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Editorial

La Economía Campesina, un aporte real al desarrollo que merece reconocimiento

Este medio que ponemos en circulación física y virtual gracias a la alianza estratégica con la empresa Web Virtual Marketing WVM, liderada por el Ingeniero Rafael Luna, seguramente y así lo deseamos generará controversias y disensos, pero también coincidencias de diversos actores sociales, económicos y políticos en torno al desarrollo nacional y en particular al desarrollo rural y anhelamos a que todos ellos contribuyan positivamente a la formulación de políticas públicas pertinentes y eficaces para la economía campesina y es esta la razón de su nombre.

Luis Alejandro Jiménez Castellanos Presidente Nacional de la ANUC

Es un esfuerzo de la ANUC por construir y compartir con todos ustedes un medio especializado en el análisis y debate de los acontecimientos diarios del campo colombiano, que busca además convocar un foro abierto y permanente que nos permita lograr del estado y de la sociedad el reconocimiento del aporte que los campesinos hacen al desarrollo nacional y la aceptación de que no solo representamos un sector social, sino que como pequeños productores asociados y organizados constituimos la economía campesina tan importante como las demás economías de nuestro país, pero que a diferencia de aquellas ha sido ignorada y hasta estigmatizada, pero ha llegado el momento de hacerla visible y que reciba el respaldo que le corresponde.

El desarrollo Rural en Colombia y en el mundo tendrá sus mejores y más sólidos cimientos en la planificación, la concertación, la integralidad y sostenibilidad del campo. debe enmarcarse en una política pública lo suficientemente sólida, capaz de disminuir la pobreza y crear condiciones para una mejor calidad de vida de los campesinos. Para este propósito general, Colombia y la comunidad internacional necesariamente deben reconocer que existe una concentración excesiva de los ingresos hacia determinados sectores o personas y una inequitativa redistribución de los mismos que afecta a los más necesitados.

La ANUC sostiene y diferentes estudiosos del tema y sectores políticos así lo confirman, que los campesinos en Colombia representan el eje del desarrollo rural, que son garantía de la seguridad alimentaria y por eso no se concibe un desarrollo rural sin el reconocimiento de los campesinos como sector económico de gran importancia y para ello es indispensable visibilizar y fomentar en igualdad de condiciones a los otros sectores el desarrollo de la economía campesina que existe realmente, que se puede medir y requerimos que evolucione positivamente y sea sostenible, acompañada de una eficiente institucionalidad pública y privada .

El desarrollo rural campesino y de la economía campesina hay que proyectarlos a partir de diferentes componentes como: el espacio para el trabajo que representa la tierra; el conocimiento, la información, la formación profesional y la capacitación; la transferencia de tecnología, los recursos financieros con crédito oportuno y adecuado a las condiciones campesinas; el desarrollo de la producción, transformación de materias primas en el mismo campo; el comercio justo o equitativo; el emprendimiento y el desarrollo empresarial; el fortalecimiento de las cooperativas, la asociación de los pequeños y medianos productores; la infraestructura para el riego, la infraestructura vial; la vivienda, la red de servicios públicos y la seguridad social entre otros.

Para que la economía campesina pueda crecer y desarrollarse se requiere que la política pública sea pertinente y para ello desde su formulación debe ser mas participativa; reconocer a todos sus actores, sus diferencias regionales y sociales y en fin debe tornarse menos autocrática. Es necesario que esa política entre a diseñar 6

un estado cuyo papel deje de ser el de un simple promotor del mercado de tierras o de limitarse a la titulación de baldíos, o la simple restitución a favor de los campesinos y que de una vez por todas a se decida a ir mas allá hasta intervenir y definir la estructura de tenencia, propiedad y uso de la tierra, para democratizar la propiedad, garantizar menos latifundios inexplotados, mas campesinos propietarios y productivos, con calidad de vida asegurada, soberanía y seguridad alimentaria para todos los colombianos.

Esa política de tierras debe ser amplia con programas claros donde la atención a un sector no excluya al otro; por eso los programas deben estar bien definidos con presupuesto propio para sectores como campesinos sin tierra no desplazados y los campesinos desplazados, a quienes se debe garantizar la seguridad en la zona de origen y su retorno a ellas antes que reubicarlos en otras regiones con condiciones climáticas, costumbres y medios de producción totalmente diferentes que no permiten su acomodación y los conducen al fracaso; de la misma forma habrá de tenerse claro el programa específico para indígenas y comunidades negras.

De otra parte, desde hace dos años, el XIII congreso nacional de la ANUC con ocasión de sus 40 años expidió su proclama, en la que hizo referencia a la necesidad de actualizar la información estadística de tierras y en su momento dijo: “Planeación nacional asegura que contamos con aproximadamente 20 millones de hectáreas potencialmente aptas para actividades agropecuarias, de las cuales unos 10 millones están dedicados a ganadería extensiva y unos 4,5 millones en agricultura, en tanto que gremios como la SAC manejan cifras diferentes.

En Colombia son tantos como diferentes los estimativos de distribución y uso de la tierra, no porque carezcan de veracidad, sino porque son elaborados con diferentes enfoques o metodologías, o porque en su mayoría no alcanzan a cubrir el 100 % del territorio.

Por eso no son coincidentes y dificultan la credibilidad en los mismos, a la vez que limitan la planeación acertada y el desarrollo del sector agropecuario y rural en general. Para superar esa falencia y consolidar una información única, validada por todos los actores y por consiguiente confiable, la ANUC considera que es oportuno diseñar y desarrollar un censo nacional de tierras, que entre otras cosas recoja la clasificación de usos del suelo determinadas en los planes o esquemas municipales de ordenamiento territorial. Creemos que una información así construi-

da es mucho mas real y permite diseñar el desarrollo rural que proponemos.”

Hoy nos alegra que el gobierno nacional en cabeza de su ministro de agricultura y del director del DANE estén desarrollando el proceso del Censo Nacional Agropecuario, el cual respaldamos desde su lanzamiento, pero eso si con la respetuosa recomendación de que sea un proceso lo suficientemente socializado y participativo para que al final podamos contar con información de calidad y confiable que sin duda va a confirmar lo necesario que es intervenir la estructura de propiedad, tenencia y uso de la tierra.

No se trata de propiciar o estimular un divorcio y menos una confrontación entre ricos y pobres, sino al contrario buscar el acercamiento, unir las orillas de esa brecha tan amplia que separa a unos de otros y producto de unas reflexiones desprevenidas y llenas de objetividad poder concertar acciones que encadenen o articulen a los grandes empresarios agropecuarios, quienes deben reconocer que pueden ser mas eficientes en el uso de la tierra, es decir producir mas en menos área y permitir que la economía campesina pueda crecer y desarrollarse, pues eso nos conviene a todos ya que al fin de cuentas y guardadas las proporciones padecemos las mismas dificultades y problemas. Por eso no se podrá ver a los campesinos como los antagonistas de los empresarios del campo, sino como aliados que convenientemente pueden y deben articularse como sector económico importante.

Un paso necesario dentro de esa estrategia de eslabonamiento de las cadenas productivas consiste en democratizar las diferentes fuentes de recursos para la innovación, el desarrollo tecnológico productivo y entre ellas figuran los Fondos parafiscales cuyo manejo e inversiones se ha centrado en los gremios económicos desarrollados y se ha dejado de lado la economía campesina que también paga las cuotas parafiscales, pero sus beneficios no retornan; por eso, se debe iniciar por democratizar las inversiones con recursos de los fondos parafiscales del ganado, del café, hortofrutícola, de la papa y todos los existentes y en consecuencia, no es utópico proponer se revise su reglamentación de manera que se garantice la destinación de porcentajes específicos a proyectos desarrollados por las asociaciones de campesinos como la ANUC. A todos nuestros lectores, la más cordial bienvenida, un fuerte y fraternal abrazo.

Luis Alejandro Jiménez Castellanos Presidente Nacional de la ANUC 7

Invitado

Los retos del sector agropecuario colombiano En los últimos años, son enormes los retos que ha venido enfrentando el sector agropecuario en su camino para convertirse en una acelerada locomotora de crecimiento. Sin embargo, los retos son aún más grandes cuando se piensa en el sector como promotor no solamente de crecimiento sino de desarrollo. Ser una locomotora de desarrollo implica que el objetivo final de la política agropecuaria debe centrarse en la gente y que todos los instrumentos de política que sean diseñados deben contribuir directa o indirectamente a mejorar las condiciones de vida de los habitantes rurales.

Las condiciones actuales bajo las cuales debe desarrollarse la actividad agrícola y en general, todas las actividades presentes en las zonas rurales, han cambiado en las últimas dos décadas. El fenómeno de la globalización, el cambio climático, las frecuentes crisis financieras y económicas, los cambios en los patrones de consumo y producción, sumados a la ya conocida volatilidad de los precios de los bienes primarios y las variaciones en la tasa de cambio, entre otros, hacen que las políticas públicas deban adaptarse a este nuevo contexto.

Juan camilo restrepo salazar Ministro de agricultura

De la misma manera, la visión del desarrollo rural también ha sufrido transformaciones en las últimas décadas. Nuevas preocupaciones y, con ellas, nuevas teorías han llegado a ocupar un lugar importante en el diseño de la política pública de desarrollo rural. En primer lugar, se ha desvirtuado la vieja concepción de que lo rural es sinónimo de lo agrícola, permitiendo la inclusión de formas de vida alternativas en las zonas rurales (Bejarano, 1998). Por otro lado, también se ha rescatado la visión participativa y la idea de que la política y las estrategias de desarrollo rural deben volver a centrarse en la gente tanto como en sus actividades productivas.

Todo esto implica que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural debe hacer honor a su apellido – Desarrollo Rural – y expandir sus frentes de trabajo, para ir más allá de los instrumentos que tradicionalmente se han diseñado para promover el desarrollo productivo. En tal sentido, esta Cartera ha venido trabajando en un proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que permita abordar de una mejor manera los retos que se le presentan hoy al sector. Este proyecto busca tanto la generación de ingresos provenientes de actividades rentables y sostenibles para los habitantes rurales como la provisión de bienes públicos que les garanticen un mejor nivel de vida en las zonas rurales del país. Adicionalmente, busca el ordenamiento del territorio en el marco de una estrategia multisectorial en donde se articula el trabajo de las instituciones, tanto nacionales como territoriales.

En el largo plazo, los resultados del sector agropecuario y de las zonas rurales como un todo, dependerán de la correcta implementación de los programas y proyectos previstos en el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural, que será presentado ante el Congreso de la República a comienzos del segundo semestre del año.

Es de resaltar que, pese a que el sector agropecuario cerró el año 2011 con un crecimiento menor al esperado, se destaca el desempeño de los demás sectores agrícolas y del sector pecuario, cuyos crecimientos superaron con creces los obtenidos en 2010. Los buenos resultados de estos sectores, son una muestra del enorme esfuerzo realizado por los productores agrícolas, con el apoyo del Gobierno Nacional, para sobreponerse al fenómeno de la ola invernal, sin afectar demasiado la oferta de alimentos y garantizando el abastecimiento del mercado nacional.

Este Ministerio es optimista en cuanto a las perspectivas de crecimiento, sin embargo, no se puede desconocer que existen algunos riesgos latentes que debemos monitorear continuamente, con el fin de reaccionar a 8

tiempo ante cualquier cambio repentino en la situación del sector. Entre estos riesgos pueden considerarse una posible profundización de la crisis de la zona euro que afecte la demanda por exportaciones, una mayor apreciación de la tasa de cambio que continúe afectando la competitividad exportadora, y la posibilidad de un Fenómeno del Niño durante el segundo semestre del año, entre otros.

Con respecto a la crisis de la zona euro, aunque las proyecciones para las economías desarrolladas son menores a las de 2011, serán las economías emergentes quienes continúen jalonando el crecimiento y la demanda mundial, lideradas por China e India. En lo referente a la tasa de cambio, se espera que la volatilidad continúe, por lo que la intervención del Banco de la República será definitiva para controlar dicho fenómeno. Por último, en materia climática, seguiremos atentos a los reportes del IDEAM para tomar las mejores decisiones al respecto.

Como factores que podrían conducir al sector a este escenario optimista, se pueden considerar el excelente comportamiento del crédito agropecuario y la disponibilidad de una variedad de instrumentos de política dispuestos para apoyar a los productores agropecuarios en coyunturas difíciles y para aumentar su competitividad, tales como el programa de coberturas cambiarias, el seguro agropecuario, el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) para el fomento a la competitividad y el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), entre otros.

De la demanda que logren jalonar estos instrumentos, dependerá buena parte del desempeño del sector durante el presente año.

Otro elemento que cambia radicalmente el quehacer diario del Ministerio y ha obligado a repensar la política sectorial son los tratados de libre comercio y, particularmente, el tratado con Estados Unidos que entró en vigencia el pasado 15 de mayo. Este acuerdo permitirá a los empresarios del sector la colocación de productos en condiciones de acceso preferencial permanente, de acuerdo con la desgravación arancelaria negociada.

Esto consolidará las ventajas competitivas de Colombia frente a otros países que aún no han suscrito tratados de libre comercio con Estados Unidos, incentivando las exportaciones y creando nuevas oportunidades de empleo e ingresos para el país. Con el TLC se establece un marco normativo de largo plazo que consolida de manera permanente las preferencias del ATPDEA. Se espera también que el tratado incentive las oportunidades de inversión extranjera en el sector, aumente los procesos de innovación y transferencia tecnológica y fomente la modernización mediante la adquisición de bienes de capital, maquinaria y equipos importados a menores costos.

Si bien el acuerdo generará una gran variedad de oportunidades de negocio, somos conscientes de que también supone desventajas para algunos sectores sensibles de la economía. En dichos sectores, la negociación contempló amplios períodos de transición para lograr la reconversión productiva en el mediano y largo plazo. En este punto, es fundamental el trabajo conjunto de los gremios, productores y empresarios, quienes deberán asumir también los retos que se derivan de este escenario de libre comercio: reconvertir y modernizar las actividades productivas, incrementar la innovación y el desarrollo tecnológico, generar valor agregado y diferenciación en la producción, mejorar la infraestructura productiva, desarrollar alianzas estratégicas, incrementar la inversión, y hacer un uso eficiente de los recursos públicos para apalancar el mejoramiento competitivo. Entre los productos que se han identificado como sensibles en el marco del TLC con Estados Unidos están arroz, azúcar, leche, maíz, sorgo, soya, algodón, frijol, carne de cerdo y pollo, sectores en los que puede haber afectación si las actividades no se ajustan, modernizan y reconvierten en sus niveles de productividad y competitividad.

Para aprovechar las oportunidades que surgirán con la entrada en vigencia del acuerdo, el país debe enfrentar enormes desafíos especialmente en materia de infraestructura de transporte (vías, aeropuertos, puertos), innovación y desarrollo tecnológico, y cualificación del capital humano, entre otros. Por supuesto, se deben mejorar los sistemas de acreditación fitosanitaria, para los productos en los que el país tiene ventajas comparativas, como frutas, verduras y hortalizas.

Tanto para los productos sensibles como para los de potencial exportador, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha propuesto la formulación de estrategias tendientes a disminuir costos de producción, mejorar infraestructura productiva, mejorar condiciones tecnológicas, de agregación de valor y de acceso a otros mercados, reglamentación de contingentes de importación, mejorar condiciones de acceso a crédito y asistencia técnica, entre otros. Para lograr estos objetivos, sabemos que es necesario fortalecer presupuestalmente tanto al Ministerio como a sus entidades, puesto que esto permitirá llegar a más productores con mejores instrumentos para el mejoramiento competitivo.

Sin duda, el trabajo que está realizando el Ministerio tanto en el frente productivo como en el de desarrollo rural, sumado a los esfuerzos del sector privado, brindarán a los pobladores rurales mejores herramientas para afrontar los diversos retos que supone un entorno cambiante como el actual, y redundarán igualmente en unas mejores condiciones de vida.

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Economía

La Economía Campesina y el Desarrollo Rural

El desarrollo del campo colombiano debe concebirse no solo desde el punto de vista material (desarrollismo) sino que implica una interpretación más amplia e integral partiendo del reconocimiento del ser humano como actor fundamental y primer objetivo de toda la estrategia para el manejo y aprovechamiento de la ruralidad, el cual debe incluir dos elementos fundamentales: calidad de vida y crecimiento social, económico, cultural y político de los campesinos.

Lo rural no es solo el sector agropecuario, es mucho mas que eso y en efecto existen otros componentes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de definir las políticas públicas y las estrategias para el desarrollo, valga citar entre estas actividades la pesca, las artesanías, el ecoturismo, el agroturismo, la agroindustria, la comercialización, la industria forestal, la minería, la conservación de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la infraestructura, la prestación de los servicios básicos y tantos otros elementos que por pequeños que parezcan juegan un papel importante en el conjunto del desarrollo rural integral, pues algunos se desarrollan por si solos y los demás son insumo o complemento para otras actividades, el sustento de las familias campesinas y el comportamiento general de la economía nacional.

En consideración de lo anterior, lo primero que debe hacerse es aceptar la diversidad y ajustar la legislación, las políticas públicas y las estrategias de desarrollo para que todos estos componentes interdependientes tengan su propio desarrollo, pues no se trata de privilegiar a unos e ignorar o desaparecer a otros, sino de buscar que todos de manera articulada tengamos ante la ley y ante la política pública de desarrollo un trato igual en lo general, pero específico en medio de la diferencia, por eso, el gobierno y el legislador deben reconocer la diferencia, definir políticas y legislar para la diversidad.

No hay duda que en Colombia realmente existe la economía campesina, que es verificable y medible. El campesinado colombiano no solo es un sector social cuya característica mayor es el alto índice de necesidades básicas insatisfechas. También es un sector económico con características culturales especiales; “los campesinos individualmente somos pequeños empresarios; unidos somos una economía” que no tiene reconocimiento y es invisibilizada, pero bastaría con citar que aceptamos como ciertas las cifras del mismo ministerio de agricultura en el sentido de que en Colombia hay 1.600.000 familias campesinas poseedoras de tierra, podemos añadir que en cada parcela de estas se generan de manera permanente en promedio 2 empleos 10

(famiempleos, pero son empleos) que en total representan al menos 3.000.000 de puestos de trabajo, pues de no existir, serían 3 millones mas de desempleados. Pero adicionalmente la economía campesina dinamiza o jalona a otros sectores económicos, pues ello ocurre cuando consume los miles de toneladas anuales de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, semillas y otros insumos para la producción; cuando de la misma forma demanda crédito y paga intereses para rentabilidad del sector financiero; cuando demanda, requiere y paga servicios de transporte, usa servicios públicos, vende excedentes al comercio regional, nacional y del exterior y paga impuestos; pero lo mas importante, produce la comida que con la que se alimenta y se nutre el pueblo colombiano; es decir hace el mayor aporte a la seguridad alimentaria nacional. Por eso no puede existir duda que los campesinos no solo somos un sector social, desatendido, ignorado y hasta estigmatizado; vulnerable y todo; sino que también es un sector económico muy importante que debe ser reconocido como tal por la legislación, la normatividad, las políticas públicas y los planes de desarrollo, los cuales deben interpretar la realidad de la producción a pequeña escala, de carencia de capital, de asistencia técnica, de canales adecuados de comercialización y lo fundamental, de la tierra incluida la disponibilidad de agua e infraestructura predial, características que son propias de la economía campesina y por tanto diferenciadoras de la llamada agricultura o ganadería comercial.

El texto del proyecto de ley que nos ha dado a conocer el ministerio; contrario al anterior planteamiento prácticamente suprime en su articulado la expresión “campesinos” y es lo que ANUC quiere reivindicar con esta propuesta, razón por la cual consideramos dos alternativas: 1. la primera que se incluya en el proyecto de ley un capítulo denominado “De la Economía Campesina” donde se recojan las diversas propuestas de reconocimiento e inclusión de este sector; sin embargo, esta figura podría generar condiciones de exclusión de otros sectores e incluso de los mismos campesinos en determinados programas. 2. La otra alternativa, que es la que finalmente proponemos sea incluida en el proyecto de ley, es agregar a lo largo del articulado algunos principios y citas específicas que reconozcan e incluyan a la economía campesina como sujeto de los alcances legislativos.

Principios para el desarrollo rural con enfoque territorial. En el anterior contexto, la ANUC llama la atención del gobierno nacional y del congreso de la república, para que sin recato o temor de ninguna naturaleza, permitan que la ley de tierras y desarrollo rural, de una vez por todas reconozca y haga visible la existencia de la economía campesina, valore sus aportes al desarrollo nacional y fije los derroteros legislativos de un apolítica publica de reconocimiento e inclusión de este sector.

Un primer paso debe darse al incorporar en proyecto que se anuncia presentar al congreso en la siguiente legislatura, como principio para el desarrollo rural con enfoque territorial el siguiente: “Economía campesina: Para los efectos de la presente ley, se entiende por economía campesina el territorio, el conjunto de los demás bienes materiales e inmateriales, los recursos humanos, los valores culturales y demás elementos con asiento en áreas rurales, que teniendo la condición de pequeños o medianos productores se dedican a actividades agropecuarias, agroindustriales, pesqueras, forestales, agro turísticas, eco turísticas, ambientales, artesanales, y otras afines o complementarias.”

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Contrario a las economías desarrolladas o conocidas como comerciales, la economía campesina no maneja grandes volúmenes de producción de manera individual, situación que le genera al productor grandes desventajas en el mercado tanto por el volumen ofertado, la frecuencia y muchas veces calidad, condiciones que el mercado castiga con precio, que para el campesino los conforma una larga cadena de intermediarios que captan para su beneficio alrededor del 58% del precio pagado por el consumidor, lo cual equivale a decir que el campesino productor solo alrededor del 42% y de ahí las pérdidas grandes que deben asumir los campesinos quienes ante la no rentabilidad de su trabajo, se ven obligados a abandonar sus parcelas y migrar a las ciudades a asumir peores dificultades que las originales Para contrarrestar el problema anotado se debe entonces generar un mecanismo alternativo de comercialización de los productos de la economía campesina que incluya sino la eliminación si la reducción de la cadena de intermediación, con ventas lo mas directamente posible al consumidor y en procura de un precio justo para los dos, lo cual no es posible dentro de los esquemas de centrales de abastos e incluso de grandes superficies y cadenas comerciales existentes. Por eso lo procedente es organizar un sistema propio de los campesinos, que sin pasar por las centrales de abastos permita llevar el producto al consumidor.

El logro del anterior propósito se alcanzará a través de la organización, asociatividad y capacitación a los campesinos para que de manera integrada encaren este flagelo de su economía y para ello la ANUC, con el apoyo de entidades como el SENA ya ha avanzado en capacitación y asociación de los productores campesinos que hoy lo que buscan es un integrador y un escenario para vender lo mas directamente posible al consumidor y en efecto eso es lo que se propone con el proyecto que busca el concurso del Fondo de Fomento Agropecuario para crear un sistema de comercialización de productos de la economía campesina, iniciando con instalar y poner en funcionamiento la unidad básica con sede en la casa Nacional Campesina de ANUC en Bogotá y que sirve de piloto para replicarse posteriormente en otras regiones.

Desarrollo en paz con la naturaleza, el ambiente y la seguridad alimentaria – (Inminente Choque de Locomotoras) Una premisa fundamental de los expertos del gobierno y de del sector privado en la planeación del desarrollo es garantizar de una parte el desarrollo mismo y de otra que este se haga en condiciones de sostenibilidad ambiental, en paz con la naturaleza y con el derecho a la alimentación de los seres humanos.

El plan nacional de desarrollo “prosperidad para todos” definió cinco ejes estratégicos denominados “Locomotoras”, dos de ellos tienen un amplio predominio en el campo, pues corresponden a los sectores primario y extractivo de la economía. Son: La locomotora Agropecuaria y la Locomotora minero energética, que entre sí protagonizan una fuerte competencia por la ocupación territorial, propiciada especialmente por deseo expansionista y sin control de la segunda, pues la minera como producto de la masiva concesión registrada ha venido desplazando amplias zonas que otrora estuvieron dedicadas a la producción agropecuaria y de otras que hacen parte de las zonas protectoras ambientales, zonas de páramo etc. Lo mismo viene ocurriendo con las grandes plantaciones para agrocombustibles. Sobre estos aspectos se deben definir políticas claras que eviten se agudice un conflicto entre estas actividades y para ello no puede ignorarse la prioridad que debe tener la producción de alimentos por encima de los intereses monopolísticos de empresas mineras muchas de ellas multinacionales que no solo no tienen compromiso económico con Colombia, sino que no les importa el daño ambiental y el desplazamiento de sectores prioritarios sino únicamente su propio enriquecimiento. Se requiere entonces dejar de ocultar y mas bien actuar de manera inmediata y contundente para evitar ese “choque de trenes” que está en la etapa de latencia.

El desarrollo rural integral como la economía campesina está ligado a la estructura de la tenencia y propiedad de la tierra. Por eso, las políticas públicas y las leyes no pueden ignorar tal situación o lo que es peor estimular procesos inversos a la redistribución de la tierra. Bajo esta consideración que no solo la ha sostenido la ANUC durante sus 42 años de existencia, sino que hoy es una postura universal en la que coinciden estudios y académicos de todo orden, entre los que solo citamos el más reciente informe de desarrollo 12

humano de las Naciones Unidas. Es por ello que Un proyecto de ley de desarrollo rural como el que se va a tramitar en Colombia, necesariamente se debe orientar a modificar la estructura de tenencia y propiedad de la tierra. Es decir hacer la reforma agraria que históricamente se le ha negado, no solo a los campesinos, sino al desarrollo del campo y la economía nacional.

Otro componente de la política tiene que ver con el saneamiento de la propiedad rural como instrumento de reincorporación de las tierras de los campesinos al mercado y a través de este, el acceso al capital vía crédito para el desarrollo de la actividad productiva y el crecimiento económico.

Pero la tierra sola no garantiza desarrollo rural, sino que es necesario tener en cuenta y planear a partir de los demás factores de producción como Agua, Capital, Tecnología, Conocimiento y Recurso humano y adicionalmente los servicios básicos de salud, educación, vivienda, temas sobre los cuales la ANUC ha venido haciendo propuestas y espera contar con los espacios de discusión requeridos tanto con el gobierno como en las respectivas comisiones y plenarias del congreso de la república.

Institucional El salto es posible

La revisión histórica y el análisis de las diferentes etapas que caracterizan la existencia institucional de la ANUC, quedan para sus más fieles dirigentes (antiguos y jóvenes) y para los expertos en el complejo tema del campo.

El reciente Informe de Desarrollo Humano nos coloca frente a realidades ineludibles: la tercera parte de los colombianos es población rural, es decir, unos quince millones de connacionales, frente a cálculos inmediatamente anteriores que nos situaban en cifras del orden de once millones. La discusión por esta diferencia sería irrelevante si no estuvieran acumulados en el campo colombiano muchos males, que se reflejan en estadísticas de constante preocupación en temas de pobreza, miseria, educación, salud y vivienda, carencia de vías terciarias, desastres naturales, violencia intrafamiliar, despojos, depredación de recursos naturales, invasión de espacios críticos para la biodiversidad y varios otros que, a su vez, podrían significar en pocos años la profundización de la pobreza, el incremento ofensivo e inhumano de la brecha entre ricos y pobres, entre campo y ciudad y el deterioro cabalgante, absurdo e irreversible de bondades naturales como la pérdida de más corrientes de agua, acelerada potrerización de páramos y extinción de especies.

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No es fácil en medio de un largo conflicto y del crecimiento inusitado de la delincuencia urbano rural, esperar que prosperen iniciativas salvadoras, que dejen ver con claridad el indispensable escenario de concertación, entre comunidad y estado; en la práctica hoy, el punto de encuentro entre campesinos y gobierno. Los primeros, o sea los campesinos, reconociendo en sus necesidades el mayor incentivo y, en su producción, un gran potencial para arribar al mercado con éxito. El segundo, o sea el gobierno entendiendo, a través de sus más responsables y perceptivos funcionarios, que el funcionamiento efectivo y eficaz del Estado es lo que justifica su existencia, que no otra cosa debe guiar sus intenciones.

Unos y otros han fracasado en cambiar esta historia, no obstante los buenos propósitos.

El campesinado colombiano puede llegar a ser el gran protagonista de la nación próspera que queremos, si supera barreras hasta hoy infranqueadas:

1. Un concepto propio y generalizado de finca productiva, que muestre la capacidad de cada familia de

planificar su esfuerzo y articularse productivamente a la vereda, afirmando la familia como unidad del delicado tejido social rural.

2. Un concepto propio de vereda productiva, apoyándose en la microcuenca como célula territorial, que

permita planificar fluidamente la producción en el campo asegurando el mejor y más oportuno uso del suelo y de las aguas, la mano de obra de la vereda, la capacidad de producir buena parte de los insumos requeridos, el autoconsumo, la atención a los mercados inmediatos, la convicción natural de producir orgánicamente y todos los demás fundamentos reales de la economía campesina colombiana, que para su rescate y conexión con el mercado requiere solidaridad, visión y unidad de aspiraciones, todas ellas presentes en nuestros hombres y mujeres del campo, faltando solamente el sistema propio unificador.

3. Un concepto propio y actualizado de organización social, gremial y económica que actúe en el orden local agrupando esfuerzos e iniciativas, facilitando la operatividad del aparato productivo campesino y el acopio, almacenamiento y comercialización de los productos; en el orden departamental agregando dichos

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esfuerzos e iniciativas, pero además agregando volúmenes de producción para atender lo regional y mercados más lejanos y, en el orden nacional haciendo lo propio en las oportunidades del mercado nacional y externo, pero además y, de manera principalísima, discutiendo, proponiendo y vigilando la correcta aplicación de una creciente política pública para el desarrollo del sector rural. Una organización, con independencia del gobierno pero aceptando y reconociendo su esfuerzo complementario, que asuma la plenitud de la responsabilidad histórica del campo colombiano, cuyo éxito ha sido lamentablemente esquivo a importantes anuncios, debido a su propia complejidad, tamaño y dispersión.

La Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC ha decidido dar vida a su propio programa para el DESARROLLO EMPRESARIAL, como estrategia clara y contundente de gestión, apoyada en modernas herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones, para estimular los procesos productivos de sus afiliados, asegurando puntualmente dar uso pleno y destino rentable a la producción de la economía campesina, encargada naturalmente de la seguridad alimentaria de los colombianos, a pesar de perder, por falta de apoyos, el 40% de sus productos, en un país con ciudades que luchan contra el hambre y la miseria. El éxito será proporcional al denuedo con que se aborde la práctica de sanos principios empresariales y al sentido de pertenencia.

Un gremio disciplinado a sí mismo en el respeto a la diversidad de ideas y actuando sin descanso en torno a propuestas innovadoras, concretas y rentables como ésta, puede convertirse en breve tiempo en una poderosa organización social, gremial y económica que represente a la tercera parte de los colombianos.

El salto es posible e … inaplazable!

FELIX ANTONIO NIÑO NEIRA Experto en Desarrollo Rural U. Javeriana Junio de 2012

L egislación

Lineamientos de politica pública necesarios para el desarrollo de la economia campesina

La política publica para el desarrollo rural en Colombia, además de pertinente debe ser muy dinámica y adecuarse permanentemente a los cambios que el ambiente y los sectores que lo conforman demandan. Esta política de la misma forma manteniendo la visión general del desarrollo debe interpretar la diversidad de condiciones de los subsectores al interior del campo. Uno de esos subsectores que requiere políticas, planes, programas y proyectos adecuados a sus particularidades es el de la economía campesina. A continuación planteamos reflexiones parciales sobre apenas tres de los diferentes componentes de esa política, que merecen la atención del gobierno en el inmediato futuro.

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1.ACCESO AL CAPITAL, FACTOR DETERMINANTE DE REACTIVACION Y DESARROLLO DE LA ECONOMIA CAMPESINA La política de crédito agropecuario en Colombia, si bien ha buscado asegurar la disponibilidad de recursos para el financiamiento de las actividades productivas, agroindustriales, de mercadeo y afines en el sector, aún registra falencias necesarias de superar, las cuales se centran fundamentalmente entre otras causas: en la insuficiencia de los recursos de crédito, las complicadas condiciones de acceso, la carencia de garantía real por parte de los campesinos, su limitación técnica para formular proyectos productivos y planificar el crédito, la operación centralizada del sistema bancario que prolonga el trámite y termina haciendo inoportunos los desembolsos. Y otros aspectos no menos relevantes ameritan concitar su revisión para adecuarla a las condiciones reales de sus usuarios.

Sabemos que si hay plata destinada al crédito pero no todos los campesinos que lo demandan pueden acceder a él por todas las dificultades que el sistema financiero coloca para su otorgamiento y por la carencia de garantías reales ante la falsa tradición de la pequeña propiedad.

Estas circunstancias fundamentan entonces la solicitud de la ANUC, para que al menos mientras se desarrolle el programa de formalización de la propiedad que permita a los campesinos contar con garantías reales, el gobierno abra las puertas a un análisis de la situación, con la participación de las asociaciones campesinas nacionales, en procura de implementar medidas como: Garantizar la aprobación del proyecto de ley que modifica la reglamentación del Fondo Agropecuario de Garantías FAG y disponer una garantía con cobertura del 100% sobre el valor del crédito solicitado por los campesinos, pequeños productores, ya sea de manera individual o asociada; comprometer a los entes territoriales en constituir fondos complementarios de garantías para avalar créditos de las empresas constituidas por los campesinos; actualizar los reglamentos de crédito, especialmente en la banca oficial para garantizar que las personas jurídicas conformadas por campesinos puedan acceder al crédito desde el mismo momento de su constitución y legalización, sin tener que esperar a periodos de dos años como los que hoy se exigen para poder acceder a capital, pues es en la etapa inicial de las empresas campesinas cuando mas se requiere de los recursos de crédito y es en ese momento cuando el estado mas debe acompañar su consolidación.

Ante las contingencias climáticas, fitosanitarias y de mercados, cada día mas frecuentes y de mayor magnitud, se hace necesario hoy mas que nunca la adopción generalizada del seguro de cosechas, con el cual solo se protege la inversión de los campesinos, sino también la estabilidad de la producción como factor de seguridad alimentaria y del empleo rural.

2- SIN ASISTENCIA TECNICA LA ECONOMIA CAMPESINA NO LOGRA DESARROLL0.

En un intento por contribuir a superar los obstáculos existentes y hacer realidad la prestación de la asistencia técnica directa rural a los campesinos, la ANUC conformó la Unidad de Asistencia Técnica Nacional y la inscribió ante el Ministerio de Agricultura, obteniendo reconocimiento como EPSAGRO y autorización para prestar el servicio en todo el país. Una de las metas de la ANUC, es participar en la gestión del subsidio a los proyectos de asistencia técnica que otorga el ministerio de agricultura a través del DRE. Sin embargo, aparece de entrada un hecho de competencia desigual frente a otros prestadores del mismo servicio que manejan los recursos de los Fondos Parafiscales como ocurre con los denominados gremios económicos que atienden a una franja de productores diferentes a los campesinos, pero que se presentan en las convocatorias del DRE y apalancan económicamente sus propuestas con los recursos del fondo parafiscal que cada uno administra, situación que deja a la ANUC en desventaja, pues aunque sus asociados también pagan las cuotas parafiscales, estas no tienen retorno a los campesinos. Es por eso que debe intentarse una revisión o bien al manejo de los fondos parafiscales a efecto de democratizar la inversión de sus recursos o en su defecto a las condiciones de las convocatorias para que se habiliten las propuestas de asociaciones campesinas con apoyo total del DRE y sin que implique la oferta de contrapartida en dinero que naturalmente no poseen.

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De otra parte, se debe rehacer el programa de asistencia técnica para los pequeños productores partiendo de su incorporación a un sistema nacional de investigación, transferencia y asistencia técnica directa a los campesinos, en el que haya absoluta claridad acerca de las competencias, responsabilidades, fuentes de recursos y los actores legítimos que en ella intervengan.

Hay que garantizar el cumplimiento de programas de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, así como los de asistencia técnica gratuita y permanente para los productores campesinos; responsabilidad a la cual se sustraen los municipios, en tanto que los departamentos y la nación los consideran como fuera de sus competencias. Entonces se requiere revisar y transformar todo el sistema de asistencia técnica, adecuándolo a las necesidades de los campesinos y a los roles institucionales. Dicho ajuste debe dejar claridad meridiana sobre quien está obligado, con que recursos, cuales son los organismos prestadores del servicio a los campesinos (Umatas, Centros Provinciales, Epsagros, etc.), bajo que condiciones y como opera la subsidiaridad y complementariedad entre los diferentes niveles del estado.

3.EL ACCESO DE LA ECONOMIA CAMPESINA Y SU SOTENIBILIDAD EN LOS MERCADOS, UNA POLITICA INAPLAZABLE. Algunos expertos de Planeación Nacional afirman que en Colombia, las exportaciones agropecuarias han aumentado en valor, pero han caído en términos de volumen, lo cual de alguna manera tendría que revelar la correspondencia con el comportamiento de las áreas cultivadas o con la calidad de los productos y desde luego no hay completa coherencia al respecto, pero de lo que si estamos seguros es que allí no se contempla participación alguna de la producción campesina.

La economía campesina por muchos subestimada y otros estigmatizada; si bien no es exportadora debido a los pequeños volúmenes individuales de producto que maneja, si podría llegar a ser actor importante allí si se estimula el empresarismo campesino para que de manera planificada, organizada y técnica acumule los volúmenes y en las frecuencias requeridas por el mercado internacional. Pero aún así y sin renunciar a esa posibilidad, consideramos que el primer paso a dar es la inserción y reconocimiento de la economía campesina como actor real en los mercados internos de Colombia y en los programas institucionales de la nación y los entes territoriales.

Un cuello de botella que hay que resolver con suma urgencia, es el de la comercialización de los productos agropecuarios de origen en la economía campesina, actividad en la que el pequeño productor pierde los limitados volúmenes de producción. Esto implica garantías del estado para el desarrollo de la infraestructura, los servicios, la financiación, capacitación, flexibilización en los regímenes tributarios. ¿Como insertar el minifundio en los mercados nacionales o internacionales?

Proponemos y debemos lograr que la economía campesina, hasta hoy considerada como de subsistencia, alcance su desarrollo y reconocimiento como garantía de seguridad alimentaria para Colombia y parte integrante de la economía general de mercado, incluso en el exterior a donde ya está demostrado que pequeñas empresas u organizaciones nuestras se han convertido en exportadores de productos como uchuva, pitaya, cítricos, tomate de árbol, papa y otros.

Los campesinos ya no podemos y no debemos seguir subsidiando a los consumidores urbanos, no porque no queramos, sino porque estamos en quiebra y no tenemos capacidad para seguir asumiendo las responsabilidades que corresponden al estado. En consecuencia es el estado el que dentro de sus políticas de seguridad alimentaria debe aportar todos los instrumentos y recursos económicos, humanos y técnicos para el encadenamiento fuerte y sostenible de productores y consumidores en donde todos de acuerdo a sus respectivos roles participen y construyan de manera asociada la solución requerida.

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Para aproximar la producción campesina a los mercados más competitivos es necesario contar también con sistema nacional de transporte y logística de distribución agropecuaria y agroindustrial.

Quizá entre otras tantas, una forma de articular la economía campesina a los mercados, es mediante la estructuración de un programa específico de acopio, mercadeo y comercialización de la producción campesina, en el que se puedan integrar los esfuerzos técnicos, humanos, de capital y de política pública, con la disponibilidad del producto, la logística, la infraestructura y otros elementos que poseen los campesinos, entre ellos, las Casas Campesinas de la ANUC, que a pesar de las dificultades todavía existen en número superior a cien (100) y que podrían jugar un papel importante para el acopio y distribución.

Otra manera es articulando ese sistema de acopio, mercadeo y comercialización de productos campesinos con los programas sociales que la nación, los departamentos y municipios adelantan y donde se consumen masivamente productos agropecuarios, entre ellos. Los restaurantes escolares, los comedores comunitarios, los hogares de bienestar y tantos otros que con voluntad política pueden mediante convenios de provisión privilegiada comprar los productos requeridos a las empresas y organizaciones campesinas.

Para lograr lo anterior, por supuesto hay que contar con unos campesinos organizados en empresas o asociaciones de productores y por lo tanto, no solo la ANUC, que desde luego lo hace de manera permanente, sino el gobierno debe impulsar y apoyar técnica, política y económicamente su consolidación.

L egislación Campesinos, tierra y territorio

El derecho humano al desarrollo Por: José Martínez Guchuvo Presidente de Anuc Meta y coordinador de la Mesa Humanitaria A diferencia de las características feudales y señoriales que dominaban el actuar del anterior gobierno, resulta lógico reconocer que en el de turno, encabezado por un representante del capitalismo puro, que profundiza su política en el crecimiento económico, en la formalización de los negocios dentro de ellos la disposición de la tierra y el territorio al libre mercado, la extracción de los recursos minero-energéticos y naturales, hoy la reflexión y la discusión sobre la cuestión agraria en Colombia, sobre las políticas con respecto a la tierra y el territorio, adquiere una condición de oportunidad en el debate político.

El discurso del gobierno sustenta su planteamiento en la exagerada concentración de la tierra en pocas manos, en el inadecuado uso de los suelos, señalando estos factores como obstáculos para el desarrollo; la referencia al despojo violento de tierras a campesinos y de territorios colectivos, el reconocimiento como víctimas del conflicto y del derecho a ser restituidos, la visibilización desde el gobierno de las artimañas con ayuda institucional para legalizar la apropiación ilegal de cientos de miles de hectáreas de terrenos del estado y la aceptación de la existencia del conflicto armado interno, conducen a crear una sensación de voluntad política en las posibilidades de adelantar acciones orientadas a formular políticas dirigidas a resolver la deuda social con el campo y el campesinado, referidas a la inequidad en la tenencia de tierras y el derecho al desarrollo.

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De otra parte, se reconoce positivamente, como un significativo aporte al debate agrario, el contenido del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 de Naciones Unidas para Colombia, denominado Colombia Rural Razones para la Esperanza, cuya tesis central es la problemática en torno a la tierra y el territorio y en donde se afirma que “Colombia es más rural de lo que se cree, pero cuenta hoy con más hectáreas en minería que en producción de alimentos”.

El informe hace énfasis de la necesidad de “la reforma rural transformadora “Colombia no podrá insertarse plenamente en el mundo globalizado, modernizar su economía, superar la pobreza, resolver el conflicto armado y saldar el histórico conflicto agrario sin una reforma rural transformadora que no da más espera .

Otro aporte importante que hace el informe es la distinción entre conflicto rural, conflicto agrario y conflicto armado, así como las relaciones entre ellos. Esta distinción amerita una pausa y cierto detalle porque su comprensión y aplicación en la identificación de los problemas y en la definición de futuras políticas públicas puede ser muy relevante para diferenciar problemas relacionados, aunque distintos, que requieren soluciones diferentes y a la vez complementarias. Este documento sin duda contribuirá a la dinámica del debate agrario, en torno a la tierra y el territorio.

Esperaríamos que con esta distinción de roles en la dinámica del conflicto, se convierta en una pedagogía especialmente para la fuerza pública, que les permita distinguir las diferencias de reivindicación y de actuación de los movimientos agrarios y los actores del conflicto armado colombiano.

Campesinos y campesinas y el derecho a la tierra La reivindicación del derecho a la tierra y al territorio por parte de los campesinos, no constituye una opción meramente económica. Para entenderlo, es necesario trasladarnos y verlo en un contexto histórico, su origen está en el mestizaje. El campesinado es la segunda población ancestral en el territorio, su vida, su identidad, sus saberes, su cultura, los alimentos, su vivienda están ligados a la tierra. El territorio es su espacio de realización y de libertad.

El campesino históricamente ha estado sometido al despojo, al desplazamiento por diversos medios, entre ellos el más caracterizado de los métodos violentos; el destierro y la migración permanente a nuevas y apartadas zonas ha colonizar y civilizar nuevas tierras.

Paradójicamente por los caminos y trochas abiertas por los campesinos para interconectarse y acercarse a los centros poblados esperanzados en haber encontrado las oportunidades de mercado para sus productos y el bienestar para sus hijos, por estas mismas vías, ingresan los acaparadores de tierras, al lado de la institucionalidad y amparados por la fuerza pública unos, mientras otros con ejércitos no institucionales, utilizan la necesidad de los campesinos de dar a sus hijos mejores oportunidades de vida que solo se encuentran en los centros urbanos. Muchos son despojados con argucias engaños, mientras quienes hacen resistencia en el territorio y promueven la organización como derecho son despojados por la vía de la violencia.

Por las nuevas vías y caminos mejorados por los cuales deberían salir al pueblo urbanizado sus productos (especialmente alimentos), salen los camiones cargando los enceres de quienes aceptan desplazarse sin resistencia, mientras los desplazados por violencia están obligados sus bienes abandonado para proteger sus vidas.

Desde los años 20 del siglo pasado, se registra la constante lucha directa de los campesinos de Colombia por una política pública de tierras y desarrollo agrario, liderada por diversos tipos de organización y formas de lucha en la resistencia al despojo, intentando que el sueño de una reforma agraria redistributiva, integral y democrática se cumpla.

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De las movilizaciones agrarias quedan los antecedentes de leyes engañosas hechas para frenar el avance del movimiento campesino, como la recordada ley de tierras (Ley 200 de 1.936) que reconoció la función social de la propiedad y el derecho de los aparceros y arrendatarios con la cual los harían acreedores a la propiedad, proceso que luego se frustro con la expedición de la ley 100 de 1944 que institucionalizó los contratos de aparecería, luego de un acuerdo entre el gobierno de entonces con la SAC, FEDEGAN y FEDECAFE, igualmente, el momento de la ley 135 de 1961, ley de reforma agraria reconocida como el estatuto jurídico de mayores alcances que haya existido en Colombia, cuya aplicación fue frenada por el acuerdo denominado el chicoralazo, concebido entre los grandes gremios de terratenientes, el Parlamento Colombiano y el gobierno de Misael Pastrana, para frenar la beligerancia de la ANUC y finalmente, la Ley 160 de 1.994 que institucionalizó el mercado de tierras.

En un nuevo contexto de reconocimiento del conflicto armado interno por parte del gobierno de turno y del debate agrario en cuanto a restitución, tenencia de tierras y usos del suelo, las víctimas del despojo, los desplazados y sus organizaciones, aspiran a que en la ley de víctimas que incorporó el capítulo de restitución de tierras, ley ya sancionada por el Presiente Juan Manuel Santos, en la que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, actuó como testigo de honor, cuya reglamentación está en trámite, pueda resolver con éxito este capítulo de apropiación violenta e ilegal de millones de hectáreas y las víctimas sean restituidas en condiciones dignas de verdad, justicia, reparación y la garantía de no repetición.

Mientras tanto, el campesinado y sector agrario espera sea cumplido el compromiso del gobierno de dar trámite a una nueva ley de tierras y desarrollo rural. En esta nueva ley el movimiento agrario tendrá que enfrentar la configuración del nuevo mapa de control territorial, uso del suelo, la reducción de las posibilidades para los campesinos productores de alimentos, cuyo uso del suelo estará en competencia desigual por la explotación petrolera y los Megaproyectos agroindustriales y al parecer un mayor control militar de la fuerza pública y el crecimiento de los actores armados ilegales que encuentran en las nuevas condiciones económicas su mejor aliado.

Una ley de tierras y desarrollo rural Una política pública de tierras y desarrollo rural, concebida en un marco jurídico que resuelva el problema de la concentración de la tierra en pocas manos y el uso inadecuado de los suelos, construida en el mayor consenso y participación de los habitantes rurales, que integre los instrumentos, los recursos, los territorios, reconozca la importancia de los campesinos y fortalezca la democracia local, es la demanda del movimiento agrario hoy.

La nueva ley deberá resolver situaciones como la presencia de cerca de tres millones de personas que ocupan predios considerados de reserva ambiental según la ley 2ª. De 1959. Cerca de un millón de familias campesinas sin tierra, más de dos millones de micro y minifundistas lo que implica una restructuración del minifundio, una política de tierras para las mujeres y el acceso de los jóvenes campesinos a la tierra si se desea un sector agropecuario con futuro.

El uso adecuado del suelo De acuerdo con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para el año 2009 en la estructura productiva se identificó un fenómeno de gran subutilización de la tierra apta para el desarrollo de cultivos. En efecto, la superficie dedicada a actividades agrícolas y silvoagrícolas asciende a 4,9 millones de hectáreas, aunque se estima que 21,5 millones cuentan con aptitud agrícola; es decir, solo el 22,7% de la superficie con vocación agrícola es utilizada para el establecimiento de cultivos. En tanto, lo contrario sucede con la actividad ganadera que dedica 39,2 millones de hectáreas para mantener el hato, mientras que solo el 53,8% del área utilizada cuenta con aptitud para desarrollar esta actividad.

Según el IGAC, la tierra apta para actividades ganaderas y silvopastoriles asciende a 21,1 millones de hectá20

reas, y hoy se usan 39,2 millones (incluyendo malezas y rastrojos); o sea que sería necesario liberar como mínimo un total de 10,6 si se considera solo lo utilizado realmente en ganadería, que son 31,6 millones. Una cifra más realista indicaría que la tierra con vocación netamente pecuaria, que es de 15 millones, se compararía con las 31,6 millones utilizadas. Es decir, la liberación de tierras para agricultura y actividades forestales alcanzaría a cerca de 15 millones de hectáreas, sin que ello afecte la restitución de tierras despojadas, las reubicaciones o coloque en riesgo el retorno de los campesinos y comunidades a sus terrenos y territorios.

La última frontera agropecuaria El gobierno ha llamado el territorio de la altillanura como la última frontera agropecuaria. En la región de la Orinoquia-Altillanura, desde Puerto López hasta Puerto Carreño, territorio en el que desde hace casi una década tiene lugar uno de los más grandes procesos de “colonización - transformación”, apropiación económica del territorio con participación de capital extranjero y nacional, con el montaje de grandes empresas agroindustriales. Este proceso se inspira en el modelo “cerrado” brasileño el cual se centra en el cultivo de soyamaíz, arroz, pastos, caña, palma, caucho y forestales, y cuenta con el interés del gobierno nacional para darle vía a la denominada “locomotora” de la agricultura. Este proceso se vislumbra como una puerta abierta para la adjudicación de territorio a empresas de extranjeros o a grupos de nacionales comprometidos con grupos las trasnacionales Esta ampliación de la frontera agropecuaria presenta un reto para el modelo de desarrollo incluyente y obliga a reflexionar sobre las posibilidades para la pequeña y mediana explotación agropecuaria y forestal, participación de los pequeños productores que debe ser garantizada dentro de estos proyectos, independientes o en articulación con las grandes explotaciones, en condiciones de dignidad y equidad. Además de las reflexiones que suscita el modelo tecnológico y sus impactos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, así como las definiciones de los compromisos de lo público y lo privado sobre el suministro de bienes públicos y la regulación de conflictos sobre el acceso y uso de los, deben ser claras las condiciones reparadoras de los impactos negativos causados que deben ser cubiertos por los inversionistas y no por el Estado.

Acceso a la propiedad de la tierra Todo lo contrario al discurso público el gobierno que habla de la estructura de tenencia de tierra en pocas manos y los usos del suelo como causantes del subdesarrollo, en la práctica el proyecto de ley que pretende presentar al congreso de la república para su discusión, no se habla de ley de tierras, se trata de una propuesta con tres ejes fundamentales: Desarrollo rural, formalización y restitución. Un desarrollo rural cuyos recursos económicos estarán garantizados con la formalización de la propiedad, entiéndase titulación de predios en todas las zonas de colonización formadas desde mediados de los años sesenta, para garantizar los endeudamientos de los campesinos ante el sistema financiero, predios que terminarán, en los bancos convertidos en bolsa de tierras para el libre mercado de tierras.

Asuntos de preocupación En el planteamiento gubernamental, no existe una política orientada a modificar la estructura de tenencia de tierras y no es claro en concepto de desarrollo rural.

Como ya lo planteamos, el mayor interés es la formalización de la propiedad, consistente en una gran acción de titulación de baldíos, este asunto abre un gran interrogante. Estamos ablando de las zonas de colonización establecidas desde la década del 60, ello es todo el país, la titulación de sus tierras es para el campesino un derecho adquirido, sin embargo, la expedición del título de propiedad con el único fin de habilitar al campesino disponer de las garantías para poder acceder a los servicios y medios de producción, es formalizar esta propiedad para colocarla en libre mercado de tierras.

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Establecer la UAF ambiental, como un mecanismo para la sustracción de zonas intervenidas de las reservas forestales, que combina objetivos productivos con actividades de restauración y servicios ambientales. Este factor seguramente puede facilitar la legalización de muchas aéreas hoy ocupadas por campesinos que las trabajan con sus familias desde muchos años, sin embargo en el reconocimiento a un derecho al campesino, se puede estar abriendo la posibilidad que esta figura se aplique a grandes empresarios nacionales y extranjeros para entregar zonas de interés colectivo. Igualmente, puede ocurrir con las 25 Áreas de Desarrollo Rural, que deja por fuera las zonas de reserva campesina, como zonas autónomas para garantizar la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental.

Los campesinos y sus organizaciones, deben estar atentos a asumir con entereza el reto de sacar adelante una ley de tierras y desarrollo rural orientada en una perspectiva de derechos y a escala humana.

L egislación

Ley 1448 de victimas y restitución de tierras (Un paso político en la vía correcta) No estamos de acuerdo con quienes se oponen a reconocer la existencia de las víctimas del conflicto armado interno en Colombia , que hoy organizan ejércitos armados anti restitución, tampoco estamos del lado de quienes consideran que la ley de víctimas y restitución de tierras es un fracaso y le auguran el peor de los resultados. Estamos con quienes le han apostado a que esta ley con todas las omisiones y debilidades, el gobierno y el congreso dieron un paso en la vía correcta de reconocer a las víctimas del conflicto armado interno, con lo cual se inicia el proceso que deberá enfrentar la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y crear las condiciones de no repetición, para lo cual no son suficientes los elementos que contiene la ley.

Sin duda un gran limitante en el reconocimiento de quienes se consideran víctimas para los efectos de la ley, al considerar a “aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”. Igual situación está planteada para los titulares del derecho a la restitución, la ley limita a quienes hayan sido despojados entre el 1o de enero de 1991 y el término de vigencia de la Ley. Menos podemos ignorar las observaciones que hacen las victimas las cuales se visibilizan a continuación: Se excluye muchas víctimas; el Estado no reconoce la responsabilidad de los crímenes; Se confunden medidas de asistencia con medidas de reparación; se condicionan los derechos de las victimas a los principios de sostenibilidad, gradualidad y progresividad; se desestimulan las demandas judiciales; Indemnizaciones injustas; se considera a las victimas menores de edad; no se repara integralmente; la ley perdona a los criminales; se castiga al movimiento campesino; no se castiga a los beneficiarios del despojo; fomenta un modelo de desarrollo rural agroindustrial excluyente; los crímenes continúan; las victimas no fuimos consultadas; no hay tierra pa´ tanta gente.

Sin embargo, ya en la aplicación práctica de la ley, se vislumbran graves falencias, además de una débil institucionalidad para enfrentar el problema, está el de la seguridad en los territorios para los demandantes de la restitución, se continúa asesinado a los reclamantes y líderes de la restitución, los actores armados ilegales anti restitución son una realidad, su presencia en territorios priorizados para la intervención de la unidad de 22

restitución han logrado que se modifiquen y se postergue la intervención en estas zonas, (caso en el Meta, Puerto Gaitán y Puerto López) pues a juicio de la fuerza pública no está en condiciones de garantizar la seguridad para los funcionarios, esto es un triunfo para los ilegales. Menos aún son claras las condiciones de seguridad para quienes sean restituidos.

Es necesaria una acción institucional de apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad y de las organizaciones campesinas, sociales y comunitarias en los entornos de las zonas donde estará presente la restitución, con el acompañamiento presencial y continuo a las comunidades de la comunidad internacional, en cabeza de la Organización de las Naciones Unidas ONU, la Organización de Estado Americanos OEA e instancias de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, La Corte Interamericana de Derechos Humanos , organizaciones mundiales de derechos humanos y de países amigos de la paz.

Derechos de las víctimas y ruta de acceso a la restitución Como este es un articulo especialmente para directivos de las organizaciones campesinas, técnicos y profesionales comprometidos con los derechos humanos y de las víctimas del conflicto como debe ser, visibilizamos la ruta de acceso propuesta por la Unidad de Restitución de Tierras, bajo el eslogan “Las víctimas tienen derecho a la vida digna y a la restitución de sus tierras”.

1. Solicite la inscripción del predio en la unidad de restitución 2. Este pendiente de la decisión de la unidad de restitución 3. Si fue aceptado presente su solicitud ante el juez 4. Si desea solicite a la unidad de restitución que lo represente 5. Si no hay oposición el caso será tramitado por el juez 6. El juez dictará sentencia sobre su solicitud 7. Cuando el fallo sea definitivo se entregara el predio a la persona restituida 8. Si hay oposición, el caso pasara al Tribunal Superior 9. Si la sentencia no es favorable al solicitante se enviara al Tribunal Superior del distrito judicial 10. La sentencia podrá ser revisada por la corte suprema de justicia

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Especial

El cacao en el Meta Resistencia campesina, arraigo al territorio y construcción de paz

Los pobladores del Meta hemos vivido en medio del conflicto armado permanente por más de seis décadas, territorio en el cual han anidado todos los actores armados ilegales, que han compartido el territorio con una insuficiente institucionalidad.

En medio de este conflicto, el desplazamiento y despojo de tierras a los campesinos y al estado, convirtieron al Meta en uno de los mayores expulsores de campesinos y con las mayores extensiones de tierras despojadas por la violencia.

Hoy se está viviendo un cambio en cuanto al comportamiento institucional, sin embargo, las presiones, especialmente por la explotación petrolera y la expansión de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros para los mega proyectos en la llamada “última frontera agropecuaria”, han modificado el interés simple de apropiación de las tierras como forma de ampliación de los latifundios a la del control territorial para los mega proyectos agroempresariales.

Es en este contexto en el cual el cacao, un producto de la economía campesina, se ha movido en medio del conflicto y enfrentado crisis, es el producto alternativo mas aceptado por los campesinos que se niegan a desplazarse de sus territorios aún afectados por el conflicto armado, que pensando a largo plazo se están convirtiendo en símbolo en la acción de resistencia campesina, de arraigo al territorio que han explotado durante décadas, convirtiendo el cacao en un articulador de esperanzas de vida y de opciones de paz, en medio del interés económico de los grandes proyectos en la apropiación de los territorios.

Tres momentos ha vivido la cacaocultura en el Meta. El primero de prosperidad y bienestar para sus cultivadores y negocios conexos, que funcionó entre 1960 / 1985; un segundo momento que implicó la liquidación del cultivo con los profundos y no cuantificados daños económicos, sociales y ambientales, y el actual de recuperación de la cacaocultura como un producto alternativo a ser reconocido como articulador en perspectiva del desarrollo humano y la construcción de paz.

Antecedentes El cacao en esta región está ligado a la ruta donde evolucionó y se propago esta planta de origen silvestre y luego domesticada, pasando de cacao silvestre y era utilizado como alimento por algunas especies animal y en vivanderos de nuestros aborígenes , el momento del cacao extractivo al agregarse valor comercial y cacao cultivado implementado como actividad agrícola, cuya producción entra en proceso de industrialización.

Según estudios de su material genético, esta planta es nativa de América del Sur, de la cuenca del río Orinoco y río Amazonas. La tesis que mayor fuerza ha cobrado es la que indica una vasta región amazónica, incluida la Orinoquia, como la zona donde hace aproximadamente 4.000 años surgió el primer espécimen de la planta que hoy conocemos como Theobroma. El río Meta es uno de los principales afluentes del Orinoco y ello explicaría el porqué la presencia espontánea del cacao por este corredor.

Cuenta la historia que el cultivo propiamente se inicia en el río Arauca hacia mediados del siglo XVII. La producción de cacao en los Llanos no podía ser muy copiosa, a causa de las dificultades para el transporte hasta los

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lugares de embarque, y de las trabas que ponían las autoridades españolas a las actividades económicas de las regiones en contacto con las potencias rivales, Inglaterra, Holanda y Francia.

Valor comercial del cacao El valor comercial del grano de cacao llegó a esta región con las expediciones extranjeras encabezadas por españoles, quienes empezaron a recoger los pilones de almendras que se formaban en los vivanderos de los indígenas, expediciones que sí conocían el valor del grano, el cual aceptaban como intercambio, que al ser reconocido por los indígenas como un factor de valor estimularon la extracción del grano, los nativos encontraron comprador y agotaron los cacaotales nativos.

El cultivo de cacao sinónimo de bienestar El cacao fue un cultivo importante en la zona de Puerto López (ríos: Meta, Metica, Yucao), entonces zona de alta producción de alimentos que apoyaba el abastecimiento de productos a Bogotá. El cacao, junto con los demás productos de la economía campesina, fueron desapareciendo de esta región como consecuencia de la llegada de la mecanización “la modernización de la agricultura”, los cultivos semestrales (algodón, sorgo, maíz, arroz) al lado de una oferta y disponibilidad de crédito, que generaron en los pequeños productores una falsa expectativa sobre la posibilidad de mayores ingresos en corto tiempo y menor esfuerzo. Con los nuevos cultivos se sustituyeron más temprano que tarde, además del cacao una importante economía campesina de producción de alimentos, que entraron en crisis, mientras grandes propietarios mediante ganadería extensiva sustituyo importantes áreas de producción agrícola, desplazando a pequeños y medianos productores que debieron vender sus fincas para cubrir obligaciones económicas en bancos y casas comerciales, generándose una mayor concentración de la propiedad de la tierra.

El cacao en el Meta como cultivo tiene su origen en la década del 60, tiempos de reforma agraria y de consolidación de la colonización. De la región del río meta se corrió para el piedemonte llanero y alto Ariari, consolidándose en la economía de pequeños productores en municipios como Acacias, Guamal, Cubarral, El Castillo y Grada. El INCORA como entidad de fomento y la Caja Agraria como ente financiero, por medio del crédito supervisado introdujeron semillas provenientes de Trinidad Tobago y Ecuador. Los registros del INCORA muestran, que entre 1971 y 1985, colocaron 908.900 semillas, con las cuales se establecieron 1.830 hectáreas, que beneficiaron a 843 familias campesinas.

Para 1.985 en el Meta se habían cultivado más de 8.500 hectáreas que aportaban 5000 toneladas a la producción nacional, el departamento ocupó un cuarto lugar como productor en el concierto nacional entre 22 departamentos, sostenía dos mil (2000) familias campesinas, generaba 6.000 empleos directos y unos 2000 indirectos. El cacao fue una actividad que por años sostuvo eficientemente a sus cultivadores hasta el punto de hacerlos sobresalir con mejor nivel de vida.

El momento de la crisis Luego de haber demostrado sus bondades económicas, sociales y ambientales y haber desarrollado una economía prospera para los productores y la economía regional, la institucionalidad de apoyo y los productores atemorizados por una baja en precios internaciones, la presencia de problemas fitosanitarios como la monilia, la escoba de bruja de una parte, y ante la oferta de la “modernización” que ofrecía la apertura económica de una economía con aparentes mayores y más frecuentes recursos y el encarecimiento de la mano de obra que estaba siendo reclutada para los cultivos de uso ilícito, acabamos la cacaocultura.

Se destruyeron más de siete mil quinientas hectáreas, 7.5 millones de árboles de cacao, 2.6 millones de maderables que cumplían la función de sobrio permanente, destruido el sistema de seguridad alimentaria de las familias, el Meta pasó, de entregar a la industria 5.000 toneladas año a comienzos de los 80s y 4.000 a finales de la misma década, a 702 toneladas en el 2003 y 460 toneladas en el 2004.

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La misma problemática se debió enfrentar en todas las regiones cacaoteras y productores colombianos, en la mayoría no destruyeron el cacao y se consolidaron como Santander que tiene el 50% del área y de la producción nacional y otros como Arauca y el Huila se ubicaron en posiciones privilegiadas, segundo y tercer lugar en el contexto nacional.

El retorno de la cacaocultura al Meta Ante las pocas alternativas productivas para los campesinos que a finales de siglo nos dejo la apertura económica, crisis en los cultivos transitorios, las pequeñas ganaderías no eran rentables, más de 5000 pequeños productores de los diferentes renglones en la quiebra y endeudados con los bancos y frente a las inevitable acciones de erradicación de los cultivos ilícitos por parte del Estado, las instituciones del sector promovidos por Anuc Meta para identificar alternativas de producción viables y posibles proyectos productivos alternativos para la sustitución de los cultivos de uso ilícito, entre otros cultivos se resalto el cacao con una mayor acogida de parte de los productores.

Anuc Meta, Asociación de Usuarios Campesinos del Meta, en convenio con la Gobernación, en el año 2000, realizó una acción de consulta a los campesinos en siete municipios del Meta sobre la conveniencia de recuperar el cacao, de la cual resultaron más de 400 productores dispuestos y una demanda de semilla superior a los tres millones de unidades.

Con esta información Anuc formula una propuesta para la recuperación de la cacaocultura, que es presentada a todas las entidades del sector con competencias en el tema, incluido el Ministerio de Agricultura, las cuales compartieron la pertinencia y viabilidad de la propuesta. El INCORA tomó la propuesta presentada por Anuc, la adecuo a un proyecto para 168 beneficiarios de reforma agraria, que cofinancio el Fondo de Inversiones para la Paz FIP de la Presidencia de la República, que dio origen a la Asociación de Pequeños Productores de Cacao del Ariari ASOPCARI, se establecieron 338 hectáreas de cacao clonado, en Granada, Fuentedeoro y El Castillo.

Anuc Meta con el apoyo del Fondo para la Acción Ambiental FPAA, adelantó una acción de transferencia de conocimiento tecnológico del cacao en nueve municipios, proyecto por medio del cual se formuló la primera alianza productiva de cacao para el Meta, de la cual se beneficiaron 111 productores de los Municipios de Cubarral, El Dorado y Lejanías, se establecieron 300 nuevas hectáreas, el proyecto fue apoyado técnicamente y ejecutado por FEDECACAO, Anuc Meta gestora del proyecto no lo ejecutó porque representaba a los productores como organización postulante ante el Ministerio de Agricultura..

Estado actual de la cacaocultura en el Meta

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Hoy este cultivo en una articulación con Centros Provinciales de Gestión Agroempresariales CPGA, Gobernación del Meta, Ministerio de Agricultura y las organizaciones de base que suman unas 20 formas asociativas, se expandió a 25 municipios del Meta, evolucionó de 1.500 hectáreas en el 2000, a 5.350 en el 2011, de las cuales 2000 están en producción, aportan una producción superior a las 1000 toneladas de grano seco año, están vinculadas a la actividad unas 2000 familias, se generarán unos 3.700 puestos permanentes de trabajo y unas ventas actuales de 6380 millones de pesos.

El cacao ha continuado la ruta de los ríos Ariari, Guayabero, Guejar y el Guaviare, siguiendo una ruta donde está presente el mayor conflicto social agrario, que hace resistencia al despojo y al ingreso sin condiciones de la explotación petrolera y los megaproyectos para biocombustibles, el cacao está cumpliendo la función de arraigo de los campesinos a la tierra y de ocupación pacífica y productiva del territorio.

Vistahermosa, en otros tiempos primera en cultivos ilícitos y conflicto armado, es hoy el territorio con la mayor extensión cultivada en cacao y los campesinos y sus organizaciones están en la resistencia y movilizados para que se regule la exploración y explotación petrolera.

En la parte socioempresarial del cacao, existe una red de 20 organizaciones locales de productores de cacao, con debilidades muy grandes pero existen. Siete de estas organizaciones, buscando eficiencia y capacidad de sostenibilidad, han creado la Cooperativa Agroindustrial de Cacaoteros del Meta CACAOMET. Sin embargo, en el momento de registrar esta información, los bajos precios para el productor por el grano de cacao tiene al sector en la disyuntiva, pues estando frente a un producto con déficit interno para la industria y demanda en el mercado internacional, los ingresos que recibe el productor por esta actividad no compensan los costos de producción.

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Negocios

Las aromaticas. Alternativa para la economia campesina

En Colombia, se viene dando un incremento en el cultivo de las llamadas plantas aromáticas, medicinales y condimentarías y se estima que en el país se producen y comercializan unas 156 especies, aumento que se debe, entre otras cosas, a que se aprovechan de diferentes maneras y en múltiples presentaciones como en fresco, deshidratado, picado, embolsado y en la extracción de aceites esenciales. Además, de su uso medicinal y culinario, se emplean en los procesos y prácticas de agricultura ecológica para el aumento, utilidad y salud de los suelos.

El mercado de las hierbas aromáticas es enorme y creciente, sin embargo en el país los productores tienen problemas críticos relacionados con los volúmenes de producción, la calidad de las especies, el manejo de pos cosecha, la distribución y comercialización en el mercado nacional y la poca capacidad de oferta exportable.

Campesinos asociados a la ANUC en el municipio de El Tambo Cauca, movidos por la necesidad de implementar proyectos alternativos viables y sostenibles para el desarrollo de la economía campesina se dieron a la tarea de incursionar en la línea de producción de plantas aromáticas y medicinales y luego de un proceso de maduración dieron vida a la Asociación de productores y comercializadores de plantas aromáticas y medicinales orgánicas del Tambo – Cauca AROMET, como un instrumento para la planeación de las unidades productivas y la carta de navegación para la organización en los próximos años.

Se presenta como una oportunidad de desarrollo agropecuario en el entorno Local, Regional, y Nacional, presentando alternativas para ampliar los mercados y generar una actividad productiva más efectiva y promisoria, que satisfaga la creciente demanda de productos cada vez más limpios, por parte de comercializadores y consumidores, hecho que viene generando un cambio en las formas tradicionales de producción agrícola.

El plan parte de los aspectos generales relacionados con el sector de la producción agroecologica, para analizar de manera profunda el mercado en los contextos nacional. Se tuvo en cuenta el estudio de mercados donde se analizó la competencia (oferta) y la demanda (compradores) llegando a determinarse que existe una alta demanda insatisfecha en términos de volúmenes calidades y periodos constantes de venta.

El mercado de exportación es una de las estrategias que se debe realizar a largo plazo y sobre el cual se comienza a orientar el desarrollo de las actividades de los productores de AROMET. AROMET en su propósito de consolidación avanza en dos estrategias: La creación de una cultura empresarial por parte de los productores y el sentido de pertenencia hacia la organización.

La evaluación financiera presenta un alto grado de factibilidad, demostrando las bondades y beneficios de la producción, transformación y comercialización evitando los intermediarios y con bajo la producción orgánica, frente a los mercados de producción convencional (utilización de productos químicos) , al igual que la evaluación económica que permite establecer la disponibilidad de algunos recursos e infraestructura, y la potencialidad de complementarlos de forma satisfactoria para fortalecer un renglón de la economía Local, Regional y Nacional.

El impacto social permite establecer mejores condiciones para la población inmersa en esta proyección empresarial, contribuyendo de manera importante al mejoramiento de la calidad de vida de los productores y 28

sus familias, así como el de la asociación; mostrando además, beneficios al medio ambiente derivados de la producción limpia u orgánica que se viene estableciendo en las fases de producción y poscosecha a los productos generados.

Es importante destacar que este renglón cuenta con una amplia posibilidad de mercados Locales, Regionales y Nacional, y así mismo es necesario hacer referencia que con algunos tratados de libre comercio, hoy puestos en marcha se visualiza una gran posibilidad para la exportación de este renglón de producción.

Aromet nace como una propuesta empresarial de pequeños productores afiliados a la Asociación Nacional de usuarios campesinos del Tambo en noviembre del 2007, en un convenio Sena - Anuc dentro de la Estrategia Vereda Empresa, hoy tiene radio de acción en varios Municipios del Departamento del Cauca.

AROMET es una empresa rural, dedicada a la producción, transformación y comercialización de plantas aromáticas, medicinales y condimentarías, bajo el principio de producción orgánica o limpia y comercio justo.

Esta Asociación productora está conformada por 50 familias de origen campesino, que buscan mejorar sus ingresos y sus calidades de vida desde la perspectiva de empresa rural organizada.

Su misión es la Producción y comercialización plantas aromáticas, medicinales, condimentarías con calidad orgánica, asegurando el bienestar de nuestras familias y garantizando una sostenibilidad socioeconómica.

Los objetivos de AROMET y a los cuales contribuye la ANUC se centran en mejorar el nivel socioeconómico de los empresarios rurales, generando fuentes de empleo en la región, contribuyendo a la salud de nuestros asociados como a la de los consumidores con cultivos orgánicos y por ende protegiendo el Medio Ambiente.

Este proyecto de hierbas aromáticas, medicinales y condimentarías, es un ejemplo claro de que como lo señala la ANUC los campesinos, individualmente somos pequeños empresarios, pero unidos constituimos una economía cuyo reconocimiento reclamamos.

Nilson Antonio Liz Marín Representante legal de AROMET Presidente ANUC CAUCA

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Cultura

Por qué hablar de conocimientos tradicionales en las comunidades campesinas?

El siglo XX, se cierra con una gran esperanza para la humanidad, el reconocimiento del otro como respuesta a la homogeneización que trae consigo la globalización, se moviliza la sociedad global para abogar por el reconocimiento de la identidad, la diferencia, la diversidad, la visibilización de los derechos, en suma, el reconocimiento de la diversidad. Esta ha sido una gran realidad, aunque con serias dificultades. En el caso de Colombia, poco a poco se ha logrado el reconocimiento de esta gran diversidad y se ha proyectado su protección y el amparo a través de políticas y normas, excepto la existencia de los campesinos de Colombia.

Los campesinos, en el único articulo en el cual se hace explicito el concepto, el 64 de la Constitución Política de Colombia, lograron dejar explícitos algunos derechos en la constitución política de Colombia, colocando como garante al Estado en el acceso progresivo a la propiedad de la tierra, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.

Se requiere una tarea encomiable en primer lugar de los campesinos y en segundo lugar del Estado y la sociedad, tal como lo manifiesta el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas del año 2011, hacer efectivo este derecho a los campesinos de tal manera que guarde coherencia con lo señalado en la carta Magna y hacer de la tierra y el desarrollo rural, mas que una esperanza, una oportunidad explicita para los campesinos y campesinas de Colombia.

En siglo XXI, caracterizado por impulso del conocimiento, el auge de las tecnologías de la información, la demanda de nuevos materiales para la industria de la nanotecnología, a la par con demasiadas crisis frente a los recursos naturales, grandes necesidades energéticas, demanda de alimentos y absolutamente globalizado.

El mundo y Colombia, vuelven sus ojos hacia el campo como la mayor fuente de riqueza, como fuente para la inversión y por sobre todo un camino para la vida y la paz.

Los campesinos de Colombia que por décadas han hecho resistencia con su modelo de vida, con sus conocimientos, con su proyecto de vida, que han apelado incontables veces por una oportunidad, surgen algunos interrogantes, ¿cuál es el lugar que ocupan en la sociedad global y nacional los campesinos?, ¿cuál es el papel asignado por la institucionalidad en la producción de alimentos? Que pasa con su dignidad y su condición de campesino, cuando su tierra y su territorio cada vez esta mas reducido?

Campesinos, conocimientos tradicionales y seguridad alimentaria La guerra contra el hambre declarada después de la Segunda Guerra Mundial ha sido prácticamente abandonada. No porque el hambre ya no exista, sino porque la filosofía de que “el mercado arregla todo” de las últimas décadas dicta que el problema del hambre se solucionaría en el mercado in ternacional.

Roger Martínez

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En los años 80, se definió al campesinado a la luz de la lógica de la economía y articulada de alguna manera a los mercados, independiente del tipo de relaciones, bastante desiguales por demás. La economía campesina fue la herramienta que media la caracterización de los campesinos y a partir de la cual se construyeron las políticas de “desarrollo rural”. Posteriormente se renombro el ser campesino a la luz del nuevo modelo de desarrollo bajo la denominación de pequeño productor y “empresario rural”.

En Colombia se han abordado buenas discusiones buscando caracterizar la economía campesina y desde ella el campesinado, Forero, por ejemplo señalaba por ejemplo que en el año 2003, la población rural en el mundo estaba en el 53%, y la agricultura, la actividad económica que genera el mayor empleo, en América Latina para esta misma época, de 401 millones de habitantes, 123 se encontraban en el área rural, es decir el 23.5%. El informe de desarrollo humano de Naciones Unidas del año 2011, señala que el 32% de los colombianos son pobladores rurales.

Porque hacer esta antesala al tema de los conocimientos tradicionales en comunidades campesinas? Pocos son los académicos, instituciones y políticas que se han aproximado a indagar y tratar los conocimientos que históricamente han construido los campesinos en Colombia y en el mundo. Martínez, ha realizado un planteamiento por medio del cual reconoce los conocimientos tradicionales de los campesinos asociados a los sistemas agro productivos, que están determinados por factores culturales, socioeconómicos y políticos.

Los campesinos han logrado desarrollar sistemas productivos verdaderamente alternativos para hacer resistencia a las condiciones inequitativas y de desigualdad en las cuales se han visto enfrentados cuando sus condiciones materiales no les han permitido acceder a las llamadas “tecnologías modernas”, así por ejemplo la agroecología se ha ido extendiendo y no es otra cosa que la experiencia de los campesinos en la medida que han logrado articular la dimensión ecológica con los agro ecosistemas, haciendo un manejo sustentable, practico y aprovechando la sabiduría alrededor de las plantas.

Son estos conocimientos acumulados por los campesinos van mas allá de una disciplina, es un conocimiento que integra varias ciencias, que a partir de los años, le han alimentado su experiencia y le han facilitado continuos aprendizajes y mantener vivo un cumulo de conocimientos, bastante desconocido y poco aprovechado hasta el momento, esta condición le ha permitido mantener viva su economía, ser un oferente natural de la diversidad alimentaria a partir de mantener una relacion de dialogo y aprendizaje permanente con el mundo natural.

Hoy cuando la humanidad, supera el 13% de la inseguridad alimentaria, es preciso acercar la investigación respetuosa de los conocimientos campesinos que en el ámbito local permiten acercar las brechas que ha dejado la ruptura de la producción de alimentos por la distorsión de lo modelo económico, el establecimiento de monocultivos orientados a las llamadas energías alternativas (bioenergías y agro energías).

Los agro ecosistemas campesinos asociados a la biodiversidad, cuya característica es respetuosa de los ciclos de la naturaleza, de los ecosistemas la conservación de las aguas, los suelos, donde convergen factores ambientales, económicos y sociales, son una alternativa que apoya la estabilidad productiva, la seguridad alimentaria, un desarrollo armónica con la naturaleza y la vida y finalmente, amigabilidad con el ambiente, que ha estado ligada a la racionalidad campesina en donde ha puesto en evidencia el manejo de diferentes hábitats en diversas actividades agrícolas, agroforestales, de caza, pesca y recolección.

El ambiente natural, se convierte en un rector de la vida en las familias campesinas. El campesino es astrónomo en la medida que se guía por el ciclo de la luna, el sol y las estrellas; es un físico en tanto debe aprender a manejar los ciclos climáticos y meteorológicos; un biólogo, en la medida que conoce de plantas, animales y la utilidad de los mismos; un agrólogo, en cuanto al conocimiento de las formas de su espacio y de su entorno, estos conocimientos le permiten una acción dinámica en torno a su pequeño territorio, llamado finca y rodeado de su familia, que a pesar de las dificultades de la vida rural en Colombia, lucha por sostener y adaptarse según el clima, la topografía y la oferta ambiental del territorio.

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La política publica a partir del 8j – conocimientos asociados a la biodiversidad Partiendo de la planteamiento del convenio de biodiversidad biología, ”trata de la del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera…. la estrecha y tradicional dependencia de muchas comunidades locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes” La Anuc, asume convoca a los campesinos de Colombia y a los estamentos del Estado a la continuación de la construcción de una política que respalde e integre a los campesinos a la vida del país y les reconozca sus conocimientos como un derecho y un patrimonio nacional.

Hace una invitación al Ministerio del ambiente para emitir la política nacional de protección de los conocimientos tradicionales que en el articulo 8j del convenio dice : “Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente”.

En este sentido la Anuc propugna por un reconocimiento en una política publica que a los campesinos les ampare en su derecho a preservar sus conocimientos, ponerlos al servicio de su condición histórica de producción de alimentos y proveerse de sus propios conocimientos como garantía del reconocimiento de su tierra y de su territorio, como parte de su identidad y de su condición de campesino, a discutir con autonomía las herramientas para su conservación y utilización sin el temor de ser vulnerados, menospreciados y avasallados por las industrias que solo estiman el lucro y la ganancia y que al amparo de los tratados de libre comercio, empobrecen a las comunidades en su economía, en su soberanía y en su proyección de futuro.

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Cultura Anucgrama

PISTAS:

1. Apellido del presidente actual de ANUC. 2. Sector en el que se debe reconocer la actividad campesina.

3. Escuela de formación campesina.

4. Nuestro aliado para la formación.

5. Prestadora de asistencia técnica.

6. Programa de revegetalización ambiental.

7. Recordado líder campesino, ícono de la ANUC. 8. Universidad aliada de la ANUC. 9. Población que representa la ANUC. 10. Organización campesina.

11. Presidente de la República gestor de la ANUC. 12. Programa para el que se creó la ANUC. 13. Área donde se cultiva nuestros alimentos.

14. Flagelo que está acabando con los campesinos.

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Notas

Notas