Informe Anual sobre la Situación de los DESCA en México y su exigibilidad 2011 by Realidad Expuesta

Pantone 2735c

Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2010-2011

La presente obra fue realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social a través del Programa de Coinversión Social en su Convocatoria de la Vertiente de Investigación 2011.

Informe Anual sobre la Situación de los DESCA en México y su exigibilidad. 2011

Informe anual sobre la situación de los DESCA en México y su exigibilidad. 2011

Informe Anual sobre la situación de los DESCA en México y su exigibilidad. 2011

Autoras: Ana Luisa Nerio Monroy Angélica Gay Arellano Salomé Almaraz Reyes

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.

Informe Anual sobre la situación de los DESCA en México y su exigibilidad. 2011 Título derivado del Proyecto: Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México 2011. Incidencia de la Sociedad Civil

Primera edición, noviembre 2011 Impreso en México. Autoras: Ana Luisa Nerio Monroy Angélica Gay Arellano Salomé Almaraz Reyes Introducción: Dr. Miguel Concha Malo Colaboraciones: Adriana Sánchez Peralta Miguel Ángel Sánchez Neria Mónica Madrigal Baños Diseño: Gabriel Salazar Enciso Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Odontología No. 2 Col. Copilco Universidad. Del. Coyoacán. C.P. 04360

La presente obra fue realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo social a través del Programa de Coinversión Social en su Convocatoria de la Vertiente de Investigación 2011.

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Índice Créditos....................................................................................................... 2 Introducción................................................................................................. 4 Marco De Exigibilidad de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)............................................................. 7 El Derecho a la Alimentación.................................................................... 25 EL Derecho a la Educación....................................................................... 57 Los Derechos Laborales........................................................................... 86 El Derecho a un Medio Ambiente.............................................................113 El Derecho a la Salud.............................................................................. 140 El Derecho a la Vivienda Digna............................................................... 162 Caso Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán........................................... 177 Conclusiones........................................................................................... 192

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Introducción El Informe sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México (DESCA nacional) presenta, anualmente los avances y retrocesos en el cumplimiento de seis derechos: alimentación, salud, medio ambiente, trabajo, educación y vivienda, así como el efecto que estos tienen en distintos grupos de población excluidos y discriminados en el ejercicio de sus DESCA. En cada actualización hemos analizado estos seis derechos desde el marco internacional que establece los contenidos mínimos para cada uno, así como las obligaciones a las que México se ha comprometido como Estado Parte de los diferentes Pactos y Convenciones que los reconocen y protegen. Aunado a lo anterior, cada año el Informe incorpora nuevos ejes de análisis como la perspectiva de género y el derecho a la No Discriminación. Además de proporcionar información actual, sistematizada y analizada desde un enfoque de derechos humanos que permita dar seguimiento a los avances, retrocesos y violaciones a los DESCA, específicamente sobre los seis derechos estudiados, en esta ocasión decidimos vincular, en el análisis, el diagnóstico del derecho con los procesos de exigibilidad que se desencadenan a partir de la situación negativa que presenta su ejercicio y con especial énfasis en el papel que juegan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s). En este caso, tomaremos como primer referente el trabajo del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C (CDHFFV). Optamos por enfocarnos en el papel de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de exigibilidad sobre DESCA porque, pese a que sabemos que el reconocimiento de los derechos sociales en la normatividad representa el primer paso de su cumplimiento, observamos que entre el reconocimiento y el ejercicio existe una amplia brecha. En ese espacio delineado por el contexto sociopolítico se desarrollan diversos procesos de exigibilidad, acciones sociales y políticas que buscan resolver los vacíos y la falta de cumplimiento por parte del Estado, demandándole que cumpla con sus obligaciones. Las estrategias de exigibilidad se adecúan a los contextos y perfiles de las personas y grupos que las desencadenan. Éstas pueden impulsarse desde las organizaciones de la sociedad civil organizada, movimientos sociales, grupos o personas. 4

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Igualmente el trabajo que realizan estas organizaciones, incluido el Centro Vitoria, contribuye a visibilizar y documentar violaciones a los derechos humanos, particularmente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; permite el acompañamiento a procesos sociales, y en algunos casos, realizan actividades de orientación y defensa jurídica. Asimismo, contribuyen a que movimientos y luchas sociales incorporen la perspectiva de derechos humanos en su trabajo de defensa, en la elaboración, diseño de políticas públicas y marcos jurídicos e incentiva la participación ciudadana. En muchos casos las organizaciones civiles de derechos humanos cuentan con una amplia experiencia en procesos de interlocución entre movimientos y autoridades pero no la tienen documentada y sistematizada. Este informe aporta, además del diagnóstico sobre la situación de cada derecho, un documento con información sistematizada sobre las experiencias de movilización y participación de la sociedad civil para la exigibilidad de los derechos humanos, a partir de la amplia experiencia del CDHFFV, particularmente en casos de violación a los DESCA o de acompañamiento a movimientos de defensa y lucha de algún o alguno de los derechos mencionados. La investigación cuenta con un marco conceptual del que partimos para establecer los casos a analizar, principalmente aquellos donde el Centro Vitoria ha tenido participación directa o contacto con los involucrados; buscamos que fueran representativos de los movimientos de defensa por los DESCA a lo largo y ancho de todo el país; de las zonas rurales y urbanas, tanto como de movimientos locales y/o a nivel nacional. La investigación contó con trabajo de gabinete y de campo. La segunda implicó la realización de visitas y entrevistas a integrantes de organizaciones civiles y movimientos donde se ubican los conflictos. Este trabajo de investigación no pretende agotar todas las experiencias o casos de incidencia de las organizaciones civiles en materia de derechos humanos, es apenas una aproximación a la enorme labor que desarrolla la sociedad civil organizada, sumando a los movimientos sociales e inclusive al sector académico (que también es parte de la sociedad civil), en el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos. Con ello, pretendimos explorar y sobre todo visibilizar el trabajo que algunas organizaciones realizan para incidir en cambios a nivel legislativo, en el diseño de políticas públicas y en la exigibilidad y justiciabilidad de los DESCA. Aquí el lector 5

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encontrará en cada capítulo información sobre experiencias tanto propias como de otras organizaciones. En varios de los procesos narrados, el CDHFFV ha jugado un papel importante pero sin duda, no podríamos decir que ha sido de manera aislada, ya que en la mayor parte de las ocasiones trabajamos de manera solidaria, articulada, coordinada con otras organizaciones, movimientos sociales, campesinos, ecologistas, con el sector académico y defensores y defensoras de derechos humanos que buscan que en este país todas las personas vivan con dignidad. Dr. Miguel Concha Malo Director del CHFFV México DF diciembre de 2011

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MARCO DE EXIGIBILIDAD DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA) ¿Qué son los DESCA? Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) comprenden aquellos derechos humanos que posibilitan a todas las personas tener una vida adecuada y digna. De la misma forma que el resto de los derechos humanos, tienen su fundamento en la dignidad de todas las personas sin importar sexo, nacionalidad, etnia, raza, preferencia política ni ninguna otra característica. La manera más simple de reconocerlos es ubicando los elementos básicos y necesarios para tener una vida digna, alimentación, salud, vivienda, educación, un medio ambiente sano, el trabajo y condiciones laborales dignas, agua. Asimismo, son herramientas que sirven para combatir la desigualdad, la pobreza y la discriminación. El surgimiento y establecimiento de su marco de protección está ligado a los ciclos de las luchas sociales cuyo fondo gira en torno a la exigencia de una mejor calidad de vida y de la eliminación de aquellos obstáculos que impiden o limitan su cumplimiento. Mecanismos de Protección y Exigibilidad Garantías Institucionales y Sociales El cumplimiento de los DESCA se guía por el establecimiento de un conjunto de obligaciones estatales que han quedado plasmadas en un gran número de instrumentos normativos internacionales. El sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos creó mecanismos dirigidos a velar por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, se encuentran los textos jurídicamente vinculantes que los Estados firmaron y que marcan sus obligaciones. En el sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encontramos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y cómo órgano vigilante al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) que se encarga de recibir los informes de los Estados Parte así como de emitir recomendaciones sobre los avances y retrocesos en el cumplimiento de los derechos sociales que se presenten al interior de los países de la región. 7

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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el principal referente sobre DESC y justamente, con el fin de clarificar el contenido de cada uno de los derechos, el Comité DESC creó las Observaciones Generales. Tales documentos invalidan el argumento de que los DESC no son exigibles ni justiciables porque se consideraban como derechos difusos sin un contenido claro. En el ámbito regional, la Organización de Estados Americanos (OEA) cuenta con el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador) La Comisión la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano encargado de dar seguimiento a los Estados parte, como mecanismos independientes de la OEA. Sin embargo, esperar a que los Estados cumplan con sus obligaciones no ha sido ni es suficiente. Es necesario que los mecanismos de vigilancia y control, desde el ámbito internacional hasta el plano nacional y local, incorporen la participación de todos los actores de la sociedad, no sólo a partir la estructura estatal y sus instituciones sino tomando en cuenta la participación de personas u organizaciones sociales que, desde su experiencia, pueden señalar cuáles son los retrocesos y focos rojos en el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, la cuestión sigue siendo ¿cómo demandarle al Estado que cumpla con los derechos humanos y resuelva las violaciones que contra éstos se han cometido? Ante ese cuestionamiento se posiciona la “Exigibilidad” como un proceso social, político y jurídico que permite que cualquier persona, a título personal o colectivo, le cuestione al Estado el nivel de cumplimiento de sus obligaciones y le exija mejorar. “La forma y medida en que un Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia del escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Los DESC son derechos subjetivos cuya exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente”.1 1

Declaración de Quito acerca de la Exigibilidad y Realización de los Derechos Económi-

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Al respecto, la Declaración de Quito sobre Exigibilidad menciona que los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles a través de diversas vías: judicial, administrativa, política y legislativa. La base para cumplir con los derechos es el marco jurídico de protección, las leyes, los reglamentos, los tratados internacionales; cuando éstos no se cumplen o se comete una violación contra los derechos, es posible recurrir al uso de otros recursos, al amparo o a los organismos públicos de derechos humanos. No obstante, estas estrategias requieren, en ocasiones, ir acompañadas de otros mecanismos de presión y persuasión que se logran mediante la participación directa en la lucha social. La exigibilidad social y política se expresa en acciones sociales y políticas que una sociedad construye y lleva a cabo para que el Estado cumpla sus obligaciones en la materia. Algunas de estas acciones pueden ser: denuncias de las violaciones a los derechos humanos en los medios de comunicación, la protesta social pacífica, incidencia en políticas públicas, cabildeo legislativo para crear o reformar leyes e informes elaborados por la sociedad civil para instancias internacionales como la ONU y el Sistema Interamericano. Para que estas acciones sociales y políticas se lleven a cabo, es necesaria la promoción de la participación ciudadana. Éste es un derecho clave para cualquier país comprometido con la construcción de un régimen democrático. Ahora bien, ésta vinculada con la exigencia de los derechos sociales constituye una importante contribución a la construcción de una sociedad consciente de la titularidad de sus derechos. Mecanismos Jurisdiccionales Entonces, los derechos sociales, en tanto derechos, conllevan procesos de exigibilidad que se caracterizan por la repetición de tópicos a la luz de la experiencia internacional y de la ya considerable acumulación de precedentes nacionales antes que argumentos sólidos de dogmática jurídica. No obstante, se consideraba que estos derechos implicaban un problema por no tener una adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad de reclamar cos, Sociales y Culturales (DESC) en América Latina y El Caribe. Ecuador, 24 de Julio de 1998, párrafos 19-23.

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ante un juez o tribunal de justicia el cumplimiento de, al menos, alguna de las obligaciones que se derivan de las leyes. Sin embargo, el reto consiste en que su carácter colectivo esté plenamente armonizado con los mecanismos procesales nacionales para hacerlos justiciables. Ahora bien, en el marco de la reforma constitucional en derechos humanos en México (2011), que se aborda más adelante, ese mito se ha superado y se reconoce que la exigibilidad puede realizarse por medio de acciones jurídicas ante tribunales nacionales e internacionales, es decir, justiciabilidad y el reto de la armonización, en este ámbito, sigue vigente. Existen numerosos mitos alrededor de la justiciabilidad de los DESCA, uno de ellos ha sido negar que los DESC puedan ser motivo de sentencias de los tribunales. Los DESC eran vistos e interpretados como derechos programáticos, es decir, objetivos o sugerencias de políticas sociales para que los Estados los implementen progresivamente; ésta visualización equívoca de las obligaciones de los Estados provoca que éstas acciones sean tomadas como “actos de buena voluntad”. La aclaración es oportuna: todos los derechos humanos tienen al menos un elemento cuyo cumplimiento puede ser exigido por la vía judicial. La idea de los DESC como derechos programáticos también se desprende de la negativa del gobierno mexicano a firmar y ratificar el protocolo facultativo de los DESC. En 1966 se creó el PIDESC pero sin ningún protocolo facultativo. El PIDESC establece que los Estados Parte se obligan a “adoptar medidas... especialmente técnicas y económicas, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”2; de este artículo se desprenden las siguientes obligaciones: • Obligación de adoptar medidas”: los Estados Parte deben avanzar hacia la realización de los DESC en un plazo breve y tan rápido como sea posible una vez que entra en vigor el PIDESC, esto mediante la promulgación de leyes, provisión de recursos judiciales, reconocimiento de tales derechos en su Constitución, etc. 2

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1.

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• Máximo de los recursos disponibles”: constituye el parámetro bajo el cual se debe medir si un Estado ha realizado el máximo esfuerzo posible para cumplir con las obligaciones que derivan del PIDESC. • Obligaciones de efecto inmediato”: las obligaciones que derivan de los DESC tienen que ser satisfechas de manera inmediata, desde el momento en que un Estado ratifica el Pacto. • Contenido mínimo del derecho”: destaca que los Estados tienen la obligación inmediata de satisfacer de forma prioritaria los niveles esenciales de cada uno de los derechos. • Prohibición de medidas regresivas”: los Estados no deben permitir que empeore el sistema existente de protección de los DESC. • No discriminación”: todas las personas, sin distinción alguna, pueden acceder de igual forma al ejercicio de sus DESC.

Protocolo Facultativo del PIDESC (PF-PIDESC) Se trata de un tratado internacional, adicional al PIDESC, que establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar quejas por violación a sus derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité DESC de la ONU. Mediante el PF-PIDESC se dota a las víctimas de una vía de exigibilidad para la defensa, protección y reparación de sus derechos, en los casos en los que lo establecido en el Protocolo DESC no sea garantizado. Es el único instrumento internacional que contribuye a resolver violaciones a los DESC. La ratificación del PF-PIDESC obligaría al Estado a reconocer la competencia del Comité DESC para recibir y examinar comisiones de personas o grupos de personas bajo su jurisdicción que dicen ser víctimas de una violación a sus DESC por acciones u omisiones de ese Estado. Lo anterior deja claro que las “comunicaciones” pueden presentarse contra cualquier Estado Parte del PIDESC que haya ratificado el PF-PIDESC, además de que posibilita a las personas a que presenten la comunicación con motivo de la violación de cualquiera de sus derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto. México, que fue un activo promotor del Protocolo, no lo ha firmado ni ratificado, razón por la cual, actualmente, se está limitando la justiciabilidad de los DESC. A este respecto, vale la pena llamar la atención sobre la prevalencia de los derechos humanos como eje 11

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rector de la Política Exterior Mexicana a partir de los cambios al artículo 89 derivados de la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011. Además, este instrumento ampliaría los mecanismos existentes para resolver el creciente número de violaciones a los DESC privilegiando la resolución de éstas a favor de la dignidad de las personas. El Protocolo incluye tres procedimientos: quejas individuales o de grupos, procedimiento de investigación sobre violaciones graves o sistemáticas y procedimiento de queja interestatal. Reforma Constitucional en Derechos Humanos y DESCA La reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos en México fortalece, sin lugar a dudas, la exigibilidad jurídica de los DESCA. Más aún, cuando ésta baje a la legislación nacional y a las constituciones y a legislaciones estatales. El 10 de junio de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en Derechos Humanos, mediante la cual se modifican: la denominación del Capítulo I del Título Primero y los artículos siguientes, 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B y 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Académicos, especialistas en derechos humanos, Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otros, consideran esta modificación como el avance más importante del último siglo en materia de derechos humanos. Sin duda es un gran avance; sin embargo, su materialización en los hechos aún presenta retos que tendrán que enfrentarse a lo largo del camino para su implementación. La reforma constitucional brinda una nueva arquitectónica jurídica que abre la puerta a una mejor garantía y defensa de los derechos humanos. No obstante, es de suma importancia resaltar, para efectos de este Informe, el impacto que tendrá en la garantía, exigibilidad y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). 12

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La reforma constitucional en materia de derechos humanos aunada a las reformas en materia de amparo y de las acciones colectivas en temas de medio ambiente y consumidores conforman un nuevo marco constitucional de los derechos humanos en México. Los cambios que conlleva la reforma constitucional se caracterizan por ser, por un lado, sustantivos y por el otro, operativos (sobre todo al ampliar las herramientas procesales que contribuirán a cumplir con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos) El primer artículo quedó como sigue: • Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. • Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. • Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...) • Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el

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estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.3

• El término “garantías individuales” limitaba la justiciabilidad de los DESCA porque no contemplaba la defensa de los derechos sociales en términos colectivos y confundía el instrumento de protección con el derecho en sí. Se veía a los DESCA como derechos programáticos por lo que se sacaban de la discusión jurisprudencial. A partir de la reforma constitucional el derecho es el bien a tutelar y la garantía la vía para cumplirlo y protegerlo. • Se amplía el catálogo de derechos humanos reconocidos en la Constitución, ya que la modificación al artículo primero hace referencia no sólo a los tratados internacionales sino a las disposiciones que contengan dichos derechos.4 En ese mismo sentido, la superioridad que, a partir de la modificación del párrafo segundo del artículo primero constitucional, se le da a los tratados internacionales amplía el catálogo de derechos sociales ya reconocidos en la Constitución y plantea que cualquier interpretación en caso de conflicto normativo se realizará de conformidad con el principio pro persona, es decir, privilegiando la norma que más favorezca a la persona:

[…] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia […]5

Esta modificación es fundamental para la justiciabilidad de los DESCA, ya que brinda más herramientas normativas para que el Estado cumpla con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a 3

Artículo Primero; “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; Diario Oficial de la Federación, 10 de junio 2011, México. Jorge Uises Carmona Tinoco; “La Reforma y las normas de Derechos Humanos previstas en los Tratados Internacionales”; en Miguel Carbonell y Pedro Salazar; La reforma Constitucional en Derechos Humanos: un Nuevo Paradigma. [En línea]. Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)- UNAM, México, 2011, pp. 39- 62. “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; Op. Cit.

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los derechos sociales. Asimismo, las obligaciones estatales con respecto a los derechos humanos han quedado explicitadas en el artículo primero constitucional, aunadas al reconocimiento de las normas internacionales de derechos humanos por encima de la Carta Magna, lo cual obliga al Estado Mexicano a cumplir con sus obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los DESC de conformidad con el PIDESC y con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. No obstante, aún hay retos pendientes. Se han hecho observaciones acerca del no reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra, por ejemplo. El debate se centra en que se facilita la defensa colectiva de los derechos pero no su titularidad, lo cual limita su garantía. • Por otro lado, la modificación al artículo 102 amplía las facultades de las comisiones de derechos humanos, nacional, estatales y del Distrito Federal, facultándolas a conocer de casos laborales. Asimismo, cuando éstas emitan una recomendación dirigida a una autoridad y no la cumpla o la acepte, tendrá que fundamentar y explicar su decisión y, de ser necesario, acudirá a comparecer al congreso. De la misma forma, la modificación al artículo 105 les otorga la facultad de presentar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, lo cual permitiría impugnar políticas públicas sociales que van en contra de los estándares internacionales en materia DESC y que son violatorias de los mismos. Mecanismos No Jurisdiccionales Ante la ineficacia plena de los mecanismos para hacer cumplir y garantizar los DESCA, observamos que existen mecanismos de participación indirecta y de acción directa; elementos fundamentales en la construcción de ciudadanía en un país democrático, que a su vez, forman parte del derecho a defender derechos reconocido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmada por México. Este informe pretende presentar un análisis del cumplimiento de los DESCA a la luz de los marcos normativos de protección internacionales y nacionales 15

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pero, ante los retos de su cumplimiento, también recogemos algunas experiencias de exigibilidad política y social. Por un lado, la falta de mecanismos eficaces de justiciabilidad de los DESCA, y por el otro, el carácter de las violaciones a los DESCA, de carácter colectivo, político y social, obligan a la utilización de mecanismos no jurisdiccionales para exigir su cumplimiento. Durante ese proceso participan diversos actores, movimientos sociales, organismos públicos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas y grupos. Entre dichos mecanismos no jurídicos podemos mencionar la visibilización y denuncia pública o la protesta social pacífica, el cabildeo de leyes y reformas que permitan la protección y defensa de los DESCA, los espacios de participación ciudadana con los que cuenta un Estado como: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública y las audiencias públicas, por citar algunos ejemplos. Actualmente, uno de los mecanismos no jurisdiccionales de exigibilidad de los DESCA que comienza a extenderse entre las Organizaciones de la Sociedad Civil son las redes de Contralorías Ciudadanas o los ejercicios de Contraloría Social, para lo cual, el Estado debe contar con mecanismos de acceso a la información y de participación en la planeación, ejecución y evaluación de programas y políticas, en donde también se contemple la planeación y ejecución de presupuesto público en materia de derechos sociales. Se consideraba que el ámbito natural de los DESCA era el político, es decir, que por sus características se harían cumplir y materializar a través de las Políticas Públicas. Se reconoce que no es el único ámbito de tales derechos, pero sí uno de los más importantes porque es a través de ellas que el Estado actúa para garantizarlos y protegerlos. Por eso, la incidencia en éstas es uno de los objetivos primordiales de las estrategias de incidencia de las OSC’s que contemplan estos temas en sus agendas, sobre todo aquellas cuya postura facilita el diálogo con las autoridades. El derecho a incidir en las Políticas Públicas está reconocido en la Ley de Fomento a las Actividades de las OSC’s. Y se puede realizar a través de 16

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acciones que van desde el diálogo hasta la confrontación.6 La decisión de optar por una u otra estrategia depende del estado de resolución de la violación a un determinado derecho, si hay voluntad política, canales de diálogo, del contexto, del nivel de organización de los afectados, del número de alianzas favorables, de los intereses afectados, etc. Las estrategias que pueden llevarse a cabo son: • Investigación y recomendaciones. Durante el proceso de exigencia es fundamental la argumentación seria para la defensa del derecho. • Cabildeo. Oxfam, organización internacional, lo define como un proceso mediante el cual se ofrece información para influir en las opiniones de quienes toman las decisiones.7 • Hacer materiales educativos e impulsar procesos de capacitación. Con éstos se pretende sensibilizar y/o incidir en algún grupo con el fin de promover algún tema o causa en particular. • Tejer alianzas y coaliciones. Es fundamental vincularse con actores que tienen el mismo objetivo o con quienes se puede construir uno en común, puede ser de largo o mediano plazo, temporal o coyuntural. Por otro lado, para ejercer presión es muy importante contar con la solidaridad de otros actores que simpatizan con la causa o si no, es necesario generar esa empatía. Un sólo actor difícilmente ejercerá presión, lo más conveniente es que se realice en bloque o a través de una red. Asimismo, la formación de redes fortalece a los actores que en ella participan. • Usar símbolos universales para sensibilizar y legitimar alguna causa. Se trata de utilizar aquellos referentes que facilitan la comprensión de una situación, para ello se debe pensar muy bien el público al que van dirigidos. • Emprender una estrategia de comunicación para influir en la opinión pública. Los medios de comunicación juegan un papel clave en la visibilización de la defensa de los DESCA. Pueden ser aliados pero 6

Mónica Tapia Álvarez; et. al.; Manual de Incidencia en Políticas Públicas. Alternativas y Capacidades, México, Segunda edición, 2011, pp. 77-118. Ídem, p. 83.

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también pueden contribuir a generar una opinión equívoca sobre la defensa de los derechos. Para alcanzar el objetivo que se ha fijado, lo más conveniente es construir una estrategia de comunicación que contemple la definición y construcción del problema de carácter público. • Movilizaciones que promuevan la participación pública. No se puede dejar de mencionar la ocupación del espacio público como mecanismo de presión en torno a un objetivo común. Mediante esta estrategia se convoca a más personas a que participen y apoyen la causa que se defiende. • Contraloría, monitoreo y exigencia de cuentas evaluando políticas gubernamentales. Se promueve el control ciudadano sobre las acciones gubernamentales como una forma de participación, ya que es fundamental que el uso de los recursos públicos se realice baje los principios de transparencia y derechos humanos. • Presión a través de demostraciones en espacios públicos para difundir la causa. Cualquier acción que se realice baje este supuesto obedece, sobre todo, a la creatividad, ya sean plantones, protestas, boicots, entre otros, se debe pensar qué y cómo llamar la atención de las personas. • Responsabilización a los responsables que han causado el problema, mediante la denuncia o la acción legal. La responsabilidad de quienes cometen una violación a los derechos humanos deben ser sancionados y para alcanzar ese objetivo se debe contar con una estrategia jurídica. Asimismo, es importante hacer notar el costo político del actuar irresponsable de las autoridades haciendo denuncias públicas. Las estrategias utilizadas responden a la causa, el fin y las circunstancias, dependiendo de cada caso; generalmente se utilizan varias estrategias a la vez, esa, incluso, puede ser la base de la estrategia. La Exigibilidad y las OSC’s de Derechos Humanos El término Sociedad Civil está influenciado por el pensamiento de Antonio Gramsci que la define como una forma de organización que surge como 18

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reacción al autoritarismo del Estado en América Latina y frente a las vicisitudes que provoca el mercado. En los últimos años, las organizaciones de derechos humanos han crecido significativamente, realizan la definición de sus principales reivindicaciones desde el enfoque de derechos humanos. Ello es un elemento clave en la expansión de la democracia y el desarrollo y para cumplir con ese fin, sus estrategias de incidencia están basadas en la exigibilidad y la justiciabilidad. Ahora bien, durante los procesos de exigibilidad de derechos humanos se involucran personas que, individual o colectivamente, promueven derechos convirtiéndose, así, en defensoras y defensores de derechos humanos. Cabe mencionar, que las OSC’s, por el carácter de su actuación también son defensoras de derechos humanos. Entre sus estrategias se encuentra la creación de redes, también transnacionales, de defensa y promoción. Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink las definen como el conjunto de interacciones en las que intervienen actores de la sociedad civil, el Estado y organizaciones internacionales; se caracterizan porque quienes participan en ellas comparten valores o ideas, basadas en principios, que los unen. Su principal fin es ejercer presión sobre actores estratégicos en la adopción de políticas y normas que tendrían que cumplir con los estándares internacionales. En algunos casos, para las Organizaciones de la Sociedad Civil, las actividades de derechos humanos representan el marco de actuación, es decir, que sus grandes ejes de trabajo consisten en la defensa y promoción de los derechos humanos. Las OSC’s realizan sus estrategias dentro de marcos cognoscitivos que han construido a través del tiempo. En este caso, los derechos humanos delinean su marco de actuación en el que han construido políticas de acción que operan en red: “las redes globales complejas transportan ideas y las reenmarcan, las inscriben en los debates sobre estrategias, ejercen presión para que se legisle al respecto y se hagan valer las normas y reglas internacionales existentes, al mismo tiempo que tratan de influir en determinados asuntos políticos nacionales”.8

Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink; Activistas Sin Fronteras. Siglo XXI Editores, México, 2000.

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Las principales acciones políticas de las redes se han agrupado en tres grandes ejes: 1 Simbólica y de información: Persuasión Conciencia Pública Cambio de Opinión 2 De apoyo y de presión: Dirigida a los actores más poderosos para que sensibilicen con la causa. 3 De responsabilización: Mecanismos de interlocución con gobierno. Acciones legales con base en los instrumentos normativos internacionales. Por otro lado, las OSC’s de derechos humanos, ya sean en red, en bloque o de forma individual han jugado un papel importantísimo en la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto con las autoridades como con las personas, grupos y movimientos. Entre algunos de sus impactos se pueden mencionar: • Acompañamiento a procesos organizativos. • Promoción del enfoque de los derechos humanos y las estrategias de exigibilidad como herramientas para defender una causa o violación a algún derecho. • Proveer asistencia técnica y jurídica. • Avance en las estrategias de exigibilidad de los grupos con los que trabajan. • Fomento de la participación ciudadana. • Incorporación del discurso de derechos humanos en sus luchas. • Acompañamiento de los procesos de exigibilidad de algunos movimien tos sociales. Movimientos Sociales Existen diversos autores que intentan dar explicación a lo que es un movimiento social. Cada uno de ellos da una definición y una serie de características que los diferencia de las demás formas de organización y lucha que 20

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se llevan a cabo desde la sociedad civil. De manera general, coinciden en el hecho de que un movimiento social es una forma de acción colectiva y la existencia de una acción colectiva implica la preexistencia de un conflicto, de una tensión que se trata de resolver –haciéndola visible, dándole dimensiones-, un movimiento social surge de una problemática particular, pero denota problemas estructurales (Ibarra Pedro, 2000). Tiene una identidad colectiva ya que surgen de la afectación directa perpetrada por las autoridades o la omisión de éstas ante terceros, situación que llama a organizarse por la defensa de uno o varios de sus derechos, es decir, los movimientos sociales tienen una relativa estructura organizativa (no tan definida como en un partido político) y la toma de decisiones supone horizontalidad (Sidney Tarrow 1977). Para autores como Sidney Tarrow, la consolidación de un movimiento social depende de ciertas coyunturas como la disponibilidad de aliados (como organizaciones de derechos humanos, sectores de la población: estudiantes, obreros, entre otros) que les permitan crear opinión pública favorable a su causa. A la par, los movimientos se ensartan en temas de coyuntura internacional, como lo es en este momento el tema de los derechos humanos. Un movimiento social se caracteriza por la acción colectiva de lucha y resistencia (genera solidaridad al interior), pero no toda acción colectiva significa la aparición de un movimiento social. Una acción colectiva es “cualquier actividad orientada hacia n objetivo particular que no puede ser obtenido de manera individual y que por lo tanto requiere la acción conjunta de dos o más individuos”.9 Si bien las acciones colectivas buscan generar visibilidad sobre alguna problemática, en el caso de los movimientos sociales, estas acciones buscan: 1) definir ciertas condiciones sociales como injustas, construir una identidad y sentido de pertenencia; 2) comunicar y trasmitir la problemática y las exigencias del movimiento; 3) generar identidad colectiva y cierto simbolismo 9

TAVERA Fenollosa, Ligia. “Movimientos Sociales” en Baca Olamendi, Laura, Bokser Linerant, et Al. (Comp), Léxico de la Política, facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo nacional de Ciencias y tecnología, Fundación Heinrich Böl y Fondo de Cultura Económica, México 2000, p. 450

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entre los miembros con objetivos comunes; 4) convencer a los participantes de su unidad y fortaleza, y; 5) resistir, desafiar y generar incertidumbre ante sus oponentes, generalmente las autoridades (Tilly 1978). Un movimiento social tiene objetivos de cambio a mediano y largo plazo (permanencia temporal) por ello, al canalizar y expresar sus demandas, se le conoce como agente de persuasión y cambio. Conforme se va consolidando, busca y va incidiendo en distintos ámbitos políticos y sociales: en el ámbito simbólico pretende cambiar el “status quo”, los sistemas de valores, opiniones, actitudes y conductas sociales e individuales; el ámbito interactivo genera actores políticos (jóvenes, defensores de derechos humanos, grupos ecologistas, campesinos, comunidad LGBTTTI); en el ámbito institucional incide en los espacios y procedimientos administrativos con la capacidad de hacer emerger mecanismos de negociación con autoridades y otros actores; el ámbito sustantivo es el instrumento de transformación de la realidad, en él impulsan cambios en políticas gubernamentales en marcha o ya establecidas, y crean nuevas oportunidades para la movilización. Los movimientos pueden ser reivindicativos, es decir, que luchan contra el sistema establecido o acción que consideran injusta; políticos, que buscan cambios en todo o una parte del sistema político; o antagónicos, identifican a un adversario social.10 Finalmente, es importante mencionar que de la categoría de movimientos sociales se desprenden las organizaciones populares como un tipo de acción colectiva que, históricamente, ha asumido diferentes formas; unas más visibles como las movilizaciones y protestas, otras menos visibles como el asociacionismo en torno a demandas y proyectos y las estrategias de resistencia cotidiana. Nacen de la emergencia de múltiples experiencias asociativas protagonizadas por los pobladores y pobladoras populares que enfrentados a precarias condiciones se asocian para ganar mayor capacidad de solución a sus necesidades, de interlocución con el Estado y de impulso de iniciativas propias.11 10

BELUCCI, Alberto. Acción colectiva y democracia. El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México, 2002, p. 45-51 Torres Carrillo Alfonso. Organizaciones populares, construcción de identidad y acción política. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 4, Nº. 2., 2006

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Es interesante saber que las demandas de los movimientos sociales se refieren a algún elemento de los derechos humanos aunque esto no se asuma de manera plena y consciente. El que las personas se asuman como titulares de derechos les permitirá organizarse con mayor fuerza y legitimidad. El enfoque de los derechos humanos conlleva en sus entrañas la semilla de la exigibilidad, vía para construir y demandar una vida adecuada con dignidad para todos y todas.

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Bibliografía • BELUCCI, Alberto. Acción colectiva y democracia. El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, México, 2002, p. 45-51. • GRAU Elena y Pedro Ibarra. Anuario de Movimientos Sociales. Una mirada sobre la red. ¿Qué son los movimientos Sociales? Icaria Editorial y Getiko Fundazios. Barcelona. 2000. Pp 9-26. • TARROW, S. Poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política de masas en el estado moderno. Madrid: Alianza, 1977. • TAVERA Fenollosa, Ligia. “Movimientos Sociales” en Baca Olamendi, Laura, Bokser Linerant, et Al. (Comp), Léxico de la Política, Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales, Consejo nacional de Ciencias y tecnología, Fundación Heinrich Böll y Fondo de Cultura Económica, México 2000, p. 450 • TILLY, Ch. From mobilization to revolution. Reading: Addison Wesley, 1978. • Torres Carrillo Alfonso. Organizaciones populares, construcción de identidad y acción política. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Vol. 4, Nº. 2. • Declaración de Quito acerca de la Exigibilidad y Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en América Latina y El Caribe. Ecuador, 24 de Julio de 1998. • Artículo Primero; “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; Diario Oficial de la Federación, 10 de junio 2011, México. • Jorge Uises Carmona Tinoco; “La Reforma y las normas de Derechos Humanos previstas en los Tratados Internacionales”; en Miguel Carbonell y Pedro Salazar; La reforma Constitucional en Derechos Humanos: un Nuevo Paradigma. [En línea]. Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ)- UNAM, México, 2011, pp. 39- 62. • Mónica Tapia Álvarez; et. al.; Manual de Incidencia en Políticas Públicas. Alternativas y Capacidades, México, Segunda edición, 159 pp. • Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink; Activistas Sin Fronteras. Siglo XXI Editores, México, 2000.

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El derecho a la alimentación 1. Introducción El derecho a la alimentación es aquel que tienen todas las personas de manera individual y colectiva, al acceso físico y económico a los alimentos. La alimentación debe ser suficiente y adecuada para la edad, sexo y actividades de las personas; no debe poner en peligro su salud (característica de inocuidad) y debe corresponderse con la cultura de cada pueblo. El derecho a la alimentación está necesariamente vinculado a la producción de los alimentos y por lo tanto a la soberanía alimentaria. Por tal motivo en este capítulo revisamos la situación que guarda el campo, así como algunos de los programas destinados al sector agrícola. Además abordaremos el trabajo que las organizaciones civiles, movimientos sociales y sectores campesino y académico han realizado para lograr que este derecho básico sea gozado por la población y garantizado por el Estado. El reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación, la visibilización de la crisis del campo y alimentaria, la pérdida de soberanía alimentaria, la utilización de semillas transgénicas, la mala situación nutricional de la población, entre otros, son temas en los que la sociedad civil ha incidido de manera importante y por ello en este capítulo se da cuenta de procesos y acciones impulsados por La Campaña “Sin Maíz No Hay País”, de la cual el Centro de Derechos Humanos ”Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. forma parte. 2. Marco jurídico internacional y nacional El derecho a la alimentación está reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos pero destaca el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En el nivel regional se encuentra en el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia DESC, conocido como “Protocolo de San Salvador”, que entró en vigor en México el 16 de noviembre de 1999. 25

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En al ámbito nacional es necesario destacar que este año y después de casi dos décadas de luchas sociales se reconoció el derecho a la alimentación en la Constitución Política de los Estados Unidos. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 13 de octubre de 2011, se adicionó un párrafo tercero al artículo 4o. recorriéndose en el orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27. De tal manera que el artículo cuarto señala ahora que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.” Y el 27 que “El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. Sin duda este es un gran avance, sin embargo es sólo el inicio de la enorme tarea que tiene el Estado mexicano por asegurar que toda la población goce de este derechos, lo que implica también generar políticas públicas adecuadas para la producción y comercialización de alimentos accesibles y de calidad para toda la población. En 2010 se reformó la Ley General de Salud con la finalidad de tomar las medidas necesarias para la obesidad infantil, eliminar la comida chatarra en las escuelas e introducir de manera obligatoria 30 minutos diarios de ejercicio físico dentro de los planteles. Sobre la aplicación de esta legislación y como veremos más adelante se realizaron algunas acciones durante el 2011, sin embargo éstas han sido insuficientes para enfrentar el serio problema de sobrepeso y obesidad entre las niñas, niños y adolescentes del país. Por último debemos señalar que para que un derecho humano sea en verdad garantizado debe contarse con los medios jurídicos para su defensa y protección. Esto no es todavía del todo logrado en México y por ello es indispensable la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (PIDESC). El Protocolo Facultativo es de suma importancia porque proveerá de recursos legales para la protección de los DESC en el Sistema Universal de Derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas cuando las personas no encuentren en sus propios países los medios jurídicos que les brinden acceso a la justicia.

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3. Políticas Públicas en materia del derecho a la alimentación • Distribución y acceso a la leche para la población de bajos recursos: LICONSA Liconsa S.A de C.V se define como una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa leche de elevada calidad y la distribuye a precio subsidiado en apoyo a la nutrición de millones de mexicanos en condiciones de pobreza, fundamentalmente de niños de hasta 12 años de edad, así como de otros sectores vulnerables de la población, como mujeres de 13 a 15 años, en estado de gestación y lactancia y de 45 a 59 años, enfermos crónicos, personas con discapacidad y adultos de 60 y más años. De acuerdo con su portal oficial en internet estudios elaborados por el Instituto Nacional de Salud Pública demuestran que los niños que consumen de manera constante la leche fortificada Liconsa tienen menores tasas de anemia, deficiencia de hierro y desnutrición crónica; alcanzan más estatura y masa muscular; despliegan mayor actividad física y registran mejor desarrollo mental. Desde su creación Liconsa ha sido el ente responsable de uno de los programas sociales más importantes en el país ya que es la principal empresa que compra leche y la vende a precio subsidiado. Sin embargo la paraestatal enfrenta constantemente problemas pues por una parte la pérdida de cultivos y las sequías ha afectado a los productores de leche y por otra, éstos acusan al gobierno de favorecer mediante apoyos económicos a un reducido número de productores. Los productores nacionales han insistido ante el gobierno federal y en particular ante la Secretaría de Economía en que reduzca la importación de lácteos y apoye más a los productores locales. La situación de este sector es preocupante, del 2007 al 2011 100 mil productores han abandonado esta actividad. De no lograrse entre otras medidas, un aumento de un peso al precio que se paga a los productores por cada litro de leche, que actualmente es de 5.80 y 6.20 pesos dependiendo de la región, se apunta a una verdadera catástrofe en este sector. “Está en peligro la producción nacional de leche, que asciende a 10 mil 713 millones de litros, con un valor de 50 mil 698 millones de pesos, fuente de empleo y estabilidad de las familias de más de 200 mil ganaderos.”12 12

Matilde Pérez, Demandan productores al gobierno incrementar un peso el litro de leche, La Jornada, 26 de septiembre 2011.

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• Lineamientos para la venta de alimentos en las escuelas El problema de sobrepeso y obesidad entre la población infantil mexicana es un asunto de salud pública. Dado que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil, el gobierno federal ha realizado varias acciones. En 2010 se aprobó una reforma a la Ley General de Salud para regular la venta y consumo de alimentos “chatarra” en las escuelas, para ello las secretarías de Salud y Educación debían elaborar unos “lineamientos” para regular la venta de alimentos, sobre todo los procesados, incluidos los conocidos como “chatarra” en las escuelas. Los lineamientos resultaron bastante relajados y aunque es muy poco tiempo para evaluar los resultados de las acciones aplicadas, es claro que las empresas procesadoras de alimentos han incidido para impedir que se limiten sus ventas. La plataforma de organizaciones agrupadas en “Consumidores” ha realizado diversos estudios sobre este asunto y señalan que varios de los alimentos que se venden en los centros escolares rebasan las cantidades de azúcar y grasas aprobadas en los propios lineamientos y que también, muchos productos no estarían vendiéndose si se hubieran mantenido los lineamientos originalmente presentados en mayo de 20101 y que posteriormente fueron modificados por la presión de las empresas alimenticias. Asimismo no se ha cumplido con la venta de frutas y verduras que se suponía debía promoverse en las escuelas pues “de las 6 mil 500 toneladas de frutas y verduras que deberían distribuirse en más de 120 mil planteles para atender a 25 millones de escolares de preescolar, primaria y secundaria sólo se consume el 7 por ciento. De acuerdo a la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios de la Sagarpa el mercado potencial para la comercialización de productos frescos en las escuelas es de 1 mil millones de pesos. De acuerdo a estudios realizados por miembros de Consumidores, el principal obstáculo a su comercialización es la permanencia de los alimentos altamente procesados que se imponen en el gusto de los niños sobre los naturales(…) El consumo desmesurado de comida ‘chatarra’ representó el año pasado ganancias que ascendieron a 672 mil millones. De estas, 20 mil millones se concentran en escuelas, que constituyen centros de venta con clientes vulnerables cautivos, cuya expansión podría ser ilimitada. Se calcula que por lo menos 30 mil millones de pesos fueron destinados a atender a pacientes de diabetes mellitus: situación que sólo se intensificará mientras 28

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se siga favoreciendo el interés particular de los grandes consorcios y sus facilitadores en todos los niveles de gobierno”. 13

El Relator de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación en su declaración final respecto a su visita oficial a México señalo en materia de políticas públicas para el campo que: En un país que cuenta con 80 por ciento de los agricultores con menos de 5 hectáreas, ésta es un área en donde grandes mejoras deben hacerse. Las políticas agrícolas favorecen a los estados más ricos, a los municipios más ricos y a los productores locales más ricos. En 2005, los seis estados más pobres recibieron sólo el 7 por ciento del total del gasto público agrícola a pesar de que en ellos habita el 55 por ciento de la población en pobreza extrema. Aunque estas cifras no tienen en cuenta los últimos cambios de política, sólo se puede concluir que el gasto público agrícola contribuye a la creciente desigualdad de ingresos en México y que no está alineado con el requisito, en virtud del apartado 1 del artículo 2 y el artículo 11 del Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de que el Estado debe dedicar el máximo de los recursos disponibles para la realización progresiva del derecho a la alimentación. Por lo tanto, el Relator Especial pide una “tercera reforma agraria” que incluya las siguientes características interrelacionadas: (i) una reorientación de una fracción importante de los gastos públicos agrícolas hacia los pobres a través de programas específicos como PESA; (ii) la asignación de una parte mayor de los gastos públicos agrícolas hacia los bienes públicos, incluyendo acceso a crédito y servicios financieros, servicios de extensión agrícola, apoyo a las organizaciones de productores y cooperativas, medidas para proteger a los productores agrícolas contra la volatilidad de los precios, las infraestructuras como vías de comunicación y medios de transporte y almacenamiento; (iii) el lanzamiento de un programa conjunto de la SAGARPA-SEMARNAT para desarrollar sistemas agroforestales, así como técnicas de cose13

El Poder del Consumidor, “Se mantienen malos hábitos en escuelas”, en http://www. elpoderdelconsumidor.org/saludnutricional/se-mantienen-malos-habitos-alimentarios-enescuelas/

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cha de agua pluvial sobre la base de los principios exitosos del programa ProÁrbol, incluida la participación de las comunidades locales y pagos por servicios ecológicos; (iv) la reducción de los subsidios de Tarifa 9 para detener rápidamente el uso excesivo de los acuíferos y la reasignación de una fracción importante de los gastos actuales de presas a gran escala y de las infraestructuras hidrológicas hacia la promoción de técnicas de cosecha de agua pluvial. Estas técnicas tienen la ventaja adicional de ser favorables a los pobres, como son un número de pequeños productores que padece inseguridad alimentaria y vive en zonas áridas y depende de esos programas para recuperar opciones para una forma de vida digna. Fuente: Declaración final de la misión a México del 13 a 20 de junio de 2011, Mandato del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación 20 de junio de 2011.

4. Situación que guarda el derecho Pobreza y acceso económico a los alimentos Uno de los componentes del derecho a la alimentación es el acceso económico a los alimentos, lo que implica contar con los recursos económicos o ingreso para poder adquirir los productos que satisfagan las necesidades de alimentación de las personas. En México la pobreza y la pobreza alimentaria (pobreza extrema) sigue presente entre la población por lo que este derecho humano no está garantizado. Existe distribución desigual del ingreso y de las oportunidades, así como desigualdad social y económica entre entidades y dentro de éstas en los municipios y localidades pequeñas. El Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa que hay 112 millones 336 mil 538 mexicanos lo que ubica a nuestro país en el onceavo lugar a nivel mundial por el número de habitantes. Del total de habitantes, el 51.2 por ciento son mujeres y 48.8 por ciento hombres. El organismo encargado de medir la pobreza en México es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De acuerdo con información 30

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de este organismo son pobres o vulnerables las personas que tienen al menos una carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar. Por carencia social se entiende la falta de acceso a algunos o varios de estos seis derechos: educación, salud, seguridad social, alimentación vivienda y servicios básicos en la vivienda. La línea de bienestar se mida con base en el precio de la canasta básica. Si una persona no cuenta con ingresos suficientes para adquirir dicha canasta, entonces presenta problemas de pobreza.

“Es importante resaltar la muy importante cuestión de la alimentación. En la actualidad, 22 millones de personas (casi 20 por ciento del total de la población del país) tienen ingresos que no les permiten cubrir sus necesidades alimenticias básicas. Para cubrirlas no sólo hay que tener un ingreso mínimo, sino acceder a los alimentos. De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, en el 21 por ciento de las localidades rurales con presencia indígena no se expenden frutas y en el 13 por ciento tampoco verduras, pero en el 100 por ciento de ellas se encuentran a la venta grasas, azúcares y bebidas. La desnutrición sigue afectando a más del 30 por ciento de los niños menores de cinco años, que por lo general se encuentran en las familias más pobres del país” Carlos Tello Macías, “Sobre la pobreza en México 2010”, Revista México Social, octubre 2011.

Coneval indica que: • Entre 2008 y 2010 se redujeron las carencias sociales de acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; servicios básicos en la vivienda; calidad y espacios de la vivienda, y rezago educativo. • En el mismo periodo, en el contexto de la crisis económica, el ingreso real de los hogares se redujo, especialmente en las áreas urbanas. • Asimismo, se registró un incremento de la población que carece de acceso a la alimentación. 31

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• Como consecuencia de lo antes señalado, entre 2008 y 2010 la población en pobreza pasó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que representa un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas. • En el mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6 por ciento a 10.4 por ciento; en términos del número de personas en situación de pobreza extrema, éste se mantuvo en 11.7 millones. • Entre 2008 y 2010 la pobreza alimentaria pasó de 18.4 por ciento (20.2 millones de personas) a 18.8 por ciento (21.2 millones de personas); la pobreza de capacidades de 25.3 por ciento (27.8 millones de personas) a 26.7 por ciento (30.0 millones de personas), y la pobreza de patrimonio de 47.7 por ciento (52.3 millones de personas) a 51.3 por ciento (57.7 millones de personas). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) señaló en 2009 que por cada 100 hombres pobres hay 115 mujeres pobres, por lo que si de 2008 a 2010 aumentó la pobreza en México, puede deducirse que esto ha afectado más a las mujeres. Los datos citados del Coneval desagregan la información por entidad y por población rural y urbana pero no por sexos. En ese mismo sentido, si en los contextos rurales suele haber más discriminación y exclusión social y económica de las mujeres, es fácil deducir que también son las mujeres rurales las más pobres. A esto se suma que en las zonas rurales la población indígena es más numerosa, así que sabemos también que las mujeres indígenas de las zonas rurales son “las más pobres entre las más pobres.” En materia de acceso a la alimentación, según datos del Coneval, en 2008 había 23.8 millones de personas a sin acceso a la alimentación y en 2010 hay 28.0 millones. Por lo tanto hay 28 millones de personas en pobreza extrema que no tienen garantizado su derecho a gozar de una alimentación adecuada y suficiente para sí y sus familias. El acceso económico a los alimentos es uno de los componentes indispensables del derecho a la alimentación. Las personas requieren de un ingreso decoroso que les permita satisfacer este derecho básico junto a otros como la salud, la vivienda, la educación y el trabajo, entre otros.

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El precio de la canasta básica (sólo alimentos) por persona para zonas rurales, a precios de junio de 2011, era de 701.05 pesos mensuales o 23.37 pesos al día. En el caso de las zonas urbanas es de 1, 006.53 pesos mensuales o 33.55 pesos por persona al día. Como puede observarse, el precio es muy alto para el ingreso real de las familias más pobres. Los estados donde más aumentó la pobreza entre 2008 y 2010 fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Baja California.

“En materia de desigualdad, para 2010 la población más rica del país (el décimo decil) ganaba 25.2 veces lo que ganaba en promedio la población más pobre (el primer decil), lo cual coloca a México como un país con alta desigualdad” Gonzalo Hernández Licona, “Una historia de bajo crecimiento”, Revista México Social, octubre 2011.

El derecho a la alimentación y la situación nutricional en el país Entre las características del derecho a la alimentación está el acceso a alimentos suficientes y de calidad, en cantidad suficiente y adecuada para la edad, actividad y sexo de las personas. Por ello se habla de un aspecto nutricional del derecho a la alimentación y aquí entran indicadores como desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad. Dado que no se han generado nuevas encuestas o informes en materia de nutrición a nivel nacional, las cifras oficiales siguen siendo las de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006 (Ensanut 2006) y algunas fuentes posteriores que han señalado que México ocupa el primer lugar en obesidad entre la población adulta y la población infantil. Siete de cada diez adultos tiene sobrepeso y también uno de cada tres niños en edad escolar. Debe destacarse que en el mes de octubre inició el proceso de elaboración de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-2012 que incluirá la toma de muestras sanguíneas para medir anemia, colesterol y glucosa. La Ensanut será aplicada por el Instituto Nacional de Salud pública (INSP). En México la desnutrición afecta a 1.4 por ciento de las mujeres y a 1.5 por ciento de los hombres adultos de 20 años o más. El 70 por ciento de 33

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la población adulta mexicana tiene sobrepeso; de de ese porcentaje el 30 porciento presenta obesidad. Cuatro millones 249 mil 217 niños entre cinco y 11 también presentan sobrepeso, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Esta situación ha generado alerta ya que las enfermedades derivadas de los malos hábitos alimenticios tienen un alto costo que impactan a los sistemas de salud del país. Sin embargo la regulación para la venta de alimentos “chatarra” en el sistema escolar del nivel básico, ha resultado mucho más relajada de lo que el problema amerita. Esto debido a la labor de cabildeo realizado por empresas de alimentos a quienes no conviene se impida, limite o reduzca la venta de bebidas, dulces, pastelitos, o alimentos procesados y llenos de carbohidratos y azúcares que engordan y no nutren a niñas, niños y adolescentes que acuden a los centros educativos. Cambio climático y alimentación La integralidad e interdependencia de los derechos humanos tiene uno de sus numerosos ejemplos en el impacto del Cambio Climático en el derecho a la alimentación puesto que la producción agrícola se ve sumamente afectada por fenómenos naturales como sequías, heladas, huracanes y 34

Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación Declaración Final de la Misión Existe una consciencia creciente sobre el estado de emergencia que enfrenta México en cuanto a los problemas de sobrepeso y obesidad. 35 millones de mexicanos – 7 de cada 10 – tienen sobrepeso o obesidad: esta gente vivirá enferma, en promedio, por 18.5 años de su vida. En enero de 2010 se acordó un Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria…el Relator Especial cree que se necesitan más acciones estructurales al respecto. Debido a la presión de la industria agroalimentaria, representada a través de Conméxico, algunas herramientas importantes para influenciar el comportamiento de los consumidores, incluyendo el aumento de los impuestos sobre los refrescos y sobre alimentos altos en grasas trans, no fueron incluidas en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo mismo es un instrumento no vinculante de políticas públicas, sin indicadores que provienen de la legislación. Ubica al problema del sobrepeso y la obesidad en el comportamiento del consumidor, cuando de hecho este problema tiene sus orígenes en el sistema de alimentación por completo. Políticas agrícolas actualmente alientan a la producción de cereales y granos, ricos en carbohidratos pero relativamente escasos en micronutrientes, al costo de la producción de frutas y verduras. El resultado es que para muchos mexicanos, particularmente en las zonas urbanas o en los estados del norte del país, el cambio a una dieta saludable se vuele cada vez más difícil. Las políticas comerciales actualmente en vigor favorecen una dependencia en la comida muy procesada y refinada, con un tiempo de caduque muy largo, lo cual no favorece al consumo de la comida fresca, particularmente la fruta y la verdura.

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lluvias torrenciales que acaban con los cultivos. En el mes de octubre, el dirigente de la central Campesina Cardenista, Agustín Correa, señaló que el Cambio Climático ha provocado la pérdida del 50 por ciento de los cultivos de granos, oleaginosas y hortalizas en el país.14 Esto afecta tanto al sector campesino como al ganadero pues el segundo requiere de agua, forraje y granos para alimentar a los animales criados para el consumo humano. Se calcula que en el 2012 podrían haberse perdido entre 350 mil y 800 mil cabezas de ganado.15 Notas de prensa del último cuatrimestre del año dan cuenta de las terribles sequías que afectan a entidades del norte de la República, acabando con las siembras y con el ganado e inclusive poniendo en grave riesgo el abasto de agua para el consumo humano. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala sobre este tema que “La evidencia empírica para América Latina y el Caribe muestra que, a nivel agregado, estos cambios en las variables climáticas tienen efectos significativos en las economías de la región y que son crecientes en el tiempo. En la región, las presiones adicionales sobre la Relator sobre el Derecho a la Alimentación; disponibilidad de los recursos hídriCambio climático cos, el incremento de los incendios Cualquier estrategia nacional para la realiforestales, las mermas significativas zación del derecho a la alimentación debe de la productividad agrícola de algutener en cuenta las consecuencias a largo nas regiones, los efectos negativos plazo de las respuestas a las necesidades a corto plazo. México es de hecho muy sobre la salud, los daños en zonas vulnerable a los desastres naturales tales costeras por aumento del nivel del como terremotos, inundaciones, huracamar, la disminución de servicios nes y sequías. Esta vulnerabilidad actual ecosistémicos por pérdidas signiaumentará debido al cambio climático, y afectará a la inseguridad alimentaria. ficativas de biodiversidad, el aumento de la morbilidad y mortalidad por eventos extremos, entre otros, serán una nueva fuente de preocupación y condicionarán la senda de desarrollo. Sin embargo, estos efectos también son heterogéneos en función 14

Héctor A. Chávez Maya, Cambio Climático Impacta la producción de granos, El Financiero, 4 de octubre 2011. Ibídem.

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de climas, regiones, sectores y agentes económicos y, en el tiempo, tienen comportamientos no lineales y con umbrales específicos. No obstante, la estimación preliminar de los costos y beneficios económicos del cambio climático para América Latina y el Caribe, con la información disponible, muestra un balance negativo y creciente en el tiempo.”16 Situación del campo México destina una gran cantidad de recursos al sector agropecuario con resultados deficientes pues no se ha incrementado la productividad. Los programas se han vuelto peligrosamente asistencialistas, destinados a crear beneficios sociales, sin llevar aparejada la necesaria generación de capacidades. Sólo el 17 por ciento de los recursos del Programa Especial Concurrente (PEC) se destinan al desarrollo rural, insuficiente para solucionar problemas estructurales como la falta de infraestructura, la concentración de tierras por grandes empresas agroindustriales y prácticas de comercialización ventajosas para intermediarios en detrimento de los pequeños productores. En el primer trimestre del año, productores agrícolas, principalmente de maíz, del estado de Sinaloa solicitaron ayuda de emergencia al gobierno federal dado que las heladas habían afectado el 90 por ciento de su producción. Esto generó cierta alerta pues al bajar la producción aumenta el precio del maíz para la tortilla, además se requeriría importar más de esta semilla. Al respecto un documento de análisis del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados señala que si bien es importante brindar apoyos a los productores de esa entidad, es indispensable también proveer d apoyos a otros estados que producen tanto o más maíz y que no están dentro de los esquemas de apoyos del gobierno federal. “La producción de maíz en Sinaloa reportada por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), en su ciclo otoño-invierno de 2009-2010 fue de cerca de los 4.5 millones de toneladas, cerca del 21 por ciento de la producción nacional de ese año, que si bien para ese ciclo representó el 75 por ciento de la producción de invierno, esto fue posible porque ahí se concentran los subsidios a la producción y a 16

Naciones Unidas, Cepal, La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe Síntesis 2010, Santiago de Chile, 2010, p. 109.

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la comercialización, pero hay más de 6 estados con rendimientos promedio no tan bajos (entre 4-6 toneladas por hectárea, mientras que el promedio registrado en las zonas de riego de Sinaloa es de 7 toneladas por hectárea producidos casi sin apoyos, en estados con amplias zonas de clima cálido en donde los riesgos de heladas son casi nulos: Veracruz, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, sin contar sitios en otros 2 o 3 estados más. Si en estos sitios se apoyara la producción de maíz en el ciclo otoño-invierno, su producción sumaría una cifra un poco mayor de la producción que el 2009 se obtuvo en Sinaloa.”17 El documento deja ver que los apoyos repartidos de manera más equitativa, planeada, administrada y estratégicamente pensada, permiten apoyar a más productores en más entidades; sobre todo a los pequeños y medianos productores cuyo maíz es de diferentes tipos pero con la calidad necesaria para el consumo humano.“Si nos enfocamos a la situación de las tierras, también aquí encontramos concentración, aunque de manera indirecta, mediante el control de los procesos productivos. Las agroindustrias prefieren rentar la tierra o convenir con los productores para comprometer la cosecha, así obtienen beneficios sin correr con todos los riesgos de la producción y sin invertir en el mantenimiento de la tierra cuando no hay trabajo”18 Inseguridad, crimen organizado y su impacto en el campo El cultivo de de plantas utilizadas para la producción de drogas es algo que se sabe existe pero poco se documenta sobre ello. El problema es que al paso de los años y particularmente durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, grupos del crimen organizado se han apoderado de muchas zonas que tradicionalmente se dedicaban a la producción agrícola de alimentos. Notas publicadas en medios impresos, algunas inclusive difundidas por las grandes cadenas televisivas dan cuenta de los sembradíos encontrados o los cientos de toneladas de esa planta también quemados. ¿De dónde provienen? ¿Quién los cultivó?, ¿Bajo que condiciones fueron cultivados? Son preguntas a las que rara vez las autoridades dan respuesta. 17

Liza Covantes y Jesús Guzmán, CEDRSSA. “La producción de maíz en México ocurre mucho más allá que en Sinaloa, 15 marzo de 2011. Informe de las organizaciones de la sociedad civil al Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, febrero 2011.

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En una nota del periódico estadunidense The Washington Post se señala que el gobierno mexicano permitió que la producción de mariguana y amapola en zonas rurales ha incrementado considerablemente. Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón la presencia de militares en las calles no ha impedido que la superficie dedicada al cultivo de mariguana se duplicara. La información proviene de informes técnicos del gobierno de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas. El departamento de Estado (E.U.A), reporta que la superficie dedicada al cultivo de amapola aumentó, por lo que Afganistán tiene el primer lugar como productor de heroína y México el deshonroso primero.19 Se sabe que muchos campesinos son obligados a sembrar plantas usadas en la producción de drogas; otros tantos deciden huir y abandonar sus tierras pues son amenazados, extorsionados, secuestrados etcétera. La inseguridad y violencia en que vive el país está impactando de manera importante a la economía de muchas localidades rurales, agrícolas y ganaderas sin que el gobierno logre dar una respuesta efectiva y que vaya a las raíces de los problemas. Alimentación y transgénicos En el informe presentado al Relator de la Organización de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación en su visita oficial a México en el mes de junio, las organizaciones civiles señalaron que México “es centro de origen y de diversidad genética (COD) del maíz, uno de los tres principales alimentos de la humanidad. En todo el territorio nacional más de 2.5 millones de pequeños productores campesinos e indígenas siguen produciendo y resguardando 59 razas y miles de variedades de maíces nativos o criollos adaptados a la más amplia gama de nichos ecológicos”.20 En 2009 el gobierno mexicano emitió una reforma al Reglamento de la Ley para de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que contenía un Régimen de Protección Especial para las especies de las cuales México 19

Agencias, “Crece cosecha de mariguana y amapola en el país”, El Financiero, 25 de octubre de 2011. Takeo Ángel Kato, et al. 2009. Origen y Diversificación del maíz. Conabio, Semarnat, UNAM y CP. Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/Origen%20 del%20MaizUv.pdf

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es COD, en particular el maíz (Artículo 2 fracción XI). Con esta modificación se dejó de proteger a las especies nativas como el maíz y con ello, “entre 2009 y 2011, el gobierno federal otorgó 67 permisos para siembra experimental de maíz GM en 6 estados del norte y un permiso de siembra piloto a 4 transnacionales (Monsanto, Syngenta, Pioneer-Dupont y Dow AgroSciences), patentados en su mayoría por Monsanto.” De esta manera el gobierno mexicano ha incumplido con la LBOGM, y ha violentado el principio de precaución para salvaguardar la al maíz. El Relator de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación y el caso de los transgénicos El Relator Especial (de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación), observa que el cultivo de maíz transgénico en México plantea graves riesgos a la diversidad de variedades nativas de maíz. Esto se debe a las características del flujo de genes del maíz, el polen es capaz de recorrer largas distancias, pero también se debe, a los hábitos de intercambios de semillas de los agricultores mexicanos. De hecho, el intercambio de semillas de un productor a otro representa más del 85% de las fuentes de semillas de maíz a nivel nacional (la cantidad industria de semillas del 5.2%). La expansión de los cultivos de maíz transgénico a escala comercial, y la consiguiente desaparición gradual de las variedades locales, podría aumentar la dependencia de los agricultores en una tecnología que va a transferir recursos a las empresas de semillas portadoras de las patentes sobre las variedades, que constituyen una industria muy acaparada. También desvía la atención de los encargados de las políticas públicas lejos de las cuestiones más vitales, tales como la erosión del suelo o la resistencia al cambio climático, y contribuye a reforzar la creencia de que las opciones tecnológicas puede resolver la inseguridad alimentaria. El verdadero problema que debe formularse es si esta vía de desarrollo agrícola puede reducir la pobreza rural y la desigualdad, y si es sostenible en el largo plazo. El Relator Especial señala a este respecto que la introducción de maíz transgénico en México podría resultar en una pérdida de la biodiversidad agrícola, que constituye un elemento fundamental en el futuro frente a las amenazas y cambios impredecibles causados por el cambio climático. Pero en el largo plazo, la mejora continúa de las variedades criollas por las prácticas de los agricultores de almacenar, resembrar y el intercambio de semillas que mejor se adapte a los entornos específicos es crucial para asegurar el flujo de germoplasma necesarios para apoyar futuras crisis, que son, por definición, imprevisibles. Fuente: Declaración final de la misión a México del 13 a 20 de junio de 2011, Mandato del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación 20 de junio de 2011.

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5. La incidencia de las organizaciones civiles y sociales en el reconocimiento, protección y garantía del derecho a la alimentación. a). El reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación El reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación concretado este año, es el resultado del esfuerzo desplegado por distintas organizaciones civiles y movimientos sociales, académicos y algunos actores políticos. Desde 1992, cuando la Comisión permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad que nuestro país se uniera a la conmemoración del día mundial de la alimentación el 16 de octubre, se incluyó un pronunciamiento a favor de la incorporación del derecho a la alimentación en la constitución, lo que alentó a varias organizaciones agrupadas en el Frente por el Derecho a la Alimentación a presentar una iniciativa de reforma para incluir este derecho humano en nuestra Carta Magna. En 1994 se logró presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que adiciona el artículo 4º constitucional en materia del derecho a la alimentación, sin embargo ésta quedó en el olvido.21 En noviembre de 1996 México firmó la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria y el 15 diciembre de 2003 el Pleno del Senado aprobó un dictamen con proyecto de decreto para adicionar un párrafo tercero al artículo 4º constitucional y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución a fin de integrar el derecho a la alimentación, estableciendo como responsabilidad de la Federación, entidades federativas y municipios el asegurar que toda persona tenga derecho a una alimentación sana y suficiente en calidad, cantidad y en dignidad. El 29 de abril de 2004 la Cámara de Diputados propuso modificaciones al dictamen originalmente aprobado en el Senado quien no aceptó tales reformas y nuevamente turnó el dictamen a la Cámara de Diputados.22 Las organizaciones no dejaron de insistir en la importancia de esta reforma pero durante varios años se quedó en “la congeladora”. Entre 2010 y 2011 un nuevo esfuerzo fue desplegado hasta lograr finalmente que el 29 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados 21 22

Para más información puede consultar www.senado.gob.mx Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. (CDHFV), “El Derecho a la Alimentación” en Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, Nov. 2004 -Nov. 2005. CDHFV-Indesol, México, 2006, p. 112.

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aprobara la reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El reconocimiento del derecho a la alimentación fue impulsado a lo largo de este tiempo por organizaciones civiles y sociales, el movimiento campesino, científicos, académicos y ciudadano. Entre los actores centrales se encuentra el grupo de organizaciones articulados en La Campaña “Sin Maíz No Hay País” (La Campaña). La Campaña surge en 2007 como una respuesta a la crisis en el campo mexicano y ala crisis de los alimentos que viene desarrollándose desde 2006 y que tuvo un uno de sus momentos más crítico en 2008. El 2011 fue un año de mucho trabajo para las organizaciones civiles y movimientos sociales que impulsaban el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación. En el primer cuatrismestre del año el trabajo se concentró en que el Senado de la República aprobara el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para que se reformara la Constitución y se reconociera el derecho humano a la alimentación. Debido a la insistencia de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de no aprobar la minuta, las organizaciones elaboraron comunicados, se manifestaron en una conferencia de prensa y realizaron reuniones informativas con senadores de todas las fracciones. En la conferencia de prensa celebrada el 30 de marzo de 2011, integrantes de La Campaña señalaron que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2010 era un avance importante para el reconocimiento y protección de los derechos humanos en México. Sin embargo, no sustituía el reconocimiento explícito del derecho a la alimentación en nuestra Carta Magna. Elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación brinda a las instituciones públicas, así como a la sociedad, un marco legal para exigir la generación de políticas públicas y acciones que ofrezcan las condiciones necesarias para que se produzcan alimentos y que éstos sean física y económicamente accesibles para la población. Reiteraron que México vive un momento de crisis alimentaria nacional y global que requiere acciones comprometidas y concretas. “Es inconcebible que el presidente Calderón y el grupo parlamentario del PAN en el Senado sean los únicos que se opongan en todo el país a la aprobación de la reforma constitucional para reconocer un derecho humano tan fundamental como éste, tan 41

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vinculado, además, al ejercicio de otros derechos humanos como el derecho a la salud, a la educación y al trabajo, máxime el estado de malnutrición que aqueja a la mayoría de los mexicanos y la profunda crisis alimentaria que experimenta nuestro país y el mundo entero” señalo Víctor Suárez, Director Ejecutivo de ANEC.”23 Durante varias semanas integrantes de organizaciones civiles y campesinas tanto de la Campaña como de otras agrupaciones interesados en impulsar una mejor situación para el campo y la situación alimentaria del país, aprovecharon su experiencia en el diálogo con legisladores para brindar argumentos favorables al reconocimiento constitucional al derecho a la alimentación. Este proceso en realidad se remonta a más de 17 años de trabajo pero particularmente a una última etapa crítica que va del 2010 al 2011. El 29 de abril de 2010 Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de diversas fracciones parlamentarias presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, para adicionar un párrafo al artículo 4 constitucional y otro al artículo 27, para reconocer el derecho a la alimentación. La iniciativa fue turnada la Comisión de puntos Constitucionales para elaborar el dictamen correspondiente y lo envío a la Cámara de Senadores. El 07 de septiembre, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos para su análisis y elaboración del Dictamen correspondiente. El dictamen fue aprobado sin modificaciones y se envío a la Cámara de senadores que al modificarlo (abril de 2011) lo enviaron de vuelta a la Cámara de Diputados que a su vez consideró pertinentes las observaciones del Senado pues corregían la redacción clarificándola y añadían el principio de sustentabilidad en el desarrollo rural. De esta manera finalmente se dictaminó y aprobó en sentido positivo la minuta con proyecto de decreto por el que el derecho a la alimentación se reconoce constitucionalmente. Todo este proceso descrito, este ir y venir de minutas, dictámenes comisiones etcétera estuvo vigilado y acompañado por las organizaciones campesinas, de derechos humanos, sindicales, urbanas, académicos e investigadores, profesionales de la nutrición, intelectuales, científicos, artistas y ciudadanos interesados en el tema. La Campaña Sin Maíz fue una de las articulaciones que estuvo atenta y activa durante este proceso legislativo. 23

Campaña sin Maíz No hay País, Boletín de prensa, 30 de marzo de 2011

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Este éxito sólo requería un paso más y nada menor. La ratificación por parte de los congresos locales de la reforma para poder contar con el decreto presidencial que hiciera totalmente oficial la reforma. Asunto que se logró el 13 de octubre de 2011. Esto es para las diversas organizaciones civiles y sociales que trabajaron durante 17 años por dicha reforma, un exitoso resultado. b). Posicionamiento en la opinión pública sobre la situación del campo y los campesinos: La Campaña “Sin Maíz No Hay País” y el derecho a la alimentación. En los años ochenta México pasó de ser una economía cerrada a una abierta al comercio internacional. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), le significó un cambio importante tanto a nivel económico como social ya que Los productores agrícolas no estaban preparados para competir de manera adecuada. Esto influyó de manera decisiva en el aumento de la dependencia alimentaria ya que el gobierno federal realizó una mala negociación del capítulo agropecuario y ha aplicado durante décadas, una inadecuada política pública para el campo que contrasta con la protección y subsidios que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial brinda a sus productores.24 El “Movimiento el campo no aguanta más” (MECNAM) es el antecedente más destacado de la Campaña. El MECNAM surgió en 2003 y logró la articulación del movimiento campesino y la firma del Acuerdo Nacional para el Campo. En 2007 el aumento de los precios de la tortilla impulsa la movilización campesina y obliga a plantearse qué hacer ante la apertura a las importaciones de maíz y frijol en el marco del TLCAN. Así surge la Campaña “Sin maíz no hay país”, (en adelante La Campaña) presentada públicamente en el Museo de la Ciudad de México el 25 de junio de 2007. La iniciativa de la Campaña es impulsada por cuatro de las principales organizaciones de campesinos de nuestro país: el Consejo de Organizaciones Nacional Campesinas que agrupa a ocho organizaciones (CONOC); la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); El Barzón – Alianza Nacional de Productores 24

Mujer y Medio Ambiente-Oxfam, Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano. Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco ¡Pon a México en tu boca! Evaluación externa, marzo de 2008

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Agropecuarios y Pesqueros (Barzón-ANPAP); y la Asociación Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), quienes junto con más de 300 organizaciones campesinas, urbanas, de consumidores, grupos ambientalistas, de mujeres, de derechos humanos, representantes de la cooperación internacional, intelectuales, artistas, científicos, estudiantes y ciudadanos de varias entidades del país. Como objetivos se planteó impulsar una renegociación del TLCAN; acciones legislativas para garantizar la soberanía alimentaria; la protección del maíz blanco y el frijol; prohibir la siembra de maíz transgénico en México; el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación por la Cámara de Diputados y de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional por la Cámara de Senadores; luchar contra los monopolios del sector agroalimentario. Evitar el acaparamiento y la especulación así como la publicidad engañosa de alimentos “chatarra”; garantizar el principio de equidad de género en las políticas rurales; reconocer los derechos de los Pueblos originarios y proteger los territorios campesinos y sus recursos naturales estratégicos y mejorar las políticas públicas dirigidas al sector agrario. En esta etapa la Campaña se enfocó a difundir los problemas del campo entre la población urbana. Se realizaron un concierto de rock en zócalo de la Ciudad de México y ferias de productos y exposiciones para hacer visible el vínculo entre campesinos y consumidores. Buena parte de las acciones se dirigieron a los medios de comunicación pues se deseaba colocar el tema entre la población. Asimismo se realizaron mesas redondas, conferencias y foros para vincular a la Campaña con el sector académico e investigadores. La realización de La Caravana de Tractores recibió el apoyo de la población y atrajo la atención de los medios de comunicación. La marcha campesina del 31 de enero de 2008 puso de manifiesto la capacidad de convocatoria de las organizaciones impulsoras de la Campaña. En conclusión, La Campaña cumplió con su objetivo al colocar en la agenda pública la grave situación del y la necesidad de renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN.25 En la Campaña “Sin Maíz No Hay País” han participado organizaciones e individuos participando de distintas maneras y desempeñando diversos pape25

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les en el desarrollo de la Campaña. El grupo que inicial que fungió como tipo núcleo promotor es el conformado el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOC (AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDCCH, MAÍZ, RED MOCAF, UNOFOC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), El Barzón–Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP) y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP). En este núcleo promotor se encuentran las ONG Grupo de Estudios Ambientales, A. C. (GEA), Oxfam, Greenpeace, el Instituto Maya, A. C., el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O. P.”, Comercio Justo-México, así como personalidades como Armando Bartra, Cristina Barros, Marco Buenrostro y Adela San Vicente. “Este grupo de actores ha sido el que recoge propuestas, articula iniciativas y acciones y toma decisiones. Un actor central es la ANEC, que se ha constituido en la instancia de coordinación de acciones, de comunicación, enlace y articulación entre las y los diferentes actores. Las ONG han tenido un fuerte compromiso de trabajo y de involucramiento en la Campaña, han jugado un papel dinamizador en el cual ha sido fundamental la generación de ideas e iniciativas novedosas y para la divulgación de información y conocimientos. Las ONG han jugado un importante papel de “puente” entre las organizaciones campesinas y la ciudadanía, su integración a la Campaña fue una estrategia acertada para involucrar a los sectores urbanos. Oxfam es reconocido por su papel articulador, por su integración comprometida al núcleo promotor de la Campaña y por su experiencia en el diseño y realización de campañas y en la socialización de los resultados. En lo que toca a las organizaciones campesinas, ellas son las que aportan la fuerza y le dan sentido a las acciones, especialmente a las movilizaciones; además son las que tienen el papel protagónico en la formulación de las propuestas y en las negociaciones. Por su parte, las personas que se han vinculado de manera individual a la Campaña han sido claves tanto en la toma de decisiones como en la formulación de análisis, documentos, propuestas y en la definición de acciones.”26 Un segundo grupo de actores está formado por las organizaciones que se han hecho responsables del lanzamiento y desarrollo de la Campaña en los estados y lograr que la influencia de la Campaña trascienda al Distrito Fede26

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ral. El tercer grupo de actores lo constituyen más de 300 organizaciones que se adhirieron a la convocatoria de la Campaña: organizaciones campesinas regionales, organizaciones de productores regionales y organizaciones no gubernamentales. Además se sumaron intelectuales, académicos y artistas. En su primera etapa La Campaña se replicó en 18 estados y recolectó casi medio millón de firmas; organizó conciertos, festivales y ferias; realizó mítines y tomas de instituciones de gobierno; el primero de enero de 2008 se manifestó en el puente internacional Córdoba–Las Américas en Ciudad Juárez; partieron desde El Chamizal en caravana de tractores hacia la Ciudad de México para participar en la Marcha Nacional Campesina, el 31 de enero de 2008. En marzo de 2009 se realizó, entre muchas otras acciones el Foro • Derecho a la Alimentación en la Constitución• convocado por La Campaña • Sin Maíz No hay País •, el Centro de Derechos Humanos • Fray Francisco de Vitoria O.P. • Foodfirst Information and Action Network (FIAN) México y el Centro Universitario Cultural (CUC). En julio de ese año otra actividad significativa fue la conferencia de prensa en el Club de Periodistas, con Monique Robin, realizadora de la película y el libro El mundo según Monsanto. 46

Las demandas de la Campaña en sus tres etapas de vida La Campaña ha vivido tres etapas: en la primera, de junio del 2007 a marzo del 2008, además de colocar el tema del campo y los campesinos en la opinión pública nacional, se lanzaron 10 demandas, de las que tres ocuparon el lugar central: 1) La renegociación del TLCAN, sacando al maíz y al frijol nacionales de este pacto para proteger nuestros granos ante la inminencia de la apertura comercial indiscriminada y total de granos y alimentos; 2) La prohibición de granos transgénicos en el país, y la protección de semillas nativas; 3) La exigencia de nuevas políticas públicas en defensa del campo, los campesinos y la soberanía y seguridad alimentarias. En la segunda etapa, de junio del 2008 a junio de 2009, en el contexto de una aguda crisis alimentaria y económica nacional, la Campaña entró en escena bajo el lema “Alimentos campesinos para México ¡El hambre no espera!”, reafirmando las demandas anteriores, y enfatizando el Derecho a la alimentación garantizado por la Constitución mexicana, la moratoria a la siembra de transgénicos y la demanda de políticas públicas de fomento a la producción campesina y por la seguridad alimentaria nacional. En esta etapa, se discute ampliamente, desde todos los sectores productores y consumidores, un “Programa Emergente para el Campo Mexicano y enfrentar la crisis alimentaria” que culmina en una Magna Asamblea Nacional donde participan agrupaciones de más de 18 entidades del país. En la tercera etapa se retoman las demandas anteriores y se fortalece la lucha contra los transgénicos, el uso de tierras y alimentos para agrocombustibles, el impulso a la agricultura campesina para superar la

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dependencia alimentaria, con el lema de “Maíz y Libertad. Defendamos el campo para tener alimentos suficientes y de calidad para todos los mexicanos”, y se convoca a una celebración del Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre a partir de este 2009 donde se sumen voces y esfuerzos por fortalecer la independencia alimentaria de México, a partir de la producción y cultura de nuestros pueblos campesinos e indígenas.

Y la proyección de película “El mundo según Monsanto” en la Cineteca Nacional de la ciudad de México.

El 23 de junio de 2009 se presentó la segunda etapa de la Campaña y se plantearon como medidas urgentes, entre otras, las siguientes: 1) Adoptar el principio de soberanía como base y columna vertebral de una nueva poFuente: Campaña Sin Maíz No Hay País, lítica agroalimentaria para enfrentar cronología disponible en http://www.sin- la crisis en el corto, mediano y largo maiznohaypais.org/sites/default/files/ u10/Carpeta%20Sin%20maiz%20no%20 plazos; 2) Políticas públicas alternativas y un Estado responsable; 3) Rehay%20pais%20Esp%202.pdf valorización e impulso a la agricultura campesina; 4) Agricultura sustentable y reconocimiento del carácter multifuncional de la agricultura campesina; moratoria a la siembra de maíz transgénico; 6) prohibición al uso de alimentos para producir agrocombustibles; 7) Derecho a la alimentación; 8) Lucha contra los monopolios alimentarios y la publicidad engañosa en los alimentos. En 2009 organizaciones y movimientos sociales y campesinas pertenecientes a La Campaña realizaron diversas gestiones para que el Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Sr. Olivier De Schutter realizara una visitara México. Para aprovechar la presencia del Relator se realizó un foro que se celebró el 15 de septiembre en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ). Se trató de un primer acercamiento en espera de la confirmación de una invitación oficial por parte del gobierno mexicano para el 2010. La visita oficial del Relator se realizó en junio de 2011. Cabe señalar que nuevamente fueron organizaciones civiles y movimientos sociales de La Campaña quienes insistieron ante el gobierno mexicano en la importancia de invitar a Olivier de Schutter a visitar nuestro país. En 2009 se presenta la iniciativa de celebrar el Día Nacional del Maíz con eventos en todo el país. Se establece el 29 de septiembre como la fecha para celebrar a esta semilla tan importante para la cultura mexicana. Esta es una de las acciones más relevantes dado su simbolismo y debido a la im47

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portancia que para La Campaña ha tenido la defensa del maíz y el combate a los trasngénicos, Durante todo el día se realizarán actividades culturales, educativos, gastronómicas, artísticos, y con innumerables acciones. En todo el país con la asistencia de organizaciones rurales, urbanas, artistas, medios de comunicación y ciudadanía. En la zócalo de la ciudad de México se instala una carpa que transmitirá a las radios comunitarias del país todo el día y se finaliza con el toque de campanas a las siete de la noche: “Ven a dar el grito de la Independencia alimentaria – ¡Maíz y libertad!27 Al igual que en el 2010 se celebró en Día Nacional del Maíz con actividades culturales, académicas y gastronómicas. El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. como parte de la campaña y junto con su Escuela de Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos participó con actividades educativas en la plancha del zócalo capitalino.

c). Incidencia para que se realizara la visita oficial del Relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Sr. Olivier De Schutter, a México. El reconocimiento de la importancia sobre una visita del Relator de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el Derecho a la Alimentación fue tomando cada vez más fuerza entre distintas organizaciones civiles, el sector académico y expertos que trabajan el derecho a la alimentación, desde sus 27

Carpeta Sin Maíz No Hay País. Documentos. Página de ANEC. Disponible en http:// www.sinmaiznohaypais.org/sites/default/files/u10/Carpeta%20Sin%20maiz%20no%20 hay%20pais%20Esp%202.pdf

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distintos enfoques. Organizaciones pertenecientes a la Campaña Sin Maíz No Hay País, como FoodFirst Information and Action Network (FIAN-Internacional), FIAN-México, ANEC, Green Peace, el Grupo de Estudios Ambientales GEA, el Centro Vitoria, ente muchas otras gestionaron una visita del Relator, de carácter no oficial. Durante su visita, del 14 al 16 de septiembre de 2009 el Relator se reunió con organizaciones civiles y sociales, movimientos campesinos y académicos de quienes recibió información y con quienes intercambio ideas. En aquel entonces el Relator señaló que existía disposición del gobierno mexicano para realizar una visita oficial en 2010. Además indicó que la pobreza es uno de los más grandes obstáculos para erradicar el hambre en el Mundo en donde existen 2.4 mil millones de personas con desnutrición. Subrayó que a nivel mundial alrededor de 6.5 millones de niñas y niños mueren por desnutrición o causas relacionadas con ella. Destacó que muchas personas consumen productos “chatarra” porque son energéticos y más baratos que los saludables, aunque no necesariamente nutritivos. Para el Sr. De Schutter el hambre no es un problema de producción de alimentos. Indicó que las cosechas de los dos últimos años fueron abundantes y a pesar de ellos la malnutrición aumentó, afectando a mil millones de personas en el mundo. Aunque no se refirió de manera explícita a nuestro país, el Relator comentó que no consideraba que imponer impuestos a los alimentos contribuyera a reducir el hambre y la pobreza, y que los alimentos que deben gravarse con un mayor impuesto son los considerados “chatarra”, como los refrescos. Las organizaciones civiles e instituciones académicas expusieron sus preocupaciones y demandas en torno al derecho a la alimentación. Los temas tratados fueron: estado nutricional de la población; la situación de las mujeres campesinas e indígenas frente a los programas de gobierno; un panorama general del derecho a alimentación desde el punto de vista de las políticas públicas; la importancia de su reconocimiento constitucional; la pérdida de la soberanía alimentaria; los aspectos culturales vinculados a la alimentación; los peligros que se observan ante el uso de semillas genéticamente modificadas; y la importancia de preservar el maíz criollo y a México como lugar de origen de este grano. Al final del evento se leyó un pronunciamiento de la Campaña “Sin Maíz No Hay País”, en el que se reiteró la importancia de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y del maíz como un producto originario de tierras mexicanas. 49

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El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C. recordó al Relatar que desde hacía casi dos décadas, un grupo de organizaciones de derechos humanos han impulsado el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación. Señaló que el derecho a la alimentación es mencionado de manera indirecta o vinculada a la obligación de los padres a dar alimentos a sus hijos o en relación con el derecho a la salud. Recordó que la alimentación tal y como está actualmente contemplada en el artículo 4to. constitucional, no toma en cuenta sus aspectos no nutricionales como son la cultura, la producción agrícola, la soberanía alimentaria y el acceso económico a los alimentos.28 Al día siguiente, en un desayuno de trabajo el Sr. Schutter se reunió con estas organizaciones y pudo conocer algunos casos más específicos sobre violaciones al derecho a la alimentación en México. Para el Relator la pobreza es uno de los más grandes obstáculos para erradicar el hambre en el Mundo. Subrayó que muchas personas consumen productos “chatarra” porque, pese a no ser ricos en nutrientes, son energéticos y más baratos que los saludables y apuntó que el hambre no es un problema de producción, sino de pobreza y de acceso a los alimentos. El Relator mencionó que no consideraba que imponer impuestos a los alimentos contribuyera a reducir el hambre y la pobreza y que en todo caso, los alimentos que deberían estar gravados eran los considerados “chatarra” como los refrescos. Durante 2010 varias organizaciones de La Campaña, entre ellas Food International Action Network (FIAN-Internacional) se mantuvo comunicación con la oficina del relator para estar al tanto de los avances en las gestionas para su visita oficial y se siguieron realizando actividades de difusión y promoción del derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria y la situación del campo mexicano. Organizaciones de la Campaña mantuvieron el diálogo con las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se concretara la visita del Sr. De Schutter. El proceso se fue prolongando y en 2011 nuevamente La Campaña y organizaciones interesadas en el derecho a la alimentación sostuvieron un encuentro con el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Hu28

Miguel Concha Malo, Revista Contralínea, 4 de octubre de 2009. Disponible en http:// contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/10/04/el-derecho-a-la-alimentacion/

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manos de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco. Allí se insistió en la importancia de la visita de Olivier De Schutter y se logró que el gobierno mexicano invitara de manera oficial al Relator. Esto movilizó al personal de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuyo personal empezó a contactar a distintas organizaciones, en espacial a las de La Campaña para realizar de manera conjunta una agenda de trabajo para el Relator y optimizar su visita. Las organizaciones propusieron temáticas, lugares de visita y encuentros que pudieran brindar al relator un panorama lo más completo posible sobre la situación del derecho a la alimentación en México. El Sr. Olivier De Schutter visitó nuestro país del 13 al 20 de junio, realizando encuentros representantes del gobierno federal, con organizaciones civiles, movimiento campesino y académicos. Dentro de su apretada agenda visitó la Ciudad de México, Chiapas y Jalisco. Cabe destacar que el encuentro con organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal se realizó en el Centro Universitario Cultural, espacio en donde se ubica el Centro Vitoria. En este encuentro las organizaciones expusieron ante el relator sus preocupaciones y le entregaron distintos documentos sobre la situación del derecho a la alimentación en México. En la declaración final sobre su visita el Relator resaltó distintos aspectos entre los que podemos mencionar el problema de acceso económico a los alimentos debido a los índices de pobreza que aún existen en el país; la diferencias en materia de acceso a los alimentos entre zonas urbanas y rurales, así como la situación de malnutrición entre la población indígena; su preocupación por la política agrícola en el país, relacionada con el campo y la seguridad alimentaria; el peligro que representan los transgénicos, en especial para el maíz. Como aspectos positivos el Relator se refirió al reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación y apunto que “ahora es tiempo de hacer mejoras al marco legal con la adopción de una ley marco sobre el derecho a la alimentación, como se ha hecho en otros países de la región. Tales leyes marcos son recomendadas por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por las Directrices Voluntarias. Dicha legislación debería de promover la adopción de una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación.”29 29

Mandato del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Misión a México del 13 a 20 de junio de 2011. Declaración final de la misión.

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En síntesis el Relator señaló respecto a su visita a México que le preocupa que el18.2 por ciento de la población se encuentre en pobreza alimentaria; las diferencias entre áreas urbanas y rurales y entre las entidades del Norte, Sur y Centro de México que dan cuenta de que aún existe un problema de desigualdad regional importante; indicó que no se está cumpliendo el mandato constitucional de un salario mínimo suficiente para cubrir el costo de la canasta básica pues representa apenas el 25 por ciento de lo que un trabajador o trabajadora requieren para subsistir. Por otra parte el Relator manifestó que la desnutrición y anemia requieren atención pero subrayó que existe un estado de emergencia debido a los problemas de sobrepeso y obesidad ya que 35 millones de mexicanos (7 de cada 10) tienen sobrepeso u obesidad. Frente a esto el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria resulta insuficiente ya que no es un instrumento vinculante de las políticas públicas y no ha tenido eco en el ámbito legislativo, en donde la regulación para controlar la venta de alimentos “chatarra” en tiendas o cooperativas escolares, fue elaborada bajo la presión de empresas procesadoras de alimentos. El derecho a la alimentación requiere de la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas orientadas a la erradicación de la pobreza y el hambre. Los alimentos deben estar disponibles mediante la explotación de la tierra productiva o por medio de sistemas de distribución, elaboración y de comercialización. En torno a lo anterior Olivier De Schutter reconoce que el Estado mexicano impulsó una especie de “segunda reforma agraria” para apoyar al campo ante la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) mediante programas de apoyo a la producción agrícola y a la comercialización de alimentos. Sin embargo recomendó emprender una tercera reforma que incluya una reorientación del gasto público agrícola a proveer de créditos, servicios financieros y orientación tecnológica para los pobres y los pequeños productores. La reforma constitucional que reconoce el derecho a la alimentación fue mencionada como un avance, aunque aún falta su aprobación por las legislaturas locales y su promulgación. A esto hay que sumar que el Relator recomendó la creación de una ley marco que impulse una estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación. El Relator fue muy claro al exponer que es necesario mejorar la coordinación entre las instancias gubernamentales y entre los diferentes niveles de 52

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gobierno, pues hay inconsistencia entre las políticas sectoriales implementadas en México. Se detectó que hay programas agrícolas que benefician a unos pocos agricultores, lo que aumenta la desigualdad en las áreas rurales. La Alimentación debe ser adecuada a las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas; ser sustentable y no poner en riesgo la salud de las personas. De Schutter, consciente de la importancia del maíz para la cultura mexicana reconoció que el cultivo de maíz transgénico plantea graves riesgos a la diversidad de variedades nativas de esta semilla Una de sus recomendaciones al Estado mexicano fue regresar cuanto antes a la moratoria sobre pruebas de campo y en el cultivo comercial con el fin de proteger la biodiversidad del maíz. En cuanto a los megaproyectos, el Relator externo su preocupación por los despojos causados por los grandes proyectos de desarrollo. En su visita a la comunidad de Tecamapulín, donde la comunidad ha resistido durante seis años la construcción de la presa Zapotillo, después de escuchar los argumentos en contra de la población el Relator expreso que la realización de megaproyectos que afectan de manera importante la vida de una comunidad deben ser repensados por las autoridades y recordó que el Estado está obligado a respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos y por tanto a no amenazar u hostigar a las defensoras y defensores. Conclusiones: Las organizaciones civiles y sociales tienen entre sus tareas visibilizar y denunciar los problemas que enfrentan los pueblos y sociedades. Son en gran medida una forma en que la sociedad se articula para exigir al Estado el cumplimiento de distintas demandas. En el caso de las organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos la finalidad de su trabajo es clara pues buscan contribuir a que todas las personas vivan con dignidad. En un Estado democrático, no se concibe la construcción de políticas públicas o leyes sin la participación ciudadana o sin que se respete el derecho a la libre expresión de las ideas, incluyendo aquellas que son críticas del sistema. En el caso del derecho a la alimentación son las organizaciones civiles, los movimientos sociales y los sectores campesino y académico quienes durante 17 años impulsaron su reconocimiento constitucional utilizando distintos 53

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medios y estrategias como la realización de estudios e investigaciones, la publicación de artículos de opinión en la prensa escrita, declaraciones públicas, el diálogo con legisladores, la realización de foros, talleres y eventos educativos que mostraran la importancia de este derecho, todo esto desde los instrumentos de derechos humanos y en particular del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Las organizaciones sociales, civiles, campesinos y académicos han trabajado también durante muchos años en visibilizar la crisis que sufre el campo mexicano, las condiciones desiguales que enfrentan los productores mexicanos en el contexto de los acuerdos comerciales, la pérdida de soberanía alimentaria del país y aspectos igualmente importantes como el uso de semillas transgénicas, la crisis alimentaria, la desarticulación de los programas enfocados al campo, los efectos del Cambio Climático, entre otros temas. Sus actividades no se limitan a la protesta pacífica, también realizan acciones propositivas, dialogan, articulan, coordinan, investigan, documentan, gestionan etcétera. Un ejemplo de ello es la manera es la visita oficial del Relator especial de las naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, promovida y en gran medida concretada gracias al trabajo de varias organizaciones. La contribución e incidencia de las organizaciones civiles ha sido de gran valor para que un amplio sector de la población cuente con información respecto a temas de interés como la salud nutricional del país o de las políticas públicas agroalimentarias más a allá de las versiones oficiales o de las que se difunden por los grandes consorcios televisivos. Por supuesto en todo esto, hemos querido destacar la participación de organizaciones como el Centro Vitoria y de La Campaña Sin Maíz No Hay País por tratarse de experiencias que conocemos y cuyos resultados han tratado de ser reflejados en este capítulo.

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Bibliografía • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2009-2010. CDHFFV-Fundación John and Catherine MacArthur, México, 2010. 125 pp. • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Metodología de la Medición multidimensional de la Pobreza (presentación), Coneval, 10 de diciembre de 2009, México • Naciones Unidas, Cepal, La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe Síntesis 2010, Santiago de Chile, 2010, p. 113 pp. • Coalición Internacional de ONG para un Protocolo Facultativo del PIDESC c/o ESCR-Net / Red DESC, Manual de Incidencia para el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cuadernos 1, 2 3 y 4. Nueva York, 2010. Disponible en http://www.escr-net.org/index.htm?attribLang_id=13441 Documentos • Mandato del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Misión a México del 13 a 20 de junio de 2011. Declaración final de la misión. • Mujer y Medio Ambiente-Oxfam, Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano. Sin Maíz no hay País y sin Frijol Tampoco ¡Pon a México en tu boca! Evaluación externa, marzo de 2008. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) Hemerografía • Miguel Concha Malo, Revista Contralínea, 4 de octubre de 2009 • Carlos Tello, Sobre la pobreza en México 2010, CEIDAS, Revista México Social. • La Jornada, enero - noviembre 2011. • El Financiero, enero a noviembre 2011. • Reforma, enero-agosto 2011. • El Universal, enero-diciembre 2011. 55

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Entrevistas: • Lorena Peralta Rojas, ex colaboradora del CDHFFV y representante de este Centro en la Campaña “Sin Maíz No hay País” de 2007-2009. • Clara Meyra Segura, colaboradora del CDHFFV y representante de este Centro en la Campaña “Sin Maíz No hay País”, 2009 --

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El derecho a la educación Introducción El derecho a la educación está reconocido en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante PIDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación”. La Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), lo define como un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos30 pues nos permite aprender a relacionarnos y cooperar con otros así como a satisfacer nuestras necesidades, transformando a la naturaleza; además debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.31 En un país en donde al año el 33.3 por ciento de la población no lee ni un libro, un tercio lee tres libros y sólo el 4.2 por ciento lee más de diez libros, es más que evidente que algo está fallando. Ese “algo” se llama sistema educativo. En ese sentido revisamos algunos de los aspectos que nos hacen afirmar que en México el derecho a la educación es sistemáticamente violado por el Estado Mexicano, el cual no le asigna el presupuesto suficiente, incumple con sus obligaciones de cobertura y universalidad, pero sobre todo, no logra brindar la educación de calidad que requiere la población para poder insertarse de manera competitiva en el mercado laboral. Aún más allá de que la educación contribuye al desarrollo económico del país, la educación promueve el desarrollo integral de las personas y les permite ser ciudadanos y ciudadanas participativos, que asumen responsabilidades para contribuir al bienestar de su barrio, comunidad, ciudad y país; personas más dispuestas al diálogo y a la resolución pacífica de los conflictos y por supuesto, más respetuosas de los derechos humanos. Es por eso que la educación es un derecho “llave”.

Observación número 13, El derecho a la educación. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDECS), artículo número 13.

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En este capítulo revisaremos de manera especial la forma en que las organizaciones civiles han incidido en la defensa del derecho humano a la educación. Como un ejemplo recuperaremos el debate y trabajo por el reconocimiento de la importancia de la educación sexual libre de cargas ideológicas que algunas organizaciones vienen realizando desde hace varios años; la incidencia en la educación en derechos humanos para la población, en donde la Escuela de Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanaos “Fray Francisco de vitoria O.P.” A.C, tiene un lugar destacado como una experiencia con 9 años ininterrumpidos de exitosa formación de nuevos cuadros de defensoras y defensores de derechos humanos; y en otro ejemplo, la labor realizada por las organizaciones civiles y el sector académico para elaborar un informe alternativo y sostener reuniones de trabajo durante la visita oficial del Relator Especial del Derecho a la Educación, Sr, Vernor Muñoz, en febrero de 2010 en donde también este Centro participó de manera activa y por ello podemos, desde la experiencia, compartir algunos resultados. 1. Marco jurídico internacional y nacional

Internacional

Nacional

Declaración Universal de Derechos Humanos que señala: “Toda persona tiene derecho a la educación”.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Artículo tercero, establece la obligación del Estado de impartir la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), de manera gratuita (fracción cuarta) y con carácter laico (fracción primera). Asimismo la educación será democrática, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana (fracción segunda).

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Internacional

Nacional

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), Artículos 10, 13, 14.

La Ley General de Educación.- Regula la educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. En su artículo segundo reconoce el derecho de todos los mexicanos a recibir educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria, y el tercero establece que es el Estado quien está obligado a prestar servicios educativos. En el cuarto se señala a la educación primaria y secundaria como obligatorias, el quinto la laicidad de la educación, y el quinto la gratuidad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“educación religiosa y moral”, artículo 18); Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), conocido como Protocolo de San Salvador.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.- en su artículo 32, reconoce el derecho de las niñas, los niños y las y los adolescentes “a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución.”

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979. Convención de los Derechos del niño.

Debemos señalar como un avance en materia legislativa cuyas implicaciones deberán revisarse a profundidad en el futuro próximo la aprobación con 94 votos a favor el Senado de la República aprobó la reforma a los artículos 3 y 31 de la Constitución para hacer obligatoria la educación media superior. La obligatoriedad será gradual e iniciará en el ciclo escolar 2012-2013 hasta lograr la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas. El dictamen refiere que la Cámara ya aprobó un presupuesto de mil millones para 2011, para avanzar en la infraestructura que permita construir nuevos planteles. Por tratarse de una reforma constitucional, se envió a las legislaturas de los estados para que 59

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para cumplir con la obligación de que, cuando al menos 16 de éstas la aprueben, se considerará firme. Esto no se logrado a la fecha de la redacción de este informe.

UNICEF, México. La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes.

Aquí es importante destacar que esta reforma no se concretará si las autoridades no invierten de manera puntual en la educación. Ya tenemos la mala experiencia de la educación preescolar que no ha logrado la universalidad a pesar de que la reforma al artículo tercero constitucional señalaba plazos muy claros.

2. Políticas públicas y situación del derecho a la educación México cuenta con una cobertura nacional del 98 por ciento en primaria y del 92 por ciento en educación secundaria. Además existe un compromiso asumido constitucionalmente por garantizar la obligatoriedad y gratuidad en la educación preescolar y en breve la de la educación media superior. Sin embargo México tiene como retos abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad educativa para todos los niveles y grupos de la población. Aunque en México los indicadores de educación han mejorado y en algunos casos parecieran muy buenos, como la cobertura en la educación básica prácticamente universal, existen aún importantes rezagos. La educación resulta trascendental en el desarrollo de las personas pues es un medio para salir de la pobreza y la marginación. Sin embargo, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de género, las circunstancias socioeconómicas y culturales, influyen en los resultados educativos. La información más reciente del Consejo Nacional para la Evaluación de 60

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la Política Social (Coneval) indica que entre 2008 y 2010 la población en pobreza pasó de 44.5 por ciento a 46.2 por ciento, lo que representa un incremento de 48.8 a 52.0 millones de personas. En el mismo periodo, la población en pobreza extrema pasó de 10.6 por ciento a 10.4 por ciento; y la pobreza alimentaria pasó de 18.4 por ciento (20.2 millones de personas) a 18.8 por ciento (21.2 millones de personas); la pobreza de capacidades de 25.3 por ciento (27.8 millones de personas) a 26.7 por ciento (30.0 millones de personas), y la pobreza de patrimonio de 47.7 por ciento (52.3 millones de personas) a 51.3 por ciento (57.7 millones de personas). a). Sistema de educación pública El Sistema Educativo Nacional (SEN) está compuesto por la educación básica, la media superior y la superior. El Centro Vitoria aborda particularmente la situación de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) por haber sido hasta ahora una obligación del Estado. La reforma constitucional que hace de la educación media superior obligatoria aún no está totalmente aprobada pues no se cuenta todavía con la ratificación de los congreso de las entidades. De momento, el Estado sólo está obligado a promover y progresivamente facilitar el acceso la educación media superior y superior. En México el promedio nacional de escolaridad es de 7.9 años. El Distrito Federal cuenta con una escolaridad de diez años en contraste con Chiapas en donde es de 5.6 años. La cobertura en educación primaria es casi universal. Sin embargo, aún permanecen1.2 millones de niños y niñas entre los 5 y 14 años fuera de la escuela. (Unicef, 2009). Además 9 de cada diez alumnos (90.7 por ciento) de educación básica asisten a escuelas públicas por lo que es indispensable que calidad se incremente. El sistema educativo de numerosos países, incluyendo a aquellos que junto con México forman parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), cuentan con un sistema educativo en el nivel básico administrado en gran parte por el Estado. En México falta visión de Estado sobre la importancia de la educación como motor del país y se permite que el capital privado invierta, sobre todo en la educación media y superior, sin cumplir con los criterios de calidad necesarios.32 32

Fundación Este País, “El regreso de la Escuela pública” Revista Este País, número 228, abril de 2010. P.9.

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b). Alfabetización El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) señala que: • En el país hay casi siete millones de personas analfabetas. • Cincuenta por ciento del total de la población en algunas comunidades indígenas es analfabeta, lo que muestra que este grupo de la población sigue siendo discriminado y excluido del ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos, la educación. • Destaca que la situación de las mujeres indígenas pues en los grupos de edad de 15 años o más, el nivel de mujeres alfabetizadas se localiza alrededor de 49.4 por ciento; mientras que en los hombres alcanza 71 por ciento. • Estos porcentajes aumentan considerablemente para las zonas urbanas, dónde las mujeres con posibilidades de estudiar son de 66.5 por ciento, aunque un índice bajo si se compara con el de los hombres, que se encuentra en 83 por ciento. • El INEA recibe pocos recursos, suman cerca del uno por ciento del presupuesto de la SEP, lo que implica serias limitantes para atender de manera adecuada, eficaz y con calidad a la población en situación de analfabetismo. • De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de analfabetismo del país es del 9.5 por ciento de la población. En el Distrito Federal esta tasa es sólo del 2.9 por ciento mientras que en Chiapas es del 22.9 por ciento.33 En materia de educación para personas adultas, 34 millones de personas mayores de 15 años de edad, se encuentran con rezago educativo y de éstas, sólo 2.4 millones son atendidas por el INEA. Del 1.5 millones de personas indígenas en 33

Banegas González Israel y Blanco Bosco Emilio, Políticas y Sistemas de Evaluación Educativa en México. Avances, logros y Desafíos. Informe para la Reunión Ministerial del Grupo E-9 (UNESCO), México, 13-15 de febrero de 2006, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, México, 2006.

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condición de analfabetismo y rezago, sólo 66 mil son atendidas por esta institución.”34 c). Rezago escolar El INEE afirma que “al poco tiempo del ingreso a la escuela primaria, es decir a los 7 y 8 años de edad, comienza a reducirse el porcentaje de niños que avanza de acuerdo con la edad reglamentaria hasta representar ya un 75 y 66 por ciento respectivamente. A los 12 años solamente 61 estudiantes de 100 se encuentran estudiando el primer año de secundaria y 4 han dejado la escuela. Esta dinámica empeora de manera tal que a los 15 años, sólo 42 por ciento cursa el año que normativamente le corresponde, esto es, el primer año de bachillerato y casi la cuarta parte del total se encuentra fuera de la escuela. Es innegable que un sistema educativo que da estos resultados no está funcionando satisfactoriamente y, por lo tanto, no se está garantizando el derecho a la educación para todas y todos.”35 Entre las causas que dan origen al rezago escolar están la pobreza y marginación que existen en el país y que se presentan de manera más aguda entre ciertas entidades. Coahuila, Nuevo León, Tlaxcala y el Distrito Federal son las entidades con las tasas de rezago más bajas. En cambio Chiapas, Guerrero y Oaxaca, encabezan la lista de los estados con mayores rezagos educativos en los tres niveles de la educación básica. d). Presupuesto para la educación El Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2011 del Ejecutivo Federal propuso asignar a la educación $520 mil 603 millones de pesos, lo que representan un 3.7 por ciento del PIB; mientras que en el 2010 le asignó al 3.8 por ciento. Esto, desde el punto de vista de los derechos humanos implica una medida regresiva.36 34

Comunicado de prensa Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, 22 de febrero 2010. Observatorio Ciudadano de la Educación, “El Derecho a la educación en México. Situación y perspectivas, Revista Este país, agosto de 2010, p.29. Observatorio Ciudadano de la Educación http://www.observatorio.org/opinion/ LeyIngresosPresupuestoEgresos.html

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e). ¿Alguien recuerda el Programa Enciclomedia? El programa Enciclomedia surgió durante el gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada y utiliza la tecnología digital interactiva para mejorar el desempeño escolar al crear un nuevo ambiente en el aula. Se planeaba que llegaría a todas las áreas rurales de manera prioritaria. De 2007 a 2011 el gobierno federal destinó 18 mil 337 millones de pesos al Programa Enciclomedia, criticado porque no existen indicadores para medir su efectividad y porque no queda claro en dónde están los recursos invertidos para su operación. Entre los problemas encontrados al programa se en cuenta la falta de capacitación de personal docente para operar el equipo y la carencia de asistencia técnica. Muchos de los equipo informáticos no fueron utilizados por lo que a estas alturas ya son obsoletos, otros tantos desaparecieron o fueron robados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó que de los recursos erogados entre 2004 y 2008, el 45.6 por ciento fueron empleados en rubros no relacionados con los fines dl programa, el cual además cuenta con graves deficiencias, opacidad en el manejo de los recursos asignados y la usencia de indicadores de evaluación. 3. Grupos de población discriminados a) La primera infancia y la educación preescolar El preescolar merece especial mención dada la situación compleja que actualmente se vive en este nivel. El número de años de enseñanza obligatoria han aumentado como resultado de haber convertido a los niveles de preescolar y secundaria, en obligatorios. Para el caso de preescolar deben cursarse tres años, lo que ha implicado un reto enorme pues se requieren más escuelas, la capacitación del personal docente, programas de estudio adecuados a la realidad y necesidades educativas del país y la regulación del servicio. La asistencia de niños de tres años en el nivel preescolar en la mayoría de las entidades federativas aún es baja, pues es apenas un 25 por ciento de la población en veinte de estas entidades. Ya en la edad de 4 y 5 años se nota un incremento que alcanza a nivel nacional una media de 93.1 por ciento.37 37

Ibíd., p.12.

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Especialistas destacan que la regulación del nivel de preescolar en donde operaban numerosas escuelas –guardería, ha tenido impactos negativos en la vida de muchas mujeres. Ente las implicaciones de la reforma, las y los docentes que carecían y carecen de título, e inclusive los que cuentan con licenciatura, tendrán que pasar por un proceso para acreditar la licenciatura. De acuerdo con la SEP entre 30 y 35 por ciento de las y los profesores de segundo y tercer grados de preescolar, en la educación privada, carecen del título correspondiente. Con las nuevas normas dichos planteles deberán estar incorporados a la SEP, lo que en principio se supone contribuirá a terminar con las llamadas “escuelas patito”. La SEP aseguró que a nadie se le quitaría su fuente de trabajo y que las y los docentes que carecieran del título pero hayan trabajado antes de la reforma constitucional mantendrían su empleo.38 Aun y con todo lo asegurado por la SEP lo cierto es que no se realizó un diagnóstico, previo a la implantación de la reforma, sobre la situación ni de las mujeres que prestaban sus servicios como profesoras de preescolar ni de las madres que acudían a estas escuelas- guarderías. Muchas de las maestras no pudieron obtener la certificación requerida por la SEP pues no contaban con los estudios necesarios (y tampoco con planes adecuados que les permitieran mantener su fuente de ingresos y certificarse) aunque contaran con amplia experiencia. Lo anterior generó el cierre de un gran número de estas escuelas-guardería que al mismo tiempo de eliminar empleos, donde predominan las mujeres, impactó en las usuarias del servicio quienes se enfrentaron con que las escuelas de preescolar que no eran guarderías no podían atender a sus hijos después del mediodía. En cuanto al cumplimiento de la obligación del Estado de brindar educación preescolar el Observatorio Ciudadano de la educación concluyó en un análisis elaborado sobre la este nivel que de acuerdo con el artículo quinto transitorio del artículo tercero constitucional que para el ciclo 2008-2009 el Estado Mexicano debió lograr la universalización de la educación preescolar. Esto no sólo no se ha logrado sino que al parecer no existe una estrategia adecuada para lograr el cumplimiento de esta meta. “Al no haber cumplido con la universalización de la educación preescolar de tercer grado desde el 38

Avilés Karina, “Los docentes de preescolar deberán reacreditar estudios”, La Jornada, Sección Sociedad y Justicia, 5 de julio de 2005, p. 40.

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ciclo escolar 2004-2005, han afectado, de entonces al inicio del ciclo escolar actual (2010), a 621 mil 372 niñas y niños de 5 años de edad; también impidieron que ejercieran su derecho a la educación 903 mil 506 niños de 4 años de edad, desde el ciclo escolar 2005-2006 y de igual manera, al no cumplir con el servicio de universalización de primer grado de preescolar, se impidió que 3 millones 449 mil 804 niñas y niños de 3 años de edad pudieran ejercer ese derecho, desde el ciclo escolar 2008-2009 al inicio del ciclo escolar 2010-2011; sumándose todos estos grados cursados de preescolar, por las niñas y niños de 3, 4 y 5 años de edad, a la ya enorme deuda social en educación, que el Estado tiene con el ejercicio del derecho a la educación de la población de nuestro país.39 b) El derecho a la educación de las juventudes México cuenta con una cobertura del 100 por ciento en la educación primaria pero “la cobertura neta nacional en secundaria (81.5 por ciento) muestra un menor acceso de la población a este nivel educativo. El Distrito Federal, Coahuila, Baja California Sur, Tlaxcala y Morelos son las entidades federativas con los niveles de acceso más altos. Las entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Campeche, Oaxaca y Michoacán, clasificadas por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) con un alto y muy alto grado de rezago social, muestran los niveles más bajos de cobertura de la educación secundaria.40 La telesecundaria atiende a la quinta parte del alumnado de este nivel y fueron creadas para atender a las y los jóvenes que viven en comunidades rurales pequeñas, alejadas de los centros urbanos. Gran parte del alumnado son niñas, niños y jóvenes de comunidades rurales, indígenas, campesinos o migrantes jornaleros. La mayoría de sus egresados obtienen resultados deficientes en comparación con los alumnos de secundarias generales y 39

Observatorio Ciudadana de la Educación, Debate Educativo “inequidad, el gran desafío para la calidad educativa: ¿Es suficiente el Financiamiento a la Educación Pública como afirma el Secretario Alonso Lujambio Irazábal, después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011? En www.observatorio.org.mx Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre el derecho a la educación, Sr. Vernor Muñoz. Misión a México, 8 al 18 de febrero de 2010, p.11-12.

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técnicas examinados en pruebas nacionales. Las telesecundarias, además, registran una deserción estudiantil del 6.8 por ciento mientras que el promedio es de 6.5 por ciento. La telesecundaria recibe del gobierno una inversión por alumno de 50 por ciento menos del costo de un estudiante de secundaria general o técnica. Las condiciones de trabajo en los planteles para la telesecundaria son precarias pues carecen de la infraestructura elemental para funcionar. En México uno de los graves problemas de la educación se ubica en la calidad que ésta tiene para preparar a la población para enfrentar los distintos retos de la vida, e incidir de manera positiva en el desarrollo económico y social del país. Las pruebas aplicadas para evaluar la calidad de la educación como PISA, Excale y Enlace muestran que existe un serio problema de educación que requiere ser solucionado con un cambio en el modelo educativo y con una clara separación entre las labores sindicales y la política educativa, al mismo tiempo que deben atacarse problemas de índole económico y social como la pobreza, la marginación, la desigualdad y la discriminación. El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se centra en los estudiantes de 15 a 16 años, a punto de concluir o terminar la educación obligatoria, con la finalidad de medir los conocimientos y habilidades que adquirieron en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Los resultados de PISA 2009 colocan a México en los últimos lugares de la evaluación. Respecto al total de los 65 países que participaron en 2009 quedó en el lugar 49 en lectura y 51 en matemáticas y en ciencias. Es decir, las juventudes mexicanas que cursan la secundaria no están recibiendo la educación básica para contar con la “capacidad de extrapolar lo aprendido a lo largo de la vida y aplicarlo en situaciones del mundo real, así como la capacidad de analizar, razonar y comunicar con eficacia al plantear, interpretar y resolver problemas en una amplia variedad de situaciones”41 Los resultados de PISA 2009 señalan que tampoco existen oportunidades escolares suficientes para los jóvenes de 15 a 16 años y que muchos de éstos se encuentran en situación de pobreza. 41

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Información sobre México en PISA 2009, México 2010, p. 1.

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Distintos estudios muestran que a mayor escolaridad y mejor educación, existe una calidad de vida más alta para la población. La calidad de vida tiene que ver no sólo con un mayor ingreso económico sino con una formación ética, la participación política, los valores civiles, la democracia y el respeto a los derechos humanos, por citar algunos ejemplos. En el caso de las poblaciones juveniles, se observa que “a mayor nivel educativo alcanzado menor probabilidad de que un joven se encuentre en inactividad tanto económica como escolar”.42 Es decir, hay menos probabilidad de que se ubique en ese término que se ha puesto de moda pero que pudiera ser ofensivo, el de “nini”, es decir, joven que ni estudia ni trabaja. La educación media superior cuenta con dos opciones: el bachillerato (general o tecnológico), pudiéndose entonces optar por la educación superior; o el servicio de profesional técnico, más encaminado a insertarse en el mercado laboral de manera inmediata. Este nivel se cursa en un periodo de dos o tres años, dependiendo del plan de estudios, y comprende a jóvenes entre 15 y 17 años. La educación superior se imparte a jóvenes de 18 años en adelante, mediante modalidades como: Institutos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas, Universidades Politécnicas, Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas Estatales, Universidades Interculturales y Educación Normal Superior. Cada una de ellas cuenta con sus propios programas de licenciatura y posgrado (Maestría y Doctorado).43 En México hay 107.6 millones de habitantes (datos de 2009). De éstos 27.2 por ciento son jóvenes y del total de jóvenes en nuestro país 35.9 por ciento tienen de 15 a 19 años de edad; 33.3 por ciento 20 a 24 años y; 30.8 por ciento 25 a 29 años.44 De los jóvenes de 15 a 17 años, el 65.8 por ciento estudia y el 18 por ciento sólo trabaja. En el rango de edad de 18 a 29 años, el 19 por ciento estudia y 55.8 por ciento sólo trabaja. Conforme aumenta la edad también se incrementa la tendencia a ingresar al mercado laboral y abandonar los 42

Robles Vázquez Héctor, (coordinador), Panorama Educativo de México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Primera Edición, México 2008, p. 63. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Panorama Educativo de México. México D.F., 2008. pág. 33 “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, Datos Nacionales”, INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, D.F., 12 de Agosto de 2009, pág. 1 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2009/ juventud09.asp?s=inegi&c=2736&ep=19

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estudios. El 24 por ciento de los jóvenes no estudian ni trabajan. El 60. 4 por ciento de los jóvenes de 15 a 17 años que se dedican exclusivamente a estudiar son mujeres mientras esta cifra baja en los hombres al 52.7 por ciento.45 Las juventudes son un grupo de población sumamente discriminado en le acceso, goce y ejercicio de su derecho a la educación. La falta de recursos económicos es un factor que incide de manera importante en la posibilidad de estudiar ya que generalmente los jóvenes de los estratos socioeconómicos más bajos, son los que truncan sus estudios. Cerca de10 millones de jóvenes en edad de asistir al bachillerato y a la universidad, no lo hacen por falta de recursos económicos. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), de la SEP, 4.9 por ciento de los jóvenes entre 19 y 23 años pertenecientes al sector más pobre, asisten a una institución de educación superior, en tanto 58 por ciento de quienes se ubican entre los grupos con ingresos altos, acude al nivel profesional. La SES informó que en 2009 egresaron 430 mil jóvenes, de los cuales más de 60 mil, están sin empleo (14 por ciento).46 En el nivel medio superior hay 900 mil egresados al año, de los cuales sólo 50 por ciento continúan con sus estudios a nivel superior. El 25 por ciento no estudian ni trabajan y 25 por ciento ingresan al mercado laboral. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que sólo el 27. 6 por ciento de los jóvenes en edad de estudiar el nivel superior lo hacen. El 30 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), es joven y de ésta, 60 por ciento está desempleada. 4. Incidencia de las organizaciones civiles en el derecho a la educación Las organizaciones y la lucha por el reconocimiento e inclusión de la educación sexual Toda persona tiene derecho a una educación integral y de calidad. Para ello, y respondiendo a las necesidades, realidades y peligros que viven las 45 46

Robles Vázquez Héctor, Op. Cit., p. 63. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe sobre la situación de los Derechos de las juventudes en México y el distrito Federal 2011.

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niñas, niños y jóvenes que cursan la educación básica en el país, contar con educación sexual y reproductiva basada en criterios científicos y libre de cargas morales, es indispensable. De acuerdo con el artículo tercero constitucional, la educación básica en México es laica, sin embargo, existe cierta tendencia por parte de algunos servidores públicos a limitar o impedir la impartición de la educación sexual en la enseñanza pública. Ya en el 2006 hubo un importante debate sobre la temática cuando algunas autoridades y asociaciones de padres de familia (de corte conservador), se opusieron a la utilización de los libros de texto gratuito de la materia de Ciencias para el primer año de secundaria, por considerar que eran demasiado explícitos. Diversos especialistas en materia educativa y la Secretaría de Salud señalaron que los contenidos eran adecuados y basados en información científica. A pesar de que la información sexual es sumamente necesaria en nuestro país, aún es deficiente y no ha logrado los resultados necesarios para, por ejemplo, disminuir la incidencia de embarazos entre mujeres adolescentes y que en México, de acuerdo a cifras del año 2000, causaron 180 muertes maternas. Cabe destacar que el Comité sobre los Derechos de la infancia de la Organización de las Naciones Unidas emitió la recomendación 51 para México para mejorar la educación sexual con miras a reducir la incidencia de los embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes. En Estados como Guanajuato, Baja California y Querétaro los libros no fueron entregados. La Unión Nacional de Padres de Familia, agrupación conformada por algunas escuelas particulares y que representa sólo a dos de cada 100 padres, fue uno de los grupos que más se opusieron. La Unión afirmaba que los textos fomentan la promiscuidad entre las y los jóvenes y los incitaba a tener relaciones sexuales a edades tempranas. En contraste la Federación Nacional de Padres de Familia, (que cuenta con 20 millones de padres de familia) se manifestó a favor de que sus hijos reciban información sexual en sus escuelas y señalaron que las autoridades escolares no pueden tomar decisiones con base en las creencias religiosas de un grupo. Por su parte diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Red por los Derechos de la Infancia, Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Democracia y Sexualidad, se dieron a la tarea de desmentir los señalamientos de los grupos conservadores y de demostrar que el contenido de los libros de texto cumple con un proceso de investigación científica en 70

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el que participaron expertos en la materia y que impedir la distribución de dichos libros en uno o varios estados representaba una violación a nuestra Constitución y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes pues se les impediría, ejercer su derecho a la información, a la protección de su salud y a una educación integral.47 También se incumplía con compromisos internacionales ante la Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por México en 1990. Los especialistas en salud sexual señalan que la ciencia ha comprobado que hablar a los jóvenes sobre el tema, no los induce a iniciarse en la actividad sexual y que los programas y textos educativos que se impartirá en primero de secundaria tienen información indispensable, aunque todavía insuficiente, para informar a los menores sobre el ejercicio de una sexualidad plena. Estos contenidos en materia de educación sexual no eran nuevos pues ya estaban incluidos desde 1999 lo único que cambió fue su ubicación en los programas de estudio. Para la SEP los libros son congruentes con acuerdos internacionales que fomentan un programa de estudios integral y ha reiterado que los libros no serán retirados. Por su parte la Secretaría de Salud estuvo a favor de la educación sexual ya que la consideró útil no sólo para la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados, que representan un grave problema de salud pública, sino también para generar valores de respeto entre las personas.48 5. Incidencia de la sociedad civil en la impartición de la educación en derechos humanos Debido a que la educación en derechos humanos aún no es incluida en los planes y programas de estudio oficiales de la educación básica del país y a que existen muy pocos diseños curriculares en la educación media y educación superior que contengan materias sobre derechos humanos, muchas organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de llenar estos vacíos y realizar tareas de educación en derechos humanos mediante 47

Preocupa a defensores de derechos sexuales repudio a textos, La Jornada, 18 de agosto 2006. “La educación sexual es una inversión a futuro, considera Julio Frenk Mora”, La Jornada, 25 de agosto de 2006.

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distintas modalidades como talleres, seminarios, diplomados o cursos de capacitación. Son muchas las organizaciones preocupadas por proveer de educación en derechos humanos, entre éstas podemos mencionar, por ser aquellas con las que el Centro Vitoria tienen más trabajo conjunto a: la Academia Mexicana de Derechos Humanos A.CC., Deca Equipo Pueblo A.C., La Comisión mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos A.C., el Centro de derechos Humanos “miguel Agustín Pro Juárez”, Mujer y Medio Ambiente, la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Red de Organismos Civiles de derechos Humanos “todos los Derechos para Todas y todos”, el Comité Cerezo, Católicas por el Derechos a Decidir, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Comité Ajusco de Derechos Humanos entre otros. Es claro para estas OSC que la educación es una puerta para que las personas conozcan de sus derechos humanos, los ejerzan, los respeten y los exijan. Pero también es necesario que los funcionarios públicos apoyen estos esfuerzos educativos, los apoyen no sólo económicamente sino mediante apoyos como su reconocimiento, difusión, facilitación de espacios o de infraestructura para su realización etcétera. La sinergia entre sociedad civil, académicos y servidores públicos puede multiplicar los esfuerzos que se realizan para ampliar la educación en derechos humanos. La formación de defensoras y defensores, promotoras y promotores de derechos humanos y de otras agendas que son transversales para el tema como género, no discriminación, es indispensable en países como México, precisamente por la ausencia o insuficiencia de la educación en derechos humanos. En ese sentido, organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. cuentan por ejemplo, con la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos. Las y los jóvenes son un sector de la población dinámico y participativo que interactúa en distintos espacios de la sociedad. Consideramos también que hoy en México son un grupo de población cada vez más discriminado que requiere atención y espacios en donde se les pueda brindar una formación basada en información, y actividades de sensibilización en materia de derechos humanos, tomando como ejes transversales la perspectiva de género y la no discriminación. Durante nueve años de implementación de la Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos, han concluido su capacitación a más de 250 participantes. La escuela provee de un espacio donde las y los jóvenes pueden participar activamente y 72

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canalizar su energía y dinamismo hacia actividades recreativas, culturales, educativas, deportivas, políticas, organizativas, etcétera. Nos enfocamos a la población juvenil ya que l vivir en una etapa de búsqueda y construcción de su identidad, las y los jóvenes están en constante movilidad, cambio y confrontación. Esta situación es motivo de discriminación, ya que entre otras cosas se les considera no aptos para el ejercicio de derechos hasta que sean adultos. La Visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación y el papel de las organizaciones civiles. El Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, Dr. Vernor Muñoz Villalobos, realizó una visita oficial a México entre el 8 y el 18 de febrero de 2010. Visitó las ciudades de México D.F., Tapachula, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California. Asimismo sostuvo reuniones el Secretario de Educación, Alonso Lujambio así como por el Gobernador de Nuevo León, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y autoridades del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y otras autoridades nacionales, estatales y municipales. También se reunión con más de 1,000 personas de la sociedad civil, incluyendo a líderes y lideresas indígenas, maestros y maestras, estudiantes, padres y madres de familia, organizaciones magisteriales y representantes de las agencias del Sistema de las Naciones Unidas en México. El Relator Especial tuvo la oportunidad de visitar escuelas de educación básica y media superior, así como universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Colegio de México y la Universidad Intercultural de San Cristóbal de la Casas. Un conjunto de organizaciones que trabajamos en materia del derecho a la educación, desde distintos enfoques y estrategias, al conocer de la fechas en que podríamos tener un intercambio de ideas con el Sr. Vernor Muñoz, nos dimos a la tarea de preparar distintos documentos que le sirvieran como 73

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fuente de información que complementara la que el gobierno federal o las autoridades estatales pudieran brindarle. En este proceso es necesario reconocer que la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y su Presidente, la Dra. Gloria Ramírez, junto con su equipo de trabajo, realizaron una intensa labor de articulación de los aportes que las organizaciones elaboramos. Así, con poco tiempo pero con mucha voluntad, varias organizaciones, académicos, instituciones académicas y especialistas en educación elaboramos un “Informe alternativo de organizaciones civiles e instituciones académicas sobre la situación del derecho a la educación en México. En ocasión de la Visita del Dr Vernor Muñoz, Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas, México, febrero 2010”. Este documento, como ya se mencionó, fue coordinado de manera general por la Dra. Gloria Ramírez y de manera interinstitucional por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Observatorio Ciudadano de la Educación y Red de Profesores e Investigadores en Derechos Humanos de México. Se presentó al Relator en su primera versión el 18 de febrero, a la opinión pública nacional el 10 de marzo y en versión definitiva el 05 de abril 2010.49 Vale la pena mencionar a las instituciones que realizaron aportes a este informe ya que si se revisa detenimiento, encontraremos tanto a organizaciones civiles, como a instituciones académicas en donde se ubican especialistas en materia de educación y en la educación como un derecho humano de varias partes del país: Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México; Academia Mexicana de Derechos Humanos, A. C. (AMDH); Observatorio Ciudadano de la Educación A.C. (OCE); Red de Profesores e Investigadores en Derechos Humanos de México; Seminario de Formación Docente en Derechos Humanos de la Universidad de Occidente; Seminario Permanente de Derechos Humanos, Educación contra la Violencia: Análisis y Resolución de Conflictos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Veles Pliego”; Seminario de Bioética, Derechos Humanos y Derecho a la Salud (BUAP); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O. P.” A. C.; DECA Equipo 49

Entrevista realizada en noviembre de 2011 a la Mtra. Ana Luisa Nerio Monroy, Coordinadora General del centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. sobre su experiencia y participación en el Informe Alternativo sobre el Derecho a la Educación y las reuniones sostenidas con el Relator Especial de las naciones unidas sobre el Derecho a la Educación en febrero de 2010.

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Pueblo A.C.; Seminario de Derechos Emergentes y Nuevas Tecnologías de la ESIME Culhuacán; Seminario de Formación Docente en Derechos Humanos de los CETIS del D.F.; Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad; Autónoma de Nuevo León (UANL); Seminario Permanente de Derechos Humanos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Instituto; Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC); Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG-UNAM); Universidad Panamericana; Servicios de Desarrollo Social y Educativo, Tacuba A. C. (DESCOC); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C.; El Barzón. Movimiento Jurídico Nacional; Tribuna Israelita; Plataforma Nacional de Juventud, proyecto 15-35; Centro de Derechos Humanos Vitoria Diez A. C.; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM); Fundación Diego Lucero A. C.; Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.; Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM); Red Espacio DESC-capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos; Democracia y Desarrollo (PIDHDD): Observatorio Ciudadano para la Acción sobre el Derecho a la Salud (OBCIUDES); Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). El 10 de marzo de 2011 integrantes de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas presentaron el informe alternativo ya citado con el cual dieron a conocer sus preocupaciones la falta medidas adecuadas para cumplir con las obligaciones del Estado en la materia. Con la idea de señalar los focos rojos que existen en materia de educación las organizaciones señalaron que, entre 2000 y 2008, el gobierno ha recibido 166 recomendaciones de diversos mecanismos internacionales sobre el tema de la educación, de las cuales 83 corresponden a la Secretaría de Educación Pública, 13 al derecho humano a la educación en el país, y 10 a la educación en derechos humanos, por mencionar algunos, de las cuales se desconoce el seguimiento y no hay una política para darles cumplimiento. También indicaron que la educación en México no es todavía un derecho en la práctica exigible por los ciudadanos, pese a las múltiples violaciones que sufre. Se le viola cuando se pierden días de clases por los paros magisteriales; cuando se vulnera la gratuidad de la educación, al cobrar en las escuelas públicas cuotas “voluntarias”; cuando no se ofrece una educación de calidad por par75

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te del Estado; o cuando en muchas comunidades indígenas los maestros ignoran la lengua y la cultura de la comunidad. La falta de educación sexual y educación en derechos humanos son otras de las lagunas señaladas en el informe. El informe subraya la urgencia de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no influya o se entrometa en el diseño delas políticas educativas. Se denuncia el fracaso de las reformas educativas, como la Reforma Integral de Educación Secundaria, y los retrasos considerables en la universalización de la educación preescolar. El documento señala que más de 1 millón 400 mil niños y niñas no tienen acceso a la educación, y que de cada 10 niños que ingresan a la escuela primaria, sólo cuatro cursan educación superior, dos logran titularse y sólo uno cursa el posgrado. Hay, además, 6 millones de adultos analfabetas. A través del documento se señala también la disparidad en el ejercicio del derecho a la educación, cuando se habla de algunos sectores que se ven discriminados, como las mujeres indígenas mayores de 65 años o poco más de 2 millones de niños con algún tipo de discapacidad, de los que el sistema educativo sólo atiende a 400 mil. Ante tal panorama, el documento recomienda al Estado mexicano que se eleve a rango constitucional el derecho a la educación en derechos humanos; que los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal revisen sus políticas y programas con el enfoque del derecho humano a la educación y de la educación en derechos humanos. Asimismo, que se revisen el artículo 3 de la Constitución, la Ley General de la Educación y las leyes estatales de Educación desde estas perspectivas. Recomienda igualmente aplicar los principios del derecho internacional como normas complementarias del derecho interno a la educación, y la creación de un ombudsman de la educación. Menciona, además, la necesidad de que el SNTE se deslinde del diseño y desarrollo de las políticas públicas en materia de educación y de los lineamientos del sistema educativo. Las organizaciones de la sociedad civil autoras del informe alternativo recomiendan también que México ratifique la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de Enseñanza (1960) y su protocolo de 1962; que se garantice la efectiva aplicación y cumplimiento de las 83 recomendaciones que se han extendido al Estado mexicano en materia educativa, y otorgar un presupuesto digno y suficiente a la educación en los tres niveles de gobierno, a resguardo de los cambios y las variaciones en las finanzas públicas. 76

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Este informe se difundió de manera amplia mediante presentaciones a medios de comunicación y en distintos foros de organizaciones civiles y eventos académicos. Además se le dio amplia difusión por medio de las redes sociales entre la población en general. Consideramos que este informe y las reuniones sostenidas con el Relator le brindaron un panorama más amplio de la situación del derecho a la educación en México y le permitieron elaborar un informe final, presentado a principios de este 2011 con una visión más completa y más equilibrada de lo que acontece en México. Sobre su visita a México y a partir de la información obtenida de su trabajo de investigación y de los documentos, informes, investigaciones y reuniones sostenidas con organizaciones civiles e instituciones académicas el Relator concluyó:50 • México enfrenta dos grandes retos en materia de educación: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad educativa para todos los niveles y grupos de la población. • Existen grandes asimetrías estructurales propias de toda la región latinoamericana, como las desigualdades entre las zonas rurales y las urbanas, entre los estados de la federación, entre las escuelas públicas y las privadas y entre los grupos de la población. • En el país existen casi siete millones de personas analfabetas (la mayoría jóvenes y adultos/as mujeres indígenas habitantes de las zonas rurales, entre las cuáles el nivel de analfabetismo llega hasta el 50 por ciento de la población en algunas comunidades) y un número inestimable de analfabetismo funcional, cuya situación ha motivado importantes esfuerzos del Gobierno, que sin embargo todavía resultan insuficientes. • Es necesario resaltar que no obstante los esfuerzos realizados por alcanzar el acceso universal a la educación, se estima que aproximadamente 1.4 millones de niñas y niños en México no están en la escuela.

Véase Conclusiones del Relator especial sobre el derecho a la educación sobre su visita a México. Comunicado de prensa. Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, 22 de febrero de 2010.

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• El caso de la educación de personas adultas resulta preocupante, pues según las estadísticas oficiales al menos 34 millones de personas mayores de 15 años de edad se encuentran con rezago educativo, de las cuales el INEA atiende sólo a 2.4 millones de personas, mientras que del 1.5 millones de personas indígenas en condición de analfabetismo y rezago, se atiende a sólo 66 mil. Es importante que se fortalezca la institución encargada de la educación para las personas adultas, pues no obstante el número de población que tiene que atender el subsistema apenas recibe un 0.86 por ciento del presupuesto de la SEP y está en manos de “asesores solidarios” (100 mil personas) que trabajan con mucho entusiasmo a tiempo parcial sin contar con formación pedagógica superior. • Más que contentarse con los estándares de matriculación en la escuela primaria, el Estado debe ocuparse con determinación de garantizar la trayectoria exitosa a lo largo de todo el proceso educativo de las personas (de cada 100 que ingresan en primaria sólo 17 entran en la universidad y sólo 2 ó 3 en posgrado). • El Relator Especial considera que la conclusión preliminar después de realizar esta misión, es que la exclusión de las oportunidades educativas en México, tiene destinatarios muy precisos (las poblaciones marginadas) y, como observación general, cree que estas exclusiones se pueden resumir en una frase: las poblaciones pobres reciben una educación pobre. • Se debe recordar que 8 de 10 indígenas no cuentan con educación básica. A pesar de que el país ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, la eficacia del subsistema queda por debajo de los estándares. Aunque se han desarrollado experiencias positivas, en general, sigue existiendo un presupuesto muy limitado para cubrir las necesidades, el modelo educativo se torna insuficiente para el rescate y la potenciación de las culturas y las lenguas indígenas, falta capacitación docente y es común que los maestros y maestras no conozcan las lenguas de los estudiantes a quienes educan. • Se estima que existen 3.1 millones de jornaleras y jornaleros agrícolas en el país y al menos 1 millón de niños, que dadas las características del trabajo de sus padres y madres, encuentran serios obstáculos para 78

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continuar el sistema educativo. Para tener idea de la dimensión del problema, hay que decir que el 70 por ciento del rezago educativo lo aportan las familias jornaleras. • En cuanto a la inclusión de niñas y niños con discapacidad en el sistema educativo, el Relator Especial se ha percatado de que existen dos estrategias que no terminan de armonizarse; una integradora y otra de educación especial. También nota grandes disparidades entre entidades federativas. Para avanzar más decididamente, es necesario traducir los compromisos establecidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en normas locales, incorporar maestros y maestras con discapacidad en el servicio educativo regular y desarrollar una estadística confiable sobre inclusión educativa, que permita desarrollar políticas públicas eficaces. • Las asimetrías sociales no se pueden resolver de manera incidental ni se puede pretender que los programas de compensación y los subsidios resuelvan un problema estructural, que tiene que ver con la falta de una política pública articulada, sistémica, que no cambie cada seis años y que atienda los problemas de discriminación y exclusión social de aquellas poblaciones y personas que han sido históricamente excluidas y que siguen siendo las mismas: las poblaciones indígenas, los pobladores de zonas rurales, las familias de jornaleros y las personas con discapacidad. • El Relator Especial considera fundamental que se fortalezcan los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación. En particular, llama a la CNDH a que desarrolle programas urgentes, consistentes y sistemáticos en defensa del derecho a la educación. • La calidad educativa debe verse como un componente esencial del derecho a la educación: está intrínsecamente relacionado con la oferta educativa, el acceso y la inversión. Debe estar contenida en las políticas públicas y es responsabilidad primaria del Estado Federal y de las entidades federativas. • El principal problema que a juicio del Relator Especial enfrentan las autoridades educativas para ofrecer una educación de calidad, es que 79

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la oferta escolar no atiende a las desigualdades sociales que en primer lugar perjudican a las poblaciones marginadas, ni introduce acciones estructurales que atiendan con mayor eficiencia sus necesidades, ni tampoco invierte recursos suficientes para su atención. • La denominada “Alianza por la calidad de la educación” ha sido objetada por diversos sectores de la población y en varias entidades. Las objeciones se han centrado en que la Alianza no es resultado de una discusión abierta ni de un proceso de participación social amplio. También se ha objetado que no responde a la diversidad ni a la necesidad de que las oportunidades educativas respondan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos. • México actualmente participa en muchas pruebas estandarizadas (PISA, ENLACE, EXCALE). Además, el Gobierno Federal y las entidades han avanzado en la construcción de sistemas de indicadores. Aunque estas pruebas pueden ser útiles, al ser estandarizadas no necesariamente atienden la diversidad, la variedad de expresiones sociales y culturales ni consideran la multiplicidad de matices comunitarios. Los resultados de estas pruebas no reflejan que el problema radica en sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de políticas públicas consistentes. • Finalmente, el Relator Especial constata que el sistema educativo revela una profunda complejidad en distintos ámbitos, caracterizada por la combinación de las obligaciones federales y estatales, el proceso de descentralización y principalmente por la simbiosis atípica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con la Secretaría de Educación. Esta simbiosis tendría una explicación histórica, pero desde el punto de vista de las obligaciones en torno al derecho a la educación, hay que recalcar que el actor frente al cual se exige el goce efectivo del derecho es el Estado, por medio de la Secretaría de Educación, motivo por el cual la mixtura Sindicato-Secretaría, revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, que agrega una gran complejidad al panorama educativo.

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6. Conclusiones: En materia del derecho a la educación la incidencia de las organizaciones civiles ha sido de gran relevancia para demandar al Estado el respeto al espíritu del artículo tercero constitucional que prescribe una educación pública laica y gratuita. En ese sentido los aportes, desde una discusión inteligente y basada en información científica y libre de ideologías o cargas morales, que han dado muchas organizaciones civiles para defender y sostener la importancia de la inclusión de la educación sexual en los contenidos de los libros de texto de secundaria ha sido fundamental para poder defender el derecho a una educación integral y que fomente el desarrollo humano de las personas. En el caso de la educación en derechos humanos, hasta el día de hoy, a pesar de los esfuerzos que existen para lograr un programa nacional de educación en derechos humanos o que éstos sean parte de los contenidos curriculares de toda la educación que imparte el Estado, no se ha concretado aún. La realidad es que gracias a las organizaciones civiles, algunos organismos autónomos de derechos humanos, y al sector académico, se han logrado proyectos educativos que promueven la cultura de los derechos humanos. En ese sentido, consideramos que La Escuela de Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos de este Centro, es un ejemplo pues es un proyecto que se ha realizado de manera ininterrumpida desde el 2003 y que cuenta con poco más de 250 egresados. Es además un ejemplo de incidencia exitosa ya que muchos de los promotores y promotoras se encuentran ahora participando en organizaciones civiles de derechos humanos, colectivos e instituciones públicas y académicas, desde donde promueven la educación y la formación en derechos humanos. La exitosa articulación de más de 30 organizaciones civiles, instituciones académicas, redes de investigadores y especialistas para la elaboración de un Informe Alternativo que sirviera como insumo para la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, ejemplifica la amplia gama de experiencias y de preocupaciones que existen en torno a este derecho. Asimismo resalta que para un amplio sector de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía, la educación es un derecho prioritario que debe tener la importancia y la atención necesaria y adecuada por parte del Estado. 81

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El derecho a la educación es un excelente ejemplo de un derecho en donde las agendas, preocupaciones y disposición para que organizaciones civiles y el sector académico trabajen por un fin común, de manera organizada, articulada, y complementaria.

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xico, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2008, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Primera Edición, México 2008, p. 63. • Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Panorama Educativo de México. México D.F., 2008. pág. 33 • Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México “Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, Datos Nacionales”, INEGI, D.F., 12 de Agosto de 2009, http://www.inegi.org.mx/inegi/ contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2009/juventud09. asp?s=inegi&c=2736&ep=19. Hemerografía • Avilés Karina, “Los docentes de preescolar deberán reacreditar estudios”, La Jornada, Sección Sociedad y Justicia, 5 de julio de 2005, p. 40. • Preocupa a defensores de derechos sexuales repudio a textos, La Jornada, 18 de agosto 2006. • “La educación sexual es una inversión a futuro, considera Julio Frenk Mora”, La Jornada, 25 de agosto de 2006.Fundación Este País, “El regreso de la Escuela pública” Revista Este País, número 228, abril de 2010. P.9. • Observatorio Ciudadano de la Educación, “El Derecho a la educación en México. Situación y perspectivas, Revista Este país, agosto de 2010, p.29. • La Jornada, enero a noviembre 2011. • El Financiero, enero a noviembre de 2011. • Reforma, enero a julio de 2011. • El Universal agosto a noviembre 2011. Internet • Observatorio Ciudadano de la Educación http://www.observatorio.org/ opinion/LeyIngresosPresupuestoEgresos.html • Secretaría de Educación Pública (SEP), www.sep.gob.mx Entrevistas • Entrevista realizada en noviembre de 2011 a la Mtra. Ana Luisa Nerio Monroy, Coordinadora General del centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. sobre su experiencia y participación en el Informe Alternativo sobre el Derecho a la Educación y las reuniones 84

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sostenidas con el Relator Especial de las naciones unidas sobre el Derecho a la Educación en febrero de 2010. • Entrevista a Clara Meyra, Educadora del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. sobre el proceso de educación y formación en derechos humanos: Escuela para Promotoras y Promotores Juveniles de Derechos Humanos.

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LOS DERECHOS LABORALES Introducción Un trabajo libremente elegido permite acceder a otros derechos cuyo cumplimiento se encamina a tener una vida adecuada. El trabajo es un elemento fundamental para la vida, un derecho humano. Las y los trabajadores son sujetos de un conjunto de derechos laborales que plantean lo mínimo indispensable para satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. El derecho al trabajo fue uno de los primeros derechos económicos, sociales, y culturales en establecerse en alguna normatividad. Su reconocimiento es anterior a la creación y aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aún así, pese al constante desarrollo de su contenido, al trabajo se le concibe como un elemento fundamental de la productividad. Eso significa que al empleo se le asigna el rol de reproducir el capital y aumentar la producción. Las condiciones para ejercer el derecho al trabajo son determinadas, principalmente, por la política económica. Este esquema plantea una brecha entre, por un lado, el cumplimiento y garantía estatal de los derechos laborales y por el otro, el desarrollo del sistema económico de producción. Por el contrario, la crisis económica ha violentado la garantía y el ejercicio de los derechos laborales. En este contexto, este capítulo aborda los avances y retrocesos en el cumplimiento del derecho al trabajo tomando en cuenta el marco normativo de protección, nacional e internacional, y hace énfasis en las herramientas de exigibilidad del derecho. 1. Marco Jurídico Marco Jurídico Internacional El derecho al trabajo es uno de los derechos económicos y sociales de mayor elaboración en cuanto a contenido normativo. Son varios los instrumentos que lo reconocen: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 86

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el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo de San Salvador; así como diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El PIDESC señala en su artículo 6 y 7 que toda persona tiene derecho a ganarse la vida mediante un trabajo, lo cual genera la responsabilidad para el Estado de garantizarlo no sólo en términos sociales sino políticos y económicos; en su artículo 8 aborda las cuestiones relativas a los sindicatos. Por su parte, el Protocolo de San Salvador reconoce los derechos laborales tanto en su dimensión colectiva como individual. No obstante, el Protocolo no fue lo suficientemente claro respecto a las medidas que los Estados debían tomar para cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger, promover, proporcionar y facilitar. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desarrolló la Observación General número 18 adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC). El documento es relevante porque precisa el contenido mínimo a considerar para garantizar los derechos laborales y establece los criterios para ello: disponibilidad; accesibilidad sin discriminación, física y de información; aceptabilidad y calidad. En suma, aporta herramientas para crear legislación y políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho al empleo para todos y todas, a erradicar la discriminación laboral y la desigualdad, poniendo especial atención a los diversos grupos en situación de pobreza. Si bien es comúnmente aceptado que la responsabilidad de garantizar los derechos humanos es del Estado, a la vez que se reconoce que quién los viola es únicamente este actor; la agudización del fenómeno de globalización ha orillado a plantear en discusiones recientes que la responsabilidad puede ser adjudicada a terceros actores que desempeñan un papel preponderante en la generación y protección al empleo tanto en territorio nacional como fuera de sus fronteras. La Observación General 18, entre otros instrumentos, señala que las empresas privadas deben actuar de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. La Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó, en 2003, las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y 87

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otras Empresas Comerciales de Promover y Proteger los Derechos Humanos. En el documento se señala que queda prohibido que las empresas recurran al trabajo forzoso u obligatorio; las insta a respetar los derechos de los y las niñas, a proporcionar un entorno seguro a sus trabajadores, a pagar una remuneración suficiente para tener una vida adecuada para la persona empleada y para sus familias y a garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva.51 Además de los instrumentos derivados de la ONU, los derechos laborales también están reconocidos en los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Dicha organización promueve la categoría de Trabajo Decente a través de una agenda que promueve entre jefes de Estado y gobierno tendiente a fomentar empleos con dignidad, estructurados en cinco pilares considerados estratégicos: 1. Oportunidades de empleo productivo 2. Empleo en condiciones de libertad 3. Empleo en condiciones de equidad 4. Empleo en condiciones de seguridad 5. Empleo en condiciones de dignidad 52 De acuerdo con datos de la misma organización, México ha ratificado 36 convenios en el marco de esta organización internacional y 45 están clasificados con posibilidad de ratificación.53 Entre los temas a los que México no se ha suscrito se encuentran: 3 convenios sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, convenio 138 sobre la edad mínima, convenio 122 sobre la política del empleo, ocho convenios sobre seguridad y salud en el trabajo (entre éstos, 51

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; “Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales de Promover y Proteger los Derechos Humanos”. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [En línea] Web: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca. nsf/0/a389702baa023990c1256d59004814a4?Opendocument Si se desea conocer con mayor profundidad el marco normativo internacional de los derechos humanos laborales consulte: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2008-2009. CDHFV. Con el apoyo de Fundación MacArthur, México, 2009, 159 pp. OIT; México. Estado de las ratificaciones de los convenios actualizados. [Consulta en línea]OIT. Disponible en web: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifgroups. pl?class=g03&country=M%E9xico [Consulta: 24 de octubre de 2011]

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el Convenio 176 sobre seguridad y salud en las minas), 5 convenios sobre seguridad social (como el Convenio 168 sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo), el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, los convenios 97 y 143 sobre los trabajadores migrantes; entre otros. Los tratados internacionales resultan complementarios a la legislación nacional o cubren vacíos en los casos en los que no se cuente con fundamentos legales para resolver algún asunto relacionado con los derechos laborales, sobre todo ahora que fue modificado el artículo primero de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos como resultado de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos que equipara a los tratados internacionales con las normas constitucionales y establece la preeminencia del principio pro persona en caso de algún conflicto entre normas.54 México cuenta con una amplia normatividad laboral nacional, no obstante, llama la atención que un gran número de los convenios no ratificados hacen referencia a problemáticas clave de los derechos laborales en el país, trabajo infantil, migrantes, minería, sindicatos, desempleo, seguridad social y promoción del empleo. En el mismo sentido, México tampoco ha ratificado la Convención Iberoamericana de las Juventudes, uno de los grupos más afectados por la crisis de desempleo mundial y sector clave en el desarrollo del país. 1.2 Marco Jurídico Nacional La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el principal texto normativo que reconoce los derechos laborales en los artículos 1, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 103, 107 y 123, algunos de manera directa y otros de forma indirecta. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado amplían el contenido de tales derechos, regulan las condiciones mínimas de trabajo y determinan cuál es la responsabilidad concreta de las instituciones y los patrones. Estos instrumentos conforman el marco general de los derechos humanos laborales en México.55 54 55

Para mayores referencias consultar el apartado reforma constitucional y DESCA en el capítulo 1. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Nov. 2003 – Nov. 2004. CDHFV, México, p.186.

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Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo

“¡Reforma Laboral, ya! porque se puede y se debe avanzar más rápidamente en una agenda que armonice competitividad, productividad y trabajo decente para todos.” Javier Lozano Alarcón. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quinto Informe de Labores, septiembre, 2011.

El Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha promovido activamente una reforma laboral que estima necesaria para el avance del desarrollo del país. De tales afirmaciones se desprenden algunos cuestionamientos sobre la compatibilidad de ésta con la garantía de los derechos humanos laborales. Como ya se ha mencionado en informes anteriores, en varias ocasiones se han presentado iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Éstas siempre han sido motivo de debate. El 10 de marzo de 2011 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue quién, esta vez, presentó una iniciativa de reforma a la LFT que pretende modificar 178 artículos. Con el aval del Secretario de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa retoma planteamientos de las propuestas anteriores.56 La iniciativa fue ampliamente criticada y denunciada por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil por representar un retroceso en el cumplimiento de los derechos. • Integra los términos productividad y calidad en el trabajo. Referirse a ellos en el mercado laboral significa aumentar la producción a un me56

Lic. Manuel Fuentes Muñiz; Asociación Nacional de Abogados Democráticos. [Ponen cia] “Regresividad de los Derechos Humanos Laborales: una Mirada a la Iniciativa de Reforma Laboral del PRI desde el Marco de Derechos Humanos”. 24 afectaciones en la Iniciativa de Reforma Laboral del PRI en contra de los trabajadores. 7 de abril 2011, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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nor costo, es decir, promoviendo la mano de obra barata y violentando el derecho a un salario digno. • Las modificaciones propuestas tienden a la flexibilización de las condiciones laborales, por los siguientes motivos: • Legaliza el régimen de subcontratación o outsourcing: Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario los patrones que utilicen en sus empresas los servicios de trabajadores proporcionados por un intermediario serán responsables solidarios en las obligaciones contraídas con ellos. El patrón que contrate personal por medio de un intermediario, verificará que se trate de una persona física o moral legalmente constituida y en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Artículo 15 Bis. Trabajo en régimen de subcontratación es aquel realizado por un trabajador para un patrón, denominado subcontratista, cuando éste en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta o riesgo y con trabajadores bajo su dirección, para una tercera persona denominada beneficiario, ya sea en el mismo lugar donde físicamente tiene sus actividades el beneficiario o en lugar distinto.57 Modifica las relaciones de trabajo al establecer periodos de prueba, contratación por temporada y de capacitación inicial (Art. 35), flexibilizando el cumplimiento de los derechos laborales por parte de los patrones.

“Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de Tereso Medina Ramírez, Francisco Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, Isaías González Cuevas y otros 234 diputados del Grupo Parlamentario del PRI”; Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3218-II, jueves 10 de marzo de 2011. Disponible en página web: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110310-II.html#Iniciativa5

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Establece que no será obligatorio para el patrón entregar personalmente el aviso de recisión al trabajador (a), lo cual deja en la indefensión a las y los trabajadores. En el caso específico de las trabajadoras domésticas, se cancela la obligación del patrón de darles un aviso de despido, lo cual, además de violar su derecho a la estabilidad en el empleo resulta discriminatorio. • Se reduce el pago de salarios vencidos a máximo un año en caso de diferendo con el patrón, sobre todo en los casos de despidos injustificados. • Permite el pago del tiempo trabajado por hora poniendo en riesgo el salario mínimo. • Se cancela la creación de sindicatos gremiales vulnerando así los derechos colectivos. La aprobación de esta reforma además de ser un retroceso en el cumplimiento de los derechos laborales dejaría sin efecto años de lucha y conquistas sociales. No se debe olvidar que una de las características de los derechos es la progresividad, es decir, los Estados tienen la obligación de avanzar en su garantía, ya sea en términos de presupuesto, planeación y evaluación de políticas públicas o legislación. Sin embargo, se puede dar el caso de que una legislación que está por debajo de la constitución resulte violatoria de derechos y no sólo es inconstitucional sino va en contra de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales. En contraste, el 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reformas Constitucional en Derechos Humanos mediante la cual se modificaron diversos artículos, entre ellos el artículo 102 B sobre los Organismos Públicos de Derechos Humanos. Se ampliaron sus facultades posibilitando que puedan recibir quejas por violaciones a los derechos laborales. Esta disposición está, apenas, bajando a las comisiones estatales quienes estarán planeando su implementación. Asimismo, aquellas autoridades que decidan no aceptar una recomendación tendrán que motivar y fundar sus razones y podrán ser llamadas a comparecer ante el congreso para que ahí expliquen sus motivos. 92

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Por otro lado, en materia de legislación, es importante reconocer el avance del cumplimiento de los derechos de las madres trabajadoras y de las y los niños con la publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, mejor conocida como “Ley 5 de junio”. Ésta es resultado de un esfuerzo ciudadano conformado por el movimiento 5 de junio, Organizaciones de la Sociedad Civil, redes sociales, académicos y legisladores. El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio se conformó por iniciativa de los padres y madres de los y las niñas que fallecieron aquél día de 2009 en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. La estancia, subrogada por el IMSS, no cumplía con los requerimientos mínimos de seguridad y protección. El incendio que provino de una bodega contigua al edificio provocó la muerte de 49 bebes muertos, 25 niñas y 24 niños; y lesiones respiratorias, en corazón y físicas, en más de 70. La Ley 5 de junio contempla, en principio, el enfoque de derechos de la niñez al retomar el “interés superior del niño”58. En los 75 artículos que la componen se establece el derecho de las y los niños a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil y señala que los derechos laborales colectivos e individuales consagrados en el artículo 123 constitucional para las hijas e hijos de las y los trabajadores en materia de guarderías y prestaciones sociales serán respetados en dicha Ley. Entre los aciertos de la ley podemos encontrar el reconocimiento de los derechos de la niñez, los principios de desarrollo físico, emocional, psicosocial, cognitivo, social, educativo o cultural; no discriminación e igualdad de derechos; participación de niñas y niños en todos los asuntos que les atañen y equidad de género; así como la obligación para los prestadores de servicios de contar con un Programa Interno de Protección Civil. 2. Política Pública Las Políticas Públicas son los instrumentos para materializar los derechos, para generar las condiciones para su ejercicio. Detrás de cada una existe un 58

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 24 de octubre 2011.

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problema que se intenta regular y resolver. La Política Pública Laboral del actual sexenio bajo el mandato de Felipe Calderón se ha centrado en abatir el desempleo, sobre todo entre el grupo de las juventudes, apostándole a generarlos a través de la iniciativa privada. Los grandes ejes de la Política Laboral están plasmados en el Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 que enuncia las metas de la política social que rigen la administración actual. Con estas directrices la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) elaboró el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012. El objetivo cuatro de este último documento es el que se refiere a:

Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal: […] Mediante la promoción de las políticas de estado que fomenten la productividad en las relaciones laborales y la competitividad de la economía nacional, a fin de atraer inversiones que generen empleos formales y de calidad, además de incentivar la entrada de jóvenes al mercado laboral formal. Para tal efecto, se coordinarán a nivel nacional todos los programas de impulso al empleo y con ello se facilitará la posibilidad de colocación y cobertura de vacantes, mediante el Servicio Nacional de Empleo (SNE).59

La Política Laboral en México está conformada, básicamente, por el Servicio Nacional de Empleo (SNE) y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) Pese a ser el principal programa de la política laboral en México, el SNE opera únicamente como un programa que facilita la empleabilidad pero que no genera empleos, con excepción del autoempleo en el caso de los proyectos productivos; brinda servicios de orientación e información ocupacional así como asistencia técnica en los gobiernos de las 31 entidades de la República Mexicana y en el Distrito Federal. Son 15 los subprogramas que lo conforman, entre ellos: ferias del empleo, programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá, Bécate y fomento al autoempleo. De la misma forma, El PAE consiste en cinco subprogramas: becas de capacitación para 59

Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012. [En línea] Web: http://www.stps.gob.mx/programa%20sectorial%20STPS.pdf [Consulta: junio de 2010]

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el trabajo (bécate), fomento al autoempleo, compensación a la ocupación temporal, movilidad laboral interna y repatriados trabajando. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México hay 2 millones 481 mil 167 personas desempleadas. Al respecto, el Quinto Informe de Labores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que: • “De septiembre de 2010 a julio de 2011 se han apoyado a 876 mil 155 personas, a través de acciones de ocupación temporal, colocación y preservación en el empleo.”60 De las cuales, 588 mil 723 obtuvieron un empleo durante 2011, es decir, hay un déficit de aproximadamente dos millones de empleos. • “En lo que va de la presente administración, a través de los subprogramas del Programa de Apoyo al Empleo se ocuparon temporalmente, colocaron o preservaron en un empleo más de un millón de personas, 18% superior a lo registrado en igual periodo del sexenio pasado”.61 Pese a que la demanda hacia el Servicio Nacional de Empleo (SNE) disminuyó considerablemente de 2010 a 2011, de más de 4 millones a 2 millones 462 mil 989; las necesidades de un empleo han rebasado lo ofrecido por la Política Pública. Lo que no se menciona en el Informe del Secretaría del Trabajo es la calidad de los empleos en los que las personas son colocadas. En suma, se atiende parcialmente el derecho al empleo pero se desatienden los demás derechos laborales y ello impacta en la salud, ánimo y autoestima del trabajador y trabajadora así como en sus familias. Asimismo, los Servicios de Vinculación Laboral no se han modificado en los últimos años. Mientras la crisis económica ahonda, los servicios que el Estado ofrece a través de la política laboral siguen siendo los mismos; están dirigidos a las empresas, a reducir tiempos y costos de colocación para buscadores de empleo y contratación para las empresas, se reducen a asistencia técnica, a ofrecer un portal de empleo; en fin, satisfacen la funcionalidad del orden económico dejando de lado su obligación de proteger los derechos laborales de las personas frente a terceros actores. 60 61

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quinto Informe de Labores, op. cit. Ídem.

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La Política Laboral atiende pocas de las necesidades laborales de la población. La crisis mundial económica y de empleo, aunada al contexto de violencia creciente en el país, ha rebasado lo que la política pública ofrece. Asimismo, ésta mantiene el paradigma de la producción y calidad, es decir, aumentar la producción a costos cada vez más bajos favoreciendo la concentración del capital en los patrones mientras que la garantía de los derechos laborales queda en segundo término. 3. Situación que guarda el derecho Derecho al Trabajo Art. 7 Protocolo de San Salvador • Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo • Remuneración digna • Derecho a la vocación • Derecho al ascenso y a la promoción • Estabilidad en el empleo

El trabajo es indispensable para la vida. Todas las personas en su vida joven y adulta viven y se desarrollan a través de un trabajo, libremente elegido, que les permite satisfacer otros derechos y vivir con dignidad. Más que una aspiración generalizada es un derecho humano. La Observación General 18 del Comité DESC señala que: “El derecho al trabajo es un derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo. Engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o trabajos dependientes sujetos a un salario. El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a obtener empleo”.62 Su cumplimiento no puede disociarse de la realidad económica del país. Se prevé que el mundo laboral avanza hacia una nueva recesión del empleo y con ella más tensión social. Ello se suma a la ya de por sí existente crisis global del empleo que se ha desarrollado a la par de la transformación de las tecnologías y del sistema económico. Se afirma que todo ello ha altera62

Comité DESC; Observación General 18. Disponible en web: http://www1.umn.edu/ humanrts/gencomm/epcomm18s.html

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do la estructura del mercado de trabajo dejando un saldo de desempleo atroz para las personas y su calidad de vida; acentúa la discriminación, la exclusión y la pobreza. Revertir los impactos de la crisis global de desempleo requiere soluciones globales, reformas estructurales que lleguen a la raíz del problema y transformen el mercado del empleo para así poder ofrecer trabajos decentes; porque, como se ha señalado, tampoco la Política Pública actual está impactando en el cumplimiento del derecho.

Los Derechos Laborales en cifras • 28.1 por ciento de la población trabaja en el sector informal, es decir, 3 de cada 10 carecen de prestaciones, seguridad social y estabilidad en el empleo. • La tasa de desempleo de 5.4 por ciento es la más alta de los últimos 15 años. • En las zonas urbanas la tasa de desempleo asciende a 6.4 por ciento. • El desempleo afecta principalmente a las juventudes, truncando así sus posibilidades de bienestar futuro y sus oportunidades de desarrollo; el saldo es de 19 millones de jóvenes inactivos en América Latina.

3.1. Desempleo Juventud sin Futuro Sin casa Sin pensión Sin miedo MANIFESTACIÓN Cartel presente en una protesta en España

Frente a la crisis económica y a la no generación de empleos, el Estado tiene la obligación de responder con medidas que protejan a la población de las vicisitudes del mercado y que, al menos, garanticen los empleos existentes así como las condiciones mínimas de seguridad y estabilidad para quienes trabajan. El desempleo es la primera violación del derecho al trabajo, es 97

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la imposibilidad de contar con uno, por tanto, tampoco se pueden garantizar el resto de los derechos laborales. La crisis de empleo es global. La OIT señala que nunca antes se observó tal cantidad de personas sin empleo en el mundo. Los titulares de las notas se refieren al tema de manera alarmante y ésta se ha convertido en uno de los principales detonantes de la protesta, indignación y movilización en varios países del mundo, sobre todo en aquellos de alto grado de desarrollo económico, como Estados Unidos de América y España.

Tasa de Desocupación Nacional 2009 2010 II Trimestre 2011 Tasa de Desocupación 5.45 5.40 5.2

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

La tasa de desocupación, en términos generales, se mantuvo en el mismo promedio durante los últimos tres años de crisis económica. Para septiembre de 2011 aumentó a 5.6 por ciento, afectando más a los hombres con un 5.3 por ciento. Sin embargo, la tasa varía de estado a estado. En Aguascalientes, al tercer trimestre de 2011 la tasa registrada fue de 8.17, aumentando dos puntos porcentuales de un trimestre a otro; es el estado con más desempleo en el país. Le siguen Tamaulipas con 7.99 y Chihuahua con 7.7 por ciento. Al respecto, se debe llamar la atención sobre la grave situación de violencia que se vive en estas regiones, ya que ello atraviesa el cumplimiento de todos los derechos sociales, trastoca la cotidianeidad y coloca en riesgo la integridad física y emocional de las personas, factores que se reflejan en los índices de cumplimiento del derecho. Desocupación por Nivel de Instrucción 2009 2010 Primaria Completa 9.4 8.3 Primaria Incompleta 20.8 20.5 Secundaria Completa 37.0 35.6 Medio Superior y Superior 32.6 35.3

2011 8.6 18.6 36.6 36.1

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Promedios del mes de septiembre.

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Aproximadamente 9 de cada 10 personas que no tienen empleo ya cuentan con experiencia laboral, eso muestra que el 11.3 por ciento que no la tiene se enfrenta a un panorama más difícil puesto que, se considera, están en desventaja en el mercado laboral. Generalmente, son las juventudes quienes no tienen experiencia laboral previa porque atraviesan la transición en la que dejan de ser estudiantes para convertirse en trabajadoras y trabajadores. Asimismo, el perfil de personas que se requiere para los empleos obedece a un menor nivel de estudios y capacitación, por un lado. Por el otro, la tercera parte de la población tiene entre 18 y 35 años; son jóvenes que año con año se suman a la búsqueda de un empleo que satisfaga sus necesidades de emancipación, autonomía y desarrollo personal y son ellos quienes más dificultades viven para encontrarlo. Se habla ya de una “generación perdida”.

Los jóvenes y el derecho al trabajo 14. El acceso a un primer trabajo constituye una ocasión para obtener autonomía y, en muchos casos, escapar de la pobreza. Las personas jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, tienen en general grandes dificultades para encontrar un primer empleo. Deben adoptarse y aplicarse políticas nacionales relativas a la educación y formación profesional adecuadas, para promover y apoyar el acceso a oportunidades de empleo de personas jóvenes, en particular mujeres jóvenes.63

También encontramos que conforme aumenta el promedio de estudios de las personas es más difícil encontrar un empleo acorde con su desarrollo. Los empleos que se generan, en su mayoría, requieren un menor nivel de capacitación. Sin embargo, quienes terminan la secundaria y llegan a nivel medio y medio superior, de acuerdo a las cifras, se enfrentan a la misma situación de desempleo. Es decir, los empleos que se han generado en los últimos años no son suficientes para atender la demanda ni las necesidades de la población que se va sumando a la fuerza laboral y al mismo tiempo, el campo laboral, los puestos y sus requerimientos están más alejados del perfil y las competencias de las personas. La dinámica del desempleo y la 63

Íbidem.

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contratación se aleja de uno de los principios del derecho al trabajo, potenciar el desarrollo de las personas, ya que se intenta moldear y adecuar las competencias de las personas a las necesidades del mercado y no al revés. El desarrollo del mercado y la productividad se encuentran en el centro de las políticas públicas, no las personas. 3.2. Calidad del empleo Derecho a un salario digno El reconocimiento de este derecho se refiere a un pago igual por trabajo igual y a una jornada máxima de trabajo de ocho horas. En cambio, en México, desde hace algunos años, la contención salarial ha llevado el supuesto aumento de los salarios a la baja. El salario mínimo es de poco más de 1 mil 700 pesos al mes. Y el porcentaje de la población que trabaja, pero que percibe menos de 3 salarios mínimos, es del 61 por ciento, es decir, sus ingresos al mes no superan los 5 mil pesos. Este es uno de los reflejos de que la desigualdad y la pobreza continúan en aumento. Disminuyó el número de personas cuyos ingresos ascienden a más de cinco salarios mínimos, mientras que el grupo que más creció fue el de trabajadores que reciben más de un salario mínimo y hasta dos.64 El promedio del salario base, de 2009 a 2011, ha aumentando únicamente 18 pesos. Este ínfimo aumento muestra el grave deterioro del poder adquisitivo y el retroceso de uno de los elementos que permite la satisfacción de otros derechos. Se estima que el salario mínimo actual apenas representa el 30 por ciento de lo que era hace tres décadas.65

64 65

ENOE, op. cit. Zenyazen Flores; “Salario y empleo, en caída libre”. El Financiero, 27 de octubre 2011, México, p. 12

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Año Inflación Salario Mínimo (Incremento en porcentaje) (en pesos mexicanos) área “A” 2008 6.53 $52.59 2009 3.57 $54.80 2010 3.67 $57.46 2011 3.20 $59.82 Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México

Asimismo, la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) señala que el nulo crecimiento de los empleos ha afectado negativamente a la clase media, cuyos ingresos ahora se encuentran cerca de la línea de pobreza. Por su parte, la OIT en su Informe Mundial sobre salarios 2010-2011, políticas salariales en tiempos de crisis coloca a México como uno de los países de menor crecimiento en el salario mínimo. Esto también impacta en el aumento de la tensión y el desánimo, a nivel individual y colectivo. Seguridad Social El derecho a la seguridad social en México está vinculado con la ocupación laboral, es decir, no es un derecho que se garantice si no es a través de un empleo o en el caso de las juventudes, a través de la tutela de los padres o la escuela. Esto significa que una gran cantidad de personas no tiene acceso a la seguridad social porque no cuenta con un empleo o porque éste no se los garantiza. Durante 2011, los empleos generados con acceso a seguridad social disminuyeron. De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, durante 2009 no se generó ningún trabajo con acceso al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), por el contrario, la cifra fue de menos 442 mil. Durante 2010 se generaron 521 mil y en 2011, 460 mil. La imposibilidad de acceder a la seguridad social conlleva pobreza, vulnerabilidad y exclusión pero también, se impide que se aproveche el potencial productivo y creativo del país porque tampoco aportan al sistema de pensiones que los beneficiaría a ellos y a quienes ya se han jubilado. 101

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Subocupación y Empleo Informal La nula generación de empleos dignos provoca la ocupación en esquemas laborales de grave vulnerabilidad e informalidad. La subocupación, por ejemplo, se concentra quienes tienen secundaria completa con el 32.9 por ciento. Entre menor sea el nivel de instrucción más probabilidades hay de que se acepten peores condiciones laborales. Por otro lado, la creación de empleos se le ha dejado a la informalidad. De acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, un mexicano pasa, en promedio, 45 por ciento de su vida laboral en la informalidad, en otras palabras, viven “al día”. Así, se truncan sus posibilidades de salir de su situación de pobreza o tener un mejor ingreso para satisfacer otros derechos. Se vulnera la seguridad de las y los trabajadores y de sus familias.

Subocupación y Empleo Informal (Porcentaje de la Población Ocupada) 2006 2010 I Trimestre 2011 II Trimestre 2011 Subocupación 6.8 8.6 8.2 8.3 28.5 28.9 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Sector Informal 27.1 28.1 28 29.3 27.9 30.4 Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

Tanto los índices de subocupación como los de empleo informal han aumentado considerablemente desde que comenzó la administración actual. Las más afectadas han sido las mujeres, que de por sí, por su condición arrastran un conjunto de desventajas, discriminación y desigualdades.

Las mujeres y el derecho al trabajo El artículo 3 del Pacto establece que los Estados Partes se comprometen a “asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de to-

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dos los derechos económicos, sociales y culturales”. El Comité subraya la necesidad de contar con un sistema global de protección para luchar contra la discriminación de género y garantizar igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en relación con su derecho al trabajo, asegurando igual salario por trabajo de igual valor.66

El indicador de la brecha de desigualdad de género señala que México ocupa actualmente el lugar 89 de 135 países y el lugar 109 en lo que se refiere a participación económica. Se ha avanzado poco y de forma lenta en reducir esta brecha de desigualdad, 2.2 por ciento de 2006 a 2011. Y esta brecha se acentúa más cuando analizamos la participación de las mujeres en la fuerza laboral. México ocupa el lugar 112, las mujeres tienen un porcentaje de participación de 46 frente al 84 de los hombres. El promedio de inequidad se mide de 0 a 1, donde 0 es inequidad y 1 es equidad. En el caso mexicano, el promedio es de 0.55 en participación laboral y de 0.56 en trabajo igual por salario igual. Ello quiere decir que las mujeres aún se enfrentan a muchas desventajas cuando salen a buscar un empleo por el simple hecho de ser mujeres; los hombres tienen el doble de ventajas por esa razón. Asimismo, el desempleo afecta mucho más a las mujeres adultas cuya tasa es del 5 por ciento mientras que la de los hombres adultos es del 3 por ciento.67 Esta situación no se debe soslayar, es de suma importancia invertir, generar políticas públicas, empoderar a las mujeres porque sólo de esa forma se les garantizarán sus derechos laborales. 3.3 Derechos colectivos Entre los elementos que rodean al sindicalismo mexicano en la actualidad, se encuentran: la falta de representatividad de las organizaciones de trabajadores, la injerencia del Estado en los asuntos internos de los agremiados, la disminución de las contrataciones colectivas así como el aumento de las contrataciones por honorarios. 66

Observación General 18: Derecho al Trabajo; Comité DESC. Disponible en web: http:// www.escr-net.org/resources_more/resources_more_show.htm?doc_id=428955&parent_ id=425976 World Economic Forum; The Global Gender Gap Report 2011. Geneva Switzerland, 2011, p. 254-255.

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Otro de los derechos colectivos, además del derecho a fundar y afiliarse a un sindicato, es el derecho a huelga. Este sexenio ha sido el de las huelgas y las demandas colectivas e individuales que han desatado un nivel de conflictividad preocupante, aunque las cifras señalan que el número de huelgas ha ido disminuyendo. Basta mencionar los movimientos de exigibilidad que, a partir de las huelgas estalladas, han surgido: el sindicato mexicano de electricistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores por la Educación, el sindicato minero, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, entre otros.

Huelgas Estalladas Registradas

Año Número Trabajadores involucrados 2006 55 59, 788 2007 28 11, 667 2008 21 13, 242 2009 19 25, 872 2010 11 2, 742 2011 7 4, 681 Fuente: Quinto Informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la plancha del Zócalo De un día para otro, 27 mil efectivos policiacos y militares tomaron las instalaciones de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro al mismo tiempo que se decretaba su extinción. El 10 de octubre de 2009, 44 mil trabajadores se quedaron sin empleo. Ese día estalló uno de los casos de mayor conflictividad por las violaciones generalizadas a los derechos laborales que provocó una decisión del Estado Mexicano. Javier Lozano Alarcón, Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sostuvo que la decisión de extinguir la empresa paraestatal fue “responsable y acertada” porque el gobierno federal pudo ahorrarse transferencias fiscales por más de 145 mil millones de pesos. Por el contrario, jubilados de la empresa a través de una solicitud de información pública revelaron que, 104

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de 2009 a la fecha, el gobierno federal pagó más a contratistas, empresas privadas, viáticos y salarios de trabajadores traídos de otros estados.68 Otro de los argumentos de la liquidación fue la necesidad de mejorar el servicio, no obstante, a dos años de la extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad no ha mejorado el servicio, por el contrario, las demandas y el descontento por los costos excesivos de luz han aumentado considerablemente. Las estrategias de exigibilidad para demandar la resolución de las violaciones a los derechos laborales emprendidas por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) han ocupado, principalmente, el espacio público, movilizaciones, huelgas de hambre hasta un plantón en el Zócalo. Éste último llevaba instalado en el centro de la ciudad de México seis meses. Días antes del 15 de septiembre comenzaron las negociaciones para levantarlo. La condición fue abrir una mesa de diálogo entre el Gobierno Federal, vía la Secretaría de Gobernación, con el Sindicato Mexicano de Electricistas. A la mesa de negociación, el SME presentó tres propuestas: que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea el patrón sustituto; la creación de un nuevo organismo que preste el servicio de energía eléctrica a la zona centro o que se conforme la figura de Luz y Fuerza “en liquidación”, la cual contrate a los sindicalistas. Las propuestas surgen, también, porque el Estado no cumplió con recontratar a la mayor parte de los trabajadores. De los 44 mil trabajadores despedidos, según el Quinto Informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del Programa de Apoyo a ex Trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, 11 mil 61 han sido colocados en un empleo, es decir, menos del 25 por ciento. El caso se mantiene sin una resolución favorable a las y los trabajadores. La demanda sigue en los tribunales y ahora, en las negociaciones. Frente al escalamiento del conflicto y la difusa voluntad política, ex trabajadores liquidados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) decidieron presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando 68

Patricia Muñoz Ríos; “El proceso de extinción de LFC ha costado al país cerca de $10 mil millones de pesos”. La Jornada, 10 de octubre de 2011, México, p.36.

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al Estado Mexicano de incumplir su ofrecimiento de reinsertarlos laboralmente y darles apoyo para que instalaran sus empresas. Por otro lado, se abrió otra vía jurídica, ya que el Secretario de Asuntos Internacionales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), José Humberto Montes de Oca Luna presentó el 14 de noviembre de 2011 una petición formal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos denunciando la violación de los derechos de los trabajadores reconocidos en el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, paralelo al TLCAN. 4. La Exigibilidad Laboral y la Sociedad Civil Limpieza ¿Trabajo Invisible? La exigencia frente a la discriminación Una mujer de aproximadamente 40 años comienza su jornada a las 7 de la mañana en un edificio de una zona comercial. Porta uniforme azul. Los demás la ven pero no la notan. Si dejara de hacer su trabajo, las personas comenzarían a preguntarse qué sucede porque su labor se percibe y ella no es invisible aunque actúa como tal. Su trabajo consiste en limpiar el edificio, para eso la contrataron, pero no los dueños del edificio sino un tercer actor. A ella le dijeron que no puede entrar por la puerta principal, su entrada es otra, según, para cuidar la imagen de tan portentoso edificio. Sólo sigue instrucciones y hace lo que debe hacer porque la paga, aunque poca, es importante para mantener a sus hijos, para alimentarlos, para llevarlos a la escuela, para vestirlos, para intentar cubrir sus necesidades. Ésta es sólo una de las muchas más micro historias que retratan las experiencias de las personas, hombres y mujeres, que se dedican a realizar tareas en el sector limpieza. La triangulación laboral es característica en México para el sector limpieza, es una práctica de subcontratación que se está convirtiendo en norma. Esta figura permite, sobre todo a empresas pequeñas, reducir costos a los patrones en seguridad social y prestaciones. La Asociación Nacional de Empresas de Limpieza calcula que existen 360 compañías de limpieza en México y que el 40 por ciento de los servicios se concentra en la zona conurbada.69 Hasta 69

Mara Muñoz; Compañías de Limpieza en México [En línea]. Disponible en web: http:// www.frecuencialaboral.com/empresasdelimpieza.html

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ahora no existe una regulación eficaz que evite estas prácticas y las sancione en aras de proteger al trabajador y a la trabajadora. En el trabajo de limpieza se observan actos discriminatorios y múltiples violaciones a los derechos laborales. Para combatir esa problemática, la asociación civil Fundación en Pro de la Educación Sindical A.C. se ha dedicado a investigar y a tejer redes con un grupo de trabajadores y trabajadoras del sector limpieza que se sienten invisibilizados y vulnerados. La Organización Fundación en Pro de la Educación Sindical A.C. es una asociación civil sin fines de lucro que se vincula directamente con las y los trabajadores del sector limpieza en la construcción de procesos organizativos y educativos. Antes de constituirla, algunas de sus actuales colaboradoras comenzaron esta labor con SEIU (Service Employees International Union). SEIU es una organización sindical cuyo trabajo llevan a cabo con migrantes en Estados Unidos, mayoritariamente mexicanos y sin papeles. El interés de abrir una oficina en México fue evitar que más mexicanos migraran y decidieron comenzar haciendo un diagnóstico sobre la situación de este lado de la frontera. Durante tres años, SEIU desarrolló participación e investigación de campo, posteriormente, se instaló la oficina y dos años después se retiraron, entonces, se decidió seguir acompañando los procesos que ya se habían iniciado, pero con financiamiento propio. Como organización defensora de los derechos laborales de las y los trabajadores del sector limpieza, comenzaron analizando la situación desde un enfoque de derechos humanos. Al respecto, la Lic. Miriam Ortega, Coordinadora de Capacitación y Organización, comentó que desde que se conformaron como A.C., se dieron cuenta de la importancia de vincularse con organizaciones que trabajaran desde la perspectiva de derechos humanos y que pudieran ser sus acompañantes y asesoras. Fue así que delinearon sus ejes estratégicos de trabajo vinculados con la promoción de procesos de exigibilidad de derechos laborales: capacitación y organización. El primer paso fue acercarse a las y los trabajadores del sector limpieza que están en las zonas donde hay grandes corporativos, Santa Fe, Reforma, Insurgentes y Lomas de Chapultepec. Su diagnóstico señalaba que 80 por 107

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ciento de los trabajadores de limpieza son mujeres, por ello, era más fácil que fueran mujeres las que generaran un primer acercamiento. Y así fue, entre cinco organizadoras manejaban una población de aproximadamente 57 edificios en total: “Lo primero que queríamos era saber las condiciones en las que estaban y algo importantísimo era obtener algún contacto con ellos, no solamente de primea vez […] fue difícil porque hacer trabajo así es complicado, por la infraestructura de la ciudad […] esa fue la primer tarea, hacer una base de datos de dónde estaban localizados los edificios, sus direcciones y acercarnos a los trabajadores. La primera semana fuimos con miedo porque no sabíamos cómo iban a reaccionar, nos preguntaban que qué queríamos de ellos porque nunca nadie se había acercado a los trabajadores de limpieza que salen por otra puerta porque la misma empresa les dice: ‘tú me das mala imagen, tú salte por otro lado”.70 Es importante reiterar que la exigibilidad es un proceso. En este caso, se ha tejido entre la organización y las y los trabajadores a partir de la sensibilización, la concientización, el empoderamiento y los procesos organizativos desde un enfoque de derechos humanos; es un proceso que construyen juntos. Después de un año de trabajo han podido consolidar un grupo de líderes que está en constante capacitación sobre sus derechos laborales, haciéndose llamar “Centro de Trabajadores Unidos de la Limpieza”, quienes ya tienen una propia dinámica de trabajo. El acompañamiento y la incidencia de esta asociación civil se basa en hacer uso de los derechos humanos para brindarlas como herramientas de empoderamiento a las y los trabajadores del sector limpieza, ya que con ellas enfrentan la discriminación, los abusos, los malos tratos y la explotación. Tan es así que ellos y ellas se convierten en los principales promotores de la labor que hace la organización. El contacto directo con las violaciones a los derechos laborales del sector limpieza obliga a plantear una vía adicional a la educación en derechos humanos, alguna estrategia que incida en el marco de protección, por tanto, se ha planteado una vía de exigibilidad dirigida al nivel gubernamental. Por esta razón, es importante documentar las violaciones haciendo énfasis en 70

Entrevista a Miriam Ortega, Coordinadora de Capacitación y Organización de la Fundación en Pro de la Educación Sindical.

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las empresas que las cometen, monitoreando su cumplimiento o incumplimiento, los salarios son bajos, les cobran los uniformes, no se respeta su derecho a la salud ni les dan seguridad social. Y a la par hay que hacerle saber al Estado porqué está violando derechos y exigirle que cumpla su papel como órgano garante. En ese sentido, a nivel legislativo se ha abierto un canal de diálogo con la asamblea legislativa del D.F. con el fin de acercar a los legisladores con las víctimas para que juntos planteen soluciones. También a nivel local se ha construido una buena relación con la Comisión de Derechos Humanos del D.F. tomando en cuenta el nuevo panorama que ha planteado la reforma constitucional en derechos humanos otorgando nuevas facultades a estos organismos públicos. Las estrategias de exigibilidad de derechos humanos detonan procesos, pretendiendo que sean a largo plazo. Finalmente, lo que se busca es que las y los trabajadores en su vida cotidiana vean garantizado el contenido mínimo de sus derechos laborales y parte de ello es revalorar su trabajo, visibilizarlo. Quedan muchos obstáculos que enfrentar, la apatía, la condición de género, la corrupción, la discriminación, el hostigamiento hacia las y los defensores de derechos laborales, el desconocimiento, entre otros; pero el esfuerzo que se realiza de promoción de los derechos humanos a través de la capacitación y educación en derechos humanos es fundamental para resolver la problemática. 5. CONCLUSIONES El trabajo es un derecho humano y su ejercicio conlleva el cumplimiento de otros derechos laborales. Existe un amplio marco normativo internacional y nacional que los reconoce y protege. Sin embargo, en México prevalece la insistencia de reformar la Ley Federal del Trabajo que significaría un retroceso en materia de derechos laborales y de luchas sociales arduamente conquistadas. A la par, se reformó la constitución adicionando principios fundamentales de derechos humanos, tanto sustantivos como operativos; entre ellos, se amplía la competencia de los organismos públicos de derechos humanos que ahora podrán conocer de quejas por violaciones a los derechos laborales. 109

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No sólo el marco normativo ha resultado mermado. La Política Pública Laboral se ha centrado en otorgar facilidades a los patrones para que a través de la inversión privada generen más empleos, es decir, se concentran en la cantidad y no en la calidad. Las necesidades laborales de las personas se adecúan a un mercado laboral que requiere mano de obra barata porque responde a un proceso de acumulación de riqueza que se manifiesta en una desigualdad creciente. El trabajo no cumple con su objetivo de potenciar el desarrollo personal y colectivo, violando así el principio de interdependencia de los derechos humanos puesto que no permite la satisfacción de otros derechos, fundamental para que toda persona pueda llevar una vida con dignidad. Por ello, es necesario un cambio de política económica, ya que al rumbo de ésta se supedita el cumplimiento de los derechos laborales. El mercado laboral que ha dejado como saldo la Política Laboral del actual sexenio se caracteriza por el aumento del desempleo, por una concentración del empleo en el sector servicios, por el aumento del sector informal y por un mayor impacto de la pobreza y de los efectos negativos del incumplimiento de los derechos laborales en los sectores de jóvenes, mujeres, niñez y tercera edad. Además, prevalece una idea individual del cumplimiento del derecho al trabajo. La dimensión colectiva de los derechos se violenta. Poco a poco son menos los contratos colectivos de trabajo y más la subcontratación. Y frente a este panorama, la necesidad se prioriza y se normalizan las violaciones a los derechos laborales poniendo en peligro la paz laboral con justicia y sobre todo, la estabilidad social. Al no ver cumplido un derecho fundamental, como lo es el trabajo, apremia la necesidad de exigirlo. Y para ello se hace uso de las herramientas que se tienen al alcance y que se conocen a partir de la experiencia de otros grupos sociales en otros tiempos, combinándolas con nuevas vías de exigibilidad, amparos, cabildeo, movilizaciones, capacitación, entre otros. Sobre todo, porque hay grupos que permanecen más invisibilizados y discriminados que otros; uno de ellos es el sector limpieza. Y es importante resaltar que uno de los primeros retos a los que se enfrentan es el desconocimiento de sus propios derechos. 110

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Recomendaciones • Las Políticas Públicas de empleo dirigidas a las juventudes deben tomar en cuenta la desvinculación que existe entre el sector educativo y el mercado de trabajo. • Se debe monitorear que los empleos generados cumplan con los requerimientos de un empleo digno de conformidad con las disposiciones de los instrumentos normativos a nivel internacional. • Monitorear que las empresas garanticen el contenido mínimo de los derechos laborales de sus empleados y empleadas. • Capacitar a las y los servidores públicos en derechos humanos y normatividad internacional, tomando en cuentas las nuevas disposiciones que se derivan de la reforma constitucional en Derechos Humanos. • El Gobierno Mexicano, con el fin de fortalecer la protección hacia el grupo de juventudes, debe ratificar la Convención Iberoamericana de los Jóvenes y crear una Ley Federal de Juventud. Bibliografía • Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos; “Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas Comerciales de Promover y Proteger los Derechos Humanos”. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [En línea] Web: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca. nsf/0/a389702baa023990c1256d59004814a4?Opendocument • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2008-2009. CDHFV. Con el apoyo de Fundación MacArthur, México, 2009, 159 pp. • OIT; México. Estado de las ratificaciones de los convenios actualizados. [Consulta en línea]OIT. Disponible en web: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifgroups.pl?class=g03&country=M%E9xico [Consulta: 24 de octubre de 2011] • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P:” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Nov. 2003 – Nov. 2004. CDHFV, México, p.186. 111

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• Lic. Manuel Fuentes Muñiz; Asociación Nacional de Abogados Democráticos. 24 afectaciones en la Iniciativa de Reforma Laboral del PRI en contra de los trabajadores. [Ponencia] “Regresividad de los Derechos Humanos Laborales: una Mirada a la Iniciativa de Reforma Laboral del PRI desde el Marco de Derechos Humanos”, 7 de abril 2011, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. • “Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de Tereso Medina Ramírez, Francisco Rojas Gutiérrez, José Ramón Martel López, Isaías González Cuevas y otros 234 diputados del Grupo Parlamentario del PRI”; Gaceta Parlamentaria, año XIV, número 3218-II, jueves 10 de marzo de 2011. Disponible en página web: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/ mar/20110310-II.html#Iniciativa5 • Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; 24 de octubre 2011. • Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012. [En línea] Web: http://www.stps.gob. mx/programa%20sectorial%20STPS.pdf [Consulta: junio de 2010] • Zenyazen Flores; “Salario y empleo, en caída libre”. El Financiero, 27 de octubre 2011, México, p. 12 • Observación General 18: Derecho al Trabajo; Comité DESC. Disponible en web: http://www.escr-net.org/resources_more/resources_more_ show.htm?doc_id=428955&parent_id=425976 • Patricia Muñoz Ríos; “El proceso de extinción de LFC ha costado al país cerca de $10 mil millones de pesos”. La Jornada, 10 de octubre de 2011, México, p.36. • Mara Muñoz; Compañías de Limpieza en México [En línea]. Disponible en web: http://www.frecuencialaboral.com/empresasdelimpieza.html • World Economic Forum; The Global Gender Gap Report 2011. Geneva Switzerland, 2011, 375 pp. Entrevistas. • Lic. Miriam Ortega. Miembro de la Fundación en Pro de la Educación Sindical A.C.

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DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Introducción El medio ambiente, además del ámbito biofísico natural, se refiere a la relación que se construye entre el ser humano y la naturaleza. La constante histórica de reproducción de la vida inició con el control de las personas sobre el medio ambiente, bajo el supuesto de que el proceso de regeneración era inagotable e interminable. Luego se edificó un modelo de desarrollo que, trascendiendo fronteras nacionales, preserva la vida a cambio de la degradación ambiental y del impacto climático, contradicción que coloca en situación de vulnerabilidad a amplios sectores de la población en todo el planeta, sobre todo aquellos en pobreza y cuya forma de vida está intrínsecamente ligada a la naturaleza. Esta preocupación causada por el impacto del avance del sistema económico y el deterioro ambiental detonaron el debate sobre la compatibilidad entre el progreso que plantea la vida moderna y la protección, conservación y restauración del medio ambiente. Antes bien, se reconoce a la sustentabilidad del medio ambiente como condición indispensable para la reproducción de la vida, por consiguiente, un derecho humano de reconocimiento reciente cuyo contenido está en constante definición. La integralidad de los derechos humanos se manifiesta en la condición necesaria de contar con un ambiente sano, esencial para la vida y para que otros derechos, como salud y agua, se ejerzan. Por tal motivo, es un derecho humano de carácter colectivo e individual, cuya garantía de acceso, uso y disfrute, así como la protección, conservación y restauración del mismo, son obligaciones del Estado. El cumplimiento de estas obligaciones, en un contexto de crisis económica, se enfrenta al impacto del aumento de la producción y la consecuente extracción de los recursos naturales, dinámica que ha generado una crisis ambiental mundial. Tomando como marco esta crisis, este capítulo aborda algunos aspectos de la situación del derecho a un medio ambiente sano en México y de los mecanismos de exigibilidad que, hasta ahora, es posible utilizar. 113

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1. Marco Jurídico 1.1. Marco Jurídico Internacional A nivel internacional se ha desarrollado una amplia discusión sobre las condiciones medioambientales mundiales y de éstas como un derecho humano. El primer documento que menciona al medio ambiente en relación con el derecho a la salud pero no como un derecho humano en sí mismo es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 1966. Aunque, el gobierno mexicano lo adoptó hasta 1981. Posteriormente, en 1988, se aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos conocido como Protocolo de San Salvador, que en su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos […]”.71 Es el primer instrumento que lo reconoce como parte de los DESC. A la par, fueron surgiendo otros pactos o declaraciones sobre el medio ambiente en relación con el desarrollo económico y el bienestar de las personas. El conjunto de todas estas disposiciones normativas delinearon las obligaciones medio ambientales para los Estados aunque no lo planteen explícitamente como un derecho humano, sino como una condición necesaria que permite al desarrollo económico proseguir de manera sostenible: “México ha suscrito cerca de 100 acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable […]”72. Tal es el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el cambio Climático o la Convención sobre Diversidad Biológica. Tanta relevancia cobró el tema en la agenda internacional que en 1972 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Como resultado del encuentro se aprobó la Declaración de Estocolmo, en la que los países presentes asumieron el compromiso de impulsar 71

Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, C.R.; 2008, p.297. Presidencia. Plan Nacional de Desarrollo, p.235. http://pnd.presidencia.gob.mx/

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el “eco-desarrollo”, es decir, un desarrollo en equilibrio con la preservación del medio ambiente. La Declaración señala que el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, además, tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras,73 mas el contenido de este instrumento no es vinculante para los Estados. La Declaración recogió parte de la discusión acerca del papel de la economía y la sustentabilidad: “A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente humano en beneficio de su población”.74 También como recomendación de dicha conferencia se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como la principal autoridad mundial y defensor del medio ambiente, que se encarga de ayudar a los gobiernos a preparar la agenda ambiental internacional y de promover la sustentabilidad en el sistema de desarrollo. Después de la Conferencia de Estocolmo, los países se reunieron en el marco de una siguiente conferencia, la de Río en 1992, en la que se evaluarían los avances de aquella que se llevó a cabo en 1972. 20 años habían pasado, sin embargo, las exigencias siguieron siendo las mismas. Señalaron la necesidad de erradicar la pobreza y de modificar los patrones de consumo y producción que resultarían ambientalmente insostenibles. Además, reconocieron la especial situación de los países en desarrollo e hicieron explícito el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas fundamentado en las contribuciones dispares a la degradación ambiental global. Por supuesto, también existen otros instrumentos de derechos humanos que reconocen el derecho a un medio ambiente sano pero referentes a grupos en situación de discriminación, tales como: el artículo 24 y 29 de la Con73

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los Derechos Humanos en el Orden Jurídico Nacional. CD Pre instalado. http://www.ordenjuridico.gob.mx/ Publicaciones/instruccionesDH.php Ibídem.

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vención de los Derechos del Niño y los artículos 4, 7 y 32 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 1.2. Marco Jurídico Nacional Con la reforma constitucional del 28 de junio de 1999, se incluyó en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana el párrafo que a la letra dice: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”75. De dicho artículo derivan las leyes orgánicas que reglamentan los campos referentes a la conservación del medio ambiente y al mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, el artículo 25 del mismo ordenamiento refuerza la idea de la sustentabilidad y las obligaciones del Estado: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable […]”.76 Por su parte, el artículo 27 incorpora el concepto de conservación de los recursos naturales del país. De la Constitución se desprende la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), como el principal instrumento nacional de regulación ambiental, ésta considera, entre otros, los ámbitos de planeación ambiental, ordenamiento ecológico del territorio, instrumentos económicos, evaluación de impacto ambiental, investigación y educación ecológicas. También de ella se desprende la política ambiental que dirige las acciones para preservar, restaurar el equilibrio ecológico y racionalizar los recursos naturales. Ahora bien, de la LGEEPA derivan leyes generales más específicas, la Ley General de Vida Silvestre, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Aguas Nacionales. De la misma forma, las leyes generales se complementan con reglamentos y con normas oficiales mexicanas. Durante 2011 hubo modificaciones importantes en la normatividad en la materia. Primero, es de reconocer la publicación de la reforma constitucional en derechos humanos que brinda más herramientas para la defensa de los 75 76

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ediciones Luciana, México, 2003. Íbidem.

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mismos,77 introduce el término derechos humanos en el Primer Capítulo, el principio pro persona, reconoce la superioridad de las normas derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos; lo cual abre la puerta a una más eficaz justiciabilidad de los DESC. Por las características de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), sus violaciones son generalizadas y de carácter colectivo, sin embargo, la tutela colectiva de los derechos no está reconocida en la constitución. Por otro lado, la defensa colectiva del derecho ahora está reconocida únicamente en el tema de consumidores, servicios financieros y medio ambiente, lo que representa un gran avance legislativo. Con la reforma del 30 de agosto de 2011 que adicionó el capítulo “De las acciones colectivas” al Código Federal de Procedimientos Civiles se reconoce un mecanismo procesal para defender de manera colectiva el derecho a un medio ambiente sano, quedando como sigue: Libro Quinto De las Acciones Colectivas Título Único Capítulo I Previsiones Generales

Artículo 578.- La defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades que se señalen en este Título, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.

Artículo 580.- En particular, las acciones colectivas son procedentes para tutelar: I. Derechos e intereses difusos y colectivos, entendidos como aquéllos de naturaleza indivisible cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, indeterminada o determinable, relacionadas por circunstancias de hecho o de derecho comunes. II. Derechos e intereses individuales de incidencia colectiva, entendidos como aquéllos de naturaleza divisible cuya titularidad corresponde a los individuos integrantes de una colectividad de personas, determinable, relacionadas por circunstancias de derecho.

Para más referencias, consultar el Capítulo 1 de este Informe.

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ARTÍCULO SEXTO.- Se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 202. La procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal. 78

La acción colectiva es la acción promovida por un representante para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas, y cuya sentencia obligará y surtirá efectos al grupo como un todo.79 Ésta es un medio para presentar ante un juez demandas sobre derechos e intereses difusos y colectivos que pertenecen a un grupo de personas indeterminado o determinado y derechos o intereses individuales de incidencia colectiva. Bastaría con que una persona promueva una causa en contra de las autoridades (por ejemplo, caso ABC) para que su resolución se extienda a todos y todas las afectadas. Con esta modificación se abre un nuevo ámbito de aplicación para acceder a la justicia, resultado de la activa promoción y exigencia de organizaciones de la sociedad civil. Representan un medio de legitimidad colectivo que permitirá colocar temas en la agenda nacional. Asimismo, el proceso fue criticado por las OSC’s, ya que se retrasó su publicación y entrada en vigor.80 Comenzará a operar en marzo de 2012. Hasta entonces se observará cómo aplicarán los criterios sobre las organizaciones demandantes. 78

“DECRETO por el que se reforman y adicionan el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros”. Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto de 2011. Dra. María del Carmen Carmona Lara; Breves Reflexiones en torno a las Acciones Colectivas en relación con el Derecho Al Medio Ambiente Adecuado. Disponible en web: http://www.ceja.org.mx/IMG/accioncolect_Dra_MCCArmona.pdf Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., et. al.; “Organizaciones de la sociedad civil logran publicación sobre Acciones Colectivas”. Boletín de prensa. [En línea], 5 de septiembre 2011, México. Disponible en web: http://www.derechoshumanos. org.mx/modules.php?name=News&file=article&sid=1357

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Otra de las modificaciones importantes este año fue la modificación al artículo cuarto constitucional que incorpora el derecho humano al agua: “toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho”81. Ahora se ha turnado a los congresos locales para su posterior entrada en vigor. Finalmente, el 28 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un conjunto de modificaciones a los artículos 2, 3, 5, 7, 8 y 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) por las que se adicionan disposiciones referentes al cambio climático. El artículo dos ahora considera de utilidad pública: “V.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático”82 y el artículo 7 agrega nuevas facultades para los Estados, entre las que se encuentra: “XXI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático”.83 Política Pública Federal El tema medioambiental sigue cobrando auge dada la importancia para los gobiernos y las personas de todo el mundo. La Política Pública es el principal instrumento para materializar el cuidado del medio ambiente, su conservación y protección para todas las personas. Los temas que abarcan son diversos y muy amplios, pero en todos cruza el eje de sustentabilidad como el objetivo primordial a largo plazo, de toda la agenda pública. México estableció como uno de los objetivos y eje rector del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 la sustentabilidad ambiental: “[…] México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta agenda 81

Coalición Mexicana por el Derecho Humano al Agua (COMDA); “Paso decisivo para el reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la Constitución”. Comunicado de Prensa, 4 de octubre 2011, México. Disponible en web: http://www.comda.org.mx/index.php/ documentos/boletines/3973-boletin-paso-decisivo-para-el-reconocimiento-del-derechohumano-al-agua-en-la-constitucion Semarnat; Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. [En línea] 28 de enero 2011, México, p. 2. Disponible en web: http://biblioteca.semarnat.gob. mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/CD820_ACT.pdf Ibídem, p. 9.

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comprende temas fundamentales como la conciliación de la protección del medio ambiente (la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y uso del agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental) con la competitividad de los sectores productivos y con el desarrollo social.”84 Entonces, a nivel nacional son tres los principales instrumentos que dictan las rutas de política ambiental: El Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012 (PSMARN) y el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) del cual deriva el Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental 2009. De estos programas se derivan diversos temas organizados en distintas agendas: Agenda Verde, Agenda Azul, Agenda Gris, Transversalidad de las Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable y el Cambio Climático, Agenda Internacional, Mejora de la Gestión Medio ambiental, Participación Ciudadana, entre otras.

Programas vinculados al Programa Sectorial • • • • • • • •

Programa Nacional Hídrico Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Programa Especial de Cambio Climático (PECC) Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental (PDHSA) Programa de Jóvenes Hacia la Sustentabilidad Ambiental 2009-2012 Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente 2007-2012 Programa Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental 2007-2012 • Programas que otorgan apoyos y subsidios: • Programa de Desarrollo Institucional Ambiental • Programa de Empleo Temporal

México. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Disponible en web: http://pnd.calderon. presidencia.gob.mx/sustentabilidad-ambiental.html

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Un análisis detallado sobre la implementación de la Política Pública así como de sus resultados e impactos requiere de más tiempo y recursos, sin embargo, se puede señalar la actuación de las autoridades ha desatado crítica y debate puesto que implementan las políticas violando derechos. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante las audiencias que se llevaron a cabo en octubre 2011, un grupo de OSC’s presentaron un informe en el que afirman que la política ambiental en muchas ocasiones no es eficaz ni sustentable por ser técnicamente equivocada, por no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, y porque no se cumple. Por esta razón, la CIDH pidió al Estado Mexicano que tome en cuenta a la sociedad en la construcción e implementación de los planes ambientales. 3. Situación que Guarda el Derecho El medio ambiente fue noticia durante 2010 y 2011. Los fenómenos ambientales desencadenados en diversas partes del mundo que conforman la crisis ambiental mundial han cobrado relevancia precisamente porque afectan los elementos que sostienen la vida. El PNUMA ha establecido como desafíos ambientales para el siglo XXI, seis prioridades: cambio climático, desastres y conflictos, manejo de ecosistemas, gobernanza medio ambiental, sustancias nocivas y desechos peligrosos, eficiencia de recursos, consumo y producción sostenibles. Asimismo, se están preparando las discusiones para la Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Cumbre de Río en 2012) Cabe mencionar que en los encuentros previos, en Bali, en Nueva York y en África, las discusiones han girado en torno a la cuestión medular de las negociaciones, cómo realizar la transición hacia una economía ecológica que promueva el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, aprovechando eficazmente los recursos y promoviendo el consumo y la producción sostenibles. La preferencia por el aumento de la productividad y el desarrollo económico sigue sin resolver su contradicción con el cumplimiento del derecho a un medio ambiente sano y la sustentabilidad ecológica. En México, los principales daños ambientales son resultado de la instalación y operación de megaproyectos, de concesiones a empresas mineras, afectando la dinámica de vida 121

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de comunidades indígenas, es decir, están basados en la actuación libre de las empresas porque las autoridades les otorgan permisos y concesiones como resultado de procesos de opacidad e incertidumbre en donde la transparencia es una cuestión pendiente. Aquí, la rendición y el acceso a la información se enfrentan al conflicto entre información de interés público y el secreto comercial e industrial. El medio ambiente en cifras (PNUMA)85: • Desde 1990, por lo menos 18 conflictos violentos habían tenido su origen en la explotación de los recursos naturales. • Pese a que cubren apenas menos del 2 por ciento de las plataformas continentales del mundo, se calcula que los arrecifes de coral albergan entre 1 y 3 millones de especies albergan entre 1 y 3 millones de especies. • El ecoturismo es el área de la industria turística de más rápido crecimiento con un aumento estimado del gasto mundial de un 20 por ciento anual. • La inversión de 45 mil millones de dólares en zonas protegidas podría garantizar servicios vitales basados en la naturaleza por valor de unos 5 billones de dólares anuales. • La deforestación hace que se pierda cada año capital natural por valor de entre 2 y 4,5 billones de dólares, una tendencia que plantea importantes riesgos sociales y para las empresas. • En los últimos 300 años, la superficie forestal del planeta se ha reducido en aproximadamente 40 por ciento. • En los dos últimos decenios, el 35 por ciento de los manglares ha desaparecido. • Cerca del 20 por ciento de los arrecifes de coral del mundo han quedado destruidos. • La deforestación destruye alrededor de 2 millones de hectáreas de bosques anualmente. • Los ecosistemas prestan servicios esenciales por valor de 21 a 72 billones de dólares anuales: el ingreso nacional bruto a nivel mundial en 2008 fue de 58 billones de dólares. 85

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Informe Anual 2010. PNUMA, febrero 2011, Nairobi, pp. 13-14.

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• Aproximadamente 60 por ciento de los servicios de los ecosistemas de la Tierra se han degradado en los últimos 50 años. • Los ecosistemas prestan servicios esenciales por valor de 21 a 72 billones de dólares anuales: el ingreso nacional bruto a nivel mundial en 2008 fue de 58 billones de dólares. • Cerca del 20 por ciento de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero a nivel mundial proceden de la deforestación. • Más del 50 por ciento de los directores generales de América Latina consideran que la disminución de la diversidad biológica es un reto para el crecimiento de la actividad empresarial. • México es uno de los países en el mundo que más minerales para la construcción consume, lo cual es uno de los indicadores del nivel de industrialización. En el marco de esta crisis ambiental, se ha desatado una preocupante conflictividad social. Numerosos movimientos que exigen una solución frente a las violaciones al derecho a un medio ambiente sano provocadas por la actuación de las empresas y las autoridades, las actividades mineras, la violencia, los desastres naturales, la privatización del agua. En medio de estos conflictos, observamos que la constante es la violación del derecho a la tierra y el territorio y el derecho a la consulta. La instalación y operación de megaproyectos en México se ha normalizado. Las empresas y el Estado no respetan ni protegen el derecho a la consulta de la población afectada. Inclusive, varias de estas concesiones se otorgan para que se actúe en territorio parte de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) o en contra de zonas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Asimismo, se deja de lado la posibilidad de invertir en estas regiones de tal forma que sean las personas que habitan ahí las beneficiarias, al generar empleos que les permitan mejorar su calidad de vida. Las violaciones al derecho a un medio ambiente sano se han incrementado de forma alarmante y con ellas, las movilizaciones en torno a la exigencia del cumplimiento del derecho. El 31 de julio de 2011 se llevó a cabo la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) en Salsipuedes, Acapulco, Guerrero; como uno más de los esfuerzos por articular a los afectados y afectadas y crear un bloque que fortalezca a los movimientos. 123

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Durante la Asamblea se visibilizaron los principales conflictos derivados de la construcción de presas hidroeléctricas como La Parota, Guerrero; El Zapotillo, Jalisco; Paso de la Reyna, Oaxaca; y mini hidroeléctricas en Veracruz. Por otro lado, la operación de las empresas mineras transnacionales en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; Alto Lucero, Veracruz; San José del Progreso, Santa María Zaniza y Calpulalpam, Oaxaca; Chicomuselo, Chiapas; Santa Gertrudis, Jalisco y Lázaro Cárdenas, Michoacán. 3.1 Presa el Zapotillo Uno de los casos más álgidos que se vivieron durante 2011 ocurrió en el pueblo de Temacapulín, perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco, a causa de la violación de una serie de derechos humanos causada por la construcción de la presa El Zapotillo. Los habitantes de la comunidad de Temacapulín, durante los últimos seis años, han tratado de detener la construcción de la presa El Zapotillo por el riesgo de que se inunde la ciudad. Es un proyecto que viola derechos humanos, como muchas de las presas que se planean construir. Se estima que al menos 350 proyectos para construir presas desplazarán a decenas de comunidades en diferentes estados del país.86 Hasta ahora, señala el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), los 650 embalses en operación sacaron a alrededor de 200 mil personas de sus sitios de residencia. Pese a las irregularidades, el Estado no ha atendido las recomendaciones del Relator sobre el Derecho a la Alimentación, por el contrario, los funcionarios han reforzado sus actividades para la construcción de la presa sin que les importen las sentencias de amparo que les ordenan detenerla, ni los juicios administrativos ganados por los inconformes, ni la opinión del funcionario internacional invitado por el mismo gobierno para constatar la situación del derecho a la alimentación en nuestro país. Todo indica que los gobiernos federales de Jalisco, incluso con apoyo de la jerarquía católica de ese estado, están dispuestos a sacar la obra adelante, sin importarles los derechos de los afectados que con eso perderán su patri86

Angélica Enciso; “Decenas de comunidades se verán afectadas por construcción de presas”. La Jornada, 15 de marzo de 2011, México, p. 42.

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monio y verán truncadas sus esperanzas de una vida digna. El perímetro de terreno donde la obra se construye se encuentra cercada por la empresa constructora y la policía federal resguarda día y noche las entradas; no quieren otra sorpresa, como la de finales de marzo, cuando los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los tres pueblos más afectados por la obra, colocaron un campamento en el lugar donde se construye la presa y paralizaron los trabajos. Opositores a la construcción de la presa El Zapotillo, en Jalisco, obtuvieron un amparo que ordena suspender la obra. Durante cinco años, habitantes de tres comunidades han luchado contra el proyecto, al que consideran un peligro para los cuerpos de agua y para el abasto porque se viola el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda y el derecho a un medio ambiente sano. 3.2 Vulneración del Derecho Humano al Agua El cumplimiento del principio universal de agua para todos y todas se enfrenta a muchos obstáculos. Uno de los principales es la privatización, entendida como el proceso mediante el cual empresas privadas adquieren control o parcial sobre el agua o sobre alguna parte de su ciclo natural o de su aprovechamiento humano.87 En octubre de 2011, un grupo de organizaciones mexicanas presentaron en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un diagnóstico sobre la situación del derecho humano al agua y sus principales retos: • Es importante destacar que en materia de agua, resulta necesario enfrentar una legislación que más que garantizar los derechos sobre el agua, restringe y en algunos casos, excluye del acceso a sectores altamente vulnerables de la sociedad. Entre los principios de la política hídrica del país, se establece al agua como un bien con valor económico, y a partir de ello establece el concepto “usuario – pagador”, el cual establece que para acceder y/o utilizar los bienes hídricos del país. 87

Claudia Campero Arena; “Introducción. Crisis, Privatización y luchas del agua”. Revista La Turbias Aguas de la Privatización en México. COMDA, Junio 2011, México, pp. 4-8.

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• En México la mayor parte de los cuerpos de agua está contaminada: según fuentes estatales, el 34,1 % de los ríos presenta niveles de contaminación en relación a la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días, indicador que mide la cantidad de materia orgánica biodegradable, el 54,5 % presenta alto nivel en la Demanda Química de Oxígeno, indicador que mide la cantidad total de materia orgánica, mientras el 24,6 % presenta algún contaminante no aceptable en relación a la cantidad de Sólidos Suspendidos Totales. • Sobre más de 215 cuerpos de agua, monitoreados por la Comisión de Aguas Nacionales, se puede observar que la calidad del agua aceptable para cualquier tipo de uso es el 5% de la total, lo cual representa una pequeña cantidad de cuerpos de agua, la aceptable es del 22%, el agua poco contaminada representa un 49%, la contaminada 15%, la altamente contaminada 7% e incluso se tiene presencia de tóxicos en 2%. • Dentro del sistema mexicano para la procuración de los recursos hidráulicos en el país, existen diversos factores que se traducen en obstáculos muchas veces insuperables para tener acceso a la justicia en materia de agua. Estos factores generan dificultades e ineficiencia en el funcionamiento de los órganos competentes, uno de estos vectores es: el personal que opera este sistema, denominados funcionarios públicos; corrupción; falta de sensibilidad por parte de los servidores sobre la forma de vida de las comunidades y burocratización. 88 3.3 El cambio climático Sin duda, el cambio climático es el fenómeno medio ambiental que no puede soslayarse puesto que ha provocado y provocará violaciones al derecho a un medio ambiente sano de gran parte de la población, sobre todo de aquellos sectores en situación de pobreza. Las contingencias climáticas representan una amenaza para los medios de vida de las comunidades rurales, ante un mayor riesgo de malas cosechas y pérdida de ganado, así como la 88

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), et. al.; Informe sobre el Derecho Humano al Agua en México. 2011. Disponible en web: http://redtdt.org.mx/media/ descargables/Informe%20sobre%20el%20Derecho%20Humano%20al%20Agua%20 en%20M_xico-1.pdf

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reducción en la disponibilidad de productos y el surgimiento de nuevos patrones en plagas y enfermedades En lo que va del año se han agravado las pérdidas de cosechas en México por eventos climáticos como son heladas extremas, lluvias intensas y huracanes, que podrían incrementar la dependencia alimentaria. Con base en un estudio sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento en el medio rural, se ha afectado, aproximadamente, en dos millones 691 mil 216 hectáreas de cultivos de maíz, sorgo, frijol, cebada, soya y cítricos, más de 60 por ciento de la producción. Ochenta por ciento de los 30 millones de hectáreas de uso agrícola del país son altamente vulnerables al cambio climatológico, lo cual pone en riesgo la seguridad alimentaria y a la población más marginada, señala el estudio Impacto del cambio climático en las tierras y sus características, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.89 Por tal motivo La Confederación Nacional Campesina propuso crear un Fondo de Desastres Agropecuarios, Forestales, Pesqueros y Acuícolas para que el productor pueda afrontar los efectos del cambio climático. Y con el fin de enfrentar el alto riesgo que significan los efectos del cambio climático en el sector rural se ha propuesto a la Cámara de Diputados crear este fondo con el objetivo de que el productor no sólo recupere su inversión, sino que esté en condiciones de seguir sembrando. También organizaciones campesinas piden implantar un plan emergente para enfrentar situaciones de cambio climático y restaurar la infraestructura productiva dañada por los fenómenos naturales. En los últimos años se ha puesto mayor atención a las contingencias climatológicas, y en apoyo de los productores se han ampliado los presupuestos de algunos programas, como por ejemplo el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo 89

Semarnat; Impacto del Cambio Climático y sus características. Semarnat, México, 2011. Disponible en web: http://ss1.webkreator.com.mx/4_2/000/000/05e/04e/Impacto-delCambio-Clim-tico-en-las-tierras-y-sus-caracter-sticas.pdf

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de Riesgos (Cadena); para 2011 se autorizaron mil 100 millones de pesos al Cadena y se otorgaron ampliaciones presupuestarias por 546.8 millones. Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Rural de Sagarpa planteó que uno de los retos de la agricultura ante el cambio climático a nivel global es aumentar de manera sustentable la productividad de las actividades primarias. Según el documento “Reporte sobre el futuro de los alimentos y la agricultura”, emitido por ese gobierno, el escenario más probable para América del Norte es que la producción de comida decaiga. Ante esto el gobierno mexicano debe tomar medidas mucho más coordinadas para lograr una agricultura consciente en el uso de los recursos, entre éstos el agua, que cada vez es más limitada. Siendo México un país importador de cereales, está claramente expuesto a esta crisis alimentaria. No faltarán alimentos a quienes puedan pagarlos, pero su encarecimiento hará más evidente la insuficiencia de los bajos salarios que perciben obreros y empleados en el país. Se advierte que ante una situación de volatilidad de precios de los alimentos es necesario que la agricultura sea una prioridad en la agenda nacional para poder enfrentar los retos de la demografía, el cambio climático y el desarrollo. Por lo que, para asegurar la alimentación de los más de 110 millones de mexicanos se necesita contar con una real política de Estado hacia el campo, a fin de reconstruir las instituciones rurales desmanteladas en los últimos 25 años. Ante esta situación, es momento de que las economías desarrollen planes de atención, sugiere el reporte, al crear políticas que garanticen la seguridad alimentaria y minimicen la posibilidad de crear conflictos. La falta de alimentos es ocasionada por el crecimiento de la población y la presión ejercida en los precios de los alimentos por la escasez misma, por esa razón el alza de precios en productos agropecuarios será constante durante los próximos años, debido a dos factores: el cambio climático, que está provocando daños en la agricultura mundial, y la crisis alimentaria. Esta es una de las discusiones que se tendrán que tomar en cuenta en la próxima Conferencia Internacional de las Partes sobre Cambio Climático. Al respecto, se ha desatado un conjunto de movimientos a los que se denomina “justicia climática”, quienes a través de las movilizaciones están buscando colocar y visibilizar problemáticas sustanciales en la mesa de negociaciones. 128

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3.4 Megadesarrollo Turístico en Cabo Pulmo Las actividades turísticas han sido objeto de gran promoción y fomento por parte del Gobierno Federal. Se busca repuntar a nivel internacional como un país que llama la atención de los turistas. Por ello, en otros países se transmiten comerciales en donde aparece el Presidente de la República invitando a las personas a conocer las maravillas de nuestro país. Como ya es habitual durante este sexenio, el proceso de expedición de permisos a las empresas ha presentado numerosas irregularidades, sobre todo en lo que se refiere a los análisis de manejo de impacto ambiental. Ese es el caso del proyecto Cabo Cortés, un megadesarrollo turístico en Baja California Sur. Se le ha pedido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que le retire el permiso que le otorgó, ya que no es viable y representa un riesgo para la sustentabilidad ecológica regional. En 2005, Cabo Pulmo fue designado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y en 2008 fue integrado a la lista del Convenio Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional. Es importante resaltar que la zona alberga uno de los mantos coralinos más importantes del Golfo de California, además de tener un sistema de dunas que protegen a las comunidades costeras de los impactos del cambio climático y de ser un foco importante de ecoturismo por su entorno. Dicho proyecto no debe realizarse debido a que se pone en serio riesgo la vida del arrecife y la salud ecológica de la región, advirtió Exequiel Ezcurra, quien fue presidente del Instituto Nacional de Ecología, con lo que se suma a las voces de otros expertos y organizaciones ambientalistas en contra de ese plan. Se han presentado argumentos científicos que no hacen viable este proyecto mientras que el Manejo de Impacto Ambiental (MIA) sostiene que hay deficiencias técnicas que ponen en riesgo la viabilidad de la región. Dichos planes fueron autorizados en marzo de este año por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a pesar de que el área donde se encuentran asentados es patrimonio natural de la humanidad, informaron mediante un comunicado organizaciones ambientalistas. La MIA se basa en el supuesto de que las corrientes alejarán los contaminantes producidos por el desarrollo hacia el norte, manteniendo protegido 129

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el Parque Nacional Cabo Pulmo de los impactos del proyecto; sin embargo, para realizar ese estudio la empresa no realizó ninguna investigación a profundidad ni tomó datos adecuados sobre la dinámica de las corrientes en la región, y además desdeñó un cúmulo de información científica que señala lo contrario de sus conclusiones. En la autorización de este plan se hizo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua, de la de Áreas Naturales Protegidas, organizaciones ambientalistas, de científicos y de la sociedad. Por su parte, el director en México del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Omar Vidal, dijo que sus oficinas en alrededor de 20 países han enviado cartas al presidente Felipe Calderón para demandarle la cancelación de Cabo Cortés, ya que no es el modelo de turismo que debe aceptar México. La concesión que otorgó la Semarnat a la empresa para extraer el agua es el equivalente al 100 por ciento de la disponible en el único acuífero no sobreexplotado en una región desértica, sin considerar las necesidades de la población actual y futura, la creciente vulnerabilidad de la zona ante el cambio climático global ni los ciclos de sequía. Pero la empresa no presentó las coordenadas exactas de la perforación de pozos, lo cual denota que el permiso se dio sin que esta dirección conozca la ubicación exacta de los pozos y no evaluó el impacto a las comunidades. Es preciso señalar que este año la Semarnat dio una nueva autorización a la empresa, pero parcial e incluye el permiso para dragar canales y la construcción de hoteles. Declaraciones de Greenpeace México y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) lamentan que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya desaprovechado la última oportunidad que estaba en sus manos para cumplir con su misión: proteger el medio ambiente y los recursos naturales, pues rechazó el recurso de revisión que interpusieron en contra del megaproyecto turístico Cabo Cortés, el cual afectará de forma irremediable el parque nacional Cabo Pulmo. El Cemda recordó que, “en su momento, un miembro de la comunidad interpuso un recurso de revisión a la autorización que dio Semarnat al proyecto, 130

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alertando que ésta se daba en clara contravención al programa de ordenamiento ecológico del municipio de Los Cabos, que prohíbe la construcción en dunas para proteger los arrecifes y área marina de Cabo Pulmo. Si a esto no se le da la solución debida, entonces Cabo Cortés se desarrollará en 3 mil 800 hectáreas, de las cuales 70 por ciento se destinarán a reserva ecológica y el proyecto inmobiliario de 27 mil cuartos será en el resto de la superficie. En sí, el gobierno del país cae en una enorme contradicción al promover a Cabo Pulmo como patrimonio ante la Unesco y al mismo tiempo rematarlo para la construcción de megaproyectos turísticos. Así como este proyecto, la paraestatal planea otros modelos de este tipo en Barra de Potosí, Guerrero, y en Escuinapa, en Marismas Nacionales, entre Nayarit y Sinaloa, donde provocarán problemas ambientales y socioeconómicos, generación de basura, mala calidad del agua, desempleo o empleos de mala calidad; en otras palabras, terminan por destruir los paraísos naturales que en un principio atraían al turista. Las denuncias se siguen realizando, para ello se ha logrado generar una articulación con organismos intergubernamentales internacionales para acusar al gobierno mexicano de violar el derecho a un medio ambiente sano. El 15 de noviembre de 2011 se llevó a cabo una reunión entre organizaciones ambientalistas mexicanas, internacionales, Marc Patry, experto en patrimonio mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), María Rivera, la consejera para las Américas de la Secretaría Técnica de la Convención sobre Humedales (Ramsar) y Allen Putney, el vicepresidente de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) Durante la reunión, organizaciones de la sociedad civil nacionales denunciaron el incumplimiento del derecho de consulta y la ausencia de participación ciudadana. 4. Jilotzingo La defensa de la tierra y el medio ambiente a través de la Organización y la Visibilidad

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Resumen del Caso90 En 2006, la empresa Confinam, SA de CV, solicitó autorización para la instalación de un relleno sanitario de residuos no peligrosos en la comunidad de Jilotzingo, estado de México. Para la instalación de dicho tiradero no se consultó a las comunidades aledañas. A pesar de conocer la inconformidad de la población, las autoridades municipales, estatales y federales dieron su autorización con actuaciones notoriamente irregulares, por ejemplo, el establecimiento en cuestión se encuentra dentro de la superficie de la poligonal del acuífero Pachuca Cuautitlán, estado de México e Hidalgo, a metros de uno de los afluentes de la presa Madín, que surte de agua a colonias en los municipios de Atizapán, Naucalpan, y Tlalnepantla en el estado de México. En 1992 ya había sido solicitada esta autorización, sin embargo, en aquella ocasión la respuesta fue un no contundente por parte de la Conagua, exponiendo en sus conclusiones que existía la posibilidad de la presencia de residuos tóxicos. Aunado a esto, se preveía que los lixiviados serían arrastrados y depositados en la presa Madín, existiendo el riesgo de que tal cuerpo de agua fuera contaminado afectando su uso. El delegado federal de la Semarnat en el estado de México autorizó el estudio de Impacto ambiental y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales. En esta ocasión, se otorgó el permiso a la empresa, ya que se comprometió a resolver con “soluciones tecnológicas” el problema de los lixiviados. Éstas consisten en cubrir el suelo del relleno sanitario con un plástico grueso (geomembrana) a fin de que no hubiera filtraciones al subsuelo. Dicha solución fue aceptada sin un proceso científico que permitiera asegurar que no hay riesgo; de hecho, es prácticamente imposible que la geomembrana de plástico resista las 20 mil toneladas de basura contempladas en el proyecto sin una cuarteadura o rasgadura que permita a los lixiviados filtrarse hacia los cuerpos de agua aledaños. En entrevista con uno de los defensores ambientalistas afectado por el proyecto y habitante de la comunidad, pudimos conocer un poco más del 90

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.; Informe Anual sobre la Situación de los DESCA en México, 2007-2008. CDHFV-Fundación Mac Arthur, México, 2008, 154 pp.

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proceso de exigibilidad que comenzaron al enterarse de la operación del tiradero, proyecto que desde el comienzo estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos. Primero, partieron del desconocimiento puesto que no hubo ningún proceso de consulta previo a los afectados y afectadas, la comunidad no fue informada de esa decisión gubernamental que afectaría sus vidas. Inclusive, entre rumores les comentaron que el proyecto no sería autorizado así que no tenían por qué preocuparse. Sin embargo, un día, dos o tres tractores se instalaron en la antigua mina conocida como Chiluca, era extraño mirar esos camiones de alto tonelaje por aquellos caminos. Así que se acudieron a la presidencia municipal a informarse sobre lo qué estaba sucediendo. Las autoridades les confirmaron del permiso que se le otorgó a la empresa Confinam para habilitar un relleno sanitario en el lugar donde antes estuvo la mina. Una vez que les entregaron el expediente, les sorprendió que el proyecto se refería a un relleno biológico infeccioso de laboratorios y de hospitales cuya respuesta del gobierno del Estado fue facultarlos para disponer de residuos no peligrosos mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales decide otorgarles un permiso condicionado. Dado que la empresa ya había comenzado a operar, los y las habitantes de la comunidad vieron como primera opción intentar dialogar con las autoridades, convencer a los regidores. Lograron hacerlo con cinco, sin embargo, no fueron suficientes para detener el proyecto en el cabildo, sobre todo si el presidente municipal se mantenía renuente. Así que se vieron obligados a hacer movilizaciones sociales y tuvieron que buscar la forma de ejercer presión para ser escuchados ante la falta de voluntad política. Como resultado de una de las movilizaciones cerraron la carretera estatal por más de una hora y sólo así, lograron una reunión con los directores de la Secretaría de Medio Ambiente. Las OSC’s en articulación con un movimiento organizado A partir de esa reunión se dieron cuenta que las autoridades seguirían convenciéndolos y que necesitan apoyo de otros actores. Fue así que se acer133

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caron al Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. El Centro Vitoria los asesoró y asistió para que éstos tramitaran juicios administrativos en contra de las autoridades que autorizaron el relleno sanitario. Con base en los juicios administrativos se logró la suspensión temporal de la obra. En el año 2009, se logró que el Municipio revocara el permiso otorgado con anterioridad, concediendo únicamente un permiso para desechar cascajo. A pesar de que éste es un buen resultado, no se contaba con una posición oficial que garantizara que el relleno no operaría. El 26 de febrero de 2010 se acudió en compañía de los interesados a una visita con miembros del ayuntamiento, entre ellos, la presidenta municipal. En ese año (2010) se consiguieron los acuerdos formales para cancelar el proyecto, sin embargo continúan las acciones con el objeto de lograr el compromiso por parte del Gobernador del Estado y una cancelación definitiva. Los habitantes de la zona han sido muy importantes al movilizarse reclamando violaciones al derecho al agua, medio ambiente, información y participación. Y también se han construido lazos con otros movimientos sociales, lo cual los cobija y es, a la vez, una forma de proteger su labor y ejercer presión. El 14 de julio del año 2010, en el marco de una manifestación organizada por la Alianza Única del Valle, representantes del gobierno del Estado de México firmaron un compromiso para no permitir el funcionamiento del tiradero, cuestión que fue corroborada por el ayuntamiento a la semana siguiente. Una vez organizados, poco a poco fueron tejiendo lazos con diversas organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y ambientalistas, así como con medios de comunicación. Aquellos lazos fueron determinantes para visibilizar el problema hacia afuera, por un lado, y por el otro, para fortalecer a la comunidad, empoderarla haciéndole saber que les estaban violando sus derechos y que ello conlleva un castigo para las autoridades porque su bienestar no es una concesión de los gobiernos es su obligación. Las OSC’s jugaron diversos roles. En un principio, el Grupo de Tecnología Alternativa, los apoyó haciendo un estudio sobre las afectaciones ambientales del proyecto a largo plazo, demostrando que sí contaminaría. Posteriormente, buscaron apoyo de otras organizaciones, es importante decir que no todas respondieron de la misma forma, algunas estaban en condiciones de apoyar y otras no. 134

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Y con las que decidieron participar construyeron dos estrategias, una jurídica y otra política. Ambas se desarrollaron a la par de una eficaz estrategia de visibilidad en los medios de comunicación que también impulsaron organizaciones, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), sobre todo advirtiendo los riesgos de amenazas y agresiones a los defensores ambientalistas. La jurídica para exigir la responsabilización de las autoridades por las violaciones del derecho a la salud, al agua, al medio ambiente, a la participación y a la información; y la política para fortalecer a la comunidad y ejercer presión para que la resolución se hiciera acorde con los derechos humanos, porque “si no se hace público no hay presión”.91 Actualmente el caso no ha sido cerrado por completo porque la obra no ha sido cancelada, sólo está suspendida. Y los principales obstáculos a los que se enfrentaron siguen latentes, la corrupción y el apoyo de las autoridades a las empresas. Lamentablemente, la ignorancia y poca sensibilidad y falta de compromiso de las autoridades con los derechos humanos y los instrumentos internacionales ha provocado que parte de la solución del caso dependa de la voluntad política del presidente municipal en turno. En poco tiempo habrá cambio de administración municipal y las y los afectados temen que el conflicto vuelva a agudizarse, sobre todo por la violación del derecho de acceso a la información, ya que varios de los acuerdos se concretan en la opacidad. Pero se mantienen organizados, unidos y hacen labor de concientización sobre el cuidado y preservación del medio ambiente. Uno de los resultados de todo este proceso de exigibilidad ha sido conocer el enfoque de derechos humanos, utilizarlo y promoverlo. Asimismo, como resultado también se logró la constitución de una asociación civil que les permitirá obtener más recursos para continuar en la lucha y para mantener y seguir tejiendo lazos de exigibilidad y defensa de los derechos humanos. 5. Conclusiones El medio ambiente es un derecho reconocido a nivel internacional y nacional, por ello se cuenta con un amplio marco de protección sobre diversos 91

Entrevista realizada a afectados de la comunidad de Jilotzingo.

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temas colocando en el centro de todos ellos el bienestar de las personas en relación con la naturaleza. Dada la crisis ambiental mundial, se ha fijado una agenda a nivel internacional, siendo el PNUMA el principal promotor para que los países adopten los compromisos correspondientes. Sin embargo, todavía no se vislumbra un verdadero compromiso de los Estados con el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos. La degradación ambiental se ha medido en términos económicos, se le asigna un costo que hay que pagar. Para revertir la situación se toma en cuenta un elemento que antes no había sido contemplado en los costos de producción por considerársele una externalidad gratuita, los servicios ambientales. Del pago por los servicios ambientales salen suficientes ingresos para invertirlos en revertir la degradación. No obstante, este esquema no contempla la vinculación con grupos en situación de pobreza y grupos de población cuyos usos y costumbres contemplan saberes ecológicos que no son valorados. La participación de la sociedad civil y de los afectados es uno de los pendientes del Estado Mexicano, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las principales problemáticas ambientales son: sobreexplotación de los recursos naturales, proyectos turísticos que no respetan la normatividad ni las disposiciones internacionales ni el bienestar de la población, las medidas para combatir el cambio climático no contemplan las características de los grupos de población en el caso de los bosques y la reforestación, la privatización del agua, la contaminación por parte de las empresas en el caso de megaproyectos, por ejemplo, las mineras. Las empresas se han convertido en un actor clave de las violaciones a los derechos a la salud, medio ambiente, vivienda y participación y el Estado incumple su obligación de proteger, respetar y garantizar. Los mecanismos de exigibilidad del derecho a un medio ambiente sano aún tienen grandes retos. Apenas se comienzan a considerar las afectaciones colectivas. Y en los casos de violaciones al derecho a un medio ambiente sano se reproducen en lo micro los esquemas de inversión y productividad por parte de las empresas, a quienes se les otorgan todas las facilidades para operar sin tomar en cuenta el impacto negativo en las comunidades y poblaciones de las zonas en las que operan. 136

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Son las autoridades municipales las principales que, dado su desconocimiento de los derechos humanos, violan el derecho a un medio ambiente sano. Mientras que las federales hacen caso omiso de las demandas. La resolución de la violación del derecho sigue dependiendo, en gran medida, de la voluntad política. Por ello, los mecanismos que han utilizado los y las afectadas para defenderse se basan, principalmente, en la organización, en la denuncia y visibilidad y en la articulación con organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. La labor como defensores del medio ambiente pone en riesgo su integridad física, psicológica y emocional. Sin embargo, ha costado mucho esfuerzo que las autoridades respondan. Es así que las herramientas de defensa de los derechos humanos se han convertido en su principal instrumento para que atiendan sus demandas. Y es preocupante que su labor tampoco sea protegida y valorada. 6. Recomendaciones Exigimos al Estado Mexicano: • Tomar en cuenta en las discusiones sobre cambio climático las afectaciones al bienestar de las personas. • Garantizar a través de las políticas públicas el abasto de alimentos y la mejora de la calidad de vida de los campesinos y sus familias. • Proteger a la población por las violaciones al derecho a un medio ambiente sano derivadas de la actuación de las empresas. • Vigilar que las concesiones a las empresas mineras y los permisos por la operación e instalación de megaproyectos, presas y proyectos turísticos tomen en cuenta que no se viole el derecho a la tierra, territorio, vivienda y medio ambiente de ninguna persona o grupo. • Antes del comienzo de cualquier proyecto que afectará el medio ambiente, el Estado está obligado a hacer una consulta a los afectados y afectadas. • Proteger la labor de los defensores ambientalistas.

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Derecho a la Salud Introducción El derecho al nivel más alto de salud está reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por este derecho se entiende el poder contar con completo bienestar físico, mental y social. Esta garantía es parte esencial para asegurar el derecho a una vida digna y la ausencia de enfermedad no significa que se esté realizando. Para que un Estado pueda garantizar el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, debe contar con un sistema de atención y protección de la salud para toda la población; que sea adecuado y suficiente para atender las necesidades y características de género y edad. La negación a la atención médica, por cualquier motivo (como la falta de hospitales, medicamentos o de información sobre la prevención de enfermedades) resulta una violación a este derecho humano. El contenido del derecho incluye que los centros médicos deben ser accesibles a toda la población para brindar una atención oportuna y adecuada. Es obligación del Estado mexicano garantizar que los bienes y servicios de salud estén una distancia razonable, que no exista algún impedimento económico o administrativo que entorpezca el acceso a las personas; así como, la información sobre prevención de enfermedades y su atención sea adecuada y oportuna. A pesar de que el derecho a la salud está reconocido por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como elemento esencial para garantizar la dignidad de las personas, el descuido por parte de las autoridades hacia los sistemas de protección y atención de la salud limitan u obstaculizan el acceso físico a los centros de salud, a los medicamentos y a la información sobre la prevención de enfermedades. Este capítulo intenta dar un panorama general de los avances, retrocesos y violaciones del derecho a la salud en nuestro país durante 2011. Como eje transversal usaremos el análisis del contenido mínimo del derecho a la salud pues su incumplimiento por parte de autoridades impide su plena realización en sectores como las comunidades rurales, principalmente campesinas e 140

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indígenas, en donde la falta de infraestructura, médicos y personal de salud impide su acceso físico y económico al ejercicio del derecho. Por tal motivo, las comunidades inician una movilización para exigir que se cumpla y garantice, como la comunidad de Xochiojca, el cual analizaremos. 1. Marco Jurídico Internacional En el ámbito internacional, el derecho humano a la salud está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25); en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 33) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 y del cual se desprenden diversas Observaciones Generales (OG). Las OG que reconocen este derecho son: la OG 5, párrafo 34, referente a personas con discapacidad; la OG 6, párrafos 34 y 35, sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores; la OG 14, que precisa elementos del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y, por último, la OG 18 sobre la no discriminación. Estos instrumentos dan respaldo y acotan las obligaciones de respetar, garantizar y proteger que el Estado y las autoridades deben cumplir. 2. Nacional Durante 2011, los documentos jurídicos que protegen al derecho siguen siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo cuarto y la Ley General de Salud. Ésta última, establece la gratuidad y universalidad de la prestación de los servicios de salud, pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, aunque las cuotas de recuperación sean una contradicción persistente. Aunque cabe destacar que aún cuando el derecho a la salud ya estaba reconocido en la Carta Magna de nuestro país, las reformas en materia de derechos humanos le dan mayor fuerza al derecho a la salud al proveerlo de mecanismos jurídicos internacionales para su exigibilidad y protección.

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2. Política Pública Federal en materia del Derecho a) Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2011 Los programas sectoriales y programables en materia de salud están determinados por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND 2007-2012) que dicta los ejes rectores de la política pública del país. No obstante, como hemos advertido anteriormente, dicha política se basa en la competitividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno para favorecer el desarrollo de las empresas y no el cumplimento de los derechos humanos. Se pretende es recortando las obligaciones del Estado en materia del derecho a la salud, delegando responsabilidades y presentando los servicios de salud como una mercancía. Esta visión ha impactado en programas que no permiten el pleno goce del derecho a la salud para toda la población, principalmente para las comunidades marginadas, rurales o indígenas. Incluso cuando el PND 2007-2011 reconoce la necesidad de aumentar la capacidad del personal de salud y el abasto de medicamentos, busca subsanar estos vacíos en el Objetivo 5 “Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente”. Empero, las estrategias implementadas y las acciones implementadas no han sido suficientes para dar cumplimiento y persiste la falta de infraestructura, personal, medicamentos y recursos.92 Igualmente en su Objetivo 6 “Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables”, más específicamente por medio de su Estrategia 6.2, pone énfasis en la necesidad de ampliar la cobertura de servicios a través de unidades móviles y el impulso de telemedicina.93 Su justificación es atender a las comunidades marginadas y/o alejadas y dispersas que carecen de unidades médicas, pero está opción no puede subsanar las emergencias que nacen en ellas y la necesidad de atención urgente de calidad en unidades médicas y hospitalarias. 92

Presidencia de la República. Programa nacional de Desarrollo 2007-2012. México 2007. p167 Op. Cit. p. 170

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b) Programa Sectorial de la Secretaría de Salud94 El Programa Sectorial de la Secretaria de Salud (PROSESA) tiene como propósito dar apoyo al PND 2007-2012. Entre sus objetivos se encuentran: • Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas, y • Prestar servicios de salud con calidad y seguridad, como la misma secretaría lo describe, ya que resulta imprescindible contar con servicios personales y de salud pública de calidad efectivos y seguros, que respondan a las expectativas de los usuarios y tomen en consideración su diversidad cultural. Para ello, la secretaría ha implementado diversos programas, a través de diferentes direcciones coordina los programas Comunidades Saludables, Programa Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) o el Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable.95 c). Programas de Atención a Familias y Población Vulnerable96 Este programa a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, busca contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas mejorando el desarrollo integral de las familias y las comunidades. Su objetivo sectorial es reducir las brechas o desigualdades en salud mediante dichas intervenciones. Actualmente el CONEVAL reporta que el presupuesto ejercido en 2010 fue de 219.68 millones de pesos, es decir un 42 por ciento menos con respecto al año anterior en términos reales, pero aún así, permitió que dicho programa 94

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Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. PROSESA. Ver en http:// portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/plan_sectorial_salud.pdf Ídem. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). SSA. Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable. http://portal.salud.gob.mx/sites/ salud/descargas/pdf/evaluaciones/eed10_11/atencion_familia_vulnerable/ejecutivo.pdf

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atendiera un total de 311 mil 209 personas. Con esta cantidad se estaría atendiendo a más del triple de la población objetivo (324.89 por ciento más de la meta establecida). No obstante, no existe información que certifique que esta cobertura realmente haya tenido un impacto satisfactorio en su desempeño. El CONEVAL señala que existen errores conceptuales en las definiciones y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida. Segundo, no existe una estrategia de corto y mediano plazo del programa que sirva de parámetro para evaluar los avances. El acuerdo para la asignación de montos y la distribución de la población objetivo entre los estados no es producto de un ejercicio de planeación estratégica de política pública que pueda servir como referente para la evaluación. Finalmente, la información agregada a nivel estatal no permite analizar las diferencias en la cobertura a nivel municipal. d). Programa Comunidades Saludables97 El Programa Comunidades Saludables se encuentra a cargo de la Dirección General de Promoción de la Salud. Con dicha política se busca atender a la población de los municipios de 500 a 2 mil 500 habitantes, es decir comunidades en zonas rurales y de alta marginación. Tiene como objetivo reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades. Este programa pretende dar acción al PND 2007 – 2012, específicamente al Eje de Igualdad de Oportunidades. Su atención es principalmente de prevención a través del control de los determinantes potencialmente modificables que inciden en la misma. Ello se busca por medio de la asesoría técnica y capacitación en promoción de la salud hacia los responsables de las áreas de promoción de la salud del nivel estatal y jurisdiccional, así como local para procurar el acercamiento de la comunidad a los servicios de salud. No es posible realizar una evaluación más profunda ya que el programa tiene insuficiencia de información actualizada para 2011. En sus datos más re97

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). SSA. Programa Comunidades Saludables http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/ evaluaciones/eed10_11/comunidades_saludables/completo.pdf

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cientes reporta que en el año 2009 una cantidad de 125 proyectos recibieron apoyo, mientras que en 2010 fueron sólo 123. Además, en 2010 existe una proporción importante de proyectos apoyados que no realizaron las evaluaciones externas comprometidas en las reglas de operación. En cuanto a financiamiento, el programa ha recibido un aumento en su presupuesto al pasar de 48.72 millones de pesos en 2001 a 105.37 millones para 2011. Sin embargo, no se cuenta con información sobre los avances del Programa en 2011. El CONEVAL también destaca que en materia de información, no resulta claro el incremento tan importante en el indicador de municipios apoyados en el año, que pasó de 29.8 a 85.6 por ciento de 2009 a 2010, siendo que el presupuesto y los montos máximos de apoyo no se modificaron en la misma proporción. Resalta que en tres casos la meta es significativamente inferior a lo programado. Una gran deficiencia del programa es que la atención no se dirije a la comunidad, sino a programas muy específicos como la disminución de paludismo o programas de vacunación antirrábica. Si bien existen problemáticas que afectan la salud de la población que debe ser atendida de manera focalizada y que con el programa se han podido apoyar proyectos que se enfocan en la promoción y prevención en cuestiones como la desnutrición infantil, obesidad y sobrepeso, mortalidad materno-infantil y VIH, entre otros, esta extrema focalización de grupos de población o temáticas muy determinadas puede anular el potencial del programa que involucra mecanismos de participación y organización social y que bien dirigido podría permitir la vinculación con autoridades municipales y estatales más allá de las localidades en donde inciden los proyectos. e). El Seguro Popular El Seguro Popular (SP), en su calidad de programa principal de atención a la población sin derechohabiencia a la seguridad social, fue creado como instrumento para, mediante el aseguramiento de la población en el sector salud, permitir el acceso a los bienes, centros y servicios que brindan las instituciones públicas. 145

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Este sistema ha sido altamente criticado desde su fundamento, pues su visón se basa en el prepago de los servicios por parte de los beneficiarios, es decir, no hay responsabilidad, ni siquiera una corresponsabilidad del gobierno, sino que se delega ésta a la población que se empobrece anualmente al enfrentar gastos de salud y quienes deben pagar los servicios que brindan para disfrutar un derecho. Con dicha política, el gobierno incumple su obligación de garantizar el pleno goce del derecho al establecer un precio por facilitar y garantizar los bienes y asistencias que ofrece. Cabe destacar que al mes de febrero de 2011 el número de afiliados es de 44 millones 900 mil 729 mismo que representa un avance del 75.94 por ciento de la población definida como potencial que es de 59 millones 124 mil 464.98 f). Gasto Público El grado en que un derecho sea plenamente satisfecho se deriva de la política pública, ya que de ella se determinan las acciones directas para cumplir con los objetivos que permitan garantizar a toda la población el goce efectivo del derecho a la salud. Una de estas acciones es la asignación del gasto que permite la construcción de infraestructura, asignación de recursos materiales y humanos o abastecimiento de medicamentos, entre otros. Durante 2011 el gasto público federal para los servicios de salud ascendió a 169 mil 582.9 millones de pesos, cifra superior en 4.5 por ciento real respecto al monto erogado en el mismo periodo de 2010. Pero su asignación sigue siendo inadecuada. No obstante que la secretaría de salud declara que desde 2005 el gasto en salud se mantiene en 6.5 por ciento del PIB, según datos disponibles del banco mundial, en 2006 se mantuvo en 5.7 y sólo hasta 2009 se alcanzó el 6.5 por ciento. Además, debemos contemplar que no todo es gasto público, ya que de este total 54 por ciento proviene de gasto privado.99

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). SSA. Programa Seguro Popular. [ref. 3 de noviembre de 2011] Ver en: http://portal.salud.gob. mx/sites/salud/descargas/pdf/evaluaciones/eed10_11/seguro_popular/completo.pdf Banco Mundial. Tabulado “Gato total en salud (PIB %).” [Consultado el 05 de Noviembre de 2011] Ver Página Web http://datos.bancomundial.org/indicador/SH.XPD.TOTL.ZS

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Sobresalen los recursos destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentró el 75.9 por ciento y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que contó con el 17.1 por ciento del total de recursos. El gobierno federal reporta que gracias al aumento del gasto público en salud se permitió incorporar a casi el triple de personas al Seguro Popular; introducir un mayor número de unidades médicas y equipamiento para una decidida respuesta a la demanda de servicios; ampliar la plantilla de personal y de manera relevante, la operación de todos los programas comprometidos en beneficio de la población que carece de seguridad social.100 3. Situación que Guarda el Derecho 3.1. Sistema de Salud Es obligación del Estado mexicano garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población, especialmente a los grupos sociales que por su condición se ven marginados o discriminados. Es por ello que dichas obligaciones incluyen el establecimiento de un sistema de salud público, privado o mixto que sea asequible a todos, el fomento de las investigaciones médicas y la educación en materia de salud, así como la organización de campañas de información.101 Igualmente forma parte de sus obligaciones cumplir (facilitar) un derecho específico enunciado en el Pacto en los casos en que los particulares o los grupos no están en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejercer por sí mismos ese derecho con ayuda de los medios a su disposición.102

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101

102

Presidencia de la República. Quinto Informe de Gobierno. México. 2011. pp. 434. [ref. el 27 octubre de 2011]. Ver en: http://www.informe.gob.mx/informe-de-gobierno/ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las naciones Unidas. Observación General No. 14 (OG 14 Párrafo 36) 2000 (E/C.12/2000/4) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Ver en: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/c25222ddae3cbdbbc1256966002ef970?OpenDocum entOG 14 párrafo 36 Op cit. Párrafo 37

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No obstante, si bien en nuestro país contamos un sistema de salud público, como se ha mencionado en otros informes, éste está fraccionado, por lo que su acceso es inequitativo. Cada una de las instituciones que cubren a la población atiende a un grupo social en específico y no toda la población, por diversas circunstancias, puede acceder a ellas. La población asegurada, quienes sí cuentan con un empleo formal y con prestaciones sociales, es atendida por los Institutos correspondientes a los que está adscrita: IMSS, ISSSTE, PEMEX o la Defensa y Marina Nacional. En términos netos, 74 millones 321 mil 995 personas cuentan con un sistema de atención por seguridad social, de los cuales, 35 millones 211 mil 846 personas pertenecen al IMSS; 26 millones 558 mil 908 personas al Seguro Popular y 6 millones 366 mil 321 al ISSSTE. No obstante, en México, 36 millones 961 mil 419 personas no cuentan con una derechohabiencia, lo que en teoría significa que como población no asegurada (PNA), es atendida a través de la Secretaría de Salud (SSA y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Los estados con mayor índice de población no derechohabiente son aquellos que presentan una mayor concentración poblacional como el Estado de México (Edomex) con 5 millones 907 mil 458 personas sin seguridad o el D.F. con 2 millones 870 mil 045 personas. Pero este rezago es casi igual en estados cuya población es principalmente rural y/o indígena y que presentan altos índices de pobreza, como: Jalisco con 2 millones 457 mil 215 personas; Chiapas con 2 millones 53 mil 473 personas; Michoacán con un millón 917 mil 64 personas; Oaxaca con un millón 667 mil personas; Guerrero con un millón 549 mil 168 personas. Pero destaca Veracruz con tres millones 42 mil 216 personas no aseguradas.103 La PNA puede ser atendida en hospitales locales o federales, y desde 2002, mucha de ella se ha adscrito a través del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), mejor conocido como Seguro Popular. Con este instrumento 103

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2011. Tabulado de “Población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e institución para cada entidad federativa y condición de derecohabiencia a servicios de salud e institución”. INEGI. 2011

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el gobierno federal planea que hacia 2012 toda la población esté cubierta, ya sea por la seguridad social o el SPSS. Los Sistemas Estatales de Salud (Sesa) y el programa IMSS-Oportunidades, así como diversas instituciones federales, proveen servicios a la PNA (incluidos los financiados por el SPSS).104 Este sistema de protección ha sido en muchas veces cuestionado tanto por sus altos costos como por la duplicidad de sus funciones y por significar un esquema inequitativo para la población. 3.2 Accesibilidad y Disponibilidad del Derecho a la Salud (Infraestructura) El contenido mínimo del derecho a la salud dice que la infraestructura, es decir, los bienes y servicios deben estar al alcance de todos. En este sentido, el componente de accesibilidad física debe contemplar dos aspectos: que la población pueda en momentos de necesidad ser atendidos en las instituciones de salud que brinda el gobierno y que la ubicación geográfica permita el acceso de toda la población, en especial de los grupos vulnerables o marginados, como las comunidades rurales e indígenas, mujeres, infancias, entre otros. Pero no basta con decir que en un país se cuenta con un sistema público de atención a la salud. Otro componente esencial del contenido mínimo del derecho es la disponibilidad de centros e información referente a la salud, lo cual significa contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y programas correspondientes para su protección. Es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho de acceso a estos centros al disponerlos al alcance de todos física y geográficamente, sin discriminación. En este tema cabe mencionar que en nuestro país, del total de bienes y servicios médicos, el 86.8 por ciento pertenecen al sector público y solamente 13.2 por ciento a instituciones privadas.105 Por su parte, en su quinto informe de gobierno el ejecutivo señala que del año 2007 a junio de 104

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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México. Informe Desarrollo Humano. p. 89 RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES (INFRAESTRUCTURA) http://www.sinais.salud. gob.mx/infraestructura/index.html

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2011 se han construido 896 obras nuevas. Durante el periodo enerojunio de 2011, la inversión física del sector público federal en salud incrementó 23 por ciento real respecto a la realizada en el mismo periodo del año anterior; un avance de 59.3 por ciento con relación a la programada anual. Siendo nuevamente el IMSS y el ISSSTE, con 92.2 por ciento del monto, las instituciones más beneficiadas. 106 El ejecutivo ha anunciado que en este año se ha hecho una inversión en infraestructura física en salud por más de 64 mil millones de pesos, destinados a construir, ampliar o remodelar 300 obras en todo el país para tener un total de 3 mil 74 acciones de obra concluidas durante lo que va de esta administración.107

Nuevas unidades de consulta externa y de atención hospitalaria En esta administración, al 30 de junio de 2011, se concluyeron 856 acciones de infraestructura, entre obras nuevas y sustituciones. De éstas, 753 corresponden a unidades de primer contacto y 103 a unidades de hospitalización. Se tienen en proceso de construcción 235 obras, para su terminación en 2011, de éstas 185 son unidades de primer contacto y 50 de hospitalización. Quinto informe de gobierno. Desarrollo Integral. 3.2 Salud. Documento PDF, pág. 434-459, Obtenido de la red mundial el 7 de noviembre de 2011 http:// quinto.informe.gob.mx

Con respecto a los institutos del IMSS e ISSSTE, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, el IMSS concluyó 29 obras, de las cuales 19 corresponden a unidades hospitalarias, con las que se logró aumentar en 439 camas censables.108 Por su parte, en el mismo periodo el ISSSTE reportó la construcción de cinco unidades médicas en los tres niveles de atención.109 Se pretende que el instituto tenga al final de 2012 un incremento de 2 mil 652 camas y 471 consultorios.110 106 107

108

109 110

Sin autor. “Inversión de 64 mil mdp en infraestructura de salud”. Notimex. 7 de agosto de 2011. Sin autor. “Inversión de 64 mil mdp en infraestructura de salud”. Notimex. 7 de agosto de 2011. Presidencia de la República. Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012. México 2007 p. 449 Ídem. Presidencia de la República. Quinto Informe de Gobierno. México. 2011. pp. 450. [ref. el 2 de noviembre de 2011]. Información disponible en Web: http://www.informe.gob.mx/ informe-de-gobierno/

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Es bien sabido que existe un enorme rezago de unidades médicas de atención, pero que quienes sufren dichos atrasos suele ser la gente más necesitada y marginada, como lo son las comunidades rurales e indígenas de nuestro país. Debido a que la mayor parte de las unidades de atención, principalmente las de alta especialidad (unidades de segundo y de tercer nivel), se encuentran concentradas en los centros urbanos, quienes habitan en las poblaciones periféricas deben recorrer grandes distancias en tiempos muy largos, lo que impide un acceso al derecho en forma oportuna. Asimismo, el componente de calidad del derecho, referente a la atención, depende en muchas ocasiones de la cantidad de personal médico y de cuidado de la salud que pueda cubrir la demanda en medicina general o especialidades que solicita la población. En cuanto a la cantidad de personal capacitado disponible en el sector salud, México tiene 1.85 médicos por cada mil habitantes, cifra inferior al promedio internacional deseable, que es de tres médicos. Cabe señalar que además, este indicador debe también atender la distribución geográfica de médicos. Lo anterior se refleja en la calidad y el tiempo máximo de espera que existe entre la solicitud y el acceso del paciente para la realización de consulta o intervención. El Sistema Nacional de Salud indica que 92 por ciento de los usuarios espera entre 0 y 50 minutos para ingresar a consulta. Desgraciadamente, estos datos son muy amplios y no permiten saber con exactitud cuál es el mayor porcentaje de tiempo.111 La institución dice también que en el medio rural el 1.7 por ciento de los usuarios espera entre 51 y 60 minutos por consulta, pero que el 4.7 por ciento espera más de 71 minutos para ser atendido.112 La desigualdad se observa también entre instituciones. PEMEX, por ejemplo, tiene un promedio de tres médicos por cada mil derechohabientes, mientras que la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE tienen menos de dos. Ello refleja que existen diferencias entre los servicios de salud que reciben derechohabientes del sector paraestatal. 111

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Información de unidades del Sistema nacional de Salud del Programa PAC durante el cuatrimestre 02 del año 2011 http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/indicaII.php?gobierno =N00000&mesurando=c12&bimestre=02&anio=2011&institucion=00&programa=PA Información de unidades del Sistema Nacional de Salud del Programa PAC durante el cuatrimestre 02 del año 2011. http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/indicaII.php?gobiern o=N00000&mesurando=c11&bimestre=02&anio=2011&institucion=00&programa=PA

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3.3 Cuadro de morbilidad y mortalidad Toda la política pública, así como la disponibilidad y accesibilidad a los centros de atención redunda en una parte esencial de la salud que es la calidad de vida. Si bien la enfermedad no es causada por los gobiernos, los cuadros de mortalidad y morbilidad indican cuales son los avances y retrocesos que un gobierno puede tener en su prevención, detección y atención; también permiten saber si la población puede hacer valer plenamente su derecho al más alto nivel de salud física y mental. Durante estos cinco años los cuadros de morbilidad no han variado a como se han señalado en informes anteriores. Tampoco se disponen de indicadores actualizados por parte de las autoridades. Por lo mismo no hay un argumento que señale la mejoría en zonas del país con pobreza y extrema pobreza. Las principales causas de mortalidad a nivel nacional continúan siendo los males crónicos degenerativos. La tasa de mortalidad de 2006 a 2008 (cifras más recientes) pasó de 7.5 a 7.7 en el caso de los hombres y de 5.2 a 5.3 en el caso de las mujeres.113 Las principales causas de mortalidad en hombres y mujeres fue la diabetes mellitus con una tasa de 14 por cada 100 mil habitantes; le siguen las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de once; en tercer lugar, encontramos las enfermedades cerebro vasculares con una tasa de 5.6; por último, los diversos tumores se colocan en una tasa conjunta de 6 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que el VIH/ SIDA en una tasa de 1.0. Estas cifras son de 2008 y a nivel nacional sin presentar desgloses. Falta mayor información por parte de las autoridades con respecto a cómo estas tasas de mortalidad afectan a cada género y grupos de edad, lo que dificulta un mejor análisis.114 Por su parte, las zonas del país en extrema pobreza se enfrentan a enfermedades crónicodegenerativas, al mismo tiempo, no han podido erradicar las infectocontagiosas o aquellas derivadas de la mala alimentación. En este 113

114

Sistema Nacional de Información en Salud. (SINAIS). Tabulado de Defunciones y tasa de mortalidad general (cruda y estandarizada) por sexo, según entidad federativa de residencia habitual. http://www.sinais.salud.gob.mx/mortalidad/index.html Sistema Nacional de Información en Salud. (SINAIS). Tabulado de Principales causas de mortalidad general, 2008. http://www.sinais.salud.gob.mx/mortalidad/index.html

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caso, las poblaciones más afectadas son las comunidades indígenas, quienes en su interior presentan grupos de población aún más afectados, como las mujeres, infancia y adultos y adultas mayores. 3.4 La salud en los pueblos indígenas. La falta generalizada de infraestructura en todo el sistema público afecta en gran medida a las poblaciones rurales y más pobres del país. Las poblaciones indígenas se enfrentan con el hecho de que viven en zonas muy marginadas del país que no cuentan con un acceso adecuado a los servicios de salud.115 Los centros de salud se encuentran a varias horas de camino o hay que trasladarse desde las comunidades a la capital de sus estados o a la capital del país para poder recibir la atención adecuada.116 Esta violación al acceso oportuno se refleja en cuanto a que las tasas de mortalidad son mayores en las comunidades indígenas. Por ejemplo, “las cifras de mortalidad infantil varían mucho a escala estatal. En 2008, las entidades con alta marginación presentaron mayor mortalidad infantil: Chiapas (21), Guerrero (21.5) y Oaxaca (19.2); estados que coinciden con el bajo presupuesto destinado a los servicios de salud pública. Lo más preocupante en este rubro es cuando la tasa se eleva hasta 26 al medir los casos en comunidades indígenas”.117 Tampoco debemos perder de vista perder de vista que existe un alto porcentaje de muerte materna en México y se ubica en 50.4 muertes por cada cien mil nacidos vivos. Las causas son altamente prevenibles con los tratamientos y atención oportuna pues los tres primeros lugares de muerte materna la ocupan la Preclamsia-Eclamsia con 24.1 por ciento; la Hemorragia post parto con 22.5 y la sepsis o infección puerperal con 8.1 por ciento de las muertes maternas registradas. Para el caso de las comunidades indígenas, la mortalidad materna se eleva a 70 por ciento más, lo que demuestra su 115

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Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. -Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2002-2003. CDFFV. p. 54 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe anual sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México 2007-2008. p. 42 O.P. cit. p. 53

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marginación con respecto a las comunidades no indígenas. La mayor parte de las defunciones maternas se produce en áreas hospitalarias. En promedio, 25 por ciento de las fallecidas son beneficiarias del programa Oportunidades.118 Ante esta falta de garantía y cumplimiento de su derecho a la salud, en el país las comunidades indígenas han comenzado a organizarse para exigir el pleno goce de este derecho. A continuación expondremos dos casos que dan cuenta de ello. 3.5 Caso Mininuma119 La comunidad indígena de Mininuma se ubica en el municipio de Metlatónoc, estado de Guerrero. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo ha señalado como el más pobre y de mayor marginación en el país. La comunidad cuenta con familias numerosas que viven de la siembra de maíz y llegan a cosechar 400 kilos que les alcanza para comer 3 meses, mientras que el analfabetismo se eleva al 80 por ciento. Frente a la falta de servicios médicos, la comunidad se organizó en el año 2003 para exigir la construcción de un centro de salud, la asignación de un doctor y la dotación de medicinas, ante lo desgastante que resultaba acudir a la cabecera municipal, Metlatónoc, para ser atendidos. No obstante, la Secretaria de Salud ignoró su demanda. En consecuencia, la ausencia de una atención oportuna ante enfermedades curables provocó que del 2005 al 2007 fallecieran seis indígenas, de los cuales cuatro eran menores de edad. Como respuesta, los familiares de las víctimas y autoridades de la comunidad, apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, presentaron en agosto de 2007 una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) en contra del gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud por violación del 118

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Observatorio de Mortalidad Materna en México. Informe Semanal de Vigilancia Epide miológica. [Consultado el 15 de noviembre de 2011] Página Web. http://www.omm.org. mx/images/stories/MMaternas_sem44.pdf Gutiérrez Rivas Rodrigo y Aline Rivera Maldonado. El caso Mininuma, un litigio estratégico para la justiciabilidad de los derechos sociales y la no discriminación en México

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derecho a la salud. Pero la Secretaría se negó a responder a la comunidad, por lo que las autoridades de la comunidad y sus habitantes solicitaron un amparo ante un juzgado. Usando una estrategia de exigibilidad jurídica, la comunidad indígena pudo hacer efectivo el ejercicio de sus derechos al establecer que con la falta de servicios de salud de calidad y dignos se violó el artículo 4° constitucional sobre el Derecho a la salud que regula el derecho a la salud de toda persona y colectividad en territorio nacional. Igualmente, la comunidad optó por la creación de alianzas que fortalecieran su demanda, por lo cual se acercó a los integrantes del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Red Nacional de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) y el Espacio DESC. Con esta lucha, los pobladores de Mininuma lograron una resolución que exige al gobierno estatal y a la Secretaría de Salud que cumpla de inmediato con su obligación de garantizar el derecho a la salud de la comunidad equipando adecuadamente con mobiliario, servicios y medicamentos suficientes la casa de salud que construyó la comunidad con recursos propios. El Caso Mininuma ha sido un ejemplo de cómo una lucha por la exigibilidad del derecho a la salud puede tener éxito, por lo que otras comunidades han puesto en marcha este recurso para poder hacerlo efectivo en sus comunidades, como es el caso de Xochiojca, Veracruz, el cual analizaremos a continuación. Entre las múltiples estrategias que decidieron poner en marcha, se encuentran: el interponer un juico de amparo que obtuvo una sentencia favorable relativa a los derechos sociales (salud) y la no discriminación. El derecho fundamental a no sufrir discriminación comprende dos mandatos jurídicos, el primero de igualdad de trato y el segundo de igualdad de oportunidades, asimismo, el Comité DESC señala en el derecho a la no discriminación que “los establecimientos, bines y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos, e igualmente, los establecimientos de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial 155

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los grupos vulnerables o marginados como las minorías étnicas y poblaciones indígenas”. Con base en lo anterior, el caso Mininima sufrió completamente la discriminación en relación con el derecho a la salud y es importante señalar que los Estados tienen la obligación de brindar el acceso a un servicio digno de los ciudadanos no importando su condición e impedir en todo momento la discriminación ya que constituye un derecho fundamental para todos. Comunidad de Xochiojca y la lucha por su derecho a la Salud.120 El pueblo de Xochiojca es una comunidad alejada de la cabecera municipal de Zongolica, Veracruz. Siendo una comunidad agraria, sus habitantes se dedican al campo, no obstante que la situación de marginación y pobreza obliga a que la emigración se esté convirtiendo en tendencia. En dicha comunidad se violenta el derecho a la salud dado que persiste la ausencia de servicios médicos y, a los que pueden acudir, se encuentran alejados de la comunidad (Unidad Médica Coapa Pinoca y Amatepec), lo cual provoca que se violente la accesibilidad física a los centros de salud, así como la atención oportuna, poniendo en riesgo la vida de los pobladores. Por tal motivo, en 1995, toda la comunidad inició el movimiento en el pueblo nahua de Xochiojca, Zongolica, Veracruz para exigir se garantice su derecho a la salud. La población gestionó en ese año, ante las autoridades municipales, los recursos económicos para la construcción de un edificio donde se instalara la unidad médica. Se consiguió el terreno para su edificación y se levantó el inmueble gracias a la participación comunitaria mediante faenas, no obstante, fue hasta 2009 cuando terminó de ser construido el edificio. La unidad médica presenta desabasto de medicamento y el reparto es bimestral, además, no hay médicos que atiendan las necesidades y emergen120

Centro de Derechos Humanos Tloaltepeyolo. Xochiojca un largo camino por el derecho a la salud. [ ref. 01 de noviembre de 2011] .Zongolica, Veracruz.2011 Ver en http://www.youtube.com/ watch?v=LVvpaTJLWv4

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cias médicas de la población. A pesar de los esfuerzos de la comunidad y de la urgente necesidad de contar con la unidad médica, las respuestas han sido negativas. En consecuencia y con el argumento de que en Xojioca cuentan con la clínica, se les niega el servicio de atención en otras comunidades como en la Unidad Médica de Comapala dónde no les brindan la atención por no ser los derechohabientes. Desde el alzamiento del inmueble han pasado dos años sin que haya servicios médicos. Las demandas de la comunidad son claras: que se equipe la unidad médica con personal, medicamentos y todo lo necesario (servicios médicos, doctores, equipo médico, etc.), para que la comunidad pueda acceder de forma oportuna y de calidad a la atención médica. Para exigir que se cumpla con su derecho al a salud la comunidad inicio un proceso de cabildeo con tomadores de decisiones, principalmente con los presidentes municipales con el fin de aportar información, expresar las preocupaciones y problemáticas de no contar con una clínica de calidad en el poblado. El cabildeo regula en forma Igualmente han entablado la producapropiada la transparencia, ción de materiales educativos y de legalidad y certidumbre difusión, como lo es el documental “Xochiojca. Un largo camino por el derecho a la salud” con el cual se difunde el caso, construye una opinión y sensibiliza a la población en general acerca del tema y la problemática que se vive en la región.

Pero quizás la más importante ha sido la construcción de apoyo y movilización de los pobladores como ciudadanos. La lucha por la instauración de una clínica ha logrado convocar a grupos y ciudadanos para participar a favor de éste propósito común. Como consecuencia han logrado articular la actividad cooperativa con el gobierno y otras instituciones públicas como la Secretaría de Salud (estatal) para exigir el cumplimiento del derecho para la creación de la casa de salud. Lamentablemente, las autoridades se han olvidado de asignar los recursos humanos y materiales necesarios para que siga funcionando. La comunidad tiene ante sí la necesidad de elaborar es157

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trategias de incidencia para poder llevar el caso, es decir, al total funcionamiento del centro de salud para la población de Xochiojca. Conclusiones La pobreza en la que viven miles de familias en las zonas rurales es un claro indicador de las violaciones a los DESCA que comete el Estado mexicano. En materia del derecho a la salud, esto se refleja en los altos índices de morbilidad y mortalidad por causas prevenibles y curables que se complican debido a la carencia de atención oportuna, incluida la salud sexual y reproductiva; las mujeres en zonas rurales siguen presentando un alto índice de carencias en la atención de la salud materna, cuyos efectos logran cobrar la vida de miles de mujeres. Como hemos visto, una de las causas es el incumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de garantizar y cumplir con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuestión que se demuestra con los altos índices de saturación que presentan los institutos, más aquellos que atienden las zonas rurales. Otro aspecto de este problema es la lejanía de las zonas rurales a los centros hospitalarios, hecho que impacta en el derecho de las personas al acceso físico de atención de salud. Desde la ubicación geográfica hasta los mismos servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud se violentan cuando la población no puede acceder al sistema público y cuyos ingresos no les permite acudir al sistema privado. Además, ante la falta de atención oportuna y de calidad las familias en situación de pobreza se ven obligadas a hacer grandes gastos, lo que, desde la perspectiva del derecho a la salud, violenta los principios de accesibilidad económica y equidad. Por tal motivo, en los últimos años hemos visto como las comunidades rurales, principalmente indígenas, se han organizado y han implementado distintas estrategias para exigir que el gobierno mexicano garantice su derecho al más alto nivel de salud física y mental posible. El problema es que no es suficiente sólo la creación de un sistema que en teoría registre a toda la población, sino que no existe una atención oportuna y pertinente, es decir, calidad. 158

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Recomendaciones por capítulo • El gobierno mexicano debe de redistribuir el gasto de salud de manera que se garantice el abasto de medicamentos. • El Estado mexicano deberá de realizar un diagnóstico de los recursos que tiene y necesita en materia de salud para atender a las poblaciones más pobres del país. • Las autoridades deben poner énfasis en la asignación de recursos para la creación de institutos de salud con la adecuada infraestructura física y humana para la atención de la población rural que no cuenta con dichos servicios de manera oportuna. Bibliografía. • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. -Informe sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2002-2003. CDFFV. p. 54 • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informe anual sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales Culturales y Ambientales en México 2007-2008. p. 42 • Gutiérrez Rivas Rodrigo y Aline Rivera Maldonado. El caso Mininuma, un litigio estratégico para la justiciabilidad de los derechos sociales y la no discriminación en México. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/ publica/librev/rev/facdermx/cont/251/pr/pr5.pdf • Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México. Informe Desarrollo Humano. México. 2011 Documentos • Banco Mundial. Tabulado “Gasto total en salud (PIB)” • Centro de Derechos Humanos Tloaltepeyolo. Xochiojca un largo camino por el derecho a la salud. [ ref. 01 de noviembre de 2011] .Zongolica, Veracruz.2011 Ver en http://www.youtube.com/watch?v=LVvpaTJLWv4 • Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las naciones Unidas. Observación General No. 14 (OG 14 159

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Párrafo 36) 2000 (E/C.12/2000/4) sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). SSA. Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). SSA. Programa Comunidades Saludables Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). SSA. Programa Seguro Popular INEGI. Censo de Población y Vivienda 2011. Tabulado de “Población total y su distribución porcentual según condición de uso de servicios de salud e institución para cada entidad federativa y condición de derecohabiencia a servicios de salud e institución”. INEGI. 2011 Información de unidades del Sistema nacional de Salud del Programa PAC durante el cuatrimestre 02 del año 2011 Información de unidades del Sistema Nacional de Salud del Programa PAC durante el cuatrimestre 02 del año 2011. http://dgces.salud.gob. mx/INDICASII/indicaII.php?gobierno=N00000&mesurando=c11&bime stre=02&anio=2011&institucion=00&programa=PA Observatorio de Mortalidad Materna en México. Informe Semanal de Vigilancia Epidemiológica. [Consultado el 15 de noviembre de 2011] Página Web. http://www.omm.org.mx/images/stories/MMaternas_ sem44.pdf Presidencia de la República. Programa nacional de Desarrollo 20072012.México 2007 Presidencia de la República. Quinto Informe de Gobierno. México. 2011 Secretaría de Salud. Programa Sectorial de Salud 2007-2012. PROSESA. México 2007 Sistema Nacional de Información en Salud. (SINAIS). Tabulado de Defunciones y tasa de mortalidad general (cruda y estandarizada) por sexo, según entidad federativa de residencia habitual. http://www.sinais.salud.gob.mx/mortalidad/index.html Sistema Nacional de Información de la Salud. SINAIS. Tabulado “RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)” Sistema Nacional de Información en Salud. (SINAIS). Tabulado de Principales causas de mortalidad general, 2008. http://www.sinais.salud.gob.mx/mortalidad/index.html 160

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Páginas Web • • • • •

Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org Presidencia de la República. http://www.presidencia.gob.mx/ Secretaría de Salud. http://portal.salud.gob.mx/ Secretaría de Salud. SSA. Ver en www.salud.gob.mx/ Sistema Nacional de Información de la Salud. SINAIS. http://www.sinais.salud.gob.mx/infraestructura/index.html • SSA. Seguro Popular. http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/contenidos/smng.html • SSA. Sistema Nacional de Indicadores de la Salud (SINAIS). http:// sinais.salud.gob.mx/

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Derecho a Una Vivienda Digna. Introducción La lucha por el derecho a la vivienda digna en nuestro país tiene un gran arraigo histórico. La vivienda digna es un derecho que no sólo se refiere a mucho más que sólo un espacio dónde dormir. Una vivienda digna debe representar la posibilidad de tener un espacio privado donde se pueda vivir con seguridad, paz y dignidad. Cabe destacar que entre las características y el contenido mínimo del derecho se encuentran la Accesibilidad física y económica, al igual que la Seguridad Jurídica de la Tenencia y la protección contra los Desalojos, hechos por los que hoy día se sigue exigiendo su pleno cumplimiento. Para efectos de este informe mencionaremos cuáles son los principales indicadores de acceso a la vivienda con el fin de dar un marco al caso que estudiamos. 1. Marco jurídico 1.1. Internacional El Estado mexicano al signar y ratificar diversos instrumentos que reconocen el derecho humano a la vivienda (DHV) ha adquirido obligaciones de promoverlo, facilitarlo y garantizarlo. Entre estos documentos que respaldan el DHV se encuentran aquellos que pertenecen tanto al sistema de Naciones Unidas (ONU), como a la Organización de Estados Americanos (OEA), de los cuales podemos mencionar: • La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Art. 25. Párrafo 1; • El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966). Art. 11; • La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Art. 5. Párrafo “e”; • La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Art. 14. Párrafo “h”; Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Art. 27 (3); • La Convención Internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Art. 43 162

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• El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 169, sobre pueblos Indígenas y tribales en países independientes de 1989. Principio 2. “c”; • La Declaración de Estambul- Cumbre de las Ciudades – Hábitat II, 1996. Marco Jurídico Nacional Actualmente, el marco jurídico nacional que hace referencia a la vivienda en nuestro país no ha sufrido ninguna modificación durante el 2011. De este modo podemos señalar que las principales normas que reconocen y regulan el acceso a la vivienda son:

Constitución Política de los

Toda Familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecera los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Establece las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social y Secretaría de Hacienda en materia de hacentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda para el combate a la pobreza.

No tiene reglamento

Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores

La función de esta ley es regular al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y describir sus principales funciones para administrar los fondos para la adquisición de vivienda de los trabajadores afiliados al IMSS

Ley General de Asentamientos Humanos

Se encarga de la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; define los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Los Artículos 5oV inciso b, 6o y 21o, les otorga el derecho a ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades y lo que corresponde a las instituciones públicas de vivienda de ínteres social para garantizar su derecho.

Fuente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.; ABC DESCA: Manual de educación y promoción. “Módulo sobre el Derecho a la Vivienda Digna”. CDHFV - Indesol - CDHDF. México, 2010. pág. 79-80.

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Como reflejo del avance o retroceso de los derechos humanos, podemos tomar los marcos normativos que permitan el reconocimiento y la exigibilidad del derecho. Si bien en los últimos años México mostró un avance en la materia gracias a que diversos Estados de la Republica adoptaron leyes locales en la materia como el Estado de México, Guanajuato, Nayarit y Oaxaca, esto no se ha visto reflejado en una mejora del derecho. A continuación, como ejemplo, desglosamos algunos puntos generales sobre el contenido de la ley en el Estado de México. Ley de Vivienda del Estado de México Dicha norma establece en su texto principios de equidad y de inclusión social, y de ningún tipo de discriminación, para que toda la gente que habita en el estado pueda gozar del derecho constitucional a la vivienda (art. 1, 4). Según dicha ley, el programa estatal de vivienda tendrá por objeto orientar y dar integralidad a las acciones de las instancias gubernamentales en materia de vivienda, para atender las necesidades de las personas, preferentemente en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, a efecto de que puedan acceder a una vivienda digna y decorosa; el programa de vivienda social, tendrá por objeto la producción y mejoramiento de vivienda social y el aprovechamiento del suelo, así como la definición de instrumentos y apoyos para la atención de la demanda y; los programas municipales de vivienda Lo que es contradictorio con algunas acciones de las autoridades locales, en las cuales a pesar de la existencia de dicha ley, que contempla dar prioridad a la vivienda a las poblaciones de bajos recursos (art 8), se han implementado acciones de desalojos a favor de constructoras e inmobiliarias como es el caso del Municipio de Nicolás Romero. 2. Gasto Público Una de las banderas sociales del actual gobierno ha sido la inversión en financiamiento a vivienda. Es por ello que el gobierno federal reporta que al 31 de julio de 2011 los programas de vivienda del FONHAPO tenían una 164

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inversión de mil millones 381 mil 399 pesos. De ellos, 972 millones 683, que representan 70.4 por ciento del monto total, correspondieron al Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa y 408 millones 716 mil pesos, equivalentes a 29.6 por ciento, al Programa Vivienda Rural. Con este presupuesto se considera que han sido otorgados 64 mil 446 subsidios para vivienda. Pero no toda la inversión se utiliza para atender la demanda nacional se sigue estimando en un mínimo de 750 mil al año. Esto sólo refleja que la disponibilidad no es igual para todos, ya que 60 por ciento de las viviendas en nuestro país se deben a la autoconstrucción. Además mucha de la participación en la construcción de vivienda se adjudica a las inmobiliarias, bancos y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), organismos que han recibido un mayor apoyo por parte de las autoridades con nuevos esquemas de financiamiento (cofinanciamiento), que en realidad ofrecen tasas de interés cada vez más competitivas, incentivos fiscales en favor del sector privado inmobiliario y bursatilización de créditos, entre otros; pero no siempre responden con programas o viviendas que cumplan con los mínimos del derecho a la vivienda digna como son calidad o accesibilidad económica.121 3. Situación que guarda el derecho 3.1. Acceso a la vivienda Las autoridades tanto federales como locales tienen la obligación de crear las condiciones necesarias que garanticen a toda la población su derecho a un acceso físico a la vivienda. Ya sea por medio de la creación de empleos y de una economía que permita a las personas hacerse por sí mismas de una vivienda o por la creación de subsidios y financiamientos. Datos recientes indican que en 2011 existen 1 millón 106 mil 674 hogares que necesitan una vivienda, de los cuales 309 mil demandan una vivienda social. Igualmente, se estima que 74.3 por ciento de la demanda se concen121

Para mayor información remitirse a Informes anteriores del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Disponibles en http://www.derechoshumanos.org. mx/

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tra en localidades urbanas, mientras que el resto (25.7 por ciento) lo hace en zonas con población de menos de 2 mil 500 habitantes. 122 Los datos financieros indican que son 10 entidades federativas quienes agrupan 60 por ciento de la demanda con 662 mil soluciones: Jalisco (9.2 por ciento), Veracruz (9.1 por ciento), Estado México (8.3 por ciento), Baja California (6.6 por ciento), Coahuila (5.3 por ciento), Distrito Federal (5.3 por ciento), Puebla (4.1 por ciento), Oaxaca (4.1 por ciento), Nuevo León (3.9 por ciento) y Colima (3.9 por ciento).123 No obstante no todos los que demanda vivienda podrán acceder a ella. Considerando el rezago habitacional el gobierno federal ha destinado un total de 691 mil 613 acciones, lo que corresponde al 62.5 por ciento de las acciones para atender el problema.124 3.2. Sistema de financiamiento Para atender toda esta demanda el gobierno federal sigue contando con el mismo sistema de financiamiento social por prestaciones concentrado principalmente en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). Las dos primeras instituciones atienden a una parte de las familias que cuentan con seguridad social, que representan 41.3 por ciento del total de la demanda, mientras que la SHF junto con organismos locales deberá atender a aquellos que no están asegurados y son el 58.7 por ciento restante.

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Sociedad Hipotecaria Federal. Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda. Demanda de vivienda 2011. México. 2011. p. 1 Op. cit p.3 Fuente: BBVA. “Situación Inmobiliaria en México. Presentación a prensa.” 13 de Julio 2011. [ ref. 5 de noviembre de 2011]. Documento en formato PDF

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Resumen actividad hipotecaria (Acumulados anuales) Número de créditos (Miles) Monto de créditos (M. Mill. Pesos) Var.% Var.% May-10 May-11 anual May-10 May-11 anual real Públicos 201.9 180.4 -10.6 56.16 48.86 -15.7 Infonavit 174.1 168.6 -3.2 41.24 43.55 2.3 Fovissste 27.8 11.8 -57.5 14.92 5.30 -65.6 Privados 29.7 30.0 1.2 21.05 25.29 16.4 Bancos 26.6 28.7 7.9 20.29 24.64 17.6 Sofoles 3.1 1.3 -57.4 0.76 0.65 -16.3 Subtotal 231.6 210.4 -9.1 77.21 74.14 -6.9 Cofinanciamientos(-) 12.1 6.8 -43.4 – – – Total 219.5 203.6 -7.2 77.21 74.14 -6.9 Fuente: BBVA. “Situación Inmobiliaria en México. Presentación a prensa.” 13 de Julio 2011. [ ref. 5 de noviembre de 2011]. Documento en formato PDF

Cómo el cuadro anterior muestra, el Infonavit es el principal subsidiador para los trabajadores asegurados. Pero datos recientes de la institución indican que 26 por ciento de las viviendas financiadas no están habitadas, principalmente por problemas de ubicación y falta servicios. Esto nos habla que a pesar de haber adquirido una vivienda, las personas no cuentan con elementos de una vivienda digna como lo es la habitabilidad y la ubicación. Necesidades de Vivienda para el Año •”En 2011 de las 490 mil casas nuevas que se

construirán en México, los Bancos y Sofoles financiarán dos terceras partes del total del recurso necesario de financiamiento para edificarlas, que se complementan con el capital de las empresas y otros fondos de capital de riesgo. Fuente: BBVA 2011

Fuente: BBVA. “Situación Inmobiliaria en México. Presentación a prensa.” 13 de Julio 2011. [ ref. 5 de noviembre de 2011]. Documento en formato PDF

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3.3. Personas sin acceso a la vivienda No podemos olvidar que no toda la población que demanda una vivienda cuenta con la seguridad social ni perciben un ingreso que les permita costearse una vivienda digna. En teoría, con el fin de atender a dicha población, el gobierno federal presenta como una opción los programas manejados desde el Fondo Nacional para Habitaciones Populares (Fonhapo), el cual reporta que de ellos, 40 mil 603 financiamientos (61.1 por ciento), corresponden al programa Tu Casa y 23 mil 843 al programa Vivienda Rural (38.9 por ciento).125 Estos programas que están enmarcados en la política habitacional del actual gobierno y destinados al sector de la población más pobre, resultan ser sólo un apoyo económico. Lo demás se coloca en manos del sector financiero. Por tanto, garantizar el derecho a la vivienda se convierte en una transacción financiera, derivada de una lógica mercantilista y no social. La falta de disponibilidad de vivienda económica obliga a muchas familias a vivir hacinadas o a invadir terrenos e iniciar construcciones desordenadas que carecen de servicios, lo que se ve reflejado en los índices de crecimiento de este tipo de asentamiento en los pasados años.126 En muchas ocasiones estos asentamientos se llevan en predios que por algún motivo se encuentran en conflicto, ya sea legal o por motivos ambientales. Quienes los ocupan se enfrentan a condiciones de vida precarias aunadas al acoso y represión de las autoridades e incluso a un desalojo. La Observación General No. 7 del Comité DESC de la ONU (párrafos 3-4), describe al desalojo forzoso como el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares o tierras que ocupan, en forma per125

Fonhapo. Comunicado de prensa. “Mil 381millones 399pesos distribuidos en 990 muni cipios por el FONHAPO”. México . 2011. [ref. 7 de noviembre de 2011]. Ver en http://www. fonhapo.gob.mx/portal/logros/114-logros-fonhapo/296-mil-381-millones-399-mil-pesosdistribuidos-en-990-municipios-por-el-fonhapo.html

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Para mayor información Remitirse a Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Informes anteriores sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en Méxicode 2002 a2010.

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manente o provisional, sin ofrecerles los medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos. Los desalojos siguen siendo una de las mayores causas de violación al derecho humano a la vivienda. Se continúa dejando en la indefensión a todas aquellas familias que por causas de crisis económica no pueden adquirir una vivienda en alguna institución; existen aquellos que se dan porque las familias no pueden cumplir con los pagos hipotecarios de sus viviendas. Pero en el contexto actual de violencia que vive nuestro país muchas comunidades, principalmente rurales, han comenzado a verse obligadas a dejar sus viviendas y patrimonios por el conflicto armado. En todos estos casos, el gobierno está incumpliendo su obligación de proteger, al no establecer ciertos mínimos de recursos jurídicos internos que aseguren la oportunidad de conservar una vivienda digna. 4. Conflicto por predio Valle Guadalupe. La Organización Civil “Alianza Única del Valle” (AUV, o la Alianza de aquí en adelante) se forma en 1997. La conforman pobladores del Estado de México, particularmente familias de escasos recursos y de colonias populares que no cuentan con empleos formales, y por lo tanto no tienen acceso a créditos para adquirir una vivienda. Esta asociación civil esta protocolizada y su origen es la lucha por la vivienda, en estricto sentido, la adquisición de vivienda popular. Debido a sus actividades, en el mes de abril de 1997 la organización sufre una represión dónde detienen a 18 compañeros, porque estaban en la pelea por un predio que se llama El Valle. Tras la liberación de los compañeros detenidos, prácticamente de 1998 a 2006, la organización se dedica a la consolidación de levantar sus viviendas, los servicios como drenaje, agua y luz, siendo los componentes de lucha de la organización, y de sus miembros quienes realizan todo de manera autogestiva. En 2006 la organización, junto con diversos universitarios de la UNAM, específicamente de la FES Acatlán, comienzan a trabajar directamente en las colonias populares de los municipios de Nicolás Romero, Atizapan y Naucalpan impartiendo talleres de educación y de primeros auxilios jurídicos, cuestiones de formación, lo que en el corto plazo se tradujo en nuevos miembros de la organización, que empezaron a reivindicar su propias demandas en sus comunidades. 169

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Desde sus inicios las demandas del movimiento se han centrado en cuestiones básicas para la adquisición de una vivienda digna y regularizar la propiedad de quienes ya tienen una. En este punto, ha sido la organización quien ha gestionado proyectos para adquirir predios relativamente grandes y desarrollarlos para vivienda popular. En ese sentido la incidencia de la organización es en un ámbito muy local, se centra en los municipios antes mencionados por medio de la exigencia de políticas que atiendan la cuestión de vivienda y servicios. Actualmente la organización realiza su trabajo en varios frentes, desde la exigibilidad en asuntos más concretos como la seguridad en alguna colonia, el alumbrado, el drenaje, la pavimentación hasta el apoyo a otros movimientos como el movimiento de colonos contra la Supervía. Otro de los frentes de lucha y exigibilidad por una vivienda digna de la AUV es en la parte de servicios y su accesibilidad física y económica; como parte de esta lucha la Alianza es miembro del movimiento contra las altas tarifas de la luz, con lo que ha podido establecer alianzas a nivelnacional. Hoy por hoy, una de estas luchas de exigibilidad y defensa del derecho a una vivienda digna es el caso del denominado Predio “Guadalupe” ubicado en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. El conflicto por dicho predio tiene varias dimensiones. Por un lado, la asociación Casa para la Policía Auxiliar del Distrito Federal (CPADF) compra y escritura los lotes A y D del predio “Guadalupe”.127 Posteriormente en 1994 mediante acuerdo con Banjercito y la Compañía Jipau S.A de C.V propiedad de Tomás Alfonso Caparroso Franco, quien fungiría como “obligado solidario”, se solicita se realice la construcción de 330 casas, para los policiías, siendo éstos defraudados. Dichas casas nunca fueron construidas y mediante procedimientos poco claros el señor Caparroso Franco se adjudica como “propietario” con escrituras falsas, aun cuando la CPADF cuenta con las escrituras que le acreditan la propiedad, por lo cual, interponen denuncias penales contra Tomás Franco Caparroso, y las cuales la autoridad alega “haber perdido”. En 2007 la Alianza Única comienza el proceso de acompañamiento a la organización para conseguir en 2008 un acuerdo con Franco Caparroso y ante autoridades del municipio de Tlalnepantla el cual no fue cumplido. 127

Escritura pública número 3317, partida 1000-1001, volumen 1055, libro 1, sección 1, del Registro Público de la Propiedad de Tlalnepantla

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Las organizaciones en 2009 interponen una demanda contra la Compañía Jipau S.A de C.V para exigir el cumplimiento del convenio con lo que logran ganar en primera y segunda instancia, no obstante al señor Caparroso se le otorga un amparo para no cumplir con dichos acuerdos. Por tal motivo los miembros de la CPADF desde el 2009 mantienen un plantón pacífico y han ocupado dicha sección puesto que legalmente les pertenece y donde Violaciones específicas al derecho pretenden construir vivienda popu- a vivienda lar.128 Los integrantes de la Alianza y quienes ocupan el predio han sufrido de represión y desalojo como respuesta de las autoridades. Los ataques fueron realizados después que la inmobiliaria Imagen del Año, de los mismos dueños de Jipau, presenta una demanda sin acreditar documentos de propiedad, sino únicamente un permiso para subdividir el terreno, mismo que ha sido otorgado por el Estado de México,. El desalojo se realizó con graves violaciones a los derechos humanos. En primer lugar fue llevado a cabo por parte de grupos parapoliciales y miembros de las policías municipales. La primea represión viene el 12 de julio con un saldo de 14 detenidos. Una segunda represión y desalojo se suscita el 19 de julio 2011 a las 2 de la mañana. Esa madrugada la fuerza pública municipal en combinación con unos 128

El Estado no garantiza el derecho a tener una vivienda digna El Estado no garantiza la regularización y la seguridad jurídica de las propiedades del municipio. El Estado incumple su obligación de respetar al implementar acciones tanto jurídicas como de represión, en el caso de los desalojos, que imposibilitan a las familias disfrutar de su derecho a una vivienda digna. El Estado incumple obligaciones de respetar al realizar desalojos en horas inadecuadas y de forma violenta, agrediendo grupos en situación de vulnerabilidad como son mujeres, niñez y tercera edad El Estado incumple su obligación de proteger al permitir que terceros (empresas constructoras e inmobiliarias) despojen de sus bienes y patrimonio a las personas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México no actuó en las demandas.

Casa para la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Carta dirigida al Lic. Enrique Peña Nieto. Con folio 189159. 27 de octubre de 2010. Disponible en www.edomex.gob.mx

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doscientos golpeadores vestidos de civil, encabezados por policías ministeriales, destruyeron, quemaron y desaparecieron los campamento que la Alianza Única del Valle sostenía en el predio “Guadalupe”. El saldo fue de 47 familias desplazadas, persecución política a los liderazgos visibles y 19 procesados bajo un delito del orden penal que sólo existe en el Estado de México, denominado “el cometido por los fraccionadores”, que sanciona penalmente a quien divida un terreno considerándolo fraccionamiento sin el permiso del gobierno del Estado. Instrumento que utilizan las autoridades. El Estado está incumpliendo sus obligaciones de brindar Seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, el cual establece que todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. A partir del caso de defensa por el predio “Guadalupe” es que el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” (CDHFFV o Centro Vitoria) comienza el trabajo en conjunto con la AUV, el cual se da a partir de que algunos miembros de la Alianza se integran al equipo por medio del servicio social al identificar al CDHFFV como una de las de mayor prestigio y con trabajo en la defensa y promoción de derechos humanos. Desde julio de 2009 el Centro Vitoria ha realizado desde la impartición de talleres sobre el derecho a la vivienda y con temas propiamente de la regularización de la propiedad o exigibilidad de servicios hasta el acompañamiento en movilizaciones, asesoría jurídica, como sucede en el caso de la segunda represión y desalojo de los habitantes del predio “Guadalupe”. El trabajo también se ha dado incluso por otros frentes como lo fue la lucha por la libertad de los presos de Atenco y el apoyo al movimiento de colonos contra la Supervía Poniente en el Distrito Federal. La incidencia que el Centro Vitoria ha tenido con esta alianza ha sido principalmente visibilizar la problemática de la AUV; del mismo modo, ha introducido la perspectiva de derechos humanos en su trabajo y lucha, la cual ha sido esencial en el discurso de defensa y exigibilidad de la vivienda y sus componentes como derecho humano. La Alianza ha articulado un planteamiento teórico de lo que son los derechos humanos, pero sobre todo una defensa pacífica en forma de organización.

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Estrategias de Exigibilidad utilizadas El movimiento tiene como estrategias de exigibilidad la presión social de los compañeros. Para lograrlo, la alianza ha avanzado en su proceso organizativo de coordinaciones y asambleas Por medio de marchas hacen valer su derecho a la manifestación, movilizaciones pacíficas que han sido perseguidas por granaderos. Si bien una de las estrategias de exigibilidad del derecho de la Alianza ha sido el diálogo con las autoridades municipales encargadas, este ha sido infructuoso. La necesidad de hacer movilizaciones o mítines se debe a raíz de la negativa de las autoridades a atenderlos o resolver su problemática. Asimismo, otra de las estrategias de la AUV es establecer alianzas, así como y tener una presencia e incidencia a nivel metropolitano y nacional, tanto a nivel legislativo como intentando colocar los temas actuando desde un perfil organizacional. Al mismo tiempo, la organización ha entablado una estrategia de exigibilidad jurídica, desde el litigio por el predio “Guadalupe” hasta la liberación de los detenidos en los desalojos, esto último con acompañamiento del Centro Vitoria.

Otras estrategias de exigibilidad del movimiento. Investigación y elaboración de recomendaciones de políticas públicas, es el proceso de producción, recuperación y rectificación del conocimiento y debe cumplir con imparcialidad, utilidad práctica y utilidad social. Cabildeo con tomadores de decisiones, es decir, que se aporta información, permite expresar las preocupaciones o intereses en un contexto informal y da acceso a los tomadores de decisiones. El cabildeo regula en forma apropiada la transparencia, legalidad y certidumbre Producción de materiales educativos y capacitación ciudadana, construye una opinión y sensibiliza a la población acerca de un tema. Construcción de alianzas y coaliciones, para que un grupo de organizaciones que trabajan juntas alcancen un objetivo común. Tienen un alto nivel de acuerdo sobre la solución del problema público, maximizan la efectividad de los miembros y actúan y responden a las oportunidades presentadas.

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Simbolización y adhesión de líderes a la causa, consiste en utilizar símbolos de valor para sensibilizar y hacer comprender su causa. Construcción de apoyo y movilización de ciudadanos, consiste en convocar a grupos y ciudadanos para participar a favor de un propósito común. Contraloría, monitoreo y exigir cuentas, es un ejercicio de participación ciudadana dirigida al control, vigilancia y evaluación de las políticas gubernamentales. Demostraciones públicas, se debe complementar con manifestaciones y protestas en espacios públicos y visibles, huelgas de hambre, boicots y plantones. Responsabilización y acción legal, consiste en hacer que los responsables de las causas del problema, asuman las consecuencias de una política pública y se tomen cartas en el asunto. La acción legan consiste en apoyarse en recursos legales para dar validez a lo que se solicita.

5. Conclusiones por capítulo México sigue presentando serios problemas para garantizar el disfrute del derecho a la vivienda digna para todos sus habitantes. La población cuyos ingresos económicos son escasos, ve limitadas o prácticamente inexistentes sus posibilidades de adquirir una vivienda ya que los créditos son generalmente otorgados a personas con ingresos superiores a los seis o siete salarios mínimos. Por otra parte, la construcción de vivienda popular o social aún es insuficiente para satisfacer la demanda de la población. México como Estado Parte del PIDESC está comprometido a respetar el derecho a una vivienda digna, asegurando que aquellos que por diversas causas sean desalojados no queden desprotegidos. Debe de garantizar un alojamiento digno que cuente con los servicios básicos. No obstante, en nuestro país se siguen presentando casos donde las autoridades en apoyo a los grandes empresarios o a las inmobiliaras intentan despojar de su patrimonio a quienes con esfuerzo lo han construido. La situación de inseguridad y el miedo latente en que viven las familias que luchan por obtener un patrimonio es una violación a su derecho a gozar de seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra como parte de su derecho a una vivienda digna. 174

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Recomendaciones • Las autoridades deben apoyar las iniciativas de construcción social llevadasa cabo desde la sociedad civil organizada. • Revisar y adecuar los marcos legales nacional y estatales para evitar violaciones a los derechos humanos al realizar acciones de desalojos forzados, violentos, intempestivos e injustificados. • El Estado debe cumplir sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a una vivienda digna tomando en cuenta las necesidades de la población y no sólo los intereses del sector privado. • Establecer mecanismos y recursos judiciales apropiados tanto a nivel nacional como estatal para incluir formas de restitución, indemnización, compensación o garantías de no repetición ante violaciones del derecho a una vivienda digna. Bibliografía. • Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. Informes sobre la Situación de los Disponibles en http://www.derechoshumanos.org.mx/ • Sociedad Hipotecaria Federal. Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda. Demanda de vivienda 2011. México. 2011. • Bancon BBVA. “Situación Inmobiliaria en México. Presentación a prensa.” 13 de Julio 2011. [ ref. 5 de noviembre de 2011]. Documento en formato PDF Documentos • Fonhapo. Comunicado de prensa. “Mil 381millones 399pesos distribuidos en 990 municipios por el FONHAPO”. México . 2011. [ref. 7 de noviembre de 2011]. Ver en http://www.fonhapo.gob.mx/portal/logros/114-logros-fonhapo/296-mil-381-millones-399-mil-pesos-distribuidos-en-990-municipios-por-el-fonhapo.html • Escritura pública número 3317, partida 1000-1001, volumen 1055, libro 1, sección 1, del Registro Público de la Propiedad de Tlalnepantla 175

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• Casa para la Policía Auxiliar del Distrito Federal. Carta dirigida al Lic. Enrique Peña Nieto. Con folio 189159. 27 de octubre de 2010. Disponible en www.edomex.gob.mx Hemerografía • Sin autor. “Inversión de 64 mil mdp en infraestructura de salud”. Notimex. 7 de agosto de 2011. Páginas Web. • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). www.infonavit.gob.mx. • Fondo de Vivienda del ISSSTE. www.fovissste.gob.mx • Sociedad Hipotecaria Federal. www.shf.gob.mx • Alianza Única del Valle. www.alianzaunicadelvalle.org.mx Entrevistas. • Ivonne Gonzáles Rodríguez. Abogada y Representante de la Alianza Única del Valle. • José Antonio Lara Duque. Representante de la Alianza Única del Valle • Modesta Bautista. Habitante del predio “Guadalupe” y miembro de la Alianza única del Valle • Daniel Bautista. Habitante y desalojado del predio “Guadalupe”. Detenido en el operativo de Desalojo. • Victoria Beltrán Camacho. Abogada del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.

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Caso Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán La Minería versus Derechos Humanos Dado las Múltiples violaciones a diversos derechos que se viven en la Sierra de Manantlán, especialmente en los municipios Cihuatlán y Cuautitlán, en el estado de Jalisco, hemos decidido dedicarle un apartado especial en este informe. Comenzaremos por enmarcar cuál es la problemática a la que se enfrentan las comunidades que habitan la zona; describir cuales son las violaciones a los DESCA que se presentan en la zona y; finalmente describir las estrategias de exigibilidad utilizadas 1. Indígenas, tierra y territorio. La relación de los pueblos indígenas con sus tierras y territorios tradicionales constituye, según se dice, una parte fundamental de su identidad y espiritualidad y está profundamente arraigada en su cultura y en su historia. Stella Tamang, dirigente indígena de Nepal, resume esa relación de la siguiente forma: “Los pueblos indígenas… tienen una íntima conexión con la tierra; la lógica para definir quiénes son está ligada a la tierra. En su idioma tienen símbolos claros que los conectan a lugares de su tierra… en Nepal, tenemos grupos que sólo pueden lograr su lugar espiritual en el planeta dirigiéndose a una cierta localidad”.

“Territorio no es una cosa ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos (...) nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos, sus lagunas y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los supai (dioses protectores), con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos”. Pueblo Kichua de Pastaza, Amazonía del Ecuador

El derecho a la Tierra está reconocido en el derecho agrario (art. 27º constitucional; Ley Agraria, antes del 92, Ley Federal de Reforma Agraria) El derecho a la tierra tiene que ver con la tenencia, la propiedad y la 177

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producción. El derecho al Territorio está ubicado en el derecho internacional (Convenio 169º OIT; Declaración de Derechos Indígenas de la ONU), pero el gobierno mexicano no lo ha integrado en la constitución mexicana, ni reconoce su titularidad, aplicación ni violación. El territorio se relaciona con el usufructo, con los recursos naturales, con el uso colectivo; no con la propiedad ni la tenencia. Desde la visión de los pueblos indígenas, el territorio constituye el espacio natural de vida, concebido como una unidad ecológica fundamental donde se desarrolla la vida en sus múltiples expresiones y formas; para nuestros pueblos, este espacio natural de vida es fuente de saberes y conocimientos, de cultura, identidad, tradiciones y derechos. En este lugar esencial se desarrolla nuestra vida como pueblos, nos reproducimos de manera permanente como sociedades diferenciadas en lo social, económico, político y cultural de generación en generación. Por tanto, la visión de territorio está íntimamente ligada al ejercicio de nuestros derechos colectivos y a la autodeterminación como pueblos.129 2. Los megaproyectos y el derecho a la consulta en territorios indígenas. La Oficina del Alto Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACNUDH) presentó en la Ciudad de de Oaxaca su más reciente publicación “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: La importancia de su implementación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala”. El documento reconoce que megaproyectos, como presas hidroeléctricas, minas, carreteras o plantaciones de monocultivos conllevan, a menudo, graves violaciones a los derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas. El derecho al territorio es un derecho fundamental cuyo contenido ha sido transgredido de forma especial por los megaproyectos de minería y demás sectores económicos instalados en territorios de comunidades ancestrales, ignorando abiertamente sus planes de vida, así como las visiones de etno129

Los Pueblos Indígenas en sus propias voces Los Pueblos Indígenas – Tierras, Territorios y Recursos Naturales http://www.un.org/spanish/events/indigenous/2008/pdfs/ Backgrounder_LTNR_FINAL_SP.pdf

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desarrollo que ellas han construido. Estos proyectos mineros implican alta depredación de los recursos naturales, saqueo indiscriminado de las aguas superficiales y subterráneas, despojo a territorios indígenas, imposición, violación de los derechos colectivos y humanos y beneficio económico en favor de las corporaciones transnacionales sin tomar en cuenta su alto impacto ambiental y las condiciones de vida de las poblaciones. Financiados por los gobiernos, no para beneficio de la población, sino para favorecer los grandes negocios privados. Por ello, los pueblos afectados han pedido respeto a su derecho a la participación y consulta previa que hasta el momento no es tomada en cuenta o es objeto de manipulación. Comunidades étnicas afectadas en sus derechos por grandes proyectos de inversión han exigido por vía de tutela la protección de sus territorios. 3. La minería en México como megaproyectos A nivel mundial, el auge de la minería mexicana se tradujo en un importante flujo de metales preciosos, especialmente plata, hacia los circuitos comerciales de Europa. El sector minero aporta entre el 1.17 por ciento y 1.5 por ciento al Producto Interno Bruto Nacional, mantiene un saldo positivo en la balanza de pagos y contribuye con el 1.5 por ciento al empleo nacional. De manera estimada, la producción minera nacional representa el 2.4 por ciento de la producción minera mundial. México ocupa el 9o lugar en la producción minera mundial y el 4o lugar en la producción minera de Latinoamérica. Los países a los

“México es uno de los países de Latinoamérica que se encuentra localizado en una región volcánica rica en minerales. La tradición minera se remonta a la época prehispánica, como lo muestra la explotación de yacimientos ubicados principalmente en las zonas de Taxco, Pachuca, Guanajuato y la sierra Gorda, en Querétaro, donde se encontraron vestigios de bocaminas. Sin embargo, no es sino hasta el periodo de la colonia cuando la minería adquiere una gran relevancia económica y social, que se refleja en un importante impulso a la creación de poblaciones en función de la ubicación de los yacimientos y de las actividades exploratorias, así como la creación de infraestructura de transporte, la especialización de fuerza de trabajo y el estímulo a las actividades de investigación.” Minería en México. [ ref. 5 de octubre de 2011] Ver en: http://www.mitecnologico.com

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cuales se exporta la producción minera nacional son Estados Unidos de Norte América, Japón, República del Perú, Suiza, República Dominicana y Canadá, entre otros. La mayoría de los municipios mineros se localizan en zonas montañosas, zonas áridas y llanuras costeras y las actividades mineras nacionales se limitan a la extracción en tierra firme, sin explotar yacimientos submarinos. México es un importante productor mundial de plata, celestita, sulfato de sodio, bismuto, cadmio, mercurio, barita, grafito, antimonio, arsénico, fluorita, plomo, zinc, molibdeno, feldespato, azufre, manganeso, sal, yeso y cobre.130 Sin embargo, la minería mexicana ha afrontado en los tiempos recientes una serie de dificultades. A nivel nacional, éstas se derivaban de un marco jurídico complejo y excesivamente regulado, prácticas administrativas inoperantes y lentas, derechos fiscales que sobregravaban a la producción, vastas áreas potenciales ociosas por diferentes causas y una excesiva participación del sector público en áreas no estratégicas ni prioritarias. En el contexto internacional, se ha visto afectada por los bajos precios de los metales en el mercado, causados básicamente por la participación de otros países en la producción, aplicación de nuevas tecnologías que evitan el uso de metales tradicionales y el aumento en el reciclado de los mismos. 4. Legislación Minera Actual. La minería en nuestro país cuenta con una muy amplia legislación que la regula y en muchos casos la protege. Dicha actividad se encuentra normativizada principalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Minera. Igualmente, por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral e Residuos, La Ley de Aguas Nacionales, La Ley de Inversión Extranjera, la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Civil, todos ellos con sus reglamentos respectivos. La Ley Minera, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de junio de 1992, proporciona una mayor seguridad jurídica, lo que protege inversiones de larga duración e impide prácticas administrativas al margen 130

Minería en México.[ref. 5 de octubre de 2011] Ver en: http://www.mitecnologico.com

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de la ley. En materia de desregulación económica, estimula la libre concurrencia de los particulares, promueve la localización de nuevos yacimientos y fomenta el aprovechamiento de zonas ociosas. El Reglamento de la Ley Minera (DOF, 29/III/93) y el Manual de Servicios al Público en Materia Minera han permitido precisar, reducir y simplificar trámites, lo que aligera la pesada carga administrativa a las empresas mineras. La importancia de estas reglamentaciones se deriva de que este sector ha cobrado una gran relevancia en la economía mexicana, sobre todo después de la reforma al Art 27 Constitucional y la Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 5. Conflictos en Comunidades Indígenas ocasionados por la Minería Los gobiernos panistas han entregado, y lo siguen haciendo, miles de concesiones mineras (50 años de vigencia, renovables) que amparan alrededor de 52 millones de hectáreas equivalentes a 26 por ciento del territorio nacional131, a consorcios mineros privados. Aunadas a generosas exenciones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e incumplidas, complicidad del poder político y judicial, daño ecológico, persecución sindical, outsourcing, inseguridad e insalubridad para los trabajadores, y miserable explotación de la mano de obra y el “pago de derechos” que las beneficiarias de las concesiones cubren: de 5 a 111 pesos por hectárea. El gobierno mexicano ha otorgado 22 concesiones mineras para la explotación de sus recursos naturales. La compañía Canadiense, First Majestic Silver está en proceso de expansión y esperando que se le den 22 concesiones para alcanzar un territorio de más de 6 mil hectáreas entre Jalisco, Nayarit y Durango, de las cuales, la mayoría son hectáreas consideradas sagradas por las comunidades indígenas que ahí habitan. Entre las comunidades de las que se quieren apropiar están las comunidades que conforman el pueblo de Wixárika, quienes se promueven en defen131

Información de la Dirección General de Minas, citada en el libro El mineral o la vida, la legislación minera en México, de Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat eslava Galicia, editado el pasado abril por la UAM.

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sa de las modificaciones a las leyes de minería que ofrecen los lugares más recónditos de los territorios indígenas a las compañías mineras transnacionales como First Majestic Silver que cuenta con concesiones en lugares aledaños a Real de Catorce, que suman 6 mil 326 hectáreas, que abarcan lugares sagrados. Existen 16 centros de población afectados, ya que las concesiones a la explotación minera violan, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos peligrosos, La Ley general de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Normas Oficiales Mexicanas y programas de manejo. Ante la situación el gobierno mexicano y las corporaciones, los y las afectadas se organizan en torno a la defensa de su territorio, emprendiendo movilizaciones y visibilizando la destrucción que los proyectos mineros significan para ellas.132 6. Actualización del caso Sierra de Manantlán En el Estado de Jalisco se ubica la Sierra de Manantlán, donde se asiente una comunidad indígena nahua que sufre diversas violaciones a los derechos humanos debido a que en la zona se aglutinan varios conflictos: las comunidades indígenas no son reconocidas como tales; en el lugar se encuentra la mina de hierro más grande de América Latina; y debido a sus riquezas naturales existe un conflicto de límites entre los estados de Jalisco y Colima que tiene como consecuencia que las comunidades no cuenten con servicios básicos, así como la inexistencia de una autoridad reconocida y legitimada (debido al conflicto limítrofe). A ello hay que agregar las presiones constantes para que abandonen sus tierras por parte de la minera, la extinta empresa paraestatal Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, así como de sus simpatizantes. La situación es muy grave, al extremo de haber solicitado medidas cautelares a 132

La defensa de Virikuta. Red Mexicana de Afectados por la Mineria.Obtenido de la red mundial el 9 de noviembre de 2011 http://rema.codigosur.net/; Corporación minera canadiense recibe concesiones en territorio indígena en México.Red Mexicana; de Afectados por la Minería.Obtenido de la red mundial el 9 de noviembre de 2011http:// rema.codigosur.net/;

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la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este asunto se han detectado violaciones a los artículos 5, 7, 8, 11, 15, 16, 21, 22, 23 y 25 de la Convención Americana; 6, 9, 12, 1, 16, 21, 25, 26 y 27 del PIDCP; a los artículos 2, 3, 6, 10, 11, 12 y 1 del Protocolo de San Salvador; y a los artículos 10, 11, 12 y 15 del PIDESC. Las violaciones a los DESCA tienen su origen en el conflicto limítrofe entre los estados de Jalisco y Colima. La población carece de servicios básicos debido a la ausencia de una autoridad reconocida y legitimada. Ninguno de los dos estados asume su obligación de proveer servicios básicos como luz y agua, más allá del conflicto por la tierra o los condicionan a cambio de que la población se decida por la pertenencia a uno u otro estado. Además, las comunidades del lado de Jalisco han manifestado estar bajo constante acoso de la policía de Colima y del personal de la mina de hierro ubicada en la zona de conflicto. En suma, el vacío de autoridad se refleja en la falta de servicios que garanticen el cumplimiento a los derechos, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la tierra y territorio, a la consulta, a la participación, entre otros. Por cerca de un siglo, los pueblos de Jalisco y Colima vivieron de forma pacífica entre la riqueza forestal del Cerro Grande y la Minera Peña Colorada y Piedra Imán y de las ricas y hermosas playas de La Culebra y el Cerro de San Francisco, moviendo la codicia de políticos colimenses que trataron de extender su frontera alegando que algunas de esas propiedades estaban registradas en Colima. En 1920, un par de caciques de El Mamey (hoy Minatilán) perpetraron la Matanza de Timbillos, donde 13 nahuas fueron acribillados a balazos y colgados de unas higueras para ocultarlos de los cerros donde se ocultaban los yacimientos que hoy utilizan las empresas mineras Peña Colorada y del Norte. El conflicto surgió por la disputa de 209.3 kilómetros cuadrados entre los Gobiernos de los Estados de Jalisco y Colima, por la jurisdicción y control de la riqueza natural y minera en la zona de Peña Colorada, límite natural de ambas Entidades Federativas. Con base en los hechos de noviembre de 2006 se formó El FREMMAR A.C., organización en defensa de las víctimas de los problemas territoriales, formado por los habitantes que han sufrido algún agravio en los límites de 183

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Jalisco y Colima. Buscan y exigen la resolución en sus regiones y la devolución de sus tierras. Dichas acciones han tenido como alcance que tanto El FREMMAR y diferentes organizaciones se han unido al movimiento porque el gobierno no escucha a los habitantes y tampoco da respuestas a los afectados por el conflicto. Entre las principales exigencias, resalta el establecimiento de un acuerdo definitivo respecto a los límites territoriales. Las violaciones a los DESCA han ido acompañadas de violaciones a los derechos civiles y políticos: asesinatos, despojos, emboscadas, actos de intimidación, asedio policiaco, discriminación, hostigamiento y presión social. Tanto hombres como mujeres han sufrido diversos agravios: amenazas y asesinatos de sus familiares. Por mencionar un ejemplo, se encuentra el caso de Candelaria Zambrano Mora, que fue atacada junto con su familia por policías, quienes la golpearon, para quitarle sus tierras. Para contener, pero no solucionar el problema, el Gobierno federal establece una partida del Ejército para garantizar la paz. Sin embargo, el Ejército se retira sin dar aviso. A pesar de que el caso se analiza en el Senado, donde se estanca por ocho años, las autoridades no han hecho caso a los llamados de los habitantes, les es un asunto de indiferencia y desatención, sobre todo por parte delos estados y del Gobierno de Colima. Emisión de recomendaciones por parte de la CNDH Manantlán y las Zonas de Conflicto: Zona “A” Zona “B” Cihuatlán Cuautitlán -Peña El Platanar, Colorada Ayotitlán, -Plan de Changavilan, Méndez Las Pesadas y Los Potros

*122/95) Donde se señala como responsables de los graves atropellos derivados de la indefinición territorial, el saqueo y los cacicazgos, a los gobiernos de Colima, Jalisco y a la Secretaría de la Reforma Agraria. El 30 de diciembre de 2006 el Congreso de Jalisco aprobó la primera Ley sobre Derechos y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Jalisco. Y el 13 de septiembre de 2007 se realizó la primera visita de un ombudsman (Felipe de J. Álvarez Cibrián) a Cuautitlán y sus comunidades indígenas.del Estado

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Exigencias de los de El Platanar, Las Pesadas y Los Potros: • Se tomen las medidas necesarias que garanticen el libre tránsito y trabajo; que se cumpla el acuerdo adoptado el 12 de diciembre de 2007 para asegurar que sean prestados los servicios públicos a los habitantes de la Zona B del conflicto limítrofe de Colima, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Comisión de Límites Territoriales de las Entidades Federativas del Senado de la República resuelvan la presente controversia limítrofe. • Se instruya al gobierno federal a atraer, asumir, revisar e intensificar las investigaciones, a través de una fiscalía especial que encabece una persona imparcial y de solvencia moral y jurídica. • Buscan y exigen la resolución en sus regiones y la devolución de tierras en la mayoría de los casos expuestos. El ejercicio de los DESCA está permeado por el conflicto así como la vida y la dinámica de las comunidades, sobre todo del derecho a la vivienda, a la educación, a la salud y a un medio ambiente sano. Ello se entremezcla con una identidad difusa porque está condicionada a la pertenencia a uno de los dos estados en conflicto. No se trata sólo de un conflicto limítrofe sino de un conflicto por la tierra y el territorio. El conjunto de violaciones de las que son víctimas ha permeado en su calidad de vida y en su seguridad. 6.1 Violaciones al Derecho a la Vivienda. Expulsión en propiedades de los ejidatarios de la zona. Según el Pronunciamiento sobre las condiciones de vida de los pobladores en la zona limítrofe Jalisco-Colima emitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, las personas que habitan estos lugares resultan sensiblemente afectadas en los siguientes puntos. • Carecen de puentes que comuniquen a las poblaciones de Plan de Méndez y La piedra con Paticajo y Cedros, respectivamente, lo que ocasiona que no tengan accesos a los servicios de salud, educación e infraestructura básica. 185

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La libertad de tránsito y de reunión es vigilada por las autoridades de Colima, esto ha ocasionado que muchos miembros de esas comunidades salgan de ellas, abandonando sus labores del campo o sus tradiciones o costumbres, junto con sus familias y pertenencias, debido al temor de que se produzcan algunas detenciones o agresiones o acusaciones en su contra, así como la pérdida de la vida, pues los homicidios no cesan en la Sierra de Manantlán. Por la falta de actividad de la Secretaría de la Reforma Agraria la situación jurídica de los habitantes del Ejido de Ayotitlán sigue sin resolverse en ningún sentido. Igualmente, la situación jurídica del Rancho “El Pedrega”, en el municipio de Cuautitlán, en la Zona de Manantlán, sigue indefinida. 6.2 Violaciones al Derecho a la Salud. Las comunidades presentan una ausencia de los servicios de salud, la mayor parte lo resuelven con botiquines y auxiliares, pero faltan medicamentos y la mayoría de las veces no se encuentran los auxiliares. No existen hospitales en la zona, sólo se reportan clínicas con dos o tres servicios, pero en realidad son casas de salud que son atendidas por enlaces regionales que realizan recorridos por la zona y que se encargan de supervisar a los auxiliares. A pesar de que las comunidades han pedido en varias ocasiones equipar sus centros de salud y más medicamentos, la respuesta de las autoridades ha sido la negativa bajo el argumento de que el estado es muy grande. Debido al conflicto, los habitantes de las áreas limítrofes, principalmente los de Jalisco acuden a Manzanillo por contar con mejores servicios, sin embargo, muchas veces se enfrentan a la negativa de atención aún cuando algunos de ellos cuentan con la suscripción del Seguro Popular, se les niega advirtiéndoles que su seguro ahí no funciona. En consecuencia, muchos habitantes deben recurrir a centros de salud privados, lo que les ocasiona un gasto dañino para su economía. Por ejemplo, los habitantes del Ejido Ayotitlán, Cuautitlán padecen de una falta de acceso oportuno a los centros y servicios de atención a la salud, ya que cada uno de los estados involucrados (Jalisco y Colima) les consigna la atención médica a un comprobante de declaración de pertenencia a algún 186

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estado, la cual generalmente es el IFE. No obstante, ello también les hace que en caso de emergencia, los centros de salud más cercanos no brinden la atención oportuna, incumpliendo así las autoridades el brindar atención a toda la población mexicana. En el caso del Ejido mencionado, las autoridades de ambos Estados han condicionado los servicios médicos y de salubridad incumpliendo su obligación de respetar, pues dicha acción entorpece el pleno goce del derecho a los pobladores. Aunado a ello el conflicto limítrofe a permitido que se instauren mineras trasnacionales, como las chinas, en territorio jalisciense con permisos otorgados por el estado de Colima. Dichas compañías mineras han alegado la propiedad y concesión de las tierras obligando y presionando a las comunidades a salir de sus territorios bajo la amenaza y el hostigamiento. 6.3 Violaciones al Derecho al Medio Ambiente. La actividad minera a cielo abierto y de alta escala bajo la dirección de las empresas transnacionales no es debidamente fiscalizada y controlada por el Estado dejando grandes secuelas de destrucción al medio ambiente como es la contaminación de mantos acuíferos y deforestación.. En las zonas mineras, el derecho humano al agua es totalmente vulnerado. La prioridad es el abastecimiento a las empresas mineras que requieren grandes volúmenes de agua y que tienen acceso gratuito e irrestricto a este recurso; estas acciones significan despojar a las comunidades de sus fuentes de agua y del derecho a su acceso y disposición, 7. Estrategias de Defensa y exigibilidad “Existen dos vías de la exigibilidad, la directa es cuando el objeto de actuación judicial tiene como sustento la invocación directa de un derecho económico, social o cultural, de las estrategias de exigibilidad indirecta, es decir, aquellas que en la tutela del derecho social se logra a partir de la invocación de un derecho distinto”.133 133

ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Cristian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Primera Edición, 2002, Madrid, p. PENDIENTE LA PÀGINA

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Desde el inicio de su lucha, una de las estrategias utilizadas por el movimiento del Frente Regional Pro-Manantlan y Cuenca del Marabasco (FREMAR) es el cabildeo con tomadores de decisiones. Los habitantes de las comunidades afectadas, junto con las organizaciones que las acompañan, han organizado y llevado a cabo reuniones con diversos alcaldes y legisladores tanto estatales como locales con el fin de aportar información, les permite expresar las preocupaciones o intereses. Coalición formada por Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco FREMMAR A.C., Red Jalisciense de Derechos Humanos A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. y la Unión de Pueblos (Indios) de Manantlán A.C. Otras Estrategia de exigibilidad utilizadas Investigación y elaboración de recomendaciones de políticas públicas, es el proceso de producción, recuperación y rectificación del conocimiento y debe cumplir con imparcialidad, utilidad práctica y utilidad social. Cabildeo con tomadores de decisiones, es decir, que se aporta información, permite expresar las preocupaciones o intereses en un contexto informal y da acceso a los tomadores de decisiones. El cabildeo regula en forma apropiada la transparencia, legalidad y certidumbre Construcción de alianzas y coaliciones, para que un grupo de organizaciones que trabajan juntas alcancen un objetivo común. Tienen un alto nivel de acuerdo sobre la solución del problema público, maximizan la efectividad de los miembros y actúan y responden a las oportunidades presentadas. Comunicación, medios y mensajes, es útil para acompañar cualquier estrategia y es indispensable si se que quiere influir en la opinión pública. Construcción de apoyo y movilización de ciudadanos, consiste en convocar a grupos y ciudadanos para participar a favor de un propósito común.

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Contraloría, monitoreo y exigir cuentas, es un ejercicio de participación ciudadana dirigida al control, vigilancia y evaluación de las políticas gubernamentales. Responsabilización y acción legal, consiste en hacer que los responsables de las causas del problema, asuman las consecuencias de una política pública y se tomen cartas en el asunto. La acción legan consiste en apoyarse en recursos legales para dar validez a lo que se solicita.

Incidencia de las Organizaciones Civiles de Derechos Humanos La participación de las OSC ha sido crucial en el acompañamiento, orientación y promoción del enfoque de derechos humanos entre la comunidad, sobre todo porque se les han brindado herramientas para exigir una solución a las violaciones a sus derechos permeadas, además, por el conflicto. Las organizaciones sí han incidido en la asesoría ante qué autoridades formular peticiones, la formulación de éstas, sobre el lenguaje de derechos humanos con el que sustentan las peticiones, el apoyo y acompañamiento ante instancias gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos. Igualmente, al acercarse tanto a la Red Jalisciense de Derechos Humanos y al Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, consolidaron un sistema de alianzas que les ha permitido adherir a ciertos líderes a su causa, como el Dr. Miguel Concha Malo, reconocido defensor de derechos humanos a nivel nacional. También les ha permitido entablar una estrategia de litigio tanto a nivel nacional como internacional. Con estas alianzas se ha podido difundir la problemática en la que se encuentran y con ello maximizar la efectividad y las oportunidades presentadas al trabajar en conjunto por un objetivo común que es el respeto de los derechos humanos en la zona. Por su parte, al integrarse las organizaciones de derechos humanos, la comunidad ha aprendido a utilizar el lenguaje de derechos humanos para la exigibilidad de éstos, así como para incorporarlos en su visión y trabajo coti189

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diano. En este sentido, las OSC de derechos humanos han podido a través de talleres incorporar dicha perspectiva fomentando la participación ciudadana al abrir caminos o servir de apoyo y/o acompañamiento en diálogos con autoridades. Conclusiones. Ante las múltiples violaciones a los DESCA que se presenta en la zona, las comunidades han optado por enfocarse en resolver el conflicto limítrofe, el cual consideran como un punto eje para remediar los principales problemas que causa el vacío el vacío de autoridad y con ello las diversas problemáticas como son la falta de servicios, la entrada de trasnacionales, principalmente mineras y el hostigamiento y amenazas que se presentan en la zona. 8. Recomendaciones • Empoderamiento de las comunidades para promover la apropiación del territorio y los recursos naturales. • Formación y capacitación en derechos humanos, tratados internacionales y violaciones a los DESCA, a los servidores públicos de los municipios en los que se desarrolla el conflicto para que conozcan las responsabilidades en las que están incurriendo. • Promover la organización de las comunidades en torno a la revaloración de su ser y de sus saberes indígenas, así como la articulación con otros actores, todo dirigido hacia la defensa de su tierra, territorio y recursos naturales. • Proteger la seguridad e integridad física de las y los defensores indígenas, puesto que viven en riesgo. • Promover el derecho a la consulta tanto en las comunidades indígenas como entre los servidores públicos. Bibliografía. • Información de la Dirección General de Minas, citada en el libro El mineral o la vida, la legislación minera en México, de Francisco López 190

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Bárcenas y Mayra Montserrat eslava Galicia, editado el pasado abril por la UAM. • ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Cristian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Primera Edición, Madrid, 2002,. Documentos • Los Pueblos Indígenas en sus propias voces Los Pueblos Indígenas – Tierras, Territorios y Recursos Naturales http://www.un.org/spanish/ events/indigenous/2008/pdfs/Backgrounder_LTNR_FINAL_SP.pdf • Minería en México. Ver en http://www.mitecnologico.com • Red Mexicana de Afectados por la Mineria. “La defensa de Virikuta”. Ver en http://rema.codigosur.net/; • Red Mexicana de Afectados por la Minería. “Corporación minera canadiense recibe concesiones en territorio indígena en México.” Ver en http://rema.codigosur.net/; Entrevistas • Lic. Oscar González Garí. Presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos A.C. • C. J. Jesús Hermenegildo García, Presidente del Frente Regional ProManantlán y Cuenca del Marabasco, A.C - FREMAR. Cuautitlán de G.B., Jalisco • Señor Esteban Guzmán, Secretario del FREMMAR. Y residente dela zona • Señora Candelaria Mora Zambrano (desplazada Ejido P. de Méndez a esta cabecera). • Victoria Beltran Camacho. Abogada del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.

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Conclusiones La exigibilidad es un proceso que se teje, se promueve y se construye atravesando la participación de diversos actores. Las OSC de Derechos Humanos, con base en su experiencia, han desarrollado estrategias de exigibilidad cimentadas en varios factores: de acuerdo al contexto político y social del país; tomando en cuenta las características del ejercicio de los DESCA y los vacíos en torno a su cumplimiento y justiciabilidad y, sobre todo, haciendo uso de las herramientas que tienen a su alcance en términos de recursos humanos, económicos y técnicos. Con base en los casos analizados se confirma que la situación de los derechos a la alimentación, educación, salud, vivienda, medio ambiente y derechos laborales en México sigue siendo precaria y el Estado mexicano continúa sin cumplir con sus obligaciones de Garantizar, Promover y Respetar éstos derechos. El gobierno mexicano sigue privilegiando intereses empresariales frente a los derechos humanos de las personas. En diversas ocasiones, disfrazadas como proyectos de infraestructura y supuesto progreso, se ha dado paso a grandes trasnacionales de la minería, la alimentación y la construcción. Se impulsa un desarrollo sin derechos humanos. Además, autoriza proyectos sin la previa interlocución con las comunidades o personas afectadas violentando, además de alguno o algunos de los DESCA mencionados, el derecho a la información, a la consulta y a la participación. Ante las diversas problemáticas que sufren las comunidades a lo largo y ancho del país, las personas se han organizado en torno a movilizaciones sociales con el fin de demandar el pleno cumplimiento de sus derechos, así como de detener las acciones que los violentan. Para lograr sus objetivos los movimientos recurren, principalmente, a acciones de presión social e incluso de confrontación con las autoridades. Desde las OSC de derechos humanos, la experiencia del trabajo es la que delinea el camino hacia la exigibilidad. En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. realiza su labor en tres dimensiones: la estrategia jurídica de responsabilización y la incidencia en Políticas Públicas; la investigación documental, denuncia y visibilización y la difusión, educación y promoción. A la par, el trabajo con los medios de comunicación es clave para fortalecer el impacto de dichas estrategias. Asi192

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mismo, el trabajo en redes es necesario para fortalecer dichos procesos de exigibilidad. Por otro lado, desde los movimientos sociales, la exigencia se construye a partir de una necesidad, que en la mayoría de los casos, es inmediata y vivencial, a partir de eso se busca el apoyo de las OSC para dar fuerza a las exigencias, ya sea con apoyo técnico, asesoría jurídica, acompañamiento o capacitación. Al ser reconocido al Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., como una de las principales organizaciones de defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en nuestro país, algunas organizaciones y movimientos se han acercado para construir alianzas, buscar acompañamiento y apoyo, así como para contribuir a la lucha de las comunidades en distintos ámbitos: • Visibilizando y documentando las violaciones específicas a los derechos humanos al tiempo que se difunden en algunos medios de comunicación y a través de foros. • Acompañando los procesos con asesoría jurídica o incluso litigio estratégico, así como en momentos de diálogos con autoridades • Impartiendo talleres de educación en derechos humanos al interior de los movimientos, logrando así que se incorpore la perspectiva de derechos humanos en su discurso y labores cotidianas. • Desde el Marco legislativo, podemos citar que en el caso de la Campaña “Sin Maíz No Hay País”, se logró impulsar el derecho a la alimentación a rango constitucional. • Incentivando la participación ciudadana. Los movimientos más allá de los mítines o movilizaciones de visibilización de su problemática, al incorporar el eje de derechos humanos en su discurso logran el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local con pleno respeto a los derechos humanos, así como la democracia participativa al promover mecanismos de consulta, de diálogo con las autoridades y de rendición de cuentas. Las estrategias que han resultado de mayor impacto han sido: la visibilización de los casos, con las comunidades de las zonas en conflicto como en los medios de comunicación; las movilizaciones, cabe mencionar que el hablar en términos de derechos también les da legitimidad; la responsabilización respecto a las autoridades; la denuncia pública y la educación en derechos humanos. 193

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A partir de la lucha por la defensa de los DESCA observamos que la exigibilidad como un proceso político, jurídico y social se va tejiendo desde diversos frentes y que el resultado de la articulación de los movimientos con la OSC de derechos humanos ha resultado positivo. Si bien encontramos que entre los obstáculos se encuentran: las limitaciones en recursos humanos y económicos, las agresiones y el hostigamiento y la situación de violencia e inseguridad., se han logrado grandes avances, sobre todo, en la promoción y educación en derechos humanos, una necesidad sentida desde los movimientos sociales que ha sido cubierta, en parte, por las OSC’s. Por otro lado, se ha avanzado en poner un alto a las violaciones de los DESCA promoviendo la participación ciudadana y a la apropiación de los derechos mediante el empoderamiento, aunque aún existen grandes retos en relación con las resoluciones, principalmente, a causa del tiempo que dura el proceso y a la falta de voluntad política así como a la estructura del sistema político y las prácticas judiciales que son violatorias de los DESCA. Como se puede mirar en la cotidianeidad de la vida, las violaciones a los DESCA persisten y en muchas ocasiones, se multiplican y se cometen colectivamente. Sin embargo, frente a las violaciones reivindicamos los procesos de exigibilidad como una herramienta para la transformación encaminada individual y colectiva orientada hacia una vida adecuada con dignidad.

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CENTRO DE DERECHOS HUMANOS “FRAY FRANCISCO DE VITORIA, O.P.” A.C. Director Dr. Miguel Concha Malo miguelconcha@derechoshumanos.org.mx Coordinadora General Mtra. Ana Luisa Nerio Monroy coordinacion@derechoshumanos.org.mx Educación, Promoción y Difusión Clara G. Meyra Segura edupromo1@derechoshumanos.org.mx Carlos A. Ventura Callejas edupromo2@derechoshumanos.org.mx Investigación Salomé Almaraz Reyes investigacion@derechoshumanos.org.mx Angélica Gay Arellano Jurídico Victoria Beltrán Camacho victoria@derechoshumanos.org.mx Margarito Miranda Arias Juridico1@derechoshumanos.org.mx Administración María Guadalupe Hernández Hernández recepción@derechoshumanos.org.mx C.P. Juventino Alcántara Venegas Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.” A.C. Odontología 35 Col. Copilco Universidad, Delegación Coyoacán C.P. 04360, México D.F. Tel. 56 59 67 97 ext. 227 www.derechoshumanos.org.mx

Pantone 2735c

Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en México, 2010-2011

La presente obra fue realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Social a través del Programa de Coinversión Social en su Convocatoria de la Vertiente de Investigación 2011.

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