Informe acoso político para renama by RENAMA

Informe de la Consultoría “Fortalecimiento de la participación efectiva de las mujeres en la institucionalidad pública y la sociedad civil: Una estrategia para la inclusión y superación de la pobreza en el Perú con enfoque de género”

Perú ACOSO POLÍTICO

Octubre del 2011

Presentación El informe sobre Acoso Político es parte de la consultoría solicitada por DIAKONIA en el marco de la incitativa “Fortalecimiento de la participación efectiva de las mujeres en la institucionalidad pública y la sociedad civil: Una estrategia para la inclusión y superación de la pobreza en el Perú con enfoque de género” que es ejecutada por el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristan” y por la Asociación de Comunicadoras “Calandria” Ha sido elaborado por Cecilia Olea Mauleón (Antropóloga) y por Zadith Vega (Abogada) para la elaboración de los cuadros y gráficos se contó con el apoyo de Ana Malpartida Olea. Se ha recopilado información de fuentes secundarias, se ha entrevistado a profundidad a 10 lideres, tanto autoridades, funcionarias de gobiernos regionales, como candidatas, se ha aplicado una encuesta a 60 mujeres autoridades. El documento contiene antecedentes históricos, el marco normativo de la CEDAW con énfasis en participación política, las recomendaciones del Comité CEDAW al Estado Peruano en Participación política y conclusiones y recomendaciones al Estado Peruano. En esta última parte se incluye información sobre las condiciones de ejercicio de la participación política de las mujeres en el Perú.

Lima, Octubre del 2011

MARCO CONCEPTUAL SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA POLITICA Y ACOSO POLITICO En el marco del informe del Estado Peruano sobre los avances en el cumplimiento del Consenso de Quito, con motivo de la Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, desarrollada en mayo de 2010, en atención a los acuerdos de la 43° Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se elaboró un informe nacional, sobre las acciones emprendidas para el cumplimiento del referido Consenso. En dicho informe se indica que en materia de participación política y ciudadanía de las mujeres, se deberá “(…) x) Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos”1. No existen cifras sobre casos de acoso político en el Perú, pese a que muchas mujeres que ingresan a la actividad política y la función pública son objeto de discriminación y violencia en los espacios políticos, laborales y funcionales de la administración pública. Muchas mujeres políticas llegan a ser regidoras, consejeras regionales, congresistas y luego de un proceso de acoso político no vuelven a postular o candidatear en contiendas electorales debido a una mala experiencia en la política producto de la discriminación de género ejercida por los compañeros políticos varones. En ese contexto es vital definir un marco conceptual y técnico sobre la violencia política y el acoso político. En América latina se han dado importantes iniciativas legislativas, acciones y leyes que regulan el acoso político, y han definido conceptos clave que permiten orientar conductas sobre discriminación de género en la vida pública. Al respecto, tenemos que en Costa Rica, se ha sistematizado experiencias de mujeres víctimas del acoso político. En efecto, el INAMU e INSTRAW / AECID, con el apoyo de la Plataforma de Coordinación para la Equidad de Género en el Ámbito Local, en el contexto del Proyecto de Gobernabilidad Democrática, Género y Participación Política de las Mujeres en el Nivel Local, elaboraron un informe que evidenció situaciones de violencia. En efecto, desde la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM, las mujeres municipalistas se han sentido más empoderadas y han aumentado el número de aquellas que denuncian diversas situaciones de acoso político: descalificación, estigmatización, 1

http://www.eclac.cl/mujer/noticias/paginas/6/38906/Peru.pdf

manipulación, discriminación, asedio, hostigamiento; y que han buscado canalizar sus denuncias a través de diferentes vías – en la mayoría de los casos infructuosamente. Por lo tanto, interesó explorar las diversas formas de acoso político que viven las mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local. Hasta el 2009, no se contaba con información sistematizada que visibilice este problema, dado que estas situaciones se planteaban como datos aislados, y no eran considerados como hechos reales que formaban parte de un contexto político altamente generalizado y, mucho menos, como un problema público. Pese a los avances que se han dado en América latina sobre la participación política de las mujeres, a través del mecanismo de cuotas, persisten prácticas discriminatorias que se convierten en barreras y cuellos de botella para el igual acceso real en la vida pública. Es así como, el acoso político se convierte en una forma de expresión de la violencia de género en el ámbito político, sin que hasta la fecha existan mecanismos de sanción que permitan el ejercicio de la participación y la representación en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres. Por tanto es importante definir las diversas situaciones de violencia en el espacio público y político. Al respecto tenemos lo siguiente: El Acoso Político, “alude a acciones de violencia contra mujeres que ejercen la representación política, proviene de hombres y mujeres que pertenecen a los mismos partidos, de hombres y mujeres de otros partidos, de representación sindical y de organizaciones sociales de otros partidos, de representación sindical y de organizaciones sociales y comunales, campesinas, gremiales o étnicas. Las formas en la que se expresa la violencia contra alcaldesas y concejalas son variadas, desde actos de violencia física y psicológica hasta daños en su gestión municipal”2. El presente informe referido señala las causas del caso político, partiendo de supuestos de género y señala que: “(…) las causas del problema del acoso político hacia las mujeres en la política, tienen sus raíces en la sociedad patriarcal, construida sobre la base de la violencia hacia las mujeres, por razones de género, no siendo éstas, consideradas como sujetas sociales, de derechos o actoras políticas; lo que incluye experiencias de discriminación, subordinación y acoso sexual, además, descalificación de acciones, propuestas y aportes en los espacios de participación política; acoso, manipulación y 2

Escalante, Ana Cecilia y Méndez, Nineth. Experiencias de acoso político hacia las mujeres que ocupan puestos de elección popular en

el nivel local. Costa Rica, Octubre 2009.http://www.una.ac.cr/iem/revista/16-17/Acoso_poltico.pdf

asedio para tomar decisiones que favorecen a otros en detrimento de los propios intereses de las mujeres y violación de los derechos humanos civiles y políticos” 3. De otro lado, en Bolivia la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) reivindica el derecho de las mujeres a ejercer una función pública. Ellas refirieron que en Bolivia existen 327 gobiernos municipales, que la legislación electoral exige a los partidos incluir 30% de mujeres en las listas de candidatas y 50% en el caso de agrupaciones ciudadanas, pero que en los cargos ejecutivos no existe tal correspondencia, pese a ello, solamente 14 mujeres gobiernan municipios4. Frente a las situaciones de acoso y la violencia de género en la política, un conjunto de organizaciones y asociaciones de mujeres incluido ACOBOL han preparado un proyecto de ley para hacer frente a la violencia en la política. En efecto el texto señala los principales problemas detectados en la legislación con respecto al acoso y violencia de género, según ACOBOL 2007, indica5:  La legislación vigente no contempla un catálogo específico de derechos políticos de las mujeres.  No existe una definición jurídica del acoso y la violencia en razón de género.  Las conductas de acoso y violencia contra mujeres que ejercen cargos públicos no se encuentran tipificadas como infracciones y/o delitos en las normas que regulan la función pública a nivel municipal, prefectural o nacional.  La normativa vigente en esos ámbitos no prevé mecanismos e instancias específicos para la denuncia y tratamiento de casos de acoso o violencia en razón de género.  No existen instancias públicas que realicen un monitoreo o seguimiento de casos.

Escalante, Ana Cecilia y Méndez, Nineth. Experiencias de acoso político hacia las mujeres que ocupan puestos de elección popular en el nivel local. Costa Rica, Octubre 2009.http://www.una.ac.cr/iem/revista/16-17/Acoso_poltico.pdf 4 http://www.mejoresarticulos.com.mx/es/p669_00_ACOSO_POLITICO.html 5

Ley Contra El Acoso Y La Violencia Política En Razón De Género En Bolivia. Ruta de aprendizaje en la región andina. Asociación de

Concejalas de Bolivia. Comité Impulsor de la Agenda Legislativa de las Mujeres 2008-2011. La Paz, agosto 2008. http://www.uninstraw.org/data/media/documents/Ley%20Contra%20El%20Acoso%20Y%20La%20Violencia%20Poltica%20En%20Razn%20De%20Gne ro%20Bolivia.pdf

 A pesar de que la mayor parte de las conductas de acoso y violencia son tipificadas como delitos en el Código Penal (con penas mínimas que en la mayor parte de los casos no implican pena privativa de la libertad) ninguno de los casos denunciados ha concluido con una sanción para el infractor y/o la restitución de los derechos de la víctima. El Proyecto de Ley define el acoso político y la violencia política de la siguiente manera 6: Acoso político, como el acto o conjunto de actos cometido por una persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio. Violencia política, son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para impedir restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley. Finalmente, como señala Ximena Machicao Barbery, feminista y consultora en Género y Desarrollo de Bolivia7, el tema de acoso político o violencia política es un tema que aún no registra un desarrollo teórico conceptual sostenible en la región, al margen de algunos estudios e investigaciones desarrollados en los últimos años. No se cuentan con cifras estadísticas sobre esta nueva violación a los derechos fundamentales de las mujeres, por tanto, aún es un desafío, considerando el impacto que esta violencia tiene en los ámbitos políticos del poder formal y para la consolidación de procesos democráticos. Mientras persistan situaciones de discriminación y relaciones de poder jerarquizadas, sexistas, racistas y homofóbicas será muy difícil transformar radicalmente los ámbitos públicos y privados. Si bien se han dado avances y acuerdos suscritos internacionales y regionales por los Estados partes de NNUU, y se han dado declaraciones y avances en la legislación en materia de mecanismos para promover la igualdad de género en la esfera pública y la 6

Ley Contra El Acoso Y La Violencia Política En Razón De Género En Bolivia. Ruta de aprendizaje en la región andina. Asociación de Concejalas de Bolivia. Comité Impulsor de la Agenda Legislativa de las Mujeres 2008-2011. La Paz, agosto 2008. http://www.uninstraw.org/data/media/documents/Ley%20Contra%20El%20Acoso%20Y%20La%20Violencia%20Poltica%20En%20Razn%20De%20Gne ro%20Bolivia.pdf 7

Tomado de la ponencia presentada en Quito-Ecuador, Febrero 2011. III Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoarmiecana y del Caribe de Asociaciones de Mujeres Autoridades Electas de Gobiernos Locales. RedLamugol. ONU/MUJERES, AECID, DIPUTACIÓ BARCELONA (Xarxa de Municipis). La Participación Política de las Mujeres ¡Un Dilema Lejos de Resolver!. http://www.uninstraw.org/pdf/Ponencia_Ximena_Machicao.pdf

toma de decisiones, sin embargo, aún no se ha logrado la igualdad plena entre hombres y mujeres en el ejercicio de la ciudadanía. Esto se complejiza con el acoso político o violencia política pues aún no existe castigo efectivo para los agresores en las normas y leyes nacionales. Es de considerar el sistema sexo-género, pues como afirma Bunch (1991:17), el simple hecho de ser mujeres es un factor de riesgo, pues precisamente, las víctimas son escogidas a causa de su sexo, es decir, por ser mujeres. La violencia por tanto no es fortuita y no es solamente personal o cultural, es profundamente política y da cuenta de las relaciones estructurales o de poder, dominación y privilegio establecidas entre hombres y mujeres e la sociedad. Como refiere Machicao, el acoso político o violencia política se traduce en prácticas cotidianas de violencia física, psicológica, sexual, económica y simbólica que enfrentan las mujeres que ejercen representación política, sobre todo en ámbitos locales, municipales, siendo muchas aterrorizadas, amedrentadas, presionadas, desprestigiadas y son obligadas a actuar en contra de su voluntad. En muchos casos para hacerlas renunciar a sus cargos electivos y/o para que asuman decisiones políticas con las cuales no están de acuerdo, en otros, para que avalen decisiones discrecionales en el manejo del uso y el abuso del poder y los recursos que van en contra de toda ética y norma del manejo público y de las funciones que las y los servidores públicos deben cumplir. “El acoso político y la violencia política son expresiones más de la violencia de género, un hecho político producido por las relaciones de fuerza y poder que aluden a la construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Se trata por lo tanto de una categoría analítica y teórica que visualiza los hechos, los significados y las palabras, desde un determinado lugar y posición política frente a las relaciones de poder y las prácticas sociales de dominio que representan un ejercicio extremo de autoritarismo considerado legítimo por los sujetos que lo ejercen. Por lo tanto, el acoso político o la violencia política se constituye en un “delito” contra las mujeres, es una acción ilícita por la cual una o varias personas en ejercicio del poder público presiona, persigue, hostiga y amenaza o otra con la finalidad de apropiarse de su “poder” o inducirla tomar decisiones en contra de su voluntad y de su principios ético políticos”8. De otro lado, debemos precisar que a la variable género se suman otras variables del enfoque interseccional en las cuales interactúan las variables género, pobreza, raza, étnia, condición socio económica, orientación sexual, entre otros. 8

Tomado de la ponencia presentada en Quito-Ecuador, Febrero 2011. III Encuentro Latinoamericano de la Red Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de Mujeres Autoridades Electas de Gobiernos Locales. RedLamugol. ONU/MUJERES, AECID, DIPUTACIÓ BARCELONA (Xarxa de Municipis). La Participación Política de las Mujeres ¡Un Dilema Lejos de Resolver!. http://www.uninstraw.org/pdf/Ponencia_Ximena_Machicao.pdf

Al respecto, la interseccionalidad/inclusión social está vinculada al concepto de género pero no como una oposición binaria entre hombres y mujeres, sino por el contrario, afirmamos que: “El concepto de género tradicionalmente ha sido analizado como una categoría de análisis que ha cuestionado los roles asignados a hombres y mujeres por el proceso de socialización; ha servido para interpelar relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres, y visibilizar intereses y necesidades distintas entre varones y mujeres. De otro lado, se ha teorizado sobre la construcción del género a partir de la diferencia. Pero hoy en día esa categoría de análisis no puede analizarse de manera aislada. Tampoco basta con darle contenidos subjetivos sobre la forma como se van construyendo las identidades de género. Es decir, el género ya no puede verse solamente como una oposición binaria entre mujeres y hombres sino con una mirada mucho más compleja a las diferentes y múltiples discriminaciones e identidades” 9. Como señala Virginia Vargas, se debe articular las reflexiones sobre nuevas prácticas y nuevas formas de conocimiento que articulan raza/etnia, clase, orientación sexual, etc. Estas variables de análisis deben estar articuladas e interconectadas para analizar las raíces de los problemas y de la exclusión. No es un proceso aditivo, de sumar exclusiones, sino un proceso constitutivo, creador o alimentador de nuevos marcos de sentido y nuevas estrategias de transformación. Contempla las formas en que los sistemas o estructuras discriminatorias de sistemas de opresión en relación a la raza, sexo, origen nacional, étnico, edad, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, status migratorio, idioma, religión, condición socioeconómica y otras categorías contribuyen a crear capas de desigualdad interactuando simultáneamente o articulándose entre ellas. En el Perú hemos tenido casos de violencia política o acoso político en contra de la congresista Hilaria Supa Huamán. Al respecto, el Congreso de la República expresó a través de un comunicado ““su más enérgico rechazo y condena” por el contenido de una información que consideran agraviante publicada en un diario local en contra de la legisladora Hilaria Supa Huamán. El diario Correo publicó un informe en el que criticaba los gruesos errores ortográficos (al escribir en castellano que no es su lengua materna) mostrados por dicha congresista nacionalista en un cuaderno de apuntes. Para el Parlamento, este informe trasluce una actitud discriminatoria en perjuicio de la condición de quechuahablante de la mencionada representante cusqueña.

“Por ejemplo, lo que Nira Yuval Davis llama la “política transversal”, que surge del reconocimiento que desde cada posicionam iento el mundo es visto de forma diferente y por lo tanto el conocimiento es siempre parcial, inconcluso. En esta perspectiva epistemológica, la única forma de acercarse a “la verdad” es a través del diálogo de muchas “verdades”, entre personas/pueblos/grupos que tienen diferentes posicionamientos Vargas, Virginia. Documento interno del CMP Flora Tristán.

De acuerdo a la encuesta y las entrevistas realizadas a candidatas y mujeres autoridades tanto regidoras, consejeras como congresistas ellas señalan las siguientes como situaciones de acoso político: a) Es identificado como acoso los casos en los cuales condicionan a las regidoras para que no sea crítica, la vacancia y las dietas aparecen como la herramienta que las condiciona. La vacancia es la respuesta a la fiscalización. b) Las consecuencias del acoso político se manifiestan en inseguridad para seguir desempeñando el cargo, traumas, baja autoestima, se sienten limitadas en su trabajo. Disuade a que nuevas mujeres quieran desempañarse en la función pública y fomenta el retiro de las que están en ejercicio. c) La mayoría de entrevistada manifiesta no haber estado en una situación de acoso. Sin embargo las que si estuvieron manifiestan que sufrieron chantaje, ante su oposición frente a alguna propuesta o acto de fiscalización. Las discrepancias se prestan para que las coloquen en una situación de acoso. Muchas de ellas no saben a quién recurrir y algunas han recurrido a las organizaciones de mujeres. Algunas de ellas fueron acusadas por sus propuestas discrepantes de la mayoría de ser terroristas y enfrentan juicios en lo penal. El desconocimiento de la normatividad de la función pública, la fragilidad de los grupos políticos que llegan a espacios de toma de decisiones, los débiles vínculos con una base social organizada, la cantidad de promesas incumplidas que hace que las demandas frente a las instancias estatales como municipios, gobiernos regionales se encuentren embalsadas son el terreno propicio para que las mujeres sean sometidas a situaciones de acoso político. La discrepancia o las solicitudes de fiscalización ante actos de corrupción son en la mayoría de casos los que propician las situaciones de acoso político. TESTIMONIOS A continuación algunos testimonios recogidos en una reunión de la RENAMA10: “(…) Tenemos un caso emblemático en la provincia del Cusco, el alcalde suspendió a la regidora por ser mujer y de oposición, con pleno acuerdo y consenso del concejo municipal tres veces sin motivo alguno, es más, el año pasado cuando acababa la gestión de la regidora, para que no le fastidie y no

Reunión de elección del nuevo Consejo Directivo de la Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales del Perú, RENAMA, realizada en Lima los días 15 y 16 de junio de 2011.

entregue al nuevo concejo municipal todo lo que había fiscalizado, la suspendieron y privaron de sus dietas los dos últimos meses. El segundo punto que debe verse es sobre las autoridades que estamos en edad reproductiva, de gestación, una mujer regidora puede pedir licencia de todos sus trabajos si ejerce su vida profesional, deja de trabajar pero no lo puede hacer de la regiduría, no pueden faltar a la sesión por las dietas, si faltas y no pediste licencia por el embarazo o por dar a la luz, entonces ya acumulaste causales de vacancia y si fuiste al hospital en riesgo de embarazo entonces ya tienes un mes que no asististe a la sesión, entonces ya te pueden vacar”. (Serly Figueroa, regidora de la Municipalidad Provincial de Cusco y presidenta de la Asociación de Regidoras del Cusco) “(…) el alcalde quiere hacer lo que le de la gana con las personas que son de la minoría y de oposición, inclusive se metieron con sus dietas, él quiere ser dueño del dinero, decidir pagar o no pagar”. (regidora de Moquegua) “(…) En mi región somos tres consejeras, uno de ellas es representante de las Comunidades Awajun (…), ella tiene la dificultad de que habla Awajun y no hay intérpretes (…). Siendo tres mujeres contra trece varones es bien pesado cuando tiene que enfrentarse a los que ya tienen un recorrido político, prácticamente argumentan en una serie de sesiones y termina ganando su postura por más irracional que sea…”. Sara Palacios, consejera del Gobierno Regional de Cajamarca) “(…) Tengo aquí a mi lado a la regidora que se ha tenido que exponer al maltrato del alcalde y la Defensoría del Pueblo no ha acogido su denuncia. En mi caso, pese a que soy mayoría, igualmente el maltrato a la mujer autoridad se da en todo momento, no quiero decir que es el consejo regional, somos siete consejeros (2 mujeres y cinco hombres) que tenemos sensibilizados en el tema de la mujer y la participación, pero el tema es con los funcionarios a tal punto que me he sentido obligada a renunciar al partido por el cual salí elegida como consejera, esto con la finalidad de fortalecer desde mi espacio independiente la posición comprometida del gobierno regional en cuanto a la mujer”. (Ana Toro, Consejera regional del Gobierno regional de Lambayeque) “Personalmente fui víctima de esta violencia ya que fui regidora perteneciente al grupo opositor, me apersoné a la Defensoría del Pueblo, el encargado de la Región Huánuco me dijo que la Defensoría estaba para defender a las personas

que eran más susceptibles de violencia, resulta que yo era autoridad y que si entre autoridades se generaba la violencia a mi no me podían defender. Se nos niega la documentación y en un diario regional de la zona, donde se encuentra publicidad de la municipalidad, se nos difama a todos los regidores que somos de oposición. Otro tema también es que el alcalde tiene un programa “Visión Edil” pagado por la Municipalidad y es ahí donde se difama también, entonces a donde podemos quejarnos o qué normativas hay para frenar este ataque. Cuando empieza la labor de fiscalización nos vemos sometida a este tipo de atropellos”. (Cecilia Reátegui, regidora de la Municipalidad Provincial de Huánuco)

Conclusiones y recomendaciones

La promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) ha sido uno de los avances más destacados de parte del estado Peruano en el último quinquenio, así como la formulación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PIO) que fija metas muy concretas. Las metas planteadas por el PIO no se han cumplido y/o se carece de un sistema de seguimiento a nivel de gobiernos locales que permita saber si estas se han cumplido. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha incumplido la presentación del informe anual sobre el avance en la implementación de la LIO. La Defensoría del Pueblo a través de los informes que realiza desde la promulgación de la LIO ha afirmado que los avances sobre la igualdad todavía se encuentran a nivel normativo pero faltan una serie de medidas para la cabal implementación de esas normas, es así que se han adoptado las siguientes medidas 1) La aprobación de 15 Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 2) La aprobación de 11 ordenanzas que aprueban la cuota de género en los Consejos de Coordinación Regional. 3) La aprobación de 5 ordenanzas que prohíben la discriminación por sexo. 4) La aprobación de 9 ordenanzas regionales que promueven la utilización del lenguaje inclusivo.

Los últimos procesos electorales han mostrado los obstáculos que todavía persisten para lograr una efectiva participación política de las mujeres. Las mujeres son colocadas en lugares con menos posibilidades de ser elegidas; quienes participan son aquellas que han logrado una resolución favorable de sus responsabilidades familiares, en un país con un alto porcentaje de mujeres que sufren violencia doméstica, esa posibilidad excluye al 50% de mujeres en edad reproductiva. El financiamiento de las campañas electorales recae en los recursos privados de quienes candidatean, lo cual dificulta la posibilidad que una mujer pueda disponer de fondos propios para solventar su campaña. Las mujeres se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad cuando presentan iniciativas de fiscalización frente a la mayoría de sus consejos ya sean regionales o locales. Son víctimas de acoso político por medio del chantaje. La amenaza de vacancia, la suspensión, el desprestigio público. Se han presentado casos de incumplimiento de la Ley de cuotas en las elecciones municipales del 2010. Recomendaciones al estado peruano 1) Asignar recursos necesarios para el cumplimiento de las metas formuladas en el PIO. 2) Que el MIMDES difunda entre los funcionarios públicos y autoridades regionales y municipales la normatividad vigente y el mandato con relación a la igualdad de oportunidades. 3) Que el MIMDES capacite y fortalezca las habilidades de los funcionarios públicos en el enfoque de formulación de políticas con enfoque de género e interculturalidad. 4) Que el parlamento adopte una Ley de alternancia o mandato de posición que posibilite mejores condiciones para la participación en igualdad de condiciones que los varones 5) Que el JNE capacite a los/as candidatas en la normatividad vigente con relación a políticas de igualdad de oportunidades tanto en Lima como en provincias. 6) Que la totalidad de gobiernos regionales adopten el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades

7) Que se asignen recursos suficientes a los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades 8) Que los derechos de las mujeres en especial el derecho a la participación política sea parte de la curricula escolar 9) Establecer un adecuado sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de las políticas, proyectos y programas de los gobiernos tanto de los gobiernos regionales, locales y del nivel nacional (todos los sectores), con el fin de evaluar el cumplimiento del PIO y la LIO, poniendo énfasis en la participación política de las mujeres en todos los niveles de gobierno, instancias de la función pública (puestos y cuotas para cargos de dirección a nivel de gerencias, direcciones, y otras instancias). Asimismo, que se dote de indicadores de género de manera articulada con indicadores de brechas socio económicas y otras variables de exclusión con enfoque de género, derechos, e interculturalidad. Dotar a los gobiernos de base de datos y sistemas informativos que deban ser supervisados por el MIMDES, en el marco de la articulación de los planes regionales, locales y planes nacionales sin perder la perspectiva de metas país que permitan hacer evaluaciones de impacto sobre el avance de la participación política de las mujeres con igualdad de género. 10) Impulsar proceso de transversalización de la perspectiva de género con la elaboración de planes de transversalización de la perspectiva de género en todas las instancias de gobiernos, entidades públicas y el impulso de unidades orgánica que permitan los proceso de institucionalización en lo que se tome en cuenta medidas de acción afirmativa para que se logre la igualdad de género en lo interno y externo, y tener como punta de lanza el impulso de las mujeres en el espacio público. 11) Implementar Programas de Desarrollo de Capacidades para las mujeres políticas, mujeres de la gestión pública y mujeres líderes, con el fin de no solamente contar con cuotas o cupos para su incorporación en el espacio público sino que cuenten con capacidades, habilidades y destrezas en el marco de la reforma del Estado, y la gobernabilidad, y de esa manera combatir el acoso político que ejerce el sistema androcéntrico. La meta debe ser contar con mujeres libres de violencia y acoso político pero además con mujeres entrenadas para la gestión pública. 12) Promover un diagnóstico sobre el acoso político en el Perú con el fin de evidenciar con data cuantitativa y cualitativa la situación de las mujeres peruanas que ingresan en el espacio público y que son víctimas de la discriminación de género,

prácticas sexistas y actitudes que dañan su integridad moral y profesional haciéndo que muchas de las mujeres políticas renuncien o dejen de participar en el espacio político y público. Recomendaciones a los partidos políticos 1) Promover que los partidos políticos adopten medidas efectivas para la participación efectiva de las mujeres a los más altos niveles. 2) Creación de escuelas de formación política para las mujeres. 3) Entrenamiento en gestión pública Recomendaciones a las asociaciones de regidoras 1) Legitimar las acciones que realizan las asociaciones de regidoras como un espacio de representación, defensa y formación de las autoridades 2) Creación, mantenimiento y fortalecimiento de los espacios de formación en la realidad política del país, las regiones; habilidades para la gestión publica; herramientas para la formulación e implementación de políticas, proyectos y programas 3) Servicios permanentes de asesoría legal por Internet. 4) Apuntalar a que la Red de Regidoras sea una instancia no solamente para el fortalecimiento de los liderazgos locales, sino también como espacio de sistematización de lecciones aprendidas, saberes y prácticas en torno al espacio público para dejar una escuela que permita preparar a las nuevas regidoras para la gestión y la función legislativa a nivel del sistema municipal. 5) Promover la transversalización de la perspectiva de género en todos los gobiernos locales provinciales y distritales. 6) Promover la construcción de herramientas en los ámbitos locales para la implementación de los planes de igualdad de oportunidades de manera articulada con los presupuestos públicos desde un enfoque de género.

Lima, Octubre del 2011