LA SEGURIDAD NACIONAL Y LAS FUERZAS ARMADAS.

Por: Leonardo Curzio. Investigador Titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, académico y periodista. Ha dado cátedra en el Centro de Estudios Navales y el Colegio de la Defensa Nacional. Actualmente es conductor del programa “Leonardo Curzio en Fórmula”, del noticiario “Así Amanece” en ADN 40 y del programa “Incursionando” en el Canal del Congreso. Articulista del diario El Universal y comentarista del programa “Primer Plano” en Canal Once.

El gobierno federal prepara una iniciativa de reforma constitucional para dar a la Guardia Nacional (GN) un perfil institucionalizado y duradero y evitar así el deterioro que tuvo en el pasado la Policía Federal. El Comandante Supremo ha establecido que la idea que alienta esta nueva reforma es que la GN debe integrarse a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El esfuerzo por construir cuarteles e integrar un cuerpo de 100 mil efectivos es la apuesta más seria que el Estado Mexicano tiene para enfrentar la grave crisis de inseguridad pública que se vive en el país.

Están todavía por definir sus alcances, así como su viabilidad política e institucional. Aún se deben despejar dos

incógnitas: La primera es si puede haber en la Sedena una Comandancia del Ejército y otra yuxtapuesta de la GN. La Comandancia del Ejército ya ha avanzado en su configuración, implicando una novedad en nuestro ordenamiento jurídico; resta por saber si la integración de la GN implicará tener, para todo efecto práctico, dos cuerpos de tierra con un diseño de formación, carrera, doctrina y misión institucional diferentes: el Ejército y la GN o si ésta última sería un arma más (artillería, infantería, caballería, etc.). El tema es relevante (y ésta es la segunda incógnita) porque si se transfiere la GN a Defensa, se deduce que la función de seguridad pública tendría que ser integrada, desde la ley orgánica, a las misiones de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, a la órbita institucional de la Defensa. Eso supone un proceso de transformación complejo y desafiante, pues para efectos prácticos la función policiaca del gobierno federal dependería de la Sedena. ¿Qué pasa con el CNI, el sistema y todos los programas de coordinación que han tenido alternativamente la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad?

Muchas cosas quedan por trabajar para definir, con contornos precisos, un modelo de seguridad que consiga revertir esa sensación detectada en sucesivas encuestas del INEGI sobre percepción de inseguridad que comparte un amplio segmento de la población. Esto incluye al Poder Judicial pues, como ha dicho el Almirante José Rafael Ojeda, en muchas ocasiones el trabajo de las Fuerzas Armadas se topa con jueces venales que destruyen (por comodidad, corrupción o impericia) el trabajo de desactivar a las organizaciones criminales.

Una de las prioridades insoslayables de la legislatura es abrir un debate profundo sobre ese modelo de seguridad al que debemos aspirar en el país y cuál es el papel que juegan las Fuerzas Armadas en él. No es sensato que pasen los

años y el despliegue federal (y en particular el de las Fuerzas Armadas y la GN) se prolongue sin límite. Está claro que el Presidente tiene facultades constitucionales para disponer de ellas a fin de garantizar la seguridad interior, pero el sentido de esa facultad, prevista en el artículo 89, parece claramente restringida a un periodo limitado de tiempo, mientras se atiende una emergencia o un elemento perturbador extraordinario. Pero si la función de seguridad pública se incorpora a las misiones institucionales de la Sedena, el panorama cambia.

El problema es que lo extraordinario en México se ha convertido en permanente y aquello que se concibió como un apoyo temporal a las entidades federativas, se mantenga como una solución que no tiene visos de modificarse.

Hasta ahora, el Ejército y la Marina han cumplido con las órdenes de su Comandante y supongo que así será en el futuro. La GN ha hecho lo propio y se asume que, una vez discutido su nuevo encuadre, lo seguirá haciendo. Su lealtad al mando civil se ha dado sin fisuras y sin rechistar. Las Fuerzas Armadas reciben, por este hecho, un reconocimiento importante por parte de la sociedad.

No en vano se ubican, en todas las mediciones de confianza, a la cabeza de las instituciones del Estado. Pero que hasta ahora las cosas hayan sido así, no quiere decir que estén bien. Se ha vuelto costumbre, entre la clase política y la sociedad civil, que el apoyo que las Fuerzas Armadas dan para atender los temas de seguridad pública en distintos puntos de la geografía nacional se dé por sentado. Muchos gobernadores se ufanan de que cuentan con el respaldo de la GN, soldados y/o marinos y no se apresuran a realizar las modificaciones pertinentes para hacerse cargo de sus responsabilidades en materia de seguridad.

La inercia de los gobiernos locales es preocupante. Son años de deterioro. Las críticas a su ineficacia menudean. Es más, los reproches han venido incluso desde la jefatura del Estado. Es urgente que el nuevo modelo de seguridad propicie un debate sobre el federalismo en materia de

seguridad que establezca límites (como recientemente ha ocurrido con los niveles de deuda) al desgobierno que priva en muchos estados del país.

Nos hacen falta alertas tempranas, mecanismos de rendición de cuentas y resortes que incrementen la responsabilidad política de los gobernadores, pero también ha ocurrido en el ámbito federal. El auxilio para atender diversos temas, que van desde la vacunación hasta la operación de aduanas, ha sido la constante. El primer mandatario ha dicho que las Fuerzas Armadas aligeran su carga, lo cual es indudable, pero no me parece recomendable que los apoyos puntuales se asuman ya como permanentes y no se emprenda, con tenacidad, una agenda de renovación de la administración pública. Las Fuerzas Armadas no deben ser los bomberos que extingan todos los fuegos.

Necesitamos, por consiguiente, aprobar un marco jurídico que dé certeza a las Fuerzas Armadas de que su despliegue y su contribución a esas tareas sea limitada en el tiempo y con mandatos definidos.

No es conveniente (ni justo) que a las Fuerzas Armadas se les mande a los leones y nadie se haga responsable de proteger toda la cadena. La batalla contra la criminalidad no se puede ganar si los responsables políticos se dedican a levantarse el cuello cuando hay un éxito y a deplorar cuando ocurre un incidente grave. Todo eso puede ocurrir si la reforma no considera como prioridad que, además de resolver el encuadre institucional de la GN, hay que pensar en la seguridad como un sistema que requiere responsabilidades definidas y desarrollo armónico de capacidades.