Discurso del Presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, en ocasión de la juramentación de las 155 Juntas Electorales del país, el martes 29 de noviembre de 2011
Distinguidos Miembros Titulares de la Junta Central Electoral Honorable Monseñor Agripino Núñez Collado Honorable Presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, doctora María Eugenia Villagrán de León Honorable Presidente Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, doctor Eugenio Chicas Distinguido doctor Hilario Espiñeira, Secretario General del Pleno Distinguidas personalidades presentes
Este acto tiene una significación especial para quienes desde la función electoral desarrollamos nuestros mejores esfuerzos para aportar a la construcción de la democracia y para organizar los procesos que renuevan cada determinado tiempo todo el personal que ha de ejercer las funciones de los poderes públicos establecidos, esto es, el Ejecutivo, el Legislativo, y éstos a su vez, por delegación, el Judicial. 1
La Constitución de la República, en su artículo 2, consagra que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.” Este poder soberano no puede ser expresado sin las labores propias de todos los hombres y mujeres que nos encontramos reunidos en esta augusta sala, ya que nos corresponde crear las condiciones objetivas que permitan designar a los encargados de representar estas instancias del Estado. De este esfuerzo surgen los dignatarios revestidos de la legalidad y la legitimidad necesaria, lo que le ofrece a la función electoral un rol trascendente en el interminable camino de la democracia. Las Juntas Electorales que hoy juramentamos poseen una característica especial, debido a que la Constitución vigente, en su artículo 213 pone a su cargo las labores administrativas que le son propias y las define como órganos estatales que dependen, o están subordinadas, a la Junta Central Electoral en las funciones administrativas, y les atribuye competencia como instancias de primer grado para conocer de los diferendos que surjan a lo interno de los partidos políticos y entre éstos, es decir, que aunque dependan administrativa y financieramente de la Junta Central Electoral, tendrán una relación en el aspecto contencioso electoral, como órgano dependiente, con el Tribunal Superior Electoral. 2
La Ley Electoral No. 275‐97 vigente, en su artículo 22, establece que éstas son órganos permanentes, y atribuye a la Junta Central Electoral competencia para su designación y para la remoción de sus Miembros, si lo considerara conveniente; y al conformarlas, según este articulado, debe procurar que estén integradas por personas que carezcan de militancia partidista reconocida, o en su defecto, que haya un equilibrio, de tal manera que las diversas fuerzas políticas se encuentren representadas. Estas ciento cincuenta y cinco (155) Juntas Electorales han sido el resultado de un arduo trabajo llevado a cabo por la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos, coordinada por el Lic. Eddy de Jesús Olivares Ortega, Miembro Titular de la Junta Central Electoral, quien tuvo a su cargo dirigir toda esta labor con persistencia y total consagración, procurando que las fuerzas políticas desempeñaran su rol en el difícil proceso de construcción de consensos y en la administración de los disensos que se presentaron y que fueron exitosamente trabajados, que todas las Juntas Electorales, en sentido general, cuenten con el aval y la aceptación de los partidos políticos reconocidos y las organizaciones de la sociedad civil en cada comunidad, lo que representa una amplia satisfacción en los actores del sistema político, que se ha expresado en una avenencia total y absoluta hacia las mismas.
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Es importante destacar, que de un total de mil cuatrocientos un (1,401) Miembros Titulares y Suplentes de Juntas Electorales aquí reunidos, novecientos ochenta y seis (986) han sido ratificados en sus cargos, para un setenta por ciento (70%), de ciento cincuenta y cinco Presidentes de las mismas, ciento diez (110) están siendo ratificados, para un setenta y un por ciento (71%), veinticuatro (24) desarrollaban otra función y actualmente fungen como Presidentes, y sólo veintiuno (21) son de nueva designación, es decir, que el ochenta y seis por ciento (86) de los actuales Presidentes de Juntas Electorales está siendo ratificado como Miembro de la misma; además, sólo una de éstas su composición es completamente nueva. El noventa y seis por ciento (96%) de las Juntas Electorales está compuesto con personal con experiencia en procesos anteriores como Miembros de Juntas Electorales.
Siempre he considerado que los ciudadanos que logran ser valorados por su comunidad para desempeñar una función honorífica y altruista, como lo es la de ser Miembro de una Junta Electoral, asumen un compromiso enorme, en razón de que no recibirán ninguna compensación material, sino más bien, y con mucha frecuencia, la ingratitud de los demás; de todas maneras, no deja de ser motivo de orgullo el ser señalado y aceptado por sus conciudadanos como una persona de gran solvencia moral, digna de representarle y arbitrar los procesos políticos más importantes.
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El hecho de que un porcentaje tan elevado de ustedes hayan sido confirmados en su condición de miembros, con el aval de todos los partidos, debe ser interpretado como un descargo satisfactorio a todas las Juntas Electorales que administraron los comicios de medio término reciente, constituyendo esto una muestra de cuán pulcros y transparentes fueron los procesos en que ustedes participaron. Sin duda, que las situaciones vividas por una gran parte de ustedes, injustas por demás, no han disminuido su espíritu de servicio y compromiso social, significa que han hecho suyo el criterio de “perseverar en el cumplimiento de su deber y guardar silencio que es la mejor respuesta…”. (George Washington), conscientes de que, como diría Baltazar Gracián, “ya nadie actúa correctamente… todos dan el peor pago al mejor trabajo… esta falta de agradecimiento no hay que imitarla… es una invitación a la cautela. Uno se arriesga a perder la rectitud cuando ve el comportamiento ruin. Pero el hombre de ley nunca se olvida de quién es, hagan lo que hagan los demás”; por esa razón, que bien actúan al aceptar nuevamente esta designación. Como hemos indicado, a los órganos electorales en cada municipio les corresponde organizar los procesos que permiten al ciudadano el ejercicio del derecho al sufragio, prestando especial atención a la conformación de 5
colegios electorales idóneos, que respondan a los criterios de selección que han sido aplicados en la propia integración de las Juntas Electorales, garantizando la equidad y la transparencia en estas unidades fundamentales de administración electoral, esforzándose en obtener colegios que a su vez lleven a cabo un buen escrutinio y ejerciendo con idoneidad su papel de garantizar una transmisión de resultados objetiva y ágil, en lo jurisdiccional o contencioso, como diría el ex Magistrado de la Junta Central Electoral, Mariano Rodríguez, guiándose “por los principios de independencia, eficacia, justicia e imparcialidad”. Nos encaminamos a un proceso electoral relativamente fácil de administrar y organizar, en comparación con los procesos anteriores. Como recordarán, en el año 2010 tuvimos una contienda electoral en la que concurrieron 16 mil 605 candidatos inscritos, para 4 mil 036 cargos a elegir, que correspondían a las funciones de Senadores, Diputados, Alcaldes, Regidores, Directores de Distritos Municipales, Vocales, Diputados Nacionales y Representantes al Parlamento Centroamericano. En esta ocasión estamos llamados a celebrar un certamen en el territorio nacional donde se vislumbra que concurran aproximadamente siete fórmulas presidenciales, que representarían apenas 14 candidaturas inscritas, con un listado de electores al 25 de noviembre de 2011 de 6 6
millones 460 mil 925, y 14 mil 291 colegios electorales (sin incluir los del exterior), para los cuales necesitaremos aproximadamente 75 mil personas para su conformación. Se destaca el gran esfuerzo realizado por la comunidad dominicana en el exterior, que a la fecha ya reporta como inscritos en la lista de electores en el exterior 265 mil 108 dominicanos, de los cuales 179 mil residen en Estados Unidos. A este momento el calendario regresivo electoral ha sido ejecutado en un cuarenta y siete punto uno por ciento (47.1%), tal como fue programado; se han captado 136 mil 565 ciudadanos, a los cuales le han sido impartidos dos mil setenta y cinco (2,075) talleres de capacitación y entrenamiento para fines de evaluación y calificación, para conformar el banco de elegibles de ciudadanos que serán tomados en cuenta para llevar a cabo la administración del colegio electoral y del escrutinio del resultado. Paralelamente avanzamos en el proceso de adquisición de materiales electorales, habiendo licitado y/o adquirido a la fecha aproximadamente el sesenta y seis por ciento (66%) de los mismos, e iniciado las labores administrativas fundamentales en la coordinación y asignación del personal interno para la logística electoral.
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En el curso del mes de diciembre próximo está prevista como una tarea la realización de una prueba regional del cómputo electoral. A esto se agrega la conformación de las principales Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), que realizarán las labores similares a las Juntas Electorales en los municipios. De su parte, el Pleno de la Junta Central Electoral ha venido despachando los Reglamentos y Resoluciones que han sido aprobados, previa consulta con los partidos políticos. Estas estadísticas ponen de manifiesto que la ciudadanía se ha integrado en la organización de los procesos electorales a través de la administración de los colegios, quedando esta importante acción de manera fundamental en manos de la propia ciudadanía, ejercicio que cada vez más se viene perfeccionando, mediante un riguroso proceso de capacitación para alcanzar lo que es una meta: Colegios Electorales bien administrados. El voto, es la decisión de la ciudadanía. Es libre, es secreto, directo, es un deber y un derecho, universal, igual para todos, así como propio e individual, es responsabilidad de los miembros de los colegios protegerlo y escrutar esa voluntad con toda la objetividad que demanda su sagrada y trascendental investidura. 8
La Junta Central Electoral ha venido cumpliendo con las responsabilidades puestas a su cargo. Los ciudadanos tienen la responsabilidad de contribuir con su accionar a la construcción de la democracia, ejerciendo plenamente los derechos de elección y participación, no sólo a través de las instituciones políticas y con el ejercicio directo del voto, sino con la integración decidida en las unidades fundamentales de decisión electoral, que lo constituyen los colegios electorales; ustedes deben estimular su integración y su formación. Con relación a la observación nacional, más de quince organizaciones e instituciones no gubernamentales han expresado su interés de observar el referido proceso, que al tenor de la ley, se abrirá en los primeros días del mes de febrero del año 2012. Entre las instituciones que serían parte de la observación, se encuentran varias academias. Ya la Organización de Estados Americanos (OEA), informó que observará ampliamente el proceso electoral venidero, en atención a una invitación que cursáramos en sus oficinas en Washington, D. C., y que también fue canalizada a través de la vía diplomática correspondiente. La JCE está abierta para que cualquier organización, nacional o internacional, se acredite y ejerza a voluntad la observación, simplemente lo que ha acordado la institución en el Reglamento de Observación que tuvo a 9
bien emitir, es que procurará y dará las más amplias posibilidades a una observación plural, proclive a habilitar a todas las organizaciones que deseen hacerlo, en el interés de obtener el mayor nivel de integración ciudadana y de expertos en la materia para auscultar el desarrollo del proceso. Como ya hemos visto, el proceso electoral marcha por buen camino, a diferencia de otros tiempos, los partidos políticos reconocidos tienen en sus manos hace más de un año la lista o padrón electoral y mensualmente reciben un corte con las adiciones y las inhabilitaciones en el mismo, asisten con frecuencia a las actividades propias de evaluación y monitoreo de la marcha del proceso electoral. En pocas palabras, la JCE es un libro abierto, al que todos los ciudadanos pueden accesar y abrevar. No es ocioso recordar, que en el proceso electoral del año 2008, en el período cubierto de febrero del 2007 al 16 de mayo del 2008, alrededor de la institución se produjo un serio escarceo, elevados cuestionamientos en varios aspectos de la administración del proceso; sin embargo, a partir del 17 de mayo todos los medios de comunicación, sin excepción, destacaron los estándares de transparencia y la calidad del proceso electoral, y muchas de las instituciones y personas que hoy se inquietan, y otros que nos apoyaron, se volcaron en elogios hacia la institución, algunos llegaron a 10
decir “esta Cámara Administrativa, con su Presidente Roberto Rosario a la cabeza, se fajaron y no dejaron detalles ni puntos sueltos en la organización de unos comicios que son, sin dudas, de los mejores organizados que ha tenido el país” (Periódico Hoy). O el Presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que calificó como “magnífico el montaje de las elecciones”. Como el periódico El Caribe, que tituló “El trabajo de los honorables Miembros de la Junta Central Electoral demuestra que los dominicanos sí podemos cambiar las cosas”. Del matutino Diario Libre: “La Junta montó impecablemente las elecciones y hay que felicitarla por ello”. FINJUS, que felicitó “por la eficiencia y pulcritud de las elecciones las cuales afirmó son un referente para el desarrollo de la cultura electoral en el país”. La UASD “por cumplir a cabalidad con sus funciones”, y reclamó “que a la JCE se le otorguen poderes reales para someter al orden a los partidos políticos”. Y obviamente su Eminencia Reverendísima, Cardenal Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien aseveró que “la democracia dominicana se ha fortalecido y a pesar de algunos episodios y acusaciones entre candidatos las elecciones fueron un ejemplo para el país y el mundo”. Todos estos comentarios y consideraciones, entre otros, sobre el desarrollo del proceso electoral del 2008, pareciera como si no se hubiesen producido, si se repitieran en esta misma fecha; pero todos, sin excepción, estaban dirigidos a la Junta Central Electoral, a la institución que ha creado una 11
estructura de sistemas, funcionarios y técnicos que garantizan la equidad, la legalidad y la legitimidad de los procesos que están puestos a su cargo, que ha construido una imagen de transparencia, elevados niveles de eficiencia, credibilidad y confianza en la población, que supera con creces las individualidades y personalismos del Pleno de la Junta Central Electoral y sus funcionarios. Los Miembros Titulares de la Junta Central Electoral, incluyendo su Presidente, sus funcionarios y técnicos, que fueron receptores de todas estas opiniones, son exactamente los mismos que ya han ejecutado prácticamente el cincuenta por ciento (50%) del calendario regresivo, y que se aprestan a concluir el resto de las actividades del calendario. A propósito, es oportuno prestar atención al análisis que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), que en su sexto informe dedica varias cuartillas a analizar el tema de la confianza, indicando cuáles son los factores determinantes de la confianza en las instituciones, y nos reseña lo siguiente: “Según Carolina Segovia, hay dos factores que se toman en cuenta para evaluar la confianza en las instituciones: la capacidad percibida de una institución y la benevolencia percibida de la misma. La percepción de la capacidad de una institución política se refiere a la creencia que la institución está capacitada o técnicamente preparada, 12
para realizar aquello que de ella se pide y se espera… La benevolencia se refiere a la creencia de que la institución será fiel y responderá positivamente a la confianza en ella depositada porque tiene la voluntad de contribuir al bien común, porque tiene un genuino interés por el bien común o intereses coherentes con el bienestar de los ciudadanos”. Si esta conceptualización de confianza tiene un nivel de certeza aceptable, habría que colegir que la Junta Central Electoral se ha ganado a pulso la confianza de la población. Recordemos que el año pasado las instituciones Latinobarómetro y Barómetro de Las Américas en estudios de opinión realizados, determinaron que la Junta Central Electoral era la institución mejor valorada y de mayor confianza en la población. Si a eso agregamos el más reciente estudio de opinión presentado por la encuestadora Gallup, con los auspicios del periódico Hoy, que establece que el sesenta y cuatro por ciento (64%) de la población cree y confía en que las autoridades de este órgano constitucional cumplirán su compromiso con la debida imparcialidad y transparencia que la población espera, habría que concluir que no existen razones para la especulación. La Junta Central Electoral es el órgano constitucional regulador del sistema de partidos, canaliza sus recursos y supervisa sus actividades hasta donde le es posible; los partidos tienen todo el derecho que le otorgan la 13
Constitución y las leyes para criticar, sugerir, recomendar, acompañar y buscar solución al lado de la Junta Central Electoral a todas las situaciones propias del trabajo político‐electoral que maneja la institución, y en ese sentido, estamos abiertos a recibir de la totalidad de los partidos políticos, sin excepción, como bien expresé en una ponencia el pasado domingo, a propósito de participar como orador invitado a la décimo octava graduación extraordinaria de la Universidad de la Tercera Edad (UTE), “los partidos y los diversos actores sociales deben cuidar de ejercer la más amplia participación en todos los temas propios de la JCE, pero no pueden constituirse en la institución misma; deben ser consultados, escuchados y tomados en cuenta por ésta…”. Y a propósito de estos derechos, que nadie pretende desconocer a los diversos actores políticos y sociales, rememoro algunos de los comentarios contenidos en la obra El arte de la prudencia, de Baltazar Gracian, cuando dice “no basta la sustancia, también se necesita la circunstancia. Los malos modos todo lo corrompe, hasta la justicia y la razón. Los buenos todo lo remedian: doran el no, endulzan la verdad y hermosean la misma vejez. En las cosas tiene gran parte el cómo… Hablar y portarse de buen modo resuelve cualquier situación difícil”.
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Es de necios insistir que en la República Dominicana desde hace tiempo las elecciones son pulcras, limpias y transparentes, que en la Junta Central Electoral no se cuentan votos, ni se ganan, ni se pierden elecciones, que los Miembros de Juntas Electorales que hoy se juramentan, tampoco contabilizan votos, salvo las excepciones legales, que las elecciones se ganan, y se pierden, en los Colegios, que los votos se cuentan de manera escrupulosa y que las actas que son levantadas en esas unidades básicas de administración electoral, una vez llenadas, son firmadas por los representantes de los partidos, por los cinco integrantes de los colegios, que son plastificadas y protegidas de tal manera que es imposible su adulteración. Siendo así, ¿acaso no deberían ser los colegios electorales el centro de atención de los partidos políticos y de las organizaciones de observación electoral? Si aquí hemos dicho, y demostrado, que las Juntas Electorales son quienes conforman los colegios electorales, y éstas fueron integradas con el beneplácito y el respaldo de todos los partidos, ¿por qué no apoyarlas y confiar en el fruto de su trabajo? En otro sentido, en este mismo escenario, exactamente el 21 de noviembre del año 2007, mi antecesor, el ex Magistrado Presidente de la Junta Central Electoral, Dr. Julio César Castaños Guzmán, trajo a colación algunas 15
reflexiones de John Roberts, ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, que sentenció “el público no asiste a los partidos a vitorear a los árbitros (los jueces); concurre a aplaudir los jugadores”. Este comentario viene a propósito del reclamo persistente a la Junta Central Electoral para que asuma funciones y atribuciones propias de otros órganos y poderes del Estado, ya sea del Legislativo o del Judicial. Por siempre la sanción, el juzgamiento y la persecución de los delitos electorales ha sido facultad de los Tribunales de la República; ahora es competencia, en parte, del Tribunal Superior Electoral; tradicionalmente ha sido atribución del Congreso de la República, y en algunos casos del Poder Ejecutivo, dictar leyes y reglamentos. La Junta Central Electoral ha sometido un proyecto de Ley de Partidos Políticos y en las próximas horas someteremos un Proyecto de Ley Orgánica que establece el régimen electoral; como es lógico, ambas iniciativas, por su contenido, desbordan el límite de la competencia y atribución de la Junta Central Electoral para su aprobación; incursionar por las vías reglamentarias en esas materias, es un terreno resbaladizo, que los sabios de la política y el derecho electoral no recomiendan. 16
Es importante destacar, que no existe posibilidad de emitir un reglamento el uso de los medios de comunicación, si no se cuenta con el respaldo de los mismos, y si éstos no asumen como un compromiso ciudadano la necesidad de regular la actividad política en tiempos de campaña en los medios de comunicación; la Junta Central Electoral no puede atribuirse, por sí sola, la representación de toda la sociedad, ya que estas reformas requieren, no de imposición, sino un pacto social más allá de los intereses particulares. Los medios de comunicación se han convertido, por su propia fuerza, en instrumentos esenciales en el desarrollo de elecciones democráticas. Unas elecciones libres, transparentes y justas no consisten sólo en la emisión de un voto en condiciones adecuadas, sino que también debe contar con la información responsable y oportuna; la regulación de estos aspectos en que incursionan los partidos en la actividad política y los medios de comunicación, deben ser resultado de un compromiso nacional, ético y responsable. Abundando sobre este tema, mi antecesor expresó la siguiente consideración: “Es que existe una gran tentación en cada juez, de pretender ocupar el lugar del Legislativo (a veces del Ejecutivo en materia reglamentaria), confundiendo su papel de intérprete de la Ley o aplicador de la misma con el de hacedor de leyes, lo cual sería terrible en el orden de trastocar la función indelegable de cada Poder del Estado. Sobre todo 17
porque nuestra Constitución expresa en el art. 99 que: ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’”. Ciertamente la Constitución de la República, en su artículo 212, establece que la Junta Central Electoral tiene facultad para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. En interés de avanzar en este aspecto, hemos hecho todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para que en tiempo hábil se aprueben ambas iniciativas legislativas; sin embargo, informo a esta audiencia que existe un compromiso entre Monseñor Agripino Núñez Collado, que hoy nos acompaña, y el suscrito, para convocar un encuentro con los propietarios y directores de medios de comunicación y líderes de opinión para consensuar todo lo relacionado con la propaganda, la publicidad y el acceso a los medios de comunicación, compromiso que por demás hace más de un mes le fue comunicado por escrito a estas personalidades, por lo que reiteramos la disposición de concretar ese encuentro tan pronto haya disponibilidad de tiempo y las circunstancias lo permitan. Esto propiciará que cualquier decisión que se tome sea el resultado de la consulta y el consenso con todos los sectores organizados. Intentar aprobar 18
una legislación o un reglamento sobre el acceso a los medios de comunicación sin agotar este paso, constituiría un esfuerzo inútil, pero como tenemos fe y los propósitos que nos inspiran se erigen en los mejores para el país, sabemos que podremos anclar en buen puerto. Pero más allá de esta demanda, en nuestra opinión, la Junta Central Electoral y los Miembros de las Juntas Electorales estamos llamados a superar los procesos electorales anteriores, a aportar mayores niveles de transparencia y a consolidar a este órgano como un poder real que se reconozca como la base esencial de la legitimidad de la democracia; el vientre de las instituciones fundamentales de la República Dominicana, y por ende, de la democracia. Las debilidades detectadas debemos afrontarlas con decisión y consagrar nuestros mayores esfuerzos a mejorar y perfeccionar el escrutinio del resultado, con la objetividad en las mesas de escrutinio y la agilidad en la transmisión de las actas emanadas de los colegios, pero si algo debe caracterizar a los Miembros de las Juntas Electorales, es el trato fluido, flexible y receptivo con todos los actores del sistema y la comprensión del rol que corresponde a cada Junta Electoral.
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En su espacio cada uno de ustedes debe actuar con responsabilidad, honestidad, imparcialidad y firmeza, convencidos de actuar con la mejor de las intenciones, y siempre en el entendido de que es preferible hacer caso al testimonio de su conciencia que a los juicios que los demás se hagan de sí. Al final de la jornada, al igual que hoy, se impondrá el resultado transparente de su trabajo. En ese mismo sentido, en este escenario, quien fue el decano de todos los Magistrados de América Latina, Dr. Carlos Alberto Urruty, nos dejaba la siguiente enseñanza: “Los individuos que administran una elección y aquellos a los que se ha encomendado su juzgamiento, son personas de carne y hueso inmersas en un medio social que les transmite simpatías y antipatías por los partidos políticos y candidatos que disputan una elección. Pretender que los administradores y jueces electorales sean neutrales, si tal calificativo exige que la persona a tener en cuenta carezca de simpatías políticas o exhiba antecedentes equidistantes de todos los partidos políticos, supondría reducir la búsqueda de los candidatos a desempeñar esa tarea a seres de probeta”. Lo que sí debemos, y estamos obligados hoy, es comprometernos a actuar con plena imparcialidad, a hacer conciencia del papel que nos toca desempeñar y que espera la sociedad de nosotros, a apegarnos a la ley 20
como el náufrago desahuciado que se aferra a un tronco podrido, sin importar cuán difícil sean las decisiones que se adopten y los intereses que se afecten. En nombre de la Junta Central Electoral y de los Miembros de las Juntas Electoral aquí presentes, garantizamos que en el proceso electoral venidero no existirán traumas, ni retrocesos, que haremos nuestro mejor y más efectivo esfuerzo en facilitar que los frutos del escrutinio, una vez recibidos, sean rápidamente transmitidos, que actuaremos con total y absoluta imparcialidad, equidad y transparencia, de respeto a la voluntad popular libremente expresada y depositada en las urnas, y que nueva vez sea posible el ideal de que el resultado final no se manchado siquiera por una pisca de duda o de desconfianza en los mismos. Garantizar que tenemos un compromiso con Dios, con la patria, con nuestro honor, con nuestras familias en cumplir fielmente con las responsabilidades que nos han sido confiadas, de tal manera que el país pueda mostrar orgulloso un sistema electoral fuerte, garante de todos los derechos de participación y representación, conforme a la Constitución y las leyes. Finalmente, me permito evocar el pensamiento imperecedero de Winston Churchill, en uno de los momentos más difíciles de la historia mundial. Citamos: “No puedo decir a la Cámara más de lo que ya he dicho a los 21
hombres que han aceptado formar parte del Gobierno: sólo puedo ofreceros sangre, sudor y lágrimas. Estamos ante la más grave de las pruebas y debemos enfrentarnos a muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Pero nuestra meta sólo será una: ¡la Victoria!, ¡la Victoria cueste lo que cueste! Afronto la obligación que se me ha encomendado, completamente seguro de que la causa no será perdida, pero tengo el derecho de exigir la intervención de todos, y por ello os digo: ¡Venid y marchemos unidos!”. Muchas gracias…. Dr. Roberto Rosario Márquez Presidente JCE
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