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Propone rector salida jurídica para evitar huelga

Tras reiterar que está imposibilitado presupuestal y jurídicamente para pagar los 7.5 millones de pesos que le demanda el Sindicato Administrativo en razón del pago anual de un bono de tres días de salario que acordaron con Manuel Fermín Villar Rubio, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Javier Zermeño propuso una salida jurídica para evitar la huelga emplazada por el 11 de agosto sin que con ello se trastoque el proceso jurídico que sigue la demanda ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para el Trabajo Universitario.

“Les hemos dicho a ellos que nos vayamos a un Procedimiento Especial Colectivo en el que el mismo tribunal atrae las pruebas y da un fallo sin el riesgo de la amenaza de huelga, eso lo tienen que pedir ellos (Sindicato), la Universidad no lo puede hacer”, expuso en conferencia de prensa.

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Criticó que la dirigencia sindical haya asumido una postura poco solidaria con la Universidad al pedir aplazar del 1 de agosto que tenía contemplado estallar la huelga al 11 de agosto, ya que con ello entorpece el inicio de clases y les deja sin oportunidad de llegar a un acuerdo antes de que iniciara el semestre. Zermeño Guerra rechazó que haya cerrazón por parte de la autoridad universitaria y que su postura sigue en el mismo tenor de que pagará o no hasta que una autoridad jurisdiccional se lo mandate y que la Secretaría de Educación Pública le permita usar recursos federales para ese fin.

Sólo si lo ordena un tribunal, se pagará el bono: Rector

No hay elementos que justifiquen que se puede pagar el bono de tres días que reclama el Sindicato Administrativo, sino solo si un tribunal así lo determina, dijo el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Explicó que en la UASLP no se puede disponer libremente del dine- ro público si no está autorizado por la Secretaría de Educación Pública, porque de lo contrario sería observado por la Auditoría Superior de la Federación.

Agregó que el bono fue otorgado al final de la rectoría de Manuel Fermín Villar Rubio, pero el sindicato argumenta que se les tiene que pagar de manera permanente, y eso se tiene que determinar por un tribunal.

Recordó que ese recurso no está contenido en el Contrato Colectivo de Trabajo y pagarlo como reclama el sindicato sería ilegal.

Dijo que incluso no se puede dispersar un recurso que no se ha resuelto si se puede pagar o no, si las políticas públicas de la Secretaría de Educación Pública van encaminadas a promover la austeridad en el gasto público.

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