Reducida Seguridad Social en México

Reducida Seguridad Social en

México

El principal problema de derechos humanos económicos es escasa seguridad social Sólo el 40% accede a la formalidad laboral

Javier Pulido Biosca

Identidad–es

Hay muchas cosas que los habitantes de México tenemos que aprender a partir de la vertiginosa pandemia que asuela las tierras nacionales. Una de ellas es que la seguridad social, uno de los derechos económicos y sociales fundamentales, que va al par del derecho a la salud tiene un rezago de más de 40 años.

Están muy lejos esos tiempos en que la medicina pública crecía al par que la masa trabajadora, de tal manera que la casi totalidad de trabajadores tenía acceso a los servicios de seguridad social, ya sea a través del Instituto de Seguridad Social al Servicios de los Trabajadores del Estado, ISSSTE; o a Través de los Servicios de Salud de Pemex, o a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. La informalidad laboral era casi inexistente. La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Es un sistema público. México carece de ella.

Hoy en día las cosas son muy distintas

De las cosas hechas al vapor cuando, en marzo, se declaró la pandemia en México, se pudo haber creado el seguro del desempleo y mantener confinados a patrones y trabajadores, con total prohibición de salir a las calles, pero con una tarjeta que podrían usar para comprar víveres, medicamentos y pagar servicios. Fijar la cantidad semanal a depositar sería una de las tareas; saber qué hacer con el 60% de la población que está en la informalidad laboral sería otra

tarea. Determinar cómo tratar el tema con ese 25% de la población que está en la informalidad fiscal es el otro pendiente. Un estudio, no tan sen- cillo de hacer, determinaría las respuestas a estas necesidades.

Para eso pagamos a diputados y sus asesores, per- sonal de confianza de los estados y municipios y una larga lista de funcionarios que deberían servir para eso. Los recursos podrían provenir de los miles de mi- llones de los proyectos faraónicos del Tren Maya, Santa Lucía, Dos Bocas y el Corredor Transístmico. También se podrían utilizar los recursos impro- ductivos asignados a los partidos, así también las becas a ninis y a diversos programas de la tercera edad, etc., además de cierto préstamo de emer- gencia que ofrecía el FMI. La ventaja sería que México lograría contar con una más robusta seguridad social que podría que- dar ya institucionalizada y con la mayor calidad. Se cubriría a ninis, adultos mayores, desempleados, discapacitados para laborar, etc. Tener al país paralizado tiene un costo muy eleva- do. Si se toma en cuenta que el salario promedio del mexicano es de 10 mil 100 pesos mensuales, y se tiene la cifra de un 50% de los pobladores que son la población económicamente activa, según el INEGI es de 57 millones 328 mil 364 habitantes requiriendo ingresos de 10 mil pesos mensuales, sería un total de 579 mil 016 millones 476 mil 400 pesos mensuales. Pero bien hubiera valido que, para garantizar el derecho a la salud, se hubiera procedido así. Pero esto no es posible cuando no existe la voluntad gu- bernamental para hacerlo. Esa voluntad no existe y nunca ha existido. Esta hubiera sido una exce- lente oportunidad para aplicar esta muy necesaria transformación estructural a México. Las obras faraónicas, en cambio, son un capricho inútil y el tiempo no quisiéramos que nos diera la razón en esto.