Raúl Salazar: Tratamiento temprano, cero muertes por covid-19

TRATAMIENTO TEMPRANO, CERO MUERTES POR COVID-19

Raúl Salazar Restrepo es médico cirujano de la Universidad del Valle, con 35 años de experiencia en Medicina Alternativa. Ha sido invitado en varias oportunidades a medios de comunicación en países y al programa Nocturna RCN con el periodista Julián Parra para hablar sobre su lucha permanente para salvar la vida de personas que han resultado contagiadas por el covid-19. La última entrevista fue realizada el 19 de abril pasado.

La expansión del coronavirus en el país fue una de las grandes preocupaciones de Salazar, por lo que decidió analizar el motivo por el cual los médicos ya no formulan métodos tradicionales para tratar las enfermedades.

Raúl Salazar, médico cirujano.

Desde mayo del año pasado lanzó una propuesta novedosa para evitar las muertes por Covid-19 con un tratamiento temprano que llamó el “Tiro de Escopeta” para usar dentro de las primeras 72 horas, con base en los hallazgos descritos en Wuhan (China) sobre las Tormentas Inflamatorias (Tormenta de Citoquinas) y posteriormente en las autopsias realizadas por el Dr. Pasquale Bacco Médico patólogo de Italia, quien describe una gran Tormenta de coagulación (Coagulación Intravascular Diseminada – CID), las cuales en conjunto llevan a graves complicaciones y a la muerte de los pacientes por Covid-19. Fue así como planteó una alternativa basada en un coctel de medicamentos para salvar vidas en el mundo entero.

Las observaciones llevaron al Dr. Salazar Restrepo a lanzar una propuesta económica y popular, de fácil adquisición en la farmacia de la esquina, que según manifiesta, en un año ha salvado miles de vidas Covid-19 en varios países. Para esto se apoyó en el Tratado de Helsinki, según el cual los médicos tienen la obligación de usar herramientas terapéuticas para salvar la vida de sus pacientes, aunque no cuenten con los estudios definitivos.

Cómo es el manejo

Usando lo que llamó el Tiro de Escopeta, se enfocó en cuatro frentes. Si la Replicación

La propagación del coronavirus sobrepasó los límites de la capacidad sanitaria del mundo. Viral lleva a una gran carga viral se necesita reducir la capacidad que el virus requiere para aumentar su fuerza invasiva. Con este fin propuso el uso de la Ivermectina, molécula que inicialmente había sido descrita como un antiparasitario, pero después se confirmó su poder para interferir el ingreso de los virus al interior de las células, requisito indispensable para que el germen infeccioso pueda duplicarse. El uso de esta molécula tiene gran cantidad de estudios a nivel mundial a pesar de no contar con el aval de muchas organizaciones científicas.

Si el organismo responde a esa carga viral en los pacientes sintomáticos en forma excesiva, lo cual genera una tormenta inmunológica, es necesario frenar esta respuesta inmune para lo cual ha utilizado los corticoides (Dexametasona) molécula avalada por la OMS, dentro del manejo en la UCI. Sin embargo, el Dr. Salazar la ha utilizado todo el año a nivel ambulatorio con resultados muy satisfactorios.

La respuesta inmunológica desmedida genera lo que originalmente fue descrito en la China como la Tormenta de Citoquinas, una gran cascada inflamatoria multisistémica que originalmente se describió como una patología respiratoria, pero poco a poco se amplió su estudio demostrando que el organismo en toda su extensión presenta estas alteraciones. Fue necesario entonces utilizar un antiinflamatorio probado por años, como el Ibuprofeno, medicamento de fácil obtención y bajo precio con los mejores resultados.

Según las autopsias realizadas por el Dr. Pasquale Bacco en Italia, se pudo concluir que además de la Tormenta inflamatoria, en Covid-19 se presenta con daño más extenso en todo el organismo una gran Cascada de Coagulación (Coagulación Intravascular Diseminada), formación de millones de coágulos en todos los órganos, llevando finalmente a graves complicaciones y a la muerte. Se necesitaba entonces el uso de anticoagulantes. La OMS en algunos estudios definió como muy útil el uso de anticoagulantes derivados de la heparina en pacientes internados en la UCI. Con este criterio el Dr. Salazar propuso la utilización temprana de antigagregantes plaquetarios tipo Aspirina o Clopidogrel, con el fin de frenar la fase inicial de la coagulación. Adicionalmente ha utilizado algunos antibióticos para tratar tempranamente la Neumonía asociada al Covid-19 y al uso del Tapabocas que contribuye a la retención de bacterias que habita en el tracto respiratorio superior, experiencia descrita durante la pandemia de Gripe Española de 1918.

Negligencia médica

Teniendo en cuenta que durante el año 20202021 con la propuesta de manejo temprano se han salvado el 100% de las personas que acudieron al uso de estos medicamentos de adquisición fácil y económica y considerando además que la formación médica de pregrado y los conocimientos básicos adquiridos en las escuelas de medicina otorgan a todos los galenos la información suficiente para dar manejo temprano a esta enfermedad NO LETAL, se podría decir que ha existido una negligencia médica frente al tratamiento del Covid-19. Y es que después de colocar varias tutelas en el mes de julio pasado con la creencia de que los médicos estaban maniatados para formular al paciente infectado y con la respuesta unánime de varias entidades como el Instituto Nacional de Salud, de que a los médicos no se les ordenaría formular nada en especial puesto que no les habían prohibido formular, no cabe duda de que se trata de una conducta de omisión en el manejo temprano por parte de los especialistas de la medicina de primera línea del Covid-19.

“Los médicos en Colombia tenemos unas pólizas de responsabilidad civil para responder por las posibles demandas por mala práctica médica. Todos los casos de Covid-19 manejados adecuadamente en las primeras 72 horas se pueden sanar”, señala el Dr. Salazar. Las demandas por negligencia médica que en su totalidad tienen respaldo jurídico serán enfocadas contra las instituciones de salud y EPS toda vez que el paciente consulta inicialmente a su servicio de salud y la formulación dada por su médico de confianza omite el manejo requerido para evitar complicaciones que son evidentes de acuerdo con la historia natural del Covid-19. Cuando se generen las demandas necesarias frente a estos casos de mala práctica médica, tocará los bolsillos de la Aseguradoras y solo en ese momento los médicos serán presionados para formular tempranamente a todos los pacientes Covid19.

ABC DEL GRADO DE INVERSIÓN

Nicolás Pérez Senador de la República Centro Democrático

Colombia perdió el grado de inversión de la deuda en moneda extranjera. Una noticia con graves implicaciones económicas que encarecerá el endeudamiento del País. Sin embargo, para entender mejor esta situación es necesario plantearnos varias preguntas.

¿Qué es el grado de inversión?

Es una medición con la cual se determina que las condiciones económicas de un País son estables y es conveniente invertir en él. Dicha evaluación es realizada por las calificadoras de riesgo, las cuales son agentes internacionales que estudian el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal, es decir, el desbalance entre ingresos y gastos y el contexto político-institucional de las Naciones. En contraste, cuando esos parámetros muestran resultados negativos se considera que el respectivo País se encuentra en grado especulativo, lo que se traduce en que las condiciones económicas no son las mejores y es más riesgoso invertir ahí.

Para el caso colombiano, son tres las calificadoras que examinan al País: Moody´s, Fitch Ratings y S&P Global. Esta última fue la que quitó el grado de inversión a la deuda en moneda extranjera de la Nación y lo más probable es que haya un efecto dominó en las otras dos.

¿Por qué se perdió el grado de inversión de la deuda en moneda extranjera?

Dos principales razones: el alto endeudamiento y el retiro de la reforma tributaria. Veamos: En 2018, cuando la actual administración se posesionó, la deuda del País ascendía al 50% del PIB. Sin embargo, a raíz de la pandemia esa cifra se elevó al 61.4%, dado que para financiar las medidas con las

“Necesitamos una reforma tributaria donde les demostremos a las calificadoras de riesgo que tenemos capacidad de recaudo a largo plazo para pagar el alto endeudamiento actual”

cuales se contrarrestó el impacto del Covid de febrero de 2020 a febrero de 2021 el endeudamiento del Gobierno pasó de $536 a $640 billones.

Para las calificadoras de riesgo el 60% del PIB era un tope de deuda que Colombia no debía pasar, dado que a partir de ahí dejaba de ser un margen prudente. Por eso, era muy importante presentar una reforma tributaria que permitiera estabilizar las finanzas de la Nación, disminuir el endeudamiento y reducir el déficit fiscal que el año pasado cerró en 7.8%, es decir, que de cada 100 pesos que ingresan, el Gobierno está gastando casi 108.

No obstante, como el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto sin consultarlo previamente con el Congreso, el Gobierno no tuvo más alternativa que retirarlo ante su inviabilidad política, situación que envió un mal mensaje a las calificadoras. Para poner esto en contexto, fue como si un deudor le presentara un acuerdo de pago a su acreedor y, de un momento a otro, se echara para atrás.

¿Cuál es el impacto para el Gobierno?

Para compensar el mayor riesgo que implica invertir en Colombia se aumentarán las tasas de interés con que el mercado le presta al Gobierno. Esto implica que de ahora en adelante al País le saldrá más costoso endeudarse, razón por la cual se dejarán de destinar recursos a inversión social y a proyectos de infraestructura para poder pagar la deuda.

¿Cuál es el impacto para los fondos de pensiones?

Uno de los mecanismos que usa el Gobierno para financiarse es la emisión de bonos de deuda pública, los cuales son unos documentos donde la Nación pide prestado un capital y se compromete a pagar unos intereses en un plazo determinado.

Estos son adquiridos en parte por los fondos de pensiones privados, dado que son uno de los actores que cuentan con los recursos suficientes para comprarlos. El problema, es que con la pérdida del grado de inversión los bonos se desvalorizarán en el mercado, lo cual le causará pérdidas billonarias a los fondos que los tienen en su poder y, en consecuencia, se podrían afectar las mesadas pensionales que reciben los jubilados que se encuentran en el régimen de ahorro individual.

¿Cuál es el impacto para el País?

Hay dos grandes consecuencias. La primera, es que debido al alza en las tasas de interés se encarecerá el financiamiento tanto del Estado como de las empresas del sector privado que realizan su propia emisión de bonos de deuda o bonos corporativos respectivamente, lo cual podría dificultar la generación de nuevos empleos e, inclusive, pondría en riesgo parte de los actuales. La segunda, es que muy seguramente se disparará el precio del dólar, toda vez que esta moneda es un activo refugio al cual acuden los inversionistas cuando las condiciones económicas del País no son estables. En otras palabras, entre más incertidumbre haya más costosa se vuelve la divisa. Esto implica que al Gobierno le saldrá más caro pagar la deuda que tiene en esa moneda, la cual el año pasado, con grado de inversión, ascendía a $234 billones tras hacer la conversión a pesos.

¿Cuál es la solución a este problema?

Necesitamos una reforma tributaria donde le demostremos a las calificadoras de riesgo que tenemos capacidad de recaudo a largo plazo para pagar el alto endeudamiento actual, fruto de los programas requeridos para mitigar el impacto de la pandemia. Este proyecto, obviamente, no puede tocar a la clase media, nos debe permitir luchar contra ese desequilibrio social que se incrementó por el covid y debe ser financiado por los más adinerados.

Es urgente generar un ahorro drástico en el gasto público. Es hora de fusionar Ministerios, acabar con las nóminas paralelas, recortar viáticos, publicidad, costos de transporte y eliminar una cantidad de entidades innecesarias que hoy generan duplicidad de funciones. Esto no solamente le mandaría un mensaje de austeridad a la sociedad, sino también a las calificadoras, toda vez que esos recursos ahorrados se pueden destinar a cubrir las obligaciones financieras de la Nación.

Tenemos que fortalecer la lucha contra la corrupción. Por este problema el País pierde un promedio de $50 billones anuales que nos permitirían ajustar nuestras finanzas sin asfixiar a los contribuyentes con más carga tributaria.

GOBIERNO Y ELN:

DIÁLOGOS SIN FUTURO

El diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) parece no tener futuro en el corto plazo, ante la decisión del grupo insurgente de buscar una salida a más de cuatro décadas de conflicto armado interno con un nuevo gobierno a partir del 2022. El Presidente Iván Duque Márquez condicionó desde un comienzo cualquier negociación a la liberación de todos los secuestrados.

Através del Nuncio Apostólico, monseñor Luis Mariano Montemayor, las Naciones Unidas y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colombia ha tratado de verificar en los últimos 17 meses “la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil” de la organización rebelde. Y es que según el excomisionado de paz, Miguel Ceballos, se solicitó la mediación de la Santa Sede y de la ONU para adelantar diálogos exploratorios con el ELN en aras de establecer su verdadera voluntad de paz, proceso que incluyó 28 reuniones, varias de ellas en La Habana, Cuba. Aunque los contactos comenzaron en diciembre de 2019, solo se hicieron públicos en medio de la agitación social que se ha vivido en el país.

“En esas reuniones, tanto la ONU como el Vaticano trataron siempre de tender puentes, con mi conocimiento y articulación, para poder verificar si el ELN estaría en la voluntad de cumplir con las condiciones de liberar a todos los secuestrados y de cesar las acciones criminales”, dijo Ceballos, quien reveló que el objetivo era “empezar a buscar caminos que ayuden al Gobierno a cumplir su obligación constitucional y legal de verificar la voluntad real de paz del ELN”. Lamentó, sin embargo, que el grupo insurgente nunca avanzara en una respuesta concreta. De hecho, el Gobierno colombiano acusa al ELN de varios de los desmanes presentados durante las protestas.

La suspensión de los diálogos

A los pocos meses de llegar al poder, el presidente Iván Duque suspendió las negociaciones que había iniciado su antecesor Juan Manuel Santos con el ELN en La Habana, Cuba y dispuso la reactivación de las órdenes de captura contra quienes representaban a esa guerrilla en los diálogos de paz que se desarrollaban entonces en la isla. La decisión la tomó a raíz del atentado con un carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá que dejó 21 muertos incluido el atacante y 68 heridos. “He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país”, aseguró el mandatario colombiano en ese momento.

Las negociaciones entre la organización rebelde y el gobierno de Santos habían iniciado en febrero de 2017 en Quito, Ecuador, pero luego se trasladaron un año después a Cuba, donde se extendieron hasta el 3 de agosto de 2018. Ceballos dejó en claro que si el ELN cumple las condiciones exigidas de liberar a todos los secuestrados que mantiene en su poder, el Gobierno del presidente Iván Duque estaría dispuesto a sentarse a negociar con esa guerrilla eventuales salidas a más de cinco décadas de confrontación.

Aunque el ELN celebró la intención oficial de buscar acercamientos para un diálogo formal, advirtió que no aceptará imposiciones ni condiciones unilaterales. “Duque debe dejar de ilusionarse, si quiere dialogar con el ELN con mucho gusto se le atiende, pero sin imposiciones, es algo elemental que todo mundo sabe”, aseguró en una carta el Comando Central de la organización insurgente. Y es que en medio de la tensión social por cuenta del Paro Nacional y a poco más de un año de dejar la Casa de Nariño, el mandatario designó a Juan Carlos Cuéllar, exmiembro de la dirección nacional del ELN preso en la cárcel de Jamundí, como gestor de paz, con el propósito de que “contribuya con su conocimiento y experiencia en la construcción de estrategias y acciones para la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación”. Sin embargo, el ELN consideró en junio pasado que el Gobierno actual “ya no tiene la capacidad para construir una solución a la crisis actual y solo un nuevo Gobierno podrá ofrecer una verdadera salida política para toda la nación”.

El atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en 2019 fue el detonante para la suspensión del diálogo.

Reacciones

El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, destacó la importancia de los contactos hechos por el entonces comisionado de Paz a lo largo de los últimos meses, aunque criticó la actitud del Gobierno colombiano frente a Cuba, país que ha servido de sede en las negociaciones anteriores. “Pese a estar cumpliendo el rol de facilitador y garante de esos acercamientos, el Gobierno ha tenido actos de franca enemistad con ese país, como la expulsión de uno de los funcionarios de alto nivel de su embajada en Colombia”, aseguró el legislador.

Por su parte, José Daniel López, representante a la Cámara, señaló que los anuncios de contactos con ese grupo rebelde “son una grata sorpresa, dado que este ha sido un Gobierno con muy pocos resultados en materia de paz, y no solo con el ELN, sino también en materia de implementación de los acuerdos alcanzados dentro del proceso de paz con las FARC” en 2016.

Los analistas ven poco probable que en la recta final de la Administración, se consolide un proceso de paz con esa organización insurgente, no solo por las condiciones que le ha fijado el gobierno para sentarse a negociar, sino porque en 2022 será elegido un nuevo presidente, con quien el ELN espera conversar en unas circunstancias diferentes.