Cuestiones politicas 52.

ISSN 0798-1171 ISSN 0798-1406 Depósito legal pp. 197402ZU34 Depósito legal pp. 198502ZU132

Cuestiones políticas Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche" de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela

Enero Junio 2014

Publicación subvencionada por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES-CDCHT) de la Universidad del Zulia y por el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)

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Cuestiones Políticas La revista Cuestiones Políticas, es una publicación auspiciada por el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche” (IEPDP) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Entre sus objetivos figuran: contribuir con el progreso científico de las Ciencias Humanas y Sociales, a través de la divulgación de los resultados logrados por sus investigadores; estimular la investigación en estas áreas del saber; y propiciar la presentación, discusión y confrontación de las ideas y avances científicos con compromiso social. Cuestiones Políticas aparece dos veces al año y publica trabajos originales con avances o resultados de investigación en las áreas de Ciencia Política y Derecho Público, los cuales son sometidos a la consideración de árbitros calificados. ESTA PUBLICACIÓN APARECE RESEÑADA, ENTRE OTROS ÍNDICES, EN:

RevicyhLUZ, International Political Science Abstracts, Revista Interamericana de Bibliografía, en el Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD), en Bibliografía Socio Económica de Venezuela de REDINSE, International Bibliography of Political Science, Revencyt, Hispanic American Periodicals Index/HAPI), Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO. Se encuentra acreditada al Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Venezolanas del FONACIT, Latindex.

Directora LOIRALITH M. CHIRINOS PORTILLO

Comité Editor Eduviges Morales Villalobos Fabiola Tavares Duarte María Eugenia Soto Hernández Nila Leal González Carmen Pérez Baralt

Comité Asesor Pedro Bracho Grand J. M. Delgado Ocando José Cerrada Ricardo Combellas Angel Lombardi Dieter Nohlen Alfredo Ramos Jiménez Goran Therborn Friedrich Welsch Asistentes Administrativos Joan López Urdaneta y Nilda Marín

Revista Cuestiones Políticas. Av. Guajira. Universidad del Zulia. Núcleo Humanístico. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”. Maracaibo, Venezuela. E-mail: cuestionespoliticas@gmail. com ~ loichirinosportillo@gmail.com. Telefax: 58-0261-4127018.

Autoridades Rectorales Universidad del Zulia Jorge Palencia Piña Rector Judith Aular de Durán Vice-Rectora Académica María Guadalupe Núñez Vice-Rectora Administrativa Marlene Primera Galué Secretaria Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES-CDCHT) Gilberto Vizcaíno Coordinador - Secretario Fa cul tad de Cien cias Ju rí di cas y Po lí ti cas Diana Romero La Roche Decana Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche” María Milagros Matheus Inciarte Directora María Eugenia Soto Hernández Secretaria Coordinadora Loiralith Margarita Chirinos Portillo Editora de la Revista Cuestiones Políticas Fabiola del Valle Tavares Duarte Jefa de la Sección de Derecho Público Ingrid Karina Núñez Jefa de la Sección de Ciencia Política Juan Alberto Berríos Ortigoza Jefe de la Sección de Postgrado y Extensión

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Cuestiones Políticas Vol. 30, Nº 52 (enero-junio) 2014

Contenido 7

Presentación Política Internacional

Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma Media and Politics in Brazil during the Governments of Lula and Dilma Ariel Alejandro Goldstein

La tecnología aviónica militar en los conflictos asimétricos: historia, tipos y funciones de los drones letales Military Avionics Technology in Asymmetric Conflicts: History, Types and Functions of Lethal Drones Makram Haluani

Cultura Política 93

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Hacer Política y hacer Ciencia Política Doing Politics and Doing Political Science Martin Eduardo Pérez Cázarez Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza Neoinstitutionalism, Organizational Social Responsibility and Governance Carlos Antonio Tello Castrillón

Derecho Público 133

El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República The Executive Vice President and the Absence of the President of the Republic Argenis Saúl Urdaneta García

159

Normas para los autores

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Notas sobre el arbitraje de artículos

Presentación La Política Internacional, la Cultura Política y el Derecho Público constituyen las tres secciones en las que se presenta esta nueva edición de la Revista Cuestiones Políticas. En primer lugar, la Política Internacional pretende dar a conocer aspectos globales que van desde el análisis de gobiernos latinoamericanos hasta el estudio de los denominados conflictos asimétricos; en segundo lugar, la Cultura Política abarca la descripción del fenómeno Política en su relación con la Ciencia Política, incluyendo aspectos como el Neoinstitucionalismo y la Gobernanza; y, en tercer lugar, la sección Derecho Público, presenta uno de los casos más polémicos de la última década en el Derecho Constitucional venezolano, como es el caso de la figura del Vicepresidente Ejecutivo. La sección Política Internacional se inicia con el tema Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma, en el cual su autor, Ariel Alejandro Goldstein, se propone reconstruir las principales tensiones enfrentadas, durante las presidencias de Lula y Dilma, entre los medios de prensa más importantes y el gobierno brasileño, por ello sostiene que que mientras el gobierno de Lula mantuvo una oscilante relación entre momentos de mayor tensión y otros de cierto equilibrio inestable, el gobierno de Dilma se ha caracterizado por una posición más consensual hacia este sector, la cual ha supuesto una reducción de las posibilidades de acción política gubernamental y de la materialización de históricas reivindicaciones partidarias respecto de una mayor regulación del mercado. Esta primera sección continúa con Makram Haluani y su artículo titulado La Tecnología Aviónica Militar en los Conflictos Asimétricos: Historia, Tipos y Funciones de los Drones Letales, artículo cuya originalidad permite su extensión, al analizar la naturaleza de los conflictos geoculturales, tanto simétricos como asimétricos, pues el uso de drones, o sea vehículos aéreos no-piloteados (VANTs), tanto militares como civiles, se está expandiendo en la medida que se están diseñando y fabricando un sinfín de drones a nivel mundial. Por lo tanto, para alcanzar este ob-

Loiralith Margarita Chirinos Portillo Presentación

jetivo el autor define los drones y relata los antecedentes históricos de su uso, estudia los diversos tipos de drones, sus características tecno-aviónicas, sus funciones y aquellas capacidades que facilitan su utilización precisa y letal en conflictos bélicos por aquellos países que poseen la tecnología y capacidad financiero-industrial correspondiente, para luego considerar las implicaciones del futuro uso de los VANTs como armas robóticas. Con el título Hacer Política y hacer Ciencia Política Martin Eduardo Pérez Cázarez comienza la segunda sección, con el objeto de plasmar algunas diferencias entre la Política y la Ciencia Política, de los políticos con los politólogos, establecer nuevos conceptos, y acercarse a la realidad de la Política y la Ciencia Política, por ello, plantea que la Política le corresponde a los políticos, quienes aplican leyes, políticas públicas, se ocupan de la función administrativa del Estado, de las instituciones que lo conforman; en tanto, la Ciencia Política le corresponde a quienes se dedican al estudio y análisis de la política y se encargan de diseñar, establecer, dar forma a las políticas públicas, buscar nuevas formas de gobierno, le dan nombre, esquematizan nuevos estilos y valores, buscan perfeccionar entes políticos e instituciones. Inmediatamente, se presenta a Carlos Antonio Tello Castrillón con el estudio Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza, quien expone, mediante una revisión teórica y un método paradigmático ontológico-interpretativo frente a la realidad, que la Responsabilidad Social Organizacional es una institución que delinea la Gobernanza política y el Gobierno Corporativo de las Organizaciones, lo cual le permite afirmar que la Responsabilidad Social Organizacional es un interés común a todos los sujetos de la sociedad -de los que hace parte el micro-cosmos societal de la Organización-, por lo que se consigna en el Contrato Social. Por tanto, ella afecta y es afectada por la Gobernanza, y su versión del Gobierno Corporativo, en tanto espacios donde se desenvuelve el Contrato Social. Para cerrar esta edición se presenta la sección Derecho Público, con el artículo El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República, en el cual Argenis Saúl Urdaneta García realiza un estudio descriptivo y un análisis cualitativo y crítico del rol del Vicepresidente Ejecutivo en los casos de falta del Presidente de la República, con especial atención a la coyuntura del inicio del periodo presidencial 2013-2019, sin la juramentación y toma de posesión del Presidente electo, por esta

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razón parte de considerar que el Constituyente de 1999 asumió reformas coincidentes con la onda del debate de los 80-90, incluyendo la figura del Vicepresidente Ejecutivo, pero el desarrollo de un proceso de concentración de poder ha producido distorsiones que dificultan la valoración del sistema diseñado, el que no debe confundirse con la realidad del presidencialismo en los periodos de gobierno del Presidente Chávez. Así, una vez más, el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche” a través de esta Edición 52 de la Revista Cuestiones Políticas, brinda a la colectividad académica y científica un nuevo aporte para la comprensión de muchas de las problemáticas nacionales e internacionales que se presentan día a día.

Loiralith Margarita Chirinos Portillo Editora

PolĂtica Internacional

Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma* Ariel Alejandro Goldstein** Resumen Desde una mirada panorámica, a partir del análisis de las iniciativas gubernamentales desplegadas, de ciertos documentos de los actores involucrados, así como de entrevistas realizadas, este trabajo se propone reconstruir las principales tensiones enfrentadas, durante las presidencias de Lula y Dilma, entre los medios de prensa más importantes y el gobierno brasileño. En este sentido, se sugiere que mientras el gobierno de Lula mantuvo una oscilante relación entre momentos de mayor tensión y otros de cierto equilibrio inestable, el gobierno de Dilma se ha caracterizado por una posición más consensual hacia este sector, la cual ha supuesto una reducción de las posibilidades de acción política gubernamental y de la materialización de históricas reivindicaciones partidarias respecto de una mayor regulación del mercado. En cierta medida, puede sostenerse que el gobierno brasileño, una vez recuperado cierto equilibrio modelado por un liderazgo presidencial de alta popularidad (Lula), con demostrada capacidad en 2006 para sobreponerse a una cobertura adversa de los medios de comunicación, escogió una administración del conflicto con este sector a partir de posponer las demandas de regulación del sistema de medios a cambio de obtener una reducción de las críticas de los medios hacia el gobierno. Palabras clave: Medios, política, Lula, Dilma, Brasil.

Agradezco profundamente a los evaluadores anónimos de la Revista Cuestiones Políticas por los valiosos comentarios y sugerencias que sin duda han enriquecido este trabajo.

Sociólogo (UBA). Becario del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-Facultad de Ciencias Sociales-UBA). arielgoldstein@hotmail.com. Recibido: 19-09-2013 ~ ~ ~ Aceptado: 31-03-2014

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma

Media and Politics in Brazil during the Governments of Lula and Dilma Abstract From a panoramic perspective, starting with an analysis of the governmental initiatives displayed, certain documents from the actors involved, as well as interviews carried out, this work proposes to reconstruct the main tensions faced between the most important press media and the Brazilian government during the administrations of Lula and Dilma. The study suggests that while the government of Lula sustained an oscillating relationship between moments of greater tension and others of an certain unstable balance, Dilma’s government has been characterized by a more consensual position toward this sector, which has supposed a reduction of the possibilities for governmental political action and the materialization of historical, partisan claims with regard to greater regulation of the market. It could be stated that the Brazilian government, once it recovered a certain equilibrium modeled by the very popular presidential leadership of Lula, with a demonstrated capacity in 2006 to overcome to adverse media coverage, choose an administration of conflict with this sector when the demands for media system regulation were delayed in exchange for a reduction in media criticism of the government. Key words: Media, politics, Lula, Dilma, Brazil.

Introducción La llegada en enero de 2003 al Palacio del Planalto de un líder nordestino de origen popular por el Partido de los Trabajadores (PT), supuso un importante recambio en la composición social de las elites políti1 cas brasileñas . En una sociedad marcada por históricas desigualdades estructurales y una política conducida a través de acuerdos de élites, su acceso a la presidencia implicó una inédita democratización social del poder político, por primera vez representado en la figura de un presidente que había conocido la experiencia de la miseria (Singer, 2012). Esta democratización social del poder político, así como el recambio que se produjo en las elites gubernamentales, condensaron en la figura de Lula tan1

Según el historiador Lincoln Secco (2011), en su libro Historia do PT, el Partido de los Trabajadores resulta, dentro de las fuerzas políticas brasileñas, aquel con mayor composición parlamentaria de trabajadores dentro de sus filas.

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to las expectativas de sus partidarios, como el rechazo y los cuestionamientos de sus opositores. El nuevo proceso político que comenzaba sería percibido con desconfianza por ciertos grupos tradicionales de los sectores dominantes. Encontró opositores en las elites políticas tradicionales, en ciertos grupos económicos empresariales radicados en San Pablo, así como en ciertos medios de comunicación de importante audiencia. Podría sugerirse que, a partir de su llegada a la presidencia, la presencia de Lula como máxima autoridad nacional actualizó, según el periodista Elio Gaspari, la demofobia de ciertos grupos de poder en el país que percibían el ascenso de Lula, especialmente aquel punto donde confluían su trayectoria política y su biografía personal, como un cuestionamiento del naturalizado lugar de privilegio que estos grupos ocupaban en la sociedad. Los medios de comunicación, concentrados en unos pocos grupos familiares que detentan la propiedad cruzada de los principales periódicos, revistas y canales de televisión (Azevedo, 2008) ejercerían una importante posición en representación de estos intereses. Existe en Brasil una situación de oligopolización de los medios, producida desde la dictadura militar, que involucra una trama densa de relaciones con las elites políticas regionales (Rubim y Colling 2006; Lima 2006). A su vez, unos pocos grupos familiares detentan la propiedad cruzada de los principales diarios, revistas y canales de televisión, lo que supone una reducción de la diversidad en la confrontación de opiniones y un estrechamiento del debate público (Azevedo, 2008). Por su parte, Rovai (2007: 117-118) señala que: …se destacan la Editora Abril, las Organizaciones Globo y el grupo O Estado de S. Paulo. En conjunto con el grupo Folha da Manha, que también tiene el control accionista del mayor proveedor de internet del país, Universo On Line (UOL), esas cuatro organizaciones mediáticas, al menos desde la redemocratización del país, han pautado la agenda periodística principalmente desde el punto de vista político. Eso no está relacionado solamente a la inserción real que sus medios tienen, sino principalmente al hecho de que los cuatro conglomerados, aunque compiten, repiten las noticias unos de los otros.

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma

La gran prensa brasileña, dirigida a las elites, la clase media urbana (Fonseca, 2005) y los formadores de opinión, tiene circulación especialmente en el eje Río de Janeiro-San Pablo, a diferencia de la masiva audiencia nacional que posee la televisión en el sistema de medios (Azevedo, 2006). Como plantea Azevedo (2006: 29): …orientada para la elite y para los formadores de opinión, estos periódicos compensan la baja penetración en las clases populares con una gran capacidad de producir agendas, formatear cuestiones e influenciar percepciones y comportamientos tanto en el ámbito político-gubernamental como en el público en general, este último a través de los líderes de opinión o a través de la repercusión de la línea de los periódicos en la televisión abierta.

Durante la dictadura brasileña (1964-1985), las relaciones de los grupos de medios más importantes en complicidad con el régimen militar permitieron una capitalización de los primeros y su adquisición de posiciones dominantes en el mercado de medios (Pilagallo, 2012). En este sentido, podemos mencionar al Grupo Globo, al Grupo Abril y al Grupo Folha.2 Las tensiones entre el Partido de los Trabajadores y los más importantes medios de comunicación comenzaron justamente a fines de la dictadura, a partir de la emergencia de Lula como líder sindical y político. Por el contrario de lo que podría esperarse, cuando surge el liderazgo de Lula como parte del nuevo sindicalismo que se va gestando en el ABC paulista en las huelgas anti-dictatoriales de 1978, la prensa interpreta su aparición como la de un líder conciliador, y por eso obtiene por parte de ésta un tratamiento elogioso. Según Paraná (2010):

“La estructuración de este escenario mediático a lo largo de la transición no transcurrió sin que emergieran voces críticas desde la sociedad. La reacción a la creciente promiscuidad entre política conservadora y medios cristalizó primeramente en la movilización –liderada por periodistas, intelectuales, académicos (especialmente en la Universidad Nacional de Brasilia) y la prestigiosa Orden de Abogados del Brasil (OAB) – durante el proceso que derivó en la Constitución de 1988. Luego de un accidentado proceso, este intento de incidencia, centrado en torno a la creación de un organismo regulador autónomo, tuvo un éxito parcial plasmado en el capítulo 5 de la nueva constitución” (Kitzberger, 2013: 8).

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Los empresarios más liberales desempeñaban su papel: no estaban poniendo en riesgo sus intereses económicos, por el contrario, querían mejorar las relaciones de trabajo en los estrictos moldes del sistema capitalista. Para eso era preciso tener un interlocutor que representase de hecho a la clase trabajadora, que tuviese legitimidad y, al mismo tiempo, estuviese genuinamente desvinculado de movimientos y organizaciones de izquierda. ¿Quién sería ese hombre?

La respuesta a esta pregunta se puede hallar en la generosa forma con que las empresas de comunicación –en especial las de diarios y revistas- trataron a Lula y al movimiento huelguista de 1978. Es a partir de ese período que Lula pasa a actuar en el escenario político brasileño, gana notoriedad nacional y poco después internacional. Las clases dominantes, deseosas de esta especie de ‘encuentro amoroso’, saludaban el surgimiento del ‘príncipe encantado’ de sus sueños. En vez de los ojos claros y de los músculos perfectos -inevitables clichés de las historias de príncipes-, Lula exhibía los dotes que seducían a esa extraña princesa (la burguesía): su declarada desvinculación política, asociada a la más completa legitimidad entre sus pares, los trabajadores. “Por fin había llegado aquél cuyo liderazgo y autoridad podrían guiar -y especialmente contener- a una legión de obreros…Al fin un gran líder de esa masa tan poderosa de plebeyos” (Paraná, 2010: 407). Ricardo Kotscho, periodista de la Folha de S. Paulo, se convierte en uno de los primeros en los medios en ir a retratar las huelgas del nuevo sindicalismo de la región del ABC paulista que lideraba Lula, en función del interés del periódico en favor de iniciativas contra el régimen militar y por la democratización brasileña (Pilagallo, 2012). Éste recordaba, en 3 una entrevista que le fue realizada para esta investigación : Conozco a Lula desde hace muchos años, somos amigos hace más de 30 años. Cuando conocí a Lula en los años ‘70 en el ABC, él era líder metalúrgico y había espacio para él en la prensa, él

Periodista brasileño. Durante los años ’70, cubrió para la Folha de Sao Paulo las huelgas del ABC y la emergencia de Lula da Silva como líder metalúrgico. Fue Secretario de Prensa del primer gobierno de Lula durante el período 2003-2004. Entrevistado el 2703-2012 en San Pablo.

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma era una novedad. En algún momento hasta tuvo bastante espacio y algún apoyo de los grandes medios. Eso cambió a partir del momento en que se volvió líder de un partido político. Cuando era líder sindical, no había problema. A partir del momento en que se vuelve líder de un partido político, y con chances de llegar a la presidencia desde la primera elección del ‘89, pasó a ser visto como un adversario y a ser combatido. Todas las cosas negativas de él fueron resaltadas y las eventuales cosas positivas escondidas.

A partir de la fundación oficial del PT en los años ’80, un importante rechazo a la inscripción de Lula en su paso de líder sindical al plano político partidario comenzó a emerger por parte de ciertos medios de comunicación, como señala Kotscho, lo cual se evidenciaría, como veremos, durante la campaña presidencial de 1989. En este marco, nuestro trabajo se propone focalizar en la relación que han mantenido con los medios de comunicación los gobiernos de Lula y Dilma durante la última década (2003-2013). En este sentido, se reconstruyen ciertas tensiones alcanzadas y equilibrios inestables que caracterizaron la vinculación entre estos actores. Se comienza por un repaso de la gestación de esta histórica relación tramada entre la cosmovisión del mundo petista y los medios de comunicación entre 1989 y 2002, para posteriormente hacer una reconstrucción, primero de los gobiernos de Lula y su relación con los medios entre 2003 y 2010, y luego de los cambios que supuso en este sentido la actual presidencia de Dilma Rousseff. Finalmente, se elabora una conclusión que pretenda condensar los elementos principales desarrollados a lo largo del trabajo. A nivel de su fundamentación teórica, este trabajo se inscribe en el campo interdisciplinario inaugurado por los estudios brasileños de “Medios y Política” (Azevedo y Rubim, 1998; Porto, 2002; Colling y Rubim, 2005; Lima, 2006) que contiene a la sociología de la comunicación y a la ciencia política, más precisamente en la dimensión de “medios y reconfiguración del espacio público”, área que incluye la investigación sobre la construcción de la agenda pública, los discursos políticos, la opinión pública y los escenarios de representación política (Azevedo y Rubim, 1998), en la cual se investiga la relación entre la comunicación mediática y los procesos políticos, así como las posiciones de los medios frente a

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los núcleos de poder, dentro y fuera del Estado. Este área de estudios avanza en sus investigaciones a partir de estrategias de recolección de datos que combinan técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas (Porto, 2002), tales como entrevistas a los actores involucrados, análisis del discurso y “encuadramientos”, así como herramientas de análisis de los escenarios políticos.

1. La cobertura de los medios y las campañas electorales del PT Como se verá en este apartado, durante las campañas electorales de 1989, 1994 y 1998 se desarrolló una cobertura que resultó adversa al candidato petista por parte de los medios de comunicación más importantes, así como un notorio apoyo de estos últimos a los candidatos que rivalizarían con Lula en las distintas elecciones. En este sentido, el radicalismo político-ideológico del programa de campaña petista en las primeras elecciones directas, así como sus pretensiones de reforma del sistema de medios (Waisbord, 2013), explicarían la cobertura negativa frente al PT. Sobre este período, Kitzberger (2013: 10) explica: En el programa del frente de partidos de izquierda con los que el PT se presentó a las presidenciales de 1989, la ‘democratización de los medios de comunicación de masas’ figuraba en un lugar central. Allí se denunciaban, entre otros puntos, el carácter consumista y alienante del modelo cultural impuesto por la radio y la televisión, las omisiones y distorsiones en el tratamiento mediático recibido por los actores populares, el conservadurismo de la legislación y los vínculos y tutelas entre grupos oligopólicos e intereses políticos poderosos. En consecuencia, el Frente Brasil Popular proponía una política basada en nociones de derecho y acceso a la información, someter el control de los medios a la sociedad en función de principios de responsabilidad social, crear un consejo autónomo regulador de las concesiones formado por trabajadores del área democráticamente electos, reservar el espacio radiotelevisivo exclusivamente a asociaciones civiles sin fines de lucro, eliminar monopolios y apoyar la creación de canales comunicativos de los sectores populares.

En las elecciones de 1989, las primeras en Brasil en disputarse de forma directa, se enfrentaron en el ballotage electoral Collor de Mello por

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma 4

el Partido de la Reconstrucción Nacional (PRN) y Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores (PT). Este último, en ese entonces, manifestaba un discurso radical a tono con su partido5. El discurso de Collor, por su parte, denunciaba el ataque a la propiedad privada que representaría el Partido de los Trabajadores. La prensa paulista -Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo y la revista Veja-, y especialmente las Organizaciones Glo6 bo , hicieron conocido su posicionamiento en favor del “Cazador de Marajás”, -así se había denominado a Collor en función de su anunciada campaña en contra de los altos sueldos y la corrupción de los funcionarios públicos-. Fonseca (2005), por su parte, ha propuesto lo que denomina como un consenso de los cuatro grandes periódicos (Jornal do Brasil, O Globo, Folha de S. Paulo y O ESP) para la formación de una agenda ultra-liberal en Brasil, que habría servido de soporte para el programa económico y político promovido por la candidatura de Collor de Mello. La preferencia de la Red Globo se hizo explícita a partir de un debate durante la segunda vuelta de las elecciones de 1989, el cual fue editado en favor de Collor y en contra de Lula (Pilagallo, 2012; Porto, 2012). En este sentido, según Kucinski (1998: 106) “…los barones de la prensa dieron la contribución decisiva a la campaña de la burguesía para ‘derrotar a Lula a cualquier precio’, en la disputa presidencial de 1989”, y continua planteando: 4

Este partido había sido constituido para propiciar especialmente la candidatura de Collor, al modo de lo que se ha denominado “partidos-taxi”, sin densidad de representación como tales y definidos de forma excluyente en torno a una candidatura personal específica. En este sentido, no deja de ser interesante el testimonio de Lula: “Perdí las elecciones [en 1989]. Pero pienso que ahí estuvo el dedo de Dios. Que nosotros no teníamos que ganar esas elecciones. Porque nosotros éramos muy radicales. Si yo hubiera ganado esas elecciones, con el discurso que tenía, no sé si hubiera gobernado seis o siete meses. No era solo yo. Mi grupo y mi partido. Teníamos un discurso muy duro. En doce años se aprende mucho. Ganamos intendencias, estados, y todos fueron madurando. Entonces cuando yo gané ya estábamos preparados para gobernar” (Entrevistado por Daniel Filmus en Presidentes de Latinoamérica, 2009). La red Globo comienza a despuntar con Radio Globo y el periódico O Globo en Río de Janeiro a mediados del siglo pasado. Roberto Marinho, al frente de la empresa y a partir de las posibilidades que brinda el régimen dictatorial, la convierte entonces en un grupo multimedios. Actualmente, la potencia de las organizaciones Globo es tan importante, al tener un noticiero como el Jornal Nacional que ven 60 millones de telespectadores, que resulta un actor fundamental en el sistema político-institucional brasileño (entrevista con Alberto Dines, 1-04-2014, San Pablo).

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“En la disputa presidencial de 1989, el papel de Roberto Marinho fue dominante, ayudando a crear al candidato y después a elegirlo. A partir de las primeras noticias de Veja, Roberto Marinho y la TV Globo erigieron al joven gobernador de Alagoas ‘cazador de marajás’ en mito. Un héroe anticorrupción en el escenario imaginario de la TV. Collor personificó el mito mediático con eficacia” (Kucinski, 1998: 109).

En este escenario se produjo la primera derrota de Lula en elecciones y el triunfo de un presidente que, luego de varias acusaciones de corrupción, sería sometido a un impeachment que contó con el apoyo de una intensa movilización de la sociedad civil en 1992, produciendo su reemplazo por el vicepresidente Itamar Franco. Durante el proceso de impeachment que llevó a la destitución de Collor de Mello, la prensa paulista jugó un papel importante en la divulgación de denuncias de corrup7 ción que la prestigió frente a la sociedad (Pilagallo, 2012). A partir de su cargo como Ministro de Economía durante el último tramo de la presidencia de Itamar Franco, despuntaría el liderazgo de 8 Fernando Henrique Cardoso (FHC) , que había estabilizado exitosamente la moneda en Brasil por medio de su implementación del Plan Real. En las elecciones presidenciales de 1994, FHC se enfrentaría a Lula. Según el análisis de Mundim (2010: 87) en esta elección: “El Real también fue un factor determinante...Sin embargo, su éxito se debió a la mediación de la prensa, sea esta escrita o televisiva, que apoyó incondicionalmente el plan económico desde el inicio (Amaral, 1995; Figueiredo, 1998; Matos, 2008)”. Según Kucinski (1998: 120), en 1994:

En este sentido, Kucinski (1998: 136) encuentra que la “…raíz del actual antilulismo está en la vinculación del periodismo brasileño con las denuncias de la corrupción, que se inició en el gobierno de Fernando Collor y fue creciendo y ganando musculatura con la aparición de los escándalos...tornándose el género dominante del periodismo brasileño de los últimos 20 años. Las revelaciones de Roberto Jefferson reavivaron las brasas dormidas de ese género. La gran prensa abandonó la pretensión de mediadora entre el mundo real y la imaginación de los brasileños, aunque parcial e interesada, para intentar escribir e imponer su propia historia del gobierno Lula”. El sociólogo Fernando Henrique Cardoso había sido primero Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Itamar Franco, asumiendo como Ministro de Fazenda en la última parte de su gobierno, cuando aplicaría el Plan Real, que estabilizó la moneda brasileña y redujo en forma significativa los problemas inflacionarios.

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma …la rápida convergencia del campo conservador en torno a Fernando Henrique abre una nueva posibilidad de derrumbar la candidatura Lula, pues ahora hay una alternativa, la unidad política y, por lo tanto, la posibilidad de una estrategia. La formación de la coalición del PSDB/PFL da a Fernando Henrique el mayor tiempo de TV de todos los candidatos. Por su formación superior, con saber notorio y reconocido, es llamado por la prensa como ‘príncipe de la sociología brasileña’.

En las elecciones de 1998, la creencia por parte de los electores de que a pesar de la vulnerabilidad externa que manifestaba la economía brasileña, FHC sería el mejor administrador frente al contexto negativo que existía a nivel internacional, le otorgaron una nueva victoria al líder 9 10 tucano del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) (Pilagallo, 2012). Para Rubim (2004: 9): La disputa presidencial de 1998 viene siendo analizada de forma insistente como una elección que ‘no existió’, como una contienda silenciada por los medios…La manifiesta convergencia de estrategias evidencia de modo explícito la formación de un bloque político-mediático casi monolítico congregando a la candidatura de FHC y los medios en 1998, con graves perjuicios para el desarrollo de la competencia electoral, de la democracia y de la cultura democrática en el país.

De forma sintética, Azevedo (2009) señala que durante estas tres elecciones de 1989, 1994, y 1998, más allá de sus diferencias contextuales y de agendas, la literatura académica que analizó el comportamiento de los medios muestra que la mayoría de los autores considera que éstos beneficiaron a los adversarios del PT.

Se denomina “tucanos” en Brasil a los simpatizantes del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Desde su surgimiento en 1988 como escisión del PMDB, el símbolo del partido es un tucán. De allí viene esta denominación. Fernando Henrique Cardoso pudo presentarse a las elecciones de 1998 aspirando a un segundo mandato presidencial, luego de viabilizar en 1997 una reforma electoral que permitía la reelección.

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En la campaña de 2002, la contratación del experto en marketing Duda Mendonça para diagramar la campaña petista, tenía por fin reducir el impacto negativo históricamente construido por los medios de comunicación. Al respecto, Rubim (2004: 23-24) alega: Para Lula una de las cuestiones esenciales para tornar la cuarta elección competitiva y construir una posibilidad efectiva de llegar a la presidencia de Brasil, más allá de ciertas condiciones políticas coyunturales y de una política ampliada de alianzas electorales, se situaba de forma cristalina en el ámbito de la disputa de imagen y respondía por la denominación competencia, o mejor, por la atribución y reconocimiento públicos de una competencia para gobernar el país...El desafío de demostrar una capacidad para gobernar el país implicó el enfrentamiento estratégico de, por lo menos, dos atributos, problemáticos en términos electorales, ambos asociados a la anterior imagen pública de Lula: su radicalidad y su falta de preparación para gobernar, siendo este último aspecto determinado por el preconcepto social con relación a la falta de título universitario de Lula.

Según ciertos análisis, la cobertura de los medios de comunicación durante las elecciones de 2002 fue neutral o positiva para el candidato petista. Para Aldé, Mendes y Figueiredo (2007), a partir del momento en que la campaña de Lula adhiere al establishment, los medios le abrieron un canal favorable. Hasta O Esta do de S. Paulo, que editorialmente había hecho explícito su apoyo al candidato tucano José Serra, habría mostrado menciones positivas hacia Lula en sus noticias a partir de julio de 2002. La campaña de 2002 fue la cristalización de una orientación petista hacia el centro del espectro político que cambió la percepción del candidato en el electorado y los medios, que dejaron de ver al PT como un actor político anti sistema. Esta orientación representó un cambio fundamental en su búsqueda del acceso a la presidencia, dado que durante el primer período ideológico partidario del PT (1989-1994), los medios habían construido la imagen de un partido de izquierda radical, sin experiencia gubernamental, hostil a la economía de mercado y la democracia representativa. En 2002, cuando el PT adopta esta moderación ideológica y se desplaza hacia el centro político para tornarse competitivo electoralmente, los medios tienden a admitirlo como un partido

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“responsable e integrado” y cambian su posicionamiento hacia cierta 11 aceptación (Azevedo, 2008) . En este sentido, Azevedo (2009: 55) ha desarrollado la siguiente tabla para el análisis de la cobertura de la prensa en las últimas elecciones brasileñas:

A pesar de la cobertura favorable o neutra en las elecciones de 2002 señalada por Azevedo (2009) por parte de los medios de comunicación más importantes, con la llegada de Lula a la presidencia las tensiones entre el gobierno petista y los más importantes grupos del sector comenzarían a aflorar lentamente, pues ahora la constitución del PT en partido de gobierno le habilitaba una mayor capacidad de intervenir en el mercado de medios en función de sus directivas políticas.

2. El inestable equilibrio del gobierno Lula: entre el conflicto y la negociación A partir de la asunción de Lula como presidente, un núcleo de las tensiones políticas desarrolladas con los medios de comunicación fue re12 lativo a su papel ejercido como comunicador popular (Singer, 2012) , en 11

“Muchos de estos nuevos aliados que pasarían a formar parte de la coalición gubernamental formaban parte de las prácticas de ‘coronelismo electrónico’. Previsiblemente, la cuestión de los medios de comunicación desapareció como tema de campaña. Los viejos aliados, especialmente el MST, fueron invisibilizados y los términos del discurso se ciñeron a los márgenes de lo aceptable por la élite políticomediática. En los documentos programáticos del 2002 la cuestión de la regulación de los medios no estaba mencionada. La conducción de la campaña del núcleo de Lula ejerció su poder de veto sobre las agendas insertas en el partido relativas al rol democrático de los medios” (Kitzberger, 2013: 12). Singer (2012) ha señalado en este sentido: En cuanto a la cuestión de la comunicación directa, creo que existe, o sea, el ex presidente Lula es un gran comunicador popular,

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un formato que presentaba una lógica opuesta a la unidireccionalidad de los medios tradicionales (Lima, 2006). Según Kotscho (entrevistado por Duarte, 2010: 430), Secretario de Prensa en los inicios del gobierno Lula: Hubo un shock cultural para todo el mundo, en Brasilia, con la llegada de Lula al poder. Él es muy distinto de todos los que habían estado antes y, principalmente, de Fernando Henrique. La característica que creo que lo diferencia más es que Lula es un tipo muy popular, de masas. Entonces, generó mucha confusión con la seguridad, con los fotógrafos. Lula paraba en cualquier lugar para conversar con las personas, cosa que Fernando Henrique no hacía.

Un acontecimiento a mencionar previo a la asunción presidencial resultó una reunión en 2002 donde se encontraron el director de la Folha de S. Paulo, Otávio Frías Filho, y Lula, que terminó con el abandono de la reunión por parte del presidente electo, ante las preguntas de Frías Filho que hacían referencia a la falta de preparación de éste en términos de for13 mación educativa para dirigir el país . Las tensiones entre el gobierno y la prensa pudieron evidenciarse en otros casos como el de Larry Rother, corresponsal del New York Times en Brasil, que escribió un artículo en mayo de 2004 para el New York Times señalando que la afición del presidente Lula por las bebidas alcohóli14 cas le crearía dificultades para el cargo , lo que provocó la amenaza por

el hecho de haber nacido en el Nordeste, de haber sido el primer presidente que hubo pasado por la experiencia directa de la miseria brasileña no es algo de menor importancia, es algo significativo. Otra versión sobre este acontecimiento me fue proporcionada por el periodista de la Folha de S. Paulo Clovis Rossi, quien estuvo presente en aquella reunión. En una entrevista que le fue realizada el 09/04/12 en San Pablo señaló al respecto: “Hubo evidentemente un shock, pero un shock provocado porque Lula tuvo una reacción desubicada frente a una pregunta que ya había sido hecha prácticamente en los mismos términos por Miriam Leitao (periodista) en un programa de televisión, y él respondió con una respuesta inteligente: que no hizo un curso universitario pero que había aprendido en la vida, que no hay ninguna universidad que enseñe a ser Presidente de la República. Ese era el tipo de respuesta que tenía. Aquél día, o porque no estaba bien o por alguna otra razón, se sintió ofendido por una pregunta que ya le había sido hecha decenas de veces antes. Tuvo una reacción destemplada, generándose aquel conflicto que todos conocimos”. “Luis Ignacio Lula da Silva nunca ha escondido su debilidad por un vaso de cerveza, un shot de whisky o, incluso, un trago de cachaça, el potente licor de caña de azúcar brasileño. Pero algunos de sus compatriotas han empezado a preguntarse si esta predilecciónde

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parte del gobierno de una suspensión de la visa de extranjero que portaba el periodista. Finalmente, el hecho se apaciguó, pero demostró cierta desconfianza existente entre los sectores gubernamentales hacia los me15 dios, así como el prejuicio de los periodistas frente al gobierno . Este tipo de episodios manifestaban la existencia al interior del PT y las elites políticas gubernamentales de una intensa desconfianza respecto de la prensa. Así lo señalaba Ricardo Kotscho (entrevistado por Duarte, 2010): No había una política única dentro del gobierno, había muchas divergencias, principalmente en el área de comunicación. Eran tres responsables por la comunicación del gobierno. Yo era Secretario de Prensa, Luis Gushiken era el Ministro de la Secretaria de Comunicación encargada de la propaganda y tenía un Portavoz, André Singer. Mi posición desde el comienzo hasta hoy posee divergencias y genera peleas con la posición de Lula. Mi posición era: ‘Intenta no pelear mucho. Si tratas bien a la prensa te van a criticar, pero si tratas mal a la prensa te van a criticar mucho más’. Yo creía y defendía eso, durante los dos años que estuve en el gobierno, tuve contacto permanente en todos los niveles con los grandes medios, quería dejar un canal de diálogo abierto, aun sabiendo que quienes están del otro lado te van a criticar. Era muy difícil para mí conseguir arreglar entrevistas con Lula. Él no quería dar entrevistas, el no quería dar entrevistas colectivas. Yo le decía: ‘Si no hablas, si el gobierno no habla, entonces los otros van a hablar en contra’. Era eso lo que yo creía.

su presidente por la bebida fuerte está afectando su rendimiento en el gobierno” escribió el corresponsal extranjero Larry Rohter en el primer párrafo de una noticia publicada por el The New York Times el 9 de mayo de 2004. El título: ‘La Bebida del Líder Brasileño Se Transforma en Cuestión Nacional’” (citada por Herscovitz, 2007: 159). Así lo señalaba Kotscho (2010): “El episodio más dramático fue el de aquel periodista Larry Rother, corresponsal del New York Times en Brasil, que hizo una noticia liviana e irresponsable diciendo que Brasil estaba muy preocupado por Lula, porque él estaría bebiendo mucho y no tenía condiciones para gobernar el país. Ese periodista hizo esa noticia. ¿Qué es lo que yo creía? Que debía ser procesado porque fue un texto ofensivo al Presidente de la República. Pero otras personas dentro del gobierno, la mayoría, creían que no, que él debería ser castigado de una forma más fuerte. Y como Rother era extranjero y el pasaporte estaba vencido, querían que no le fuera renovado el pasaporte. En otras palabras, impedir que se quedase en el país. Yo creía que era un grave error, porque Rother se transformó en víctima de la libertad de prensa”.

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Lula estaba muy resentido, harto por las noticias que salían. ‘¿Por qué voy a dar entrevistas si ellos están contra el gobierno, sólo hablan mal del gobierno?’, Lula decía esto. No solo Lula, sino también José Dirceu que era Jefe de la Casa Civil y otros ministros. Era una cosa recíproca de malestar entre la prensa y el gobierno. Con algunas excepciones. Una de ellas era Antonio Palocci. Lula no quería hablar y Palocci le pedía que hablara.

La situación desfavorable en términos de la representación de visiones afines al PT en los medios de comunicación se mantendría en forma constante durante el primer mandato del presidente Lula, siendo una excepción entre los medios de prensa de circulación la revista Car16 ta Capital . Esta representación desfavorable al PT, predominante en los más importantes medios de la prensa brasileña, era un aspecto re17 saltado por los propios petistas en reiteradas ocasiones. En un trabajo donde analiza el período, el historiador Perry Anderson (2011: 37) señalaba al respecto:

Según Mino Carta, director de la revista Carta Capital, entrevistado el 09/04/2012 en San Pablo: “La cuestión fundamental es el odio de clase, a partir del riesgo de alterar el statu-quo, se toma una posición en contra del gobierno Lula por parte de los medios. Porque en el fondo Lula hizo un gobierno mejor que los anteriores, reveló una preocupación social, pero no dejó de favorecer a los banqueros, no hizo un gobierno radical, lejos de eso. Dos puntos importantes implican un cambio: primero, el interés social, y segundo, una política internacional realmente independiente, que es una novedad grave para esa gente, que prefieren ser súbditos de los Estados Unidos, del capital internacional y no quieren cambios”. “Toda la estructura mediática brasileña es una parte integrante de la clase dominante. Si usted recorriera los archivos de los periódicos de la prensa brasileña de 1963-1964, usted verá los editoriales que imploraban por el golpe militar, que después fue llamado de ‘revolución’”. En una entrevista vía mail realizada a Valter Pomar (23/02/2012), éste señalaba con respecto a la cuestión: “Si por medios importantes entendemos a la revista Veja, IstoÉ y Época; los periódicos diarios Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo y Zero Hora; y el noticiero televisivo Jornal Nacional, entonces la respuesta es: la cobertura de estos medios fue orientada por una directriz política, destruir al PT y desgastar al máximo al gobierno Lula, creando las condiciones para su derrota en la elección presidencial de 2006 o hasta mismo antes de esto”. Entre 2003 y 2005, Valter Pomar fue tercer vice-presidente nacional del PT. Entre 2005 y 2006, fue Secretario de Relaciones Internacionales del PT. Nunca ocupó cargo un parlamentario, nunca fue integrante del gobierno federal. Actualmente es Secretario Ejecutivo del Foro de San Pablo.

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma Cualquiera cuyas impresiones de su gobierno vinieran de la prensa internacional tendría un choque al encontrarse con el tratamiento dado a Lula en los medios brasileños. Prácticamente desde el inicio el The Economist y el Financial Times ronronearon satisfechos con las políticas pro-mercado y la concepción constructiva de la presidencia de Lula, frecuentemente contrastada con la demagogia y la irresponsabilidad del régimen de Chávez en Venezuela: ningún elogio era demasiado para el estadista que colocaría a Brasil en el curso indestructible de la estabilidad y la prosperidad capitalistas. El lector de la Folha o del Estadao, por no hablar de la revista Veja, estaba viviendo en un mundo diferente. Normalmente, en sus columnas, Brasil estaba siendo gobernado por un grosero aspirante a caudillo, sin la menor comprensión de los principios económicos o respeto por las libertades civiles, una amenaza permanente a la democracia y la propiedad privada 18.

A comienzos del gobierno de Lula podría señalarse que, a tono con los primeros cien días de margen que suele brindar la prensa a los gobiernos (Pilagallo, 2012), así como con las reseñadas promesas de moderación realizadas por Lula durante la campaña electoral de 2002, tanto O Estado de S. Paulo como Folha de S. Paulo, este último desde una visión más crítica, adoptarían una posición de cierta expectativa frente al gobierno. Esto se reflejaba también en el discurso del principal partido de oposición política al gobierno, el PSDB (Secco, 2011), que aprobaba los lineamientos iniciales del gobierno, donde una importante iniciativa se rela18

Señala Eugenio Bucci -profesor de la USP, uno de los creadores de la Revista Teoría y Debate del PT, así como director de la Empresa Brasileña de Comunicación (Radiobrás) designado por el gobierno Lula entre 2003-2007- en un mail personal (24/01/2013): “Por mi parte, ya no veo el conflicto entre Lula y el PT, de un lado, y la prensa, por el otro. Es necesario recordar que, hoy, tanto Lula como su partido son parte del poder y, en el poder, reúnen condiciones para influir sobre el comportamiento de los medios de comunicación. Eso desvirtúa una ecuación polarizada que podría ser de alguna utilidad metodológica hasta el momento en que el PT ganó las elecciones presidenciales en 2002. Por otro lado, no hay una unidad orgánica en los llamados ‘medios’ o incluso en la ‘gran prensa’. Hay muchas distinciones internas ahí. Hay disensos, desacuerdos, clivajes. Ni todos los vehículos se comportan tal como Perry Anderson supone. Record y Globo son radicalmente diferentes, por ejemplo. Veja, Istoé, y Carta Capital también son totalmente dispares. Por eso, pienso que debemos, hoy, buscar modelos más complejos de análisis”.

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cionaba con la necesidad de aprobar una conservadora Reforma de la Ju19 bilación . Sin embargo, a pesar de la mencionada adopción de cierta neutralidad en los medios hacia la candidatura petista en 2002, durante el transcurso del gobierno éstos fueron cambiando desde la ambigüedad inicial hacia una postura crítica (Rubim y Colling, 2006). Posteriormente a esta inicial moderación, el surgimiento del escándalo del mensalão en mayo de 2005 supuso la instalación de un “cerco mediático” (Singer, 2009) que suponía el centramiento de la agenda pública en torno a la temática de la corrupción. Frente a esta circunstancia, Lula eligió rodearse por los movi20 mientos sociales como alternativa frente a la crisis política (Secco, 2011) . 19

Esta reforma, conocida como Reforma da Providencia, suponía -en el contexto de crisis económica en que se encontraba Brasil en 2003- la pretensión de establecer recortes a los beneficios de jubilación integral de los que gozaban funcionarios y empleados públicos, que les permitían recibir una jubilación equivalente al salario percibido como funcionarios. A partir del ingreso al Congreso, en mayo de 2003, del proyecto de Reforma de la Jubilación, emergieron las tensiones al interior del PT entre la dirección partidaria y las tendencias de izquierda del partido, representadas estas últimas por la resistencia exhibida por parte de los diputados Joao Batista de Araújo (Babá) (PA), Luciana Genro (RS), Joao Fontes (SE) y especialmente de la Senadora Heloísa Helena (AL) a acatar las resoluciones partidarias referidas a votar en favor de la Reforma de la Jubilación. El desarrollo de estos conflictos iniciales se dirimió con la expulsión de varios dirigentes pertenecientes a la izquierda partidaria, dadas las tensiones que comenzaron a producirse con motivo de la votación de la Reforma en el parlamento. La Reforma contó en la votación con el apoyo de siete parlamentarios del PFL y seis del PSDB. De este modo, el 27 de noviembre, el texto principal de la reforma fue aprobado en el Senado con 13 votos de la oposición. La crisis política del “mensalão” surgió a partir de las tensiones que se produjeron al interior de la heterogénea alianza que el PT había compuesto a nivel parlamentario para garantizar la “gobernabilidad” (PL, PPS, PTB y PDT). En mayo de 2005, la Revista Veja publicó la transcripción de un video donde se acusaba al diputado de la coalición gubernamental Roberto Jefferson del Partido Laborista Brasileño (PTB), de estar detrás del desvío de dinero en la empresa pública de Correos. El entonces diputado, que habría intuido que no recibiría en este contexto apoyo del Palacio del Planalto (Pilagallo, 2012), decidió en consecuencia realizar una serie de denuncias que tuvieron un efecto explosivo. En una entrevista el 6 de junio a la Folha de S. Paulo, acusó al PT de estar pagando una mensualidad a los parlamentarios de la base aliada a cambio de apoyo al gobierno de Lula en el Congreso. La conmoción que la denuncia de estos escándalos produjo en la opinión pública tuvo por efecto: una importante erosión del capital político del gobierno, un incremento en la polarización entre el gobierno y la oposición, así como la apertura de varias Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) encargadas de investigar los acontecimientos en el Congreso.

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Frente a la agudización de la crisis política y las dificultades para divulgar una agenda alternativa por parte del gobierno debido a la crítica de los principales medios de prensa, Lula reforzaría sus apariciones en actos políticos en distintas localidades del país con organizaciones y movimientos sociales, en una pretensión por consolidar núcleos de apoyo que le permitieran sortear estas dificultades. Según Secco (2011: 228): En aquellos días de tormenta, su agenda fue dirigida hacia actos populares. Lula no hablaba con la prensa y participaba de eventos con el MST y la CUT; iba al Sindicato de los Metalúrgicos del ABC y establecía un contacto personal y directo con el pueblo del interior del nordeste, como si parase una amenaza de radicalización y de chavismo en el caso de un intento de impeachment contra él. De hecho, Hugo Chávez lo visitó en aquellos días de graves dificultades.

La crisis política del mensalão iniciada en mayo de 2005, supuso el momento de mayor tensión en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación. Supuso el despliegue de un escenario de conflictividad que cambió la relación entre el gobierno del PT y los medios, que asumieron un lugar destacado. A partir de allí, según Rubim y Colling (2006), los medios buscaron prácticamente anticipar el mandato y el momento electoral para marcar el final de un gobierno que resultó siempre extraño a las élites tradicionales del país (Rubim y Colling, 2006). La cobertura mediática durante la crisis política de 2005-2006 se centró en una búsqueda del escándalo periodístico y en la reducción de la política a una dimensión moralizante (Rubim y Colling, 2006). A su vez, Venício Lima (2006) analiza que desde mayo de 2005 hasta las elecciones de 2006, varios medios brasileños practicaron un periodismo de insinuación y se alinearon con la oposición partidaria en una campaña de anticipación del fin del primer mandato del presidente Lula para invisibilizar sus posibilidades de reelección. Para este autor, que realiza un análisis de la cobertura de la crisis política de 2005-2006 efectuado por la gran prensa, los medios adoptaron un posicionamiento de “presunción de culpa” (Lima, 2006). Lima (2006) ha concebido la participación de los medios en la crisis política de 2005-2006 dentro de lo que denomina como la voluntad de producir un “escándalo político mediático”. Los argumentos a partir de los cuales los medios más importantes intentaban destruir el capital simbólico del partido gobernante eran: la supuesta conexión del PT con las FARC,

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el señalamiento de que Lula tenía conocimiento de los escándalos de corrupción previamente a su público conocimiento, entre otros (Lima, 2006). La estrategia utilizada por los medios ha sido analizada como “…la tendencia de una búsqueda desenfrenada por el escándalo en la cobertura periodística de la política…una actitud que reduce, en forma significativa, la política a una dimensión puramente moralizante, con el pretexto de obtener una política conjugada con la ética” (Rubim, 2004: 39). En este contexto, según hemos estudiado recientemente, un encuadramiento dominante compartido por los periódicos Folha de S. Paulo y O Estado de S. Paulo para caracterizar durante esta crisis política el liderazgo de Lula sería considerarlo como un ‘populismo chavista’ (Goldstein, 2013). A partir de las tensiones entre el gobierno y la prensa que se producirían durante el primer mandato de Lula, una importante fracción de los militantes petistas incorporaría la tesis de que existiría una “partidización de la prensa”21. Es decir, la percepción de que, ante la debilidad de los partidos opositores, la prensa habría reemplazado a la oposición política para erigirse como la auténtica representación opositora frente al gobierno brasileño22. Con respecto al mensalão, Sergio D’Avila (2012), Editor Ejecutivo de la Folha de S. Paulo, señalaba: 21

Incluso un periodista afín al gobierno lulista, Paulo Henrique Amorim, director del Blog Conversa Afiada creó el término PIG (Partido da Imprensa Golpista) para referirse a una supuesta pretensión de desestabilización en bloque de los medios de prensa contra el gobierno petista. Esta percepción de los petistas aumentó cuando Judith Brito, presidenta entonces de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) y ejecutiva del grupo Folha de S. Paulo, declaró al diario carioca O Globo (18/3/2010): “La libertad de prensa es un bien mayor que no debe ser limitado. A ese derecho general, la contraparte es siempre la cuestión de la responsabilidad de los medios de comunicación y, obviamente, esos medios de comunicación están haciendo de hecho la posición opositora de este país, ya que la oposición está profundamente fragmentada. Y ese papel de oposición, de investigación, sin duda alguna incomoda en exceso al gobierno”. En referencia a esta declaración, Brito señalaba en una entrevista que le realizamos vía mail (18/10/2012) que: “Nunca quise decir que la prensa debería sustituir a la oposición al gobierno. En las democracias, por más reducida que sea, la oposición política, partidaria y parlamentaria siempre tendrá un papel esencial que es insustituible. Pero llamé la atención hacia el hecho de que la prensa brasileña, en los últimos años, viene cumpliendo muy bien su misión de investigar eventuales fallas del gobierno. Es la esencia del periodismo independiente y de calidad, que busca servir a la sociedad, incomodar a los gobiernos. Eso es extremadamente saludable”.

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma Desde el punto de vista de la Redacción, el periódico procuró cubrir críticamente el primer mandato del presidente Lula como viene haciéndolo de forma coherente con todos los presidentes. Una cobertura crítica implica comunicar los aspectos positivos y negativos del gobierno, resaltar las contradicciones, apuntar las alternativas. El principal aspecto negativo del gobierno de Lula revelado en nuestras páginas fue la existencia del mensalão, expuesto en una entrevista a una de nuestras pe23 riodistas en 2005 .

Las elecciones de 2006 resultarían un momento paradigmático, en tanto cristalizarían la disputa política existente entre el candidato del PSDB Geraldo Alckmin y la continuidad del proyecto petista representado por Lula. En este contexto generalizado de acusaciones de corrupción hacia el partido de gobierno, el PSDB eligió como candidato a la presidencia en 2006 a Geraldo Alckmin, quien se presentaba a sí mismo con el discurso de la “eficiencia” y la “transparencia” como valores constitutivos. Resulta un dato relevante acerca de la decisión programática del partido de constituir para las elecciones de 2006 a la cuestión de la corrupción en uno de los temas centrales de la agenda política (Goldstein, 2012). Para estas elecciones, Lula apeló al clivaje Estado/privatizaciones, señalando las posibilidades, en caso de un triunfo de Alckmin, de un retorno de las privatizaciones realizadas durante el gobierno de FHC, así como criticando el carácter funcional del candidato tucano a los intereses más conservadores de la sociedad brasileña, como el Opus Dei. Por otra parte, señalaba que en caso de un triunfo del candidato del PSDB, correrían riesgo la continuidad de las políticas sociales implementadas durante su mandato -como el plan Bolsa Familia-. El candidato petista, a su vez, se presentaba como el defensor de una recuperación de la intervención estatal que tenía importantes efectos positivos para los sectores sociales de más baja renta (Goldstein y Comellini, 2012). En este contexto, a pesar de las acusaciones contra el gobierno, señala Sader (2013: 140) que: Las inversiones en políticas sociales comenzaron a generar resultados, cambiando la base fundamental de apoyo social del gobierno para los sectores más pobres y para las regiones más 23

Entrevista por mail realizada el 18-04-2012.

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relegadas del país. Frente a la posibilidad de que Lula desencadenara una gran movilización popular en defensa del gobierno y de su mandato, la oposición retrocedió y jugó todo en la posibilidad de sangrar al gobierno de los recursos en el Congreso y derrotarlo en las elecciones de 2006. Pero los efectos de las políticas sociales permitieron a Lula ser reelegido, consolidando un nuevo tipo de apoyo popular al gobierno, paralelo a la recuperación del crecimiento. Esa tendencia tuvo que ver directamente con el cambio del equipo económico del gobierno y de sus prioridades generales, que abandonó la orientación conservadora de la política económica, sustituyéndola por un modelo de desarrollo que articulaba estructuralmente crecimiento económico con políticas de distribución del ingreso.

En su análisis sobre estas elecciones, Aldé, Mendes y Figueiredo (2007: 82-83) indican lo siguiente: O Globo y O Estado de S. Paulo no quisieron dar espacio a opiniones positivas respecto de Lula. Mientras sucedía eso, Folha de S. Paulo permitió que opiniones divergentes tuvieran espacio en el periódico…Sin embargo, es esencial que se traiga a colación que, en lo referido a las opiniones emitidas sobre el presidente Lula, hay una notable convergencia entre los tres periódicos. Eso significa decir que la faceta más equilibrada y pluralista de la Folha desaparece cuando se trata de evaluar la postura del presidente Lula al comando de la nación y juzgar su agenda programática. En este caso, también la Folha abrió poco espacio para el debate, manteniendo un fuerte trazo antiLula en sus partes editorializadas.

A diferencia de los análisis que concibieron el triunfo del PT en las elecciones de 2006 como una confirmación de la “derrota de los medios” (Lima, 2006) lo ocurrido no supone que se haya anulado la incidencia de estos últimos. Lo que se produjeron fueron nuevos alineamientos como efecto de la producción de sentido de las distintas mediaciones que atraviesan el espacio público. El triunfo de Lula en 2006 no implicó una reducción de la influencia de los medios sobre la población, sino la conjugación de los discursos mediáticos con otras mediaciones que complejizaron los efectos producidos (Mundim, 2010). Los realineamientos fueron expresión de formas alternativas de comunicación y de, según Lima (2006: 63):

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma …factores como la organización de la sociedad civil y sobre todo, la comunicación directa que el presidente Lula mantuvo con una parte significativa de la población por medio de viajes, discursos y un programa semanal de radio “sin edición” -el “Café con el Presidente” de Radiobrás-.

El período que va desde el “mensalão” de 2005 hasta las elecciones de 2006 demostró la capacidad de Lula para la construcción de un liderazgo a partir de lo que Panizza (2013) denomina como intervenciones populistas, por la vía del lulismo (Singer, 2009; 2012), anclado en el atomizado “subproletariado” del Nordeste, que había mejorado su existencia a partir de las políticas sociales y de desarrollo económico. Éste fue el modo en que esta fuerza política pudo resolver entonces la crisis de representación política, a través de un presidente que, por encima de los partidos y trazando un antagonismo débil entre el pueblo y las elites, asumía la representación de los pobres que se sentían identificados con su liderazgo. El segundo mandato de Lula (2007-2010), a diferencia del carácter experimental y dificultoso del primero, resultó una instancia de maduración de los resultados de las políticas sociales y el crecimiento económico, factores que contribuyeron a la consolidación del liderazgo del presidente, que finalizó el gobierno con el 80% de evaluación positiva por par24 te de los brasileños . Por su parte, Anderson (2011: 31) opina que: …el segundo mandato de Lula fue mucho más confiable que el primero. Ahora, él no era solamente el dueño indiscutible del afecto popular, en la condición de primer presidente en conseguir un modesto bienestar para una gran parcela de su pueblo, sino que controlaba de forma completa su propia administra25 ción. Sus dos principales ministros se habían ido a casa . 24

“Avaliação positiva de governo Lula sobe para 80%—CNI/Ibope”, O Estado de São Paulo, 16/12/2010. Consultado: 05/08/2013. Disponible en: http://www.estadao.com.br/ noticias/geral,avaliacao-positiva-de-governo-lula-sobe-para-80-cniibope,654410,0. htm. En efecto, las acusaciones de haber tenido participación en escándalos de corrupción que sufrieron José Dirceu, que oficiaba como Jefe de la Casa Civil y tenía una importante representación al interior del PT, así como Antonio Palocci, que resultaba Ministro de Economía, reemplazado por Guido Mantega, produjeron la renuncia de estos ministros y le permitieron como consecuencia no buscada al presidente Lula un mayor margen de decisión en las directivas de su gobierno.

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La consolidación de su popularidad permitió al presidente mayor autonomía para esbozar iniciativas de activismo mediático gubernamental (Kitzberger, 2010) que podían entrar en tensión con las expectativas de los actores dominantes del sistema de medios. El capital político obtenido por Lula y su legitimidad como líder le brindaron cierta autonomía en la formulación de iniciativas para efectuar cierta regulación del sector, a pesar de que éstas no se materializaron en la práctica. En este escenario más favorable, durante su segundo gobierno Lula nombró como Secretario de Comunicación a Franklin Martins, quien elaboró un ante-proyecto que correspondía evaluar al próximo gobierno26. Sin embargo, este proyecto no fue continuado al iniciarse el posterior gobierno, y las iniciativas de una mayor regulación fueron canceladas a partir del nombramiento de políticos pertenecientes al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en el Ministerio de Comunicaciones. Con respecto a las implicancias del nombramiento de Martins, señala Kitzberger (2013: 25): Si bien Martins no pertenecía al mundo conformado en torno de las luchas por la democratización mediática, su trayectoria de militancia en la izquierda de los sesenta, compartida con algunos miembros del movimiento, facilitó el establecimiento de puentes con dicha comunidad. Desde la SECOM, Martins usó su conocimiento del campo periodístico para terciar en el manejo de la agenda pública. Teniendo la responsabilidad por la distribución de la publicidad oficial, profundizó decisivamente un proceso de reorientación y regionalización de la pauta publicitaria.

Las iniciativas más importantes en materia de reformar el sistema de medios (Waisbord, 2013) se produjeron hacia fines del segundo gobierno de Lula, seguramente en función de la mayor legitimidad democrática del presidente brasileño. Señala Kitzberger (2013: 28-29): La 1era Conferencia Federal de Comunicación, realizada en Brasilia en diciembre de 2009, reunió más de 1600 delegados electos democráticamente en las 27 conferencias realizadas en los estados de la federación. De ella salieron 570 propuestas votadas que, según la promesa presidencial, serían un insumo para un futuro proyecto de ley para regular el sector de 26

“Franklin defende agencia reguladora para a mídia”, 08/10/2010, O Estado de S. Paulo, P19.

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma las comunicaciones (Lima, 2011)…A seis meses de concluir su mandato, Lula creó por decreto otra comisión liderada por la SECOM y compuesta de miembros de otros organismos y niveles del Estado, con el propósito de ‘elaborar estudios y presentar propuestas –sin plazo establecido– de revisión del marco regulatorio de la organización y explotación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión’. A fines de 2010, a semanas de la transición presidencial, se organizó en Brasilia un importante seminario internacional –participaron organismos como UNESCO, reguladores de Gran Bretaña, España, Portugal, Estados Unidos y Argentina, además de organizaciones sociales, profesionales de medios y académicos– sobre regulación de medios en el que la comisión hizo público un primer resultado. De ese evento surgió la iniciativa de elaborar un anteproyecto que quedaría como legado para la presidencia de Dilma Rousseff.

En este sentido, tiene cierta validez lo que señala Anderson (2011), respecto que la capacidad de comunicación directa de Lula con las masas brindó al presidente una mayor autonomía que interrumpió un ciclo, minando el papel de los medios en la formación del escenario político brasileño. Sin embargo, la popularidad del mandatario no alteró de forma estructural las condiciones ni la influencia del sistema de medios sobre el escenario político, sino que esta reducción de su influencia operó de forma circunstancial, ligada a la permanencia del liderazgo carismático presidencial durante la extensión de su mandato. Durante la campaña por las elecciones de 2010, a pesar de la intención de periódicos como Folha de S. Paulo, que intentaban desacreditar la imagen de la candidata Dilma a partir de deformar su actuación en gru27 pos de resistencia durante la dictadura , ésta venció al candidato opositor del PSDB José Serra en segunda vuelta, con el 56% de los votos.

Venício Lima, “A inquestionável partidarização da imprensa”, en Carta Maior, 25/01/2013.

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3. El gobierno de Dilma Rousseff: entre una visión presidencial “liberal” y las aspiraciones partidarias de reforma A pesar de la continuidad en sus grandes líneas de la política del “equilibrio inestable” -entre las pretensiones petistas de regulación hacia el sector y la conciliación práctica de realpolitik que habían caracteri28 zado al gobierno Lula- el mandato de la presidenta Dilma Rousseff se caracterizaría por ciertas diferencias respecto de la relación tramada con los medios de comunicación.29 Si bien durante el gobierno de Lula, el mercado y la situación de concentración mediática existente no serían alteradas, sí existiría por parte del mandatario en ciertos contextos el trazado de una frontera política (Aboy Carlés, 2010) respecto de los medios como adversarios políticos (Goldstein, 2011). A modo de ejemplo, durante la campaña de 2010, Lula señalaba: la verdad es que nosotros tenemos a nueve o diez familias que dominan toda la comunicación de este país. La verdad es que uno viaja por Brasil y tiene dos o tres familias que son dueñas de los canales de televisión. Y los mismos son los dueños de las radios y los mismos son los dueños de los periódicos”. Además, agregaba que la prensa “debe asumir categóricamente que tiene candidato y partido, dejando de vender una neutrali30 dad disfrazada . 28

Dilma ingresó al gobierno desde su cargo como Ministra de Minas y Energía en el primer mandato de Lula, destacándose por su capacidad técnica y su competencia para componer acuerdos público-privados en el sector eléctrico, lo que la llevó al importante cargo de Jefa de la Casa Civil, en reemplazo de José Dirceu a partir del estallido del “mensalão”. En este nuevo cargo, la economista habría garantizado de modo eficiente la implementación de los Programas de Aceleración del Crecimiento (PAC). El profesor Jean Tible, en una reciente entrevista que le realizamos con motivo de esta investigación (24-03-2014, San Pablo), señala una cuestión fundamental, y es que, a diferencia de Lula, que proviene del sindicalismo del ABC paulista, dónde la negociación resultó una constante en el desarrollo de su carrera política, Dilma ha construido su trayectoria en torno a dos espacios que se han caracterizado por una toma de decisiones verticalistas. Estos son: su participación en una organización armada de izquierda durante la dictadura (VAR-Palmares) y en el Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Lionel Brizola, el cual, por su proveniencia de la tradición varguista, heredó también el verticalismo. Este señalamiento se vuelve trascendente para comprender la diferencia de orígenes políticos y el tipo de liderazgo que encarnan ambos mandatarios.

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Desde inicios de su gobierno, con las exigencias de renuncia a funcionarios y ministros de su equipo gubernamental que se encontraban cuestionados en los medios de prensa por acusaciones de corrupción31, Rousseff demostró su pretensión de establecer una mayor aproximación entre la agenda gubernamental y la agenda trazada por los principales medios de comunicación. En principio, esta iniciativa le permitió a Dilma un aumento de la aprobación de su gobierno. Así como la presidenta pretendía definir su mandato por un mayor énfasis en cuestiones institucionales, su posición “liberal” respecto de los medios de comunicación más importantes formaba parte de ese aditamento institucional que preten32 día adoptar su mandato . Al mismo tiempo, la persistencia de las reivindicaciones históricas del PT por obtener una regulación de los medios se evidenciaron en el 4to Congreso Nacional Extraordinario del partido realizado en 2011, donde la Resolución Política correspondiente señalaba exigencias divergentes respecto del ideario presidencial: Para nosotros, es una cuestión de principio repudiar cualquier intento de censura o restricción a la libertad de prensa. Pero el periodismo amarillo de ciertos medios, que a veces llega a las prácticas ilegales, debe ser responsabilizado cada vez que se falsean los hechos o distorsionan informaciones para calumniar, injuriar o difamar. La inexistencia de una Ley de Prensa, la falta de reglamentación de los artículos de la Constitución que tratan de la propiedad cruzada de los medios, la falta de respe30 31

“Lula rebate acusação de autoritarismo”, O Estado de S. Paulo, 24/09/2010, PA12. Esta iniciativa supuso el alejamiento de varios funcionarios que enfrentaban sospechas de corrupción: el ministro de Agricultura Wagner Rossi, dirigente del PMDB, que se sumaba al ministro de la Presidencia, Antonio Palocci (PT) y el ministro de Transportes Alfredo Nascimento (PR). Las decisiones generaron tensiones al interior de la coalición de gobierno, principalmente respecto de las alianzas que mantiene el PT con el PMDB, que cuenta con el Vicepresidente Michel Temer y con una importante proporción de diputados y senadores. Entendemos aquí cierta concepción política de la mandataria en una pretensión de que el Estado debe preservar la división de los poderes y no entrometerse en una regulación de los medios de comunicación. Es decir, según la tradición liberal, es el mercado y sus propias capacidades el que deberá autorregular la cuestión de los medios en su relación con la sociedad, significando cualquier intromisión estatal en este área atentar contra las libertades de expresión (Waisbord, 2013).

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to a los derechos humanos presente en los medios, el dominio mediático de pocos grupos económicos que restringen la democracia, silencian voces, marginan multitudes crea un clima de imposición de una única versión para Brasil. Es la creciente partidización, la parcialidad, la cobertura de los hechos para sustento del noticiero lo que preocupa a todos los que luchan por medios de comunicación que sean efectivamente democráticos. Por todo eso, el PT lucha por un marco regulatorio capaz de democratizar los medios del país. Las reformas institucionales no estarán completas si no son acompañadas de una más profunda democratización de la comunicación.

Así también, durante 2012, año en que se produjo el juzgamiento por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) del mensalão, el cual generó fuertes críticas de intelectuales y militantes petistas por su “moralización” e involucramiento en la campaña de elecciones municipales, no obtuvo expresiones públicas al respecto por parte de la presidenta, que consideró este juzgamiento como correspondiente al Poder Judicial, sobre el cual no debería haber intromisiones desde su función presidencial. Al no poseer el liderazgo carismático y fundacional de Lula, y al esbozar una línea de mayor conciliación y menos confrontación con los medios de comunicación, en este aspecto las definiciones presidenciales de Dilma generaron tensiones al interior del PT, que posee una historia de importantes reivindicaciones acerca de una “democratización de los medios”. En este sentido, nos señalaba de forma crítica en una entrevista Valter Pomar: “El punto central es que tanto Lula como Dilma no quisieron entrar en una pelea acertada pero difícil contra los medios. Esto se debe, en lo fundamental, a un análisis estratégico equivocado de ambos. En mi opinión, el análisis y la estrategia incorrecta consiste esencialmente en no percibir que concierne al gobierno dirigir el proceso de quiebre del oligopolio. Más allá de eso, añadiría otras opiniones incorrectas al respecto, que ambos, o gente ligada a ellos, ocasionalmente manifiestan: 1. No comprender que la comunicación es un derecho, tanto como la salud y la educación, correspondiéndole por lo tanto al Estado garantizar ese derecho. 2. No comprender que las empresas privadas de comunicación son la dirección ideológica, política y organizativa de la derecha brasileña.

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma 3. No comprender que la estrategia adoptada por la izquierda brasileña sólo tendrá éxito si quebramos el oligopolio de la comunicación. 4. Aceptar la tesis de que el “control social” es igual a la censura. 5. Creer que la universalización de la banda larga permite hacer un bypass en el oligopolio (más o menos como creer que distribuyendo televisiones para todos los brasileños se quiebra el monopolio de la televisión)33.

A diferencia de Lula, que durante las campañas de 2006 y 2011 estableció la mencionada frontera política con los medios de comunicación (Alberto Dines, entrevista), Dilma manifestó una mayor pretensión por lograr un equilibrio de poder sin tensiones con estos sectores. En Febrero de 2011, con motivo del cumplimiento del aniversario de los 90 años del periódico Folha de S. Paulo, la presidenta Rousseff (2011) expresó que “…el gobierno debe saber convivir con las críticas de los periódicos para tener un compromiso real con la democracia”. Además, señaló que en Brasil, con “…una democracia tan nueva, debemos preferir el sonido de las voces críticas de la prensa libre al silencio de las dictaduras”34. En definitiva, el trazado de una estrategia que aspira al equilibrio con los grupos de medios como factores de poder, aspirando a una reducción de las críticas por la no intromisión de iniciativas reguladoras en el sector, parece haber sido la política implementada en grandes trazos por el PT en estos diez años. A pesar de la importancia que cobraron circunstancialmente los llamados provenientes del partido a la “democratización de los medios” durante las distintas crisis políticas, los gobiernos de Lula y Dilma han mantenido firmemente su pretensión de no establecer regulaciones en el mercado. Sin embargo, el “liberalismo” que caracteriza la visión de la actual mandataria ha añadido un mayor obstáculo para las demandas de regulación. Con respecto al tema, Kitzberger (2013: 15) señala:

33 34

Valter Pomar, conversación vía mail, 28/01/2013 y 09/09/2013. “Dilma diz que governo deve conviver com críticas da imprensa”, Folha de S. Paulo, 21/02/2011. Disponible en: http://www1.folha.uol.com.br/folha90anos/879101-dilmadiz-que-governo-deve-conviver-com-criticas-da-imprensa.shtml

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Las políticas de acomodación del gobierno nacido en 2003 se hicieron visibles básicamente en tres dimensiones: primero, en el contraste entre el activismo legislativo (especialmente en la bancada del PT y los demás aliados de izquierda) y la inercia del Poder Ejecutivo; segundo, en la asistencia ofrecida a los grandes medios en el contexto de la crisis financiera; tercero –y más importante por sus consecuencias– en la política de nombramientos en los ministerios y cargos clave.

La dificultad de realizar una reforma en el sistema de medios por parte del gobierno brasileño se remite a la necesidad de garantizar la gobernabilidad y las alianzas parlamentarias con el PMDB. Así, la existencia del denominado “coronelismo electrónico” (Lima, 2006) solidifica vínculos estrechos entre elites políticas y propiedad de los medios de comunicación, un entramado de intereses creados difícil de desarticular. Añade Kitzberger (2013: 13) en este sentido que: Un límite residía en el poder simbólico-comunicativo de los grandes actores mediático-periodísticos, en especial en su capacidad incidir en la relación del gobierno con la opinión pública y la sociedad. Cualquier intento de poner en discusión cualquier clase de regulación del sector implicaba –previsiblemente– una declaración de guerra con los actores que dominaban el campo mediático. De entrada los medios fueron particularmente sensibles y propensos a sobrerreaccionar ante la presencia en el entorno de Lula de figuras, como la de José Dirceu, a las que se ligaba a una ideologizada ‘voluntad de ejercer el control social de los medios’.

El sentimiento por parte de periodistas de los grandes medios de que una regulación significa la pretensión de establecer censura se desprende de lo que nos señalaba quien fuera presidenta de la ANJ (Asociación Nacional de Periódicos) durante el período e importante directiva en la Folha de S. Paulo, Judith Brito, en una entrevista: Así como en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, vivimos el gobierno de Lula en plena libertad de prensa. Pero en el gobierno Lula era evidente el deseo de algunos sectores en el poder de limitar el libre ejercicio del periodismo. A comienzos del gobierno de Lula, por ejemplo, hubo un intento de crear un Consejo Federal de Periodismo, que tendría poderes para in-

Ariel Alejandro Goldstein Medios y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma terferir en la producción periodística. El propio gobierno, con todo, volvió atrás en esa iniciativa, reconociendo su inadecuación. Además, políticos y militantes que apoyaban al gobierno de Lula insistieron mucho en lo que llamaban el “control social de los medios”, pero la verdad es que el gobierno no terminó llevando adelante ninguna propuesta en ese sentido. Ahora, en el gobierno de Dilma, la presidente ha sido muy clara de que no admite ninguna iniciativa contraria al principio mayor y constitucional de la plena libertad de prensa. Ella ha repetido, en distintos momentos: ‘Prefiero el bullicio de la prensa libre al silencio de las dictaduras’.

En cierta medida, puede sostenerse que el gobierno brasileño, una vez recuperado en su capital político luego del mensalão en 2005 a partir del liderazgo presidencial de Lula, con demostrada capacidad en 2006 para sobreponerse a una cobertura adversa de los medios de comunicación, reconstruyó la política de “equilibrio inestable” y priorizó por sobre el activismo mediático una solución de “coexistencia pacífica” que significaba posponer la “amenaza” de la regulación del sistema de medios a cambio de obtener una cobertura menos crítica hacia el gobierno.

Conclusiones Como se ha podido observar en este trabajo, las necesidades de garantizar la gobernabilidad durante los gobiernos de Lula y Dilma en Brasil supusieron que las premisas fundamentales de la política de medios fuesen compartidas por ambos mandatos, con el propósito de evitar un conflicto en espiral con este sector. Sin embargo, resulta importante señalar que mientras Lula entró en ciertas tensiones con los medios de comunicación, particularmente durante las campañas presidenciales de 2006 y 2010, señalándolos desde el discurso político como adversarios, Dilma ha procurado una posición que busca eludir la tensión con estos sectores desde una posición “liberal”, percibiendo el involucramiento del gobierno en iniciativas de regulación hacia los medios como una intromisión en la división de poderes. En definitiva, y como se indica en el apartado anterior, el gobierno brasileño, durante la década petista de Lula y Dilma, una vez alcanzado un nuevo equilibrio propio de un liderazgo presidencial de Lula de alta popularidad, con demostrada capacidad en 2006 para sobreponerse a

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una cobertura adversa de los medios de comunicación, escogió, más allá de cierta iniciativas limitadas, una solución de coexistencia que significaba posponer la “amenaza” de la regulación del sistema de medios a cambio de obtener una cobertura menos crítica del gobierno.

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La tecnología aviónica militar en los conflictos asimétricos: historia, tipos y funciones de los drones letales Makram Haluani* Resumen La aviación militar no-piloteada pronto cumplirá cien años. El uso de drones, o sea vehículos aéreos no-piloteados (VANTs), tanto militares como civiles, se está expandiendo en la medida que se están diseñando y fabricando un sinfín de drones a nivel mundial. El presente ensayo analiza la naturaleza de los conflictos geo-culturales, tanto simétricos como asimétricos. Se definen los drones y se relatan los antecedentes históricos de su uso en tales conflictos. Se estudian los diversos tipos de los drones, sus características tecno-aviónicas, sus funciones y aquellas capacidades que facilitan su utilización precisa y letal en conflictos bélicos por aquellos pasíses que poseen la tecnología y capacidad financiero-industrial correspondiente. Se considera además las implicaciones del futuro uso de los VANTs como armas robóticas. Palabras clave: Drones, funciones militares, conflictos asimétricos.

Military Avionics Technology in Asymmetric Conflicts: History, Types and Functions of Lethal Drones Abstract Military unmanned aviation will soon be a hundred years old. The use of drones, or unmanned aerial vehicles (UAVs), whether military or civilian, is expanding as an endless number of drones are being designed and produced on a global level. This paper analyzes the nature of symmetric as well as asymmetric geo-cultural conflicts. It defines drones and describes the history of their use in *

Profesor Titular (jubilado) de la Universidad Simón Bolívar. Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad Simón Bolívar. mhaluani@usb.ve Recibido: 14-10-2013 ~ ~ ~ Aceptado: 25-03-2014

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such conflicts. The diverse types of drones, their techno-avionic characteristics, their functions and those capacities that facilitate their precise and lethal use in warlike conflicts by countries that possess the corresponding technology and financial-industrial prowess are studied. Furthermore, implications for the future use of drones as robotic weapons are considered. Keywords: Drones, military functions, asymmetric conflicts.

Introducción La aviación militar no-piloteada, o sea el diseño y uso militar de aeronaves volando por control mecatrónico y radial remoto, pronto cumplirá cien años. En 1916 fue contratado el profesor Archibald Low por el recién formado Ministerio del Aire británico para desarrollar defensas contra los dirigibles alemanes Zeppelins; asimismo se diseñó el primer avión por control radial destinado a funcionar como torpedo aéreo para derribar a los Zeppelins. Aunque ese primer prototipo de un avión no-piloteado resultó un fracaso total desde su etapa experimental, la idea de controlar y usar aparatos voladores por ondas radiales, sin pilotos y a distancia segura, ya se inauguró científicamente en aquel año. Tanto el fracaso de su primero vuelo como el armisticio de la I Guerra Mundial pusieron un indigno y prematuro fin al prototipo AT (Aerial Target) de madera y estaño del inventivo profesor Low, quien probablemente se inspiró en el intento del ejército austríaco en agosto de 1849 de subyugar a la revoltosa República Veneciana atacándola desde el mar con globos de aire caliente cargando explosivos, mas no hombres, a bordo. El concepto austríaco preveía usar un cable de cobre aislado para transmitir pulsos electromagnéticos que desacoplarían las bombas de los cinco globos. Aunque ni los globos austríacos ni el avión AT del profesor Low calificarían hoy por hoy como Vehículos Aéreos No-Tripulados (VANTs o drones) o Sistemas Aéreos Autónomos (SAAs), fueron definitivamente importantes precedentes de los hoy conocidos como sistemas aéreos por control remoto, contemporáneamente dominados por la ciencia mecatrónica y radial moderna, cada vez más sofisticada y variada en su concepto, diseño, multifuncionalidad, producción y usos. La mecatrónica moderna, de acuñación originalmente japonesa de los años 1960, implica conceptual y prácticamente integrar lo físico-mecánico con lo electrónico-digital mediante elementos informático-computacionales para crear funciones ma-

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nejables indirectamente por humanos, es decir por control remoto. La mecatrónica fusiona la ingeniería mecánica, la electrónica, la informática y la de control para diseñar y producir sistemas inteligentes que desempeñan diversas funciones, dirigidas y controladas por humanos. La definición más aceptada de la mecatrónica es aquella del ingeniero Jan A. Rietdijk (1989) la combinación sinérgica de la ingeniería mecánica de precisión, de la electrónica, del control automático y de los sistemas para el diseño de productos y procesos. La mecatrónica es por ende una ciencia multidisciplinaria que aspira perfeccionar el control integrado, remoto y algorítmico/computacional de sistemas físicos, a fin de realizar tareas deseadas y a distancia, que por diversas razones son peligrosas para los humanos. Vale diferenciar desde un principio que el control radial y mecatrónico no implica necesariamente que se trate de sistemas robóticos, o sea autónomos. Tales sistemas indican por lo general que ellos se dirigen y se controlan a sí mismos durante el desempeño de las tareas asignadas. Los sistemas totalmente robótico-autónomos, ya sean aéreos, terrestres o marítimos y especialmente aquellos de uso militar, todavía no existen, ya que siempre requieren de algún grado de control humano para regular, vigilar y comprobar la adhesión de su funcionamiento a los objetivos previstos. Es por ello que el presente ensayo se enfoca en vislumbrar las características, funciones, y usos de los mismos de vehículos voladores no-tripulados y operados por control remoto, es decir VANTs, y no de aquellos autónomo-robóticos, o sea los SAAs, en conflictos geo-culturales asimétricos. Así que, no obstante, la aparente similitud tecnológica entre los SAAs y los VANTs, existe un detalle técnico que favorece una diferenciación básica y vital entre los SAAs de los VANTs, en el sentido de que los SAAs presumen un sistema de despegue, vuelo, actuación y aterrizaje completamente autónomo, es decir tipo robótico e “inteligente”, condición mecatrónica todavía no existente operativamente hasta ahora en ningún país. Dada la circunstancia que todos los SAAs conocidos son tele-operados y guiados por humanos (“human in the loop”), para efectos de unificar los términos conceptuales de este ensayo utilizaremos de aquí en adelante el término VANTs, o sea drones, y no SAAs. Es obvio que los primeros esfuerzos de 1849 y de 1916 para desempeñar funciones físicas por control eléctrico-remoto nacieron de una necesidad militar imperiosa, es decir de destruir objetivos hostiles a dis-

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tancia segura y sin mayor riesgo para sus respectivos protagonistas. Ambos nacieron del concepto militar de que la victoria en una guerra no se decide por aquel combatiente que dispara de primero, sino que termina a favor de aquel que dispara de último, de modo preciso y acertadamente, imponiéndose con el menor daño posible. La mecatrónica moderna, en especial aquella representada por la aviación militar no-piloteada de alta precisión, notoriamente encarnada por los drones armados de los Estados Unidos, apoyados por sus sistemas de inteligencia, observación y seguimiento electrónicos y humanos, subraya dramáticamente la continuación de la tendencia histórica de que la determinación de los avances científicos le deba mucho, o quizás demasiado, a las necesidades militares, tanto estratégicas como tácticas. Los VANTs armados volando contra selectos individuos y grupos “enemigos” ubicados y operando a gran distancia, lograron imponerse como arma multifuncional, precisa y letal (y cuestionablemente legal) en formato tanto estratégico como táctico, causando consecuencias de diversa clase para todas las partes involucradas y afectadas. A raíz de esa descripción de un VANT surge la interrogante en cuanto a la diferencia entre este y un misil cualquiera, incluyendo el de tipo crucero. La respuesta es que un misil de cualquier tipo, una vez lanzado, no es posible desviarlo de su trayectoria pre-determinada o recuperarlo, ya que por el carácter de su misión única y “suicida” un misil también se destruye al impactar en su blanco, asumiendo que lo alcance. Por otra parte, se puede interrumpir el vuelo de un misil al activar el detonador del explosivo, mecanismo previsto para abortar su vuelo en caso de una emergencia, pero ello significa su pérdida irrecuperable. Un VANT en cambio es de múltiple uso en repetidas ocasiones, en diferentes teatros geográficos, y sin atarse a alguna base militar en particular. Tomando como referencia operativa los drones militares actualmente en uso por los Estados Unidos, sus centros de operaciones puede ser alguna de las más de 60 bases militares en los Estados Unidos (Public Intelligence, 2012), o en cualquiera de sus 1.077 bases militares alrededor del planeta, o en una base militar de sus aliados (Arabia Saudita), en un avión, o en un barco en aguas internacionales. De allí que, operar drones en misiones militares no tiene por que contar con restricciones geográficas para los Estados Unidos o cualquier otra potencia que ha desarrollado esta capacidad tecnológico-mecatrónica de operar drones a distancia cómoda y segura.

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Los VANTs se producen en diferentes tipos (aviones o helicópteros), tamaños, propulsión (de hélices o a reacción), capacidades de vuelo (techo, velocidad y duración de vuelo), carga, memoria computacional para recopilar, almacenar y transmitir datos, alcance geográfico de su transmisión, manejo (terrestre o por otros VANTs), y usos (uni- o multifuncional, táctico o estratégico, civil, policial, rescate, y/o militar, reconocimiento, observación, seguimiento, control, recolectar inteligencia o para operativos de ataques militares y/o de ejecución extra-judicial). La variedad de tipos, funciones y capacidades de los VANTs que hoy por hoy existe a nivel mundial justifica calificar este moderno campo mecatrónico como un mundo de posibilidades aviónicas y tecnológicas aparte (Unmanned Aerial Vehicle Systems Association, 2012).

1. Los conflictos geo-culturales simétricos y asimétricos Los conflictos suelen categorizarse de numerosos modos. Existe la modalidad política, geopolítica, territorial, social, cultural, grupal, interpersonal, y, ciertamente la más notoria y citada, el modo militar. Los conflictos se estudian por la cantidad, intenciones y capacidades conflictivas de las partes involucradas; también por su dinámica, duración e intensidad, uso o no de violencia física o estructural, así como por sus implicaciones de corto, mediano y largo plazo sobre su entorno inmediato. Cierto es que todo conflicto se estudia mediante la perspectiva del tiempo, del espacio, de los objetivos y capacidades de sus respectivos actores, resumiéndose en las tres Pes: persona, problema y proceso (Barsh & Webel, 2008; Lederach, 1998; Coser, 1956). Un conflicto asimétrico típicamente se presenta al enfrentarse dos o más adversarios de diversas y desiguales capacidades, especialmente tecno-militares, donde pueden involucrarse grupos no-estatales, es decir grupos sub-nacionales, combatiendo a países y estados, y hasta posiblemente ganando en esos conflictos (Gentry, 2011; Thornton, 2007; Record, 2007; Arreguin-Toft, 2005; Mack, 1975). Cada conflicto se materializa en algún espacio determinado, inclusive el virtual-digital. Aquellos conflictos determinados por específicos aspectos espaciales, o sea geográficos, reciben la etiqueta “geo” para distinguirlos de aquellos conflictos que no son necesariamente determinados por algún aspecto espacial particular, como “las guerras cibernéticas” actualmente vigentes. Un conflicto geo-cultural involucra necesaria y defini-

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cionalmente las variables cultura y territorio, siendo en principio cada una de esas variables conceptual y analíticamente independiente de las otras. No obstante, tal independencia conceptual y analítica, ninguna cultura nace, madura, se expande o desvanece independientemente de su respectivo entorno físico-geográfico ambiental inmediato. De allí que cultura y espacio geográfico pueden investigarse solamente hasta cierto punto como entidades diferentes. De allí que para entender plenamente la naturaleza y las diversas y complejas dimensiones de cada uno de ellos, hay que examinar su constante e intrínseca, inter-activa relación. La geo-cultura ha venido desarrollándose en las últimas cuatro décadas como un campo académico multidisciplinario respetado, yendo más allá de los cinco geo-centrismos que se han destacado anteriormente como una combinación entre los elementos étnico-raciales por un lado y, sus respectivos entornos geográficos y culturales inmediatos y determinantes por el otro, es decir el Afrocentrismo, Americentrismo, Eurocentrismo, Indocentrismo y el Sinocentrismo (Shohat & Stam, 1994; Ankerl, 2000; Reynolds, 1987). Desde sus inicios en los años 1970, la antropología cultural ha ido más allá de estudiar los sistemas de valores y actitudes de determinados grupos étnicos, incorporando todo componente que contribuye directa o indirectamente a la creación y el desarrollo de tales sistemas, incluyendo el medio ambiente, economía, tecnología disponible y geopolítica local y regional. Por otra parte, el concepto de la geo-cultura en sus inicios formaba parte de la teoría del sistema-mundo, elaborado por Immanuel Wallerstein (1994: 93), habiéndola definido como “…normas y modalidades de discurso ampliamente aceptadas como legítimas dentro del sistema-mundo…”, pero que tal cultura no se crea automáticamente al desarrollarse un determinado sistema-mundo, sino “…más bien tiene que crearse aparte del mismo…” (Wallerstein, 1994: 93). El surgimiento de geo-culturas modernas en el sentido wallersteiniano se explica en términos de relaciones sociales y debates dentro de los espectros ideológicos usuales, de los movimientos sociales anti-sistémicos y anti-globalización, y en la separación epistemológico-disciplinaria entre las ciencias duras y las humanísticas. No obstante, las dos concepciones anteriormente presentadas de la geo-cultura: la antropológica y la del sistema-mundo, la definición de una esfera geo-cultural como se manejará conceptualmente para efectos de este ensayo no obedece ni a la concepción antropológica ni a la wa-

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llersteiniana. Una geo-cultura se entiende aquí como una determinada esfera territorial definida en su desarrollo político, socio-económico, etnocultural-religioso y tecnológico-industrial por una población perteneciente mayormente a una determinada historia y composición actual etno-social y/o cultural-religioso. En este sentido, nuestro concepto de una geo-cultura es más socio-cultural y físico-ambiental en sus dimensiones funcionales, tradicionales y empíricas. Un escenario territorial geo-cultural corresponde por ende, y para efectos de nuestro ensayo, a un Estado dado, a parte(s) del mismo, o a una región, compartido por dos o más Estados, con características históricas, socio-culturales y etno-religiosas mutuas y considerablemente definidas e inconfundiblemente representativas de (al menos la mayoría de) la respectiva población. De acuerdo a esta definición, se puede argumentar que el planeta entero está constituido por entornos geo-culturales existiendo territorialmente o contiguos, concéntricos, o, como es el caso a menudo, solapados. Un conflicto geo-cultural puede también definirse como una determinada esfera territorial marcada por tensiones etno-religiosas y/o socio-culturales de diversa forma, alcance, intensidad, y frecuencia. Un tal conflicto puede ser actual o latente, violento, inter-estatal (guerra civil), intra-estatal, involucrando gobiernos o solamente entre la población, simétrico o asimétrico. Precisamente porque una esfera geo-cultural conflictiva abarca un territorio dado, los conflictos geo-culturales suelen llamarse igualmente conflictos geopolíticos, considerando el obvio y significativo ingrediente geopolítico que se engrana de modo conflictivo con los factores etno-religiosos y/o socio-culturales que predominan en la misma esfera geográfica. De allí que todos los aproximadamente 42 conflictos geo-culturales armados que siguen vigentes alrededor del planeta y a los cuales se refieren como conflictos geopolíticos, mayormente asimétricos, son también conflictos geo-culturales, ya que involucran invariablemente fuertes componentes socio-culturales de índole étnica, religiosa y lingüística (Nobel Prize Organization, 2013; Reverson, & Mahoney-Norris, 2011). Términos “técnicos” como balcanización, irredentismo, segregación, separatismo o apartheid suelen aplicarse a menudo para describir y analizar la naturaleza y el alcance de conflictos geo-culturales, recalcando la imposibilidad de separar lo geográfico de lo cultural en lo que a conflictos geopolíticos se refiere.

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El concepto de un conflicto geo-cultural, tal como se entiende en este ensayo, pone énfasis por igual tanto en lo geográfico como en lo cultural, pero sin ignorar otros factores de suma relevancia moderna, tal como lo son la globalización de la economía y finanzas internacionales, el intensivo e invasivo uso de la tecnologización digitalizada, las migraciones transnacionales, los cambios en los valores tradicionales, la masificación de la comunicación inter-personal e inter-grupal, tanto nacional como transnacional. Son innegables los imponentes y duraderos efectos que ejerce la geografía, o sea la ubicación física de un dado país o sector societario, sobre su aculturación, su ideologización, sus actuación geopolítica regional y global, así como sobre sus relaciones socio-culturales con países u otros grupos societarios (Kaplan, 2012; De Blij, 2010; Rubenstein, 2010; Bonnemaison, 2005). La alta sofisticación y complejidad horizontal y vertical de las relaciones internacionales contemporáneas crea condiciones favorables a rivalidades, ya sean suaves o agudas, de índole socio-cultural (Tickner & Blaney, 2012; Moïsi, 2009; Anheier & Raj Isar, 2007). Agregándole a esos efectos el natural y fuerte apego que países y sectores societarios manifiestan referente a sus particulares valores históricos, religiosos, étnicos y/o lingüísticos, se observa que lo que más incita conflictos geo-culturales son percepciones de eminentes amenazas, ya sean reales o imaginadas, justificadas o no, contra el propio sistema de valores socio-culturales, generando actitudes hostiles que frecuentemente y bajo ciertas condiciones conducen a conflictos armados y prolongados, tanto simétricos como asimétricos. Conflictos geo-culturales nacen de diversos factores, comenzando principalmente por el psicológico-emotivo-individual local, que rápidamente trasciende al nivel grupal nacional, regional y luego global. Todo individuo, ansioso por satisfacer sus necesidades básicas, contar con una identidad, tener un sentido de misión en su vida, sentir confianza, pertenecer a un determinado grupo, tener visión de un futuro seguro y estable, así como asegurar sus exigencias económico-materiales diarias y estratégicas, percibirá cualquier perjuicio, real o imaginario, a esas legítimas expectativas como una amenaza. Los sentimientos de esperanza y miedo dominan por lo general esas expectativas y la impulsan (por esperanza) o la disuaden (por miedo). De allí que los sentimientos y actitudes de odio, resentimiento, ira, agresividad y hasta violencia física directa no tardarían en producirse al sentirse frustraciones de ver tales expec-

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tativas inicial o permanentemente estancadas o inclusive frustradas totalmente por intolerancia, hostilidad o por represiones culturales. La esperanza de cumplir expectativas culturales es una importante base de la felicidad y tranquilidad humana, ya sea individual, colectiva, nacional o global (Moïsi, 2009). La frustración cultural a nivel individual y grupal, conduce, bajo condiciones favorables, a sentimientos de resentimiento, odio y hasta radicalización extremista (violencia física directa) contra las percibidas fuentes de tal frustración. El concreto tema de la simetría o asimetría de los conflictos geo-culturales constituye un importante factor en el análisis del alcance geográfico, de la durabilidad, intensidad, frecuencia y trascendencia de tales conflictos. Simetría indica por lo general igualdad de condiciones en sus parámetros generales, sin considerar necesariamente los componentes internos cuantitativos y cualitativos de las partes involucradas. Así que el conflicto simétrico entre dos países o entre conjuntos de países aproximadamente iguales en capacidades cuantitativas y cualitativas, es decir de lo que suele llamarse la masa crítica de un determinado país, se considera sólo una rivalidad sin alta probabilidad o posibilidad de transformarse automáticamente en un conflicto abierto, duradero y armado. Por otra parte, la asimetría alude a la desigualdad en condiciones numéricas y capacidades cualitativas de los contrincantes. Situaciones de enfrentamientos entre grupos altamente organizados y capacitados por un lado, como gobiernos establecidos y ejércitos clásicos, y grupos de individuos relativamente reducidos en cantidad y pobremente armados por el otro, como guerrilleros, milicianos o paramilitares, representan ciertamente conflictos asimétricos (Scahill, 2013; Brooker, 2010; Callwell, 2009; Hammes, 2006; Taber, 2002; Rupesinghe, 1992). Aunque se habla en los círculos mediáticos frecuente, y ciertamente injusta e injustificadamente, de “culturas superiores” y otras “inferiores”, toda cultura tiene todos los ingredientes de actuar como un “poder suave”, ejerciendo cierta atracción psicológica directa en su entorno inmediato e indirecta mediante las telecomunicaciones y las conexiones virtuales globales (WorldWideWeb=Internet), que termina dándole ciertas ventajas, inclusive políticas, económicas, sociales y/o tecnológicas, a su país o grupo social protagonista. Como un patente ejemplo del “poder suave” de una cultura se puede mencionar el idioma. El idioma chino (en sus diversos dialectos) se habla por unos 1,34 millardos de personas,

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dentro y fuera de China, mientras que los que hablan el inglés como idioma materno no pasan de 500 millones. No obstante, esa asimetría demográfico-lingüística, el 68% del contenido del Internet es en inglés, mientras que el chino domina tan solo el 4% de ese contenido. Pero considerando la cuasi-igualdad de condiciones y capacidades de toda índole entre la China Popular por un lado y, el bloque anglo-parlante por el otro, se puede decir que la rivalidad lingüístico-asimétrica anglo-sino no llegará a ser un conflicto geo-cultural asimétrico global, sino más bien simétrico, aunque duradero y potencialmente perjudicial a las relaciones políticas, económicas, y culturales entre esos dos “rivales suaves”.

2. Definición y antecedentes históricos de los VANTs y de su uso en conflictos militares Un VANT se define como un vehículo aéreo no-tripulado, cuyo vuelo es controlado por computadoras a bordo y por sistemas y procesos mecatrónicos operados por humanos desde una base terrestre, marítima u otra aérea, es decir o por un avión tripulado u otro dron “master” (Fahlstrom & Gleason, 2012; Barnhart, 2011; Austin, 2010; Valavanis et al., 2009; Newcome, 2004; Chapman, 2002). Un VANT, independientemente de sus múltiples modalidades y funciones, es un aparato volador cualquiera, pero de características tecnológicas y mecatrónicas muy particulares, dado el hecho que no está controlado en sitio por un humano. La historia de la aviación, mejor dicho de los conocimientos aviónicos y aerodinámicos, evidencia los notables esfuerzos de decenas de hombres y mujeres que han concebido, diseñado y/o construido aparatos voladores, intentando realizar el sueño de la humanidad de imitar y competir con los pájaros. Lo que la naturaleza no le ha concedido al hombre, es decir la capacidad natural de volar, se ha intentado valiente y repetidamente adquirir y mejorar por vía de la tecnología, ya sea primitiva o moderna, desde los tiempos del griego Arquitas y luego el otomano Hezârfen Ahmed Çelebi hasta el español Juan de la Cuerva, pasando por el inglés George Cayley, el francés Jean-Marie Le Bris, el alemán Otto Linlienthal, y los hermanos norteamericanos Orville y Wilbur Wright (Flying Machines Organization, 2012). Toda innovación nace imperfecta como producto de una necesidad, pero pronto su adquiere propia dinámica y al perfeccionarse nunca

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se vuelve huérfana por la cantidad de padres y madres que la reclaman suya. Los VANTs militares no son una excepción y tienen su historia. La misma encaja en la necesidad militar de no arriesgar la vida de soldados y combatientes, sacar ventajas del efecto de la sorpresa y tomar una decisiva y exitosa iniciativa. Aparte de los “globos bombarderos” austríacos contra Venecia de 1849 y quizás inspirado por los mismos, se sabe que durante la guerra civil norteamericana el ejército de la Unión norteña patentó un globo semejante, cargado de explosivos y diseñado para que fueran descargados sobre posiciones del ejército de la Confederación sureña mediante un mecanismo de acción retardada para abrir el compartimiento de los explosivos. Pero las impredecibles condiciones climáticas nunca permitían una estimación correcta y confiable del tiempo que se necesitaba para activar oportunamente el mecanismo de acción retardada, razón que impedía usar ese primer VANT como el primer bombardero aéreo no-piloteado estadounidense del siglo XIX. Entre los primeros aparatos experimentales voladores que califican como VANTs se menciona el “Carruaje Aéreo a Vapor” (Aerial Steam Carriage), construido en 1848 por los ingleses John Stringfellow y William Henson. Este modelo de hélice de 3 metros de ala voló tan solo 60 metros, suficiente para entrar en la historia de la aviación como aparato volador no-guiado. El segundo modelo, esta vez un triplano, de Stringfellow y Henson también logró volar brevemente en 1868 controlado por un cable electro-magnético. Por su parte, el norteamericano Samuel Langley construyó su “Aerodome Number 5,” igualmente con un motor a vapor, en 1896, demostró su capacidad de vuelo por un poco más de un kilómetro sobre el río Potomac (Draganfly, 2012). Aparte de esos intentos y modelos voladores no-tripulados, los globos representaban en el siglo XIX los únicos otros VANTs disponibles. El francés Gaspard-Félix Tournachon (“Nadar”) utilizó en 1858 un globo para tomar fotografías de la aldea Petit Bicetre cerca de Paris a 80 metros de altura. Y aunque se perdieron aquellas primeras fotografías aéreas, los norteamericanos James W. Black y Samuel A. King se consideran como los seguidores de Tournachon al tomarle las primeras imágenes aéreas de la ciudad de Boston en 1860, igualmente desde un globo a unos 600 metros de altura (Aerial Arts, 2012). Luego fue el inglés Henry Negretti que tomó fotografías en 1863 de Londres desde un globo. Si se califica papagayos también como VANTs, se puede afirmar que el meteorólogo inglés E.

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D. Archibald llegó a ser el primero en tomarle fotografías a Londres en 1883 desde un papagayo especialmente construido para ese propósito, activando la cámara montada en el papagayo con un cable (Sky Eye Aerial Photography Ltd., 2012). Esa misma técnica fue utilizada por el cabo estadounidense William Eddy durante la guerra contra España en 1898 para fotografiar las posiciones españolas (Fahlstrom & Gleason, 2012). Vale mencionar en este contexto también los esfuerzos de otros inventores e innovadores tecnológicos, en particular de Nicola Tesla, en promover la viabilidad tecnológica de controlar aviones remota y radialmente. El norteamericano de origen croata Nicola Tesla se destacó ya para 1898 al presentar su “Telautomaton”, un pequeño bote metálico dirigido por señales electro-radiales para su uso como torpedo dirigido remotamente (Newcome, 2004). Sin embargo, y pese al comienzo de la guerra entre España y los Estados Unidos, ni el público en general ni los militares en particular reconocieron el valioso potencial militar del concepto detrás del artefacto de Nicola Tesla y el “Telautomaton” pasó en ese momento al olvido científico. Fue la época en que la aviación comenzó a captar el interés de innovadores aerodinámicos y de militares por aviones tanto tripulados como no-tripulados. Además de prototipos voladores a vapor, globos y papagayos, también se construyeron cohetes como VANTs para uso fotográfico. El célebre inventor sueco Alfred Nobel logró una fotografía tomada desde un cohete sobre su país natal en 1897, anotando otro capítulo exitoso en el uso fotográfico de un VANT (Professional Aerial Photographers’ Association, 2012). Luego fue la I Guerra Mundial la que impulsó el diseño de VANTs para diversas funciones militares, entre las cuales fue el anteriormente señalado AT del inglés Low de 1916. De allí surgió el modelo “Aeroplano Automático” (AA) de los ingenieros norteamericanos Peter Hewitt y Lawrence Sperry, utilizando por primera vez un giroscopio para estabilizar su vuelo. El AA fue concebido en 1916 como un torpedo aéreo o señuelo, a ser lanzado desde un avión piloteado. Con la entrada de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial en abril de 1917, la “bomba voladora” de Hewlitt-Sperry se destinaba a usarse por la Armada contra las bases de submarinos alemanes. Un modelo avanzado de la “bomba voladora”, designada ahora como Modelo Curtiss-Sperry, experimentó su primer vuelo exitoso, mas sin control radial, en marzo de 1918.

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Pero los fallos en otros vuelos de esta revolucionaria arma y el fin de la I Guerra Mundial en noviembre de 1918 terminaron su desarrollo como tal. Paralelamente, el ejército norteamericano experimentaba con un modesto éxito con el modelo propuesto por Charles Kettering, llamado el “Torpedo Aéreo”, y también el “Kettering Bug.” Ambos modelos se consideran los verdaderos precursores de los modernos VANTs tipo misiles cruceros, así como representantes de aquella primera generación de drones, aunque volaron sin control radial. En 1922 se lanzó por primera vez un VANT tipo RAE 1921 Target desde el portaaviones británico Argus, marcando historia en cuanto a los drones marítimos. Dos años después en Inglaterra, el mismo tipo de VANT vuela por primera vez en la historia con control remoto radial y por 39 minutos. En 1933 vuelven los ingleses a hacer historia dronal al usar por primera vez un VANT como blanco para artillería anti-aérea en el Mediterráneo (Arjomandi, 2007; Nova/Public Broadcasting Service, 2013).

3. Inicios del dominio dronal estadounidense Es importante anotar que la noción de un ser humano volando siempre fue acompañada por la necesidad de controlar tal vuelo directamente y en sitio. Volar fue siempre entendido como una necesidad para superar distancias más rápidamente, además de representar un privilegio, un deleite y una gloria. De allí que el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados después de la I Guerra Mundial se enfocó exclusivamente en producir VANTs como “blancos voladores” para entrenar pilotos en mejorar su puntería al dispararle a aviones enemigos, como el Queen Bee británico de los años 1930, guiado por control radial, y el célebre “Radioplane-1” del estadounidense Reginald Leigh Denny de 1935. La II Guerra Mundial impulsó nuevamente el uso de VANTs en diversas formas y para varias funciones, más allá de ejercicios de entrenamiento militar. Los alemanes desarrollaron en 1942-44 exitosamente sus “armas de venganza”, o sea los cohetes V-1 y V-2, así como las “bombas planeadoras” Henschel Hs 293 y Fritz-X, radialmente dirigidas, resultando ser los primeros VANTs europeos armados en la historia. Los japoneses enviaron en 1944, y sin control ninguno, 9.300 globos “Fu-Go” de aire caliente no-tripulados hacia las costas occidentales de los Estados Unidos, diseñados para descargar sus explosivos al llegar allí. Dada la enorme dificultad que tuvo la inteligencia militar japonesa en evaluar confiablemente el efecto destructivo de esos VANTs noguiados, el proyecto fue abandonado un mes después de iniciado.

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Igualmente en la II Guerra Mundial, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició la segunda generación de VANTs, esta vez armados, al lanzar la “Operación Aphrodite”, proyectada para usar aviones B-17 y PBY como bombas voladoras, dirigidas en la última trayectoria de su vuelo por control radial, hacia los bunkers de los submarinos alemanes como “Kamikazes no-tripulados” (Miller, 2007). Pese a que esta operación no tuvo, por malfuncionamientos técnicos, el éxito deseado en sus 14 misiones, su concepto dio origen al paradigma de “armas guiadas de alta precisión,” bombas inteligentes,” y “drones”. Por su parte, la Armada de los Estados Unidos desarrolló la “Operación Opción,” también para usar drones armados como bombas voladoras contra la armada japonesa (Zaloga, 2008; Newcome, 2004). Aunque la idea de usar “drones de ataques” se planteó en 1936, la tecnología aviónica y radial disponible para entonces no permitió proseguir con ese concepto. Fue en 1944 que se pudieron usar unos 180 aviones Interstate TDR y BQ-4 como “bombas inteligentes,” con radio altímetro y cámaras de televisión a bordo, permitiéndole al avión controlador observar y guiar a distancia la trayectoria de los TDRs. Fue después del primer vuelo del dron Black Widow en 1946 en misión científico-meteorológica que nació la tercera generación de VANTs en los años 1950 en los Estados Unidos. Para entonces se habían adelantado considerablemente los diseños y la producción de sus sistemas de propulsión y de control de vuelo, paralelamente a la voluntad política al más alto nivel de ampliar los parámetros del uso de drones en conflictos militares en forma más estratégica que táctica. Por primera vez se voló (SD-1 Falconer/Observer) por control radial y en servicio de reconocimiento en 1955. Al iniciarse la Guerra Fría en 1948, los Estados Unidos ya contaban con la Unión Soviética como enemigo estratégico. En 1954 se resolvió usar globos de aire caliente para volar a unos 27 kilómetros de altura sobre la Unión Soviética en aras de recopilar inteligencia sobre esa potencia. No obstante ese esfuerzo, el éxito del proyecto Gopher (luego llamado Genetrix), puesto en marcha en enero de 1956, fue decepcionante, ya que los 516 globos usados, lanzados desde Europa Occidental y Turquía, no eran controlados por ningún método. Se esperaba que los globos cayeran en territorio de países amigables para recuperar las cámaras instaladas a bordo. Pero sólo se pudieron recuperar unas 40 cámaras, cuyas fotos mostraban mayoritariamente imágenes de praderas rusas y nubes, resultando en la suspensión de Genetrix al mes de su estreno

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(Schwartz, 1998). En 1960 se hizo otra vez historia al realizarse el primer vuelo autónomo, es decir sin control remoto radial, del dron Gyrodyne. Hasta ese momento los VANTs se concibieron como arma militar en conflictos geopolíticos simétricos, como los eran la II Guerra Mundial, la guerra de Corea y la misma Guerra Fría. Al presentarse el primer conflicto asimétrico, de índole tanto geopolítica como geo-cultural, la guerra de Vietnam, el uso diversificado y masivo de los VANTs estadounidenses, ahora avanzados mecatrónicamente y con motores a reacción, no tardó en materializarse. Por la naturaleza y modo de resistencia irregular guerrillera norvietnamita, se hizo crecientemente imperiosa la necesidad de emplear drones para funciones más de reconocimiento que de bombardeos de alta precisión. Se estima que se realizaron más de 34.000 vuelos de reconocimiento sobre Vietnam del Norte y China por los VANTs AQM34 Ryan Firebee I y Lightning Bug, lanzados por aviones tripulados y controlados enteramente por los mismos (Singh, 1988; Ehrhard, 2010). El Firebee se destacó por ser el primer dron equipado con una cámara de televisión para transmisiones directas en tiempo real a los centros de mando, habiendo sido el japonés estadounidense Norman Sakamoto el padre de esa innovación. Aparte de esos dos exitosos modelos de VANTs, se desarrolló por los Estados Unidos el dron D-21, también para tareas de reconocimiento. Ese VANT supersónico (Mach 3+) y de alto vuelo fue diseñado específicamente para vigilar los esfuerzos de China Popular en materia de armamento nuclear, pero sus múltiples problemas técnicos abortaron su producción en 1971.

4. La introducción del factor Israel en la industria globalizada de VANTs En 1973, el conflicto simétrico árabe-israelí de Yom Kippur inauguró la cuarta generación de VANTs y consagró a Israel como el único país además de los Estados Unidos que se haya destacado como pionero en el diseño y la producción de VANTs militares. La guerra de atrición alrededor del Canal de Suez entre Israel y Egipto en los años 1969-70 habían impulsado el interés de Israel en mejorar su capacidad de reconocimiento aéreo, tanto estratégico como táctico. Los militares israelíes escucharon con gran interés las presentaciones secretas de sus homólogos estadounidenses en Nuevo México acerca del éxito operativo de los drones sobre

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Vietnam del Norte y decidieron a raíz de esta información adquirir una docena de Firebees (McDaid & Oliver, 1997). Sin embargo, las necesidades y urgencias militares muy particulares de Israel en su conflicto con los países árabes y la existencia de una propia y adecuada base científico-técnico-industrial en Israel contribuyeron decisivamente a estimular la creación de una autóctona y avanzada industria dronal israelí que hasta la fecha no ha perdido su ventaja en innovaciones y desarrollo mecatrónico en este campo. La guerra de Yom Kippur estrenó el uso de los VANTs israelíes en combate táctico, usando exitosamente los modelos norteamericanos Firebee y Chukar (Yenne, 2004; Gloria Center, 2010). Para 1974 las empresas israelíes Israeli Aircraft Industries (IAI) y Taliran producían los sistemas aéreos no-tripulados Mastiff y Scout y más tarde el Pioneer, producto de la inventiva de ingenieros aeronáuticos como Evan Ellis, Yehuda Manor y Abraham Karem. Eran aviones de hélices, ligeros y con cámaras de televisión para transmitir imágenes de video de 360° en vivo y en directo, aumentando así su utilidad para observar y monitorear escenas de batallas limitadas en su alcance geográfico y duración. Su tamaño pequeño los expone menos a fuego enemigo y los hace económicamente viables (Yenne, 2004). En esa misma conflagración los israelíes usaron los Ryan Fierbees norteamericanos, resaltando la necesidad de combinar la función estratégica con aquella táctica de los drones modernos. Más tarde, y a unos 5.500 kilómetros de Israel, Sudáfrica utilizó el modelo Scout en su operativo militar “Proteoa” en Angola, demostrando que el uso militar-táctico efectivo de la tecnología mecatrónica es factible para todo teatro de operaciones militares (Zolaga, 2008). De esa manera, comenzó en la década de los 1980 el interés por parte de numerosos países en los drones militares para tareas tácticas de observación, seguimiento e inteligencia. Vale recalcar en este contexto que hasta esos momentos, todos los VANTs, tanto bajo diseño, en producción y/o en uso activo militar, no preveían contar con armas, ya sean metralletas, bombas guiadas o de libre caída, y/o misiles a bordo. Sin embargo, y por su uso táctico-práctico en combates, ya sean simétricos o asimétricos, todo VANT, con armas o no a bordo, se vuelve de facto un vehículo aéreo de combate no-tripulado, es decir un VACoNT. Irán dio el segundo ejemplo histórico en esta tendencia al usar VANTs, tanto por su ejército como por su armada, en su guerra contra Irak de 1980-1988, al

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montar cargas explosivas tipo RPG-7 en varios de sus VANTs contra las unidades iraquíes (Haghshenass, 2008). Aunque se puede argumentar en principio que todo VANT en servicio y función militar activa equivale en su esencia tecno-aérea y actuación militar, tanto táctica como estratégica, letal o no-letal, a un VACoNT, no se puede considerar en el presente ensayo a los VANTs como VACoNTs, ya que ésos últimos siguen en fases de diseño y de experimentación y ninguno de sus tipos ha entrado hasta la fecha en ningún país en servicio de combate militar. En su guerra contra el Líbano en junio de 1982, los israelíes usaron los drones Mastiff y Scout nuevamente en apoyo a combates aéreos directos, básicamente como señuelos y para misiones de reconocimiento, para efectivamente neutralizar el intento de Siria de intervenir militarmente. Los VANTs se ganaron así más simpatizantes y admiradores en los sectores industriales y militares más allá de los Estados Unidos, silenciando hasta los más escépticos en el seno del alto mando militar en cuanto a la utilidad tanto estratégica como táctica de los VANTs. En aquel momento, el ingeniero y ex-oficial de la Fuerza Aérea israelí Abraham Karem, también conocido como el “padre de los drones,” ya estaba desde 1977 en los Estados Unidos, habiendo fundado allí su empresa Leading Systems y concentrándose en producir drones eficaces en lo que a sus funciones, capacidades y costos respecta (Finn, 2011), con el apoyo de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Sus modelos Amber y Albatross, pese a su éxito como vehículos aéreos mecatrónicos, no se tomaron seriamente por el Pentágono de Washington, D.C. Para 1986, el Pentágono resolvió comenzar a usar los drones en forma permanente e incorporarlos a sus fuerzas armadas, habiendo comprobado su utilidad para misiones de reconocimiento sin tener que arriesgar la vida de pilotos. Irónicamente, los Estados Unidos no tenían en aquel entonces en su propio arsenal de aviones ningún tipo de VANTs activos. Se estima que la decisión de seguir desarrollando prototipos de más drones y de toda clase fue atrasada en los años 1980 debido a escepticismos burocráticos, tecnocráticos, profesional-técnicos e intrínsecas rivalidades internas dentro y entre los cuatro servicios militares estadounidenses, así como dentro del liderazgo político ejecutivo y parlamentario, y del sector industrial-militar (Ehrhard, 2010; Graham, 2010; Kaplan, 2009). De modo que se decidió adquirir de Israel los modelos RQ-2 Pioneer y el RQ-5 Hunter. Ambos VANTs cumplie-

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ron misiones de reconocimiento en la Guerra del Golfo de 1991, demostrando sus múltiples capacidades y ventajas tácticas. Ese fue el momento en que los altos mandos militares más allá de Israel y los Estados Unidos reconocieron aún más el enorme potencial militar, tanto estratégico como táctico de los VANTs para funciones más allá de reconocimiento. De allí que se comenzaron a invertirse a nivel global más fondos en la investigación y desarrollo de más modelos de drones para diversas misiones de inteligencia y reconocimiento militar.

5. Perpetuación del dominio dronal estadounidense Una vez más fue otra guerra la que creó la necesidad para inducir más innovaciones en los VANTs, tanto en su cantidad como en sus características, capacidades y cualidades tecno-aviónicas y militares. La intervención de la OTAN, prevista para 1994, en las guerras civiles yugoslavas, instigó en particular a los Estados Unidos un año antes a contar con un modelo de VANT propio y eficaz. El Amber, luego llamado Gnat 750, estrenado en 1989 por la empresa Leading Systems de Abraham Karem, fue seleccionado para adaptarlo a diversas y sofisticadas tareas de reconocimiento táctico sobre Bosnia-Herzegovina. De allí nació el ahora afamado MQ-1 Predator, patentado para su momento por la empresa General Atomics que había adquirido Leading Systems en 1990 (Parsch, 2007). El Predator, en su primera versión desarmada y previsto únicamente para misiones de reconocimiento, inauguró sus servicios para la Fuerza Aérea estadounidense sobre Bosnia Herzegovina en julio de 1995 (CBS News, 2013). Tres años después, es decir en agosto de 1998, se hizo realidad por primera vez un vuelo transatlántico no-piloteado cuando el dron Laima cruzó ese océano, despegando en Newfoundland en Canadá y aterrizando en Escocia. Para ese momento, ya las enormes mejoras tecnológicas en los sistemas de posicionamiento geográfico, o sea el GPS, en los sistemas de control y transmisión de datos digitalizados e imágenes de video, en la miniaturización y mayor capacitación de procesadores computacionales, así como en la tecnología aviónica y en la mecatrónica en general, permitieron mejorar considerablemente la actuación aviónica y aerodinámica de los VANTs. La campaña de la OTAN “Allied Force” contra Serbia en 1999 presentó otro escenario militar revelador de las potencialidades tecno-aviónicas y geopolíticas de los VANTs. Allí volvieron a usarse

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los modelos Pioneer, Hunter y Predator por parte de los Estados Unidos. Pero esta vez los Predators tenían misiles aire-tierra a bordo (Benjamin, 2012; Treblin, 2012). Pese a que los misiles no se usaron, ya la incorporación del dron “Predator” le concedió credibilidad técnica a su nombre (depredador), convirtiéndole así de un indefenso aparato volador política y éticamente motivado y autorizado por la ONU para observar y registrar violaciones de derechos humanos en tierra a un potencial “cazadorverdugo” que hoy por hoy es caracterizado mediáticamente como el Predator y como su descendiente el MQ-9 Reaper. Vale señalar en este contexto que la primera conocida “decapitación” (ejecución extralegal de presuntos líderes islamistas radicales) fue efectuada en Afganistán por un dron estadounidense en noviembre de 2001, cuando un Predator lanzó un misil AGM 114 Hellfire contra Mohammed Atef, un líder de Al Qaeda en ese país. Ya para medianos de los 1990 el alto mando político y militar estadounidense se encontraba estipulando utilizar misiles cruceros para efectos de decapitación, pero la idea fue descartada en 1998 por el presidente Bill Clinton por la duda en cuanto a la precisión de tales armas y por el alto daño colateral, especialmente el político, que tal ataque podría causar (Zenko, 2012a). De allí que los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la subsiguiente campaña de contra-insurgencia en Afganistán e Irak, por cierto como campos de experimentación dronal, han promovido activamente la búsqueda de capacidades tecnológicas para efectuar “decapitaciones” políticas y han promovido el desarrollo de armas y de procedimientos correspondientes que combinan la alta tecnología con inteligencia acertada en cuanto a sospechosos de liderar movimientos jihadis extremistas contra los Estados Unidos (Turse & Engelhardt, 2012; Martin & Sasser, 2010; Callam, 2010; Trefz, 2003). Todo importante conflicto geopolítico desde 1991 ha visto drones volando, las más de las veces desarmados, en tareas de reconocimiento y observación. El alcance de las funciones de los drones norteamericanos ha vendido ampliándose de lo meramente táctico a lo estratégico global, agregándole capacidades de vuelo y de manejo de datos cada vez más rápidas y más extensas. De allí que puedan ser lanzados y dirigidos desde cualquier posición geográfica, terrestre, marítima o aérea, vinculándose por el internet táctico y la banda-ancha de transmisión de video digital de alta resolución en tiempo real, día y noche, con sus respectivos puestos de control, pero no en toda clase de condiciones climáticas. Cuentan con

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sus propios sistemas integrados de múltiples plataformas de sensores y radares fusionados que permiten transmitir además datos a varias unidades militares simultáneamente, tanto en el campo de batalla como al mediano y alto mando militar lejos del mismo (Fahlstrom & Gleason, 2012; Barnhart et al., 2011; Love, 2011). La introducción del RQ-4 Global Hawk de la empresa Northrop Grumman en el servicio militar en noviembre de 2001 representó el estreno del uso estratégico de VANTs, que se sepa hasta la fecha no armados, de duración cuasi-permanente en altitudes hasta de 18 kilómetros, dando soporte en tareas de reconocimiento, inteligencia y observación a toda unidad militar que lo requiera a nivel global, en tiempo real y en toda condición climática. En abril de 2001 se supo del primer vuelo transpacífico del dron estadounidense de reconocimiento Global Hawk. Cinco meses después, los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos marcaron una tendencia definitivamente irreversible hacia armar y “letalizar” ciertas funciones de sus VANTs, especialmente aquellos tácticos entre ellos. Antes del 11 de septiembre de 2001, la superpotencia norteamericana contaba con menos de 200 drones inofensivos. En la actualidad se estima que son más de 11.500 de toda clase, tamaño y función, incluyendo los armados, en el arsenal de sus cuatro servicios militares (Horgan, 2013; Bergen & Rowland, 2012). El uso selectivo, persistente y letal de los drones estadounidenses en los campos de las guerras asimétricas de baja intensidad de Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia evidencian un patrón de aplicación de esa relativamente novedosa arma a control remoto y a distancia segura que no será reversible, más bien marca pautas para los mismos Estados Unidos y para otros países en situaciones conflictivas asimétricas y presenta preocupantes antecedentes y antecedentes difícilmente resistibles para “gobiernos bajo ataque” en condiciones políticas y tecnológicas de usar VANTs a favor de la propia agenda geopolítica, ya sea regional o global.

6. Tipos, capacidades y funciones de los VANTs Son hoy por hoy 90 países que cuentan con el nivel científico y mecatrónico, y la estructura militar adecuado para operar VANTs, la mayoría absoluta de los cuales vuelen tácticamente en forma no-armada, para tareas exclusivamente de observación, reconocimiento e inteligencia (véase Anexo I). Vale anotar que la mayoría de esos países adquieren sus

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VANTs, ya que no cuentan con un avanzado grado tecno-aviónico y mecatrónico suficiente para diseñarlos y producirlos autóctonamente. Además, se estima que existen actualmente a nivel mundial alrededor de 680 proyectos, gubernamentales y privados, de “desarrollo dronal.” De acuerdo al SIPRI, existen en la actualidad 56 tipos de 807 drones operando activamente en 11 países, entre los cuales no figuran Rusia, China ni Turquía (Rogers, 2012). El atractivo de los VANTs, inclusive para su uso gubernamental-civil o privado, crece a diario, en la medida que se reconoce la factibilidad y viabilidad de su adquisición y operación. El Teal Group estima que la industria de VANTs de toda clase, a nivel global y para todo accesorio y sistemas de soporte alcanzará US$89 billones para 2022, sin tomar en cuenta los costos de convertir aviones tripulados a otros no-tripulados (Teal Group, 2012). La proliferación de VANTs, tanto militares como civiles, de toda clase y capacidad, es un hecho inalterable ya y, al igual que el Internet, su proliferación y uso no podrá ser controlado por ninguna persona o institución en particular. Siendo los VANTs militares el enfoque principal de este ensayo, conviene señalar que diseñar, producir y operar drones, sobre todo si se emplean en un cercano futuro como VACoNTs, requiere ciertas capacidades tecnológico-industriales, tecno-aviónicas, mecatrónicas y financieras no siempre disponibles para cualquier gobierno y/o empresa privada. Viene además al caso que el actual patrón de su uso militar, en particular para misiones de inteligencia de largo plazo y táctico-letales de alta precisión, entiéndase decapitación y aéreo-ejecución extrajudicial, tiende a concebir los drones no como un simple aparato actuando individualmente, sino como un sistema aviónico dependiente de todo un equipo de soporte para operarlo. De modo que, un VANT se entenderá cada vez más como un sistema aéreo no-tripulado (SANT) que requiere de toda una estructura organizativa, de información, de comunicación, de una cadena pre-establecida y operante de mando, tanto política como militar, así como de mantenimiento técnico continuo, omnipresente y de alta calidad. Así que VANTs como el Global Hawk, tanto en su versión original norteamericana como su homólogo alemán el Euro Hawk, no son actualmente viables ni factibles para la mayoría absoluta de los países, por mucho que lo deseen. Existen distintas categorías para clasificar a los VANTs. Pueden ser ordenados por tamaño, peso, alcance, carga, propulsión, y/o tipo de misión. Por lo general los VANTs se distinguen por dos categorías genera-

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les, es decir por sus rasgos de rendimiento aviónico-aerodinámico por un lado y, por el tipo de misión o función, por el otro. De acuerdo a un estudio elaborado por catedráticos de la Universidad de Adelaide, los rasgos de rendimiento aviónico-aerodinámico se pueden desagregar en peso, alcance y duración de vuelo, altura máxima de vuelo, carga (de alas), y tipo de motor (Arjomandi, 2007). El peso de un VANT se clasifica en 5 variedades, demostradas en la siguiente Tabla 1: Tabla 1. Variedades de peso de VANts Variedad

Micro

Ligero

Mediano

Pesado

Rango de peso

Hasta 5kg

Ejemplo representativo

Silent Eyes

Entre 5kg y 50kg RPO Midget

Entre 50kg y 200kg Luna

De 200kg a 2 toneladas Hunter

ExtraPesado Más de 2 toneladas Global Hawk

Fuente: Arjomandi, 2007: 9.

La Tabla 2 desglosa el alcance y la duración de vuelos de VANTs actualmente en servicio militar a nivel global por las variedades de bajo, mediano y alto vuelo: Tabla 2. Variedades de alcance y duración de vuelo de VANTs Bajo

Mediano

Alto

Duración máx. de vuelo

Menos de 5 horas

Entre 5 y 24 horas

Más de 24 horas

Alcance en km

Menos de 100km

Entre 100km y 500km

Entre 500km y 15.000 km o más

Ejemplo representativo

Dragon Eye

Pioneer

MQ-9 Reaper

Fuente: Arjomandi, 2007: 14.

La Tabla 3 demuestra la diferenciación en las capacidades de VANTs en cuanto a la altura máxima de vuelo que pueden lograr: Tabla 3. Variedades de capacidades de altura de vuelo de VANTs Baja

Mediana

Alta

Altura máxima de vuelo

Hasta 1.000m

Entre 1.000m y 10km

Más de 10km

Ejemplo representativo

Desert Hawk

MQ-1 Predator

Dark Star

Fuente: Arjomandi, 2007: 18.

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En cuanto a la carga de ala que un VANT puede llevar, ya sean tanques adicionales de combustible y/o armamento, la siguiente Tabla 4 indica las variedades de esta capacidad: Tabla 4. Variedades de capacidad de carga de VANTs Carga de ala Ejemplo representativo

Baja Hasta 50kg/m2 Finder

Mediana Entre 50 y 100kg/m2 Shadow

Alta Más de100kg/m2 Sperwer

Fuente: Arjomandi, 2007: 20.

Por otra parte, el rendimiento aviónico-aerodinámico de los VANTs se clasifica por el tipo de motor que usan para cumplir con sus respectivas misiones. De allí que se pueda distinguir varios tipos de motores con sus respectivos ejemplos representativos entre los diversos tipos de VANTs (Arjomandi, 2007), tal como el motor de combustión interna tipo Wankel (Shadow, Cypher, Outrider), de turbina giratoria a chorro/turbofan (Global Hawk, Dark Star, Firescout), de dos tactos (RPO Midget, Pioneer), de pistón y turbina a reacción/turbo-prop (Predator, Heron, Finder, Neptune, Silver Fox), eléctrico (Dragon Eye, Raven, Pointer, LUNA, Javelin), tipo Push & Pull (Hunter), o a propulsión híbrida/Prop (Sperwer). El segundo criterio para categorizar a VANTs es el tipo de misión militar, para la cual fueron diseñados y fabricados. De acuerdo al manual oficial del Pentágono norteamericano relativo a los VANTs en general y a los SAAs en particular, la misión de los VANTs en particular: …consistía original y principalmente en reconocimiento táctico. No obstante, este campo fue ampliado para incluir la mayoría de las capacidades de recopilar información/inteligencia, vigilancia, seguimiento y reconocimiento, así como adecuarse para combatir en sus respectivas áreas de cobertura. Pero ahora están jugando un papel más extenso en ‘multiple strike mission-capable weapon systems for time-critical targeting’, o sea en misiones de ataques como un múltiple sistema operativo de armas de las unidades militares referente a la designación y eliminación de blancos en tiempo crítico (Department of Defense, 2012: 21).

De allí que de acuerdo a la numerosa y calificada bibliografía al respecto (Department of Defense, 2012; Barnhart et al., 2011; Love, 2011; Gundlach, 2011; Yenne, 2010; Austin, 2010; Zaloga, 2008; Drew, 2006) las

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misiones y capacidades, tanto tácticas como estratégicas, de VANTs se resume en forma normativa de la siguiente manera: • Capacidad de navegación autónoma, complementada por su capacidad de ser paralelamente guiado externamente, ya sea desde la tierra o desde otro VANT. • Capacidad de recopilar inteligencia, vigilancia, reconocimiento e identificación de blancos mediantes sus sensores (tipo “Gorgon Stare” u otros) electrónicos, ya sean por separados o fusionados. • Capacidad de participar en combate aéreo-aéreo y/o aéreo-tierra. • Capacidad de cumplir con múltiples tareas simultáneamente. • Capacidad de despegar y aterrizar verticalmente (para ciertos tipos de VANTs). • Capacidad de emplear sofisticados y poderosos sistemas de radar y de transmitir en banda ancha en tiempo real de grandes cantidades de audio- y video-datos aéreo-aéreo y aéreo-tierra. • Capacidad de estar en el aire por largos plazos de tiempo. • Capacidad de cubrir grandes distancias. • Capacidad de navegar autónomamente día y noche, a baja o alta altura, y/o en condiciones topográficas y/o climáticas extremas, determinando y/o ajustando su trayectoria de vuelo. • Capacidad de re-abastecerse de combustible mediante otros vehículos aéreos, tripulados o no. • Capacidad de cargar y emplear sistemas de armas convencionales, no-convencionales, así como de alta precisión y/o de laser, guiadas o por propios sistemas a bordo, o desde la tierra o por satélites. • Capacidad de actuar individualmente, pero también en coordinación con otros VANTs, aviones tripulados y/o centros de control terrestres y/o dronales, tanto cercanos o lejanos, compartiendo tareas para cumplir con una o más misiones. • Capacidad de complementar misiones de combate de otras unidades terrestres, aéreas, y/o marítimas. • Capacidad de ser recuperado al “extraviarse”, es decir al trasvolar su zona designada de vuelo y perder el contacto con su centro de

Makram Haluani Tecnología aviónica militar en los conflictos asimétricos: historia, tipos y funciones de los drones letales control o al sufrir intervención en su sistema de control interno y al ser “secuestrado” por países o grupos ajenos. • Capacidad de aterrizar en un sitio previamente dado y mantenerse allí como una especie de una bomba de tiempo o mina, ya sea convencional o no-convencional, pre-programada para explotar para cuando se requiere tal efecto. • Capacidad de captar, almacenar e interpretar mediante sus antenas direccionales a bordo señales acústicas de interés para su misión. • Capacidad de captar, almacenar e interpretar mediante sus antenas direccionales a bordo toda clase de señales de interés para su misión, actuando como una “aspiradora datal”. • Capacidad de ser lanzado, teleoperado, guiado y aterrizado por otro dron. • Capacidad de llevar y operar sistemas de control computarizados programados para adaptar el cronograma de ejecución de sus misiones de acuerdo a los diversos problemas y obstáculos que puedan surgir. • Capacidad de llevar y operar sistemas de comunicación idóneos para recibir, almacenar, comparar y re-enviar datos y ordenes de múltiples fuentes. • Capacidad de llevar sistemas de armas compatibles, inter-cambiables y/o inter-operables con semejantes sistemas de otras unidades terrestres, aéreas, y/o marítimas. • Capacidad de despegar bajo control de un determinado centro de mando, inclusive de uno ubicado en otro dron, pero asumido luego por otro. • Capacidad de operar en redes de comunicaciones entre diversas unidades militares, permitiendo acortar la brecha entre la decisión política y la acción militar correspondiente. • Capacidad de adaptarse a toda índole de condiciones cambiantes de combate. • Capacidad de efectuar tareas de selectivo y puntualizado sabotaje electrónico.

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• Capacidad de crear una “conciencia digital-situacional” a nivel del mediano y alto mando militar referente a una escena de combate terrestre, aéreo y/o marítimo. • Capacidad de auto-destruirse en caso de que surja la necesidad de abortar la misión y privarle al enemigo la oportunidad de practicar la “ingeniería inversa,” es decir adquirir y beneficiarse de la tecnología mecatrónico-aviónica al rescatar restos utilizables de drones capturados intactos. Son varios los factores que determinan la calidad y eficacia de un VANT, en particular de la versión combativa del mismo, es decir de un VACoNT (véase detalles en los sitios web especializados señalados en Anexo II). Aparte de su diseño y de los componentes aviónicos y tecnológicos que lo distingue como un eficaz vehículo aéreo, es importante recalcar las características y herramientas mecatrónicas de comunicación y control que lo destacan en su esencia como un instrumento bajo control humano, ya sea civil o militar, en labores gubernamentales o privadas. Pero una vez circulando sobre su designada área de operaciones, son los diversos e integrados tipos de sensores que deciden sobre el “éxito dronal,” sea cual fuera previsto como tal. Existen en la actualidad en el arsenal de los Estados Unidos e Israel cuatro tipos de sensores que marcan la calidad técnica de un VANT y determinan su calificación sensoral para la misión seleccionada. Sin sus sensores y sin su efectividad electrónica, sin la capacidad de trasmitir completa, confiable y oportunamente esos datos a sus controladores en tiempo real, sin la capacidad de integrar las funciones de su vuelo, sin fusionar aquellas de sus sensores, y sin disparar ningún tipo de armas un dron es un simple e inofensivo aparato volador, siempre y cuando despegue y aterrice controladamente. El sensor hiper-espectral Aces Hy permite “escanear” su designada área de operaciones y detectar objetos de interés para los controladores de drones, previamente identificados y definidos por los mismos en sus rasgos físicos y electromagnéticos, ya sean esos objetos humanos o materiales. El sensor Argos controla un sistema altamente sofisticado e integrado de cuatro cámaras de video, con una gama de 92 planos focales, para vigilar una zona relativamente amplia y transmitir imágenes en tiempo real y en alta resolución por el orden de 274 terabits por hora. El sensor multi-espectral de identificación de blancos (Multi-Spectral Targeting System: MTS) combina una cámara de televisión con capacidad in-

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fra-roja de vista nocturna y otra para intensificar imágenes y transmitirlas en tiempo real a los controladores de VANTs y permitirles visualizar esas imágenes en pantallas separadas o combinadas (split-screens). El cuarto tipo de los sensores determinantes es el detector de luz y de distancias (Light Detection and Ranging: LIDAR), el cual opera con rayos laser que crean mapas geo-espaciales 3-D de amplias áreas topográficas, creando una “maqueta digital” del área de interés y permitiendo así identificar y ubicar los blancos designados de los drones (Weinberger, 2012). Un dron en su actuación es tan eficaz o ineficaz como los individuos que lo diseñan, fabrican, y usan. La capacitación militar de los diferentes tipos de VANTs depende naturalmente de los rasgos muy específicos de sus capacidades mecatrónicas, de su rendimiento aviónico-aereodinámico y del planteamiento de su misión, tal como fueron concebidos por sus respectivos productores y “sponsors”, ya sean ésos gubernamentales o del sector privado. El nivel de la tecnología, especialmente de materiales y mecatrónica, así como los fondos disponibles para los diseñadores y fabricantes de VANTs son por supuesto críticamente esenciales, pero no representan toda la gama de requerimientos en lo que a producir VANTs eficaces en términos de costo-beneficio se refiere. Para Abraham Karem, “…el rendimiento (de drones) es mayormente el resultado de un diseño inspirado y de altamente optimizados e integrados subsistemas, y de la aplicación de la última tecnología avanzada” (citado por The Economist, 2012). Esta capacidad, es decir de optimizar el uso integrado de diferentes subsistemas para crear un VANT o SANT eficaz, no es ciertamente un hecho dado para cualquier país. Son varios y decisivos los factores que distinguen a un VANT, un VACoNT o un SANT de modelos de aviones a control remoto. Primero vale mencionar el propósito de un VANT, especialmente si es militar para misiones de inteligencia, observación, vigilancia y rastrear y alcanzar determinados blancos, ya sean humanos o materiales. Esta última función, llamada en la terminología militar anglo-sajona “target acquisition,” es el aspecto militar más importante que le presta al uso de ciertos tipos de drones, como el Hermes, Predator o el Reaper su carácter letal. También vale resaltar que el rendimiento aviónico-aerodinámico, tipo de material y los sistemas mecatrónicos de control y de comunicación usados en “drones serios”, ya sean para uso civil-gubernamental o militar-letal, son hechos a la medida y requieren laboratorios e industria más especializa-

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dos y por ende más costosos. De modo que los modelos de aviones a control remoto de pasatiempo sirven en todo caso para entrenar futuros pilotos de VANTs, independientemente de sus misiones e intenciones. En la medida que el uso de drones se vuelve más normal y rutinario, especialmente en áreas civil-gubernamentales, la labor de piloto de drones se consolidará cada vez más como una profesión común, corriente, respetable y hasta económicamente atractiva. ¿Para qué servirán VANTs en el futuro próximo? En el sector civilgubernamental, cubrirán las más diversas labores, como protección ambiental, vigilancia de fronteras y de tráfico terrestre y marítimo, de instalaciones comerciales o industriales, de grupos escolares en excursiones, de vecindarios y de regiones agrícolas. Drones, ya sean con motores o planeadores, serán valiosas herramientas de educación y de diseño y planificación paisajista en escuelas y universidades, así como para reportajes periodísticos para cubrir eventos de toda clase, especialmente deportivos y de entrenamiento, así como para monitorear el tiempo, cambios climáticos y efectos de desastres naturales y de otros menos naturales. Drones más grandes podrán transportar mercancías, ayuda humanitaria, paracaidistas o material de guerra. Drones de la policía estarán vigilando edificios gubernamentales o actos de protesta social o, tratándose de gobiernos represivos, arrojar bombas lacrimógenas. NanoVANTs minúsculos y privados, operados desde SmartPhones y LapTops, podrán usarse por padres preocupados por el paradero de sus hijos menores, por ciudadanos buscando a sus mascotas, o para labores detectivescas, ya sean legales o ilegales, entre otras numerosas tareas. La multitud de formas y funciones de VANTs, tanto civiles como militares, gubernamentales o privados, que existen actualmente y que se están desarrollando, abre una caja de Pandora interesante, en el mejor de los casos optimista, pero también preocupante al analizar su potencial desde una perspectiva realista-negativa. En el caso de los drones militares, esos podrán operar individualmente o en formación coordinada, armados (inclusive con armas no-convencionales) o desarmados, contra blancos humanos y/o materiales en tierra o contra otros en el aire, en forma oculta (stealth) invisibles para radares, o muy visibles y ruidosa para efectos de disuasión y crear miedo. VANTs podrán estar en manos de gobiernos y grupos sociales respetuosos de los derechos humanos o en poder de otros menos respetuosos de los derechos

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humanos. Ya es evidente que son 18 países especializados en la industria dronal, es decir Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China Popular, Estados Unidos, Francia, India, Irán, Israel, Italia, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Ucrania que poseen actualmente la capacidad de agrandar sus respectivas flotas de drones, coordinarla e integrarla con sus flotas de aviones piloteados y con las demás entidades militares. Una carrera mecatrónico-aviónico-industrial con dimensiones definitivamente armamentistas en materia de VANTs militares y de imprevistas consecuencias no es difícil de predecir. A manera de ejemplo se ha divulgado que los Estados Unidos contará en los próximos diez años con hasta 30.000 drones para uso permanente en tareas de inteligencia y vigilancia policíaca a nivel nacional (Akulov, 2012). La tendencia tecnológica en el diseño y la fabricación de drones sólo tienen sus límites de acuerdo a lo que se quiere construir y para qué objetivo. Cierto es que hasta la fecha no se ha construido el “VANT Total/Perfecto” que reúna a todas las capacidades anteriormente señaladas y tampoco se requiere tal dron, ya que deben existir en diversas categorías para diversas tareas. De allí que drones para el uso civil, privado e individual son factibles prácticamente para cualquier ciudadano con suficientes recursos financieros y técnico-mecatrónicas a su disposición. Así que microdrones, nano-drones y aquellos de tipo helicóptero para vigilar vecindarios, instalaciones comerciales, complejos industriales o espacios agrícolas resultarán más difíciles de controlar, y mucho menos impedir, especialmente en virtud de los escasos códigos legales y éticos para vigilar y controlar tal fabricación y uso. Los drones individuales para uso privado y civil, independientemente de su legalidad o nivel ético, nos interesan en la medida que tal uso puede conducir a capacidad militar gubernamental con potencial de proyectarse más allá de las fronteras nacionales, en particular en vista de la agenda de gobiernos interesados e involucrados en conflictos geopolíticos y geo-culturales prolongados. En los años 2010-11, la fuerza aérea estadounidense ha entrenado más operadores y pilotos de drones que personal para aviones tripulados, una circunstancia que indica la tendencia del futuro del concepto del poder aéreo que los Estados Unidos, y seguramente otros países industrializados con semejantes capacidades y agendas, prevén para sus respectivas fuerzas aéreas. Es de notar que los modelos más grandes y pesados de los VANTs militares, tal como el Global Hawk o el Reaper, son

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más económicos que los aviones de combate tripulados. Un Global Hawk cuesta unos US$15 millones, mientras que un caza-bombardero como el F-16 vale US$55 millones. Por otra parte, el sofisticado Reaper requiere en promedio de más personal calificado para su mantenimiento técnico y electrónico, para controlar su vuelo y dirigir sus acciones de combate que un avión tripulado. Se estima que se necesita alrededor de 180 personas para que un Reaper esté disponible para cualquier vuelo a cualquier hora, es decir menos que un F-16 que emplea 100, mientras que son necesarias al menos 19 personas para vigilar y controlar el vuelo y el uso de las armas de los drones (Zenko, 2012b). De allí que se pueda afirmar que crear, mantener y operar una flota de VANTs puede resultar más económico e igual de efectivo a la larga para una potencia industrializada e interesada en proyectar su poder militar mediante VANTs o SANTs. ¿Cuándo se inaugurará y cómo será la quinta generación de VANTs? Se estima que la quinta generación se perfilará en mayor sofisticación mecatrónica, tecno-aviónica y comunicacional que aquellos actualmente en uso, ya sean militares o civiles. El futuro verá más micro- y nanoVANTs, de mayor duración en el aire, de altura y de alcance de vuelo, operados por energía solar para vuelos “perpetuos,” multi-funcionales, multi-cooperativos, y diseñados para tareas específicas para una clientela particular, con cámaras cada vez más eficaces y capacitadas para manejar en tiempo real mayor volumen de datos e imágenes, inclusive de video 3D de alta resolución. La quinta generación de VANTs, especialmente los militares, verá mayor papel para el sistema estructural y funcional de soporte de los mismos, es decir mayor equipo humano para mantener, operar, evaluar y usar los datos que proporcionen. Por otra parte, los VANTs se van asemejando cada vez más a los SAAs, en el sentido de que se incrementarán cuantitativa y cualitativamente sus aspectos autónomo-robóticos de su rendimiento. Pero el aspecto más resaltante de la quinta generación de VANTs/SANTs/SAAs será su mayor coordinación e integración con los demás sistemas tradicionales de comunicación (masiva o individual), transporte, vigilancia, rastreo, inteligencia, y seguridad y defensa, entre otros campos.

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Conclusiones La ausencia de cuerpos humanos en VANTs hace que su diseño y fabricación excluyan aquellas complejas construcciones y aplicaciones forzosamente relacionadas con proteger la vida de la tripulación a bordo, de modo que se elimina la necesidad de controlar la presión y temperatura interna y de proveer alimentos y demás comodidades para vuelos de larga duración y de gran altura. Pero los múltiples y simultáneos factores que se conjugan en operar un dron de larga duración y de vuelo estratosférico sobrepasarán la capacidad neurológica del ser humano, ya sea individualmente o en equipo, para manejar todas esas tareas paralela y adecuadamente. De allí que los drones del futuro próximo necesitarán de plataformas electrónicas y aviónicas de control satelital cada vez más complejas y más autónomas, haciendo que su evolución de VANTs a SAAs un metamorfosis casi inevitable y factible, principalmente para aquellos 18 países alta y dronalmente capacitados y anteriormente señalados. La noción de que los conflictos militares, ya sean simétricos o asimétricos, cortos e intensos o prolongados de baja intensidad, puedan desenvolverse por armas robóticas, podría incitar la aterradora visión de que un día la humanidad se verá sometida a máquinas de guerra autónomo-robóticas programadas y lanzadas por humanos, pero realizando sus tareas militares y decidiendo a quién o a qué y cuándo destruir sin ningún control humano, es decir la visión de la guerra post-humana. Por un lado, los defensores de conflictos robotizados señalan que los mismos seres humanos se han demostrado capaces de cometer un sinfín de atrocidades nada humanas o éticas durante 10.000 años de cruentos conflictos de toda clase, argumentando así que las armas robóticas quizás podrán ser más humanas que los mismos humanos. Por otro lado, los “humanistas” razonan que se ha de resistir la tentación tecno-industrial y economicista de construir y usar todo lo que se puede construir y usar tan solo porque se puede construir y se puede usar. Los VANTs de hoy por hoy todavía no son la perfección tecno-aviónica hecha drones. Son vulnerables a imperfectos mecánicos y decisiones humanas erradas y hasta a robos y a secuestros, como sucedió en diciembre de 2011 cuando un Sentinel norteamericano fue desviado a la base aérea iraní y consecuentemente estudiado y analizado en sus capacidades. La proliferación geográfica global de VANTs y su creciente sofis-

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ticación mecatrónico-aviónica representa un hecho irreversible. Esto obliga a los Estados Unidos a acelerar el desarrollo de sus VANTs y llevarlos a SAAs cada vez más sofisticados y capacitados, a fin de mantener su ventaja tecnológico-aviónico-mecatrónica competitiva y su supremacía en materia de drones tácticos y estratégicos, civiles y militares de toda clase y funciones, en especial aquellas para la seguridad fronteriza, misiones de inteligencia y de ataques precisos letales. Sin embargo, la estrategia de decapitaciones de grupos extremistas no constituye una política militar duradera de los Estados Unidos en conflictos geo-culturales asimétricos, dados los inconclusos resultados tácticos y los aspectos negativos en materia de legalidad y moralidad de tales ataques. El uso dronal para decapitaciones contra-insurgentes se ha dado por la voluntad gubernamental estadounidense de proteger a la vida y propiedad de sus ciudadanos, dentro o fuera del país, enmarcado en la “Guerra contra el Terrorismo” que pronto terminará como tal y que para 2015 será menos militarizada globalmente y más policíaco-interna. Tal tendencia se manifiesta por la retirada de los Estados Unidos de los teatros de guerra en Afganistán e Irak, por la comprensión de que los conflictos geo-culturales no se ganan por bombardeos aéreos, por cuantiosos, precisos y letales que fueran, y por la inmensa y eficiente estructura doméstica de seguridad nacional que se ha ensamblado en los últimos diez años en los Estados Unidos (Priest & Arkin, 2011). De allí que la motivación para el gobierno estadounidense para desarrollar VANTs y SAAs con plataformas aviónicas cada vez más amplias, sofisticadas y capacitadas es considerable, en virtud de su ambición a mantener su supremacía dronal, tanto cualitativa (compartida con Israel) como cuantitativa.

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Anexo I. Países en posesión de VANTs de potencial uso militar, independientemente de sus respectivas categorías y funciones y de su país de orígen. País

VANTs militares para reconocimiento, inteligencia y observación

VANTs en desarrollo

Alemania

AiD-H14, AiD-H25, AiD-H40, Aladin, As 292, Barracu- Aibotix da, Brevel, Carola P70, Carola T140, CL-289 Pivar, X-6, EMT DT-45, Falcon 8, Fancopter, Firefly, Guard, Hexa- X-13, Sirius Kopter, Hummingbird, KZO Taifun, LUNA, LUNA X-13 NG, MUSECO, Md4-200, Md4-1000, Mikado, MikroKopter, OktoKopter, Pelican, QuadroKopter, Seamos, Taifun, Volocopter

Angola

Heron

Arabia Saudita

Predator, Psatri, Saqr 2, Saqr 3, Saqr 4, Seeker 400

Argelia

Al Fajr L-10, Amel, Seeker II

Argentina

Arcangel, Caburé, Centinela, Chi-7, IA X59 Dronner, Lipán XM4 Guardian, Lipán M3, Mantis, Solara 50, Strix, Yagua, Yarará

Armenia

Krunk

Australia

Aerosonde, Aerosonde Mk.1-4, Aeroguard, Arrow, Avatar, Brumby, CyberEye, CyberQuad, CyberWraith, Demipod, Explore, Flamingo, G18 Aeolus, Hammerhead, i-copter Phantom, i-copter Seeker, Jandu, Jindivik, Kingfisher, Mantis, Mini Warrigal, Mirli, Mupod, Octocopter, Pelican Observer, Quadrotor, Shadow 200, Skylark, T-21, T-26, Turana, Warrigal Explorer

Austria

Diamond Hero, Schiebel CamCopter S-100

Azerbaiyán

Aerostar, Beglari, Hermes 450, Heron-TP Eitan, Orbiter 2M, Searcher Mk II

Bahréin

Dragon

Bélgica

B-Hunter, Épervier, Gatewing X-100

Bielorrusia

Grif-1, Lastochka, Moskit, Sterkh-BM, T-2M-3

Botsuana

Raven

Brasil

Aeromot K1AM, AGPlane, Apoema 1000B, Arara M1, Arara T1, Azimute, BQM-1BR, Carcara, Carcará II, DELTA CR, DELTA SR, Denel Bateleur, Dumont, Echar 20A, Eletron, Falcão, FS-01 Watchdog, FS-02 AvantVision, FS-03, FT-100 Horus Soldier, FT-200 Watchdog, Harpia, Hermes 450, Heron, Hornet H2, Jabirú, K1AM, Nauru 500A, Orbis, Proton, RQ-450, SARVant, Sea Runner, Tiriba, VT-15, 200 ED, 500 ED

Cybird

Acauã

VANTs de uso armado Heron

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País

VANTs militares para reconocimiento, inteligencia y observación

VANTs en desarrollo

Bulgaria

M-200, Niti, P-200, RUM-2MB, UtRUM, Vigilant 2000, Yastreb-3

Burundi

Raven

Canadá

CH-160, CH-280, CH-320, CL-89, CL-227 Sentinel, CL327 Guardian, CL-289, Corvus Rook, CU-162 Vindicator, C41SR, Draganflyer E4, Draganflyer X4, Draganflyer X6, Draganflyer X8, Draganfly Tango, GeoSurv II, Grasshopper, Maverick, PrecisionHawk Lancaster, Scout, Silver Fox, SkyRanger, Snowgoose

Chile

Hermes 900, Lascar, Sirol, Sirol 221, Stardust II, Vantapa

China Popular

Air Sniper, Anjian, ASN-15, ASN-104, ASN-105, ASNSoar 206, ASN 209, AW-4, BZK-005, Chang Hong, Eagle/Soar ChangKong-1, ChangKong-2, Daofeng, Dufeng II, Fi- Dragon rebee,* Hover, Jellyfish, Long Haul Eagle, Pterosaur, SH-1, TF-8, TF-10, Triton, V750, WZ-5, WZ-6, WZ-50, Xianglong

Colombia

ART, Hermes 900, Iris, Navigator X2, ScanEagle

Costa de Marfil

Raven

Corea del Norte

Tu-143 Reys

Croacia

BL M-99 Bojnik

Cuba

Sterkh-BM

Dinamarca

Sperwer

Ecuador

Fénix, Heron, Searcher

Egipto

ASN-209, Anka-B, Scarab, Skyeye

Emiratos Árabes Unidos

Predator, Seeker

Eslovaquia

Skylark

Eslovenia

C-Astral Bramor

VANTs de uso armado

ASS229A, CH-1, CH-3, CH-4, Lijian, Pterosua, WZ-2000, Pterodact yl I/Wing Loong I, WJ-600, Yilong

Navigator X2

MQM-10, Streaker

Yabhon RX-6, Yabhon RX-18

United 40

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VANTs militares para reconocimiento, inteligencia y observación

VANTs en desarrollo

España

Alba, Alo, ATLANTE, Atmos-2, Barracauda, Fulmar, Hada, Mantis, Pelicano, PRUAV-401, SA03, Scrab I, Scrab II, Siva

nEUROn

Estados Unidos

Aerosonde, Aibot X6, Alpha, ALTUS, AN/USD-2, AN/USD-5, Apex, AQM-37A, Aquila, AutoCopter, Avenger (Predator C), A-160, BATMAV, Black Hornet Nano, Brevel, Bull Goose, Camcopter, Cardinal, Chukar, Cicada, Compass Cope R, Condor, Crecerelle, Crossbow, CyberScout, Cypher, Dark Star, DELTA, Demonstrator, Desert Hawk, Devil Ray, DP-6, DP-8, DP-12, DP-14, Dragon, Dragon Eye, Dragonfly, Dragon Warrior, D-21, Eagle, Eagle Eye, Exdrone, Falcon HTV-2, Finder, Firebee, Firebolt, Firefly, Fire Scout, Fire-X, FPV Quad Copter, Global Hawk, Gnat 750, GoldenEye, Golden Hawk, Goose, Gray Eagle/Sky Warrior, Hawk, Helios, HeliSpy, Hellfox, HEX, HiMAT, Hummingbird, Hunter, Hybrid Quadcopter, Hyper III, I-Gnat, Imaging 1, Improved Gray Eagle, Insect, Integrator, iStar, Javelin, Jayhawk, KDA, KD2B-1, KD2R Quail, KDG Snipe, KD5G, K-Max, LEAPP, Lightning Bug, Little Bird, LUNA, MALD, Maveric, Micro LEAPP, Nano Air Vehicle, Nano Hummingbird, Neptune, NV-144, Oblique Wing RPV, OQ-19, Orbiter 2M, Orion, Osprey, Outlaw, Outlaw G2, Outlaw Seahunter, Outrider, Overseer, Pathfinder, PD 75-4-1, Peregrine, Phantom Eye, Phantom Ray, Phoenix, Pioneer, Pointer, Polecat, PQ-8, PQ-10, PQ-14, PQ-15, Propulsive Wing, Puma, QB-47, QF-104, Quail, QH-50 DASH, QUAD, Q-2, Q-8, Q-12, Ranger, Raven, Redhead Roadrunner, Regulus II, RP-71, RP-76, RP-92, RPO Midget, RQ-180, Samarai, ScanEagle, Scarab, SD-1, SD-2, Sea Scout, SeaFox, Seeker, Seeker Wing, Sender, Sensor Fly, Sentinel, Sentry, Shadow 200, SIERRA, SilentEyes, Silver Fox, Skeeter, SkeEye, Skylunx II, Skyseer, Snowgoose, Spear, Sperwer, Spyhawk, Stalker, Stiletto, Stuas, Tailfun, TAM-5, TDC, TD2C, TD3C, TD4C, Teal, Tempest, T-Hawk, Tigershark, Triton, UASUSA Recon, Vector P, Velocicopter, Wasp III

Estonia

Raven, Swan

Etiopía

Boomerang, Skylite

Finlandia

Avartek AT-04, MASS Mini-UAV, Orbiter 2M, Ranger

VANTs de uso armado

Aibot X6, AD-150, Dominator, Predator, Draganflyer Reaper, X6, Sea Excalibur, Avenger, GALE, Shadow Global Hawk, Observer, T-20, HALE, Warrior HiFlyte, LoFlyte, Phantom Prowler, Ray, Robobee, Sea Avenger, SR-72, Streaker, STS-111, Switchblad, Vulture, XAE-3, XQM-93, X-45C/D, X-46, X-47A Pegasus, X-47B, X-50, X-51 Waverider, X-56A/ MUTT

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País

VANTs militares para reconocimiento, inteligencia y observación

VANTs en desarrollo

VANTs de uso armado

Francia

Aelius, ARB 100-B, AR.Drone 2.0, CL289, Crecerelle, nEUROn, CT.10, CT.20, CT.22, CT.41, Fox MLCS, FR-102, Hé- Verhagen liot, Hunter, K100, KZO Taifun, LA100, LA200, X-2 LA300, LM450, LV580, LP960, MART, Moyen Duc, Autonmou Orbiter 2M, Patroller, Petit Duc, Reaper, SlowFast, s Sperwer, Talarion, Tanan, Vigilant

Harfang

Georgia

Hermes 450

Grecia

Alkylon, Erevos, Ideon, Iris, Kyon, Nearchos, Pegasus, Pegasus II, Perseas, Phaethon J, Phaethon G, Sperwer

Hungría

Bora, Horizon, Ikran, Meteor 3Ma, SOFAR

India

Aura, Chennai Egmore, Dhaksha, Fluffy, Gagan, Kapothaka, Lakshya PTA, Netra, Nishant, Pawan, Rustom, Rustom-H, Rustom 1, Searcher Mk I/II, Ulka

Indonesia

LTD, MTD, PUNA, STD, Wulung

Irán

Ababil II, Fotros, Hemaseh, Hazem, Hod Hod, Mohajer 1, Mohajer 2, Mohajer 3, Mohajer 4, Nazir, Raad, Sabokbal, Saeghe, Sarir H-110, Sofreh Mahi, Talash, Yasir, Zohal

Iraq

Predator

Irlanda

Orbiter 2M

Israel

Aerolight, Aerostar, Aerostat, Bird Eye 400, Blue Horizon 2, Boomerang, Butterfly, Casper 250, Dominator, Eitan, Falcon, Falcon Eye, General, Hermes 90, Hermes 180, Hermes 900, Hermes 1500, Heron/Machatz-1, Hunter, I View Mk150, Mastiff, Mini Falcon I, Mini Falcon II, Orbiter 2M, Panther, Pioneer, Ranger, Scout, Seagull, Searcher Mk II, Shadow 200, Shadow 400, Shadow 600, Shadow 1200 Guardian, Silver Arrow Micro-V, Silver Arrow Sniper, Skylark, Skylite, Sparrow, Super Heron

Italia

Anteos, Assalto, EosXi, Evo, Falco, Gabbiano, Gali- Molynx/ Predator, leo, Hammerhead, Mirach 20, Mirach 26, Mirach Black Lynx, Reaper 150, Mirach 100/4, Mirach 100/5, Molynx/Black nEUROn Lynx, Nibbio, P.1, P.2, P.70, Sky-X, Sky-Y, T-20

Japón

AQM-1, FFOS, HK-2B, JAXA S3TD, JSDF B-4, KAQ-1, KAQ-5, RPH-2, R-MAX, R-50, S3TD, Tacom

Jordania

I-Wing, Jordan Arrow, Jordan Falcon, Silent Eye

Kazajstán

Hermes 450, Irkut-3, Irkut-10

nEUROn

Harpy, Heron, Herop, Rustom 2 Ababil, Karrar, Misrad-1 (Hizbullah) , Shahid 129

Orbiter 3

Harop, Harpy, Hermes 450, Heron, Heron-TP Eitan

CUESTIONES POLÍTICAS

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Kenia

VANTs militares para reconocimiento, inteligencia y observación

VANTs en desarrollo

VANTs de uso armado

Raven

Las Filipinas Alessandra, Assunta, Knight Falcon, Raptor, TUAV Letonia

Penguin B

Líbano

Raven

Libia

Aeryon Scout

Lituania

Swinglet CAM

Malasia

Eagle ARV

Marruecos

Predator, Raven-B, Sirius

México

El Beta 1A, El Gavilán, Hermes, Orbiter 2M, S4 Ehécatl

Nigeria

Amebo Mk I, Amebo Mk II, Amebo Mk III, Hermes 450

Noruega

Aerobot Canard, Black Hornet Nano, Cruiser, Cruiser 2, Cryowing 1, Cryowing Mk 2, eBee, Hornet PD-100 PRS, MATS C, Swinglet CAM

Nueva Zelandia

Angelray, Kahu-Hawk, RQ-84 AreoHawk, Valkyrie

Países Bajos Geocopter B.V., Higheye HE60, LUNA, Sperwer Pakistán

Ababeel, Ababeel III, Aerobot, Bazz, Border Eagle, Explorer, Firefly, Flamingo, FST, Galileo, Hawk MK-V, Hornet, HST, Huma I, Jasoos, Jasoos II/Bravo+, Jumbo Bazz, Mini Electric, Mukhbar, Nishan MK-II, Nishan TJ-1000, Reaper, Rover, Shadow, Shadow MK-II, Shahpar, Shooting Star, Stingray, Tornado, Tunder LR, Tunder SR, Uqab, Uqab II, Vector, Vision MK-I, Vision MK-II

Panamá

Predator

Perú

CEDEP-1, Mini Falcon II, Orbiter 2M, Pegaso, Quinde

Polonia

FlyEye, Fox, HOB-bit, Pteryx, PRz PR-2 Gacek, PRz PR-1 Szpion, PRz PR-4, PRz PR5 Wiewiór, PRz PR5 Wiewiór Plus, RUFUS, SOFAR, Tarkus

Portugal

Antex-M, Império SP1, PERSEUS, PITVANT, QuadCopter UX-401,QuadCopter UX-4001 Mini, OctoCopter UX-801, Tekever AR4

Varna

X2 NB-X2

CH-4, Burraq/Fal co/Predat or

Makram Haluani Tecnología aviónica militar en los conflictos asimétricos: historia, tipos y funciones de los drones letales

País

VANTs militares para reconocimiento, inteligencia y observación

VANTs en desarrollo

Reino Unido Ampersand, Banshee, Black Hornet, Canberra U Cygnet, Mk 10, Corax, Demon, Desert Hawk III, Embla, Fai- Mantis, rey Queen, FALCONET, Flyper, Hawk-335, Hermes Mercator, 450, HERTI, Hoder, InView, Martinet, Maveric, Novel Air MSAT-500 NG, Observer, Orbiter 2M, Phoenix, Concept, Proctor AT, Queen Bee, Queen Wasp, Raven, SA03, Taranis, ShortStiletto, SkyEye, Skylynx II, Skyspy, Sprite, Zephyr Tarantula, U Mk.10, U Mk.15, U Mk.16, U MK.121, U120D, Voodoo, Watchkeeper 450 República Checa

Haes Scanner, Haes 90 Electric Ray, Haes 400, Sojka III

República de Corea

Bijo, Kalkus-TR, KUS-7, KUS-9, Night Intruder, Remo Eye 006, RQ-101, TR-60, TR-100, Searcher II, Shadow 400

VANTs de uso armado Fury, Predator, Reaper

Haes 700

República Predator Dominicana Rumanía

Air Strato, Argus S,ATT-01, Boreal, Hirrus, IAR-T, Shadow 600, Soim 1, Soim 2, Vigilant

Rusia

Aist, Albatross-Expert, Albatros-Rise, Aviks Hummingbird, Aviks, Aviks Lark, Bird Eye 400, Dozor-50, Dozor-85, Dozor-100, Dozor-600, E-85, Falcon Tribute, Favourite, Forpost, GSV-500, Hawk, Inspector, Irkut-3, Irkut-10, Iskatel T-4, Istria, I View Mk150, Ka-137, KB-3 Rise Remez, Klest, Korshun, LA-17, Lastochka, MBVK-137, Pchela, Pchela-1T, Proryv-R, PUSTELGA, Ray Tipchak, REIS-D, Reys/Reys D, Searcher Mk II, Shark, Tipchak, TU123, TU-141, Tu-143 Reys, Tu-243, Tu-300, ZALA421-02, ZALA-421-04, ZALA 421-06, ZALA 421-08, ZALA 421-12, Zond-1, Zond-2, Zond-3

Serbia

Gavran/Raven, IBL-2000, Medium, Nikola Tesla150, Orbiter 2M, Pegaz 011, Vrabac

Singapur

Fantail, LALEE, MAV-1,Phantom Eye, Scout, Searcher II, Skyblade, Upcoming RFI

Siria

La-17RM, Mohajer 4, Saeqeh, Tu-143 Reys

Sri Lanka

Ongoing RFP, Scout

Sudáfrica

Bateleur, Orbiter 2M, Skua, Vulture**

Suecia

APID 55, Filur, Ranger, RPG MK III, SHARC, Skeldar, Spy Owl 200, Spy Owl 300, Ugglan

Suiza

NEO S-300, Ranger, Scout B1-100, Swinglet CAM

Argus-XL Altius, Dozor-3, Heron, Skat, Voron

Ababil, Misrad-1, Streaker Seeker 400 nEUROn

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VANTs militares para reconocimiento, inteligencia y observación

Tailandia

Aerostar, Black Kite, Eagle ARV, G-Star, KSM150, RD01, Searcher II, Tigershark

Taiwán

Kestrel II, Shyang II

Trinidad & Tobago

CropCam, Draganflyer X8, Gatewing X-100, LP960, MD4-200, Pixy 26.40Rover,

Túnez

Buraq, Jebel Assa, Nasnas Mk1, Nasnas 320, Super Jebel Assa, Wing Jin, Wing SAR

Turquía

AeroSeeker 405, Albatross, An, Anka-A, Baykuº, Bayraktar Mini-VANT, Bayraktar Tactical VANT, Çaldýran, CL-89, Efe, Ege, Falcon 600, Firebee, Globiha Mini VANT, Gnat 750, Gözcü, Güventürk, IGnat, Heron, Malazgirt, Martý, Pelikan, ªimºek, Sivrisinek R-ÝHA, TINA, Turna-G, Upcoming RFP

Ucrania

A-3 Remez, A-4K Albatross, A-5 Sea Eagle, A-6 Golden Eagle, A-10 Phoenix, A-11 Strizh, A-12 Hurricane, Chizh-L, Iceberg 4-600LR,OKO-3mp, R-100, R100AT, Tu-143 Reys, Vorobey M, Vorobey-MVTOL

Uganda

Raven

Unión Europea

Barracuda, Higheye He60, SIDM, Tracker

Uruguay

Arcangel 1, Churuá, Marvin S14, Triton

Venezuela

Ababil, ANT-1X, Gavilán, Mohajer 2/Arpía-003, Rubezh-2, Rubezh-10, Rubezh-30/Precursor

Vietnam

ITAD M-400

Yemen

Raven

VANTs en desarrollo

VANTs de uso armado

Versión propia del X-47B

X-1

Anka-B, Vestel Karayel

Ion Tiger, nEUROn

Talarion

Cultura PolĂtica

Hacer Política y hacer Ciencia Política Martin Eduardo Pérez Cázarez* Resumen El presente artículo nace con la idea de plasmar algunas diferencias entre la política y la ciencia política, de los políticos con los politólogos, establecer nuevos conceptos, y acercarse a la realidad de la política y la ciencia política. La primera le corresponde a los políticos, la segunda a quienes se dedican al estudio y análisis de la política, los primeros aplican leyes, políticas públicas, se ocupan de la función administrativa del Estado, de las instituciones que lo conforman, mientras que los segundos, se aplican a diseñar, establecer, dar forma a las políticas públicas, a buscar nuevas formas de gobierno, le dan nombre, esquematizan nuevos estilos y valores, buscan perfeccionar entes políticos e instituciones. Los resultados y conclusiones de la presente investigación se encuentran señaladas al final de la misma. Palabras clave: Constitución, Estado, Interés, Ideología, Historia.

Doing Politics and Doing Political Science Abstract

This article was created with the idea of expressing some differences between politics and political science, politicians and political scientists, in order to establish new concepts and approach the reality of politics and political science. The first corresponds to the politicians, the second to those dedicated to the study and analysis of politics; the first apply laws, public policies, deal with the administrative function of the *

Abogado (Universidad de Guadalajara México). Maestro en Derecho Privado (Universidad de Guadalajara México). Doctor en Ciencias Políticas y Sociales (Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos México, CIDHEM). Profesor Investigador de tiempo completo Titular B Universidad de Guadalajara México. mperezcazares@yahoo.com.mx. Recibido: 01-02-2014 ~ ~ ~ Aceptado: 21-04-2014

Martin Eduardo Pérez Cázarez Hacer Política y hacer Ciencia Política

state and the institutions that comprise it, while the latter apply themselves to design, establish, shape public policies and seek new forms of government; they give name to and outline new styles and values, seeking to perfect political entities and institutions. Results and conclusions of this investigation are noted at the end. Keywords: Constitution, state, interest, ideology, history.

Introducción Existe un antagonismo entre políticos y politólogos, entre política y ciencia política, una polaridad de amigo-enemigo, que resulta cotidiano. Todos los conceptos, las expresiones y los términos de la política no son iguales a la de la ciencia política. Hay conceptos secundarios de político, por ejemplo, que se contraponga un comportamiento político-estatal, a uno político-partidario y que se pueda hablar de política religiosa, educativa, comunal, social, y así sucesivamente refiriéndose al mismo Estado (Schmitt, 2001), es decir, el político y la política va ligado a la función del Estado, desde el punto de vista sociológico lo político y la política encuentra su apoyo en la propia sociedad, que es a la que gobierna y a la que se debe, no se puede hablar de un político sin sociedad, aunque si se podría hablar de un político sin partido, para hacer política no necesariamente se tiene que estar en un puesto público por nombramiento o por elección popular. Al político frecuentemente se le evidencia, bien porque la política esta descuidada o desprestigiada a los ojos de la sociedad, porque tiene adversarios políticos que lo harán quedar mal utilizando métodos poco éticos, o porque sus acciones no han sido las correctas. En general, lo político es asimilado, de una y otra manera, a lo estatal o al menos es referida al Estado. Entonces, el Estado aparece como algo estatal: Se trata manifiestamente, de un circulo vicioso (Schmitt, 2001). Todo enfrentamiento religioso, moral, económico, étnico, social, sindical, o de cualquier otra especie, se transforma en cuestiones políticas, aun inclusive no siendo lo bastante fuerte para que implique una crisis social. Se convierte en una lucha real por dominar e imponer no solo los ideales, sino influir en las personas que les serán útiles en un futuro, bien por cuestiones económicas para posteriores ayudas en campañas electorales, o para proponer e imponer leyes que les favorezcan, estable-

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ciendo compromisos típicamente políticos pues de los mismos extrae su fuerza, estableciendo alianzas con iglesias, sindicatos, empresarios, sectores sociales, etc. El pueblo que cada día tiene mayores exigencias políticas, pide a los políticos les resuelva sus problemas, no distingue entre amigo y enemigo, así surgen frases en la política como fuego amigo. La política se funda siempre en una combinación variable entre consenso y disenso, entre cooperación y confrontación, entre alianza y escisiones, entre lealtad y traición, entre amistad y enemistad. La ciencia política se basa en la generación de conocimiento, debate, confrontación de ideas, doctrinas, en corrientes ideológicas. Pudiera parecer semejantes la política y la ciencia política, pero hay diferencias, en la primera se habla, en la segunda se escribe, una analiza, la otra aplica, una es teórica, la otra es practica, la política aplica el derecho, la ciencia política estudia el derecho. En sentido estricto la actividad política debería ser vinculante, que involucre la búsqueda del bienestar de la colectividad, lamentablemente en muchas ocasiones dista mucho de ser así y en raras ocasiones se apoya en la ciencia política. La actividad política es siempre y conjuntamente arte y técnica, tratando de influir, condicionar, o determinar el comportamiento de otros sujetos (Schmitt, 2001), a través del discurso hablado de la interlocución, de la oratoria, mientras que la ciencia política trata de influir a través de los libros, de las opiniones escritas, de las conferencias, de la cátedra, de las revistas especializadas. Toda acción política es una acción social, pero no toda acción social es una acción política. Sin embargo, la acción en la ciencia política es una acción social, porque tiende a tratar de solucionar problemas que la sociedad padece. La ciencia política coadyuva en las distintas modalidades y tipos de democracia, insta al funcionamiento, consolidación y transformación de distintas formas políticas y de gobierno, busca influir en las decisiones políticas, define los valores políticos tanto de un Estado como de una región que caracterizan a una sociedad determinada. En la política se gobierna y en muchas ocasiones no importa la ideología e inclusive ni la forma de gobernar, la ciencia política le pone nom-

Martin Eduardo Pérez Cázarez Hacer Política y hacer Ciencia Política

bre a la forma de gobernar y moldea la manera de hacer política. La política aparece en los medios de comunicación, la ciencia política aparece en los libros. La política necesita de los medios de comunicación para dar a conocer los planes de gobierno y proyectos, la ciencia política, necesita de las editoriales, de los congresos, seminarios, simposios, paneles, mesas redondas, etc., para dar a conocer sus estudios, sus investigaciones y conocimientos nuevos. La ciencia política busca el conocimiento político para predecir los resultados de sus estudios en cualquiera de lo temas que a esta atañe, confirmando el resultado con pruebas, con verificaciones. La política debe de basarse en el conocimiento de la ciencia política para tomar mejores decisiones. Así pues, la política es una cuestión de hechos y valores de interés personal y de lealtad hacia su grupo político, hacia un partido político. La ciencia política es una ciencia de métodos, de soluciones, de propuestas, de aspectos reales no abstractos, de conocimientos nuevos. A la ciencia política le corresponde estudiar los fenómenos que aparecen antes y después de una elección, la representación, sus efectos sociales, el quehacer del gobierno (Pérez Cázares, 2007), sin olvidar las distintas formas y sistemas de gobierno que es donde se desarrolla tanto la política como la ciencia política. En la política se aspira al poder para gozar de él, aprovecharse del prestigio que este confiere, la ciencia política aspira al conocimiento, a la generación de ideas, a encontrar respuesta e innovar.

1. Concepto de Política Para definir la política es necesario hacer referencia a la esfera de las acciones humanas que se relaciona directa o indirectamente con la conquista y el ejercicio del poder. Cuando se habla de política, se refiere a aquella actividad especifica que se relaciona con la adquisición, la organización, la distribución y el ejercicio del poder. La política representa el conjunto de relaciones entre individuos que luchan por la adquisición de un bien escaso como lo es el poder (Cisneros et al., 2000). Por ello, conceptualizar la política conlleva a términos de poder, gobierno, Estado, administración, elecciones, partidos políticos, políticas públicas, sociedad, etc.

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Para Cisneros (et al., 2000) la política puede ser caracterizada por: a) la función de guía y dirección que implica; b) los medios de los cuales se sirve para lograr sus objetivos; y, c) los fines de bienestar colectivo que persigue. A partir de esta caracterización, es posible sostener que la política implica por un lado efectividad, eficacia y rendimiento -elementos asociados a la gobernabilidad de cualquier régimen político-. La política no solo es el ejercicio del poder, sino también su adquisición, distribución y su permanencia, en este sentido trata de moldear, configurar y modificar al derecho, en aras de prevalecer en el poder. Por su parte, Arendt Hannah (1997) conceptúa a la política en tres planos: 1) como ciudadanía activa y participante en la que se desarrolla una solidaridad y reciprocidad que los hombres deben de ejercitar en una democracia en cuanto seres libres e iguales; 2) como igualdad política o como la artificialidad de la política en cuanto la política misma es producto de una interacción humana y, por lo tanto, el derecho a tener derechos no es un atributo natural de los hombres; quien no está en la comunidad política no ejerce derechos; en este sentido, la comunidad política debe constituirse no sobre criterios étnicos, religiosos o radicales, sino sobre la base de identidades ciudadanas, es decir, políticas; y, 3) como comunidad política que a su vez crea un espacio público, un espacio de la presencia en común en la que se decide sobre cuestiones de interés público, la artificialidad de la política proviene precisamente de que ésta es producto de la interacción entre los individuos; la política aparece como un artificio, como algo que se construye colectivamente. Para esta autora alemana, la política es artificial, es creada por el ser humano en base a la relación que existe entre la sociedad, entre los individuos, niega por tanto la naturalidad de la política, para ella es solo un producto de la creación humana. La política es la toma de decisiones por medios públicos, se ocupa primordialmente del gobierno, es decir de la dirección y autodirección de las grandes comunidades humanas. La palabra política pone de relieve los resultados de este proceso en términos del control y autocontrol de la comunidad, ya sea esta la ciudad, el Estado o el país. Toda comunidad mayor que la familia contiene un elemento de política. Efectivamente, política deriva de la palabra griega polis, que significa ciudad-Estado y para los griegos la polis era la comunidad mas significativa por encima de la familia (Deutsch, 1998).

Martin Eduardo Pérez Cázarez Hacer Política y hacer Ciencia Política

La política por tanto es una actividad que atañe a la dirección del gobierno, a la dirección de los asuntos de un país, a sus problemas y a sus soluciones, a la aplicación de las políticas públicas, al acceso al poder, y al ejercicio del poder, buscando el bienestar de una comunidady el respeto a los derechos humanos. Algunos políticos han establecido como base y como algo cierto que la política es un arte, otros que es el arte de gobernar. Para la ciencia política, la política es precisamente eso, una ciencia que busca nuevas teorías y principios. Deutsch (1998: 21) manifiesta que: En la política la tarea de mantener el control se apoya de igual modo, en las tareas no menos indispensables de orientación y navegación…Un primer mandatario y su ministro de relaciones exteriores, deben saber lo que su propio pueblo desea y lo que la legislación y los diversos partidos políticos y grupos políticos importantes, aceptaran, pero también deben saber lo que los extranjeros desean.

Al respecto, cabe señalar que un político debe saber lo que su pueblo aspira y la actitud que tomaran los partidos políticos o legisladores en tal o cual decisión que tome, pero ello gracias a los estudios y análisis de la ciencia política.Cuando se va a presentar una iniciativa de ley, se debe saber que actitud tomaran los legisladores, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales (ONG’S), los grupos de poder y de presión, la opinión de la sociedad misma. En opinión de Serra Rojas (1999: 75) la política, “…es la actividad que tiene por objeto, regular y coordinar la vida social, por medio de una función de orden, defensa y justicia, que mantenga la cohesión y la superación del grupo”. Para Valles (2008), la política forma parte de nuestro lenguaje habitual: en las relaciones familiares, en las conversaciones de negocios, en las informaciones de los medios. Se aplica el término para describir la conducta de muchos actores: tienen su política los entrenadores de futbol respecto de sus jugadores, las empresas respecto de sus competidores o de sus clientes, los estudiantes y los profesores -incluso padres e hijos- en sus relaciones humanas, etc. Y se emplea también, como es natural, cuando tratamos de quienes dicen profesar la actividad política como tarea principal y aparecen de un modo o de otro en el escenario pú-

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blico: los gobernantes de todos los niveles (estatales, regionales, municipales), los funcionarios, los representantes de los grupos de intereses, de los partidos, de los medios de comunicación, de las iglesias, etc. Política es un término multívoco, dotado de sentidos diferentes según el ámbito y el momento en que se emplea. Basta la consulta a diccionarios o incluso a los manuales de ciencia política para darse cuenta de ello (Valles, 2008). Para el comentado auto, política es sinónimo de método, de forma de conducirse, es un sistema de hacer las cosas que esta presente en todas las áreas de la vida. La semántica varían según la época y el lugar en que se emplean, así como las costumbres sociales cambian, de igual manera la concepción de un término, de esta forma el concepto de política ha sido distinto desde sus orígenes, pues: …no hay un concepto válido para todos los tiempos, sino que existirá un concepto valido para cada momento y época determinados, ya que siempre he sostenido en los trabajos de investigación que he realizado que la ciencia evoluciona y es cambiante como la sociedad misma y ante tal evolución, no podemos constreñirnos a definiciones exactas (Pérez Cázares, 2013: 94).

La sociedad por naturaleza evoluciona y la misma conlleva al cambio de paradigmas, de formas y métodos, no son los mismos conceptos a aplicar los de hace una década que los actuales, el conocimiento cambia en aras de mejorar, así la política cambia y se aplica de distintas maneras. De esta manera, Valles (2008: 18) manifiesta que hemos “…de ocuparnos pues de la política a sabiendas de que se trata de un concepto de manejo incómodo: es de uso habitual, pero controvertido, incluso contradictorio y presuntamente responsable de muchos males”. Por su forma y naturaleza misma, la política al percibirla de manera diferente unos u otros, tratan de imponer su idea, lo que produce desacuerdos que llevan a la confrontación.

2. Concepto de Ciencia Política Para Serra Rojas (1999), la ciencia política es un análisis crítico y sistemático del fenómeno político y de las instituciones que origina, entre ellas el Estado y a las demás sociedades políticas, lo que se llama descriptivamente

Martin Eduardo Pérez Cázarez

100 Hacer Política y hacer Ciencia Política la vida política. En sus aspectos diversos y complejos, proporciona una base teórica necesaria y orgánica al derecho público general apoyada en la observación de los hechos sociales, encaminados al establecimiento de un orden público. Dos propósitos amplios animan a la ciencia política: 1. La voluntad de integrarse a una ciencia autónoma e independiente; y, 2. Lograr una estructura política teóricay sistemática propia. La ciencia política trata de encontrar nuevas teorías, métodos y formas de la vida en sociedad, de la función pública, del Estado y del gobierno. La ciencia política es aquella parte de las ciencias sociales que estudia con una metodología empírica los fenómenos políticos. La ciencia política es conocimiento empírico orientado a la formulación de teorías de alcance medio y, en consecuencia, el conocimiento politológico en un saber aplicado (Cisneros et al., 2000). La ciencia en general representa una empresa colectiva fundada en la verificación y la comprobación; la ciencia política en particular manifiesta objetivos esencialmente analíticos y descriptivos. A diferencia de otras ciencias, cuyos principios o teorías son universales, en la ciencia política no existen leyes ni teorías generales, puesto que su estudio son aspectos institucionales, formas de gobierno, formas de Estado, democracia, partidos políticos, sistemas electorales, participación política de la sociedad, que por el propio devenir diario y en base a la naturaleza humana, todos estos aspectos son cambiantes, por lo que no puede haber en esta materia teorías ni principios universales; al no ser una ciencia exacta, su fin es analizar, explicar, estudiar y proporcionar opiniones científicas basadas en el conocimiento del funcionamiento de las instituciones de gobierno, así como de los cambios políticos, por lo tanto, tiene un método científico que la caracteriza, que le permite estudiar la formación, la organización y las funciones que desempeñan los grupos políticos de una comunidad, una nación, o un grupo de naciones. En este nuevo milenio, y muy probablemente en los siguientes como una tendencia del conocimiento de la ciencia política, debe trasladar su objeto de estudio a un conjunto complejo de análisis metodológicamente conducidos de lo que ocurre en la política, del día a día, del acontecer diario. Formar una nueva teoría política que sea acorde a la era de la información, a los cambios de la forma de hacer política con el uso de las redes sociales.

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3. Reseña histórica de la Política Hablar de la historia de la política es hablar prácticamente de la historia del ser humano, se necesitaría escribir un libro sobre este tópico por lo que se señalará algunos aspectos que se consideran más relevantes en la historia del pensamiento político. Para los griegos, la política se presentaba como algo interno al hombre, como algo que era propio de su naturaleza. Así, el modelo aristotélico de la política aparece como historia y como término natural del desarrollo humano. El zoonpolitikon aristotélico presenta al hombre como un animal político cuya aspiración es convertirse en ciudadano es decir en parte de la ciudad. La polis griega representaba la sociedad perfecta: la ciudad-Estado donde la política aparecía como arte de la convivencia y de la buena vida pregonada por Aristóteles (Aristóteles, 1999). Para los romanos, la política representaba el aspecto jurídico de los ciudadanos, establecido por un código legal escrito, por lo tanto, la interpretación jurídica se hizo altamente profesional. Durante el imperio romano los aristócratas y patricios monopolizaban el poder político. Con los romanos aparece un orden jurídico orientado a evitar la amenaza a la seguridad del Estado. Para los romanos el senado representaba la res pública; cuando el senado consideraba que el Estado se hallaba en peligro convocaba a los magistrados a través del senatos consultu multimun para que pusieran en práctica todas las acciones defensivas necesarias. Los enemigos del Estado se colocaban fuera de la ley y, por lo tanto, se suspendía su derecho a tener juicio oficial. Durante el imperio el concepto romano de magistrado permitía a éste ejercer una influencia decisiva en la vida civil cotidiana. La sociedad romana, era principalmente agraria en la que el poder y la autoridad era monopolio de los poseedores de tierras. La aceptación de las instituciones y del sistema como un todo era existencial, y su legitimidad se basaba en la continuidad del organismo político (Cisneros et al., 2000). Durante el imperio romano, la política mantiene su esfera sustancialmente autónoma. La política se desarrolla de acuerdo con las leyes terrenas y no según preceptos divinos. El primer desafío poderoso a la autonomía de la política en cuanto actividad y pensamiento comienza a desarrollarse con la decadencia de la Roma Imperial y con la expansión del cristianismo como religión del Estado. Esta situación representa un

Martin Eduardo Pérez Cázarez

102 Hacer Política y hacer Ciencia Política ataque frontal a la autonomía de la política y un intento exitoso por someter a la política a los preceptos religiosos cristianos. Con el surgimiento del Estado y los cultos estatales, la religión se convirtió en un factor que proporcionaba legitimidad (Cisneros et al., 2000). Durante el medievo romano, la política representa a las dos sociedades perfectas: la iglesia y el Estado o, dicho de otra manera: el poder espiritual y el poder terrenal. En este momento la política pierde su autonomía al desarrollarse una actividad mental dirigida más al otro mundo que a este mundo. Las formulaciones teóricas del pensamiento político medieval representadas por San Agustín en su obra la Ciudad del Dios y retomadas casi un milenio después por Santo Tomás de Aquino, dan origen a la tesis de que la especulación filosófica sólo era legítima si se encuentra sometida al dogma. Por lo tanto, se aceptaba sin dificultad que las cuestiones terrenales fueran dejadas en manos de quien el creador y la tradición habían encargado de ocuparse de ellas. El postulado central era que así como la ciencia debía someterse a la teología, así también el poder temporal debía subordinarse al poder espiritual; por consiguiente, el poder del rey o el monarca debía ser legitimado por la autoridad de los representantes de la iglesia. En ese momento la política aparece subordinada a la religión y no existe de manera autónoma. Sin embargo, también es una época marcada por el inicio de la lucha del pensamiento libre en contra del absolutismo. En esta pugna contra la teocracia pontificia destaca Marsilio de Padua, considerado un autor clásico de la teoría política, su idea fundamental es que resulta posible una política autónoma representada por una sociedad puramente secular bajo el control de un gobierno elegido por el pueblo, manifestaba que existe una doble verdad, una fundada en la razón y otra verdad fundada en la fe. Critica también el carácter oligárquico de la estructura política de la época, considerando que todos los clérigos sin importar su jerarquía, debería ser nombrados por el pueblo, de esta manera podrían constituirse en miembros de la comunidad política. Los sacerdotes y la iglesia deberían estar subordinados al Estado1, del cual la comunidad de los fieles era sólo una parte integrante para establecer las 1

Tesis sustentada por Benito Juárez siendo presidente de México con sus leyes de reforma.

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reglas de la convivencia civil. De acuerdo con la concepción de este teórico, el pueblo es el único detentador absoluto de la soberanía que da vida al Estado, cuya tarea es la de hacer obedecer las leyes que son aprobadas por la comunidad, el orden y la tranquilidad. Planteaba que la política debía ocuparse del problema de la soberanía del poder, es decir, de la distinción entre titularidad y ejercicio del poder (Cisneros et al., 2000). En los siglos XV y XVI, la política encuentra su expresión en la formación de los Estados, en plena época del renacimiento ya no es un arte de gobierno, sino una forma del mantenimiento del poder soberano, se abre el camino para la laicización de la política, ya no dependía del ámbito religioso. Aparecen varios pensadores de la política como Nicolás Maquiavelo, Thomas Hobbes, John Locke. Para Hobbes, la política es objeto de ciencia, y constituye una construcción casi geométrica del cuerpo artificial que es el Estado. En la Inglaterra del siglo XVII, se desarrolla un nuevo modelo parlamentario, creando nuevas instituciones que encarnaban la representación de la política de ese momento, tales como cortes, parlamentos, Estados generales. Cabe mencionar las ideas de John Locke, quien hablaba sobre el Estado democrático, sus argumentos sobre la soberanía popular, el derecho a la desobediencia civil en contra de la opresión. Para él, el Estado existe para servir a los ciudadanos, y para garantizar su vida, su libertad y su propiedad bajo una constitución. Locke establece la regla de la reciprocidad que limita el derecho natural de cada uno al igual derecho de los otros. Para evitar la guerra implícita al estado de naturaleza, los hombres se integran en sociedad, y constituyen un poder civil o político que consiste en lo que denomina el poder de hacer leyes. Con la revolución francesa, la política toma una nueva forma, y representa a la comunidad del pueblo, se garantizaba no solo su autonomía, sino su carácter laico. El pensamiento liberal incorporó en su doctrina el sistema basado en el conflicto como elemento constitutivo de la naturaleza humana, el reconocimiento legitimo de la existencia de posiciones políticas contrastantes, favoreciendo el desarrollo de disenso. Plantea la necesidad de limitar el Estado mediante una división de poderes y el establecimiento de normas constitucionales para garantizar las reglas de la convivencia social.

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104 Hacer Política y hacer Ciencia Política La doctrina política del liberalismo establece que todo gobierno esta limitado en sus poderes y que existe sólo por el consentimiento de los gobernados. En una democracia el establecimiento del Estado de Derecho representa la configuración del marco jurídico-normativo que permite la expresión del disenso y el principio de la mayoría, debe sustentarse en un Estado de derecho, evitando el abuso del poder. En el siglo XX Max Weber ofrece una teoría de la política que se desarrolla a partir de su concepción realista de la política y de su teoría del Estado moderno. Sus temas fundamentales sobre la política son, la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor, el desencanto del mundo a partir de la pérdida de los valores, la racionalización que ayuda al dominio de la realidad y los tipos ideales basados en la uniformidad de actitudes que permiten comprender el fenómeno político. Su propuesta de una tipología histórica sobre los principios de la legitimidad, sobre los fundamentos de la dominación legal racional y de su relación con el aparato burocrático representa una nueva perspectiva política. Para Max Weber, la política se relaciona con el estudio del problema de los valores y de la significación cultural de la lucha por el poder.

4. Reseña histórica de la Ciencia Política La ciencia política nace en Europa a finales del siglo XIX y encuentra su desarrollo más consistente en Estados Unidos después de la segunda guerra mundial. Durante muchos siglos, desde la antigüedad clásica hasta casi finales del siglo XIX, el estudio de la vida política no constituyó una disciplina en sentido estricto, sino un cúmulo de influencias heredadas. Sólo retrospectivamente cuando los criterios modernos se han impuesto sobre el pensamiento de los filósofos sociales del pasado, es posible identificar sus preocupaciones intelectuales como parte de lo que hoy día hemos dado en llamar ciencia política. Como consecuencia de ello, para la época en que la ciencia política adoptó la forma de disciplina académica independiente, había adquirido un carácter profundamente sintético; su objetivo parecía consistir en una colección de temas vagamente relacionados, transmitidos y modificados a través de los siglos. Exteriormente todo lo que parecía unir estos intereses era su relación común con ciertas instituciones y prácticas comunes (Easton, 1965).

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El texto que marca el nacimiento de la ciencia política es el tratado elemental de la ciencia política de Gaetano Mosca de 1896 en Turín Italia, en el que por primera vez se menciona el término de clase política acuñado hasta nuestros días. Como cátedra, la ciencia política apareció en 1880 en la Universidad de Columbia en Estados Unidos como political science. En sus orígenes, la ciencia política se caracterizaba por un fuerte contenido normativo, representado por una forma de saber o de conocimiento cuyo objetivo consistía principalmente en proporcionar preceptos para la acción de los gobernantes y en la formulación de propuestas normativas dirigidas a corregir las disfunciones de los distintos sistemas de poder (Cisneros et al., 2000). Originalmente el objeto de estudio de la ciencia política se concentraba no sólo en el problema de gobierno, sino más bien en el del buen gobierno, estableciendo así un nexo con la tradición aristotélica de la política, según la cual el zoonpolitikon, busca no solo asociarse políticamente con otros hombres, sino también vivir bien, es decir, conforme a las leyes. Desde este punto de vista, el campo de la ciencia política era analizado sobre todo por la filosofía política (Cisneros et al., 2000). El estudio científico de la política continuo su desarrollo con el impulso que recibió en los países anglosajones poco después de la segunda guerra mundial, motivados por el afán de identificar una gama de problemas que iban desde el análisis de las formas políticas de otros países no anglosajones, hasta el análisis de los procesos de instauración, consolidación, funcionamiento y transformación de diversas instituciones políticas que se daban en el bloque socialista. En los años setenta, la ciencia política se enfocó más al estudio de la administración pública que al desarrollo de nuevos conocimientos politológicos dentro del ámbito académico, influenciado por concepciones marxistas. La evolución de la ciencia política ha sido motivada en gran medida por la creciente demanda de estudios que expliquen las transformaciones del poder público, el surgimiento de la sociedad civil como una forma de identidad y de diferenciación de la clase política, la aparición de nuevas formas de gobierno, la desestabilización económica por la mala aplicación y diseño de las políticas públicas, el Estado fallido, la aparición he-

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106 Hacer Política y hacer Ciencia Política gemónica de nuevos Estados en el ámbito internacional, el terrorismo y el incremento en la violencia. La ciencia política no debe limitarse sólo al estudio de aspectos operacionales de gobierno o de la sociedad frente a este, sino que debe abordar los nuevos problemas relacionados con los procesos de toma de decisiones, de elecciones, de los movimientos de la clase política, la función de los partidos políticos. Es necesario expandir las fronteras del conocimiento de la ciencia política, aplicar y explicar nuevos modelos y formas de conceptualización. Del año 2000 al 2013, la ciencia política ha tomado un florecimiento de estudio y de investigación que ha contribuido a retomar nuevos enfoques y métodos de trabajo, de técnicas que lleva a un pluralismo multidisciplinario. Los constantes y profundos cambios de regímenes políticos y los cambios de la sociedad frente al gobierno, obligan a la ciencia política a dejar atrás los instrumentos de estudio tradicionales y establecer nuevos paradigmas de análisis. A raíz de la fragmentación del bloque comunista, la comunidad científica de la ciencia política ha estado mas ligada al desarrollo de la democracia, a su institucionalización, sus nuevos principios, sus alcances.

5. La ideología en la Política y en la Ciencia Política No se puede hablar de política o de ciencia política sin ideología, puesto que tanto el pensamiento político como la ciencia están investidas de ideología, a través del discurso, de los libros, en los partidos políticos, en las cámaras empresariales, en los centros de investigación, en el mismo gobierno, etc. Tanto en la política como en la ciencia política existe ideología, la cual se observa como un instrumento para que el mundo parezca más sencillo. La ideología es y ha sido en la historia de la humanidad un factor importante, pues a través de ella y con ella, se ha colonizado, conquistado territorios y Estados, se han provocado guerras; no se puede hablar de una política sin ideología, ni una ciencia sin ideología.

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La ideología forma parte de los regimenes que gobiernan un país, es parte fundamental de los partidos políticos, de las democracias, inclusive del derecho mismo. Etimológicamente, ideología proviene del griego y esta formada por dos partículas, idea que se define como apariencia o forma y logia que significa estudio. En política, la ideología da forma al discurso, establece pautas a seguir e inclusive da identidad tanto individual como colectiva. En base a la ideología se construyen procesos democráticos, científicos, revolucionarios, identidades sociales e inclusive formas de vida. El término ideología, apareció en 1810, en la obra denominada elementos de ideología, de Destutt de Tracy, cuya noción era equiparable a disciplina (Mier et al., 2000). La ideología se va formando y cambiando a través de la historia, pero gracias en gran parte a los conocimientos que aporta la ciencia; en materia política, la ciencia política ha aportado no solo ideologías sino formas de pensamiento que han construido nuevos diseños de gobierno, así han trascurrido de gobiernos socialistas a comunistas, autoritarios a democráticos, conservadores a liberales. En materia de ciencia política, la ideología es una base fundamental para la investigación, el politólogo le da a su búsqueda de conocimientos y a lo que escribe, un tinte ideológico que bien puede ser estructuralista, postestructuralista, constructivista, marxista, capitalista, sistémico, etc. En la política, la ideología es parte de la forma de gobernar, de aplicar el derecho y de establecer las políticas públicas. En tal sentido, no puede haber una política ni una ciencia política sin ideología, puesto que es una guía en la búsqueda de conocimientos.

6. El interés en la Política y en la Ciencia Política Una de las verdades fundamentales en la política es el interés que ella conlleva, aquí se busca una ganancia individual o colectiva. En el análisis de la política el concepto de interés ha desempeñado un papel central. La palabra interés proviene del latín interesse, que significa estar en medio, así en la política se escucha decir, ¿en qué me beneficio yo?, ¿qué gano yo? Una aplicación especial de esta palabra se encuentra para deno-

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108 Hacer Política y hacer Ciencia Política tar el pago que los deudores hacen a sus acreedores por el uso del dinero; el interés del acreedor es la situación financiera del deudor. Así pues, en general, el interés de cualquier persona en una situación consiste en las recompensas que pueda derivar de ella. En la clase política se establece una aristocracia independiente con la que el político tiene que gobernar, compartiendo el poder y a su vez apoyándose en grupos sociales, ligados de una u otra manera a sus intereses, ayudándose de políticos profesionales, que hacen sólo política cuando hay reuniones de toma de decisiones. Como pago de la lealtad se ofrecen cargos de todo género y niveles estatales, municipales o federales (Pérez Cázares, 2012). Así, en materia política el interés implica que a mayor peso político recibirán dividendos mayores, que se traducirá en mejores puestos tanto de elección popular como de designación. En el libro El derecho electoral y la ciencia política (Pérez Cázares, 2007), se señala que los partidos políticos al buscar el poder se convierten a su vez en una agencia de colocación de empleo. De ahí que muchos políticos se inscriban o ingresen a las filas de un partido político en época de elecciones, sobre todo cuando el candidato de determinado partido político encabeza las encuestas. En política, hay dos tipos de políticos, uno que vive para la política, y otro que vive de la política (Weber, 2010) quien vive para la política hace de ello su vida, y goza con ella poniéndola al servicio de algo. El que vive de la política hace de ella una fuente duradera de ingresos, pues a través de ésta, tratará de asegurar sus existencia económica, y para que alguien pueda vivir para la política se requiere que sea económicamente independiente, esto es que no se alimente o dependa de un ingreso económico que provenga de la política, pues sólo el patrimonio propio (que no provenga de la política) posibilita la independencia, de lo contrario tratará de verla (a la política) como un botín, del que seguramente se servirá (Pérez Cázares, 2012). El ideal político sería que quien se dedique a la política tenga ingresos regulares y seguros, pero lamentablemente se ha transformado a la política en una empresa, en la que se lucha por su control buscando la administración interna que es el propio Estado (Pérez Cázares, 2012).

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La ciencia política no tiene mas interés que el generar conocimientos nuevos del Estado, de sus instituciones, su organización y funcionamiento, de los fenómenos sociales y del poder, interpretando los fenómenos políticos, las formas de gobierno. Lamentablemente existe un desencanto y desilusión por la política, y por los políticos, cuya actividad ha provocado una desconfianza y frustración en la sociedad, que en ocasiones llega a la ira y en donde se encuentran palabras como la antipolítica en un franco rechazo a esta actividad plagada de corrupción que enoja, enfada e irrita.

7. El Estado en la Política y en la Ciencia Política En líneas anteriores se ha manifestado que el objeto de la política y de la ciencia política en gran parte lo es el Estado, y se dice en gran parte, porque la ciencia política también estudia y analiza a la sociedad y la actividad política en todas sus formas. Ahora bien, el Estado como la sociedad misma tienen un proceso de cambio y evolución, que es propiciado en gran parte por la actividad política y estudiado por la ciencia política, aquí aparecen las instituciones que dan forma al Estado y permiten su funcionamiento, pero dichas instituciones están regidas por un orden jurídico, iniciándose desde la Constitución. En términos generales, la Constitución de un país estructura y configura al Estado de tal manera que establece un régimen federal o central, una república, una monarquía, un Estado autoritario, inclusive el ideal mismo, esto es, si se es un Estado liberal, conservador, autocrático, teológico, laico, capitalista, socialista, populista, otorga las bases socioeconómicas y, de acuerdo a este régimen, tenderá a ser la actividad política que se desarrolle; su estudio, análisis e interpretación lo hará la ciencia política. A nivel internacional existen distintos sistemas políticos que están avalados por la Constitución, como existen diversos sistemas jurídicos también avalados por la Constitución, pero el político en su conjunto hace el sistema político, y el científico político le da nombre. En el ordenamiento legal se puede percatar de lo que se es y de lo que se ha sido como pueblo a través de las leyes positivas o de las ya derogadas, se puede dar cuenta de la actividad política que se tuvo, de los propósitos que se persiguen y se demuestra las características que ha tenido el Estado y los cambios que ha dado en su evolución.

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En este engranaje aparecen los factores reales prácticos que se viven día a día, la realidad social, la lucha del poder por dirigir al Estado, las redes de poder tanto fácticos como de iure, cuestiones que se dan la actividad política y a la ciencia política le corresponderá ponerles nombre y apellido, interpretarlas, encontrar nuevas formas de gobierno y proponer nuevas y mejores instituciones, nuevas y mejores políticas públicas que tiendan a la solución de problemas. Al vivir los acontecimientos del mundo moderno, la ciencia política se ve arrastrada en el proceso contradictorio de sistemas o doctrinas que tratan de destruirla al aniquilar al Estado y a las formas democráticas (Serra Rojas, 1999). En este orden de ideas, el Estado está regido por instituciones que sirven para organizar su actividad, tanto política, administrativa, legal, cultural, educativa, etc., y a través de ellas, va tomando cuerpo de su existencia. En el Estado se articulan pues, un conjunto de instituciones. Esta multiplicidad institucional responde a un principio de especialización. Cada Institución se ocupa de una o de varias de las tareas necesarias para hacer efectiva la regulación de conflictos propia de la política (Valles, 2008). Dichas instituciones interactúan entre si y con los ciudadanos, que es el contacto que tienen con el Estado, allí, en las instituciones es donde se realiza y se genera la política y a la ciencia política le corresponde su estudio y análisis. Serra Rojas (1999: 517) define a la institución como “…la configuración de conducta duradera, compleja integrada y organizada, mediante la que se ejerce el control social y por medio de la cual se satisfacen los deseos y necesidades sociales fundamentales”. Para Valles (2008: 172): …la institución, equivale a un conjunto de reglas formales e informales a las que tratan de acomodarse los diferentes actores, tanto individuales como colectivos. Sirve para incentivar o desincentivar determinadas conductas y su conocimiento permite que cada actor pueda albergar ciertas expectativas respecto del comportamiento de los demás.

Las instituciones pues, son los órganos que dan vida y forma al Estado en ellas realiza sus funciones e interactúa con la sociedad, tratando de solucionar los problemas, dando apoyo y preservando los derechos.

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Las funciones institucionales se realizan a través de actos políticos, económicos, jurídicos, en estos actos el Estado ejerce su potestad, dada a través de las instituciones que es en donde se posan los poderes políticos y que el pueblo acepta a través de sus titulares, bien porque los ha elegido, o porque los ha designado. La ciencia política explica, clasifica y denomina las diversas manifestaciones de las funciones institucionales del Estado, de sus actos potestativo. Así las instituciones subsisten en tanto que les da vida el derecho y su justificación se las da la sociedad. El amplio campo de estudio de los modelos del cambio político es uno de los mas prolíficos dentro de la ciencia política, sin olvidar los estudios sobre las modalidades a través de las cuales los ciudadanos, grupos y movimientos colectivos, buscan influir en la decisiones políticas, la distribución de los recursos y la definición misma de los valores que caracterizan a un determinado régimen político, engendrado por las redes sociales, que en este nuevo milenio se han caracterizado por una nueva forma de presión y de decisión que será un nuevo tema de estudio y análisis de la ciencia política. El Estado moderno se encuentra en un proceso de redefinición y de recomposición que no puede ser olvidado por la ciencia política, menos aun en un mundo globalizado, en el que han aparecido nuevas reglas y formas de gobierno. La ciencia política se preocupa porque el conocimiento pueda ser verificado, por políticas públicas que funcionen en búsqueda de soluciones, de nuevos descubrimientos que sirvan para hacer mejor política. Sin la verificación del conocimiento la ciencia política pasará a ser sólo política, opiniones, propaganda. Para la ciencia política, la política es estudiada como ciencia del Estado en su forma social y jurídica en el que es necesario describir, metodizar, analizar, clasificar y ordenar toda su actividad, incluyendo el estudio del poder, que va inmiscuido a la dirección del Estado.

8. La Constitución en la Política y en la Ciencia Política Para que exista el Estado y sus instituciones se requiere de un texto legal que les de forma y atribuciones en el que se establezcan las reglas

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del juego, este documento es la Constitución, allí se encuentra la estructura política del Estado y el funcionamiento político de las instituciones. Para la formación de la Constitución se conjugan actores y grupos de la política en una negociación que, posteriormente, será el pacto para que el texto constitucional sea el equilibrio de fuerzas, de lo contrario, parecerá una imposición de una parte o de un grupo que nunca acepta su promulgación y luchara hasta que sea derogada o en su defecto buscara su modificación. A la Constitución se le debe honrar, pues ahí se encuentran los derechos más preciados de un pueblo por los que tanto luchó, está inmiscuida su historia, a grado tal que la convierte en un estandarte de triunfo y de unión que trasciende de generación en generación, en el que se protegen y garantizan los derechos fundamentales para la sana convivencia. Cuando el consenso sobre los valores constitucionales ha arraigado durante generaciones en una comunidad política, la Constitución puede convertirse en un símbolo que inspire respeto e incluso una cierta veneración. Aún reconociendo que sus previsiones no se cumplen de forma total, se le presenta como com pendio de objetivos dignos de ser perseguidos: libertad, igualdad, tolerancia, justicia social, progreso, seguridad, etc. Por esta razón, en los debates políticos los diferentes actores individuales o colectivos tratan a menudo de invocar en su favor el texto de la Constitución, porque consideran que demostrar fidelidad constitucional les da cierta ventaja a la hora de persuadir a los demás (Valles, 2008). Lamentablemente, quien se encuentra en el poder político maneja a su antojo la Constitución y su interpretación, en ocasiones alterando el texto constitucional según le favorezca; en mi actividad de abogado postulante, platique un día con un decano de la judicatura quien me manifestó: “En los años que llevo de Juez, he aplicado diversas leyes y artículos constitucionales que son acordes a los intereses de quien gobierna”. Si bien no sólo los grupos que se encuentran gobernando o en le poder tratan de violentar la Constitución o pasar por alto su texto, sino también grupos de poder económico, y algunos otros poderes de facto como para el caso mexicano, el narcotráfico. La ciencia política se enfoca en tratar de evitar el manejo de la interpretación de la Constitución a favor de los intereses de unos cuantos o

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del grupo gobernante, buscando la forma de evitar el abuso del poder a través de la denuncia que hace en los textos publicados. Por ello, la existencia misma de la Constitución no garantiza una excelente democracia, ni siquiera a la democracia misma y en ocasiones ni el respeto a los derechos consagrados en la Constitución, puesto que puede haber constituciones sin reconocimiento de derechos. La Constitución no es un elemento aislado del sistema político. Esta influida en su nacimiento y en su aplicación por la dinámica propia del sistema en que esta inserta. Está limitada a menudo por las condiciones en que la práctica política se desarrolla. Pero tampoco cabe ignorar que la Constitución puede repercutir a su vez sobre aquella dinámica. Una Constitución que contenga una amplia declaración de derechos o una proclamación de valores como la libertad, la igualdad o la justicia no es del todo inoperante: podrá ser empleada como recurso por quienes defienden aquellos derechos y valores cuando intervengan en los conflictos de la política. Y, aunque este recurso no sea siempre suficiente para orientar su resolución, su invocación permanente puede hacer que una mayoría social los adopte de manera progresiva como reglas irrenunciables de su vida política (Valles, 2008). La Constitución personifica a la colectividad nacional y ahí se establecen el conjunto de voluntades y derechos para determinar que tipo de Estado se desea, dando vida a los órganos estatales y a las instituciones de manera que va adquiriendo su personalidad. En sí la Constitución es el acta de nacimiento del Estado. Una Constitución política sólo puede concebirse como un ser al que dan forma las normas. Como situación política existencial, como forma y ordenación concretas, la Constitución sólo es posible debido a que los partícipes consideran esa ordenación y esa forma ya realizados o por realizarse en el futuro (Heller, 2000). La Constitución es la norma fundamental de todo Estado en el que se conjugan ideología, forma, valores, y el régimen de un pueblo, así como el reconocimiento de sus derechos y la garantía de su respeto. Una Constitución sin declaración de derechos sigue siendo una Constitución, mientras que una Constitución cuyo núcleo y parte más importante no sea la estructura del gobierno no es una Constitución (Sartori, 2001).

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Su nombre lo indica todo, constituir, dar forma, crear, organizar, en pocas palabras, una Constitución da vida, forma y estructura al Estado, no solo se constriñe a dar o reconocer derechos. Ante esta perspectiva, la ciencia política adquiere mayores proporciones de su objeto, dando paso a nuevas transformaciones y nuevos planteamientos que han provocado el perfeccionamiento de métodos y la aplicación de nuevos conocimientos. La política aplica los preceptos constitucionales, y en determinados momentos movidos por el interés, busca su reforma, o derogación.

Conclusiones PRIMERA: Queda de manifiesto en el presente documento algunas diferencias entre la política y la ciencia política. La política es una actividad que no escapa a ningún país, en ella se encuentra la lucha por el poder, utilizando distintas formas ideológicas como puntos de expresión, buscando mejores formas de gobierno. La ciencia política no se desarrolla en todos los países, bien por las carencias económicas bien por la ideología de sus gobernantes o bien por su forma de gobierno. La búsqueda de conocimientos nuevos de desarrollo de métodos, de principios, de teorías acordes a la nuevas estructura de la sociedad, es tarea de la ciencia política, que busca humanizar a la política. SEGUNDA: Se puede decir que la política en el papel es una actividad que atañe a la dirección del gobierno, a la dirección de los asuntos de Estado, a sus problemas y a sus soluciones, a la aplicación de las políticas públicas, al acceso al poder, y al ejercicio del poder, buscando el bienestar de una comunidad. TERCERA: La política y la ciencia política se complementan. La actividad política es necesaria para la ciencia política, sin esta actividad no podría haber desarrollo científico político ni pensadores políticos y sin la ciencia política, la actividad política sería una actividad artesanal, sin visión ni perspectiva, sin dirección, sin nombre a los proyectos políticos y formas de gobierno. CUARTA: La ideología es fundamental en el desarrollo de la política y de la ciencia política, un discurso político sin ideología es un discurso muerto, y una investigación científica política sin ideología es una investigación sin rumbo. De la ideología nacen las formas y sistemas de gobier-

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no, los partidos políticos, las normas jurídicas fundamentales, los estilos de democracias, las dictaduras, las guerrillas, inclusive las costumbres sociales. QUINTA: Las ideas políticas y científicas políticas están plasmadas en todas las constituciones, en cuanto se trata de valores del pueblo, de derechos fundamentales, de forma organizacionales del Estado, de sistemas de gobierno y de sistemas jurídicos, que tienden al mejoramiento y desarrollo de su población.

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Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza Carlos Antonio Tello Castrillón** Resumen Este escrito es resultado de una revisión teórica. Su objetivo principal es argumentar que la Responsabilidad Social Organizacional es una institución que delinea la Gobernanza política y el Gobierno Corporativo de las Organizaciones. Para ello, se vale de una coincidencia entre ella y las Instituciones. Ambas orientan y limitan el comportamiento de los Sujetos bajo la forma de imperativos sociales. Respecto al método, se parte de una posición paradigmática ontológico-interpretativa frente a la realidad. En ella la realidad social es un acuerdo inter subjetivo, bajo este parámetro, el uso de la metodología hermenéutica permite hacer interpretaciones, ampliar la comprensión del fenómeno, y proponer relaciones entre sus categorías en un contexto neoinstitucional. Tales relaciones a su vez constituyen el resultado más notorio de esta revisión. Como conclusión se propone que la Responsabilidad Social Organizacional es un interés común a todos los sujetos de la sociedad -de los que hace parte el micro-cosmos societal de la Organización-, por lo que se consigna en el Contrato Social. Por tanto, ella afecta y es afectada por la Gobernanza, y su versión del Gobierno Corporativo, en tanto espacios donde se desenvuelve el Contrato Social. Palabras clave: Responsabilidad Social Organizacional, Gobernanza, Gobierno Corporativo, Neoinstitucionalismo, Política.

Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira (Valle del Cauca). Adscrito al Departamento de Ciencias Sociales. Valle del Cauca, Colombia. catelloca@unal.edu.co Recibido: 18-04-2013 ~ ~ ~ Aceptado: 23-07-2013

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Neoinstitutionalism, Organizational Social Responsibility and Governance Abstract This paper arises from a theoretical review. Its main aim is to argue that organizational social responsibility is an institution that delineates both political governance and the corporate governance of organizations. To accomplish this, a coincidence between organizational social responsibility and the institutions is used. Both orient and limit the behavior of social subjects in the form of social imperatives. With regard to method, the study is based on an ontological-interpretive paradigmatic position regarding reality. Within it, social reality is taken as an intersubjective agreement. Under this parameter, the use of hermeneutic methodology permits making interpretations, extending comprehension of the phenomenon, and proposing relations between these categories in a neo-institutional context. Such relations, in turn, constitute the most notable result of this review. In conclusion, it is proposed that organizational social responsibility is an interest shared among all subjects of a society that form part of the societal microcosm of the organization, because of what is included in the social contract. Therefore, organizational social responsibility affects and is affected by governance and its version of corporate government, in all spaces where the social contract develops. Key words: Organizational social responsibility, governance, corporate government, neoinstitutionalism, politics.

Introducción La Responsabilidad Social Organizacional (RSO) usualmente entendida solo como instrumento de los negocios (Moon et al., 2010; Jenkins, 2009) y, por tanto, asociada en exclusiva al ámbito empresarial, soslayando otras dimensiones que también le son determinantes. Esta investigación pretende alejarse de ello y, para tal fin, propone una redefinición fundamental. La cobertura de la RSO no está solo confinada al mundo de las organizaciones con ánimo de lucro sino que ella atañe también a las organizaciones no empresariales como las estatales o las educativas. Por tanto, aquí se opta por hablar de Responsabilidad Social Orga nizacional (RSO). Una de las dimensiones soslayadas ha sido la dimensión política (Moon et al., 2010), esto le resta importancia a la RSO y dificulta que se asiente con propiedad en la sociedad en general y, en las organizaciones en particular. Para Assländer (2011) hay tres grandes argumentos que

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explican tal soslayo: en primer lugar, una predominancia de la visión norteamericana de RSO que la asimila a un acto filantrópico. Como tal, la decisión sobre la RSO es un acto unilateral de las organizaciones; en segundo lugar, la RSO aparece como otro instrumento de gestión de las empresas; y, en tercer lugar, la falta de claridad sobre lo que es RSO, hecho que abre las puertas para que se tomen como RSO actos que no corresponden a una verdadera responsabilidad social. Cada uno de estos argumentos se refiere a esferas de acción susceptibles de sufrir cambios acordes a los últimos tiempos. La importancia de estos cambios es que con ellos se construyen vínculos entre la RSO y lo político, y de ahí con la Gobernanza. Respecto al primer argumento, en los últimos tiempos la visión de la RSO se ha impregnado más de la visión europea (Jenkins, 2009) en la que se le realza como una categoría transversal a toda la organización. Esto significa, que ahora la organización prefiere atender a la totalidad de grupos de interés mermando su enfoque en los accionistas. El enfoque en varios grupos de interés supone negociaciones diversas y jerarquización de los intereses que estos portan sobre la organización (Freeman, 1984), con las relaciones de poder que esto suscita, emerge con fuerza el componente político de la RSO. Respecto al segundo argumento, de la misma manera que una organización toma la RSO como parte de sus herramientas de gestión del negocio, también puede entenderla en su esfera política. Esto marca, para hoy, una tendencia creciente para conocer que la RSO contextualiza las relaciones de poder intra e inter organizacionales y el control de la gestión, debido a esto, ella influye tanto en la Gobernanza como en el Gobierno Corporativo (GC) (Jamali et al., 2008a; Jamali et al., 2008b; Kangarluie et al., 2011; Arora y Dharwadkar, 2011). En el tercer argumento, el más importante para Assländer (2011), la mixtura de conceptos y hechos alrededor de la RSO conlleva a que bajo ella se arrope un amplio rango de aspectos que, desde un claro enfoque organizacional, parecen priorizarse a partir de su aporte al negocio. Concomitantemente, se descuidan los aspectos de aporte indirecto a las relaciones entre los sujetos organizacionales o de la organización y los sujetos de la sociedad. Uno de esos aspectos es lo político. No obstante, este ha venido ascendiendo en tal priorización, especialmente promovido desde la perspectiva societal. El reclamo de Assländer (2011: 117) es muy ilustrativo al respecto: “Es muy problemático que la RSO no tenga la teo-

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ría política correspondiente que permita integrarla en un concepto macroeconómico y así definir las responsabilidades corporativas desde una perspectiva gubernamental”. La naturaleza del reclamo conduce ineludiblemente la RSO hacia la Gobernanza del sistema social. Las relaciones hasta aquí planteadas esbozan la influencia de la RSO sobre el GC y la Gobernanza. En sentido recíproco, estos dos elementos influyen en la RSO especialmente desde la asignación de recursos organizacionales (Arora y Dharwadkar, 2011) y la promoción de valores y actos societales relativos a ella (Moon, 2004). A partir de las relaciones anteriores, se plantea el objetivo de argumentar teóricamente que la Responsabilidad Social Organizacional influye sobre el Gobierno Corporativo y la Gobernanza política bajo la forma de Institución. Para ello, se vale de una coincidencia presente entre esta última y la RSO, ambas orientan y limitan el comportamiento de los sujetos sociales a través de imperativos sociales. La manera en que esto ocurre puede ser entendida por medio de dos propuestas originadas en el Neoinstitucionalismo (NI): la correspondiente a March y Olsen (2005; 1997; 1984), y, la propuesta de Sacconi (2012). La propuesta de March y Olsen (2005; 1997; 1984), fue construida como un estudio de lo político dentro del paradigma Neoinstitucional (NI). Su presencia inicial tuvo lugar en 1984 con el artículo “The New Institutionalism: organizational factors in political life”, considerado un clásico dentro de la literatura NI. Desde entonces, han aparecido distintas extensiones del mismo, de las cuales aquí se utiliza mayoritariamente la versión de 1997, traducida al español como “El ejercicio del poder desde una perspectiva institucional” (March y Olsen, 1997). La segunda referencia, proviene de Sacconi (2012) con su obra “Corporate Social Responsibility and Corporate Governance”, en la cual el autor articula las Instituciones al equilibrio institucional, ligando RSO con la Gobernanza y el GC. Este artículo se trabaja inscribiéndose en el paradigma ontológico interpretativo de la realidad, y como gran trasfondo, se define la realidad social como un acuerdo inter subjetivo, condición que se hace más notoria en el espacio Neoinstitucional. Dentro de este marco, se acude a la metodología hermenéutica, dada la naturaleza teórica de la discusión. Esto obedece a que la discusión teórica permite hacer interpretaciones, ampliar la comprensión del fenómeno de la Gobernanza y la RSO, y proponer relaciones entre estas dos categorías y el contexto.

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120 Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza El artículo se presenta de la siguiente manera: en la primera parte se definen los conceptos, base de la argumentación: Gobernanza, Gobierno Corporativo (GC) y Neoinstitucionalismo (NI); en la segunda parte, se realza la dimensión política del NI y con ella se construye la visión de una RSO vinculada con la Gobernanza. En la parte final, se presentan las conclusiones.

1. Conceptos fundamentales de la visión Neoinstitucional de la Gobernanza La Gobernanza tiene un doble aspecto inter e intra organizacional. Representado en la Gobernanza política, referida al medio y simplemente conocida como Gobernanza, y en la Gobernanza del interior de las organizaciones o Gobierno Corporativo. La definición de Jessop (1999: 351) condensa tales afirmaciones: [La Gobernanza es]…cualquier forma de coordinación de relaciones sociales interdependientes, abarcando desde las simples relaciones diádicas hasta las complejas divisiones sociales del trabajo. Tres formas de coordinación son usualmente distinguidas: la anarquía del intercambio (p.e. las fuerzas del mercado), la jerarquía de la orden (p.e. la coordinación imperativa del estado), y la “heterarquía” de la auto organización (p.e. las redes). Junto a otros comentaristas, yo me refiero a la tercera forma de coordinación como “la gobernanza en sentido breve” en contraste con el concepto más amplio que también acopla fuerzas de mercado y jerarquías organizacionales.

En el aporte de Jessop (1999) se nota que las relaciones de Gobernanza son propias de cualquier medio social, lo que incluye a las organizaciones. La lógica política de la Gobernanza del sistema social se traslada hacia las jerarquías organizacionales configurando el GC. Esta doble presencia del genérico de Gobernanza es más clara en el idioma Inglés. El término governance se refiere a la Gobernanza en su dimensión social, especialmente relativa al sistema político. Posteriormente, con solo anteponer la palabra corporate, se habla del Gobierno Corporativo. Los dos significantes aluden a mecanismos de coordinación social que en el caso específico del GC se refiere a la forma en que “…son distribuidos los derechos y las res-

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ponsabilidades en las firmas” (Aguilera, 2009: 151). Dadas estas circunstancias, se puede sostener que el origen del GC también está en lo político. Por ello, al amparo de su base política común, en este escrito se trata a esta doble presencia de la Gobernanza con la misma lógica. La Gobernanza se manifiesta en patrones de comportamiento estables que, por lo tanto, la llevan a entrecruzarse con las Instituciones, las cuales son el elemento central de los programas de investigación Institucional y Neoinstitucional, puesto que estos dos programas comparten las mismas consideraciones ontológicas, en la presente investigación se tratan indistintamente los dos para referirse al papel que cumplen las Instituciones. Sin embargo, cabe resaltar que las diferencias entre estos dos programas son esencialmente una cuestión de amplitud de rango, mas macroeconómico y diacrónico para el primero, mas microeconómico y sincrónico para el segundo. De todas formas, ambos acometen la introducción de las Instituciones en los estudios sociales, alejándose del ideal racional de las escuelas clásicas de la Economía y la Política.

2. La visión política del Neoinstitucionalismo Son varias las díadas que señalan las oposiciones teóricas del NI frente a la escuela Racional tradicional: identidad con el rol social vs. preferencias individuales; conducta guiada por las reglas vs. conducta guiada por las preferencias, es decir conducta deontológica vs. conducta teleológica; el orden apoyado en símbolos y moralidades vs. el orden nacido de la competencia y la coerción. Aquí el Sujeto ya no pre-diseña sus actos sino que se ajusta a los patrones y simbologías que el entorno transmite. De esta manera, también cambia la forma de entender el ambiente político, que pasa de construirse a partir de “…la agregación de las preferencias individuales a través del intercambio racional” (March y Olsen, 1997: 41) a convertirse en una “…vida [que] se organiza en conjuntos de significados y prácticas compartidos que llegan a ser considerados como ciertos durante mucho tiempo” (March y Olsen, 1997: 43). Tales significados y prácticas compartidos son el trasfondo de la definición de Institución en este contexto político. Dentro de ellos se articulan sus elementos claves, como son la determinación exógena del comportamiento, su entronque con la cognición del individuo y su sostenimiento a través de las estructuras sociales.

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Carlos Antonio Tello Castrillón Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza [Las Instituciones son] una colección relativamente duradera de reglas y prácticas organizadas, contenidas en estructuras de pensamientos y recursos que son relativamente invariables frente a los cambios de individuos y relativamente flexibles respecto a las preferencias y expectativas idiosincráticas de los individuos y las circunstancias externas cambiantes (March y Olsen, 2005: 4).

Esa colección de reglas comprende en general (March y Olsen, 2005: 4) “…propósitos comunes…”: “…reglas constitutivas y prácticas…Estructuras de significados, insertas en identidades y pertenencias [a un grupo]…” que en unos casos habilitan, y en otros casos limitan, las acciones de los actores sociales. La definición de March y Olsen (2005), pone el énfasis en la Institución como patrón externo de referencia de la conducta de los actores sociales. Con Sacconi (2012) se complementa lo anterior, recordando que el patrón actúa solo cuando se incorpora en el interior de la mente de los actores. De ahí su definición de Institución como “…una regularidad en la conducta ejecutada en un dominio de acción y establemente representada por el modelo mental residente en las cabezas de todos los participantes” (Sacconi, 2012: 17). Lo institucional constituye entonces una forma alternativa de entender la coordinación entre los sujetos. En lo político, el NI es una reacción a dos consideraciones clásicas. Una de ellas es que la vida política es un resultado de la acción racional y deliberada de los sujetos (March y Olsen, 1984) y, la otra, que ella es exógena a los problemas de distribución de los recursos. Sobre la acción racional hay que señalar que las escuelas clásicas de la Política y la Economía, de las cuales la más representativa es la Teoría de la Elección Racional, asumen un Sujeto que se comporta dentro de una conducta optimizadora. March y Olsen (1984) llaman a todas esas perspectivas la Lógica de la Consecuencia y se manifiestan en desacuerdo. Este Sujeto toma decisiones racionales para su máximo beneficio personal en un escenario político que funge como simple arena partisana de intercambios y de formación de coaliciones supeditadas a tal beneficio. En esa arena, la distribución de los recursos es una consecuencia del proceso político y no uno de sus determinantes. En el NI el Sujeto no elige de acuerdo a sus propios cálculos sino que lo hace fuertemente determinado por las reglas y las costumbres, resul-

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tado de otras lógicas de acción; su propia dotación de recursos y su poder político. En general, según March y Olsen (1984, 738), .las visiones NI: …disminuyen la primacía simple de los micro procesos y la historia eficiente a favor de unos procesos relativamente complejos y la ineficiencia histórica; disminuyen el énfasis en las metáforas de la elección y la distribución de los resultados a favor de otras lógicas de acción y la centralidad de la acción simbólica y su significado.

De esta manera, las Instituciones configuran los comportamientos individuales con una absoluta influencia de los procesos históricos y colectivos. Esta condición hace que estos últimos sean atractivos para los actores sociales y se conviertan en parte de las luchas de poder, por supuesto, la dinámica y el fin de tal lucha son de naturaleza política. En consecuencia, se puede decir que las Instituciones en tanto determinantes de la acción social, sentencian la dimensión política de la sociedad. A su vez, la Política o ejercicio del poder, afecta de manera nuclear a las Instituciones. En efecto, el NI asume que ella, dentro del NI se encarga de “…administrar también el proceso por el cual una Democracia afecta las concepciones de lo bueno y construye el medio ambiente al que responde” (March y Olsen, 1997: 64). Esto es, la Política influye en la construcción de las Instituciones y su carácter simbólico, en un proceso intersubjetivo que desarrolla representaciones vinculantes con la cotidianidad, alcanzando su máxima expresión en forma de eventos políticos. Con esto, se puede concluir que las Instituciones son endógenas al proceso político. De esta manera, se puede visualizar el cierre de un flujo circular que representa la relación de doble vía entre Política e Instituciones. El papel político que cumplen las Instituciones es fundamentalmente un rol de cohesión. Las restricciones de conducta que imponen, corresponden a la búsqueda de un equilibrio social al estilo del Contrato Social de Rousseau (Sacconi, 2012). Para Sacconi (2012), las Instituciones son la base de la cohesión social y su fundamento primario reposa en el hecho de que nadie cuestiona la deseabilidad de la aceptación de las normas. Las Instituciones se organizan y actúan dentro de una Red Institucional, la cual se define como un entramado complejo, en el que unas Instituciones albergan a otras y donde las prácticas se difunden por la imita-

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124 Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza ción. Esta red está conectada al resto de actos sociales, y rara vez es eficaz –en términos clásicos- respecto al entorno que le rodea (Sacconi, 2012). El concepto de Red es útil al momento de explicar el equilibrio institucional y la cohesión social. La cohesión social dependiente de las Instituciones supone que estas se encuentran en estado de equilibrio. Esto es, una situación en la cual ningún actor social tiene motivos para alterar la Institución. Esta condición le genera confianza y estabilidad al sistema social. No obstante, la especificidad social e histórica de cada Red Institucional lleva a que no haya una forma de llegar a tal equilibrio que sea válida para todo sistema social. Es mayoritario el hecho de que los sistemas sociales ni siquiera llegan a él. Cuando efectivamente se presenta, lo hace en la forma de versiones parciales y temporales (March y Olsen, 1984; 1997). Sin embargo, la ausencia de equilibrio no significa que los sistemas sociales se encuentren en riesgo. La cohesión y la confianza sociales se mantienen por el solo hecho de que, de cualquier forma, la Red Institucional, por la propia naturaleza de las Instituciones y no obstante su complejidad, siempre tiende hacia el equilibrio. La complejidad de la Red Institucional hace que, según el NI, el cambio institucional sea local, ralentizado y rezagado frente los cambios en el entorno. Este fenómeno se debe a dos razones, la persistencia de Instituciones caducas y el papel de la Política. Respecto a lo primero, suelen subsistir Instituciones obsoletas e inadecuadas fruto de la inercia institucional o de la rigidez social. Concerniente a lo segundo, el cambio institucional depende de la política, hecho que impide al Sujeto social obrar plenamente de acuerdo a la racionalidad clásica y luego agregar sus preferencias con las de otros para construir el todo social. Cada Sujeto social está en capacidad de contribuir al cambio del orden institucional pero este solo se hace realizable dentro de la conjunción política del conglomerado comunitario o societal. Bajo este marco, March y Olsen (1984) delimitan los supuestos básicos de la visión política del NI. El orden en el cual se presentan aquí es diferente al original de los autores, porque se muestra primero el desenfoque de la visión del individuo racional, para luego pasar a la visión basada en el contexto institucional social:

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• Los actos de las personas responden a la lógica de lo apropiado, y no de lo óptimo, consignada en las Instituciones. • Los significados que adopta el individuo, incluyendo la Historia Política, se construyen socialmente. • El orden democrático de Derechos, Reglas e Instituciones se construye y mantiene mediante la Educación y una socialización activas de los ciudadanos y los funcionarios. • La distribución institucionalmente endógena de los recursos y el poder, determinan la capacidad colectiva e individual para la acción. • Los cambios institucionales son determinados históricamente, son contextuales y presentan equilibrios múltiples. De manera general, en las decisiones políticas el NI traslada el enfoque desde la racionalidad del Sujeto y su cálculo preciso de las consecuencias, hacia la racionalidad limitada, la subjetividad y la inercia institucional -con una fuerte influencia de la historia-. El menoscabo de la racionalidad significa la atenuación de la Lógica de la Consecuencia y en su lugar aparece un nuevo patrón conocido como la Lógica de lo Apropiado (March y Olsen, 1997). Las diferencias entre estas dos lógicas derivan en distintas posiciones políticas. La Lógica de la Consecuencia, ubica la Política como un mecanismo de intercambio voluntario, regido por “…concertaciones y pagos colaterales…” (March y Olsen, 1997: 42). Alternativamente, la Lógica de lo Apropiado del NI plantea que la Política, en tanto acto social, se concentra en el diseño, promoción y actualización de las reglas de ese intercambio, relegando la consecuencia a ser un hecho secundario. Las conductas colectivas fruto del andamiaje institucional y su lógica de lo apropiado se sostienen, principalmente, por medio de dos vías representativas de la sociedad actual: la Educación y la Organización, esta última entendida en un sentido de amplitud tal que cobija a las organizaciones del Estado y las organizaciones sin ánimo de lucro. En primer lugar, el simbolismo creado se difunde y mantiene por medio de la educación formal e informal a través de “…una combinación de educación, adoctrinamiento y, experiencia” (March y Olsen, 1984: 739). En segundo lugar, el Neoinstitucionalismo histórico, corriente específica del NI en la que inscriben a March y Olsen (Hall y Taylor, 1996), realza la importancia de las estructuras sociales, en especial las Organizaciones, en la conser-

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vación de la simbología y el patrón de conducta que brindan las Instituciones. Su definición acude a lugares comunes, “… procedimientos formales e informales, rutinas, normas y convenciones” pero remarcando el hecho de estar “…inmersas en la estructura organizacional del espacio político o de la economía política…” y asociadas a las “…organizaciones y las reglas o convenciones promulgadas por la organización formal” (Hall y Taylor, 1996: 938). La simbología institucional altera la identidad social del Sujeto. Se atenúa el énfasis en la auto determinación y “...los sentimientos privados…” (March y Olsen, 1997: 51) en favor del enfoque en el desarrollo de roles sociales pre-establecidos. Es decir, el Sujeto se comporta más acorde a lo que las estructuras políticas le prescriben como prácticas y actitudes socialmente deseables que respecto al ejercicio libre de la personalidad De todas formas, tal como lo afirma el NI histórico, el comportamiento del Sujeto sigue respondiendo parcialmente al tipo de racionalidad de la que hablaban las escuelas clásicas (Steinmo, 2008). Esto queda claro en la explicación de Sacconi (2012), que sirve de complemento a la exposición de March y Olsen (1997), de la manera en que el Sujeto social asume los valores promovidos por los roles sociales de las Instituciones, el Sujeto se amolda a lo que ellas prescriben y adopta una postura conveniente -parcialmente racional- al respecto. Sacconi (2012) articula su argumento en cinco pasos: el primero, es de tipo cognitivo, y es el reconocimiento, por parte del Sujeto que ahora se convierte en jugador, de un patrón repetitivo que configura un juego; el segundo, está la convergencia entre jugadores, en la credibilidad de unas reglas de juego para todos; el tercero, es que cada jugador adopta una estrategia de acuerdo a los puntos anteriores y entra en interacción con el otro; el cuarto, las estrategias colisionan e interactúan, para finalmente llegar a un equilibrio cuando ellas confieren capacidad predictiva a los jugadores, esto se da una y otra vez para finalmente llegar al quinto paso, donde el resultado de equilibrio se incorpora en la cognición de cada uno de los jugadores. Entre los roles sociales hay dos que son importantes para la argumentación aquí desarrollada. El primero, la ciudadanía, en tanto la identidad más sentida en la vida civil, y, el segundo, la RSO, como elemento de identidad para la cohesión y el control. La RSO puede ser vista como es un conjunto de parámetros que recogen directrices institucionales de cohesión social para las organizacio-

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nes. Así, se le resalta una dimensión política determinante. Para Sacconi (2012) la RSO hace parte de los mandatos impuestos por el Contrato Social bajo el supuesto de que nadie la rechaza, elevándola prácticamente a la categoría de imperativo moral exigible a cualquier ciudadano, entre ellos las organizaciones. En este sentido, la RSO actúa como cualquier otra Institución sobre las Organizaciones. Ella se altera de acuerdo al medio ambiente intra organizacional y simultáneamente le determina. Lo primero ocurre a través de la asignación de recursos y la promoción de valores, tal como se explicó en la introducción. Pero, para el análisis NI son más importantes las relaciones que soportan lo segundo. A través de las Instituciones de la RSO, “…las normas afectan el Gobierno Corporativo y cumplen un rol en la selección del equilibrio porque ellas ayudan a definir cuál de las conductas de equilibrio es inicialmente aceptada” (Sacconi, 2012: 30). En otras palabras, la RSO influye sobre las posiciones políticas de los Sujetos organizacionales. Al respecto, Sacconi (2012: 13) define la RSO como: …un modelo expandido de Gobierno Corporativo donde aquellos quienes hacen marchar las organizaciones, empresarios, directores y administradores, tienen responsabilidades que abarcan desde el cumplimiento de sus obligaciones fiduciarias con los dueños, hasta el cumplimiento de obligaciones fiduciarias análogas con todos los Grupos de Interés.

De esta manera, la RSO entra a hacer parte del GC, siendo una fuerza de equilibrio que puede reestablecerlo o llevarlo a un nuevo estado. La importancia dada a las relaciones de confianza -fiduciarias- con los Grupos de Interés, le confiere a la RSO un papel de mediador social clave en el mantenimiento del equilibrio institucional. En este caso, ella tiene como rol específico la corrección de posibles abusos entre los actores sociales relacionados con las organizaciones. Recordando la correspondencia del GC con la Gobernanza, son fácilmente aplicables al nivel societal sus relaciones con la RSO y su aporte al equilibrio institucional En el nivel societal, la RSO es una Institución en forma de norma general de nivel mundial, sin importar de cual marco legal se trate, simbólica e ineludible para el ejercicio de la Gobernanza (Moon, 2004; Moon et al., 2010; Sacconi, 2012). En efecto, ella determina muchos de los siste-

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128 Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza mas de Gobernanza a lo largo del mundo. Por ello, Sacconi (2012: 30) plantea respecto de los juegos donde los Grupos de Interés que no tienen el control “…interactúan con los empresarios, con los dueños de los activos físicos, el Contrato Social identifica una norma social para la justa -igualitaria- distribución de los excedentes organizacionales entre todos los Grupos de Interés”. La norma identificada es la RSO. Dentro de este panorama, la RSO es uno de los imperativos del entorno que delinean patrones repetitivos de comportamiento. Se espera que aquellos surjan a partir de las dinámicas sociales, luego tomen forma bajo la figura de la RSO, se incorporen en la cognición de los Sujetos y se sostengan con el sistema educativo formal e informal.

Conclusiones A manera de conclusión general se puede afirmar que la RSO es una Institución que mantiene una relación de doble vía con la Gobernanza y el GC. • Las Instituciones son imperativos sociales que reflejan los consensos del entorno sobre las dimensiones necesarias para coordinar la vida social. • Las Instituciones se consignan en un Contrato Social, por medio del cual la sociedad oscila alrededor de equilibrios institucionales temporales. • Los equilibrios institucionales se refieren a la conciliación de los distintos intereses presentes en cabeza de los Sujetos sociales. • La dinámica creada en torno a los intereses de los Grupos de Sujetos sociales se expresa en la Gobernanza. • La Organización, en tanto sub-sistema social, es uno de los escenarios de encuentro de esos intereses y de expresión de la Gobernanza. • La RSO es una de las manifestaciones de los intereses portados por los Grupos de Interés.

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Carlos Antonio Tello Castrillón

130 Neoinstitucionalismo, responsabilidad social organizacional y gobernanza MOON, Jeremy; KANG, Nahee; GOND, Jean-Pascal. 2010. Corporate social responsibility and goverment in western Europe and northeast Asia from a national governance systems perspective. Research paper series. Nº 56. University Business School. Nottingham. MOON, Jeremy. 2004. Goverment as a driver of Corporate social responsiblity. International centre for corporate social responsibility. Nottingham. SACCONI, Lorenzo. 2012. Corporate social responsibility and corporate governance. Econometic. Nº 38 (1). Università di Milano-Bicocca. Milano. STEINMO, S. 2008. Historical Institutionalism. E: D. Della Porta, & M. Keating (eds.), Approaches in the Social Sciences. Cambridge University Press. Cambridge. Pp. 113-138.

Derecho PĂşblico

El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República Argenis Saúl Urdaneta García* Resumen Este trabajo contiene un estudio descriptivo y un análisis cualitativo y crítico del rol del Vicepresidente Ejecutivo en los casos de falta del Presidente de la República, con especial atención a la coyuntura del inicio del periodo presidencial 2013-2019, sin la debida juramentación y toma de posesión del Presidente electo. Se parte de considerar que el Constituyente de 1999 asumió reformas coincidentes con la onda del debate de los 80-90, incluyendo la figura del Vicepresidente Ejecutivo, pero el desarrollo de un proceso de concentración de poder ha producido distorsiones que dificultan la valoración del sistema diseñado, el que no debe confundirse con la realidad del presidencialismo en los periodos de gobierno del Presidente Chávez. Todo ello ha afectado el rol del Vicepresidente Ejecutivo, especialmente en su función de suplente del Presidente de la República, haciéndose más sintomático en esa coyuntura. Palabras clave: Presidencialismo, Vicepresidente Ejecutivo, ausencias del Presidente, reelección, juramentación.

The Executive Vice President and the Absence of the President of the Republic Abstract This paper contains a descriptive study and a qualitative, critical analysis of the role of the Executive Vice President in cases of the absence of the President of the Republic, with special attention to the situation at the beginning of the 2013-2019 presidential period, without proper swearing-in and inauguration of the President elect. The study begins considering that the Constituent Assembly of 1999 adopted reforms in accord with the wave of debate from the 1980s and *

Profesor Titular Jubilado. Universidad de Carabobo. asurdanetag@gmail.com Recibido: 11-06-2013 ~ ~ ~ Aceptado: 08-02-2014

Argenis Saúl Urdaneta García

134 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República 1990s, including the figure of the Executive Vice-President. However, development of a power concentration process has produced distortions that make it difficult to evaluate the designed system, which should not be confused with the reality of the presidential system during the Chavez government. All this has affected the role of the Vice President, especially in his function as a substitute for the President of the Republic, becoming more symptomatic at that juncture. Key words: Presidential system, Vice President, Presidential absences, reelection, swearing.

Introducción En el debate de las décadas 80-90 se planteaba la necesidad de superar las limitaciones del presidencialismo como sistema y no como distor1 sión cultural, lo que se reflejaba tanto en los documentos de la COPRE como el Proyecto de Reforma de la Constitución de 1961. El Constituyente de 1999 asumió reformas coincidentes con la onda del debate de los 80-90, incluyendo la figura del Vicepresidente Ejecutivo, pero las distorsiones que ha producido la concentración de poder dificultan la valoración del sistema diseñado. Todo ello ha afectado el rol del Vicepresidente, lo que se refleja de manera significativa en el ejercicio de su función de suplente del Presidente de la República, haciéndose más sintomático en la situación vivida en torno a la falta de juramentación y toma de posesión del Presidente electo en octubre de 2012 para ejercer el cargo en el periodo 2013-2019. Es en ese orden de ideas, que se aborda el análisis del rol del Vicepresidente Ejecutivo en los casos de falta del Presidente de la República, con especial atención a la coyuntura del inicio del periodo presidencial 2013-2019.

1. Reformas al Sistema Presidencial Antes de abordar el tema de este trabajo, se hace necesaria una breve referencia histórica tanto de las propuestas de reforma como de la reforma aprobada para el sistema presidencial venezolano, que sirva de marco para entender la intencionalidad constituyente con respecto a los cambios en esta materia. 1

Comisión para la Reforma del Estado.

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En primer lugar, se debe destacar que en el marco contextual en el que se desarrolló el respectivo debate, el sistema presidencial, aun con las imperfecciones y diferencias de modalidades jurídicas y de funcionamiento en distintas realidades nacionales, había servido de marco de la recuperación y consolidación democráticas en América Latina, afrontando el desafío de la gobernabilidad simultáneamente con el cambio político. De manera que, ante los retos de gobernabilidad democrática se hacía importante la calidad de gestión o desempeño del presidencialismo, para responder, con legitimidad, a demandas de justicia social en el marco de la globalización económica, enfrentar las amenazas de corrupción y delincuencia, y atender la crisis de representación y la debilidad del Estado para cumplir con sus misiones esenciales (Nohlen y Fernández, 1998). En Venezuela, para el diseño de estrategias dirigidas a incrementar la eficacia de la institución presidencial era necesario que la Presidencia no estuviera envuelta en todos los asuntos públicos, por lo que se hacía indispensable protegerla de los efectos de las presiones de la sociedad, concentrándose en una pequeña lista de esfuerzos principales. Asimismo, una estrategia de reforma institucional implicaba, entre otras, las siguientes políticas: 1. La reorganización de la administración central, con la reducción de la sobrecarga; 2. El fortalecimiento del Consejo de Ministros como órgano de formulación de políticas estratégicas; 3. La creación de la figura del Primer Ministro ejecutivo; y, 4. La creación de un staff de especialistas de alto nivel (Álvarez et al., 1999). La estrategia de reforma institucional debatida en los 80-90, buscaba fortalecer la Presidencia, en sentido institucional (como sistema) sin fortalecer el “presidencialismo” como distorsión cultural. El Proyecto de Reforma General de la Constitución de 1961 (Comisión Bicameral para la reforma de la Constitución) explicaba, en su Exposición de Motivos, que el cambio planteado en materia de sistema presidencial, mantenía para el Presidente la condición dual de Jefe del Estado y Jefe del Gobierno, y el Primer Ministro sería de su libre elección y remoción; asimismo, se incluía la potestad para el Congreso de destituirlo acarreando la necesaria reorganización del Gabinete. La COPRE ya tenía un diagnóstico para la Reforma del Estado, antes de la presentación del Proyecto de Reforma constitucional, que incluía una propuesta para la institución presidencial; y de cierta manera, la propuesta contenida en el Proyecto de Reforma, recogía los planteamientos

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de la COPRE. No obstante, en una publicación de fecha posterior, en su introducción, se destaca que esa institución fue formulada con el propósito de incorporar “…un mecanismo efectivo de coordinación en la Administración Pública Nacional, incrementar la capacidad de gobierno del Ejecutivo Nacional y descargar de funciones al Presidente de la República, en su ya recargada agenda de actividades y responsabilidades” (COPRE, 1994: 12). Asimismo, se planteaba incluir un Primer Ministro Ejecutivo como opción frente a la aparente “…escasa viabilidad de acometer las necesarias reformas constitucionales orientadas al establecimiento de un régimen parlamentario”; lo que tendría “…como propósito fundamental el fortalecimiento de la legitimidad de la figura del Presidente de la República a través del fortalecimiento de su capacidad de gobierno” (COPRE, 1994: 38-39). Ambos documentos se referían a un sistema presidencialista reformado, renovado, mejorado, lo que implicaba una nueva introducción de elementos parlamentaristas en nuestro sistema presidencial, de más alcance que los contenidos en la Constitución de 1961; de manera que, no estaba planteada la institucionalización de un nuevo sistema de gobierno como el semipresidencialista. Si se toma en cuenta la caracterización del sistema semipresidencial como estructura de autoridad dual, las innovaciones incorporadas por el Constituyente de 1999 no tienen relevancia suficiente para considerarlo como un cambio al semipresidencialismo. Por tanto, la importancia dada al Vicepresidente Ejecutivo en la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 no justifica la calificación de sistema semipresidencial flexible. Y aunque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se haya asumido reformas coincidentes con la onda del debate de los 80-90, el desarrollo del proceso de concentración de poder ha revertido la descentralización, ha convertido en decorativa la figura del Vicepresidente Ejecutivo, y ha significado la incidencia directa en la Asamblea Nacional (AN), reflejada en otras ramas del Poder Público. Esto dificulta la valoración del sistema diseñado en 1999, el que no debe confundirse con la realidad del presidencialismo en los periodos de gobierno del Presidente Chávez (Urdaneta, 2013).

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2. Sobre las faltas del Presidente de la República En la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 se destaca que: “…el Vicepresidente…no es el típico cargo que tiene la función de resolver la sucesión presidencial por la ausencia temporal o absoluta del Presidente de la República. Más que ello el Vicepresidente es una institución que comparte con el Presidente el ejercicio de su jefatura de gobierno y responde políticamente por la gestión general del gobierno frente al Parlamento…La sección primera en este Capítulo II es nítida en lo referente a las faltas absolutas o temporales del Presidente de la República. En este sentido adquiere un rol de particular importancia el Vicepresidente Ejecutivo al ser el suplente formal del Presidente de la República en sus diferentes hipótesis de faltas tanto absolutas como temporales que contempla el texto constitucional”.

La falta temporal del Presidente de la República es un hecho que al producirse tiene efectos jurídicos formales. Ella como supuesto de hecho genera una consecuencia de derecho que es la previsión constitucional contemplada en el artículo 234, es decir, la suplencia por parte del Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogable por la Asamblea Nacional (AN) con el voto de la mayoría de sus integrantes, teniendo como otra opción declarar que por las circunstancias que rodean el caso se trata realmente una ausencia absoluta, dado que se considera, conforme al examen de los hechos y los informes que a bien tuviere solicitar, que se hace imposible la reincorporación al ejercicio efectivo del cargo en lo que queda de periodo, tal como ocurrió con Carlos Andrés Pérez en 1993, o por considerar que una ausencia tan prolongada pueda ocasionar situaciones de ingobernabilidad que afecten importantemente la estabilidad del régimen o del sistema. Sólo cuando el Presidente se ausenta del territorio de la República por más de cinco días con autorización de la AN, se trata de suplencia que deriva de un acto. La conversión de la falta temporal en absoluta que se puede producir cumplidos los noventa días, si no se ha aprobado la prórroga, o cumplidos los ciento ochenta días si ella fue aprobada (la otra hipótesis), es una declaración formal del órgano legislativo, que descansa en la conveniencia política definida por los actores correspondientes. Se trata de

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138 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República una decisión política (su expresión material) que se manifiesta conforme a mecanismos y dispositivos jurídicos (su expresión formal). Para que el Vicepresidente Ejecutivo asuma la Presidencia, en caso de falta temporal, no se requiere ninguna formalidad especial, no se requiere delegación formal por parte del Presidente, ni se requiere de su juramentación como sí se requería, conforme a la Constitución de 1961 (artículo 188) para que el Ministro que designare el Presidente pudiera asumir el cargo como encargado, mientras él se ausentaba del país con la debida autorización parlamentaria. El constituyente ha previsto la suplencia por parte del Vicepresidente Ejecutivo, cuando se produzca la ausencia temporal, como dispositivo institucional que agiliza la acción de gobierno, por lo que no tiene sentido producir formalidades extras que rigidicen esa acción. El Vicepresidente Ejecutivo es el colaborador fundamental del Presidente en su condición de Jefe de Gobierno. Distinta es la hipótesis de la ausencia prolongada, caso en el que se requiere de una decisión política conforme a las condiciones de estabilidad, y ese es un asunto político práctico. Formalmente, es potestativo de la AN declarar la falta absoluta, si así lo considerare. Es una cuestión de examen de los hechos conforme a criterios políticos, por lo que puede darse la posibilidad de un acuerdo consensual de los factores intervinientes en el Parlamento o una decisión mayoritaria, sin descartar la posibilidad de que no haya acuerdo en razón de no alcanzarse la mayoría requerida (mitad más uno de sus integrantes) en un ambiente de conflictividad de dificultoso manejo. La ausencia absoluta puede ser un hecho, como la muerte, o un acto, como la renuncia o la destitución por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o también una combinación de hecho y acto, como la incapacidad física o mental certificada por junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la AN, o una combinación de actos, como el abandono del cargo declarado por la AN. Pero hay que destacar otras dos hipótesis: la primera, la revocación del mandato, acto político democrático, expresión de soberanía popular; y, la segunda, la conversión de la ausencia temporal en absoluta, acto estricta y exclusivamente político, decisión de los actores en el juego político del momento, marcada por el consenso o por el disenso, o por el equilibrio de la dinámica disenso-consenso.

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En el caso de ausencia absoluta, la suplencia por parte del Vicepresidente Ejecutivo se extiende hasta la toma de posesión del nuevo Presidente, cuando ella se produce en los primeros cuatro años, y hasta completar el periodo, cuando se produce en los últimos dos años. En el primer caso se trata de una condición, mientras en el segundo caso significa el cumplimiento de un término; de allí la diferenciación de los verbos en el texto respectivo: “…se encargará de la Presidencia…” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 233, segundo aparte) y “…asumirá la Presidencia…” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 233, último aparte). La suplencia por parte del Vicepresidente Ejecutivo, en caso de falta temporal, no implica, necesariamente, la desconexión de éste con el Presidente titular, es una cuestión fáctica determinada por las circunstancias, depende de diversos factores como la fidelidad entre ambos, la dependencia recíproca, la voluntad de relativa autonomía, la relación de dominación, etc. Es una situación influida por la condiciones del juego político. Además, la práctica de consulta permanente no necesariamente está afectada por la forma de la toma de decisiones en ejercicio temporal del cargo, ni ella determina, necesariamente, el contenido material de esas decisiones.

3. Toma de posesión del Presidente Electo en 2013 Luego de reelecto el Presidente Chávez en las elecciones presidenciales de 2012, viaja de nuevo a La Habana por razones de salud, regresa por breve tiempo, y solicita la autorización parlamentaria para ausentarse del territorio de la República por un tiempo mayor a cinco días consecutivos (artículo 235 constitucional), esta vez con la aprobación unánime de los integrantes de la AN, y el anuncio de una posible “sucesión” presidencial, por una posible falta absoluta señalada por el propio Presidente. Esta nueva situación conducía a examinar posibles escenarios de ausencia absoluta: • La ausencia absoluta se produce antes del 10 de enero de 2013, fecha prevista para la toma de posesión del Presidente electo conforme a la vigente Constitución (artículo 231). Como la ausencia se produce en los últimos dos años (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 233, último aparte), el Vicepresidente Ejecutivo, en su condición de Presidente encargado por la

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140 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República falta temporal, asume la Presidencia hasta completar el periodo. Al mismo tiempo como se trata de la ausencia absoluta del Presidente electo, antes de tomar posesión, a partir del 10 de enero el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República hasta tanto tome posesión de su cargo el Presidente electo en nuevas elecciones que han de realizarse en los treinta días consecutivos siguientes (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 233, primer aparte). El presidente de la AN, como Presidente de la República (encargado), designará Vicepresidente Ejecutivo y Ministros. • La ausencia absoluta se produce luego de haber tomado posesión del cargo. Como se trata de una ausencia absoluta producida en los primeros cuatro años (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 233, segundo aparte), se convoca a nuevas elecciones y el Vicepresidente Ejecutivo asume como Presidente hasta tanto tome posesión de su cargo el Presidente electo en esos comicios. En vista del anuncio del Presidente sugiriendo, ante los medios de comunicación, que su posible sucesor (o elegible) fuese el Vicepresidente Ejecutivo en ejercicio, para éste participar en las referidas elecciones, como actúa como Presidente encargado deberá designar un Vicepresidente Ejecutivo, pues de no hacerlo seguiría siendo Vicepresidente titular (a la vez que Presidente en funciones) y como Vicepresidente Ejecutivo no podría postularse como candidato (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 229). Es una situación diferente a cuando suple al Presidente titular por falta temporal, caso en el cual no podría designar Vicepresidente Ejecutivo. • Un escenario más remoto. La ausencia absoluta se produce en los últimos dos años del periodo iniciado en enero de 2013. El Vicepresidente Ejecutivo asume la Presidencia hasta concluir el periodo (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 233, último aparte). Como se puede ver posteriormente, esta situación también podría presentarse, con los matices del caso, como consecuencia de la prolongación indefinida del lapso para tomar posesión, aprobada por el TSJ.

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4. Reelección y Toma de Posesión Asimismo, se hace necesario examinar la regulación constitucional de la toma de posesión. El Presidente electo se convierte en Presidente titular con la toma de posesión de su cargo, lo que se inicia con el acto formal de juramentación. Y conforme a la vigente Constitución (artículo 231) el Presidente electo “…tomará posesión del cargo…el diez de enero del primer año de su periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional…”. Se trata de una fecha que no puede ser cambiada, es una fecha cierta e inmodificable, no requiere que se trate de día hábil, a diferencia de lo establecido en la Constitución de 1961 (artículo 186), que la preveía para dentro de los diez primeros días de aquel en el que debían instalarse las Cámaras en sus sesiones ordinarias, y según su artículo 154, ejusdem, las sesiones ordinarias comenzaban “…sin necesidad de previa convocatoria el día 2 de marzo de cada año o el día posterior más inmediato posible…”, por lo que se trataba de un día hábil tanto para instalación de las Cámaras, como para la toma de posesión. Por su parte, la Constitución de 1947, referente histórico de la de 1961, al igual que la Constitución vigente preveía una fecha inmodificable, el 19 de abril del primer año del periodo presidencial, fecha en la que debía producirse la juramentación y la toma de posesión (artículo 194). Esa misma fecha fue mantenida por la Constitución de 1953 (artículo 105). Ahora bien, la Constitución vigente (artículo 231) al igual que las anteriores prevé la alternativa de la juramentación ante el más alto tribunal de la República, de no ser posible su realización ante el Parlamento; según la Constitución de 1961 en una fecha ubicable dentro del término establecido por la norma, según la de 1999 en una fecha inmodificable. En todo caso, se realizará en la capital de la República (Caracas), asiento de los órganos del Poder Público Nacional (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 18). La ausencia del Presidente electo es una hipótesis distinta a las faltas temporales o absolutas del Presidente titular, por lo que no se puede transferir, mecánicamente, los supuestos previstos para identificar ésta, con los que se requieren para las situaciones de falta temporal o absoluta del electo. La ausencia del Presidente electo es considerada como falta absoluta, caso en el cual “…se procederá a una nueva elección… dentro de los treinta días consecutivos siguientes…” (Constitución de la Repú-

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142 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República blica Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 233, primer aparte). Ante la falta de previsión expresa se entiende que la convocatoria de esas elecciones corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE) como expresión del Poder Electoral, pues sólo así se podría explicar que el Constituyente de 1999 obviara la previsión que se establecía en la Constitución de 1961 que facultaba a las Cámaras en sesión conjunta para fijar la fecha de esas elecciones. En un sentido más estricto, se puede considerar que tales elecciones están convocadas ipso iure, de pleno derecho (es una previsión constitucional) como consecuencia de haberse producido el hecho de la ausencia presidencial (ipso facto) y corresponde a un órgano del Estado fijar la fecha respectiva, expresamente definido en la Constitución anterior, no así en la vigente. La Constitución de 1999 no prevé de manera expresa la posibilidad de falta temporal del Presidente electo, como sí estaba prevista en las constituciones de 1947, 1953 y 1961. Se trata de un supuesto según el cual un ciudadano que ha sido electo para ocupar el cargo de Presidente de la República, por cualquier motivo no ha podido juramentarse, de manera que para la fecha prevista por la Constitución no existe titular del cargo, ya que ha vencido el periodo del titular anterior y no se ha posesionado quien fue electo para sustituirlo, y para evitar ese vacío el Constituyente de 1999 previó que lo ocupara provisionalmente el Presidente de la AN. Esa falta de previsión expresa obliga a producir una interpretación del texto constitucional, para lo que luce conveniente recurrir al examen de los precedentes históricos y, en ese sentido revisar las Constituciones de 1947, 1953 y 1961, precedente inmediato en la larga lista de Constituciones venezolanas. Además, la de 1947 es emblemática, en razón de ser la que marca el hito que separa la preponderancia del caudillismo y el militarismo (o pretorianismo) y la mirada hacia la democracia. De acuerdo con la Constitución de 1947 (artículo 194, segundo aparte), cuando el Presidente electo no podía tomar posesión en la fecha indicada (19 de abril), el Presidente saliente resignaba “…sus poderes ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia…”, quien asumía “…como Encargado del Poder Ejecutivo Nacional…”, hasta tanto asumiera el Presidente electo, por lo que se entendía que era una falta temporal, aunque no calificada expresamente. Y conforme a la Constitución de 1953 (artículo 105, segundo aparte), el Presidente saliente continuaba en el ejerci-

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cio del poder como Encargado del Poder Ejecutivo Nacional (falta temporal), y transcurrido treinta días luego de la fecha prevista para la toma de posesión (19 de abril) sin que prestara el juramento de ley, se consideraba que había falta absoluta, y en los diez días siguientes el Congreso Nacional debía proceder a “…elegir por mayoría absoluta de votos, el Presidente de la República para el resto del periodo constitucional”. La Constitución de 1961 también preveía la falta temporal al no producirse la juramentación en el plazo previsto. En ese caso el Presidente saliente resignaba “…sus poderes ante la persona llamada a suplirlo provisionalmente en caso de falta absoluta…”, para lo que existía un orden, pues en principio correspondía al Presidente del Congreso, a falta de éste el Vicepresidente del Congreso, y en su defecto el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien asumía el cargo como “…Encargado de la Presidencia de la República…” (artículos 186 y 187, único aparte) hasta que asumiera el Presidente electo. Asimismo, preveía la falta absoluta del Presidente electo, caso en el cual las Cámaras en sesión conjunta fijaban la fecha de una nueva elección universal y secreta (artículo 187, encabezamiento). La Constitución de 1947 no preveía expresamente la ausencia absoluta del Presidente electo, por lo que de ocurrir ese supuesto, procedía por interpretación, aplicar la previsión para el caso de la falta absoluta del Presidente titular, cuando ésta ocurriera en la primera mitad del periodo constitucional (artículo 195), siendo que el Encargado Provisional del Poder Ejecutivo (Presidente o Vicepresidente del Congreso, o Presidente de la Corte Suprema de Justicia) solicitaba la inmediata convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para que convocara a elecciones en los treinta días siguientes; y convocadas las elecciones el Congreso elegía un Encargado de la Presidencia hasta la toma de posesión de quien quedara electo en esas elecciones extraordinarias. Luego de las elecciones regionales de diciembre de 2012, y en el marco de las especulaciones sobre los posibles escenarios de toma de posesión, resultaba sintomático lo expresado por la Presidenta del TSJ en el sentido de la continuidad, lo que revelaba la confusión a la que hemos hecho referencia en otras ocasiones, entre la entidad orgánica y la persona que ejerce el cargo, pero el órgano no es la persona que ocupa el cargo. Se refería a Hugo Chávez y su continuidad en el cargo, quien se encontraba en La Habana con el permiso concedido por la AN, en lo que pa-

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144 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República recían coincidir algunos voceros de oposición, y es la tesis sobre la que descansa la posterior decisión de la Sala Constitucional. Esta confusión forma parte de la tendencia a crear un mito. Al no distinguir la Presidencia de un Presidente en particular, se pretende asumir que cuando el Presidente titular ha sido reelecto, habría continuidad en el ejercicio del cargo, como si se tratara de una simple ratificación, o una prolongación del periodo. De esta manera, la falta temporal provocada por el viaje del Presidente a La Habana que debía ser de noventa días, afectaría la fecha de toma de posesión con su diferimiento hasta tanto se reincorporase. Esta interpretación conduciría a entender que el caso venezolano ha derivado hacia una democracia plebiscitaria, pues la elección de Presidente de la República, al coincidir con la reelección, funcionaría como un plebiscito convirtiendo la participación de un candidato distinto al titular de la Presidencia en una simple forma que no altera el objetivo de la ratificación, haciendo posible la legitimidad de una ocasional elección presidencial en la que sólo participe como candidato el Presidente titular. Asimismo, se reduciría la participación de los electores al derecho a decidir sobre la ratificación del que ya es titular. Pero el supuesto de la ratificación, de conformidad con la Constitución vigente, sólo es posible como consecuencia del voto favorable en un referéndum revocatorio (artículo 72), caso en el cual no se requiere forma alguna para reintegrarse al ejercicio del cargo, porque ni siquiera está prevista la separación del mismo por parte del titular de la Presidencia mientras se realiza el referéndum. Si el constituyente hubiera equiparado la reelección a la ratificación producida por referéndum, habría diferenciado los casos de Presidente electo y Presidente reelecto, y no existe esa distinción en la norma constitucional. En la situación presentada entre diciembre 2012 y enero 2013, el Presidente electo coincidió con la misma persona del Presidente titular para el momento de la elección, por lo se trataba de un Presidente que había sido reelegido, no de un Presidente que había sido ratificado. Y aunque se tratara de la misma persona, el 10 de enero ese Presidente dejaba de ser titular, pues concluía el periodo para el cual había sido electo en 2006, y se convertía en Presidente electo, por lo que se requería de la juramentación y toma de posesión para convertirse en Presidente titular para ejercer el cargo en el nuevo periodo (2013-2019). No se trataba de la prórroga del periodo.

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Ahora bien, como Presidente titular (periodo 2007-2013), había sido autorizado para ausentarse del país por más de cinco días; desde el momento de esa autorización se produjo una falta temporal que, en este caso, sólo podía extenderse hasta el 10 de enero de 2013 cuando concluía el periodo y no hasta noventa días, como hubiera ocurrido en otra oportunidad. Y al no juramentarse el Presidente electo (reelecto) para el nuevo periodo, en la fecha prevista por la Constitución, se producía la falta que debía ser cubierta por el Presidente de la AN hasta la toma de posesión del Presidente electo en las elecciones extraordinarias. Lo difícil y extraordinario de la situación que se avizoraba con las declaraciones de dirigentes tanto de gobierno como de oposición, implicaba la búsqueda de salidas concertadas para darle un cauce institucional no traumático a una transición de periodos presidenciales con una misma persona como Presidente.

5. Búsqueda de salidas a una situación extraordinaria La Constitución vigente establece claramente las reglas que rigen la juramentación y toma de posesión del Presidente electo para un nuevo período constitucional, y su rigidez en esta materia podría dificultar las salidas a situaciones extraordinarias, pero también prevé medios para las soluciones democráticas y constitucionales destinadas a resolver, en forma legítima, cualquier circunstancia que pueda afectar su cumplimiento; así, el Constituyente de 1999 al crear la Sala Constitucional del TSJ previó que ella fuera “…el máximo y último interprete de esta Constitución…”, como si se tratara de una Corte o Tribunal Constitucional de otros contextos, para de esa manera garantizar “…la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales…”, así como velar “…por su uniforme interpretación y aplicación…” (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 335); así, para la efectiva aplicación de la Constitución, sin que ello derive en condiciones de riesgosa inestabilidad, pudiera la Sala Constitucional del TSJ producir una salida a esa situación, pero sin atentar contra la misma Constitución (norma suprema) ni contra los principios constitucionales, además de atender al sentido de uniformidad y coherencia, conforme lo exige el artículo 335 constitucional. Por su trascendencia, era necesario que en este caso, el TSJ no siguiera operando en la lógica que ha caracterizado la existencia paralela de otra

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146 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República “Constitución”, no escrita y fundamentada en la propuesta de reforma de 2007, que permite interpretar con sentido de “legalidad” sin legitimidad (Urdaneta, 2013: 238-241). Por ello, no podría obviar el contenido de las sentencias Nº 457 y Nº 759 de fechas 5 de abril de 2001 y 16 de mayo de 2001, respectivamente, dictadas en la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con ponencias del magistrado J. M. Delgado Ocando, en lo que cabe destacar, como orientación, lo siguiente: “…las interpretaciones de esta Sala Constitucional, se entenderán vinculantes respecto al núcleo del caso estudiado; todo ello en un sentido de límite mínimo, y no de frontera intraspasable por una jurisprudencia de valores oriunda de la propia Sala, de las demás Salas o del universo de los tribunales de instancia…la interpretación judicial de la Constitución debe ejercerse en interés del cumplimiento y efectividad de sus normas y principios axiológicos, con absoluto respeto, por tanto, de la supremacía normativa e ideológica que la Ley Fundamental efectúa sobre el Juez Constitucional” (TSJ/SC: Sentencia Nº 457 de fecha 5 de abril de 2001) [Subrayado nuestro].

En ese mismo orden de ideas, y conforme a la orientación de esas sentencias, se debía tomar en cuenta que la fecha establecida en la norma constitucional determina el inicio y el final del periodo presidencial, y que no se puede desaplicar el artículo 231 constitucional, “…lo cual sería inconstitucional y, enmendador, por ende, de la norma suprema…” (TSJ/SC: Sentencia Nº 457 de fecha 5 de abril de 2001), de allí la necesaria interpretación restrictiva de ese artículo. Asimismo, queda claro que una toma de posesión en fecha posterior no alteraría el periodo ni su finalización (TSJ/SC: Sentencia Nº 457 de fecha 5 de abril de 2001). Ahora bien, la situación del primer trimestre de 2013 no se correspondía con lo que en 2000 se llamó relegitimación de los poderes públicos, pues no existía ninguna de las condiciones presentadas entonces y que condujeron a aquel recurso de interpretación; es otro contexto. No hubo acción alguna con respecto a algún acuerdo de la AN, por lo que el motivo de una posible interpretación sólo estaría dado a dilucidar en que oportunidad se podría producir el acto alterno de juramentación del Presidente electo, es decir ante el TSJ en Sala Plena (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 231; Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 2010: artículo 36, numeral 1), o

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si sólo se podía realizar en la fecha prevista por la norma constitucional ante uno u otro órgano del Poder Público; en todo caso, se trataría de un lapso muy corto que diferenciaría una fecha de la otra, ya que estaría delimitado por lo previsto en Reglamento Interno del TSJ para la convocatoria de la Sala. Esa posibilidad de la interpretación estaría planteada en una situación de dificultad para la toma de posesión, cuando fuere imposible realizarla por hechos ocurridos ese día como consecuencia de conflictos con la AN o dentro de ella; para ello se debía constatar las condiciones para reunir la Sala Plena del TSJ el día más inmediato posible al 10 de enero. De no producirse la juramentación en el plazo inmediato, habría, de manera definitiva, ausencia absoluta; pero esa no era la situación planteada en aquella oportunidad. En todo caso, la juramentación ante el TSJ no podía interpretarse como una escogencia a preferencia y gusto del electo. Pero es el Parlamento, expresión de la pluralidad de la sociedad, órgano democrático por excelencia, a quien correspondería, siempre en el marco de la Constitución, discutir y considerar en un debate democrático, público y abierto, el camino constitucional a seguir frente a la no asistencia del Presidente electo al acto de juramentación, en condiciones tan peculiares como las existentes en enero de 2013, aunque con posterioridad a ello podría producirse una interpretación de la Sala Constitucional, bien como consecuencia de una acción al respecto o bien a solicitud del propio Parlamento. Como se ha señalado antes, el texto constitucional vigente no hace referencia expresa a la falta temporal del Presidente electo, por lo que la situación planteada a comienzos de 2013 implicaba la búsqueda de una salida democrática y constitucional con una interpretación que permitiera asumir la existencia de una falta temporal, respetando los parámetros del artículo 335 constitucional y recurriendo al examen de los referentes histórico-constitucionales. En estricto sentido, esa situación planteada se corresponde con lo que sería una falta temporal, ya que no se ajusta a los supuestos transferibles de la ausencia absoluta del titular (artículo 233 constitucional), pero la Constitución vigente al no preverlo expresamente no señala la forma como atender una falta temporal del electo. Recurriendo a los referentes históricos se tiene una semejanza entre las constituciones democráticas de 1947 y 1961, para cuyo caso previeron que fuese una autoridad con le-

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148 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República gitimidad, preferiblemente electa, que asumiera temporalmente la Presidencia de la República en la ausencia, tanto temporal como absoluta, del electo. Ello se debe, entre otras cosas, a que se trata de un nuevo periodo, distinción que resulta definitoria de una República. De allí que por una sana interpretación se entienda que en el caso venezolano de 2013 debía ser el Presidente de la AN quien asumiera provisoriamente la Presidencia de la República hasta tanto se posesionara el Presidente electo. De la misma manera, se puede interpretar que esa falta temporal se extendería por los mismos lapsos previstos para la temporal del titular (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 234, único aparte). Una salida con criterios semejantes fue propuesta por la bancada de la oposición, pero la bancada con mayoría prefirió un acuerdo, con base en comunicación del Vicepresidente Ejecutivo en la que informaba que la salud del Presidente estaba en proceso de recuperación, y considerando la existencia de una autorización al Presidente para ausentarse del país por razones de salud, según la cual se respaldaba la expresión de soberanía popular de octubre de 2012, se convocó a las instituciones del Estado venezolano a actuar conforme a la parte in fine del artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que permite la juramentación ante el TSJ, respaldando así el derecho del Presidente a recuperar plenamente su salud. De esta manera, la AN consideraba que esa juramentación se produciría después de la fecha prevista en la Constitución, sin definir lapso alguno. Esto abría el camino a una interpretación de la Sala Constitucional al respecto; caso en el cual el Tribunal Supremo de Justicia, además, debería hacer una constatación fáctica: 1) si el Presidente electo estaba vivo y gozaba de la suficiente capacidad física y mental para el ejercicio del cargo; 2) si los problemas de salud del Presidente electo no afectaban su presencia para la juramentación en el cortísimo plazo; y, 3) si conforme a su Reglamento Interno, en ese lapso podía reunirse la Sala Plena, a los fines de recibir al Presidente electo para su juramentación. Pero, inmediatamente después del acuerdo parlamentario se produjo la decisión de la Sala Constitucional Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013, que con un juego de palabras que la hace ambigua, contradictoria y hasta incomprensible, decidió considerar que no era necesaria “…una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo”.

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Asimismo, la Sala Constitucional (Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013) consideró que su juramentación podía “…ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional…”, acto que sería fijado por el TSJ, “…una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación”, lo que sólo se podría constatar por una Junta Médica designada al efecto o con la presencia física del Presidente electo en la sede del TSJ. La Sala no aclaraba cuándo, dónde y cómo se produciría ese acto, lo que dejaba abierta la posibilidad de realizarlo en lugar distinto a la sede del TSJ, pero nunca fuera del territorio de la República. Esta decisión se fundamentaba en las siguientes premisas: • Que la antes referida autorización de la AN fue ratificada el 8 de enero de 2013. • Que la ausencia del territorio de la República “…no debe considerarse…falta temporal…sin que así lo dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin”. • Que la Constitución vigente al eliminar expresamente la previsión de la Constitución anterior según la cual “…en caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión, el Presidente saliente debía entregar el mandato al Presidente del Congreso… impide que el término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta…”. • Que por los principios de continuidad de los poderes públicos y de preservación de la voluntad popular, “…ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto…”, no puede considerarse “…que el gobierno queda ipso facto inexistente…”. • Que como consecuencia de esto el Poder Ejecutivo (Presidente, Vicepresidente, Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) “…seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa” [Subrayados nuestros]. En esta decisión se observa un manejo confuso de los términos continuidad administrativa y continuidad del Poder Público, y hay que destacar que es por el principio de continuidad que en las constituciones se

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150 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República prevé una nueva elección para que haya un nuevo funcionario que sustituya al que se le va a vencer el periodo, y que en situaciones extraordinarias, como es el caso de las ausencias, se prevé que el cargo lo asuma provisoriamente otro funcionario con suficiente legitimidad, más aun cuando se trata de un funcionario electo. Toda la argumentación gira sobre la tesis que antes había expresado públicamente la Presidenta de la Sala Constitucional, confundiendo el órgano con la persona que ejerce el cargo, y la condición de reelecto con la de ratificado, y según la cual habría una continuidad, una prolongación o una prórroga del periodo, por lo que también continuarían en funciones los designados por el Presidente, que antes era titular y ahora reelecto. De esta manera, la falta, sin declararla como tal, era cubierta con la suplencia por parte del Vicepresidente Ejecutivo, alargando también el lapso de la falta temporal que había iniciado con la autorización de la AN para el viaje a La Habana por razones de salud, como si el periodo anterior no hubiese concluido. Resulta impactante, la interpretación de la Sala Constitucional (Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013) que hace depender la falta temporal del Presidente de su disposición expresa “…mediante decreto especialmente redactado para tal fin”, lo que, además, sería contradictorio con la facultad otorgada al legislador nacional para prorrogar el lapso de noventa días y para declarar que por el tiempo prolongado de la falta presidencial, ésta pueda ser convertida de temporal en absoluta (artículo 234 constitucional). Con esta decisión se agrega una nueva condición que convertiría la naturaleza de la ausencia temporal en un acto del Ejecutivo. Por otra parte, con una redacción enrevesada se trata de explicar cierta prolongación del periodo, aduciendo que “…un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión…” (TSJ/SC: Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013) no podría interrumpir la continuidad entre ambos periodos, ni hacer que el gobierno quedare “…ipso facto inexistente…” (TSJ/SC: Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013), por lo que el término del mandato no podría ser considerado una falta absoluta. Pero de acuerdo con la Constitución vigente no puede existir tal desfase, y conforme a las ponencias del magistrado Delgado Ocando (TSJ/SC: Sentencia Nº 457 de fecha 5 de abril de 2001; TSJ/SC: Sentencia Nº 759 de fecha 16 de mayo de 2001), antes señaladas, de producirse ocasionalmente una toma de posesión en fecha posterior a la indicada en la norma constitucional, no se altera ni el ini-

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cio ni la duración del periodo constitucional. Y una juramentación en fecha posterior a la indicada sólo podría darse en una situación como la presentada en 2000 (relegitimación del Poder Público), o en caso de haberse producido, por parte de la AN, la declaración de falta temporal del Presidente electo, lo que se asemejaría a las previsiones contenidas en los referentes históricos (Constituciones de 1947, 1953 y 1961). De la misma manera, la juramentación y toma de posesión del electo en un proceso comicial extraordinario, consecuencia de la ausencia absoluta del Presidente electo o titular (según el caso), tampoco alteraría ni el inicio ni la duración del periodo constitucional. La naturaleza extraordinaria de esa elección determina el carácter extraordinario de la respectiva toma de posesión, por lo que la juramentación se produciría en el término más corto posible, tomando como referencia el respectivo acto de proclamación. Asimismo, al negar expresamente la fórmula de la Constitución de 1961 según la cual “…el Presidente saliente debía entregar el mandato al Presidente del Congreso…”, no habiendo fundamento en la Constitución vigente para esta interpretación de la Sala, se estaría tomando como referencia histórica de esta decisión, aunque no se diga expresamente ni haya habido conciencia de ello, la Constitución de 1953 (la de tiempos de dictadura), que no prohibía la reelección y con la que se convocó un plebiscito en 1957; en tanto que la decisión guarda cierta semejanza con lo previsto en el primer aparte del artículo 105 de esa Constitución de 1953, según el cual cuando el Presidente electo no podía tomar posesión el 19 de abril, el Presidente saliente continuaba en ejercicio del poder con el carácter de encargado del Poder Ejecutivo Nacional.

6. Continuidad en cargos del Poder Ejecutivo Nacional La consecuencia de tales decisiones fue la continuidad del Vicepresidente Ejecutivo y del Gabinete Ejecutivo sin legitimidad alguna, en tanto la reelección del Presidente no significa reelección de Vicepresidente Ejecutivo y Ministros, y la continuidad de esas personas en los respectivos cargos dependería de la decisión del Presidente electo (reelecto) luego de tomar posesión. De allí que el ejercicio de tales cargos una vez vencido el periodo 2007-2013 implicara una usurpación de autoridad y, en consecuencia, la generación de actos nulos (artículo 138 constitucional).

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La indefinición del lapso para la juramentación que se deriva de las decisiones de la AN y el TSJ, antes señaladas, pudo haber significado la actuación de esas autoridades ilegítimas por un lapso también indefinido, que creara incertidumbre tanto interna como externa con respecto a la validez de sus actos, aparte de la calidad de desempeño de tales autoridades. Pero la muerte del Presidente electo (reelecto) determinó su brevedad. En ese lapso breve, se jugó con elementos mágico religiosos para sustentar la tesis según la cual gobernaba quien de hecho estaba impedido de hacerlo por razones fisiológicas y anatomo-patológicas aun no aclaradas, pero sobre todo impedido de ejercer funciones de gobierno fuera del territorio de la República de acuerdo a la vigente Constitución (artículo 18). Y aun cuando lo negara, el Vicepresidente Ejecutivo, actuaba como Presidente encargado, o más bien provisorio, sólo que sin legitimidad, como consecuencia del vencimiento del periodo 2007-2013, y asimismo, él y los ministros eran responsables por los actos nulos que realizaran. Tal situación no se superaba con la “presencia” (sólo confirmada por esas autoridades sin legitimidad), sino hasta tanto se juramentara y tomara posesión el Presidente electo (reelecto), y procediera (seguidamente) a confirmar su gabinete ejecutivo y a ratificar los actos por ellos realizados antes de la toma de posesión; y esto no sucedió debido a la muerte del Presidente. El juramento es la forma prevista en la Constitución para que se produzca la toma de posesión, según lo establecido en el artículo 231, y el TSJ en decisión de la Sala Constitucional Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013, aunque desestimó la importancia de la toma de posesión, consideró que la juramentación del Presidente Chávez podría producirse en fecha posterior al 10 de enero en acto fijado por el máximo tribunal una vez se constatare el cese de los motivos sobrevenidos que la habían impedido. Así, la Sala aclara que “…el juramento previsto en la señalada norma no puede ser entendido como una mera formalidad carente de sustrato y, por tanto, prescindible sin mayor consideración…” (TSJ/SC: Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013); y también señala que “…a todo evento, el acto de juramentación debe tener lugar, aunque por la fuerza de las circunstancias (“cualquier motivo sobrevenido”) sea efectuado en otras condiciones de modo y lugar...” (TSJ/SC: Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013). De manera que, con el argumento de la continuidad sostenido por la Sala se justificaba el ejercicio transitorio de la Vicepresidencia por parte de Nicolás Maduro, en suplencia del Presidente Chávez, por ausencia

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temporal “prorrogada por la AN” en fecha 8 de enero de 2013, mas no eliminaba el acto de juramentación, sólo lo difería indefinidamente para evitar que el “…desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación…” (TSJ/SC: Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013) produjera la inexistencia ipso facto del gobierno. En ese orden de ideas, cabe señalar que el juramento de acatamiento acogido en las constituciones tiene un triple contenido derivado de su evolución histórica: a) sometimiento a una creencia o deidad, b) cumplimiento de las obligaciones propias del cargo, y, c) acatamiento a la Constitución. Y aunque ha sido concebido como mecanismo de defensa de la Constitución parece ser “…más un mecanismo de alto contenido simbólico que una vía de garantía constitucional con eficacia real…” (Díaz Revorio, 1997: 103-104), al punto de no existir previsiones de consecuencias ante su no prestación en algunos países. Para los titulares de los poderes públicos, la sujeción a la Constitución supone el deber de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución sin que ello implique “…adhesión ideológica ni…conformidad a su total contenido…” (Díaz Revorio, 1997: 109); pero ese acto, por el contenido simbólico que mantiene, “…permite apreciar quienes aceptan las reglas del juego democrático y quienes no” (Díaz Revorio, 1997: 142). La Constitución de 1811 incluía el juramento, con ese triple sentido y destacaba que el del Presidente y el Ejecutivo se realizara ante el Presidente del Senado en reunión de ambas Cámaras. En las constituciones de 1819, 1821 y 1830 había una previsión genérica de juramento para todo empleado de la República pero sólo referido al acatamiento de la Constitución y a las obligaciones propias del cargo, además de disposiciones específicas para Presidente, Congreso y Corte Suprema de Justicia. En las constituciones de 1947 y 1953 (referentes históricos más cercanos), además de preverlo expresamente para el Presidente electo, se exigía de forma genérica la obligación de prestar juramento para tomar posesión y ejercer cargos públicos, sin establecer fórmulas. La Constitución de 1999, al igual que la de 1961, no contiene esa previsión genérica, sólo existe para el caso del Presidente de la República; y si en la práctica y de conformidad a normas de rango inferior se exige juramentación para ejercer otros cargos públicos, no habría justificación alguna para interpretar que la del Presidente electo sea una mera formalidad, pues se entiende que mantener esa previsión implica que el Constituyente consideró importante, y esa es una constante histórica, que se conociera la expre-

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154 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República sión pública, de quien ha sido electo Presidente, de acatar la Constitución y las reglas del juego democrático en el ejercicio de su cargo. Esa importancia del juramento no permite soslayar su celebración con el argumento de la continuidad, y es ese sentido el que se observa en el contenido de la ponencia conjunta de 2013 de la Sala Constitucional ya comentada. Asimismo, es importante destacar que la diferencia entre los supuestos previstos en los apartes primero y segundo del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (ausencia absoluta del Presidente electo y ausencia absoluta del Presidente titular durante los primeros cuatro años) está en el acto de juramentación. Y en este caso no hubo la oportunidad de realizar ese acto ante el TSJ en Sala Plena, pues, aunque se produjo el traslado del Presidente desde La Habana hasta Caracas, no se había constatado la superación del motivo sobrevenido. De allí, que la falta de juramentación determinó que su ausencia se haya producido como Presidente electo y no como Presidente titular. De manera que, una vez anunciada la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, se produjo la ausencia absoluta del Presidente electo (reelecto) antes de tomar posesión, pues no se había juramentado, y, en consecuencia, debía aplicarse lo establecido en el primer aparte del artículo 233 constitucional, por lo que correspondía al Presidente de la AN encargarse de la Presidencia de la República hasta la toma de posesión del que hubiere resultado ganador de las elecciones extraordinarias convocadas por el CNE. Si bien, el Presidente Chávez había anunciado la candidatura de Maduro para una eventual elección derivada de su falta absoluta, éste no podría postularse como candidato a la Presidencia si para el momento ejercía como Vicepresidente Ejecutivo. Esto significa que si hubiera sido ratificado por el Presidente del Parlamento, actuando como encargado de la Presidencia de la República, debía renunciar al cargo (o separarse de él). Pero, con base en una nueva decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 141 de fecha 8 de marzo de 2013, al igual que la anterior con ponencia conjunta, en la que se consideraba que el fallecido era Presidente en funciones, cuando era evidente que estaba impedido del ejercicio en razón de su delicada enfermedad, Nicolás Maduro se juramentó como encargado de la Presidencia de la República, en acto que se confundía en un ambiente de luto nacional. Esta incorrecta interpreta-

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ción del artículo 233 constitucional era, además, contradictoria con su Decisión anterior (Sentencia Nº 2 de fecha 9 de enero de 2013), en la que se consideraba que el juramento del Presidente electo no era prescindible. Y tal juramentación del encargado no podía ser legitimada con la presencia de representantes de gobiernos extranjeros en el acto respectivo. No obstante, y en razón de haber asumido como Presidente encargado, no estaba obligado a renunciar o separarse del cargo para postularse como candidato a la Presidencia, pues la prohibición prevista en el artículo 229 constitucional no opera con respecto al Presidente en ejercicio, y esto lo confirma la decisión de la Sala Constitucional del 8 de marzo de 2013 (ya señalada). El Vicepresidente Ejecutivo mantiene esa condición cuando suple al Presidente en razón de falta temporal, no así cuando se encarga de la Presidencia como consecuencia de falta absoluta. Así, cuando reasume el Presidente titular él vuelve a ejercer como Vicepresidente hasta que sea removido o hasta el final del periodo, según las circunstancias; mientras que cuando asume la Presidencia el ganador de las elecciones extraordinarias, deja de ser Presidente encargado y sólo podría ser Vicepresidente, de nuevo, si así lo designare el nuevo titular de la Presidencia. La actuación de la Sala Constitucional en esta coyuntura, al igual que sucedió cuando declaró la omisión legislativa de la AN (2003), hace resurgir la preocupación por la “dictadura de los jueces”, como posible distorsión de la facultad de interpretar la Constitución; pero el proceso de concentración de poder, desarrollado en la primera década de este siglo, incluyó su sometimiento al Ejecutivo cuando produjo la interpretación del artículo 203 (naturaleza de ley orgánica) y declinó su iniciativa legislativa con respecto a la ley orgánica que lo regiría. Y su actuación en 2013 no pareciera haber variado, por lo que no se trataba de una situación de preeminencia de los jueces.

Conclusiones La extrema dependencia en un líder carismático y en ejercicio personalista del poder político, condujo a la práctica de obviar la sustitución o suplencia por parte del Vicepresidente Ejecutivo. Pero, en los hechos el Vicepresidente Ejecutivo actuaba confusamente como Presidente encargado, condición que, en efecto, había adquirido, sin necesidad de formalidad alguna, una vez producida la falta temporal.

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156 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República Ello es expresión de la gran debilidad del actual gobierno, pues no ha habido desarrollo institucional para su preservación. A esa precariedad institucional se suma el culto a la personalidad, que se hace cada vez más evidente con la adición de prácticas mágico-religiosas, y con un abuso de la propaganda asentada en el prestigio de un líder ausente, quizás en busca de su conversión en mito, quizás en procura del tiempo necesario para madurar decisiones, o en persecución de ambos objetivos, lo que se ha realizado tanto en el ámbito nacional como en el latinoamericano. A la larga, en tales condiciones, las probabilidades del gobierno de sobrevivir a la ausencia del líder podrían ser escasas; aunque pudiera iniciarse una especie de religión civil y política que diera aliento a la continuación de un movimiento político, más en el corto y mediano que en el largo plazo; pero se puede dudar de la eficacia de tal religión y movimiento para dar soporte al régimen, aun cuando sea posible que incida en la transformación de su caracterización y en el probable tránsito de un régimen personalista a otro puramente militarista. Asimismo, se observa que la actuación de este gobierno desde 2008 hasta hoy, sigue dándose conforme a otra Constitución, que no es la vigente desde 1999, sino aquella no escrita que ha guiado la actuación gubernamental, para mandar y no para gobernar, con la elaboración de instrumentos normativos (leyes, decretos con rango y fuerza de ley, decretos, reglamentos, decisiones judiciales,…), en desarrollo de lo previsto en el contenido de la propuesta de Reforma Constitucional rechazada en referéndum de 2007, instrumentos que carecen de legitimidad, en tanto que contrarios a la Constitución formal y vigente, y que conforman un entramado de “legalidad” sin legitimidad (Urdaneta, 2013). Pretender una prórroga de la toma de posesión del Presidente electo, constituía un desconocimiento de la Constitución vigente, al tiempo que una actuación conforme a esa “Constitución no escrita” fundada en el voluntarismo personalista, ahora extendido a los “herederos del líder”. De manera que, tanto el acuerdo de enero de la AN, como las decisiones de la Sala Constitucional de enero y marzo de 2013, eran una expresión más del desarrollo de esa Constitución inexistente. Por tanto, se trataba de decisiones de órganos del Poder Público viciadas por inconstitucionalidad, y se convirtieron en fuente de actos viciados de nulidad al ser ejecutados por autoridades carentes de legitimidad, en lo que estaría incluido no sólo nombramientos y decisiones de política económica durante la ausencia temporal no suplida

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formalmente, sino también la asunción de la Presidencia de la República por el Vicepresidente, en condición de Presidente encargado, luego de anunciada la muerte del Presidente electo (reelecto), en lugar del Presidente de la AN, como lo establece la Constitución. Tal situación, aunada a la práctica constante de la delegación legislativa (leyes habilitantes) pudiera significar un estado de excepción no declarado o disimulado, además de una continuada intención derogatoria de la Constitución de 1999 por medios distintos a los previstos en ella. Esta inobservancia de la norma constitucional no significa la pérdida de su vigencia, situación que convoca al comportamiento ciudadano favorable al restablecimiento, por medios democráticos, de su vigencia efectiva (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999: artículo 333). El desempeño de un periodo de gobierno con la misma orientación política, pero sin la dirección personalista de Hugo Chávez, así como el de un gobierno de orientación diferente, permitiría analizar mejor las cualidades del sistema presidencial diseñado por el Constituyente de 1999 y el rol que en él juega el Vicepresidente Ejecutivo. En las condiciones presentadas en el primer trimestre de 2013, no obstante la continua violación de la Constitución, sólo la realización de elecciones libres y democráticas podían producir una legitimación necesaria, que además requería de una confirmación o ratificación de actos que hubiesen nacido viciados. Pero, el análisis del proceso electoral extraordinario de 2013 y sus efectos también excede los límites de este trabajo.

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158 El Vicepresidente Ejecutivo y las faltas del Presidente de la República ASAMBLEA NACIONAL. 2013. Pronunciamiento en respaldo a la decisión soberana del pueblo venezolano que reeligió al Comandante Presidente Hugo Chávez. En: http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option= com_docman&task=doc_view&gid=4582&tmpl=component&format=raw &Itemid=185&lang=es. Fecha: 9 de enero de 2013. ASAMBLEA NACIONAL. 2010. Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5991 Extraordinario. 29 de julio de 2010. BREWER-CARÍAS, Allan R. 1997. Las Constituciones de Venezuela (Compilación y estudios preliminares). Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas. CALDERA, Rafael. 1992. Reforma general de la Constitución. En: La Constitución Nacional 30 años después. Revista Anuario. Edic. Especial. Instituto de Derecho Comparado-UC. Valencia. COPRE. 1994. La reforma del Estado: Proyecto nacional de nuestro tiempo. Volumen 13. COPRE. Caracas. DÍAZ REVORIO, Francisco J. 1997. La Constitución como orden abierto. Mc Graw Hill. Madrid. NOHLEN, D. y FERNÁNDEZ, M B. 1998. Presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina. Nueva Sociedad. Caracas. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL. 2013. Sentencia Nº 141. Fecha: 8 de marzo de 2013. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL. 2013. Sentencia Nº 2. Fecha: 9 de enero de 2013. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL. 2001. Sentencia Nº 759. Fecha: 16 de mayo de 2001. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL. 2001. Sentencia Nº 457. Fecha: 5 de abril de 2001. URDANETA G., Argenis S. 2013. La otra Constitución. En: Desafíos de la República en la Venezuela de hoy. Memoria del XI Congreso Venezolano de Derecho Constitucional. Konrad Adenauer Stiftung-Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.

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El título debe ser explicativo y contener la esencia del trabajo, de ser posible, no debe exceder de ocho palabras.

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Escribir nombres y apellidos completos del o los autores, sin títulos profesionales. Indicar, al pie de página del resumen del trabajo, la adscripción institucional señalando el organismo, la institución, el centro, el instituto o la dependencia, así como sus direcciones y correos electrónicos.

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Las referencias bibliográficas están constituidas por los textos citados contextual o textualmente en el trabajo, deben aparecer al final del mismo con los datos completos de los autores citados en el contenido, y escribirse a un (1) espacio y (2) dos espacios entre cada una:

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Normas para los autores

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• Se debe disponer en orden alfabético, atendiendo al primer apellido del autor citado. Se deben seguir las normas del sistema Harvard, así: apellidos del autor en mayúsculas (coma); nombre (punto); año de publicación (sin paréntesis)(punto); título del libro, o, de ser el caso, del capítulo de libro, artículo de la revista o artículo de periódico seguido de la palabra “En” para luego colocar el nombre del libro, de la revista o del periódico (punto); editorial (punto); lugar de la publicación (punto); en caso de tratarse de un capítulo de libro, artículo de revista o artículo de periódico debe señalarse las páginas que comprenden el artículo, por ejemplo: Pp. 250-275. • Si se hace referencia a más de un trabajo del mismo autor, pero publicados en años diferentes, se ordenará la lista cronológicamente, es decir, en forma descendente, comenzando por el año de la última de las obras publicadas. • Si dos (2) o más trabajos de un mismo autor tienen el mismo año de publicación se añadirá a éste un código alfabético (a, b, c,…), se ordenarán entre sí tomando en cuenta la primera letra del título de la obra y siguiendo dicho código, por ejemplo 1995a, 1995b, 1995c. • En caso de existir varios autores de la misma obra deben colocarse los apellidos y nombres de todos, separados con punto y coma. • En caso de referencias de jurisprudencias se colocará de la siguiente manera: órgano que emitió la decisión (punto), fecha completa (punto), caso tratado (punto), fuente (punto), lugar (punto), editorial (en caso de tenerla) (punto) y páginas. • Las referencias de los textos normativos serán de la siguiente manera: órgano emisor (punto), año de publicación (sin paréntesis) (punto), título de la norma (punto), lugar (punto), número del órgano divulgativo (punto) y fecha. • Las referencias tomadas de Internet deben contener los apellidos y nombre del autor (punto), año de publicación (sin paréntesis) (punto), título de la obra (punto); la palabra “En” seguida de la página web (punto); día, mes y año en que se efectuó la consulta. 9.

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Los trabajos serán considerados por el comité editor de la Revista y serán sometidos a una revisión exhaustiva por parte de un comité de árbitros, seleccionado a fin de mantener un elevado nivel académico y científico. La evaluación será realizada de acuerdo a los siguientes criterios: identificación del manuscrito; correspondencia del título con el contenido del manuscrito, así como la correcta sintaxis de los mismos; la importancia del tema estudiado, esto es su pertinencia social, académica científica; originalidad y relevancia de la discusión; medida del impacto de los planteamientos en el trabajo; diseño y metodología; valoración de la arquitectura del artículo conforme a los criterios de presentación, tanto formal como metodológicos; organización interna, claridad y coherencia del discurso que facilite su lectura; calidad del resumen, el cual debe dar cuenta de manera sintética del contenido del mismo; actualidad y relevancia de las fuentes bibliográficas.

Realizada la evaluación por el comité de árbitros designado, se informará al autor sobre la decisión correspondiente. Si los árbitros recomendaran modificaciones, el comité editor establecerá un plazo prudencial para que el autor o los autores, procedan a efectuarlos. Transcurrido el plazo señalado, sin que se hayan recibidos las correcciones, se entenderá que se ha renunciado a publicar el trabajo en la Revista. La Revista Cuestiones Políticas no está obligada a explicar a sus colaboradores las razones del rechazo de sus manuscritos, ni a suministrar copias de los arbitrajes dado el carácter confidencial que ellos poseen.

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La originalidad de la discusión, si el artículo constituye un aporte, por los datos que maneja, sus enfoques metodológicos y argumentación teórica.

Relevancia de la discusión, medida del impacto de los planteamientos del artículo dentro de la comunidad científica en términos de su contribución.

Diseño y metodología: valoración de la arquitectura del artículo conforme a los criterios razonables de presentación tanto formal como metodológica.

Organización Interna: el artículo debe ser presentado con un nivel de coherencia que facilitando su lectura pueda contribuir a fomentar su discusión.

Calidad del resumen: el artículo debe poseer un resumen y suministrar palabras clave que puedan dar cuenta de una manera sintética

164 Normas para los autores del contenido del mismo conforme a las indicaciones para los colaboradores. 8.

Bibliografía y fuentes: deben ser suministradas con claridad. El evaluador tomará en cuenta su pertinencia, actualidad y coherencia con el tema desarrollado.

La evaluación de cada uno de esos criterios se hará en una escala que va desde excelente hasta deficiente. El árbitro concluirá con una Evaluación de acuerdo al instrumento: publicable, publicable con ligeras modificaciones, publicable con sustanciales modificaciones y no publicable. Los árbitros deberán explicar cuáles son las modificaciones sugeridas de una manera explícita y razonada cuando este fuera el caso. La revista no está obligada a explicar a los colaboradores las razones del rechazo de sus manuscritos, ni a suministrar copias de los arbitrajes dado el carácter confidencial que ellos poseen.

ISSN 0798-1406 ~ Depósito legal pp 198502ZU132

Cuestiones Políticas

Planilla de suscripción 2014 Nombre ____________________________________________________ Institución __________________________________________________ Dirección ___________________________________________________ Ciudad ________________________País_________________________

Cheque de gerencia a nombre de: Universidad del Zulia (LUZ), Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Ingresos Propios Banco Occidental de Descuento, Cuenta corriente Nº 212700890-9 Tarifa de suscripción por un año (dos números): Venezuela: Bs. 80 + Envío Ejemplar solo: Bs. 40 + Envío América Latina $ 40 + Envío Resto del mundo $ 50 + Envío Esta planilla debe ser enviada a la siguiente dirección: Revista “Cuestiones Políticas” Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público Apartado Postal 526, Maracaibo Venezuela Puede adelantar información por: cuestionespoliticas@gmail.com ~ loichirinosportillo@gmail.com

Cuestiones Políticas No. 52, del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, de la Universidad del Zulia. Se terminó de imprimir en junio de 2014, en los talleres de Ediciones Astro Data, S.A., y su tiraje fue de 700 ejemplares. Maracaibo - Venezuela