Agenda Municipalista by anamguatemala-anam.org

Índice No. I II III

IV V

Introducción ¿Por qué una Agenda Municipalista? Propuestas de Reforma al Marco Legal Actual o Iniciativas de ley Eje No.1. Descentralización: Impulsar y concretar acciones de los procesos de descentralización en el país para garantizar la inversión óptima de los recursos y priorización de las verdaderas necesidades a nivel nacional, respetando el principio de la autonomía municipal y fomentando la gobernabilidad democrática. a. Ejecución de proyectos a través de los fondos de Consejos Departamentales de Desarrollo. b. Generar medios y plataformas más accesibles para financiamiento de obras de infraestructura municipal. c. Impulsar y concretar en el proceso de Descentralización. d. Incremento a las Transferencias Municipales para mejorar la capacidad de inversión en infraestructura para el desarrollo.

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Eje No.2. Administración Municipal: Fortalecimiento institucional para la administración en la búsqueda del fomento la gobernabilidad del lugar de gobernanza y la certeza jurídica a nivel nacional. a. Mejoras a instituciones que apoyan la actividad operativa y administrativa de los municipios. b. Promoción de la Carrera del Empleado Municipal a través de la Ley de Servicio Municipal

Eje No.3. Desarrollo Económico Local para fomentar la participación ciudadana y los índices de crecimiento económico a nivel nacional. a. Mejoramiento de infraestructura vial nacional a través de los gobiernos locales en su circunscripción municipal. b. Promoción del Desarrollo Económico Local en todo el territorio nacional.

Eje No. 4. Educación y Salud para fomentar la inclusión social a nivel municipal a. Apoyo a la inversión de infraestructura en sistemas de saneamiento local b. Aprobación de la propuesta del reglamento de “Rastros de animales de abasto, establecimiento de transformación, almacenadoras y transportes de servicios cárnicos”.

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Eje No.5. Medio Ambiente para fomentar la resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático y promoción del uso consciente de los recursos naturales del municipio. a. Mejora de otras fuentes de ingresos para impulsar el desarrollo económico local, la protección ambiental y la provisión de servicios públicos municipales. Conclusión Bibliografía

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Propuesta de una Agenda Municipalista para el fortalecimiento de la ejecución, la administración y las capacidades instaladas de los gobiernos local en la República de Guatemala. I.

Introducción

Las municipalidades, debido a su naturaleza inherente y el marco normativo que las rige, son las instancias de gobierno más próximas a la población; poseen las facultades necesarias para atender las demandas más sentidas y puede resolver de forma más inmediata los problemas que la aquejan. El municipio, siendo la primera unidad básica de organización territorial del Estado, conserva desde los tiempos de la colonia las siguientes características: funciona dentro de una circunscripción territorial, en la cual habita una población o comunidad organizada que comparte un ordenamiento jurídico, un patrimonio, capacidad económica, cultura e identidad local. La institución pública se denomina municipalidad y es liderada política y administrativamente por el Concejo Municipal, integrado por el Alcalde, “encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos autorizados por el Consejo Municipal”. (Código Municipal, Artículo 9.). Debido a estos rasgos distintivos, automáticamente se convierte en el espacio inmediato de participación ciudadana y el principal canal de comunicación entre la población, sus necesidades vinculadas a las directrices y políticas que están siendo implementadas por el gobierno central. Estas propiedades le confieren una legitimidad bastante particular frente a la población, ya que ha tenido una presencia efectiva que percibe los problemas locales mucho mejor que otras entidades estatales centralizadas, que han demostrado tener un abordaje débil o inexistente frente a la problemática territorial. Los municipios deben proceder de acuerdo con los “principios de eficacia, eficiencia descentralización, desconcentración y participación comunitaria, con observancia del ordenamiento jurídico aplicable”. (Código Municipal, Artículo 5.). La competencias de los municipios, tanto propias como delegadas, se especifican en el Artículo 6 del Código Municipal: Las competencias propias son todas aquellas inherentes a su autonomía establecida constitucionalmente de acuerdo a sus fines propios. Las competencias atribuidas son las que el Gobierno Central delega a los municipios mediante convenio y se ejercen en los términos de la delegación o transferencia respetando la potestad de autoorganización de los servicios del municipio, establecidos en este Código.

El municipio en el sistema jurídico es una institución autónoma1 de derecho público, con personalidad jurídica, que tiene la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos, y de conformidad con sus características multiétnicas, pluriculturales y multilingües. (Código Municipal, Artículo 7.). La Consitución Política de la República de Guatemala establece en su Artículo 253. Autonomía Municipal que les corresponde: a) elegir a sus propias autoridades; b) obtener y disponer de sus recursos; y c) atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para lo cual pueden emitir sus propias ordenanzas y reglamentos.

Su fin recae en satisfacer las necesidades de las comunidades y asegurar su constante participación en el desarrollo económico, social, y cultural del municipio. Debido a esta mecánica, se manifiesta la importancia de la corresponsabilidad, donde cada gobierno local debe estar sujeto al control de la sociedad civil para la ejecución transparente e inmediata de las acciones que se ejecuten para su beneficio. Los 40 años de transición democrática en el país han hecho evidente la importancia y la necesidad de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales principalmente en los ámbitos de la planificación, 1 Aclaración: A pesar de ser entidades autónomas, los municipios son parte del Estado y comparten el Estado de Derecho, por ende, no estan supeditadas al cumplimiento de las leyes generales.

ejecución de programas y proyectos para una prestación de servicios eficaz y eficiente. Además se debe dar preeminencia, a los procesos de descentralización, para que exista el seguimiento necesario para su implementación utilizando como pilar fundamental el recurso adaptabilidad a las necesidades actuales. Paralelamente, se debe llevar a acabo la consolidación de una sociedad civil activa, participativa y comprometida en cuanto a los asuntos que conciernen el bienestar de su comunidad, que se ven afectados por las políticas nacionales o una mala ejecución a nivel local. Estos desafíos requieren de la responsabilidad y el compromiso de los unidades de control, para promover la implementación de buenas prácticas que hagan frente a los constantes desafíos. La importancia de consolidar la descentralización en Guatemala, debe tener como objetivo primordial avanzar en la democratización de las relaciones gobierno-sociedad en el ámbito local y la búsqueda de una mejora de los rendimientos económicos y de las capacidades del Estado en los temas considerados importantes (seguridad, salud, educación e infraestructura básica). (Castillo, 2016). Desde un enfoque basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-2, no se puede concebir un país como un agente estratégico dentro de un mundo globalizado, que no fomente el crecimiento de las capacidades de las unidades de primer órden de gobierno; los municipios. Aunque se argumente que el fortalecimiento de las capacidades administrativas, técnicas, financieras, de planificación y gestión no es un tema moderno y reciente en el país, estos procesos se han debilitado debido al seguimiento inexistente de una Política de Estado a corto, mediano y largo plazo, aunado a la alta rotación de funcionarios públicos debido a la falta de una carrera de admistración pública, (no sólo de un gobierno a otro, sino al interior de un mismo período de gobierno). Estos factores han influido para que ninguna de las iniciativas se conviertan en políticas públicas viables y adaptables que trasciendan en el tiempo y se institucionalicen. (Política de Fortalecimiento de las Municipalidades, 2013) (Plan de Desarrollo 2011-2017: Gobierno que trabaja y logra en grande) Es por esta razón, que para crear un impacto positivo en la realidad de vida de cada uno de los guatemaltecos, se vuelve indispensable que el gobierno central, trabaje de la mano con los gobiernos municipales. Como se estableció anteriorimente, las municipalidades tienen a su cargo funciones de vital importancia para el desarrollo de cada uno de sus territorios. Entre ellas, la provisión de servicios públicos básicos como el agua potable, drenajes, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, además de la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos. Debido a esto, la coordinación interinstitucional efectiva es la clave para la evolución del país. En el estricto respeto a la autonomía municipal, el gobierno central debe buscar el fortalecimiento de los gobiernos municipales para que no solo ejerzan de manera eficaz sus atribuciones, sino que lo hagan siguiendo los principios de una administración enfocada en ofrecer resultados a través de inversiones que sean priorizadas responsablemente y se caractericen por una ejecución transparente y eficiente. Toda estrucutra organizativa que lidere un Estado debería impulsar la profesionalización del servicio público municipal, como prinicipales exponentes de la verdadera necesidad en el país y los primeros actores que se relacionan con la ciudadanía y sus necesidades. Se deberían buscar los mecanismos para brindar una guía constante de capacitación, brindando el soporte técnico necesario. Es importante establecer una línea que fomente la sistematización de los procesos y la simplificación administrativa y normativa de aquellos trámites que se coordinan con las instancias de gobierno central, para fortalecer y hacer más eficiente los procesos internos de cada uno de los municipios; siempre con la finalidad de reducir los tiempos en los temas de gestión, autorizaciones, adquisiciones, contratación y la ejecución, implementación y mantenimiento de programas y proyectos. Esto, con el fin de reducir la discrecionalidad en los servidores públicos, (acción que pudieran generar actos de corrupción). Estos procedimientos resultarán en un mejor manejo gubernamental y principalmente en la homologación intermunicipal. (Plan de Desarrollo 2011-2017, Gobierno que Trabaja y Logra en Grande p.172.). Se debe tomar en cuenta, que el Ejecutivo debe de convertirse en un eje articulador y de coordinación permanente entre las municipalidades y el aparato burocrático central, asegurando la fluidez y cercanía con el Legislativo. Además, debe promover la asociatividad (problemas comunes, soluciones comunes), 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se caracterizan por ser principios mundiales que hacen un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

y la ejecución conjunta de proyectos que requieran inversiones considerables entre dos o más municipios, generando de esta manera la eficiencia del gasto público y como resultado una economía favorable. Finalmente, es necesario reconocer que “para lograr una gestión exitosa se debe gobernar de abajo hacia arriba, es decir, desde lo local.” (Plan de Desarrollo 2011-2017, Gobierno que Trabaja y Logra en Grande, p.172.). La colaboración y el consolidación de los gobiernos municipales traerá como consecuencia una acción gubernamental equilibrada, democrática, incluyente, competitiva, segura y sustentable para atender los grandes temas municipalistas pendientes, en lo relativo a la agenda legislativa, económica, política, social y medioambiental. Es fundamental priorizar estos temas y convertirlos en iniciativas que planteen una solución a cada uno de ellos y contribuyan al desarrollo de las localidades bajo principios de equidad, transparencia y legalidad.

II.

¿Por qué una Agenda Municipalista?

El objetivo principal de la presente Agenda Municipalista o instrumento de desarrollo, busca construir, junto con el gobierno central, las condiciones para desarrollar las municipalidades que anhelamos y que nuestro país necesita. Consiste en dotar al Ejecutivo con una serie de ideas para que puedan, mediante una gestión territorial descentralizada y progresiva, fomentar paralelamente en los gobiernos locales el incremento de las capacidades técnicas, financieras y administrativas necesarias para territorializar políticas públicas y así mejorar su desempeño institucional, basado en el cumplimiento de sus funciones de conformidad con la ley. Todo estos esfuerzos servirán como un medio para que los gobiernos locales presten eficientemente los servicios que les corresponden, eleven la calidad de su gestión y asuman de mejor forma sus competencias, para modernizar y diversificar las acciones que resuelvan los problemas que afectan el bienestar de los habitantes en cada uno de sus territorios y contribuyan a la reducción de la pobreza, las desigualdades y la inclusión, en busca del bien común. El propósito y el ideal del asociativismo municipal es contribuir a que los gobiernos municipales, sean reconocidas a corto plazo por tener un alto nivel de compromiso con las necesidades de la población y por el dinamismo, eficiencia y modernización en la prestación de servicios públicos que les atañen de acuerdo a su pertinencia cultural y lingüística. Deben promover en la ciudadanía un alto nivel de confianza y credibilidad debido a la transparencia en el manejo de los recursos que se les confiere y por su búsqueda constante del desarrollo integral, teniendo como pilares el fomento económico local, además del fortalecimiento del tejido social, el capital humano local y la infraestructura urbana y rural basada en la sostenibilidad ambiental, la equidad y la igualdad de oportunidades. Deben ser, también, instituciones reconocidas por su modelo de gestión participativa y transparente guiada por el Plan de Desarrollo Municipal -PDM-, el cual será cogestionado con los actores de la sociedad civil, públicos y privados. (Política de Fortalecimiento de las Municipalidades, 2013). Los gobiernos municipales son la máxima expresión de la democracia; sin embargo, la expresión del municipalismo solo se puede lograr a través del fortalecimiento de los procesos de descentralización. Derivado de esta premisa, la aspiración de un gobierno descentralizado debe de ser el desarrollo político y social constante, como medio para superar nuestra heterogeneidad geográfica, cultural y económica, para lograr el desarrollo integral y equilibrado. La Agenda Municipalista busca plantear algunas propuestas de reforma al Marco Legal actual y algunas Iniciativas de Ley para promover e impulsar la consolidación de un municipalismo estratégico, donde los municipios actúen de forma trascendental ante los retos que supone el proceso paulatino de descentralización. La base primordial se convierte en la gestión pública municipal basada en la planificación enfocada en las prioridades de cada uno de los territorios. El planteamiento se avala a través de cinco ejes de gestión que impulsan y fortalecen el crecimiento de nuestros municipios a través de la generación de nuevas oportunidades basadas en la descentralización. Es imperante reforzar el marco legal y modernizar los procesos actuales para la correcta planificación,

ejecución y administración, prestación de los servicios que prestan las municipalidades para fortalecer el desarrollo de las comunidades en cada territorio de la Republicana de Guatemala.

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Eje No. 1: Descentralización: Impulsar y concretar acciones de los procesos de descentralización en el país para garantizar la inversión óptima de los recursos y priorización de las verdaderas necesidades a nivel nacional, respetando el principio de la autonomía municipal y fomentando la gobernabilidad democrática. Eje No. 2: Administración Municipal: Fortalecimiento institucional para la administración en búsqueda del fomento la gobernabilidad del lugar de gobernanza y la certeza jurídica a nivel nacional. Eje No. 3: Desarrollo Económico Local para fomentar la participación ciudadana y los índices de crecimiento económico a nivel nacional. Eje No. 4: Educación y Salud para fomentar la inclusión social a nivel nacional. Eje No. 5: Medio Ambiente para fomentar la resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático y promoción del uso consciente de los recursos naturales del municipio.

De esta manera se podrá cumplir eficazmente con las garantías a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral del pueblo de Guatemala.

III.

Propuestas de Reforma al Marco Legal Actual o Iniciativas de ley

Eje No. 1. Descentralización: Impulsar y concretar acciones de los procesos de descentralización en el país para garantizar la inversión óptima de los recursos y priorización de las verdaderas necesidades a nivel nacional, respetando el principio de la autonomía municipal y fomentando la gobernabilidad democrática. La capacidad de mejora constante y la voluntad para aumentar la inversión dentro del marco de acción del gobierno central en los niveles locales, regionales y nacionales depende del grado de descentralización en la administración pública que se logre dispersar sobre el territorio a manera de potenciar su cobertura y eficiencia en la producción de servicios públicos. La misma se logra a través de la coordinación y la transferencia de recursos técnicos, sociales, financieros y administrativos entre los distintos actores sociales, entes gubernamentales, legislación vigente e insituciones. Es por esto que se debe priorizar la gestión en la promoción de los elementos clave para el desarrollo y potenciación de la descentralización desde el ámbito de gestión administrativa. Dentro de los cuales se resaltan: -

Ejecución de proyectos a través de los fondos de Consejos Departamentales de Desarrollo.

La gestión de los últimos cuatro años ha evidenciado una reducción significativa en cuanto a la ejecución de obras priorizadas a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Departamental –COCODES– en las distintas comunidades del país, siendo esta inferior al 60% anual en promedio. Esto debido a que los tiempos en los procedimientos del Sistema de Consejos de Desarrollo no son totalmente funcionales, ya que al iniciar contratos, en la mayoría de ocasiones, posteriores al mes de agosto, lo que no permite que se finalice la mayoría de obras en los últimos meses del año. Esto ha obligado a que las comunidades que han trabajado arduamente para la aprobación y planificación de sus proyectos desde el COMUDE, tengan que renunciar al proyecto debidamente aprobado, pues los fondos de su proyecto serán necesarios para la finalización de otro que ya debería disponer de dichos fondos. Por tanto, se propicia la reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto para definir ciclos multianuales de planificación-ejecución, la transferencia directa de los fondos de IVA-PAZ del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo a la Cuenta única del Tesoro Municipal y la permanencia de fondos en Caja cuando exista un compromiso de ejecución de la obra que la misma cuente con avance físico al cierre del período fiscal.

De igual forma, para agilizar procesos de pago, considerando que las Municipalidades son las Unidades Ejecutoras responsables, se propone establecer el mecanismo para trasladar directamente y conforme ejecución el total del recurso asignado al proyecto a la Municipalidad sin pasar por la Gobernación departamental, lo cual permitirá una ejecución más ágil.

Generar medios y plataformas más accesibles para financimiento de obras de infraestructuta municipal.

El Código Municipal es una de las leyes fundamentales que rigen las relaciones diarias dentro de la administración pública local; por lo que estipula algunos medios y procesos para que las Municipalidades puedan desarrollar parte del entramado para la planificación y prestación de servicios. A pesar de esto, los esfuerzos no pueden permanecer estáticos, pues precisan de la actualización y mejora continua para asegurar la inversión y potencialización de obras dentro de los territorios de los municipios, por lo que se requiere que en el corto plazo se concreten en el Código Municipal algunas mejoras: a) Establecer claramente las concesiones de los servicios públicos y la creación de Empresas Municipales con participación privada. b) Implementar la obligatoriedad del Recibo Único Municipal -RUM- para integrar todas las obligaciones tributarias y no tributarias del ciudadano, vecino del municipio. c) Establecer claramente la capacidad de endeudamiento del municipio más allá de un período constitucional de gobierno, cuando el proyecto es sostenible financiera o socialmente. d) Establecer claramente el acceso del municipio a créditos de la banca de desarrollo u organismos de cooperación internacional con garantía de sus propios ingresos; de manera individual o mancomunada, siendo éste la unidad ejecutora de dichos fondos. -

Impulsar y concretar acciones en el proceso de Descentralización.

Muchas de las competencias se han delegado y con el tiempo se han perfeccionado por algunas autoridades, como lo es la administración del tránsito vehicular, que se ha delegado desde el Ministerio de Gobernación a casi 70 municipios del país. Es por ello que desde un gobierno central comprometido y con una reforma al Decreto Número 14-2002 Ley General de Descentralización, que defina claramente a las Municipalidades como las Unidades Ejecutoras de los Ministerios, se puede promover estos cambios en beneficio de la población conforme a sus verdaderas necesidades. La reforma de ley perseguirá entonces la definición clara de las municipalidades como unidades ejecutoras de los programas sociales de los Ministerios a través de los convenios inter-institucionales. El éxito de la propuesta radica en la utilización de la estructura administrativa de los gobiernos municipales a fin de destinar el cien por ciento de lo asignado a los Ministerios a inversión social. Los Ministerios se constituyen como los entes rectores de las políticas públicas, pero son las Municipalidades las unidades ejecutoras de los programas sociales, transfiriéndoles el recurso financiero a través de convenios.

Incremento a las Transferencias Municipales para mejorar la capacidad de inversión en infraestructura para el desarrollo.

Los últimos cuatro años la ejecución en cuanto a inversión en programas y proyectos de desarrollo para el país ha sido muy buena por los municipios, pues al evaluar los datos que se encuentran en el Sistema Nacional de Inversión Pública, el recurso municipal, tanto propio como transferido, tiene asignado menos del 45% de lo que se asigna a la inversión sectorial, pero es más eficiente pues al final de los cuatro años la relación de ejecución del recurso asignado con respecto a la ejecución sectorial es superior al 58%, con casi un 71% de ejecución contra un 55% de lo sectorial. A partir de que el Fondo Nacional para la Paz inició su proceso de liquidación la ejecución de obras para agua potable, saneamiento, transporte, como parte de las competencias propias municipales hasta obras para educación y salud, como competencias delegadas, han tenido que resolverse desde los pocos fondos que tienen los municipios del país.

Vemos con urgencia la necesidad de duplicar la asignación del IVA PAZ que actualmente es del 1.5%, o bien que cuando menos se pueda asignar el 0.5% restante que se asignaba a FONAPAZ, para que las Municipalidades lo destinen en inversión en educación, salud, saneamiento público e infraestructura para el desarrollo económico local. Para lo anterior se requiere que el Congreso de la República, a iniciativa del Ejecutivo, modifique el artículo 10 del Decreto Ley 27-92.

Eje No. 2: Administración Municipal: Fortalecimiento insituciononal para la administración en busquedad del fomento la gobernabilidad del lugar de gobernanza y la certeza jurídica a nivel nacional. Dentro de los sistemas democráticos el municipio se configura como la unidad de gestión más cercana al motor social, por lo que se encuentra intrínsecamente ligado a los procesos de participación ciudadana y la correcta gestión de los asuntos públicos que rigen la actividad política del país. El desempeño de las políticas públicas dependerá de la adaptabilidad de los gobiernos para el favorecimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas e involucramiento de todos los actores sociales para contribuir en la toma de decisiones. Es menester que el gobierno central propicie los cambios necesarios que favorezcan la administración municipal de conformidad con los principios de autonomía, pero que al mismo tiempo se promuevan las buenas prácticas administrativas dentro de las demás instituciones, que velan por el municipalismo pero que no son dependecias directas de las mismas. Razón que trae a colación las diversas áreas temáticas que tienen relación con los gobiernos locales que se desarrollan a continuación. -

Mejoras a Instituciones que apoyan la actividad operativa y administrativa de los municipios.

Entidades como el Instituto de Fomento Municipal –INFOM–, requieren de una reforma sustancial que permita como de los ejes principales, establecer una fuente específica de financiamiento, reduciendo las restricciones para préstamos de largo plazo así como de inversión social; la modificación de la integración de su Junta Directiva; y el establecimiento de competencia y recursos para gestión, saneamiento ambiental y tratamiento de aguas residuales, entre otros. De igual forma, se debería reformar el Decreto Número 44-94, Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, es necesario, teniendo como único objetivo establecer una fuente de financiamiento a través de un impuesto específico del aporte del Estado al Plan Previsional del Empleado Municipal, dado que en su artículo 19 establece como aporte del Estado lo proveniente del Impuesto del Aguardiente (que fuera derogado hace muchos años dejando sin fuente de financiamiento el aporte del Estado). Es importante indicar que en la Junta Directiva participan miembros representantes del Instituto de Fomento Municipal –INFOM–, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social –MTPS– como representantes del gobierno central, con voz y voto en las decisiones de inversión de la reserva técnica, hasta ahora el gobierno central no aporta al crecimiento de la misma, a fin de garantizar las pensiones futuras de los empleados municipales. -

Promoción de la Carrera del Empleado Municipal a través de la Ley de Servicio Municipal.

Uno de los obstáculos que afronta la Gestión Municipal actualmente es la alta rotación y cambios en la prestación de servicios del personal en las municipalidades, esto tiene efectos negativos en la entrega de servicios, continuidad de planes de desarrollo, los programas y los proyectos, motivación del recurso humano y en la gestión política de las autoridades. Al no fortalecer la profesionalización del empleado municipal, los niveles de gestión de calidad son bajos y como consecuencia, no se contribuye a una administración que trascienda en el tiempo para fortalecer la institucionalidad y credibilidad local. La Iniciativa Ley de Servicio Municipal, surge como resultado de la búsqueda de una regulación y legislación actualizada, de las relaciones laborales entre las municipalidades, sus empresas municipales y sus empleados, donde el Estado asuma su responsabilidad y se respeten los derechos humanos, la dignidad humana y se permita la promoción, el crecimiento e incentivos para el empleado municipal, a

través del impulso de la carrera administrativa municipal en un marco de profesionalización, capacitación y evaluación del desempeño; todo ello sin menoscabo de la Autonomía Municipal. Con el propósito de dejar un legado en la administración de los Gobiernos Locales en Guatemala, se presenta este documento jurídico, con el objetivo de actualizar, modernizar, integrar, complementar y llenar los vacíos legales, administrativos y debilidades de toda índole con un enfoque moderno y actual donde se priorice efectivamente el impulso de la carrera administrativa municipal desde la profesionalización, armonizando el ordenamiento jurídico aplicable. La propuesta engloba una serie de acciones importantes; entre las que podemos encontrar, principios como la legalidad, mérito, profesionalismos, estabilidad laboral, equidad, eficiencia, capacidad e idoneidad, entre otros. La nueva propuesta de Ley de Servicio Municipal está en proceso de dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República de Guatemala. Fue revisada en una mesa técnica conformada por asesores de los Diputados miembros de la Comisión de Asuntos Municipales, asesores de la Comisión de Asuntos Municipales, asesores de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa del Congreso de la República, Consultores de Nexos Locales y ANAM. La iniciativa también ha sido socializada con los Alcaldes Municipales en las diversas Asamblea de ANAM y en las Reunión de Junta Directiva y Consejo Consultivo de la ANAM. Se realizó dicha propuesta, con el objetivo de actualizar, modernizar, integrar, complementar y llenar los vacíos legales, administrativos y debilidades de toda índole con un enfoque moderno y actual en la que se priorice efectivamente el impulso de la carrera administrativa municipal desde la profesionalización, armonización del orden jurídico aplicable. La propuesta engloba una serie de acciones importantes; entre las que podemos encontrar, principios como la legalidad, mérito, profesionalismos, estabilidad laboral, equidad, eficiencia, capacidad e idoneidad entre otros.

Eje No. 3: Desarrollo Económico Local para fomentar la participación ciudadana y los índices de crecimiento económico a nivel nacional. Los antiguos esquemas que impulsan el desarrollo de los municipios de manera casi exclusiva sobre la base de un acelerado y poco planeado crecimiento de las actividades como construcción de viviendas, edificaciones e infraestructura urbana convencional, no responden a un desarrollo sostenido y mucho menos contribuyen al progreso de los habitantes dentro del territorio. El gobierno municipal es el ente más cercano al ciudadano, por lo que su ámbito de acción se encuentra más enfocado a la realidad de la población y responde a los requisitos de momento que el entorno exiga a través de la implimentación de mecanismos técnicos, sistemáticos, dinámicos, armónicos, eficientes, eficaces y efectivos para consolidar las bases del desarrollo económico local. Razón que da vida a los aspectos a continuación descritos: -

Mejoramiento de infraestructura vial nacional a través de los gobiernos locales en su circunscripción municipal.

Los impuestos al petróleo y sus derivados superan al día de hoy los tres mil doscientos millones de quetzales al año sin que este recurso haya sido bien invertido por las distintas unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para mantener, rehabilitar o ampliar la red vial nacional. Para poder impulsar ágilmente la mejora y ampliación de la red vial que hoy ha quedado muy deteriorada generando altos costos para los pequeños, medianos y grandes productores y empresarios, se propone que los municipios puedan priorizar y ejecutar aquellos tramos que más beneficio tienen para el desarrollo económico local de sus territorios, impactando el bienestar general de la población. Por ello es necesario una reforma a la Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles derivados del Petróleo, en la que del impuesto de cada galón de gasolina superior (Q.4.70 por galón) y de la gasolina regular (Q.4.60 por galón) se destine a la Municipalidad de Guatemala Q. 0.50 por galón; y para el resto de Municipalidades del país Q. 1.00 por galón.

Con este recurso, que no supera el 35% del total de ingresos de este impuesto, las municipalidades tendrían la capacidad de atender su red vial intra-municipal y con ello dinamizar la economía en todo el territorio nacional, acercando también el acceso a servicios importantes para las comunidades como lo es la salud y la educación. -

Promoción del Desarrollo Económico Local en todo el territorio nacional.

En los últimos años mediante esfuerzo de sector público y privado se ha podido trabajar en llevar capacitación e inducción a los Gobiernos Locales del país, haciendo ver la importancia de poder conocer el potencial que tiene su municipio, tanto en recurso natural, humano, geográfico, con potencialidades ya instaladas o que se pueden fomentar. Sin embargo, es importante que para un desarrollo ordenado y sustentable se cuente con recurso suficiente que permita mantener y mejorar las condiciones, tanto para el mismo sector productivo, como para los habitantes y la preservación del medio ambiente de cada territorio. Por lo tanto, se propone la reforma al Artículo 6 del Decreto Ley 71-2008, Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación –FONPETROL-, para que las regalías distribuidas se dupliquen de la siguiente forma: a) El diez por ciento (10%) distribuido entre todos los municipios del país. b) El cuarenta por ciento (40%) entre los municipios de los departamentos en donde se lleven a cabo las operaciones petroleras. Es importante también que, dentro de la misma reforma de ley, se establezcan los mecanismos y especificaciones técnicas para los sistemas y equipos de medición científica y confiable del volumen de producción nacional para el cálculo de dichas regalías. Con esto se busca garantizar que parte de la riqueza generada se quede en el territorio de donde se obtiene, considerando que los municipios únicamente pueden utilizar el recurso asignado para inversión, y que mejor que bajo la priorización de las mismas comunidades de donde se extrae el recurso natural.

Eje No. 4: Educación y Salud para fomentar la inclusión social a nivel nacional. El programa municipalista profundiza en la problemática a la que se enfrentan los habitantes de la circunscripción en su día a día, buscando la más pronta solución a sus problemas y asegurando una mayor cobertura en cuanto a la prestación de servicios en temas educativos y lo concerniente a la previsión social y salud de los ciudadanos. No es novedad, que el sistema de salud de Guatemala al día de hoy, se enfrente ante una situación crítica que impide que muchos guatemaltecos y guatemaltecas no tengan acceso a servicios médicos de calidad o que los mismos sean nulos del todo. Es por esta razón que aunado con los diversos esfuerzos que las Municipalidades han implentado para hacer llegar a los ciudadanos los servicios que requieren que se estipulan los siguientes aspectos para contribuir al correcto desempeño y la prestación de calidad: -

Apoyo a la inversión de infraestructura en sistemas de saneamiento local

La salud de todos los guatemaltecos y las guatemaltecas está íntimamente ligada a varios de los servicios que los municipios tienen mandatado en el Código Municipal, como competencias propias. Uno de ellos es el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales. En el año 2006, entra en vigencia el Acuerdo Gubernativo Número. 236-2006 Reglamento de las descargas y reuso de de aguas residuales, en este se exigen, entre otras cosas, dos actividades importantes en términos del saneamiento: 1) Que los entes generadores deben contar con un Estudio Técnico de Aguas Residuales; 2) Que se ejecuten Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales con ciertas condiciones y temporalidad a lo largo de los años. Con respecto al primer punto indicado, ANAM ha realizado capacitación y acompañamiento en un sinfín de sesiones a muchos de los municipios que hace 3 años no contaban con el ETAR, derivado de que no más de 50 municipalidades contaban con el mismo a inicios del año 2016. Hoy más de 300 gobiernos locales ya cuenten con su ETAR.

Sin embargo, para la ejecución de las PTAR, las municipalidades han atravesado diversas dificultades en el cumplimiento. Una de las más importantes es la disponibilidad de tierra en los puntos adecuados dentro de los sistemas y el poco recurso económico para la ejecución y operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Por tanto, es necesario el apoyo del Ejecutivo para poder contar con fondos, sean estos de transferencia o bien ejecutados con las unidades ejecutoras que operan en el país, para la asignación que este año se le hizo al Ministerio de Desarrollo Social para su ejecución a través del FODES, o que se pueda incrementar porcentajes de transferencia en favor de la población de todos los municipios (como lo que se propone en este mismo documento con el IVA-PAZ), de igual forma una reforma al Acuerdo Gubernativo No. 236-2006 Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales, en el que las primeras dos plantas no tengan que ser las de mayor carga orgánica, considerando que hasta hace poco se pudo tener el diagnóstico de contaminación con los ETAR que ahora tiene cada municipalidad. -

Aprobación de la propuesta del Reglamento de Rastros de animales de abasto, establecimientos de transformación, almacenadoras y transportes de servicios cárnicos.

Al igual que lo referente a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, el servicio público municipal de los Rastros es indispensable para garantizar condiciones de salud y saneamiento para las comunidades del país, ambos en una salud preventiva la cual debe ser priorizada por cualquier gobierno. Muchos municipios no han podido realizar inversiones que permitan contar con Licencia Sanitaria de Funcionamiento por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pues en la actual normativa hay condiciones que son ahora imposibles de alcanzar, como lo es el distanciamiento de 2.5km que un rastro debe tener de un área habitada. Mediante esta reforma se puede viabilizar la ejecución en mejoras y ampliaciones de varios de los rastros que podrían ser ahora mejor regulados conforme a las realidades de demanda y operación de la población de cada territorio. Es imperante contar así mismo con el apoyo para que estos proyectos puedan también ser parte de la obra de infraestructura que se puede ejecutar a través de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, por lo que de la misma forma requiere una reforma al Normativo para la distribución y administración de los recursos financieros, así como la planificación, ejecución y supervisión de los programas y proyectos, financiados con el aporte a los consejos departamentales de desarrollo.

Eje No. 5: Medio Ambiente para fomentar la resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático y promoción del uso consciente de los recursos naturales del municipio. La política local juega un papel primordial en lo referente a la lucha contra el cambio climático, ya que son los muncipios los que se encuentran en primera línea para atender sus impactos en la sociedad. Ya que son los actores principales para el desarrollo de actuaciones directas y efectivas para avanzar hacia ciudades sostenibles ambientalmente. Por otro lado, la promoción de las actividades que faciliten ciudades más resilientes y un uso adecuado de los recursos naturales a partir del desarrollo de áreas temáticas y con el apoyo de los instrumentos urbanísticos que sean útiles para la accesibilidad, movilidad y preservación de los recursos naturales. En este ámbito se pueden resaltar algunas temáticas: -

Mejora de otras fuentes de ingresos para impulsar el desarrollo económico local, la protección ambiental y la provisión de servicios públicos municipales.

Los procesos de exploración y explotación por parte de operaciones mineras conllevan distintas implicaciones previas, durante y posterior a dichas actividades de la minería, desde vías de transporte, utilización de servicios y recurso para operadores y demás personal, conservación ambiental, procesos de diálogo y socialización, etc. En este sentido se vislumbra la necesidad de que las autoridades locales puedan contar con fondos para que estos procesos se desarrollen de forma eficiente, devolviendo beneficios a las comunidades vecinas y conservando los recursos del municipio de la mejor manera, por lo que es necesario una la reforma al Artículo 63, Decreto Número 48-97 Ley de Minería; para que la regalía por explotación de minerales

metálicos no sea inferior al 5%; de lo cual el 50% le corresponderá al municipio de donde se extrae. Esto promoverá que el Estado garantice que parte de la riqueza generada se quede en el territorio de donde se obtiene. Se propone que el municipio utilice el 75% de lo asignado para inversión y el 25% para acciones de mitigación ambiental que refuercen las realizadas por la actividad extractiva, dándole la prioridad a la reforestación y la protección de las cuencas hidrográficas. De igual forma, es importante promover e incrementar la inversión productiva, por lo que se convierte en una necesiad la creación de una iniciativa de ley para zonas francas, que fomente la inversión productiva y que se definan áreas geográficas con ventajas comparativas, sean estas turísticas, industriales, comerciales, forestales, agrícolas, entre otras. Esto con el fin de conceder la exención de impuestos de importación de equipo y maquinaria; así como la permuta de Impuesto sobre la Renta –ISR– por pago de salarios en el período de capacitación y adiestramiento del personal. En concordancia, los gobiernos municipales exoneran parcialmente del pago de la licencia de construcción o lo permutan por inversión en infraestructura auxiliar; así como deberían gestionar la reducción parcial temporal del Impuesto Único sobre Inmueble –IUSI–. Es entonces con este fomento a la inversión productiva junto a la exención de impuestos que la derrama de la cadena productiva se da, cuando todos los nuevos trabajadores formales pagan impuestos y tasas al gobierno y municipio con su nueva capacidad adquisitiva, contrario a lo que hoy en día sucede que ni el gobierno central o los gobiernos locales reciben estos ingresos.

IV.

Conclusión

El gobierno local, como parte integral de la estructura nacional, es el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y por tanto, el que se encuentra en la mejor disposición para integrar los procesos de toma de decisiones en lo que concierne a la condición de vida, y para que puedan hacer uso de sus conocimientos y capacidades para la promoción de desarrollo. Es a nivel local donde existen las mejores condiciones para la creación de una comunidad armónica en la que los ciudadanos puedan satisfacer su sentido de pertenencia y puedan asumir sus responsabilidades. La descentralización se concibe como un instrumento para la reforma y democratización del Estado, de tal manera que asegure una mayor efectividad, eficiencia y equidad de las intervenciones realizadas. Por ello implicará la vigencia de modalidades o mecanismos siguientes: 1) Desconcentración de las instancias del gobierno central para aproximarlas a los niveles territoriales, asegurando la necesaria coordinación con los niveles y lógicas locales. 2) Traslado o delegación de competencias, recursos fiscales y poder de decisión a las gobernaciones departamentales como un nivel intermedio del proceso descentralizador. 3) Delegación (incluye la tercerización) de procesos operativos-administrativos o algunas líneas de acción de los niveles nacionales a los niveles subnacionales, sin el traspaso del poder de toma de decisión. 4) Traslado o devolución de competencias, recursos fiscales y poder de decisión a los gobiernos locales y mancomunidades. 5) Contratación, concesión y otras formas mixtas para la prestación de servicios por el sector privado y gobiernos locales. (Suazo, 2008).

En resumen, mientras la descentralización se entiende como un proceso de transferencia de recursos, atribuciones, funciones, y competencias fundamentales del gobierno central hacia los gobiernos locales constituidos legalmente y capacitados para ejercerlas eficientemente, el municipalismo se presenta como el ejercicio de la gobernanza para la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos y los recursos que lo acompañan; esto, por medio de los mismos procesos de descentralización. Sin embargo, entre ambas concepciones, debe existir una armonización (homogeniedad, estandarización y normalización de procesos), así como la integración de la información que generan las instituciones que conforman la administración pública y su correlación con las unidades locales de gobierno con el fin de desburocratizar el Estado a favor de todos los ciudadanos y la eficiencia y eficacia de la administración pública; esto con el fin de alcanzar la continuidad para promover el bienestar. Solo de esta manera, se podrá convertir Guatemala en un Estado con patrones predecibles de gobernabilidad, ya que se manejarían reglas claras, certeza jurídica y financiera. Por esta razón, es

importante tomar en cuenta el tema de la interdependiencia y la necesidad de mantener relaciones basadas en la cooperación horizontal entre los municipios, los departamentos para fomentar la integracion y la gestión de soluciones comunes. Sin embargo, en términos puntales y reales, la descentralización es aún, un proceso eminentemente político. En esta fase electoral, se tiene nuevamente la oportunidad para que la descentralización adquiera una nueva dimensión y llegue realmente a impactar la dinámica municipalista, a través de una una agenda de construcción común, siempre con respeto a la Autonomía Municipal Actual. Debe buscar mejorar la calidad de los servicios públicos transferidos, logrando un Estado inclusivo y eficiente. Esto a su vez, reducirá el desequilibrio territorial para poder superar la inequidad existente en el país. Además disminuirá los factores de conflictividad regional contribuyendo a la paz social. Una de las causas principales de la debilidades de los gobiernos locales viene del desconocimiento que tienen las instituciones públicas encargadas de la política sectorial acerca del rol y situación de las municipalidades, como los brazos territoriales para la ejecución de sus planes y programas, así como la falta de apoyo de éstas para que las municipalidades puedan cumplir con sus competencias. (Política de Fortalecimiento de las Municipalidades, 2013, p.21.). Además se puede agregar los siguientes problemas que se destacan en las instituciones públicas: Predominio de una cultura centralista que obstaculiza la autonomía y subordina, política y administrativamente, a los municipios; Descoordinación y desarticulación interinstitucional; Insuficiente cobertura de servicios proporcionados por las dependencias estatales, ya que hay pocos incentivos para que los servidores públicos lleguen a las zonas rurales y a las comunidades indígenas; Desarticulación entre las propuestas institucionales y las necesidades de las municipalidades; Baja credibilidad de las municipalidades respecto a las instituciones nacionales; Inadecuada implementación de las Políticas Públicas. h) Baja capacidad política de los técnicos para incidir en las autoridades; Falta de políticas relacionadas con la territorialización de sus programas; Inexistencia de un sistema institucion al eficaz para el seguimiento de la gestión municipal. (Política de Fortalecimiento de las Municipalidades, 2013, p.21.).

El fortalecimiento de las municipalidades debe llevarse a cabo, con una visión de corto, mediano y largo plazo, no limitándose a modificar sus debilidades actuales, sino buscando modificar las causas de los problemas y establecer las condiciones para que estas puedan tener un adecuado desempeño, que trascienda a los diferentes períodos de gobierno municipal. El municipalismo y la descentralización han sido acción y reacción. Aunque siempre ha existido la apertura en el tema de la transferencia de atribuciones y responsabilidades, pocas veces han sido acompañadas de los recursos para el desarrollo integral de los gobiernos locales. La reforma municipal siempre ha contado con un grado de indiferencia de por parte de las los poderes estatales, la administración del desarrollo urbano y los servicios públicos es precaria, las funciones municipales van en aumento y la efectividad en contrasentido, los ayuntamientos privilegian el centralismo antes que la participación ciudadana, la hacienda municipal es ampliamente dependiente y se ha abusado del endeudamiento. Sin embargo, en nuestro progreso actual de descentralización, construir respuestas efectivas y rápidas a las demandas y necesidades de los ciudadanos, requiere un elevado nivel de colaboración y cooperación entre las Administraciones Públicas, y entre éstas y la sociedad civil. Es una realidad que la participación ciudadana es un factor primordial en el fortalecimiento de los procesos democraticos y del Estado de Derecho. Una verdadera social civil organizada, agentes de cambio que promuevan los procesos participativos en cada una de las aldeas, barrios cantones y comunidades del país es un pilar esencial para consolidar el proceso de descentralización, aunado a los esfuerzos de modernización de las municipalidades Hay que tomar en cuenta que el proceso de descentralización real de un Estado se da a través de la implementación de pasos estratégicos paulatinos, es un proceso de construcción que requiere de seguimiento y evaluación. Este proceso se da a través del fortalecimiento de la rectoría institucional en materia de descentralización; la promoción de la gestión descentralizada; el fortalecimiento de la inversión descentralizada y la integración económica; y el fortalecimiento institucional y desarrollo de las capacidades para la provisión de mejores servicios descentralizados.

Las municipalidades requieren apoyo principalmente financiero para consolidarse como verdaderos agentes de cambio en su territorio. Este apoyo debe provenir de las instituciones del Estado. Para que sea más eficiente, debe ser articulado, planeado y concebido integralmente, de modo que los diferentes esfuerzos institucionales, redunden en un beneficio real para la población. En el fortalecimiento de las municipalidades, se debe reconocer la diversidad cultural, priorizarla en los niveles de desempeño y dar más atención a las que muestren los mayores rezagos. Esto significa que debe establecerse la adecuada tipología de ellas y desarrollar el marco general de sus competencias, además de precisar y desarrollar las diversas materias en las cuales cada tipo de Municipalidad debe fortalecer sus competencias. En un futuro cercano, la operativización de los procesos de descentralización se habrá convertido en el mejor mecanismo para la prestación eficiente y equitativa de los servicios públicos, especialmente aquellos que se relacionan con la infraestructura básica, el transporte y viabilidad, agua potable y saneamiento, energía y medio ambiente.

Bibliografía

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