Reforma a la Ley de Hidrocarburos

Fluvio Ruíz Alarcón

Afinales de la administración pasada y a pesar del otorgamiento de cientos de permisos de importación, Pemex seguía produciendo o importando la cuasi totalidad de los combustibles consumidos en México. Durante la actual administración, la penetración del sector privado en el mercado de combustibles ha ido en franco crecimiento. De representar una porción marginal (0.1%) de la venta de combustibles en noviembre de 2018; hoy se acerca ya al 20% del volumen total comercializado. Su impulso inicial, se explica por las facilidades recibidas para mitigar el desabasto provocado por las medidas gubernamentales en contra del robo y comercio ilegal de combustibles; pero su expansión posterior obedece a las dificultades que enfrenta Pemex Transformación Industrial. Esta subsidiaria tuvo en 2020, el menor porcentaje de proceso de crudo en relación a su capacidad instalada (37%), desde el cierre de la refinería de Azcapotzalco en 1992; al tiempo que hubo una disminución del 13.1% en el número de gasolineras con franquicia «Pemex». Aunque muchas estaciones sin su franquicia, siguen comprando combustibles producidos o importados por Pemex, el dato refleja su pérdida de mercado interno. En ese contexto, la reforma a la Ley de Hidrocarburos busca frenar el febril proceso de liberalización del mercado de combustibles, instrumentado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Asimismo, busca servir como válvula que, por un lado, module el potencial exportador de los productores privados de petróleo, en función de las necesidades de las refinerías de Pemex; y por el otro, regule las importaciones de petrolíferos, conforme a la capacidad de Pemex de satisfacer la demanda interna, protegiendo así su participación en el mercado local de combustibles. Sin duda, la componente más polémica de la reforma, es la adición de un artículo que faculta a la CRE y a la Sener para suspender, con un alto grado de discrecionalidad, cualquier permiso en caso de que se prevea un peligro inminente para la economía nacional, la seguridad nacional o la energética. La Ley vigente desde 2014, ya preveía estos supuestos, sin que nadie se rasgara las vestiduras por ello, en el caso de la revocación de los permisos; pero a partir de un procedimiento claramente establecido en la propia Ley. La importancia estratégica de los combustibles, justifica la intervención del Estado para garantizar la continuidad del suministro. Sin embargo, la posibilidad de revocación o suspensión sin bases objetivas, precisas y transparentes de ciertos permisos podría significar una vulneración a los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídica, debido proceso y no retroactividad de la Ley.