Puesta en Circulación obra: “Huellas de un Proceso de Reformas” Ensayos: “Registro Civil y Derecho a la Identidad”, Volumen VI, y “Medios de Comunicación y Elecciones”, Volumen VIII Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente Junta Central Electoral
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dr. Leonel Fernández Reyna Honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia Dr. Jorge Subero Isa Honorable Presidente del Senado de la República Dr. Reinaldo Pared Pérez Honorable Presidente de la Cámara de Diputados Dr. Abel Martínez Honorable Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dra. Licelott Marte de Barrios Rector Magnífico de la Universidad Católica Santo Domingo Reverendo Padre Ramón Alonso
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Honorable Embajador de la República Dr. Aníbal de Castro Honorables Miembros Titulares de la Junta Central Electoral Representantes del Cuerpo Diplomático y Consular Distinguidas personalidades que nos acompañan. Señoras y señores: Agradezco a la Universidad Católica Santo Domingo, y muy en especial a su rector magnífico, el reverendo Padre Ramón Alonso, por la amabilidad de facilitarnos este auditorio e invitarles a ser parte de este evento, al apreciado amigo Aníbal de Castro, quien nos precedió en la palabra con la presentación de estas publicaciones, así como al Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien tuvo a bien prologar una de éstas, y a ustedes por honrarnos con su distinguida presencia.
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El motivo de este acto es presentar la obra titulada “Huellas de un proceso de Reformas”, así como los ensayos “Registro Civil y Derecho a la Identidad”, Volumen VI, y “Medios de Comunicación y Elecciones”, Volumen VIII, de nuestra autoría. Las mismas remiten a temas vinculados al ejercicio de la función pública para la cual he sido designado. Las razones que nos motivaron a recoger en estas publicaciones, de manera resumida, el pensamiento, dedicación y esfuerzo de nuestros ocho (8) años de gestión en la Junta Central Electoral, obedece a la convicción de que existe poca información, y en consecuencia, un profundo desconocimiento respecto a los procesos de cambio que se han producido al interior de un órgano constitucional en el campo de sus atribuciones, desinformación ésta que se traduce en una falta de aprovechamiento por parte de las instituciones y los ciudadanos de los beneficios y ventajas que les ofrecen los citados cambios. Es evidente que la Junta Central Electoral, como órgano rector en los procesos político‐electorales, regulador del sistema de partidos y administrador por mandato constitucional de las políticas públicas registrales, no puede ser valorada en su justa dimensión sin que se dé a conocer cómo hemos evolucionado hasta el nivel en que nos encontramos. En ocasión de formar parte de la delegación del Estado dominicano ante el Comité encargado de analizar la implementación del Pacto
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Estados, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, y más recientemente en la comparecencia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, pudimos constatar cuán desinformados están en estos organismos respecto de la aplicación de las políticas públicas en materia de garantía de estos derechos fundamentales en República Dominicana; de igual manera, apreciamos lo favorable que resultó su reacción al conocer de todos los avances que se han producido en esta área. Más recientemente, recibimos un importantísimo y trascendental documento para el futuro del país titulado “República Dominicana 2010 – 2020”, que contiene un Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, bajo la Dirección de Jacques Attali, y verificamos la pertinencia de continuar reproduciendo y dando a conocer los niveles de avance alcanzados en el Registro del Estado Civil, en las Oficinas Expedidoras de Cédulas y en la gerencia de los procesos político‐electorales. En efecto, el informe de referencia tiene el propósito, según sus autores, de identificar las principales reformas que deberían implementarse en lo inmediato para permitir un desarrollo del país a largo plazo. En su propuesta número tres (3) se plantea como acción, la elaboración de una ley que regule y limite el ingreso de recursos públicos y privados hacia los partidos políticos.
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En la propuesta número treinta (30) se aborda el tema del subregistro y de lo complejo que resulta garantizar a un niño (a) el derecho a un nombre y la identidad, afirmando incluso que “este problema de no declaración de los nacimientos influye sobre otros aspectos de la sociedad…”, planteándose como acción el registro automático de los nacimientos de manera sistemática en los hospitales públicos, entre otros. En la propuesta número setenta y dos (72), se describe la situación de los inmigrantes en la República Dominicana, y muy en especial, de aquellos que se encuentran en situación irregular, y propone como acción regularizar a todas las personas que tengan un expediente completo. Tanto las propuestas número treinta (30) como la número setenta y dos (72), van acompañadas de una sugerencia en el sentido de registrar a quienes no estén debidamente registrados, lanzando una operación como la que realizó Naciones Unidas en el pasado, que consistió en llevar un autobús con jueces y abogados al campo con el fin de regularizar la situación de los indocumentados. El resultado fue que se regularizaron quince mil (15,000) personas. A propósito de esta visión estratégica, estas publicaciones que les presento permitirán a ustedes conocer de primera mano cuánto hemos avanzando en esta materia desde el año 2007. Para sólo citar un ejemplo, en treinta (30) instalaciones hospitalarias de la República Dominicana la
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Junta Central Electoral está entregando actas de nacimiento a todos los niños (as) al nacer, impactando éstos servicios en más del ochenta y cinco por ciento (85%) de los partos que se producen en República Dominicana, ya que a decir de dicho informe, el noventa y ocho por ciento (98%) de las madres dan a luz en centros hospitalarios. En coordinación con el Banco Mundial, el Gabinete de Políticas Sociales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desde el año 2007 a la fecha hemos entregado, mediante el procedimiento de declaración tardía, 301 mil 840 actas a igual cantidad de dominicanos, que hasta ese momento carecían para los fines de la sociedad y el Estado de nombres e identidad. Hemos convertido en formato digital 21 millones 139 mil 231 actas y tenemos automatizado más de un ochenta por ciento (80%) del sistema registral.
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Y en el año 2009, sometimos de manera formal una propuesta de regularización de extranjeros residentes en condiciones de irregularidad documental en República Dominicana, la cual fue acogida por el Consejo Nacional de Migración, cuyas líneas generales han sido valoradas e incluidas en la propuesta de Reglamento de la Ley General de Migración que fue puesta a circular por el Ministerio de Interior y Policía. En adición a esto, el Estado dominicano ha realizado una considerable inversión en la infraestructura física, en la plataforma tecnológica y la capacitación del personal que interviene en estos servicios. Hace pocos días, al proceder a distribuir los fondos económicos que corresponde por ley a los partidos políticos, la Junta Central Electoral emitió un reglamento que contempla, por vez primera, el establecimiento de un sistema contable para el manejo de estos recursos. Asimismo, en el año 2009 sometimos un Proyecto de Ley de Partidos y en el curso del presente mes la Junta Central Electoral se apresta a depositar una propuesta de Ley de Partidos adaptada a la Constitución vigente.
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Por tanto, las publicaciones que hoy presentamos y sometemos a su consideración constituyen un testimonio, un desafío, un llamado a la lectura, la reflexión, y sobre todo, un reclamo de participación a las instituciones y a todos los dominicanos para la construcción de una ciudadanía responsable en el ejercicio de sus derechos, en la formulación y desarrollo de políticas que tiendan a fortalecer una institución de servicios públicos que toca a todos, como lo es la Junta Central Electoral. El proceso de reformas relatado en estas publicaciones posee tres (3) momentos decisivos, tal como lo podrán comprobar en nuestros escritos, a saber: 1ro. En el año 2005, cuando el Estado dominicano en la persona del Presidente de la República otorga el aval que permitió la obtención del financiamiento mediante un empréstito del Banco de Reservas, para el inicio del proceso de modernización del Registro del Estado Civil, a solicitud del Pleno del organismo de ese entonces, que delegó en el suscrito formular esta petición al Honorable Presidente de la República, en su persona, y por intermedio de los Secretarios Técnico y de la Presidencia de ese entonces. 2do. La aplicación de tecnología de punta a los procesos electorales en los comicios del año 2008, 2010 e importantes innovaciones en la administración y logística electoral.
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3ro. La aprobación del Reglamento que establece Sueldos de Estado a los Oficiales del Estado Civil y Personal Auxiliar y que fija las tasas por los servicios ofrecidos en las Oficialías del Estado Civil y demás centros de servicio, normativa reglamentaria ésta que fue la primera iniciativa que propusimos al Pleno al asumir nuestras funciones como Presidente de la desaparecida Cámara Administrativa. Expuestas estas precisiones, deseamos agradecer a los Magistrados Miembros de la Junta Central Electoral, con quienes hemos compartido esta ardua labor; a todos los funcionarios y personal de la Junta Central Electoral; a las instituciones públicas, con quienes hemos compartido esta responsabilidad; a nuestra familia, mi madre doña Casilda, mi esposa Belkis, mis hijas Sara, Raquel, Gabriela y Belkys Marie, por haber comprendido la no presencia física nuestra; a los amigos, por sus ideas, sugerencias y recomendaciones; a todo el personal que ha hecho posible este acto; al cuerpo diplomático y consular, que siempre está presente; a los Ministros y funcionarios públicos, por su apoyo; a la Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República, Dra. Licelott Marte de Barrios; a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, doctores Reinaldo Pared y Abel Martínez, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Jorge Subero Isa, y al Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna, quien depositó su confianza en nosotros cuando accedió a la solicitud de respaldo al proyecto de
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modernización del Registro del Estado Civil, y quien hoy nos honra con su presencia. ¡A todos gracias del alma! Para finalizar me permito evocar al Apóstol de la independencia cubana, José Martí, cuando expresó: "Todo está dicho ya; pero las cosas, cada vez que son sinceras, son nuevas". Santo Domingo, República Dominicana Abril del 2011
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