Cámara Administrativa: Rendición de Cuentas Cuatrienio 20062010
REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL Cámara Administrativa
Buenas noches.
Señoras y señores.
El tema de la rendición de cuentas hasta hace poco en la República Dominicana estaba reservado al mandato constitucional que obligaba al Presidente de la República a presentar un informe de las cuentas públicas y una especie de memoria de su gestión en la conducción del Estado como Jefe de Gobierno.
Unas pocas instituciones públicas presentaban informes sobre el desempeño en la función que ocupan sus Gerentes, Secretarios o Administradores. Sin embargo, en el curso de esta década la 1
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rendición de cuentas se ha convertido en un acto obligatorio de toda institución que pretenda estar acreditada en la sociedad.
Con el mecanismo de la rendición de cuentas se reivindica el derecho de los ciudadanos de estar informados y su hábito hace posible que los mismos puedan exigir explicaciones, y a su vez las autoridades asuman el compromiso de dar cuentas de su gestión.
Rendir cuentas es el contrapeso necesario al compromiso ciudadano de sustentar en la debida proporción a sus ingresos los gastos públicos, y en consecuencia, ser parte del pacto social del cual somos signatarios.
Si bien es cierto que la rendición de cuentas deviene de un principio general consagrado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que establece que “la sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración”, en 2
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nuestro caso la Constitución proclamada el 26 de enero del presente año, establece en su artículo 22 como un derecho el que los ciudadanos “puedan formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto”; así como el artículo 49, referido a la libertad de expresión e información, que consagra el derecho a la información, la investigación, y en definitiva, el disfrute de las libertades de acceso, derechos éstos garantizados por el Estado dominicano en cumplimiento del texto de la carta sustantiva respecto de las garantías de los derechos constitucionales, cuyas únicas limitaciones se contraen al derecho a la intimidad y el honor personal que nos otorga el artículo 44.
Como se observa, rendir cuentas es parte consustancial de los deberes del funcionario que administra fondos o políticas públicas.
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En este escenario presentaremos un resumen de la administración y formulación de políticas de la instancia que presidimos al interior de la Junta Central Electoral en el cuatrienio 2006-2010.
DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL CON ANTERIORIDAD A ESTA GESTIÓN
No podemos hacer una rendición de cuentas objetiva si no presentamos el contexto en el cual nos correspondió actuar, por lo cual es importante edificarles sobre el estado en que se encontraba en ese momento la Junta Central Electoral. Veamos:
¾ Existía un amplio desconocimiento en la ciudadanía respecto de las funciones fundamentales de la Junta Central Electoral en relación a su rol de ente regulador y administrador del Registro
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del Estado Civil, de las Oficinas Expedidoras de Cédulas y el Registro Electoral.
¾ Ausencia en la parte gerencial de una visión de conjunto respecto de las altas responsabilidades del órgano;
¾ Inexistencia de planes y proyectos de mediano y largo plazo; ¾ Prevalencia de procedimientos manuales en casi todas las áreas;
¾ Desmotivación generalizada en el personal de la Junta Central Electoral debido a la baja remuneración; e inexistencia de una política de formación, desactualización y limitación en su capacidad de servicio;
¾ Instalaciones físicas ruinosas, en estado de descomposición, que generaban un gran hacinamiento;
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¾ Administración privada y discrecional de los servicios públicos;
¾ Carencia de un sistema de archivo que origina que más del 14% de los Libros Registro se encuentren en estado inservible;
¾ Un elevado porcentaje de subregistro de nacimientos y defunciones;
¾ Un sistema vulnerable, que permitió la falsificación y adulteración de Actas del Estado Civil;
¾ Un alto porcentaje de desviación de los ingresos del Estado, a través de la institución, a manos no oficiales, por falta de iniciativa de sus principales autoridades;
¾ Carencia de una política de información integral para la promoción de los proyectos y servicios institucionales;
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¾ No se daba cumplimiento a la Ley Orgánica y demás leyes que rigen estos servicios públicos; específicamente, la Ley Electoral No. 275-97, Ley 8-92 sobre Cédula, Ley No. 659 sobre Actos del Estado Civil y Ley No. 55 sobre Registro Electoral;
¾ Inexistencia de un Sistema de Contabilidad Patrimonial, que permita tener información y control actualizado de los recursos;
Inicio del proceso de rescate institucional
A finales del mes de enero del año 2007, se dio inicio a un amplio proceso de reformas que impactaron positivamente a la Junta Central Electoral, haciendo énfasis en el fortalecimiento de las medidas de control, la modernización y automatización de los
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servicios y el relanzamiento de la imagen institucional de la Junta Central Electoral.
Hicimos conciencia de la necesidad de acercar al ciudadano como aliado fundamental de este proceso. A pocos días de la toma de posesión, el 24 de noviembre del año 2006, se dictó la Primera Resolución de la Cámara Administrativa, que dispuso la aplicación integral de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública. Con ello las actividades de la Cámara Administrativa pasaron a ser de dominio público, revistiendo los procesos electorales, la gestión del registro civil y las funciones gerenciales de un alto nivel de confianza y aceptación ciudadana. El impacto de esta decisión se refleja con las estadísticas de nuestra página web, que en estos cuatro años recibió:
¾ 1 millón 855 mil 805 usuarios únicos; ¾ 6 millones 621 mil 257 visitas; y 8
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¾ 28 millones 772 mil 183 páginas vistas
En el portal de transparencia de nuestra página web se destaca la facilidad para accesar a la información presupuestaria y financiera, pudiendo encontrar allí la nómina de funcionarios y empleados, estado de ejecución presupuestaria, los resultados de las licitaciones y adjudicaciones, lista de suplidores, cheques emitidos, inversión publicitaria, entre otras muchas informaciones y documentos.
Paralelamente se mantuvo funcionando un programa de consulta denominado JCE-RESPONDE para satisfacer dudas e inquietudes respecto de las actividades vinculadas a los procesos electorales y el registro civil. En este programa recibimos más de 15 mil consultas las cuales fueron debidamente respondidas en un tiempo relativamente corto.
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De su parte, en el Centro de Información Ciudadana, que funciona vía telefónica, se recibieron 828 mil 491 llamadas de ciudadanos, que fueron atendidas por un equipo especializado.
Reforma y transparencia en los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios
Como en otras áreas, la Junta Central Electoral había estado ajena a la implementación de un sistema de compras y contrataciones que garantizara que estos procesos se realizaran en el marco de un ambiente de competitividad, de confianza, de igualdad y equidad, que se tradujera en eficiencia en la adquisición y contratación, ahorro de recursos, presencia u observación ciudadana de la forma en que se invierten los recursos públicos que administramos.
Se contrató una consultoría con el grupo Gestión Moderna, que intervino en el diseño de las políticas públicas en materia de
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adquisiciones, que garanticen la aplicación de la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06 y su decreto de implementación.
Las reglamentaciones establecidas incluyeron la creación de una Comisión de Licitaciones integrada por cinco miembros, uno de los cuales fue propuesto por el Presidente de la Junta Central Electoral, y otro por el Presidente de la Cámara Contenciosa Electoral, siendo aprobada la conformación y designación de los mismos por el Pleno de la Junta Central Electoral, renunciando de esta manera la Cámara Administrativa a una atribución exclusiva y directa que le confiere la Ley 275-97, en su artículo 6, literal g).
En esta Comisión se han registrado las siguientes actividades:
¾ 101 licitaciones; ¾ 351 concursos; ¾ 2 mil 454 oferentes; 11
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¾ 578 adjudicatarios; y ¾ 2 mil 147 millones 539 mil 357 pesos con 31 centavos licitados
Las licitaciones y concursos eran difundidos a través del Departamento de Administración de Informaciones y Estadísticas de la Dirección General de Contrataciones Públicas, del Ministerio de Hacienda, en el portal “comprasdominicanas.gov.do”, así como en el portal de la Junta Central Electoral y diferentes periódicos de circulación nacional, en cumplimiento de la ley.
El 80% de todas las compras se realizó en base al criterio de menor precio e informe técnico, y sólo el 20% se hizo conforme otros requerimientos establecidos en el pliego de condiciones elaborado a tales fines.
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Modernización administrativa y financiera
Hemos orientado el accionar de la Junta Central Electoral hacia la modernización del sistema financiero y administrativo, promoviendo la austeridad en el gasto y ejerciendo un control estricto sobre el patrimonio del Estado, y una redistribución de la inversión en función de las prioridades institucionales de cara a los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, con el propósito de obtener una mayor eficiencia y calidad en los mismos, para hacer posible el fortalecimiento de la autonomía administrativa y financiera que otorga la Carta Magna.
No obstante el cuadro lúgubre que encontramos, fruto de esta política de austeridad, y sin necesidad de recursos presupuestarios adicionales del Poder Ejecutivo para estas tareas, pudimos obtener resultados inmejorables con una inversión de recursos captados por la autogestión y sin necesidad de crear compromisos financieros o 13
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deudas a la Junta Central Electoral; por el contrario, el compromiso financiero que tenemos con el Banco de Reservas lo estamos honrando mensualmente de manera regular.
En el año 2007, eliminamos el déficit acumulado de 245 millones de pesos, saldamos los compromisos existentes en ese entonces con el Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones de la Junta Central Electoral, así como los compromisos con los suplidores y otras entidades de servicio público y privado. Cambiamos la forma de pago del salario, en vez de manual o mediante cheques, al pago por vía de nómina electrónica.
Como parte de nuestra responsabilidad frente al Estado Dominicano, fuimos más estrictos en la aplicación de los controles para garantizar la entrega al fisco de las retenciones obtenidas sobre alquileres, honorarios, pago en el exterior, adquisición de bienes y servicios, impuestos sobre salarios e ITBIS. Como muestra, en la gestión del 14
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2002 al 2006, se reportaron 87 millones 331 mil 43 pesos con 01 centavo, mientras que en la actual gestión 2006-2010 aportamos a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por este concepto 305 millones 368 mil 647 pesos con 05 centavos.
Instruimos para la aplicación de nuevas medidas de seguridad y control, fortaleciendo la Unidad de Post-Auditoría, cuya función es volver a auditar los procesos ya revisados por la Unidad de Control Previo. Esta unidad ha revisado un total de 74 mil 514 expedientes, correspondientes a órdenes de pago, órdenes de compra, nómina, libramiento, memorando, etc. Producto de esta revisión se han generado 72 mil 258 cheques. Igualmente se realizaron un total de 2 mil 967 arqueos a fondos de caja chica, a las partidas correspondientes a gastos de
Juntas
Cedulación y oficialías del Estado Civil.
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Electorales, Centros de
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Remodelación y Construcción
Todo este trabajo administrativo se realizó paralelamente con un proceso de higienización y adecentamiento de las oficinas en que se desarrollan las actividades de la Junta Central Electoral, procurando obtener de nuestros servidores un máximo de rendimiento.
Esta tarea se llevó a cabo de la mano del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) e iniciamos todo un proceso de remozamiento de nuestra infraestructura, elaborando un prototipo de edificio electoral en donde concentramos los servicios que ofrecemos en los distintos municipios del país, las oficinas de la cédula, las oficialías y la oficina de la Junta Electoral, así como un pequeño almacén para los períodos electorales.
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Como parte de esa política de remodelación y construcción, en la sede central se han remodelado o construido los siguientes espacios de trabajo:
¾ Un moderno auditorio para las audiencias públicas; ¾ Una sala de reuniones y trabajo para delegados de los partidos políticos; ¾ Un salón especial para los representantes de los medios de comunicación; ¾ Remodelación del viejo edificio donde se encontraba el almacén y logística electoral de la institución; ¾ Se crearon nuevos espacios para los siguientes departamentos: Consultoría Jurídica Dirección de Inspectoría Dirección de Registro Civil Dirección Administrativa Recursos Humanos 17
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Registro Electoral Seguridad Unidad de Remodelación y Adecuación de Oficialías del Estado Civil Transportación Dirección de Cedulación Almacén General División de Compras y Suministro Logística Electoral Unidad de Declaraciones Tardías de Nacimiento Unidad de Captura de Datos Biométricos Protocolo Nacional e Internacional Se amplió el área de parqueos, con la contratación de 3 mil metros cuadrados para esos fines, y la habilitación de otras áreas
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De igual manera, se intervino el edificio que aloja la Oficina Central del Estado Civil, la Junta Electoral del Distrito Nacional y el Centro de Servicio y Legalizaciones de dicha oficina; se efectuó una remodelación total en todas sus áreas y dependencias.
La Junta Central Electoral ha realizado una inversión de 135 millones 174 mil 448 pesos con 50 centavos en adquisición de bienes e inmuebles en la geografía nacional. Cada una de estas compras fueron debidamente precedidas de tres (3) tasaciones de técnicos en la materia, afiliados al CODIA y el Instituto de Tasadores Dominicanos (ITADO), y todas estas compras fueron aprobadas por el Pleno de la Junta Central Electoral. Asimismo, obtuvimos 32 bienes inmuebles, donados por las autoridades correspondientes, sobre todo las municipales.
En numerosos municipios del territorio nacional se han construido los palacios electorales y del estado civil; el propósito es concentrar 19
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en un solo local varios servicios que ofrecíamos de manera dispersa, con suficiente espacio para reuniones, archivos, recepción cómoda de los ciudadanos y disponibilidad para la funcionalidad de los servicios dados al usuario, así como la instalación de los equipos modernos necesarios para la realización de una labor eficiente y transparente.
Se ha inaugurado una buena parte y están listas para ser inauguradas las edificaciones de Oviedo, El Comendador, Guaymate, Los Llanos, Vallejuelo, Duvergé, Altamira, entre otros, y en proceso avanzado los edificios de Puerto Plata, Pedernales, Barahona, San Juan de la Maguana, La Vega, Jamao al Norte, Sabana Yegua, Pepillo Salcedo, Tabara Arriba, Padre Las Casas, Los Alcarrizos, Cabral, entre otros.
A continuación presentaremos al Presidente del CODIA, Ing. Ing. Víctor Payano, y al Ing. Manuel Aponte, Miembro de la Unidad 20
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Especial para la Remodelación y Adecuación de Oficialías del Estado Civil, con un relato sobre el trabajo de construcción y remodelación realizado por esta instancia:
Ampliación del parque vehicular
Al iniciar esta gestión la Junta Central Electoral disponía de pocas unidades vehiculares para el desarrollo de sus actividades de supervisión, fiscalización, investigación y soporte técnico, lo que dificultaba poder dar un apoyo adecuado a las Juntas Electorales, oficialías, centros de cedulación y centros de servicio en todo el territorio nacional.
Para hacer más eficiente la labor administrativa adquirimos 135 unidades
vehiculares,
incluyendo
camionetas,
automóviles,
autobuses, minibuses, camiones y vehículos todo terreno, que se encuentran asignados a los departamentos fundamentales y a las 21
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respectivas Juntas Electorales de los municipios de mayor densidad poblacional y de acceso más difícil debido a su ubicación geográfica.
Mejoría, desarrollo y crecimiento del capital humano de la Junta Central Electoral
Toda institución que pretenda ofrecer un servicio de calidad y responder a las expectativas ciudadanas sobre su desempeño, requiere que el capital humano de la misma, se ciña a los diseños de políticas que emanen de los funcionarios correspondientes y a todas las iniciativas, planes y proyectos que se emprendan.
Los resultados positivos de desempeño de estos servidores públicos están relacionados con las condiciones laborales y salariales en que se desenvuelvan.
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Como parte de esta política de potencialización de los recursos humanos, la mayoría de los empleados han sido dotados de uniformes, parte de la flotilla vehicular está destinada a brindarle transporte, y a una parte considerable se le ofrece el subsidio en el almuerzo, a los que concluyen su horario a las 4 de la tarde, y cena a los que terminan en horas de la noche.
Se desarrollaron cursos de capacitación que involucraron a todo el personal, en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC) y el Instituto de Administración de Personal (INAP). Por vez primera se instauró el sistema de evaluación de desempeño, cuya finalidad es detectar las fortalezas y debilidades de los empleados, las necesidades de capacitación, comprobar el mérito y eficiencia particular y colectiva.
Se definieron las siguientes políticas en materia de recursos humanos: 23
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¾ Aprobación definitiva de un Manual de Descripción y Clasificación de Puestos; ¾ Un Manual de Administración de Recursos Humanos; ¾ Un Manual de Inducción; ¾ Se revisó el Reglamento Disciplinario; ¾ Y se estableció una política salarial
En la obra denominada “Audacia de la Esperanza, Reflexiones sobre cómo Restaurar el Sueño Americano”, el hoy Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace la siguiente reflexión: “Es difícil imaginar que el presidente de una empresa pueda concederse a sí mismo un bono multimillonario y a la vez recortar el seguro de salud de sus trabajadores si creyera que en algún sentido eran sus iguales… Creo que una mayor empatía cambiaría el equilibrio de la política actual a favor de aquellos que sufren para salir adelante en esta sociedad. Después de todo, 24
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si son como nosotros, entonces su lucha es la nuestra, sus sufrimientos son nuestros sufrimientos. Si no les ayudamos, atentamos contra nuestra propia dignidad”.
Esta reflexión viene a propósito de la situación que encontramos al asumir nuestras funciones, caracterizada en términos salariales por empleados que realizaban la misma tarea, tenían igual capacidad y antigüedad en el servicio, pero recibían remuneración distinta obedeciendo a relaciones de amistad o cercanía con magistrados o funcionarios, y otros recibían una remuneración sin realizar ninguna labor. Además, el mayor salario recibido era 90 veces más alto que el salario mínimo percibido por empleados cuya remuneración era de dos mil o tres mil pesos, montos que se encuentran por debajo del mínimo establecido para el sector público.
Esta realidad obligó a la Cámara Administrativa a disponer una sustancial mejora salarial en el personal, dejando fuera de esta 25
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mejoría a los magistrados y algunos funcionarios del primer nivel e igualmente producir una nivelación salarial para corregir las distorsiones antes señaladas, bajo el principio de a igual trabajo, igual salario.
En efecto, se estableció un salario mínimo de 9 mil pesos mensuales para albañiles, conserjes y carpinteros, 12 mil para jardineros, choferes, guardianes seguridad y soldadores, y entre 20 y 35 mil pesos para el personal calificado, técnicos y profesionales, según la función que realice.
Estas medidas nos permiten asegurar que en la Junta Central Electoral existe un justo reconocimiento a nuestros recursos humanos, y se les trata con respeto.
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Integración de las personas con algún tipo de discapacidad
Un estudio realizado por la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, establece que en República Dominicana, según la ENDESA 2007, el 2.6 por ciento de la población posee algún tipo de discapacidad∗.
La Constitución promulgada el 26 de enero del año en curso, en su artículo 58, establece que el Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio autónomo y pleno de sus capacidades.
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Inspirados en este mandato constitucional, se ha dispuesto que todas las edificaciones y oficinas de servicio de la JCE dispongan de rampas y facilidades de acceso e igualmente, que en condiciones de igualdad, se inicie la integración de personas con alguna discapacidad, los cuales ofrecen un servicio encomiable, y cuentan con el reconocimiento por parte de los compañeros de trabajo por su capacidad, su entrega y la calidad humana de los mismos.
A continuación veamos las palabras de los empleados Mabel Abreu, Soporte Técnico, y Antonio Ventura, Operador de la Central Telefónica de la institución:
Política de Comunicación, Relaciones Públicas y Publicación
La forma en que culminaron los procesos electorales de los años 2002, 2004 y 2006, y lo que el empresario José León Asencio denomina como “reacción normal en los procesos electorales”, 28
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agregando a eso el pésimo servicio que se brindaba a los ciudadanos en los centros de cedulación y en las oficialías del estado civil, además de la enorme cantidad de personas con problemas registrales que insatisfechos, no encontraban la forma, ni el mecanismo para encauzar sus demandas de servicio; dando lugar a una percepción negativa sobre la institución, lo que nos obligó a establecer una política de comunicación con el propósito de revertirla.
El objetivo fue llegar a todos los segmentos de la población, y muy en especial, a aquellos que se mostraban reticentes a valorar positivamente las mejoras evidentes que se empezaban a producir en el registro civil. Simplemente se presentó a la ciudadanía la situación encontrada, se promovió la visión del equipo gerencial y se integró a la población en cada una de las ejecutorias; se hizo visible el trabajo y se le mantuvo informada de la forma en que se administraban los recursos y las políticas implementadas en su beneficio; se varió el sistema de colocación de publicidad, se 29
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produjo un acercamiento con los medios de comunicación y con las organizaciones de la sociedad civil para dar las explicaciones de lugar, cuando se requiriera, y para consultar, cuando fuera necesario.
La
inversión
publicitaria
que
acompañó
la
política
de
comunicaciones, fue monitoreada en los dos procesos electorales por la empresa PUBLIMONITOR, S. A., y de manera permanente para la auditoría de la publicidad en prensa escrita se contó con la empresa Armonía, S. A.
Los resultados de esta política de comunicación se pueden apreciar en la encuesta Latinobarómetro de Las Américas del 2009, que colocó a la JCE como la institución estatal de mayor credibilidad pública en el país, igual ocurrió con otras encuestas auspiciadas por medios de comunicación.
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Como parte de esta política, se mantuvo una constante edición e impresión de materiales que difunden conocimientos técnicos relacionados con áreas temáticas, en esta categoría se incluyen ensayos, boletines, folletos, brochures y afiches, a fin de mantener informada a la población en general.
El conjunto de medidas descritas anteriormente ha permitido que personalidades de reconocida solvencia moral y espiritual, reconozcan la labor que se desarrolla en la Junta Central Electoral, con su acompañamiento.
Tenemos a bien presentarles las palabras de monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, Arzobispo de Santiago de los Caballeros.
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Supervisión y fiscalización de asambleas y convenciones de los partidos políticos
Por vez primera la Junta Central Electoral dio ejecución al mandato contenido en la Ley 275-97, que faculta a esta instancia para supervisar y fiscalizar las asambleas y convenciones de los partidos, por iniciativa propia o por solicitud de parte interesada.
La primera actividad supervisada fue la convención para la escogencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) para los comicios del año 2008, igual ocurrió para las elecciones primarias del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para este mismo certamen.
En cada uno de estos casos la supervisión perseguía observar el comportamiento de los actores y protagonistas del proceso electoral 32
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al interior de cada partido; monitorear la inversión en propaganda y publicidad que realizaran los diferentes precandidatos; dar seguimiento y comprobar la marcha del proceso de organización y logística de esos eventos; facilitar materiales y equipos de los cuales disponía la Junta Central Electoral para la buena marcha de los mismos; mediar para buscar salidas, en caso de que se presentaran conflictos o diferencias que no ameritaran de soluciones contenciosas; facilitar el uso de las edificaciones públicas dando garantías a las instituciones del Estado y asumir frente al Estado la responsabilidad en el caso de destrucción o deterioro de éstas durante la celebración de la actividad interna; y ofrecer nuestra red de cómputo y transmisión de resultados.
A partir de la supervisión de la convención interna del PRD y de las facilidades dadas por la Junta Central Electoral, sobre todo en lo que respecta a materiales y equipos, ningún partido político desarrolla estos eventos sin el acompañamiento de la institución. 33
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Podemos afirmar que en la primera fase esta novedad logró su propósito y la Cámara Administrativa pudo contribuir en la construcción permanente de los consensos internos sobre los aspectos técnicos, se generó confianza y seguridad en los mismos.
Debemos resaltar que en el período posterior a este primer esfuerzo de cara al proceso electoral del año 2010, la democratización de los partidos políticos en la República Dominicana sufrió un importante revés, ya que en una proporción importante de cargos a postular, se sustituyó el método de la competencia interna y la elección democrática, por el “método de la reserva” para la escogencia de los candidatos; la voluntad de los miembros fue sustituida por la decisión de los órganos de dirección de cada una de las organizaciones participantes en el certamen, efectuando asambleas primarias en un universo reducido.
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Si bien es cierto que la intervención de la Junta Central Electoral disminuyó los niveles de conflictividad interna, como ente supervisor y fiscalizador, no es menos cierto que en los actuales momentos al interior de las principales fuerzas políticas no existe posibilidad de un arbitraje aceptado por los diferentes sectores involucrados. Lamentablemente, los partidos políticos agotaron sus espacios de mediación y arbitraje interno.
Se hace necesario, pues, reencauzar a los partidos hacia una corriente democratizadora e integradora, que reposicione al sistema de partidos y fortalezcan las estructuras partidarias.
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La tecnología de la Junta Central Electoral al servicio del sistema de partidos políticos en los procesos de alianzas e inscripción de candidaturas
A fin de automatizar los pactos de alianza concertados entre las diferentes fuerzas políticas, fue creada una herramienta informática que aseguró el cumplimiento de las posiciones pactadas en los partidos y que los mismos se depositaran en la fecha pautada por la ley, impidiendo esta aplicación a cualquiera de las partes disponer de los cargos pactados sin el concurso de todos los intervinientes en la alianza.
De igual manera, se diseñó una aplicación informática para la inscripción de candidaturas, cuyas características principales eran las siguientes: la validación de los datos de los candidatos, validación de la cuota femenina, control de pactos con otros partidos, captura de los datos faciales a ser utilizados en la boleta. Esta novedad 36
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constituye un valor agregado en el proceso de alianza e inscripción de candidaturas, que evita la vulneración de la ley y los derechos de los candidatos, impidiendo que puedan ser despojados de su candidatura al momento de depósito de la inscripción, y sobre todo, garantiza los derechos de la mujer dominicana en cuanto a la aplicación de una cuota de postulación que históricamente se le otorgaba en la legislación adjetiva, pero se escamoteaba en la inscripción, con la complicidad por comisión u omisión de los órganos encargados de la administración electoral.
Un padrón electoral sin cuestionamientos
Por primera vez en el proceso electoral que concluye tuvimos un padrón electoral sin cuestionamientos, al margen de los ruidos, el escarceo y la desconfianza de los actores por excelencia del proceso. Los traumas generados con la conformación del padrón fotográfico del año 2000, prácticamente ya no existen. Los controles y 37
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elementos de seguridad aplicados al padrón electoral de las elecciones de los años 2008 y 2010, dieron como resultado la normalización de muchos registros duplicados, la reducción de registros sin fotos y la depuración de militares y ciudadanos fallecidos, aspectos estos últimos que alcanzaron mayor efectividad por la realización de operativos de captura de datos biométricos realizados a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el inicio del proceso de integración del registro civil con el registro electoral y de la inserción en las actas de nacimiento de la nota marginal de defunción.
Para las elecciones del año 2004, el padrón electoral presentaba 112 mil 428 registros sin fotos, 2 mil 904 votantes con fotos de militares, una cantidad importante de mesas electorales que excedían los 600 votantes, entre otras incongruencias. Todas estas deficiencias han sido corregidas durante la actual gestión. Tanto es así, que en el recién
pasado
proceso
electoral, 38
sólo
un
partido
efectuó
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observaciones al padrón de electores, referida a 21 ciudadanos que al 16 de mayo no tendrían la edad requerida para ejercer el sufragio, pero que de conformidad con la Constitución de la República podían hacerlo, pues al adquirir la emancipación también adquieren ese derecho, más 21 mil 189 que supuestamente no estaban incluidos en el padrón, pero que posteriormente se demostró, que aún siendo menores, adquirirían la mayoría de edad antes del 16 de mayo y podrían ejercer su derecho.
El Voto de los Dominicanos en el Exterior
Un aspecto que no podemos dejar de destacar es lo que tiene que ver con el impulso que se le dio al registro de los dominicanos residentes en el exterior. De un total de 52 mil 440 dominicanos empadronados para votar en las elecciones presidenciales del año 2004, logramos que se elevara a 154 mil 789 dominicanos, reflejando un incremento de un 200%. 39
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También se registró un incremento en el número de ciudades donde se instalarían colegios electorales, de once ciudades, ubicadas en cinco países, que tuvieron colegios en el 2004, pasamos a diecisiete ciudades, en once países en el año 2008, y de ciento dos (102) colegios electorales en el 2004, a 321 en el año 2008.
Escaneo y transmisión de resultados desde los recintos electorales
Uno de los aspectos más trascendentales del proceso electoral en este período es el referido a la utilización de equipos informáticos especializados para transmitir las imágenes de las relaciones de votación, conteniendo los resultados desde los recintos electorales hasta la Junta Central Electoral y los centros de cómputos de los partidos políticos.
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La utilización de este ventajoso sistema, denominado unidades EyT, impactó significativa y positivamente los procesos electorales, teniendo como resultado que las Juntas Electorales y los partidos políticos dispusieran de una rápida y precisa información de los resultados de cada colegio electoral, lo que antes requería de un gran tiempo para recibir los resultados de los colegios, ahora en fracciones de minutos se tenía a mano.
Tomando en cuenta la experiencia positiva del 2008, para las elecciones de este año se amplió el alcance del uso de las unidades de transmisión y escaneo, llegando a cubrir el 100% de las provincias, el 98% de los municipios, el 38% de los recintos de votación, el 69% de los colegios electorales y el 73% del universo de electores.
Este proceso ha sido tan innovador que ha servido de marco de referencia para organismos electorales de nuestra región, quienes 41
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han reconocido su importancia y a su vez han realizado múltiples visitas con el objetivo de explorar la posibilidad de implementarlo en sus respectivos países. Este cúmulo de información nos permitió utilizar los distintos medios que la tecnología facilita, para que la misma fuera conocida por toda la población en un tiempo breve, en una muestra más de transparencia y seguridad del proceso electoral.
Es evidente que la recepción de las actas conteniendo los resultados en los centros de cómputos de los partidos políticos es una acción positiva, de confianza y transparencia extrema, que revela la honradez y la pulcritud con que se manejó el proceso de transmisión, libre de interferencias y manipulación. Esta novedad introdujo un impulso y una aceleración en la recepción y divulgación de la información electoral, en el entendido de que la misma debe ser de dominio público y entregada a la ciudadanía en el menor tiempo posible.
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Nuevo modelo de capacitación
De los aspectos indicados anteriormente, debemos resaltar la capacitación electoral, incorporándose a ambos procesos técnicas y metodologías modernas de enseñanza que facilitaron y propiciaron un buen aprendizaje de los participantes.
La capacitación electoral en el año 2010 alcanzó a 224 mil 329 personas en un total de 8 mil 609 talleres impartidos, incluyendo técnicos, militares, aspirantes a miembros de colegios.
Podríamos resumir que la capacitación electoral fue incluyente, a tiempo y especializada, produciéndose 2 millones 861 mil 850 unidades de material educativo electoral, entre libros, manuales, folletos, afiches, hojas divulgativas, entre otros. En esta ardua tarea contamos con la colaboración de instituciones y personas nacionales y extranjeras. 43
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Con relación a este tema, escuchemos las palabras del reverendo padre Alonso Beato, Rector Magnífico de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).
Nuevos Elementos que se agregan al proceso de organización y administración electoral
Parte del legado de este cuatrienio, en adición a los avances tecnológicos señalados, lo constituyen una serie de novedades e innovaciones puestas en práctica, como son:
¾ La utilización de urnas transparentes ¾ Valija de seguridad para los materiales de los colegios electorales ¾ Sobres de seguridad para el resguardo del acta y resultado del colegio 44
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¾ Sobres de seguridad para el resguardo de las boletas válidas en el colegio ¾ Uso de presillas y cintillos de seguridad para la valija ¾ Plantilla auxiliar de votación para no videntes ¾ Podio de votación ¾ Relación de votación desprendible del acta del colegio ¾ Láminas de seguridad particularizadas para el plastificado de las relaciones de votación ¾ Establecimiento de códigos de barras para la numeración de todos los elementos de seguridad, lo que permitía identificar con exactitud la ubicación de cada material con su respectivo colegio
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Medidas cautelares
En un hecho sin precedentes en la historia de la administración electoral dominicana, pese a las limitadas atribuciones de carácter legal respecto de la regulación y control de la campaña electoral, la Cámara Administrativa dictó una serie de medidas cautelares en los procesos del 2008 y del 2010, encaminadas a garantizar un mayor nivel de equidad en la competencia electoral entre los partidos y candidatos concurrentes, de tal manera que si bien no calificó los hechos porque le estaba vedado por la ley, introdujo en el proceso medidas precautorias que fueron aceptadas y acatadas por los contenientes, entre las que destacamos las siguientes medidas y decisiones garantistas:
¾ Resolución que dispone el cese de pago de nóminas paralelas en las instituciones públicas
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¾ Resolución que suspende varios anuncios oficiales y el retiro de un anuncio en una página web oficial ¾ Disposición que advierte sobre el uso de un lenguaje inadecuado en los procesos internos de los partidos ¾ Disposición que ordenó el cierre de varios establecimientos que violaron la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas ¾ Intervención a favor del reclamo presentado por el Movimiento Independencia, Unidad y Cambio – Acción por el Cambio (MIUCA), sobre la destrucción de vallas y publicidad diversas que alegaban le fueron destruidas en el municipio de La Romana, y que por demás, afectaba sus candidaturas ¾ Intervención a favor del candidato a Senador de la provincia María Trinidad Sánchez por el PRD, Jesús Vásquez, quien alegaba que los medios de comunicación de esa provincia no le facilitaban espacio para su promoción, logrando que las emisoras del Grupo Telemicro y del Grupo Medrano le facilitaran espacios radiales 47
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¾ Resolución que prohibía a los partidos políticos y candidatos la realización de actividades proselitistas en el mismo lugar en que se estuvieran desarrollando programas sociales del Estado ¾ Resolución que dispuso exclusión de un comercial de televisión y amonestó a un partido en la provincia de San Juan de la Maguana, por utilizar inconsultamente a un miembro de la Junta Electoral de ese municipio ¾ Resolución que establece admoniciones al precandidato presidencial de un partido político ¾ Resolución que prohibió la realización de planes sociales en el período comprendido del 14 al 17 de mayo del año 2010
Dentro de estas medidas cabe considerar como otra acción sin precedentes la investigación realizada por la Cámara Administrativa mediante la cual se comprobó que en varias comunidades del país un total de 7 mil 095 electores realizaron un cambio de residencia a demarcaciones en las que realmente no tenían su domicilio habitual, 48
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con el propósito de alterar e incidir en el resultado electoral de esas demarcaciones. Una vez comprobada la intención de estos ciudadanos, se procedió a dejar sin efecto estos cambios de residencia, lo que evitó que se trastornara la voluntad de los electores de la demarcación correspondiente.
La observación electoral
Tanto el proceso electoral del 2008, como el del 2010, contaron con una importante representación de observadores nacionales e internacionales, en el caso de los internacionales compuesto fundamentalmente por magistrados y ex magistrados de organismos electorales de América Latina, Estados Unidos y Europa, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, así como de otros grupos especializados en observación electoral.
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Los informes presentados en ambos procesos destacaron de forma significativa la organización del proceso, la transparencia y la seguridad en el manejo de los resultados. Igualmente destacaron el respeto a la voluntad de los dominicanos expresada en las urnas, y muy especialmente, la confiabilidad de que goza el organismo electoral por parte de los diferentes actores políticos.
Además, reconocieron los grandes avances alcanzados en materia de organización
y
administración
electoral
en
la
República
Dominicana, y al evaluar la gestión del proceso se expresaron con gran satisfacción.
Veamos las palabras de personalidades de nuestro país y observadores internacionales de los procesos electorales.
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La experiencia del plebiscito municipal
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos y espacios de participación directa, la Cámara Administrativa apoyó el proceso plebiscitario realizado en los municipios de Cotuí, Fantino y Maimón, que fue la primera experiencia del país en este sentido. Para ello facilitó la realización de una consultoría a cargo de expertos internacionales con experiencia en el tema para que acompañaran este importante evento.
En el marco de esta consultoría también se incluyó un estudio sobre la figura del referéndum, la experiencia en América Latina y la formulación de una propuesta de ley sobre este aspecto, al tenor de lo establecido en la Constitución de la República.
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REGISTRO CIVIL E IDENTIDAD EN UN PROCESO DE CAMBIO
Una de las áreas que más ha verificado transformaciones en estos cuatro años de gestión, ha sido el Registro Civil. A los pocos días de iniciar sus labores, la Cámara Administrativa propuso al Pleno de la Junta Central Electoral el Reglamento que establece Tasas por Servicios y Salarios a los Oficiales del Estado Civil. Con esta medida, prevista en la Ley 8-92, pero postergada por más de quince (15) años, se terminaba el control antojadizo que de los actos del estado civil hacían los funcionarios por entonces responsables de esta dependencia.
A partir del 26 de enero del 2007, cuando nos correspondió la responsabilidad de aplicar este Reglamento, los ciudadanos comenzaron a beneficiarse de una serie de servicios gratuitos, por los que antes se les cobraba irregularmente. Asimismo, en cuanto a 52
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los servicios pagados, se puso en vigencia una tasa unificada, de manera que la celebración de un matrimonio o la trascripción de un divorcio, tenía el mismo costo en todas las oficialías del país. Pero lo más importante, es que la Junta Central Electoral tomo control efectivo de los actos vitales realizados en las oficialías, pasando todo el personal de las mismas a estar bajo la dependencia y supervisión del organismo.
La Cámara Administrativa implementó una serie de controles en relación tanto con los libros-registro, actas y papel de seguridad de las oficialías, como con los ingresos por estas percibidas; que dejaron ya de ir a manos particulares y comenzaron a formar parte del patrimonio institucional. Es oportuno señalar que en el período en que ha estado en vigencia este Reglamento, es decir, desde el año 2007 hasta la fecha, han ingresado a la Junta Central Electoral por concepto del pago de tasas por servicios, un total de MIL TRESCIENTOS
CUARENTA
MILLONES, 53
SEISCIENTOS
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CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (RD$ 1,340,656,507.97), fondos que han sido devueltos a la ciudadanía a través de las inversiones realizadas en el registro civil.
En el período 2006-2010 han sido remodeladas un total del 122 oficialías del estado civil, con una inversión total de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (RD$643,670,730.88). Hemos pasado, de solamente tener seis (6) oficialías automatizadas en el año 2006, a alcanzar un total de ciento treinta (130) oficialías automatizadas, que representan a su vez el 91.17% de los usuarios del registro civil.
La automatización de las oficialías no solamente preserva de manera perpetua las actas vitales de los ciudadanos en formato digital; sino que también mejora sustancialmente el servicio brindado a la 54
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población, que en pocos minutos puede obtener un extracto de acta con simplemente dar su nombre y apellido. Gracias a la automatización, hemos podido ya iniciar el servicio de solicitudes de extractos de actas por Internet a través de nuestra página web y, algo mucho más importante, hemos creado los diferentes centros de servicios regionales.
Los Centros de Servicios, en los cuales los ciudadanos pueden legalizar las actas obtenidas en las oficialías u obtener una acta sin importar el lugar en el cual esta haya sido instrumentada; constituyen un claro ejemplo de cómo una medida administrativa puede beneficiar directamente a la población, ahorrándole tiempo y dinero. Hasta esta gestión, únicamente la Oficina Central del Estado Civil, ubicada en el Distrito Nacional, era la dependencia facultada para ofrecer este tipo de servicios.
Hoy, tenemos Centros de
Servicios en Santo Domingo Este, Santiago, San Francisco de Macorís, La Romana, Azua y Barahona. Desde el mes de enero del 55
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2007 hasta agosto del 2010, estos centros de servicios han emitido un total de un millón ciento dieciséis mil ochocientos dieciocho (1,116,818) servicios de actas y dos millones setecientos noventa y dos mil ciento noventa y siete (2,792,197) legalizaciones.
Estos centros de servicios, al igual que la mayoría de las oficialías, han sido acondicionados para que los ciudadanos reciban un servicio cómodo, rápido y eficiente.
Otro importante beneficio de la automatización han sido los Centros de Servicios del Exterior. Reconociendo la importancia que para el país tienen los dominicanos que residen en tierras extranjeras, la Cámara Administrativa organizó estos centros convirtiéndose la República Dominicana en el primer país en el mundo que da en el exterior actas de nacimiento y cédulas de identidad a sus nacionales. Actualmente tenemos funcionando diecisiete (17) centros de este tipo en las principales ciudades donde se concentran los 56
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dominicanos, en Norteamérica, Europa y Latinoamérica; desde el 2007 hasta el mes de junio del presente año, la Junta Central Electoral ha dado un total de setenta y cinco mil trescientos ochenta (75,380) servicios, ahorrando tiempo y dinero a la diáspora dominicana.
Cabe destacar que durante la actual gestión se han tramitado dieciocho mil doscientos noventa y tres (18,293) reconstrucciones de actas, treinta mil cuatrocientas noventa y siete (30,497) rectificaciones, transcripciones y autorizaciones de actas y cincuenta y siete (57) adopciones, actualizamos los sistemas de administración de expedientes de la Consultoría Jurídica y de la Dirección de Registro Civil, con el propósito de que puedan dar a los ciudadanos un servicio ágil y eficiente, sin descuidar en modo alguno la seguridad inherente a los actos vitales.
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NUEVOS CENTROS DE CEDULACION
Como un complemento natural de la modernización de las oficialías del estado civil, surgía la necesidad de disponer modernos centros de cedulación en todo el territorio nacional. Al inicio de la actual gestión, apenas trece (13) centros de cedulación estaban funcionando de un total de sesenta y tres (63) centros instalados. En esa época era frecuente que las labores de estos centros se interrumpieran porque se dañaban los equipos, se terminaba el material para la elaboración de las cédulas o no había energía eléctrica, y los ciudadanos incurrían en grandes gastos, molestias y pérdida de tiempo trasladándose de su municipio para obtener el documento.
Las tareas que en este orden asumió la Cámara Administrativa, no se limitaron exclusivamente a poner en funcionamiento los centros de cedulación ya existentes; sino también en la creación de nuevos 58
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centros de cedulación que permitieran acercar este servicio a las localidades donde residen los ciudadanos. Actualmente la Junta Central Electoral dispone de ciento treinta y dos (132) centros de cedulación, dotados de la más moderna tecnología, que brindan ininterrumpidamente sus servicios.
Desde el año 2007 hasta el mes de agosto del año 2010, la Junta Central Electoral ha procesado un total de dos millones novecientos noventa y ocho mil noventa y ocho (2,998,098) servicios de cedulación; correspondientes a duplicados, nuevos inscritos y cambios de datos. En ese mismo período se han emitido un total de treinta y un mil cuatrocientos sesenta y dos (31,462) cédulas de identidad a favor de personas extranjeras residentes en la República Dominicana.
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NUMERO UNICO DE IDENTIDAD
Otro proyecto importante que fortalece el sistema de identidad nacional es la puesta en vigor del Número Único de Identidad (NUI), previsto en la Ley 8-92 con el propósito de unificar todos los datos de los nacionales bajo una denominación única.
A través de las Oficialías del Estado Civil, Delegaciones de Oficialías en los hospitales y el Ministerio de Educación, la Cámara Administrativa comenzó el proceso de asignación del NUI a los recién nacidos y escolares. Este número se ha comenzado a utilizar para el Carnet de los estudiantes y será el que identificará la licencia de conducir, pasaporte y cédula de identidad electoral de ese menor una vez adquiera estos documentos. Hasta la fecha se han asignado un total de quinientos dieciocho mil seiscientos setenta y seis (518,676) números únicos de identidad.
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PROYECTO DATOS BIOMETRICOS
Para revestir de una mayor seguridad el sistema de identificación nacional, la Cámara Administrativa inició en el mes de octubre del 2008 el Proyecto de Captura de Datos Biométricos. El propósito de este proyecto es incorporar la huella digital, la foto y firma biométricas al documento de identidad y a los archivos de la institución, consolidando de este modo la identidad de cada persona. Estos archivos permitirían prevenir las suplantaciones o la doble identidad a través de la comparación automática de huellas dactilares y faciales.
Este Proyecto se ha desarrollado a través de las diferentes dependencias de la Junta Central Electoral, es decir, oficialías del estado civil, juntas electorales y centros de cedulación. Asimismo, se han desarrollado decenas de operativos móviles en diferentes empresas, plazas comerciales, universidades, entidades públicas y 61
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privadas, barrios y campos de todo el país. El resultado obtenido hasta la fecha es que tres millones seiscientos veinticuatro mil quinientos sesenta y ocho (3,624,568) personas ya han dado sus datos biométricos. Esta cantidad equivale a casi el 60% del total de personas inscritas en el padrón electoral de la JCE, que asciende a seis millones cien mil personas.
Uno de los aportes al tema de la identidad y la seguridad ciudadana vinculado a la integración de los datos en un documento de identidad, lo fue la propuesta del plan operativo para la aplicación del Reglamento de Migración, o Plan Regulador, sugerido por la Cámara Administrativa al Consejo Nacional de Migración, el cual fue aprobado, se encuentra en fase de programación y uno de sus componentes inició su ejecución al poner en marcha el proceso de captura de datos biométricos en el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez”, en un plan piloto que abarcará nacionales y extranjeros y que se instalará en todos los 62
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aeropuertos, puertos y en los puestos de control de tránsito fronterizo. La información captada será compartida por todas las instituciones participantes.
PRESERVANDO LA IDENTIDAD
Una de las principales preocupaciones de la Cámara Administrativa durante la actual gestión, ha sido la de preservar la identidad dominicana, custodiándola de elementos inescrupulosos que por diferentes motivos intentan vulnerar el contenido de las actas de nacimiento y las cédulas de identidad y electoral para así obtener documentación falsa.
Para ello, se adoptaron una serie de medidas y controles internos que permiten detectar cuando cualquier persona intenta cometer un fraude con estos documentos. Como resultado de estas iniciativas, la Junta Central Electoral ha sometido a la acción de la justicia a un 63
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total de mil seiscientas cincuenta (1,650) personas por suplantación de identidad y se han suspendido un total de trescientas ochenta y cuatro (384) cédulas. Asimismo, se han trabajado cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y siete (46,437) certificaciones de identidad; y se ha promovido la cancelación de noventa y nueve mil ciento noventa y cinco (99,195) cédulas.
A continuación presentamos testimonios de directores de diferentes instituciones que se han beneficiado de la labor con relación a la identificación y el registro civil.
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DECLARACIONES IDENTIDAD
TARDIAS:
DOCUMENTANDO
LA
No por casualidad hemos dejado para el final el tema de las declaraciones tardías de nacimiento. Una de las más graves herencias que ha arrastrado el registro civil a través de los años es el subregistro de nacimientos. En el año 2002, la encuesta de pobreza del Gabinete Social, determinó que existían trescientos sesenta y cuatro mil (364,000) dominicanos y dominicanas sin actas de nacimiento, ni cédulas de identidad. Hombres y mujeres sin nombres, ni apellidos. Una de las más importantes metas que nos trazamos fue disminuir la cantidad de personas afectadas por esta problemática, documentado su identidad, para que puedan acceder a derechos y deberes como personas plenas.
Para cumplir con este objetivo pusimos en funcionamiento la Unidad Central de Declaraciones Tardías, a través de la cual comenzaron a funcionar en todo el país las Unidades Móviles, que 65
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en síntesis consisten en oficialías ambulantes que recorren nuestros barrios y campos detectando a aquellas personas sin identidad y ofreciéndole todas las facilidades para obtenerla.
Para realizar este programa la Junta Central Electoral pactó alianzas estratégicas con entidades gubernamentales como son el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y la Comisión de Reforma del Sector Salud; así como con organismos de cooperación internacional como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial y UNICEF. Un papel fundamental en este proceso ha sido jugado por las organizaciones de la sociedad civil, particularmente por aquellos organismos de base que juegan un papel esencial en la ubicación y traslado de las personas que no tienen acta ni cédula.
El resultado de esta labor es que en la actual gestión se ha otorgado identidad a un total de doscientos sesenta y nueve mil doscientos 66
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cincuenta y una (269,251) personas, que tienen ya un nombre y un apellido.
MODERNAS DELEGACIONES DE OFICIALIAS EN LOS HOSPITALES
Sin embargo, para enfrentar el fenómeno del subregistro de nacimientos no basta con que se dote de documentos a aquellas personas que no han sido registradas; sino que es necesario combatir la problemática desde su punto de origen. Es por ello que la Cámara Administrativa decidió implementar un amplio programa de automatización de las delegaciones de oficialías en los hospitales públicos, de manera que los niños y niñas que nazcan en estos centros hospitalarios salgan de los mismos ya declarados, con sus actas de nacimiento y su número único de por vida.
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El trabajo desarrollado en este campo nos ha permitido llegar a un total de treinta (30) delegaciones de oficialías automatizadas, las cuales cubren el ochenta por ciento (80%) de los partos realizados en el sector público.
Presentamos a continuación testimonios de personalidades y familias beneficiadas del programa de documentación.
Los frutos que hoy presentamos son el resultado de un trabajo en equipo, en el que han participado, con entusiasmo y dedicación, los empleados, funcionarios y magistrados de esta Junta Central Electoral.
Deseo que me permitan invitar en este momento, para acompañar las palabras finales de nuestra intervención, a los magistrados César Francisco Féliz Féliz y José Ángel Aquino Rodríguez, Miembros
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Titulares de la Cámara Administrativa, con quienes he compartido esta gestión administrativa durante este cuatrienio.
Con ellos a mi lado, quisiera compartir con ustedes la visión que tenemos respecto de los principales retos que debe asumir la Junta Central Electoral para continuar por el sendero de la reforma, la modernización y la transparencia. Estos son:
¾ La culminación del proceso de modernización del Registro del Estado Civil, lo cual implica la automatización completa de las Oficialías del Estado Civil, la eliminación del subregistro de nacimientos y defunciones, y el mejoramiento creciente de los servicios brindados a la ciudadanía;
¾ Fortalecer el sistema de identidad nacional mediante la expedición de una nueva cédula de identidad y electoral, que
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tenga plenamente incorporados los datos biométricos de los ciudadanos y todos sus actos vitales;
¾ Propiciar el proceso de reforma al marco jurídico electoral para adecuarlo a las nuevas disposiciones constitucionales e introducir en el mismo los aspectos de la nueva administración electoral; ¾ Acompañar
a los partidos políticos en los procesos de
modernización y democratización interna, a fin de mejorar la equidad y la competencia partidaria;
¾ Definir los procedimientos que regirán las nuevas figuras de participación directa y de consulta popular que están definidas en la Constitución de la República.
Muchas gracias… Dr. Roberto Rosario Márquez Presidente Cámara Administrativa 70