y se ha promovido la construcción de 300 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes cuyos niveles de renta no permiten acceder a otro tipo de vivienda. El Plan de Vivienda 2009‐2012 del Gobierno de la Comunidad de Madrid llegó con seis meses de retraso y sin incluir ni objetivos, ni medios de financiación, ni nuevas fórmulas para favorecer el acceso a una vivienda. Para lo único que ha servido este plan es para favorecer a los promotores para sacar al mercado las viviendas que no han encontrado comprador por la crisis en el sector inmobiliario. En la pasada Legislatura, Esperanza Aguirre prometió 79.000 viviendas de alquiler con opción a compra, destinadas fundamentalmente a jóvenes, pero incumplió su compromiso. Para esta Legislatura, Aguirre se comprometió a llegar a las 150.000. Después de 8 años, las viviendas entregadas no llegan ni a 5.000. En la Comunidad de Madrid siguen existiendo 180.000 infraviviendas. Esta comunidad, además, sigue siendo la única región de nuestro entorno europeo donde el parque público de vivienda en alquiler a penas representa el 1%. En otras regiones de Europa este porcentaje alcanza el 40%. El Plan Regional de Vivienda 2009‐2012 de la comunidad de Murcia, para el que prometieron 140 M€, ha sido un auténtico engaño. En tres años de vigencia, contando con lo presupuestado para 2011, sólo hay 3,9 M€ de presupuesto, reduciendo a la mitad, para 2011, las escasas ayudas del Gobierno regional en materia de vivienda.
El Gobierno de Castilla y León tiene paralizado el plan de construcción de 24.000 viviendas protegidas, puesto que está pendiente de liberar 3 millones de m2 de suelo en 16 áreas de toda la región En Ciudad Real, el gobierno del PP ha incumplido sus promesas electorales en materia de Vivienda: no ha construido las 6.000 viviendas de protección pública prometidas, ni creado un Servicio de Alquiler Municipal. Tampoco ha promovido viviendas de alquiler para jóvenes, ni ofrecido ayudas a fondo perdido para favorecer el acceso de jóvenes a viviendas de alquiler. En Alicante, el gobierno municipal del PP mantiene bloqueadas desde 2007 la construcción de 110 VPO en la playa de San Juan, así como las 50 VPO prometidas en el barrio de Benalúa. También el Ayuntamiento de Málaga ha venido reduciendo, año tras año, los presupuestos dedicados a Vivienda de Protección Oficial y ha creado un Instituto Municipal de la Vivienda, cuyo objetivo real no es potenciar este sector, sino disfrazar el endeudamiento del Ayuntamiento al asumir la deuda histórica existente en el área. Los gobiernos del PP han recortado de forma drástica los planes de ayuda para el acceso a la vivienda joven. En Alcalá de Henares, sólo el 1,5 % de los alcalaínos que solicitaron estas ayudas han conseguido finalmente tener acceso a las mismas. En el Ayuntamiento de Madrid, el balance del Plan Alquila, que había prometido construir 4.000 viviendas de alquiler para jóvenes en la presente Legislatura, no puede ser peor: sólo se han entregado 33 viviendas y se ha iniciado la construcción de 75; es decir, un incumplimiento del 98,1%.
¿QUÉ PROMETE EL PP? El PP promete en su Programa Marco Autonómico todo aquello que sistemáticamente incumple en sus gobiernos autonómicos y municipales… y sus propuestas en materia de Urbanismo y Vivienda no son una excepción. Dicen querer dotar de “total transparencia” la normativa urbanística, cuando eluden dar cuenta de sus actuaciones urbanísticas más dudosas, y manipulan a su antojo las normativas. Como en el caso del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, que fue manipulado entre su aprobación y su publicación, con alteraciones de edificabilidad que han permitido llevar a cabo operaciones urbanísticas polémicas. Expresan su deseo de “promover la vivienda pública de alquiler”, cuando incumplen todas sus promesas electorales en este sentido. Ahí está el “Plan Alquila” del Ayuntamiento de Madrid, que sólo ha ejecutado 33 viviendas de las 4.000 prometidas. En cuanto a su compromiso de “elaborar un Código Técnico de la Urbanización Sostenible que implante en los nuevos desarrollos urbanos las mejores prácticas medioambientales”, podrían simplemente empezar por haber apoyado el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética y aplicar el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), elaborado y aprobado por el Gobierno socialista en 2006 y pionero en lo que a sostenibilidad medioambiental se refiere. El CTE incluye entre sus objetivos la búsqueda de la eficiencia energética (paneles solares, aislamientos térmicos, orientación de la vivienda para aprovechar la luz solar...), mediante el ahorro de energía y la disminución de la contaminación.
PARA QUE GANE EL URBANISMO SOSTENIBLE Desde el Partido Socialista, proponemos: Rehabilitación o Construir sólo lo necesario y preferentemente rehabilitar lo construido. o Elaborar un censo de viviendas susceptibles de ser rehabilitadas, estableciendo las prioridades de actuación y facilitando los posibles medios y recursos de las administraciones que hagan viable su renovación. o Facilitar, a través de bonificaciones en el IBI, la rehabilitación y la mejora de edificios de más de 50 años de antigüedad, en las que se acometan obras de rehabilitación que conlleven mejoras en el acceso y en la eficiencia energética y/o hídrica. Estas bonificaciones se aplicarán a los propietarios que no dispongan de la renta ni patrimonio suficiente. o Promover la instalación de ascensores en fincas antiguas, especialmente en aquellas con vecinos de escasos recursos. o Promover, cuando sea posible, la demolición de las infraviviendas y la construcción de nuevos edificios de calidad, evitando el desarraigo de muchas personas que llevan toda su vida residiendo en el mismo barrio. o Agilizar los trámites para la concesión de las licencias para las obras de rehabilitación y renovación de viviendas, edificios y barrios. o Fomentar la seguridad y aislamiento de los edificios, especialmente la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros. o Implantar, de manera progresiva y ordenada en función de su antigüedad, la ITE (Inspección Técnica de Edificios) para aquellos edificios de uso residencial que tengan más de 40 años (contados a partir de su terminación o de su completa rehabilitación), que contemple una periodicidad mínima que no supere los 15 años, y que incluya la certificación de la eficiencia energética de las viviendas. o Formular una estrategia global municipal, ya sea a través del planeamiento urbanístico o de un instrumento específico de regeneración urbana integrada, que articule actuaciones de conservación, mejora, rehabilitación, renovación o sustitución de edificios de viviendas, con la mejora de la urbanización de los espacios públicos y/o de los equipamientos, y que contemple medidas sociales, ambientales y económicas sobre el municipio. o Los ayuntamientos establecerán fórmulas convenidas, para la gestión y financiación de las actuaciones de rehabilitación y de regeneración urbana, entre diferentes Administraciones Públicas y demás agentes implicados en los procesos de rehabilitación y regeneración urbana.
o Desde los municipios se promoverá la convocatoria para la selección, por parte de la Administración General del Estado, de actuaciones de regeneración urbana integrada, en cuya ejecución participará junto a las administraciones locales y cuantas quieran sumarse, al objeto de incentivar la sostenibilidad ambiental, la actividad económica y la cohesión social y territorial. Alquiler o Impulsar la vivienda protegida, especialmente en suelo público, de la que la mayor parte irá destinada al alquiler, priorizando el acceso a estas viviendas a los jóvenes y mayores. o Impulsar programas de permuta para promover viviendas protegidas garantizando el acceso a la vivienda a los ciudadanos con alguna discapacidad o a las personas con dificultades en la movilidad que residen en viviendas o edificios inaccesibles y que por ser propietarios de una vivienda, no pueden optar a una vivienda protegida accesible. Las viviendas que no garantizan la accesibilidad, podrían ser ofrecidas en alquiler a jóvenes que necesitan emanciparse y no encuentran una vivienda asequible. o Promocionar el alquiler con opción a compra para que las familias con dificultades de acceso a crédito puedan cumplir su anhelo en un futuro inmediato. Vivienda nueva o Proponer que ningún ciudadano o ciudadana, que teniendo derecho al acceso a una Vivienda de Protección Oficial, tenga que renunciar a la misma por encontrarse en paro. Para ello, promoveremos que a aquellos adjudicatarios que entrasen en situación de desempleo, se les garantice el mantenimiento del derecho a acceder a una vivienda protegida, ofreciendo la posibilidad de acceder en un momento posterior a otra vivienda de la misma Oferta Pública, o a una vivienda pública en alquiler. o Los ayuntamientos contribuirán a la promoción de nuevas viviendas protegidas facilitando la absorción del excedente de vivienda existente. Para ello, se incentivará la conversión de estas viviendas en protegidas, según lo establecido en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. A tal fin, se suscribirán acuerdos con aquellos promotores que estén dispuestos a transformar su stock de vivienda en vivienda protegida, para ofrecerles compradores o inquilinos, según sean en venta o en alquiler, de entre los demandantes de vivienda que estén inscritos en los registros públicos de demandantes. o Destinar suelo público a la promoción de viviendas protegidas, especialmente dirigidas a aquellas personas que ganen menos de 33.000 euros anuales (4,5 veces el iprem).
o Situar las promociones de vivienda protegida tanto en zonas de expansión urbana, como en barrios consolidados y también en suelos de alto valor económico, con el objeto de evitar la creación de guetos y favorecer la integración de colectivos con riesgo de exclusión social. o Impulsar procesos de realojamiento de familias afectadas por expedientes de expropiación forzosa, para garantizar a las personas afectadas el acceso a una nueva vivienda evitando situaciones de posible exclusión social. o Adoptar desde una perspectiva integral la mejora urbana en barrios degradados que abarque la vertiente urbanística, el acceso a la vivienda, la mejora del espacio público, y también actuaciones de carácter social, como la mejora de la ocupación y formación de sus habitantes, y la creación de equipamientos públicos. o Promover la movilización del parque de viviendas vacías mediante fórmulas que garanticen a los propietarios que se decidan a alquilarlas, a través, entre otras actuaciones, de la creación de servicios municipales de alquiler. o Erradicar el chabolismo programando actuaciones de realojo bajo el principio de normalización, solidaridad y equilibrio territorial. o Promover la elaboración de Planes de Seguridad y Accesibilidad en las viviendas, dirigidos a mejorar elementos constructivos concretos del parque edificado para hacer más seguras y accesibles las viviendas ante su uso normal. o En cumplimiento de nuestro compromiso con el buen gobierno y la transparencia, nos comprometemos a trabajar de forma decidida en el control del fraude en la venta y en el uso de las viviendas de protección realizadas o promovidas a nivel municipal, impulsando, entre otras actuaciones, la creación de Registros de Demandantes, realizando un exhaustivo control de los peticionarios que acceden a él; y ejercitando, cuando proceda, el derecho de tanteo y retracto. o Fomentar la calidad en la edificación e incentivar la Eficiencia Energética., en cumplimiento del Código Técnico de Edificación, en especial en la vivienda protegida, con la elaboración de ordenanzas municipales que lo complementen con el objetivo de apoyar la construcción de viviendas y barrios sostenibles. o Apoyar el acceso de los jóvenes a la vivienda: promoviendo planes de recuperación de viviendas deshabitadas para ofrecerlas en alquiler a jóvenes; creando una reserva de viviendas protegidas a jóvenes con cargas familiares; impulsando planes para incentivar fiscalmente el alquiler a los jóvenes y a los propietario; apoyando un plan incentivador de hipoteca joven y desarrollando planes y programas de Convivencia Intergeneracional.