- Síntesis

Cuadro 1

América Latina y el Caribe: estimaciones y escenarios de crecimiento, igualdad y sostenibilidad ecológica y ambiental, 2030

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Nota: Para el cálculo del cociente de elasticidades de la brecha externa se asume un crecimiento del resto del mundo del 2,8%. Se incluyen dos escenarios de crecimiento: uno alto, del 4,0% anual, y uno medio, del 2,5% anual. El escenario sin transferencias supone una caída tendencial del coeficiente de Gini del 0,8% al año.

En la última columna del cuadro 1 se muestra el cociente entre las elasticidades ingreso de las exportaciones y las importaciones, necesario para alcanzar las tasas de crecimiento del 4,0% y el 2,5% con equilibrio externo, si el mundo creciera a la tasa tendencial del 2,8%. Los cocientes estimados deben compararse con los observados en las distintas subregiones de América Latina y el Caribe. Los resultados del ejercicio son los siguientes:

• A fin de alcanzar las metas de reducción de la pobreza, es preciso combinar tasas elevadas de crecimiento del PIB con transferencias crecientes (del 1,5% al 3,0% del PIB) entre 2021 y 2030. Sobre la base de este resultado, una tasa del 4,0% de crecimiento al año sería la tasa mínima necesaria para la igualdad.

• Sin embargo, esta tasa genera un nivel de emisiones superior al establecido en las CDN. Se comprueba que la tasa necesaria para la igualdad (4,0%) supera la tasa de crecimiento compatible con la preservación del medio ambiente (1,2% con un progreso de la tecnología tendencial). Sería necesario que la región realizara un gran esfuerzo de progreso técnico y cambio estructural hacia la descarbonización para que las tasas de igualdad y equilibrio ambiental convergieran.

• La tasa de crecimiento con equilibrio externo es inferior a la tasa de crecimiento necesaria para la igualdad (4,0%) en el caso de América del Sur y de México. Mantener el equilibrio externo con una tasa de crecimiento del 4,0% implica duplicar el cociente entre las elasticidades ingreso de las exportaciones y las importaciones de 0,7 a 1,4, si el mundo continuara creciendo a una tasa del 2,8%. En algunos países del Caribe, el cociente entre las elasticidades permitiría crecer al 4,0% con equilibrio externo, pero el elevado endeudamiento hace que este cálculo subestime el esfuerzo de captación de divisas que deberían llevar a cabo esas subregiones para alcanzar las metas de crecimiento sin toparse con el techo de la restricción externa.

• En todos los casos, la tasa de crecimiento con sostenibilidad ambiental (1,2%, suponiendo que la descarbonización sigue las tendencias de la década pasada) es inferior a la tasa de crecimiento con equilibrio externo, incluso en América del Sur, que presenta la tasa más baja de crecimiento con equilibrio externo.

Estos resultados surgen de trabajar con la media de las economías latinoamericanas y caribeñas, que esconde diferencias muy importantes. Cuanto mayor sea el porcentaje de personas pobres, mayor tendrá que ser el esfuerzo redistributivo y mayor la tasa de crecimiento del PIB y del empleo para reducir dicho porcentaje.

Como conclusión, lograr la convergencia de las tasas de equilibrio externo y sostenibilidad ambiental con la tasa de crecimiento necesaria para reducir de manera sistemática la desigualdad requiere un salto en términos de competitividad auténtica en la región, así como un redireccionamiento y una aceleración de la velocidad del progreso técnico, la descarbonización y el cuidado del ambiente. Una trayectoria de este tipo representa un cambio radical del estilo de desarrollo, que solo puede lograrse con un paquete integrado de estrategias y políticas como las que se discuten más adelante en este documento, y presenta, además, un gran desafío de economía política y de construcción de pactos sociales.

III. Escenarios de un nuevo estilo de desarrollo

Alcanzar el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones requiere un esfuerzo coordinado para aplicar políticas que, en su conjunto, representen un gran impulso para la sostenibilidad. Dichas políticas afectan múltiples variables que tienen interacciones no lineales entre sí, por lo que es muy difícil predecir los resultados que se obtendrán sin utilizar modelos matemáticos. En este capítulo se realizan ejercicios de simulación de escenarios a partir de diversos tipos de modelos económicos.

A. Instrumentos que promueven el desarrollo sostenible y sus combinaciones: el modelo E3ME

El modelo E3ME es un modelo macroeconómico de simulación híbrido, sin equilibrio, que representa los sistemas mundiales de energía, medio ambiente y economía, y proporciona estimaciones del impacto que distintas políticas tienen en los tres sistemas. Produce resultados anuales relativos a las principales variables energéticas, medioambientales y económicas. El modelo abarca 61 países, territorios y regiones, entre ellos la Argentina, el Brasil, Colombia y México, y una región que representa el resto de América Latina y el Caribe de forma agregada3 (Cambridge Econometrics, 2019). Hay una desagregación sectorial detallada en cada región del mundo que, en el caso de las regiones no europeas como América Latina y el Caribe, abarca 43 sectores.

3 En esa representación agregada se encuentran Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, Puerto Rico, Suriname, Trinidad y Tabago, el Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

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En las simulaciones se presta especial atención a los efectos que tienen las políticas que conllevan un gran impulso para la sostenibilidad sobre variables clave en los ámbitos económico, social y ambiental. Para ello, se definen escenarios según las políticas que se pueden adoptar en América Latina y el Caribe y la existencia o no de cooperación internacional, como se detalla en el texto principal. En particular, el escenario tendencial, en que todo sigue igual, fue estimado con y sin el impacto de la pandemia, lo que permite identificar sus efectos sobre las principales variables del modelo. Los resultados que se muestran en el gráfico 4 se presentan como diferencias porcentuales con respecto a un escenario tendencial que incluye el impacto de la pandemia.

Gráfico 4

América Latina y el Caribe: efectos de las políticas que conllevan un gran impulso para la sostenibilidad sobre las principales variables con respecto al escenario del COVID-19 en distintos contextos internacionales, 2030

Escenario no condicional Escenario condicional

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de simulaciones con el modelo E3ME.

Nota: El escenario no condicional representa los resultados que se obtienen en la región si en ella se aplican políticas ambientales para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) no condicionales sin que haya un acuerdo mundial de cooperación destinado a fomentar la mitigación. El escenario condicional representa los resultados que se obtienen en la región si hay un acuerdo mundial sobre el medio ambiente en virtud del cual en la región se cumplen las CDN condicionales y en el mundo se cumplen las CDN, y si además existe cooperación internacional destinada a fomentar la mitigación.

Las políticas ambientales que permiten alcanzar las metas de reducción de emisiones generan beneficios en varias dimensiones. En las economías de la región, las políticas orientadas a la recuperación tras los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la base de un gran impulso para la sostenibilidad tendrían un impacto positivo en la creación de empleo y el aumento del PIB, al tiempo que reducirían las emisiones de acuerdo con las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) condicionales y no condicionales. La combinación de ese tipo de políticas con un acuerdo mundial sobre el medio ambiente es la que produce un efecto mayor sobre las emisiones y, al mismo tiempo, eleva la demanda agregada mundial.

En el escenario en que todo sigue igual, el déficit de la balanza comercial tiende a aumentar, lo que refleja la débil competitividad estructural de América Latina y el Caribe. Esa tendencia se reduce cuando en la región se aplican políticas que conllevan un gran impulso para la sostenibilidad y, sobre todo, cuando el resto del mundo también se compromete a reducir las emisiones. No obstante, si bien dichas políticas aminoran la tendencia, no la revierten por completo, lo que destaca la importancia clave de incluir políticas industriales y tecnológicas de alcance nacional, como se plantea en los capítulos IV y V.

La distribución del ingreso (medida por la relación entre el quinto quintil más rico y el primer quintil) empeora cuando, pese a haber políticas de gran impulso para la sostenibilidad, no hay acuerdo mundial sobre el medio ambiente. Esto subraya la necesidad de aplicar políticas sociales además de las políticas industriales y ambientales. En el contexto de un acuerdo mundial sobre el medio ambiente, el efecto regresivo que tienen estas últimas sobre la distribución del ingreso desaparece y se observa una pequeña mejoría. Sin acuerdo, la desigualdad aumenta un 3,5%, mientras que, con acuerdo, la desigualdad cae ligeramente, un 0,4%.

B. Estudios de caso: el Brasil y Chile

1. El Brasil: simulaciones basadas en el modelo E3ME

Las políticas de recuperación que conllevan un gran impulso para la sostenibilidad y se centran en el sector industrial pueden generar beneficios socioeconómicos significativos (Gramkow y Anger-Kraavi, 2019).

Las políticas orientadas a promover las inversiones de baja emisión de carbono en los sectores manufactureros pueden contribuir a la recuperación a corto plazo y a que se reduzcan las brechas estructurales a largo plazo.

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El escenario de referencia, según el cual en el Brasil se sigue una trayectoria basada en el uso cada vez más intensivo de combustibles fósiles, contrasta con los escenarios de reformas fiscales verdes en que se sigue un estilo de desarrollo alternativo mediante la introducción de una cartera de políticas destinadas a estimular las inversiones de baja emisión de carbono 4. Entre esas políticas se encuentran un impuesto sobre el carbono en toda la economía, así como la exención de impuestos y el financiamiento en condiciones favorables para invertir en tecnologías de baja emisión de carbono en las industrias manufactureras. El impuesto sobre el carbono se calibra para crear un espacio fiscal que permita ofrecer incentivos fiscales verdes sin que haya un impacto negativo sobre las cuentas públicas. Las reformas fiscales verdes implican ofrecer incentivos fiscales que permitan desplazar la carga impositiva hacia las tecnologías intensivas en carbono y reducir el costo de las tecnologías de baja emisión de carbono en los sectores manufactureros, de modo de reorientar las tecnologías hacia una trayectoria más sostenible desde el punto de vista ambiental. La aplicación de múltiples instrumentos fiscales alineados para promover la sostenibilidad (impuestos sobre el carbono, y reducciones de impuestos y financiamiento en condiciones favorables para las inversiones verdes) crea un ambiente institucional que reduce la incertidumbre y los riesgos del inversor.

Como las reformas fiscales verdes están diseñadas para estimular un nuevo ciclo de inversiones en tecnologías de baja emisión de carbono, las inversiones son el componente del PIB que crece con más rapidez: se observa un aumento de hasta un 1,16% en 2030 respecto al escenario de referencia. El crecimiento del PIB llega a ser un 0,42% superior al del escenario de referencia, al tiempo que las emisiones de CO2 totales del país se reducen hasta un 14,5% en 2030.

Las reformas fiscales verdes también afectan de forma distinta a los sectores desde el punto de vista del comercio exterior. Aumenta el peso de las exportaciones manufactureras, sobre todo las de tecnología media (0,9%). También aumentan las exportaciones de manufacturas de alta tecnología (0,3%), ya que la economía se vuelve más intensiva en capital y acumula capacidades productivas y tecnológicas que fomentan la competitividad en productos más complejos. El total de las importaciones disminuye (0,1%), sobre todo debido al menor uso de combustibles fósiles importados, en especial de carbón, cuyas importaciones caen un 41%.

4 No se considera el impacto del COVID-19, ya que se supone, por simplicidad, que los efectos de la crisis actual no serán duraderos o que se disiparán a largo plazo.

El ejercicio de simulación indica que las políticas de gran impulso para la sostenibilidad no solo tienen efectos positivos sobre el PIB, la balanza comercial, el empleo y el medio ambiente, sino que también pueden contribuir a un proceso de cambio estructural. Al haber una expansión del valor agregado de todas las manufacturas, que es mayor en las de baja tecnología y tecnología media, las políticas que conllevan un gran impulso para la sostenibilidad pueden representar un camino hacia la reindustrialización del Brasil.

2. Chile: un ejercicio basado en el modelo ECOGEM-Chile

Este estudio complementa el del Brasil, ya que incluye una nueva dimensión internacional, la del comercio de certificados de emisión, e incorpora el tema de la desigualdad de género (de Miguel y otros, 2011). En las simulaciones se utiliza la matriz de contabilidad social de 2013, que contiene 111 sectores económicos y factores de emisión de contaminantes calculados a partir del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes de 2013. El período de análisis se extiende hasta 2050, y se considera la actualización 2020 de la CDN de Chile para distinguir entre la reducción no condicional de emisiones y la condicional. Esta distinción permite estimar el porcentaje de certificados de reducción transables en el mercado internacional. Se simularon cuatro escenarios alternativos: i) crecimiento verde: el impuesto sobre las emisiones de carbono aumenta de 5 dólares a 50 dólares por tonelada de carbono desde 2020, y la recaudación permite disponer de más ahorro público para invertir en la economía; ii) reforma fiscal verde: el impuesto sobre las emisiones de carbono aumenta de 5 dólares a 50 dólares por tonelada desde 2020, y el IVA se reduce por un monto equivalente a la recaudación de dicho impuesto; iii) transición ambiental justa: el impuesto sobre las emisiones de carbono aumenta de 5 dólares a 50 dólares por tonelada desde 2020, los recursos que se obtienen se destinan a políticas sociales en forma de transferencias (justicia social interna), y se venden los

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis certificados correspondientes a la reducción de emisiones que supera el compromiso no condicional de reducción determinado a nivel nacional en Chile (justicia internacional), y iv) recuperación verde: en un escenario de reforma fiscal verde en el contexto del COVID-19, se utiliza un ahorro externo que representa el 6,5% del PIB y equivale al monto que se autorizó a retirar de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en agosto de 2020, que se repone a largo plazo. Los impactos del modelo sobre las tasas de crecimiento son en general muy pequeños; el escenario de crecimiento verde es el que genera efectos más positivos. En los cuatro escenarios se logra una reducción considerable de las emisiones de carbono que varía de un 32% a un 34% en 2050 respecto a la senda base, lo que demuestra la efectividad del impuesto ambiental. Esto implica que, en 2030, la intensidad carbónica sería aproximadamente un 35% menor que en la actualidad y que, en 2050, la reducción rondaría el 52%. Estos resultados ofrecerían cobeneficios importantes asociados al impacto que estos contaminantes tienen en la mortalidad y la morbilidad local, cuyos valores económicos no se incorporan en estos resultados y por lo general afectan a la población más vulnerable. La desigualdad de los ingresos respecto del año base solo se reduciría en el escenario de transición justa, lo que muestra la importancia de la política social; el nivel de desigualdad, sin embargo, seguiría siendo alto. A su vez, la desigualdad de género se reduciría al final del período de análisis, sin que se observen grandes diferencias entre los distintos escenarios de política. El escenario de crecimiento verde, no obstante, se muestra menos positivo para las mujeres, lo que indica la importancia de aplicar políticas complementarias destinadas a promover la igualdad de género (véase el gráfico 5).

En suma, en ninguno de los escenarios propuestos en que se aplica un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono se producen diferencias muy marcadas en cuanto a la tasa de crecimiento con respecto al escenario base. El escenario de transición justa tiene efectos distributivos importantes, pero la desigualdad de los ingresos sigue siendo alta, por lo que las políticas ambientales no son suficientes para lograr dicha transición, sino que es necesario aplicar las políticas sociales y de cooperación internacional que se plantean en el capítulo V.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 [en línea] http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ casen-multidimensional/casen/casen_2017.php; y escenarios de simulación. Nota: La desigualdad de los ingresos por género se calcula a partir del cociente entre el ingreso promedio que los hombres obtienen en su ocupación principal y el ingreso correspondiente de las mujeres.

C. Una economía que crece con la innovación: la transición verde como una oportunidad para crear capacidades tecnológicas y productivas

Esta sección se centra en un modelo evolutivo basado en agentes en el que se establecen las condiciones necesarias para que una economía pase de depender de los combustibles fósiles a contar con una base de energía renovable, sin dejar de crecer y manteniendo el equilibrio del sector externo. Se parte del modelo de Ciarli y otros (2019) y se añade un sector energético y una dinámica centro-periferia que refleja las asimetrías tecnológicas internacionales. La innovación y la difusión tecnológicas son componentes básicos del modelo, en el que tanto las empresas como los consumidores son heterogéneos. El sistema económico se encuentra en un estado de cambio permanente como resultado de la generación y difusión de innovaciones, y la

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis modificación de las cuotas de mercado y las capacidades de las empresas tiene fuertes repercusiones en la demanda de mano de obra y la distribución de los ingresos.

La economía de la periferia está integrada por los siguientes sectores: un sector de bienes finales que se divide en diez industrias; un sector de bienes de capital que abarca un número fijo de empresas heterogéneas que producen diferentes generaciones de bienes de capital, tanto para el sector de la energía (bienes de capital verdes) como para el sector de los bienes finales (bienes de capital); un sector de la energía que abarca una sola empresa que produce energía a partir de materia prima fósil y energía renovable a partir de los bienes de capital verdes; un sector de consumo de bienes finales, y un sector financiero que gestiona los flujos financieros entre los hogares y las empresas. La periferia tiene una dotación de productos básicos que pueden exportarse o utilizarse como insumo para producir energía fósil, mientras que la energía renovable se produce utilizando bienes de capital verde y recursos naturales renovables.

En este modelo, la pregunta que se busca responder es el efecto que tendría un fuerte aumento de la inversión interna en energías renovables (para sustituir el petróleo) en el crecimiento económico, las emisiones (determinadas según la cantidad de petróleo que se quema para producir energía) y la distribución de los ingresos. El aumento de la inversión en energías renovables se debe al impacto de las políticas que conllevan un gran impulso para la sostenibilidad que se explicaron en las secciones anteriores.

El modelo muestra la importancia de la restricción que impone la balanza de pagos en el escenario de una política ambiental. Se presupone que la restricción externa va disminuyendo (por un aumento exógeno de la demanda de exportaciones de la periferia) y se observa un aumento de la participación de la energía renovable en el total de la energía consumida. Pero a partir de cierto nivel de exportaciones, nuevos incrementos de estas ya no tienen el efecto de promover la transición energética. Esto se debe a que en una economía en que la inversión es escasa, el efecto multiplicador es débil y no produce un fuerte aumento de la demanda de energía renovable ni de los bienes de capital que se utilizan para producirla. El hecho de tener más reservas de divisas no potencia por sí mismo esta demanda. Por otro lado, la inversión pujante que hay en el escenario del gran impulso para la sostenibilidad garantiza que en una economía nacional que se expande con rapidez se puedan utilizar todas las divisas adicionales para pagar bienes de capital importados. Al mismo tiempo, la mayor inversión estimula las capacidades y aptitudes nacionales que permiten producir bienes de capital verdes competitivos que se puedan utilizar para generar energía renovable.

Otro ejercicio que se hace con el modelo es simular el impacto de una política de mayores esfuerzos en I+D en el sector productor de bienes de capital para producir energía de fuentes renovables. Este mayor esfuerzo tecnológico (asociado a una política industrial y tecnológica dirigida a este sector) se refleja en un aumento de la productividad energética alcanzada gracias a los nuevos bienes de capital. El gráfico 6 muestra cómo aumenta el porcentaje de energía renovable en el consumo total de energía a medida que crecen las capacidades del país para generar innovaciones en el sector de bienes de capital que se utilizan en la producción de energía renovable.

Como era de esperar, en el escenario del gran impulso para la sostenibilidad la proporción de energía renovable es mayor que en el escenario en que todo sigue igual. En ambos escenarios, esta proporción aumenta a un ritmo acelerado en consonancia con el parámetro de la capacidad (es decir, cuando se aplican políticas destinadas a fomentar el cambio técnico y el aprendizaje). Las políticas tecnológicas tienen un efecto de refuerzo muy importante sobre los impactos de las políticas de inversión en energías renovables.

En otras palabras, si se aplica una política que tenga por objeto mejorar la capacidad tecnológica de los productores nacionales de bienes de capital para el sector de las energías renovables, dicha política tendrá una mayor incidencia en la proporción de inversión y de energía renovable en el escenario del gran impulso para la sostenibilidad que en el escenario en que todo sigue igual.

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis Gráfico 6

América Latina y el Caribe: proporción de energía renovable en el consumo total de energía a medida que aumentan las capacidades tecnológicas nacionales que todo sigue igual

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

D. Conclusiones

En este capítulo se presentaron ejercicios cuantitativos sobre el impacto que tienen distintos escenarios construidos a partir de diferentes combinaciones de políticas públicas en el crecimiento, la distribución y las emisiones. En todos ellos, las políticas de cuidado del ambiente pueden tener efectos positivos sobre el PIB, el empleo y la balanza comercial. Los resultados sobre la distribución del ingreso son ambiguos, dependiendo de la combinación específica de políticas utilizada. Destaca la necesidad de articular las políticas macroeconómicas, sociales, tecnológicas, industriales y de comercio internacional con el objetivo de transformar el estilo de desarrollo, a fin de reducir la brecha ambiental, la social y la de sostenibilidad, como se sostiene a lo largo de este documento.

IV. Sectores dinamizadores del desarrollo sostenible

Como se ha señalado en los capítulos anteriores, para superar las limitaciones que impone su estilo de desarrollo, América Latina y el Caribe debe avanzar hacia un cambio estructural progresivo, en que la estructura productiva se redefina hacia sectores más intensivos en conocimientos, con tasas de crecimiento de la demanda y del empleo más altas. Al mismo tiempo, se deben preservar la calidad de los recursos naturales y el medio ambiente y los servicios que estos prestan. Estas transformaciones exigen un conjunto articulado de políticas que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha denominado un gran impulso para la sostenibilidad.

Ese gran impulso para la sostenibilidad debe basarse en la coordinación de las políticas tecnológicas e industriales, fiscales, financieras, ambientales, sociales y regulatorias. Su objetivo ha de ser el establecimiento de una nueva estructura de incentivos a favor de la inversión, la generación de empleos de mayor productividad y el desarrollo de cadenas productivas. Al mismo tiempo, se debe reducir la huella ambiental y mejorar el mantenimiento o la recuperación de la capacidad productiva del patrimonio natural, incluidos sus servicios ambientales o ecosistémicos.

Los procesos y productos capaces de contribuir a un gran impulso no se desarrollan de forma aislada, sino dentro de sistemas donde cada innovación crea problemas que deben resolverse, así como nuevas soluciones que van encadenando procesos nuevos y más complejos (Freeman, 2008).

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En este capítulo, se analizan la estructura, el comportamiento y el desempeño (es decir, el modelo de organización industrial) de sectores relevantes, con miras a cerrar las brechas externa, ambiental y social en la región. Se han seleccionado siete sistemas sectoriales que pueden constituirse en el centro de las políticas en favor de un gran impulso para la sostenibilidad, y en los que hay amplio espacio para la generación de empleos de mejor calidad, la innovación y la incorporación de avances tecnológicos, la diversificación de exportaciones, las acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, y el desarrollo de esfuerzos de cooperación regional. Esta selección de sectores busca ser una guía sobre la base de la cual cada país, conforme a sus características y prioridades, definirá las actividades en las que se concentrará, las combinaciones entre ellas y la modalidad de implementación de las políticas de fomento, así como la incorporación de otros sectores dentro de la lógica del cambio estructural progresivo y el gran impulso para la sostenibilidad.

A. Transición energética: las energías renovables no convencionales

1. Las matrices de generación primaria y de electricidad

Las energías renovables no convencionales (biomasa, solar, eólica, geotérmica y biogás) representaron el 5% del total del consumo de energía primaria en América Latina y el Caribe en 2018, mientras que el promedio mundial fue del 4%5. En términos sectoriales, el transporte es el mayor consumidor de energía final en la región, el 99% de la cual proviene de combustibles fósiles. La participación de las energías renovables no convencionales en la producción de electricidad en la región aumentó de cerca de un 4% en 2010 a aproximadamente un 12% en 2018, lo que representa un crecimiento anual promedio del 23,6% durante el período (BP, 2019). Por su parte, entre 2000 y 2017, la generación total de hidroenergía disminuyó un 15%, mientras que la generación a partir de combustibles fósiles aumentó un 7,5%. En general, la transición hacia las energías renovables no convencionales es un proceso que recién se está iniciando en la región.

5 El concepto de energía primaria se refiere a las distintas fuentes de energía, tal como se obtienen en la naturaleza, ya sea en forma directa (energía hidráulica, eólica y solar, así como la producida a partir de leña y otros combustibles vegetales) o después de un proceso de extracción (petróleo, carbón mineral o geotermia, entre otros). La oferta total de energía primaria se define como la producción, más las importaciones, menos las exportaciones de energía, menos las reservas estratégicas internacionales, y más o menos los cambios en las existencias. El consumo de energía final es el total de la energía consumida por los usuarios finales, como los hogares, la industria y la agricultura. Es la energía que llega a la puerta del consumidor final y excluye la que es utilizada por el propio sector energético y la que se disipa.

2. Futuro de la demanda energética: el papel de la electricidad

El rápido crecimiento de la demanda en medio de preocupaciones por la seguridad energética y el aumento del impacto climático representa una oportunidad para que los países de la región redefinan su matriz energética. Dada la tendencia a la electrificación de los sectores residencial, industrial y del transporte, lo más eficiente es centrar los esfuerzos en el principal proveedor de ese insumo: el sector eléctrico. La CEPAL ha analizado la complementariedad de los sistemas eléctricos y el uso de las energías renovables en la región en tres escenarios: i) un escenario base, donde la penetración de las energías renovables se fundamenta en los planes energéticos nacionales y hay una baja integración de la transmisión entre países para satisfacer la demanda proyectada de la región a 2032; ii) un escenario que incorpora una alta proporción de generación de energía renovable (del 80%, incluida la energía hidráulica de gran escala), pero mantiene las mismas interconexiones que en el escenario base (ER), y iii) otro escenario con alta penetración de energías renovables y alto nivel de interconexión (ER+INT).

Los principales resultados en cuanto al nivel de penetración de las fuentes renovables son:

• Escenario base: planificación energética de países de la región (2018-2032): la participación en el total de la generación eléctrica de las energías renovables —solar, geotérmica, minihidráulica, de biomasa y oceánica (0% en 2018), sin incluir las hidráulicas de gran escala— aumenta del 12,7% al 24,6%.

• Escenario ER: la participación de las energías renovables (no hidráulicas) en el total aumenta del 12,7% al 41,1%.

• Escenario ER+INT: la participación de las energías renovables (no hidráulicas) en el total aumenta del 12,7% al 39,5%.

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La inversión necesaria en nueva capacidad de generación eléctrica que satisfaga la demanda de la región entre 2019 y 2032 en el escenario base alcanzaría los 852.000 millones de dólares, mientras que esta cifra se reduce a 817.000 millones y a 811.000 millones de dólares en los escenarios ER y ER+INT, respectivamente. En el escenario ER+INT, para alcanzar una penetración del 39,5% de fuentes renovables variables6, con su correspondiente infraestructura y mantenimiento, se debería invertir anualmente cerca del 1% del PIB de la región de 2019 a 2032, cifra inferior a la del escenario base. Además de los beneficios en materia de seguridad energética y medioambientales, el desarrollo de una infraestructura eléctrica sostenible que promueva la interconexión regional basada en energías renovables constituye una oportunidad de crear aproximadamente 7 millones de nuevos empleos calificados y no calificados en la región hasta 2030, con base en el despliegue de las tecnologías solar y eólica y la biomasa. Por otra parte, si la industria de bienes de capital para las energías renovables estuviera localizada en América Latina y el Caribe, el solo hecho de fabricar los paneles solares y turbinas eólicas necesarias representaría casi 1 millón más de empleos. En general, la inversión en tecnologías renovables representa una oportunidad para lograr la recuperación económica pospandemia de manera rápida, inclusiva y sostenible.

Una mayor generación de electricidad de origen renovable variable, según el escenario ER+INT, permitiría a las economías de la región crecer a una tasa más cercana a la de convergencia con las metas sociales. También contribuiría a relajar o incluso evitar la restricción externa si una parte creciente de las cadenas productivas para la generación con base en fuentes renovables se localiza en la región. Finalmente, la gobernanza de la transición energética implica fortalecer la capacidad de gestión pública —en especial, el capital humano para diseñar, gestionar y monitorear los instrumentos de política—, con el fin de sacar el máximo provecho social de la explotación de las nuevas fuentes. El futuro de la transición energética dependerá de la capacidad y la voluntad del Estado para abordar los problemas, crear el impulso necesario para el cambio, fomentar la inversión y lograr el apoyo y el compromiso de la sociedad.

6 Las fuentes renovables variables, como la energía eólica y la energía solar, son fluctuantes por su naturaleza y no están siempre disponibles; es decir, no son constantes en el tiempo.

B. Movilidad sostenible y espacio urbano

El alto grado de urbanización de la región (el 80% de la población vive en zonas urbanas) ha aumentado exponencialmente las necesidades de movilidad y ha dejado en evidencia los déficits de vivienda y la falta de planificación urbana.

El acceso a modos de transporte seguros, eficientes y sostenibles es esencial para el desarrollo económico y el bienestar humano. En América Latina y el Caribe, aun cuando el 68% de los viajes se realiza mediante transporte público y se han desarrollado sistemas de transporte rápido por autobús, expandido los sistemas de metro y mejorado otras formas de movilidad, el sesgo de las inversiones hacia el transporte privado ha provocado un aumento de la congestión, la siniestralidad, el consumo energético y las emisiones de contaminantes atmosféricos, lo que ha tenido importantes efectos negativos en la mortalidad, la morbilidad, la productividad y el bienestar. Si bien la tasa de motorización es aún baja, dado que ronda los 200 vehículos por cada 1.000 habitantes, su crecimiento es rápido. La expansión del parque vehicular explica que, en 2018, el sector del transporte consumiera el 38% de la energía final (casi la totalidad de ella procedía de combustibles fósiles). Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector respecto al PIB equivalen a 2,2 veces las de Europa, lo que significa que existe un amplio margen para aumentar la eficiencia carbónica.

La expansión de la electromovilidad en el mundo, particularmente en el transporte público, se ha impulsado mediante diversos incentivos, con el fin de desarrollar la industria y fomentar la competitividad de las marcas de cada país, reducir la dependencia del petróleo y luchar contra la contaminación urbana y el cambio climático. En 2019, China concentraba el 99% de la fabricación y el 98% de los registros de autobuses eléctricos. La reducción de los costos iniciales, así como de los precios de componentes esenciales como las baterías, los hacen cada vez más competitivos. Efectivamente, en muchos casos, el costo total de la propiedad de los autobuses eléctricos ya se sitúa aproximadamente un 20% por debajo del de sus equivalentes convencionales de diésel (Banco Mundial, 2019).

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La electromovilidad ofrece una extraordinaria oportunidad para la industria automotriz de la región, con múltiples beneficios sociales y ambientales. El hecho de que, en el pasado, tranvías y trolebuses fueron el modo predominante de transporte y de que, en el presente, se cuente con extensos sistemas de transporte rápido por autobús; la amplia flota de autobuses convencionales que ha de reemplazarse; la experiencia en la fabricación de automóviles y autopartes de países como el Brasil, México y la Argentina; las grandes reservas de litio y cobre, y la existencia de amplias zonas bien dotadas para la energía solar y eólica, que permitirían producir de forma sostenible hidrógeno a costos muy bajos, son ventajas de la región que deben aprovecharse. También es importante considerar el potencial de la reconversión de buses diésel a eléctricos, como forma de incorporar la electromovilidad al mercado regional, reduciendo el costo de inversión (que es un 50% inferior al de comprar un autobús eléctrico nuevo), fomentando la economía circular y aumentando los empleos locales.

La electrificación del transporte, su digitalización y el suministro de energías limpias crean un círculo virtuoso, que ha de ir acompañado de una adecuada estructura espacial de la ciudad. Las ciudades dispersas obligan a sus habitantes a realizar desplazamientos más largos, que implican un mayor consumo de combustible y mayores costos de tiempo. El déficit de vivienda en la región, de en torno al 40%, pone de relieve la necesidad de promover la utilización de materiales y sistemas de construcción verdes, así como de implementar estrategias que apunten a rehabilitar, reconstruir y ampliar inmuebles ya existentes y que faciliten una interacción adecuada entre habitabilidad y movilidad.

La movilidad y construcción urbanas sostenibles conllevan grandes beneficios ambientales y crean oportunidades para el desarrollo productivo nacional. El despegue de una industria local supone, entre otras cosas, la creación de un mercado urbano regional que asegure una demanda previsible, incentivos iniciales, homogeneidad normativa y de requisitos técnicos, y acuerdos de estandarización que permitan lograr la escala necesaria al integrarse distintos países en la cadena productiva. Las políticas públicas implementadas con ese fin deben considerar, además, la función social de los servicios públicos y sus externalidades, reorientando la inversión para favorecer a la mayoría de la población e incorporar aquellos servicios de menor huella ambiental.

C. La revolución digital para la sostenibilidad

El desarrollo y la adopción de soluciones digitales están condicionados por factores estructurales (Cimoli y Correa, 2010; CEPAL, 2016). Un desarrollo digital que no respete los derechos humanos en el entorno digital (derechos digitales) y que no se base en principios de inclusión y sostenibilidad puede reforzar los patrones de exclusión social y los métodos insostenibles de explotación de recursos y producción, además de exacerbar sus impactos ambientales negativos. El efecto neto dependerá, entonces, de la articulación entre las estrategias empresariales y las acciones de política orientadas a encaminar la digitalización hacia el desarrollo sostenible.

Pese a que, en 2019, el 66,7% de los habitantes de América Latina y el Caribe usó Internet, el acceso a la conectividad es extremadamente dependiente del nivel de ingreso de los hogares, lo que condiciona el acceso al teletrabajo, la teleeducación o los servicios de salud a distancia, así como a otros bienes y servicios. Sobre la base de un análisis de los avances y las limitaciones de la digitalización en la región, la CEPAL (2020b) propone avanzar en las siguientes áreas con el fin de consolidar la digitalización como un instrumento para el desarrollo sostenible: i) Avanzar hacia un estado de bienestar con desarrollo e inclusión digitales. En el mundo pos-COVID-19, el bienestar social no será posible sin la transformación digital. El nuevo modelo de gobernanza digital deberá promover la igualdad mediante procesos de transformación digital incluyentes, impulsar la digitalización de las empresas y defender la privacidad y seguridad de los datos, así como proteger los derechos económicos, sociales y laborales, prevenir los procesos de precarización del trabajo derivados del uso de las tecnologías digitales y asegurar que los sistemas de protección social y sus beneficios sean provistos mediante tecnologías digitales de forma eficiente y según criterios de accesibilidad y facilidad de uso. ii) Acceso universal para una sociedad digital inclusiva. Para garantizar el acceso a los hogares no conectados, los países de la región deberían hacer, en promedio, una inversión del orden del 1% del PIB anual, aunque con grandes diferencias entre ellos. A fin de avanzar en este objetivo, se pueden utilizar subsidios a la demanda

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis para ayudar a los hogares de menores ingresos a financiar la contratación de servicios de telecomunicaciones y la canasta de dispositivos de acceso. No obstante, lo fundamental es coordinar acciones público-privadas a la medida de cada país, que cumplan con criterios socioeconómicos, geográficos, etarios y de género. También se puede implementar un entorno de prueba regulatorio (sandbox) en que se permita la gestión directa por los operadores de parte de los recursos que deben aportar los fondos de acceso universal u otros fondos orientados a masificar los servicios de telecomunicaciones, para destinarlos a cubrir los costos de la provisión de servicios a los hogares de menores ingresos. En relación con el acceso a los dispositivos, se pueden reducir de manera temporal los impuestos a las importaciones y las ventas (por ejemplo, el IVA) de dispositivos definidos por el regulador, así como fomentar alianzas público-privadas con proveedores y fabricantes para producirlos a nivel regional a bajo costo y mejorar las condiciones de oferta. iii) Construir una infraestructura digital avanzada. Los países de la región deben desplegar infraestructuras que permitan contar con acceso a banda ancha de calidad y posibiliten el uso de soluciones digitales para abordar los retos estructurales en materia de producción, inclusión y sostenibilidad ambiental. Para ello, urge impulsar el despliegue de las tecnologías de 5G y de la Internet de las cosas, mediante la definición del modelo de expansión de la red y su financiamiento; la actualización de regulaciones para optimizar el uso de la red; la armonización, liberalización y asignación de espectro; el desarrollo de redes troncales de fibra óptica, y la adopción de regulaciones para la instalación y funcionamiento de centros de datos de alto desempeño que consideren aspectos de seguridad, continuidad del servicio y eficiencia energética en línea con parámetros internacionales. iv) Fortalecer la cooperación digital regional. La arquitectura de la cooperación digital regional carece de un marco institucional para la discusión y definición de políticas, normas y estándares comunes. En este contexto, la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020) constituye un espacio para la definición de principios y prioridades regionales en que participan 33 países de la región y representantes del sector privado, la sociedad civil y la comunidad técnica. Con base en los acuerdos establecidos en el marco de esa agenda, la CEPAL impulsa el diseño de estrategias relacionadas con el despliegue de la digitalización y su apropiación. Entre estas, cabe destacar el avance hacia un mercado digital regional, que incrementaría el comercio y fortalecería la economía digital mediante la aplicación de incentivos, la coherencia normativa, la integración en materia de infraestructura digital (incluidas las redes 5G), la reducción de obstáculos al comercio electrónico, la promoción de las innovaciones y emprendimientos digitales —en particular, en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)—, el diseño de regímenes impositivos para la economía digital, el acceso universal a Internet de banda ancha, la protección de datos y la seguridad digital, así como las políticas de competencia.

D. La industria manufacturera de la salud

La industria manufacturera de la salud (farmacéutica, de dispositivos y equipos médicos y las actividades conexas de investigación y desarrollo) posee una importancia estratégica en los países desarrollados. Desde el punto de vista de la producción, sus actividades generan empleos de calidad con encadenamientos productivos e impulsan el progreso técnico mediante un gran énfasis en las actividades de investigación y desarrollo e importantes externalidades de conocimiento. Por el contrario, en América Latina y el Caribe, salvo contadas excepciones, el nivel de desarrollo y de sofisticación tecnológica de esta industria es bajo y, por lo tanto, su dependencia de la producción de empresas multinacionales y de las importaciones desde países de fuera de la región es elevada.

La producción de la industria farmacéutica en la región se ha concentrado en la formulación y producción de medicamentos genéricos de bajo costo. El abastecimiento de medicamentos innovadores está en manos de empresas internacionales que concentran su producción en centros globales. Al mismo tiempo, el aumento de las importaciones de productos biológicos innovadores se ha traducido en un persistente incremento del déficit comercial.

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La situación de la industria de insumos y dispositivos médicos no es muy diferente a la de la farmacéutica, y su desarrollo está condicionado por su modalidad de participación en las cadenas de valor mundiales. La mayoría de los países de la región son importadores netos de productos provenientes de los países desarrollados y su nivel de exportación es bajo. En este contexto, abastecen una pequeña parte de su demanda interna con productos de baja sofisticación tecnológica. Los casos de Costa Rica, México y la República Dominicana representan excepciones, pues se han constituido como centros de producción de empresas multinacionales para abastecer, principalmente, al mercado estadounidense. Aun cuando estos países presentan un superávit comercial, el comercio intrarregional es mínimo.

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la excesiva dependencia de América Latina y el Caribe de la importación de productos médicos esenciales para enfrentar la pandemia. Esta situación de vulnerabilidad se volvió crítica cuando se produjeron interrupciones unilaterales del suministro impuestas por varios proveedores internacionales durante el primer semestre de 2020 (CEPAL, 2020a).

La mayor parte de la labor de investigación y desarrollo relacionada con la salud en la región se realiza en las universidades y los laboratorios públicos. En los países de mayor tamaño, hay núcleos de investigación básica de alta calidad, con buenos indicadores de productividad en materia de publicaciones. Además, existe un incipiente proceso de creación de nuevas empresas (start-ups) que buscan llevar al mercado los resultados de estas investigaciones. Sin embargo, se trata de un proceso limitado, pues la ausencia de una base empresarial tecnológica frustra el escalamiento productivo que se observa en países de alto nivel de desarrollo.

La crisis provocada por la pandemia ha dejado algunas lecciones. En primer lugar, ha puesto en evidencia las debilidades de los sistemas de salud y de las cadenas de suministro de insumos y equipos claves para la salud pública. En segundo lugar, ha mostrado la capacidad de reacción y articulación de los sectores público y privado para enfrentar y resolver las deficiencias de abastecimiento en períodos muy breves de tiempo. En tercer lugar, ha sentado las bases para repensar el desarrollo de la industria manufacturera de la salud desde una perspectiva nacional y regional. Dado que existen espacios para la implementación de políticas de innovación en esta industria, en el capítulo se detallan medidas para aprovecharlos, así como acciones para fortalecer la colaboración regional, en particular en lo referente a la producción y compra conjunta de medicamentos y dispositivos médicos en situaciones de emergencia sanitaria.

E. Bioeconomía: sostenibilidad basada en recursos biológicos y ecosistemas naturales

La mayor fortaleza de la región en lo que respecta al aprovechamiento del potencial de la bioeconomía es su abundante y poco valorizada disponibilidad de recursos biológicos y ecosistemas naturales. La bioeconomía busca reducir la dependencia de los recursos fósiles e impulsar la producción y la utilización intensiva del conocimiento sobre los recursos, los procesos y los principios biológicos para lograr un suministro sostenible de bienes y servicios. Es una ruta que conduce al cambio estructural, mediante la creación de opciones de desarrollo agrícola y rural, el fomento de cadenas de valor y la generación de empleos verdes de calidad y de nuevas oportunidades para la agricultura, en particular en el área de la agricultura con bajas emisiones de carbono.

La bioeconomía puede contribuir a diversificar la estructura productiva e incrementar la agregación de valor de una manera sostenible; por ejemplo, a partir de la transición hacia la agroecología, el desarrollo de cadenas de valor y sistemas diversificados de cultivos originarios de la región, y la producción pecuaria con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Los avances productivos en que se combinan tecnologías digitales y otras derivadas del progreso en las ciencias biológicas son ámbitos posibles para el desarrollo de la bioeconomía en la región.

El potencial de la bioeconomía se ha hecho evidente en el marco de la pandemia de COVID-19. Muchos de los sectores “ganadores” están relacionados con ella, como la agricultura, la agroindustria y la producción de alimentos en general. También son ganadores los sectores relacionados con la aplicación de la biotecnología, sobre todo en el ámbito de la salud, en lo que respecta al desarrollo de vacunas y al diseño de métodos de caracterización del SARS-CoV-2, y de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

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Muchas de las instituciones y políticas orientadas al sector agrícola en la región se han debilitado a causa de las restricciones fiscales, lo que contrasta con la necesidad de gestionar presiones cada vez mayores debidas al crecimiento de la demanda de alimentos, el agotamiento de los recursos naturales que sustentan la producción agropecuaria, la exigencia de que la producción sea más sostenible y el impacto del cambio climático.

Para reordenar las prioridades e implementar políticas y formas alternativas de gestionar los recursos naturales, humanos y financieros, la CEPAL propone fortalecer la articulación entre la bioeconomía y el aprovechamiento sostenible y la gestión de la biodiversidad; entre la agroecología y las soluciones basadas en la naturaleza en el marco de la bioeconomía, y entre las nuevas tecnologías y los conocimientos tradicionales.

A fin de provechar la expansión de los mercados mundiales de bienes y servicios de base biológica y el potencial de la bioeconomía en el contexto pos-COVID-19, es necesario conocer los recursos biológicos disponibles, las capacidades científicas y tecnológicas relacionadas, el potencial de mercado y la aceptación de los nuevos productos por parte de los consumidores. El desarrollo de una bioeconomía inclusiva, sostenible y competitiva implica hacer frente a obstáculos como la falta de marcos regulatorios adecuados, la insuficiente coordinación de las capacidades técnicas, las restricciones de entrada al mercado que deben afrontar las pequeñas empresas, y la carencia de fondos para impulsar la creación de empresas innovadoras (Rodríguez, Rodrigues y Sotomayor, 2019). Para resolver esas limitaciones, se necesitan acciones en los ámbitos de las políticas y las regulaciones, la investigación y el desarrollo, la innovación y el fomento del emprendimiento, la valorización de los recursos biológicos, el acceso a los mercados y el desarrollo de estos. En particular, es preciso realizar un esfuerzo considerable en materia de investigación y desarrollo, así como de innovación, sobre todo con miras a incrementar el valor agregado y la complejidad de la producción basada en recursos biológicos.

El ámbito regulatorio es fundamental para fomentar la bioeconomía; por ejemplo, mediante la elaboración de marcos normativos, sobre todo en áreas en que el avance en materia de conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías es más rápido; el fortalecimiento de las capacidades para cumplir con las regulaciones de los mercados de destino relativas a los productos de la bioeconomía; la compatibilización de las reglamentaciones de los productos convencionales y los bioproductos similares, y la armonización de los criterios para clasificar los nuevos productos relacionados con la bioeconomía, como los alimentos funcionales y los superalimentos, los productos biofarmacéuticos, los bioinsumos agrícolas y las enzimas industriales.

F. El desarrollo de la economía circular

El mundo necesita disminuir drásticamente el uso de materiales y la generación de desechos. El objetivo de la economía circular es preservar la utilidad y el valor de los materiales y productos durante el mayor tiempo posible, contribuyendo a reducir las necesidades de materia y energía, y la generación de residuos. Para ello, es necesario cambiar el modelo de producción y el diseño de los productos, así como impulsar una adecuada gestión de los residuos que incluya la prevención, la reutilización, el reciclado, la recuperación de energía y la disposición final.

La región genera en torno a 1 kilogramo de residuos sólidos domiciliarios por persona por día, cifra inferior a las de los países desarrollados, pero superior al promedio mundial. Los residuos orgánicos aún superan el 50% del total. La cobertura de la recolección de desechos, que promedia el 85% en las zonas urbanas, se reduce notablemente en las zonas rurales. Tres cuartas partes de los residuos se depositan en rellenos sanitarios, aunque siguen existiendo los vertederos abiertos, botaderos ilegales y microbasurales, y la infraestructura resulta insuficiente frente a la velocidad a la que se generan los desechos. Los residuos plásticos siguen creciendo pese al aumento de las regulaciones y prohibiciones en la región. El mar Caribe es el segundo más contaminado con plásticos del mundo y los efectos de los microplásticos en la salud son motivo de creciente preocupación.

Los residuos sanitarios —que contienen una alta proporción de material peligroso y elementos plásticos no reciclables— se han incrementado significativamente debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha activado las alertas sobre la importancia de la infraestructura hospitalaria y el manejo de los residuos, incluida su trazabilidad. Por su parte, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos siguen

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis aumentando a medida que se incrementa el nivel de ingresos y solo la quinta parte de los que se producen en todo el mundo se recolecta y trata adecuadamente, pese a que contienen valiosos componentes metálicos. Las pilas, los acumuladores y las baterías de plomo, entre otros residuos peligrosos, tienen un gran impacto en el ambiente y la salud, pero también son una valiosa fuente de materias primas secundarias, por su contenido en metales.

En América Latina y el Caribe, las tasas de reciclaje son muy bajas y se centran en algunos productos, como papel y cartón, chatarra, algunos plásticos y vidrio. Esta situación ofrece grandes oportunidades para desarrollar actividades relacionadas con la economía circular sobre la base de cadenas productivas locales y, particularmente, el sector de la gestión de los residuos y el reciclaje. Sus importantes efectos multiplicadores del empleo y de arrastre directos e indirectos permiten concluir que, si se desarrollara para ser un sector clave en las economías de la región y si las tasas de reciclaje de residuos municipales fueran equivalentes a las de Alemania, este sector podría contribuir a una reactivación económica verde, generando casi 450.000 empleos estables y aumentando un 0,35% el PIB de la región.

Para desarrollar la economía circular y reducir al máximo la generación de residuos, hace falta una visión integral que conlleve cambios en las políticas públicas y en los sistemas de gestión, inversión y financiamiento a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos. Las políticas industriales han de ir acompañadas de estándares sobre el uso eficiente de insumos, así como sobre su compatibilidad y reciclabilidad, que incluyan restricciones a sustancias de alta toxicidad o escasa capacidad de reutilización. Las leyes de responsabilidad extendida del productor y la regulación o prohibición de las bolsas plásticas —particularmente, las de un solo uso— que existen o se están promulgando en varios países de la región son avances notables en la dirección correcta. El consumidor también debe estar sensibilizado sobre este tema, y para ello es importante impulsar los sistemas de ecoetiquetado, actualizar las leyes del consumidor y fomentar el uso compartido de aparatos y productos, y las compras públicas verdes.

A fin de hacer viables los nuevos negocios, es importante fomentar la innovación y la formación, sintonizar la política fiscal con los objetivos de producción y consumo sostenibles, aplicando el principio de que quien contamina paga, y forjar alianzas regionales y subregionales que aumenten la escala y el impacto de las nuevas actividades, así como de las acciones o normativas comunes.

Sin olvidar las necesarias y urgentes inversiones, el déficit de infraestructura para la gestión de residuos ha de abordarse desde la promoción de la circularidad, buscando convertir desechos en recursos. Reforzar los sistemas de recolección y clasificación de los residuos y aumentar las tasas de reciclaje, reutilización y remanufactura en áreas en las que el trabajo informal es muy importante implica también garantizar el trabajo decente y formal de recolectores y recicladores de base, entre otros actores, contribuyendo así a una recuperación con igualdad y sostenibilidad.

G. Una recuperación sostenible del sector turístico

El sector de turismo es uno de los que más ha sufrido a causa de la pandemia. Desde abril de 2020, las llegadas de turistas internacionales y nacionales casi se ha paralizado, lo que ha afectado fuertemente a la economía y el empleo, no solo en el Caribe, sino también en muchas ciudades y comunidades de América Latina. El turismo representa la mitad de las exportaciones de servicios en América Latina y el Caribe, así como una proporción significativa del PIB y del empleo.

Los países de la región son muy heterogéneos en lo que respecta a la importancia relativa del turismo interno frente al turismo receptor. En el Caribe, la mayoría de las economías dependen casi por completo de los visitantes extranjeros. En cambio, los visitantes nacionales representan casi las tres cuartas partes del total en México, mientras que, en algunos países de América del Sur (como el Brasil, la Argentina, Chile y el Perú, en orden decreciente), esta participación supera el 50%. La caída del turismo llevará a una fuerte reducción del PIB y del empleo en los países del área del Caribe (alrededor de 8 y 9 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que las caídas serían significativamente menores en las demás áreas de la región.

Al adoptar los países medidas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia en el turismo, se abren oportunidades para preparar y acelerar la recuperación económica del sector, la cual debería ir acompañada de un aumento de su diversificación y su sostenibilidad

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis ambiental y social (Mulder y otros, 2020). Dado que se trata de una de las actividades más afectadas y que más emplea a grupos de población vulnerables, como los jóvenes y las mujeres, el sector necesita medidas específicas de mitigación y apoyo. Estas iniciativas se pueden clasificar en cinco categorías: protección de los trabajadores; apoyo para la supervivencia de las empresas (en particular, las mipymes) a lo largo de toda la cadena de valor del turismo; facilitación de la recuperación del sector a corto plazo; fortalecimiento de su sostenibilidad y resiliencia a mediano plazo, y promoción de la cooperación regional y subregional.

Estas medidas no solo deben abordar la supervivencia del sector, sino también garantizar su preparación para contribuir a la recuperación económica una vez superada la crisis y su capacidad de resistencia a futuros choques. Esta crisis es una oportunidad para incrementar la contribución del turismo al logro de los ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; en particular, los ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 13 (acción por el clima), 14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).

H. Conclusiones

En los análisis de organización industrial que se presentan en este capítulo se resaltan algunos elementos centrales de la estructura productiva de los países de América Latina y el Caribe. En primer lugar, se muestra que, en los países de la región, existen diferentes grados de avance en algunas industrias o servicios que son cruciales para las tres dimensiones de la sostenibilidad. Si bien hay sectores en que las actividades productivas están plenamente implantadas y crecen con gran dinamismo, como las fuentes de energía renovables no convencionales o la economía digital, hay otros en que los avances son incipientes, como la movilidad eléctrica, la economía circular o el turismo sostenible. Por ello, en las secciones correspondientes, se subraya la necesidad de desarrollar esos sectores rápidamente para aprovechar su potencial.

En segundo lugar, se resalta la importancia de las capacidades acumuladas para responder a las nuevas condiciones derivadas del cambio tecnológico y, a más corto plazo, de la pandemia de COVID-19. Como se muestra en el análisis de la industria manufacturera de la salud, las respuestas más rápidas y eficaces fueron las que surgieron de las capacidades empresariales construidas a largo del tiempo, incluso desde las décadas en que predominaba la estrategia de industrialización mediante sustitución de importaciones. En otros casos —por ejemplo, en el de la digitalización—, el fortalecimiento de las capacidades, que también fue crucial para la eficacia de la respuesta, se dio en un lapso menor, pero también medible en decenios.

En tercer lugar, en los casos de éxito analizados, se conjugaron estrategias empresariales con decisiones de política pública. La acción gubernamental, bajo el nombre de política industrial, política de competitividad u otros, fue básica para que se establecieran sistemas normativos y, con frecuencia, de incentivos, que viabilizaron los procesos de inversión y fomento de las capacidades humanas y empresariales. En industrias como la automotriz, las capacidades actuales permitirían avanzar con eficacia hacia nuevos patrones tecnológicos, como el de la electromovilidad, si se combinaran con políticas públicas adecuadas, varias de las cuales deberían adoptarse no solo a nivel nacional, sino también local o municipal. En algunos casos, como el de la producción de vehículos eléctricos, el espacio de acción se debería extender al plano regional para aprovechar economías de escala y sinergias entre países.

En cuarto lugar, las capacidades que se desarrollaron en las empresas, las universidades privadas y públicas, y los organismos gubernamentales sectoriales —es decir, en los componentes cruciales de los sistemas nacionales de innovación— desempeñaron un papel importante en la transferencia de conocimientos e incluso de innovación, como se constata en la dinámica tecnológica de la agricultura con bajas emisiones de carbono y de otras actividades vinculadas a la bioeconomía, una de las áreas en que más se ha avanzado en materia de innovación.

Finalmente, a los efectos del diseño y la implementación de políticas, es importante tener en cuenta que hay fuertes interrelaciones y sinergias entre los sectores analizados; por ejemplo, entre la digitalización, el avance hacia fuentes de energía renovables no convencionales y el fomento de la electromovilidad en sustitución del transporte urbano público y privado movido por combustibles fósiles. En las políticas pertinentes, habrá que considerar que se debe ir más allá de las definiciones sectoriales tradicionales, cada vez más difusas, para

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis abarcar sistemas productivos más amplios, fuertemente determinados por su dimensión tecnológica.

En resumen, el mensaje es claro: la cooperación y la creación de sinergias entre las políticas estatales, las estrategias de las empresas privadas o públicas, y las iniciativas sociales y comunitarias conforman el núcleo de un desarrollo productivo que permite avanzar hacia un cambio estructural progresivo que tiende a cerrar la brecha externa, la ambiental y la social. Todo esto exige contar con estrategias y políticas habilitantes que garanticen un entorno de crecimiento elevado del producto, la productividad y el empleo, así como mejoras en la distribución del ingreso y la igualdad, aspectos que se estudian en el siguiente capítulo.

V. Políticas para una recuperación transformadora: crecimiento, igualdad y sostenibilidad

A. Políticas para un cambio de época

La pandemia ha evidenciado problemas estructurales que América Latina y el Caribe enfrenta desde hace décadas: lento crecimiento, estructura productiva heterogénea y poco diversificada, elevados niveles de informalidad y desprotección, desigualdades sociales y asimetrías globales. La región se encuentra ante un cambio de época que entraña procesos de transformación estructural inciertos, largos y complejos, que revolucionan la base tecnológica, la manera de producir, distribuir, habitar, consumir, acumular, pensar y convivir.

Enfrentar este cambio de época requiere de políticas públicas para inducir y propiciar el cambio estructural, pues frecuentemente los mercados no dan las señales que lleven a un cambio estructural progresivo y no solucionan los problemas de coordinación cuando la viabilidad de una inversión depende de inversiones complementarias. De ahí la propuesta de este documento de un gran impulso para la sostenibilidad que, sobre la base de objetivos, políticas y metas sociales, sectoriales y ambientales, permita articular las políticas y coordinar las inversiones.

Los países de la región tienen una larga experiencia en materia de políticas e instrumentos; la tarea actual es transformarlos en un conjunto coherente, darles una nueva dirección e implementarlos de manera eficaz. El desafío es la armonización de las políticas orientadas

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis al cierre de las brechas externa, social y ambiental con la perspectiva de un nuevo estilo de desarrollo y del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

A fin de complementar las políticas para impulsar los siete sectores cruciales para la sostenibilidad que se proponen en el capítulo IV, en este se presentan las condiciones marco y las políticas transversales que complementan esas acciones sectoriales y abarcan en profundidad otras áreas fundamentales para un desarrollo sostenible.

B. Respuestas a la emergencia económica y social de la pandemia

Es necesario crear un puente entre la recuperación económica a corto plazo y el cambio estructural hacia la sostenibilidad y la igualdad. Entre las propuestas que la CEPAL ha hecho para mitigar los efectos de la pandemia, destacan el ingreso básico de emergencia, un bono contra el hambre, el cofinanciamiento de las nóminas empresariales, inversiones para universalizar el acceso a Internet de banda ancha y el aumento de la inversión en salud y su infraestructura7. Sin embargo, existen otros puentes entre los enfoques a corto y mediano plazo que deberían figurar entre las prioridades del gasto público para la recuperación económica.

El confinamiento ha puesto en evidencia la importancia del acceso a Internet de calidad, la infraestructura de agua y saneamiento, la mejora de barrios, viviendas y edificios, la renovación de la infraestructura para el transporte público y la movilidad activa, y los programas de empleo emergente para la restauración de sistemas naturales. Junto con la inversión para la recuperación se plantea la oportunidad de avanzar en la habilitación normativa de opciones productivas sectoriales que sustituyan los productos con altas huellas de carbono, ambiental y social, induzcan la inversión privada y ofrezcan espacios para la expansión de la economía social y solidaria, en una lógica de densificación y democratización del tejido productivo.

C. Políticas de mediano y largo plazo

1. Fiscalidad y financiamiento

Cambiar la senda de desarrollo mediante una política fiscal activa requiere fortalecer la recaudación tributaria y revertir la insuficiencia de los ingresos fiscales para financiar el gasto público necesario para el desarrollo sostenible. El sistema tributario debe promover la creación de una sociedad y una economía más justas, igualitarias y sostenibles mediante impuestos para redistribuir el ingreso y la riqueza, así como para cambiar los patrones de consumo y de producción.

Aunque existe gran diversidad de situaciones nacionales, la presión tributaria en los países de la región es baja, incluso en comparación con otros países del mundo con niveles de desarrollo similares (CEPAL, 2020c). Mientras los gravámenes sobre el consumo de bienes y servicios (que son fundamentalmente regresivos) explican el 50% de la recaudación total en la región, en contraste con el 32% en la OCDE, la imposición directa es baja, en particular la recaudación del impuesto sobre la renta personal.

Por otra parte, la dependencia de los ingresos fiscales de la recaudación sobre la explotación de los recursos naturales no renovables frena el cambio estructural y refuerza un círculo vicioso (lock-in) en la dinámica de las economías. La dependencia de este tipo de ingresos hace que las cuentas fiscales de muchos países sean muy sensibles a factores exógenos (como las variaciones en los precios o la demanda internacional), lo que limita el espacio para mantener una política fiscal activa y anticíclica.

Frente a la insuficiencia de los sistemas tributarios para financiar el desarrollo y reducir las desigualdades, es imperativo establecer una agenda de reformas que permitan ejecutar las políticas fiscales activas necesarias para el desarrollo sostenible. Esta agenda debe eliminar los espacios para la evasión y la elusión fiscales pues, en algunos países, los sistemas tributarios recaudan menos de la mitad de los recursos que se deberían generar por concepto de impuestos sobre la renta personal y empresarial Al mismo tiempo, los flujos financieros ilícitos producto de la manipulación de precios en el comercio internacional de bienes constituyen otra fuga de recursos y apuntan a posibles abusos de las reglas de precios de transferencia que se encuentran en el corazón de la tributación internacional de la renta (CEPAL, 2020c).

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Para aumentar la progresividad de la tributación es imprescindible consolidar el impuesto a la renta personal y empresarial y revisar el uso de los incentivos fiscales y los gastos tributarios, reorientando aquellos que no cumplan con los objetivos de desarrollo (CEPAL/Oxfam, 2019).

Al mismo tiempo, es fundamental extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad como instrumentos para movilizar recursos y reducir la desigualdad. En la medida en que se aumente la formalización de las actividades económicas se podrá ampliar el alcance de las contribuciones sociales para apoyar la sostenibilidad de los sistemas de salud y de pensiones.

Las autoridades de los países también deben aprovechar bases impositivas alternativas, como la economía digital. Los impuestos correctivos, como los medioambientales y los relacionados con la salud pública, no solo son importantes para modificar los patrones de comportamiento y consumo sino también para movilizar recursos.

En la coyuntura actual, es ineludible implementar una política fiscal heterodoxa con gasto deficitario, bajas tasas de interés y una mayor proporción de deuda pública. Para las economías de ingreso medio altamente endeudadas o con servicios de la deuda crecientemente onerosos, como las de los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe y otros países de la región, es imprescindible reducir el peso de la deuda externa. La poca diversificación de las economías caribeñas, la debilidad de sus finanzas públicas y la destrucción periódica de la infraestructura debido a su vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos extremos conforman un círculo vicioso que es necesario romper y luego transformar. Para ello, la CEPAL reitera la necesidad de implementar su iniciativa de canje de deuda por fondos para la adaptación al cambio climático.

Es necesario aprovechar las fuentes de financiamiento público para movilizar el financiamiento privado, en particular a través de los bancos de desarrollo multilaterales o nacionales, que desempeñarían un papel complementario a la movilización de recursos públicos nacionales. El sector financiero es clave para modificar la rentabilidad relativa a favor de las inversiones sostenibles y debe ajustarse a la realidad del cambio climático para internalizar el riesgo climático, aplicar un precio social al carbono, utilizar distintas tasas de descuento, diversificar las garantías destinadas a este tipo de proyectos, establecer pisos tecnológicos o mínimos, y técnicas de operación para cierto tipo de proyectos en materia de emisiones, y excluir inversiones que suponen altas emisiones de carbono, aunque sean rentables (Bárcena y otros, 2020).

En este universo, en que los principales actores son los bancos nacionales e internacionales de desarrollo y los fondos climáticos multilaterales, se debe impulsar el aumento de los aportes de los bancos comerciales privados y del mercado de bonos, cuya emisión cubre una proporción creciente del financiamiento climático en la región (Samaniego y Schneider, 2019). Un instrumento complementario es el Estándar de Bonos Climáticos, que implica la certificación voluntaria alineada con esos principios y permite que los inversionistas examinen un bono para evaluar su impacto ambiental y que un tercero los certifique (Banco Mundial/CFI, 2016; CEPAL, 2017).

La transición hacia la sostenibilidad requiere el fortalecimiento de una administración de riesgos ambientales y climáticos en el sistema financiero y los bancos centrales, que evite la sobreexposición a tales riesgos e incentive inversiones sostenibles. A tal fin, es posible utilizar tasas de descuento diferenciadas y cargar el costo social de los contaminantes y otros daños, así como transparentar la exposición al riesgo climático. Una medida precautoria en el sistema financiero internacional ha sido la fijación de metas de financiamiento verde o climático.

2. Internalización de las externalidades ambientales

El cambio de la rentabilidad relativa a favor de las inversiones para la sostenibilidad requiere la eliminación gradual de las ventajas o los ahorros indebidos en el sistema productivo, que son perjudiciales para la naturaleza o la salud. Esto se puede hacer mediante la regulación de las descargas contaminantes con miras a su minimización o eliminación o mediante impuestos sobre los productos o sectores que redundan en daños ambientales y para la salud. Algunos instrumentos o medidas de política funcionales a ese objetivo son: i) Introducir impuestos ambientales o ajustar los existentes para cambiar la rentabilidad de los patrones de producción y consumo a favor de opciones de menor huella ambiental y aumentar la eficiencia de los recursos empleados. Los impuestos como instrumentos para la internalización y el cambio en la rentabilidad

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis relativa de la inversión son complementarios a otros sistemas de corrección de externalidades, como la regulación de las emisiones y los requisitos de eficiencia energética. Los impuestos al carbono y a otras externalidades negativas no deberían diseñarse como modificaciones excepcionales, sino con un enfoque de aumento progresivo en el tiempo, que los convierta en una señal de dirección más potente y con menor fricción política. ii) Eliminar de manera gradual de los incentivos tributarios que no se justifican y los subsidios perversos. Entre ellos se destacan —por su magnitud y relevancia— los subsidios ineficientes y socialmente regresivos a los combustibles fósiles. Estos subsidios benefician a los sectores de ingresos altos o medio altos y a grupos de poder como los de las industrias intensivas en energía y sus distribuidores. Así, han distorsionado los mercados en detrimento de las energías renovables y la eficiencia energética y de un desarrollo más sostenible. La eliminación de esos subsidios debe complementarse con compensaciones a las personas de bajos ingresos en la medida en que resulten directa o indirectamente afectadas. iii) Incorporar la sostenibilidad en la evaluación de la inversión. Esta medida implica desarrollar e implementar metodologías de evaluación de las inversiones, en particular la inversión pública, que reconozcan las ventajas ambientales (Bárcena y otros, 2020). Entre ellas se destacan el uso tasas de descuento menores y diferenciadas en favor de los proyectos con ventajas ambientales, la introducción en los sistemas de evaluación de la inversión pública de un valor social para el carbono y para otros daños al ambiente y la salud, y el desglose de las huellas ambientales en los pliegos técnicos para las obras públicas directas y concesionadas. iv) Promover la innovación regulatoria. La internalización de externalidades mediante la regulación puede cambiar la rentabilidad relativa de los patrones de producción en declive a favor de los sectores en ascenso. Por ello, se necesitan marcos regulatorios que apoyen la producción en las actividades nuevas, el paulatino aumento de los requisitos de componentes nacionales en las cadenas de valor en ascenso, las licitaciones que permitan a los productores acceder al financiamiento y la certidumbre en la demanda para la producción alternativa. Cuantos más mecanismos competitivos de mercado e iniciativas del sector privado y social se puedan incorporar en las políticas, menores serán los incentivos para captar rentas derivadas del abuso de poder en el mercado. v) Medir el desarrollo y el bienestar y no solo las transacciones de mercado. Aunque se ha reiterado que el PIB no es un buen instrumento para medir la reorientación del modelo de crecimiento hacia un desarrollo más sostenible con igualdad, continúa utilizándose como medida central del progreso. El crecimiento de las transacciones monetarias es una medida que no refleja el aumento del bienestar ni el valor ecológico de proteger la biodiversidad y en la que los precios subsumen todos los demás valores. Las Naciones Unidas, como autoridad estadística mundial, debe establecer una metodología y una fecha de entrada en vigor para transitar del criterio de medición actual a un criterio oficial mejor y adaptar los informes que se producen regularmente para reflejar esa modificación. Esta labor se llevaría a cabo con la cooperación de otras oficinas estadísticas de gran alcance, como la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), y las oficinas e institutos nacionales de estadística de la región, bajo la coordinación de la Conferencia Estadística de las Américas.

3. Políticas industriales para el desarrollo sostenible

El objetivo de las políticas industriales debe ser concretar inversiones públicas y apoyar las inversiones privadas, así como las sociales y solidarias, en sectores que impulsen un cambio estructural progresivo. La posibilidad de avanzar hacia economías inclusivas y sostenibles depende en gran medida de las oportunidades relacionadas con los cambios disruptivos en el nuevo ciclo tecnológico, en ámbitos como la manufactura avanzada (a veces denominada industria 4.0), el transporte y la logística, la eficiencia energética, los servicios digitales y la innovación social. La falta de políticas industriales en un contexto de aceleración de la cuarta revolución industrial y posglobalización aumentará las brechas productivas y tecnológicas con los consiguientes efectos negativos en la brecha externa (Cimoli y otros, 2017). Los efectos económicos de la pandemia han abierto espacios para políticas orientadas a una misión, que apunten a la transformación industrial y la resiliencia productiva.

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La transformación productiva no solo requiere intervenciones en las políticas de inversión, comercio exterior, ciencia, tecnología e innovación, capacitación y formación, y de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), sino también en las políticas de infraestructura y transporte y energía, tanto en el ámbito urbano como en el rural (Padilla, 2017). Dado que la implementación de estos procesos de cambio necesita de largos períodos de maduración, es necesario proceder con políticas industriales que combinen la apuesta de mediano plazo en una economía que incorpore mayor conocimiento, capacidad de innovación y sostenibilidad, con la puesta en marcha de iniciativas que permitan aprovechar el potencial de algunas cadenas productivas, de servicios y plataformas tecnológicas a corto plazo.

Las mipymes, tanto privadas como del sector social, son actores económicos relevantes en la generación de empleo, pero enfrentan serios problemas de productividad y competitividad (Dini y Stumpo, 2019). Por ello, una parte significativa de las mipymes debe ser apoyada mediante políticas industriales centradas en la innovación, la difusión de nuevos conocimientos y la articulación productiva, y mediante su integración en cadenas de valor, la consolidación de redes asociativas y el fortalecimiento de clústeres.

Esas políticas deben formar parte de las estrategias generales de desarrollo industrial que, a su vez, deben incorporar medidas coherentes con las necesidades de las mipymes privadas y del sector social. Los enfoques horizontales (que no discriminan por agente, sector o territorio y que, hasta ahora, son los que prevalecen en la formulación de las políticas) deben enfocarse en acciones habilitantes de interés general y complementarse con medidas específicas para el desarrollo de capacidades en las cadenas productivas y los territorios prioritarios. La gobernanza de estas políticas debe tener una dimensión local y, al mismo tiempo, garantizar un espacio de acción regional.

La experiencia de los países de la región pone de relieve los avances y las limitaciones de sus políticas industriales (Peres y Primi, 2019). A pesar de que, como se analizó en el capítulo II, las economías y sociedades latinoamericanas y caribeñas no muestran una tendencia al cierre de las tres brechas, se registran avances en las siguientes consideraciones sobre la política industrial: i) un buen proceso de formulación de política con la participación de todos los actores interesados es más eficaz que intentar copiar las mejores prácticas de los países y regiones desarrollados; ii) la formulación y la implementación de políticas son procesos de aprendizaje en lo que no hay caminos predeterminados y en los que la experimentación se encuentra en el centro de las dinámicas eficaces; iii) las políticas y los programas deben tener un conjunto limitado de objetivos explícitos medibles (metas cuantitativas); iv) hay una mejor comprensión de la duración del período de aprendizaje, el que es mucho más largo de lo previsto en la mayoría de las políticas y definitivamente más largo que el período de cuatro a seis años de un gobierno, y v) una política solo es real si está respaldada por recursos financieros y humanos para su implementación.

Más allá de estos avances conceptuales, persisten algunos de los problemas habituales en la implementación de las políticas para el desarrollo industrial: i) la falta de una jerarquía de objetivos, que se presentan como listas de prioridades sin alternativas (trade-offs) claras entre ellas, obstaculiza la implementación de las políticas, ii) la debilidad de las instituciones encargadas de la implementación y su separación de las entidades que formulan los planes llevan a la dilución de responsabilidades, iii) la evaluación de los resultados no es una práctica común y, cuando se realiza, no es frecuente que sus recomendaciones se utilicen para reformular el diseño y la gestión de las políticas. Para contribuir a superar estos problemas, el fortalecimiento institucional debe formar parte de la propia política industrial, pues es esencial para su implementación.

4. Un nuevo régimen de bienestar y protección social

Las políticas s ociales no deben concebirse como mecanismos compensatorios. El principal objetivo de la política social es alcanzar el mayor nivel de bienestar posible de las personas y las comunidades, con sus respectivos beneficios en materia de productividad, capacidades y resiliencia. Los regímenes de bienestar de la región no son suficientemente redistributivos y existen altos niveles de desigualdad en el marco de una cultura del privilegio. Como se muestra en el capítulo II, una correcta combinación de políticas productivas, sociales y fiscales permitiría lograr una reducción significativa de la desigualdad y sociedades libres de pobreza en el curso de una década. Por ello, se debe combatir la consideración de que la desigualdad, la pobreza y la cultura del privilegio que las sustenta son fenómenos normales.

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La intransigencia con respecto a la desigualdad y la pobreza es indispensable para que la actuación del Estado, en particular las finanzas públicas, sea un instrumento más redistributivo y permita avanzar hacia un cambio estructural más inclusivo. Esto también supone informar de la desigualdad en la sociedad, antes y después de los efectos fiscales, denunciar los efectos distributivos negativos de los privilegios fiscales, la orientación de la inversión y, en general, el gasto público. Supone asimismo combatir cualquier forma de discriminación, especialmente las basadas en el sexo o la condición étnico-racial, para pasar de una cultura del privilegio a una cultura de la igualdad y la eficiencia.

Para fortalecer, renovar y expandir el estado de bienestar y facilitar la transición a un nuevo estilo de desarrollo se necesitan, además del cumplimiento de los derechos laborales, políticas sociales universales basadas en derechos y no en la participación en el empleo formal. Se apunta a cambiar la estructura económica y social mediante acciones afirmativas a favor de las personas y los grupos que experimentan diversos tipos de desigualdad, discriminación y exclusión (CEPAL, 2019a).

Un importante instrumento para la universalización consiste en ampliar las transferencias monetarias directas a la población, especialmente en las etapas extremas del ciclo de vida (la primera infancia y la vejez), y avanzar, conforme a las características de cada país, hacia un ingreso básico universal como pilar adicional del régimen de bienestar y el sistema de protección social. La crisis debida a la pandemia de COVID-19 subraya la importancia de garantizar la seguridad social para todas las personas, así como el acceso y la calidad de algunos servicios públicos como la conectividad digital, el agua potable, el transporte, la calidad del aire y la salud.

La protección social universal debe redistribuir y asegurar el acceso universal a la educación y la salud y garantizar ingresos a quienes pierden el empleo a causa de la transición verde o digital. Asimismo, puede tener un efecto multiplicador de incremento de la demanda agregada. Contribuye asimismo a enfrentar los desastres (antes, durante y después de que ocurran), cuyos efectos son mayores para las poblaciones más pobres y vulnerables. También es necesario adecuar los regímenes de bienestar y los sistemas de protección social al desafío que representa la intensificación de la movilidad humana (migraciones regulares e irregulares, personas desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo) y la necesidad de construir un marco de protección social coherente con esta realidad desde la perspectiva de los derechos y la seguridad humana.

El sistema de pensiones es un componente central de la protección social. En general, las pensiones contributivas siguen teniendo una cobertura limitada, bajas tasas de remplazo y, en consecuencia, montos insuficientes para otorgar el reconocimiento social y la seguridad económica que deberían garantizar según su diseño original. Los sistemas de pensiones son, además, uno de los principales motivos de preocupación y conflicto social en varios países de la región.

Las políticas de protección social aumentan la resiliencia de la población a los desastres relacionados con fenómenos naturales y deben formar parte de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, así como de la gestión del riesgo de desastres. Estas políticas son fundamentales para apoyar a los sectores que padecen lo que la CEPAL ha denominado una doble asimetría, pues contribuyen mínimamente al calentamiento global mientras sufren grandes daños por el efecto acumulado de las emisiones de los países más desarrollados y de los sectores de mayores ingresos de sus propios países.

La pandemia ha subrayado las insuficiencias y desigualdades en el ejercicio de los derechos a la salud y la educación de calidad. En el capítulo, se detallan medidas para avanzar en estos temas y, en particular, se resalta que la falta de acceso a la conectividad digital de cerca de un tercio de la población de la región impide su acceso a las nuevas modalidades de educación y medicina, aumentando las brechas históricas en ambos campos.

La igualdad sustantiva de género es un tema transversal a todas las políticas e iniciativas que buscan el desarrollo con igualdad. El trabajo de cuidado, desempeñado sobre todo por las mujeres, es imprescindible para todas las actividades en cualquier sociedad. Contabilizar el tiempo invertido y reconocer su valor a precios de mercado permitiría dimensionar su aporte directo al crecimiento económico y la importancia de estas tareas. Se debe avanzar hacia un sistema público de cuidados que los desfeminice y, al mismo tiempo, garantice derechos laborales y trabajo decente a todas las personas involucradas en la economía del cuidado.

La crisis sanitaria del COVID-19 puso en evidencia la injusta organización social de los cuidados en la región, donde se los considera una externalidad y no un componente del desarrollo. Esta crisis sanitaria

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis y el envejecimiento exigen que se considere a la economía del cuidado como componente crucial para un estado de bienestar. Para ello, el cuidado debe convertirse en un bien público universal y el papel de las mujeres en estas tareas debe ser reconocido y revalorado.

La sustitución del modelo de desarrollo actual por uno más dinámico y sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental requiere una población con mayor conocimiento de las huellas social y ambiental del estilo de desarrollo vigente y de las grandes decisiones de inversión y sus efectos en el cambio climático y la biodiversidad, como se resalta en el Acuerdo de Escazú. Como se señaló, los cambios de época suponen transformaciones en la manera de pensar, los valores y la subjetividad social. Esto exige la generación de espacios de participación, condiciones materiales e incentivos que propicien las modificaciones en el estilo de vida, los recursos, el conocimiento y la voluntad de cambio.

5. Del reforzamiento de la integración regional a un multilateralismo renovado

La coordinación y la armonización de políticas en el espacio regional tienen ventajas para la acción nacional, pues permiten conocer y evaluar buenas prácticas y políticas novedosas que pueden acelerar la transición hacia la sostenibilidad y evitar la competencia para aumentar las inversiones sectoriales mediante ventajas lesivas para el medio ambiente, la salud o las condiciones laborales. La acción regional también fortalece los valores del multilateralismo global que reconocen las asimetrías entre los países desarrollados y los países en desarrollo para fortalecer la cooperación internacional basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

En los acuerdos comerciales más modernos se reconocen cada vez más los vínculos entre los problemas ambientales, el comercio internacional y la inversión extranjera directa. Pese a ello, persiste la tensión entre la lógica de la mayoría de los acuerdos comerciales y el tipo de acciones e instrumentos requeridos para hacer frente al cambio climático y otros problemas ambientales con la intensidad y rapidez necesarias. Se debe avanzar en la implementación de las disposiciones sobre cambio climático en los acuerdos comerciales que, no obstante su mayor difusión gracias a la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, se plantean solo en términos de “máximo empeño”.

En este contexto, se debe negociar regionalmente la propuesta de establecer una “excepción o dispensa climática” que exima de cuestionamientos ante la OMC por determinadas medidas adoptadas por los gobiernos para hacer frente al cambio climático. Una dispensa climática en la OMC en el marco de las discusiones Norte-Sur facilitaría la aplicación de la política industrial ambiental dentro de los márgenes permitidos por los acuerdos comerciales, como los estímulos fiscales y otras formas de apoyo a la industria a favor de la sostenibilidad, en el contexto de un comercio internacional “verde” cada vez mayor en el que la región se está quedando atrás. También es importante avanzar hacia nuevos modelos de solución de controversias en materia de inversión, que protejan mejor el derecho de los Estados a regular en función del interés público, incluida la protección del medio ambiente y la salud.

En el ámbito del multilateralismo, se destaca la agenda de financiamiento para el desarrollo que apunta a una reforma para lograr una mejor arquitectura financiera global que canalice los recursos comprometidos para la cooperación del desarrollo (el 0,7% del PIB, que cumplen muy pocos países), así como los fondos comprometidos para el adecuado funcionamiento del Acuerdo de París. También se debe obtener la flexibilización de los derechos de propiedad intelectual en sectores como los fármacos y las tecnologías digitales y ambientales, cuya importancia se puso de relieve en la emergencia sanitaria y la transición hacia producciones más sostenibles y de menor huella ambiental.

D. Políticas públicas y construcción de consensos sociales: el papel del Estado

El gran impulso para la sostenibilidad abre la oportunidad para construir un nuevo estilo de desarrollo basado en una nueva ecuación entre el Estado, el mercado, la sociedad y el medio ambiente que es, en el fondo, la principal aspiración de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para colocar la igualdad y la sostenibilidad en el centro del estilo de desarrollo es necesario construir las coaliciones sociales que lo hagan posible porque, a fin de cuentas, el desarrollo es un asunto político.

Es necesario recuperar la política como instrumento de cambio, como mecanismo para deliberar, disentir y acordar, para generar bienes públicos y pactos duraderos. Un nuevo contrato social y un estilo de desarrollo sostenible, igualitario e igualador serán viables y duraderos si las sociedades construyen los pactos que los hagan posibles. Desde 2014, con la publicación del documento Pactos para la igualdad: hacia un futuro

Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora... - Síntesis sostenible, la CEPAL resalta la necesidad de contar con pactos básicos que vertebren una perspectiva renovada del desarrollo. Frente a la pandemia y sus efectos, reitera la pertinencia y la urgencia de esta propuesta.

El cambio en el estilo de desarrollo resultante de la combinación de políticas habilitantes, transversales, y políticas sectoriales propuestas en este documento pueden aumentar, a mediano plazo, la importancia relativa de los sectores que son pilares del gran impulso para la sostenibilidad. Esto permitiría lograr hacia 2030 una ruta sostenida para cerrar las brechas externa, ambiental y social; transformar, densificar y democratizar el tejido productivo orientándolo hacia actividades intensivas en conocimiento e innovación; reducir la heterogeneidad estructural y desprimarizar la economía; garantizar el trabajo decente; eliminar la pobreza; construir sociedades igualitarias entre grupos sociales y entre mujeres y hombres, con los niveles más altos posibles de bienestar y libres de discriminación.

El medio por el cual se construirán y adoptarán los pactos sociales en cada país dependerá de su cultura institucional y de los valores y las prácticas que han orientado y dado sentido al quehacer de la ciudadanía. Los pactos deberán sentar las bases para la construcción de un estado de bienestar que, entre otros objetivos, asegure una fiscalidad redistributiva, un incremento de la productividad, una mejor provisión de bienes y servicios públicos, un manejo sostenible de los recursos naturales y un aumento y diversificación de la inversión. Los pactos requerirán el liderazgo político para convocar la más amplia y diversa participación de actores sociales, que suelen expresarse mediante el voto popular y participar a través de organizaciones políticas y sociales, y deberán comprometer la acción efectiva de las instituciones democráticas, el gobierno y los parlamentos. Lograr una amplia representatividad y legitimidad social obligará a los actores a “cumplir con lo pactado”, facilitando la convivencia posterior y la resolución de los futuros conflictos redistributivos que inevitablemente tendrán lugar. Es deseable que amplias coaliciones sociales y políticas confluyan en estos acuerdos sociales. En particular, las y los jóvenes deberán desempeñar un papel importante, cuestionando las “verdades oficiales” y colocando sobre la mesa su demanda de justicia intergeneracional.

Este es el tipo de sociedad que el cambio de época reclama y que, de construirse las coaliciones y alcanzarse los pactos necesarios, está más que nunca al alcance de todos. Responder a la encrucijada civilizatoria en la que se encuentra la región es una tarea común y urgente.

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