Declaración Pública del Colectivo Educar y Transformar, en relación a los profesores y profesoras que han sido cesados en sus funciones en Valparaíso. Enero 2017.
Hemos dejado pasar una semana y algunos días desde que se cerró el año escolar y se terminaron las últimas funciones pedagógicas y administrativas que se desarrollan antes de salir a las merecidas vacaciones. No obstante, nuevamente los docentes de Valparaíso no podemos descansar. Diciembre y enero se han convertido en una peregrinación que ya es parte de la tradición de precariedad laboral que poseen un número no menor de docentes, particularmente de aquellas/os que trabajan en las escuelas y liceos que administra la Corporación Municipal de Valparaíso (CORMUVAL). Ni diciembre es un mes para celebrar, ni las vacaciones de verano ayudan a cargar energías, debido a que equipos directivos inescrupulosos -arguyendo diversos subterfugios, que en algunos casos, pudiendo ser legales, son de dudosa base ética- han dejado sin fuente laboral a docentes a contrata y han desvinculado de sus espacios escolares a docentes titulares, estos últimos quedando a disposición de la CORMUVAL, quien determina si son reubicados o despedidos. Las fiestas de fin de año y las vacaciones se transforman así en tiempos de incertidumbres y angustias que no solo afectan a las/os involucradas/os directamente, sino también a toda la familia, compañeros y amigos. Si bien la normativa legal faculta a los directores para desvincular al 5% de su planta docente a aquellas/os que han sido mal evaluadas/os (que no es el caso de la mayor parte de docentes cesados en sus funciones recientemente en Valparaíso), es necesario explicitar que los/as docentes poseemos el derecho y el deber de exigir procedimientos evaluativos transparentes, confiables y validados en cada comunidad, lo que en definitiva significa que las/os docentes no pueden ser desvinculados ni despedidos de su espacio escolar sin haber cumplido como mínimo con un procedimiento protocolizado, en que las y los afectados tengan la oportunidad de realizar sus descargos, más allá de ser entendido como un acto meramente simbólico. En conclusión, debemos velar en primer lugar que la ley vigente se cumpla y, en segundo lugar, vigilar que las decisiones que se tomen se lleven a cabo sin la arbitrariedad y opacidad que las ha caracterizado. En este sentido, los dirigentes gremiales del Colegio de Profesores tienen un rol fundamental: a nuestro juicio, debieran ser los veedores de los procesos y los primeros en denunciar y defender cuando se producen injusticias que afectan la dignidad de la personas. A pesar de que sabemos que ésta es una problemática que está presente en mayor o menor medida en distintas comunas del país, en Valparaíso existe un caso que nos tiene que llevar
a reflexionar sobre la necesidad de construir espacios escolares democráticos en que se respete la diferencia y se garantice el derecho a disentir, sin sufrir la persecución y la venganza velada en evaluaciones mañosamente construidas. Particularmente, nos referimos al caso del Liceo Técnico de Valparaíso, establecimiento educacional que por segundo año consecutivo es uno de los liceos que más docentes ha desvinculado (sólo en el año 2016 el número se acerca a 10 docentes, varios titulares, lo que representa un gran porcentaje a nivel comunal), sin que la comunidad escolar del Liceo Técnico y los dirigentes comunales realicen una denuncia pública de aquello. Esto último es entendible, toda vez que el director el establecimiento es al mismo tiempo el presidente comunal del Colegio de Profesores, dirigente que en teoría debiera defender los derechos e intereses de las/os docentes de Valparaíso, hecho que pone en evidencia una manifiesta incompatibilidad de funciones. El silencio de la comunidad del Liceo Técnico es más complejo de interpretar. Al respecto, sólo podemos plantear a manera de hipótesis que la precariedad laboral que viven las/os docentes nos ha llevado a sacrificar algunos de los valores fundamentales, tal como es la libertad de expresar opiniones. No se puede ser libre si un establecimiento se dirige de forma autoritaria, donde los costos por disentir a la postura de su director no sean otra que la persecución y el despido. Todo esto agravado con una de las características que han formado parte de todas las dictaduras, como es el promover la delación entre los pares. Escenario lamentable, desde todo punto de vista. Quisiéramos terminar esta primera declaración dejando en claro que las gestiones con la CORMUVAL se comenzarán a desarrollar entre las/os docentes afectadas/os y la jefa del Área de Educación durante la segunda quincena de enero. Confiamos que el cambio de lógica anunciada por la gestión municipal liderada por el Alcalde Jorge Sharp terminará con las injusticias y las malas prácticas que ha llevado cabo la CORMUVAL bajo las administraciones de la Concertación, así como de la Alianza. No obstante aquello, hemos preferido dar a conocer los antecedentes del conflicto, debido a que no estamos dispuestos a continuar siendo silenciados y menos silenciosos. Pretendemos que las escuelas no sean propiedad de ninguna persona en particular o de un grupo de directivos, sino más bien espacios democráticos comunitarios en donde todas y todos tengan cabida.
¡Las escuelas de Valparaíso las constituyen todas y todos quienes forman las comunidades educativas! ¡Ningún profe sobra!