REELECIÓN EN LEGISLATIVO, ¿ASALTO A LA DEMOCRCIA?

Reelección en Legislativo ¿ASALTO A LA DEMOCRACIA ? Por Adriana García Hernández “Habiendo o no reelección es el pueblo quien decide a quienes poner en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, no los partidos ni los institutos federales de la nación. La reforma es legítima y democrática”. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo.

Fue el pasado 18 de marzo cuando, en ausencia de las fracciones del PRI, PAN y PRD, que diputados de Morena, PT, PES y PVEM aprobaron por unanimidad reformas a las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la de Partidos Políticos.

El documento que sería presentado al Senado de la República para su visto bueno, versa que senadoras y senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos, mientras que los diputados y diputadas al Congreso de la Unión hasta cuatro veces consecutivas, sin dejar su cargo actual.

Pasando por alto la (entonces sugerida) cuarentena en la que las reuniones, clases y jornadas de trabajo comenzaban a anularse, los diputados de Morena junto a sus aliados, sesionaron a pesar de que faltaba más de la mitad de los legisladores que pertenecen a la oposición política. ¿Cuál era la prisa? La iniciativa que se discutió como “de urgente resolución” por aquello de la contingencia y la suspensión de actividades políticas, estaría exenta de trámites, por lo que sólo sería sometida a votación. El temor de muchos legisladores era que la iniciativa no se considerara y que el Instituto Nacional Electoral, como lo indica la ley, decida el proceso de reelección por omisión de la Cámara de Diputados.

Pese a la inasistencia de los tres frentes antes mencionados, Movimiento Ciudadano sí estuvo presente y se postuló en contra de lo que señalaron como albazo legislativo; Martha Delgado fue quien defendió la desaprobación por no seguir el proceso de rigor.

Tonatiuh Bravo, también de Movimiento Ciudadano, apoyó el señalamiento de esta legislación “a modo” que beneficia a los actuales diputados, diputadas, senadores y senadoras, para realizar campañas electorales a otros cargos mientras siguen asistiendo a sesionar como legisladores a la Cámara.

El planteamiento no sólo es preocupante por la misma petición, entre otros puntos, se encuentran las evidentes ventajas que esta reforma deja a los mismos diputados que

la aprobaron, así como evitar comisiones y trámites que son reglamentarios.

La iniciativa impediría a nuevos aspirantes a ocupar cargos legislativos, pues los actuales ocupantes serían reelegidos una y otra vez, sin embargo, fueron 264 votos a favor los que aprobaron este decreto en el órgano legislativo.

Además, la propuesta se presenta meses antes de las elecciones federales en el país, en las que se estarían eligiendo tres mil 200 cargos entre diputados, alcaldes, regidores y síndicos. ¿Suena familiar? En 2014 se habría puesto sobre la mesa la misma iniciativa en el artículo 59, argumento que usó Mario Delgado, diputado de Morena, para que ahora sí se pueda reglamentar la reforma y no “quede al aire” como en aquel entonces.

No es el único argumento a favor de esta nueva reforma, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, desde tribuna dejó en claro que esta legislación respaldaría la carrera parlamentaria de cada diputado y senador, pues se evitaría la curva de aprendizaje al no estar capacitando cada tres o seis años a nuevos legisladores.

Noroña hizo énfasis en que habiendo o no reelección es el pueblo quien decide a quienes poner en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, no los partidos ni los institutos federales de la nación. Afirmó que la reforma es legítima y democrática.

No se transita a un modelo nuevo con la firma de un decreto, lo que detona una transición es un conflicto social-políticocultural al que los modelos políticos tradicionales se han opuesto de manera histórica. Los procesos de supervisión electoral en México se han visto necesarios debido a la desconfianza ante los mismos desde siempre y el principio de la legitimidad política es que proviene del voto ciudadano, y a medida que evoluciona la sociedad se van generando nuevas formas de legitimar la participación ciudadana, con nuevos códigos y herramientas.