Infiltrados, capítulos 6 y 9

Capítulo 6 PNC TOMADA: LOS CONTRABANDISTAS Y SUS SACOS DE DINERO “Para el final del siglo XIX, Honduras y Centroamérica significaban bananas; gran parte de esa economía se controlaba desde Nueva Orleans, la capital continental del comercio de bananas. Cuando el mercado bananero de Nueva Orleans sucumbió al dominio de las bandas de crimen organizado que controlaban la ciudad, las rutas tradicionales del banano también se convirtieron en rutas para el tráfico de drogas1”.

Cocaine Politics. Peter Dale Scott y Jonathan Marshall.

Es una historia tan vieja como el comercio: hay quienes siguen las rutas legales para mover mercancías y hay quienes explotan rutas clandestinas para evadir tributos o para trasegar productos cuya circulación económica está prohibida por las leyes. Es la historia del contrabando. En Mesoamérica, esas viejas rutas clandestinas empezaron a ser patrimonio del narcotráfico hace más de medio siglo2.

En El Salvador, la primera gran operación de trasiego de cocaína, reportada en documentos desclasificados de Estados Unidos3, ocurrió a través del aeropuerto militar de Ilopango cuando en 1985 oficiales de la Fuerza Aérea aprovecharon la coyuntura de la operación estadounidense de reabastecimiento de armas y provisiones a la Contra nicaraguense para mover droga, sobre todo la del Cartel de Medellín4 .

Fue, sin embargo, después de la guerra civil, a mediados de los noventa, cuando viejos grupos de contrabandistas invirtieron en mejorar sus contactos con las autoridades, en principio a través de la PNC, para expandir sus flotas de transporte y buscar a proveedores de cocaína, la mercancía más rentable en el mercado, y así diversificar y ampliar sus tradicionales negocios de trasiego de cigarrillos, producto lácteos y personas.

El de los contrabandistas de Oriente que, afincados entre la bahía de Jiquilisco y el golfo de 1

Peter Dale Scott y Jonathan Marshall. “Cocaine Politics. Drugs, armies, and the CIA in Central America”.

University of California Press. 1991.

2

El escritor sinaloense Élmer Mendoza, creador de la llamada narcoliteratura mexicana, asegura, por ejemplo, que las rutas actuales del tráfico de cocaína que maneja el Cártel de Sinaloa son las mismas que comerciantes y transportistas mexicanos utilizaron en los 40 y 50 para abastecer de morfina el mercado estadounidense.

Ver “Si EUA acaba con sus adictos, el negocio del narco se acaba”. La Prensa Gráfica. 17 de febrero de 2013.

3

Entrevista de Luis Posada Carriles con los agentes especiales del FBI Michael S. Foster y George R. Kiszynski. Archivo IC-600-1. Tegucigalpa, Honduras, 3 de febrero de 1992.

4

Ver Cocaine Politics. Peter Dale Scott.

Fonseca se expandieron desde Santa Rosa de Lima y San Miguel para convertir sus viejas rutas en los caminos de la cocaína, es uno de los capítulos que mejor ilustra la historia del narcotráfico en El Salvador. El relato de cómo esos contrabandistas ampliaron sus contactos en la fuerza pública para operar sin problemas es, hasta ahora, uno de los ejemplos más importantes de infiltración de crimen organizado en el Estado. En menos de 15 años, esos contrabandistas infiltraron las aduanas, la Fuerza Naval, la PNC, distintas alcaldías, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, el sistema financiero y el fútbol. Uno de ellos llegó a tener bajo su control al menos tres puestos policiales en playas del departamento de La Unión para facilitar desembarcos de cocaína.

En el otro extremo del país, en el nor-occidente, otro grupo de contrabandistas hizo lo propio algunos años más tarde.

El investigador estadounidense Douglas Farah5 habla en estos términos de Los Perrones, la banda de Oriente: “Su sofisticada red de inteligencia a través de la Policía y otros oficiales del Estado; su participación en múltiples actividades ilícitas, desde el tráfico de carros robados, armas, seres humanos y cocaína; y su alcance regional, de Nicaragua a Guatemala con contactos operativos en Honduras”6 los hace una organización única e inédita en el país.

“Ahora son muy poderosos, y hay algunas partes del país en que el poder político ya depende de ellos”, le dijo un jefe policial a Farah en 2009, el año en que el Estado cercó a dos de los líderes de la banda tras cinco años de persecuciones fallidas por las filtraciones desde el seno de la PNC y por el cobro de sobornos de operadores políticos a las cabezas visibles de Los Perrones. A pesar de todo ‒incluso tras una condena de cárcel de 80 años‒, la banda y sus líderes, los viejos y la nueva hornada, mantienen su capacidad operativa intacta.

En 2009, además, luego de cinco años en los que la atención de las autoridades y de los medios de información estuvo enfocada en Oriente, en la ciudad de Metapán ‒ubicada a 300 kilómetros de la base operativa de Los Perrones, en el otro extremo del país‒ se afianzaba un grupo similar que luego sería conocido como el Cartel de Texis y se convertiría en otro ejemplo de metamorfosis de contrabando a narcotráfico gracias, en parte, a la infiltración en la fuerza pública.

En este capítulo y en el siguiente se perfilará a los principales líderes de estas bandas: sus historias, sus comienzos, sus redes, grafican muy bien la infiltración del narcotráfico, así como en su tejido social. Estas historias, de nuevo, dan la razón a los teóricos. En 2011, el profesor Bruce Bagley de la Universidad de Miami, escribió: “Las consecuencias de ignorar 5

Farah es periodista. En 1985 fue jefe de corresponsalía de UPI en El Salvador. Desde 1987 cubrió el conflicto salvadoreño para el Washington Post, periódico para al que cubrió también el conflicto colombiano (1990-94) y África occidental como jefe corresponsal (2000). En 1995 Columbia University le dio el premio Maria Moors Cabot por su cobertura de América Latina.

6

“Organized Crime in El Salvador: Its Homegrown and Transnational Dimensions”. Wilson Center.

Washington, DC. 2009.

el crimen organizado y sus efectos corrosivos serán la decadencia institucional o la desinstitucionalización de la democracia”7 . Estas historias, de nuevo, hablan de como el Estado y sus agentes, sobre todo en la PNC, ignoraron o permitieron la infiltración.

José Natividad Luna Pereira (a) Chepe Luna, el decano, y los primeros traficantes Un exitoso empresario ganadero que se convirtió en contrabandista, traficante de personas y de drogas, según lo describen los perfiles elaborados en despachos policiales durante las administraciones de los presidentes Flores (1999-2004) y Saca (2004-2009). Obtuvo su documento único de identidad (DUI) en Santa Rosa de Lima, La Unión, el 16 de agosto de 2003; registró sus datos a las 9:59 de la mañana, y 13 minutos después tenía su identificación, la número 2936356. José Natividad Luna Pereira, nacido el 25 de febrero de 1970 en el municipio de Pasaquina (La Unión), de 1.65 metros de altura y compañero de vida de Sonia Marlenis Cabrera.

Aquel no fue un trámite normal. Para obtener su DUI, presentó una partida de nacimiento que había obtenido cuatro meses antes, el 6 de mayo, en la Alcaldía de Pasaquina. Los empleados municipales extendieron la partida aunque él ya tenía identidad hondureña y los datos de otros documentos registrados a su nombre en esa alcaldía no coincidían con los que ahora presentaba. El obstáculo no fue difícil de superar: seis días antes de aquella visita de Chepe Luna al recinto municipal había asumido como alcalde Odir Ramírez ‒por ARENA‒, un viejo vecino del cantón Santa Clarita, el pequeño pueblo en que ambos consumieron parte de sus infancias8.

Cuando Chepe Luna sacó aquellos documentos pesaban sobre él varias acusaciones, arrestos y procesos judiciales. Para entonces la DEA y el FBI lo habían identificado como uno de los traficantes de personas más importantes de Centroamérica, y una corte de Nueva York incluso había girado una orden de captura en su contra por sospechas de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Registros de la PNC certifican que el 21 de marzo de 2002 participó en la golpiza a dos agentes que perseguían un vehículo cargado con queso de contrabando. Fue arrestado por lesiones. Durante el proceso judicial, cinco días después, la Fiscalía le agregó cargos de amenazas luego de que gritara y agrediera a sus acusadores. Tres años antes, había sido arrestado por contrabando. En ambas ocasiones los procesos se cayeron por falta de pruebas y recobró la libertad sin mayores problemas.

En poco tiempo, se consolidó como el contrabandista más poderosos de Oriente gracias al 7

Bagley, Op. Cit.

8

Entrevista con Odir Ramírez, alcalde de Pasaquina, La Unión. La Prensa Gráfica.

control territorial que ejercía sobre los humedales aledaños al golfo de Fonseca, a su acceso a mercancía en Nicaragua y Honduras y, lo más importante, a una extensa red de colaboradores que afianzó poco a poco dentro del Estado, sobre todo en la PNC, pero también en la Fiscalía y en el sistema judicial. Un informe que el Ministerio de Hacienda elaboró en 2004 lo explicaba así: “El contrabando de todo tipo de mercaderías se acrecentó, pues los jefes policiales manifestaban que recibían dádivas de las estructuras grandes… a finales de 2003 y los primeros nueve meses de 2004 los policías favorecían a los contrabandistas de tal forma que (a) los dueños de mercadería que pagan dádivas no los tocaban”.

La estrategia de Chepe Luna era, entonces, la misma que la de otros contrabandistas del continente que, a la postre, terminaron convertidos en narcotraficantes: control territorial, acceso y administración de una red logística de transporte capaz de mover mercadería en forma segura y rápida, y dinero suficiente para comprar a las autoridades e, incluso, hacerlas partícipes del negocio.

Una nota de prensa publicada el 20 de septiembre de 2004 da cuenta de su modus operandi9 : agentes de la División de Finanzas despejaban la ruta a contrabandistas de queso en el paso ciego El Cusuco. Otros agentes conversaban con los contrabandistas y un capitán del Ejército supervisaba a unos soldados que ayudaban a descargar marquetas de queso. Todo ocurría a pocos metros de una casa de Chepe Luna, en Barrancones, en el golfo de Fonseca, la entrada de mar compartida por El Salvador, Honduras y Nicaragua, por la que durante las guerras centroamericanas de los ochenta pasaron todo tipo de armas de contrabando.

Otro informe policial, este elaborado en 2004 por una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Hacienda para combatir el contrabando, recoge el reporte de un grupo de inteligencia policial que habla sobre la base social que el contrabandista ya había construido: “Luna coordina lanchas rápidas y tiene desembarcaderos en el golfo. Hay uno en Isla Perico, a la entrada del canal de Barrancones, en el río Goascorán. Ahí, en un pequeño islote hay una hacienda que es de Chepe Luna, en la que trabajan 25 familias a las que él mantiene”. Ese reporte dice que Chepe Luna manejaba comunidades similares en la isla Muruhaca, El Cedro, San Juan y en los esteros La Manzanilla y El Robalón.

El reporte periodístico también cita a una fuente no identificada de la PNC que agrega el ingrediente del tráfico áereo: “También hay una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea, cerca de la playa El Tamarindo, en la que pobladores han visto vuelos rasos en la noche”. Cerca de esa pista, decían los investigadores, Chepe Luna también tenía gente.

A mediados de 2004, según el informe del Ministerio de Hacienda, su influencia iba mucho más allá de los afianzados con sobornos a agentes y jefes en el departamento de La Unión: “Óscar Aguilar, alias Cachorro, permitió el crecimiento del contrabando de esos 9

Un equipo de periodistas de El Diario de Hoy atestiguó el contrabando de lácteos en un paso ciego en La Unión.

contrabandistas de Oriente que luego se conocieron como Los Perrones. Él tenía trato directo con las estructuras grandes, y los de abajo, agentes y jefes locales, iban tras los pequeños y luego de un pago inmediato los detenían, los dejaban libres rápido y les retenían la mercadería, que ahí ya era donde se beneficiaban en el sistema judicial”. Cachorro era el jefe de la División de Finanzas. En 2010, la Inspectoría General le abrió un expediente por favorecer a Chepe Luna.

El más organizado e influyente era Chepe Luna, pero también había otros contrabandistas que controlaban franjas de territorio y tenían sus propias flotas de transporte. Todos hacían negocios en relativa calma. Los territorios se respetaban, y los contratos se compartían.

Uno de esos contrabandistas era Reynerio Flores Lazo, de Santa Rosa de Lima, una pequeña ciudad al norte de La Unión que representa el último enclave urbano antes de El Amatillo, la frontera terrestre con Honduras. Al igual que Chepe Luna ‒cuya influencia en esta zona del departamento era notablemente inferior‒, Reynerio construyó su pequeño imperio en gran parte gracias a la corrupción en la PNC, incluidos los mandos altos, y en el sistema de partidos políticos. Uno de sus lugartenientes en aquellos días lo relata así: “Todos ellos tuvieron una participación activa en el contrabando y un crecimiento espantoso. Todos estaban coludidos con las autoridades, solo así se explica que hayan hecho tanto dinero y que hayan llegado tan lejos”10 .

Otro contrabandista importante en esos días era Élmer Bonifacio Medrano Escobar, nacido el 17 de julio de 1969 en Anamorós, La Unión, y cuya hoja de antecedentes tiene sus primeras entradas a finales de los ochenta11. Entre 1984 y 1986 trabajó esporádicamente en el aeropuerto de Ilopango ‒cuando desde ahí el Ejército salvadoreño y mercenarios cubanoamericanos coordinaban vuelos clandestinos para abastecer a la Contra‒, donde conoció a Pozo Aparicio, uno de los primeros salvadoreños que, según reportes de prensa, movió droga como subcontratista individual de proveedores colombianos. En 1987 la justicia procesó a Medrano Escobar por contrabando, pero cuatro años después se le ubica de nuevo transportando fardos de ropa que iba a traer hasta la zona libre de Panamá y pasaba de contrabando por los puntos ciegos de La Unión que una década después utilizarían Chepe Luna y Reynerio.

Raúl12, uno de los contrabandistas que conoció a Reynerio y a Medrano Escobar, dice que ambos se especializaron en “evadir al fisco constantemente con los importadores de ropa que 10

Entrevista con el autor. Enero-marzo 2013.

11

En 2011 el CIP actualizó su reporte sobre Medrano Escobar luego de recibir información, de sus colegas hondureños, de que el salvadoreño estaba en una lista de posibles asociados en Centroamérica del Chapo Guzmán.

12

Esta fuente, bautizada como Raúl, concedió entrevistas bajo condición de no ser identificado, para hablar con libertad de hechos que siguen pendientes de casación en tribunales. Para los efectos legales hay grabaciones que prueban estas conversaciones.

traían de Panamá o directamente desde China, triangular las mercaderías y dejarlas en El Salvador”13.

La PNC especula que, gracias a los contactos con proveedores que le facilitó Pozo Aparicio, Medrano Escobar empezó en 1991 a meter cocaína en los fardos de ropa; llevaba la droga a bodegas en San Salvador a nombre de la Sociedad Importadora IMCOBA o hacia la granja La Marranera. En 1995 la PNC lo arrestó en vías de investigación por un caso de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de El Salvador, cuando se disponía a abordar un avión con destino a Nicaragua. Después de un interrogatorio, quedó libre.

De los tres, Chepe Luna fue quien más y mejor infiltró la PNC. Ya para 2005 el contrabandista había trabado amistad con el propio director Menesses, quien, al igual que Cachorro, había sido jefe de la División de Finanzas. La Inspectoría General también le abrió expediente en 2010. Antes de eso, entre 2006 y 2007, fiscales que investigaban el salto de los contrabandistas de la zona oriental al narcotráfico habían recogido testimonio de tres agentes encubiertos de la DAN que vigilaban un jaripeo organizado por Chepe Luna cerca de La Unión, cuando vieron llegar al comisionado Menesses en una cabalgata en la que también participó el alcalde Odir Ramírez. Cuando se dio cuenta de la presencia del equipo encubierto mandó a los agentes de regreso a San Salvador, pero su participación en la fiesta equina del mayor contrabandista de Oriente ya había quedado registrada.

Aún faltaba mucho para 2010. A mediados de la primera década de 2000 la infiltración apenas empezaba a robustecerse en el nivel más alto.

Los siguientes años resultaron intensos: aquellos contrabandistas entraron de lleno al narcotráfico, consolidaron su control sobre el golfo de Fonseca y sobre las rutas marítimas, terrestres y aéreas de la zona oriental, lavaron dinero y crearon Los Perrones, una especie de federación de narcos. Para llegar hasta ahí, gente como Reynerio tuvo que empezar a pagar tributos más grandes al poder, a financiar campañas electorales y a operadores políticos.

El candidato Elías Antonio Saca había perfilado su plan de seguridad en 2003, durante la larga campaña por la presidencia de la República. Su principal apuesta era endurecer aún más la política de 'Mano Dura' contra las maras lanzada en el último año de gestión del presidente Flores. Tras ganar las elecciones y ser juramentado en junio de 2004, el presidente Saca nombró al comisionado Ricardo Menesses como director general de la PNC, y al comisionado Pedro Baltazar González como subdirector de operaciones. Ambos se convertirían en los principales ejecutores del plan Súper Mano Dura.

Desde el principio del quinquenio, y bajo la supervisión del ministro de Justicia y Seguridad Pública, René Figueroa, el presidente Saca puso énfasis en la lucha antipandillas e incluso la hizo parte esencial de su política comunicacional y de Relaciones Exteriores. En 2005, 13

Entrevista con el autor. Febrero 2013.

durante su segundo viaje a la Asamblea General de la ONU, el presidente Saca y Figueroa se reunieron con el presidente George W. Bush para pedirle, entre otras cosas, que Washington detuviera la política de deportaciones masivas de indocumentados con antecedentes.

Mientras el Súper Mano Dura se ejecutaba desde los despachos policiales, y se vendía a la opinión pública a través de una masiva campaña de relaciones públicas, un movimiento criminal diferente, más sofisticado y no relacionado directamente con las pandillas tomaba forma: mientras el país debatía la validez de poner tras las rejas a centenares de jóvenes vinculados a maras, en la porosa frontera terrestre con Honduras y en las costas aledañas al golfo de Fonseca el poderoso consorcio de contrabandistas de lácteos e indocumentados ‒ encabezado por Chepe Luna y Reynerio, y respaldado en añejas conexiones con policías y jueces locales‒ se disponía a utilizar sus viejas rutas de trasiego para mover un producto mucho más rentable: cocaína. Para Raúl, testigo de aquella transformación en su calidad de contrabandista, el salto respondía al sentido común: “Si alguien sabe el oficio de contrabando, cualquier cosa puede pasar”.

Estados Unidos, que a través de sus agregados policiales, antinarcóticos y judiciales conocía bien las rutas del contrabando, y sobre todo de la trata de personas ‒muchas veces solían coincidir‒, recibió al nuevo gobierno con una propuesta: golpear a Chepe Luna.

Según admitiría años después un ministro del presidente Saca, Estados Unidos tenía interés en capturarlo no solo por el tráfico de indocumentados hacia el Norte desde El Salvador, Honduras y Nicaragua, sino por su participación cada vez más activa en el trasiego de cocaína.

Desde el pueblo en el que se esconde de las autoridades salvadoreñas y hondureñas, Romeo, un viejo lugarteniente de Los Perrones, asegura, una década después del inicio de operaciones de narcotráfico en la zona oriental, que la DEA también tenía perfilado a su jefe. A él, dice, se lo confió un operador salvadoreño de inteligencia relacionado con la Embajada. Reynerio, como Chepe Luna, empezaba a aparecer en los radares de la inteligencia antinarcóticos.

A finales de 2004, bajo los auspicios de la DEA, la Administración del presidente Saca había formado una mesa de trabajo para perfilar a Chepe Luna y preparar operativos de captura.

Participaban, además de una delegación estadounidense, la PNC, la Fiscalía y representantes del Ministerio de Seguridad Pública y de la unidad especial de investigaciones de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.

“La idea que los norteamericanos nos vendían era que debíamos, como nuevo gobierno, dar muestras de compromiso de lucha contra el crimen organizado, que era algo que en aquellos primeros días parecía viable. Y nos recomendaron hacerlo a través de operaciones complicadas de seguimiento a delitos de evasión, contrabando, es decir, que la investigación fuera más por la parte financiera”, explicaba en 2009 uno de los ministros que participó en

aquella mesa.

La mesa decidió emprender la búsqueda sin cuartel de Chepe Luna. Capturarlo implicaba demostrar que la PNC no estaba infiltrada, que la Secretaría Técnica apostaba por el control real del contrabando como política fiscal, y que El Salvador se tomaba en serio el combate al narcotráfico. Pero todo falló porque la primera premisa era falsa: la PNC llevaba años infiltrada por los contrabandistas de Oriente.

Los investigadores empezaron por recabar informes de inteligencia y expedientes judiciales, incluido el que Chepe Luna tenía abierto en Nueva York, y pidieron al Registro Nacional de Personas Naturales y al Ministerio de Hacienda que elaboraran un perfil de identidad completo. En la Semana Santa de 2005, en un operativo internacional que incluyó la colaboración de la Policía de Nicaragua, se desarrolló el intento de captura.

Uno de los ministros que sabía del operativo se había ido a su rancho de playa el Miércoles Santo. En San Salvador, en la zona oriental, y en el noroeste nicaragüense quedaban a punto los equipos desplegados para ejecutar el plan que él, la PNC, otros altos funcionario y agentes estadounidenses habían dibujado una y otra vez en el papel durante larguísimas reuniones en la salita de conferencias del ministerio, en oficinas de la Embajada o incluso en Casa Presidencial. Si todo salía bien, al regreso de la vacación el ministro podría decir al presidente Saca que se había anotado un tanto excepcional: capturar al narcotraficante más buscado por la DEA en El Salvador. Así, alerta, el ministro llegó a su rancho, dispuesto a descansar un par de días. El celular permanecía encendido.

Desde las primeras horas de ese Miércoles Santo, mucho antes de que el ministro emprendiera ruta a la playa, un par de agentes y sus colegas nicaragüenses terminaban de afinar en Nicaragua la vigilancia del operativo que, según el plan, daría inicio a la cacería. La idea era hacerle caer en una trampa. Agentes encubiertos habían pactado con él la entrega de un cargamento de reses y cocaína para que lo transportara desde las costas de Chinandega hasta la carretera Panamericana, en el lado salvadoreño. La inteligencia analizada en San Salvador, recogida por agentes antinarcóticos con la ayuda de la DEA, había dado una idea bastante clara de las rutas utilizadas por Chepe Luna: Chinandega, golfo de Fonseca, Barrancones o Las Tunas, Pasaquina y Santa Rosa de Lima, ya sobre la Panamericana. El operativo incluía puntos de vigilancia en varios de esos lugares, incluso en San Miguel, el último punto de salida hacia la capital y Guatemala.

En San Miguel, los agentes Rosario y Marcial14 también esperaban señal cerca del centro comercial Metrocentro. En un Nissan blanco fingían ser una pareja de enamorados que aprovechaba el primer día de vacación para intercambiar besos en el estacionamiento medio vacío.

14

Se utilizan seudónimos para nombrar a dos agentes de los que habló el exministro de Saca como ejecutores del operativo de captura y a quienes no identificó por sus nombres reales.

Entrada la noche, el celular del ministro aún esperaba noticias en la playa.

Un niño, según el relato posterior del ministro, dejó su bicicleta en el pavimento, cerca de la puerta del conductor del Nissan blanco; dio algunos golpes a la ventanilla. El agente Marcial bajó el vidrio. “Si quieren, pueden irse. El señor que están esperando no va a venir”, dijo el chiquillo.

Y en efecto: el señor al que los policías salvadoreños, estadounidenses y nicaragüenses esperaban no llegaría. Chepe Luna se había vuelto a escapar.

La última vez que el celular del ministro sonó en el rancho de playa fue solo para anunciarle que todo el plan se había venido abajo. La única posibilidad, pensó el ministro, es que el oportuno soplo para el narco se había escapado de la mesa. Desde el primer momento, el ministro sospechó de los policías que habían participado. No era esa la primera vez que la complicidad de los más altos jefes destruía investigaciones como esa. No sería la última.

En 2006, un año después del fracaso de aquella operación, el Gobierno emprendió una especie de depuración silenciosa que incluyó el traslado del director general a la Embajada de El Salvador en Washington, como enlace policial, en un puesto creado ad hoc por Casa Presidencial para el comisionado Menesses. Tres años después, la inspectora Zaira Navas lo investigaría y también a otros cuatro altos jefes policiales de aquel entonces por supuestos vínculos con Chepe Luna; entre ellos, Cachorro, a quien en 2008 el director general Francisco Rovira15 había rescatado del ostracismo para nombrarlo jefe del CIP, a pesar de los informes internos que lo vinculaban con Los Perrones.

A la postre, las investigaciones de la inspectora Zaira Navas quedaron en el olvido por la falta de apoyo político del presidente Funes ante los ataques que venían desde la PNC y algunos partidos de derecha, hecho que se aborda con detalle en el capítulo 9.

Después del fracaso de la operación contra Chepe Luna en 2004, uno de los tantos que la complicidad entre el capo y los policías ocasionó, el ministro decidió restringir el acceso a la mesa a finales de 2005. “Informé de todo a Casa Presidencial. Lo que acababa de pasar era muy grave. De todo supo Casa Presidencial. Le dijimos también de nuestras sospechas sobre la PNC”, relató el ministro en 2009. ¿Qué hizo el presidente Saca? Nada o muy poco, según el exfuncionario.

Aquella mesa especial, pensada como semilla de una fuerza de tarea para combatir el contrabando y el narcotráfico con asesoría de Estados Unidos, fracasó sin culminar siquiera su primera operación. La complicidad policial con el crimen organizado era ya para 2005 tan sólida que hacía imposible que una idea como esa funcionara.

15

Francisco Rovira fue nombrado el 5 de febrero de 2008 para sustituir al director Rodrigo Ávila, y renunció el 23 de agosto de ese mismo año en medio de acusaciones de corrupción contra él y sus asesores.

Para finales de 2005, la mesa había dejado de tener capacidad operativa, pero seguía haciendo una labor importante, inédita además en el país: rastrear operaciones bancarias sospechosas para detectar posibles casos de lavado.

Hubo una operación en particular que llamó la atención: desde una agencia de Usulután un hombre había movido $800,000 en una sola transacción, algo poco común en El Salvador y mucho menos en Usulután. La mesa pasó la información a Casa Presidencial, sobre todo porque ese hombre era candidato a diputado suplente por el Partido de Conciliación Nacional.

Su nombre: Roberto Carlos Silva Pereira, quien ya para entonces era miembro de las bandas de Oriente.

Tras la salida del director Menesses, en parte por sospechas de vínculos con los narcotraficantes, el presidente Saca nombró director a uno de sus hombres de confianza: Rodrigo Ávila Avilés.

El director Rodrigo Ávila desempolvó una vieja investigación contra algunos de los socios de Chepe Luna, empresarios de Santa Rosa de Lima, Pasaquina y San Miguel, otrora contrabandistas, que también habían empezado en 2003 a utilizar sus viejas rutas para iniciarse en el tráfico de cocaína como subcontratistas de intermediarios guatemaltecos y costarricenses. Y tuvo que desempolvar porque durante la gestión del director Menesses ‒y de Godofredo Miranda al frente de la DAN‒ los expedientes abiertos en la PNC, la Fiscalía y el OIE nunca avanzaron.

Fue en 2006, luego de que el director Rodrigo Ávila reasumiera la dirección, que se desarrolló una operación encubierta destinada a dar sustancia legal a toda la información recabada sobre Los Perrones. Un fiscal y un agente encubierto que trabajaron en esos expedientes coinciden en que fue entre 2006 y 2007 ‒tras los fracasos iniciales por capturar a Chepe Luna en los operativos diseñados en la mesa de alto nivel‒ cuando el GEAN empezó a ordenar la información.

Reynerio Flores Lazo y Los Perrones El interés de Estados Unidos por la zona oriental creció en la segunda mitad de los noventa, luego de que operaciones de inteligencia de la DEA en el terreno detectaran el arribo a la línea costera de Usulután, San Miguel y La Unión de cocaína en lanchas rápidas procedentes del puerto de San Buenaventura, en Colombia. En 1999, en una entrevista de prensa, el agregado de la DEA en San Salvador, Jim Rose, confirmó que La Chepona, una playa desolada del departamento de Usulután, era un importante punto de recepción de cocaína.

La PNC sabía de estos movimientos. Así lo recoge un reporte interno del GEAN fechado en 1997: “Desde el puesto de El Tamarindo se informa de muchos movimientos de lanchas… no

solamente llega droga sino que también llega gente que viene de Nicaragua, tráfico de personas… No solo hablamos de El Tamarindo sino que también de información que viene desde la delegación de La Unión, dentro de esto (sic) la droga se mueve cerca (de la ciudad), en el muelle antiguo, las lanchas llegan cerca de la delegación y por un puesto naval pequeño, las lanchas pasan a una comunidad llevando un contrapeso, un gancho al que llaman ancla flote, es como un ancla que da flotabilidad (sic) al bulto de droga y para protegerlo va en plástico”.

Ya en 1996 agentes antinarcóticos habían empezado a investigar a Reynerio, Juan María Medrano (a) Juan Colorado y a Fredis Osmín Escobar, los tres de Santa Rosa de Lima y cantones aledaños. Uno de esos investigadores, el Agente 216 , destacado por un tiempo en La Unión y luego miembro él mismo de la red de contrabandistas, concedió una entrevista en 2009, en el marco de una investigación periodística en torno a Los Perrones. Se le cuestionó quiénes eran los hombres en el trasiego de drogas y esta fue su respuesta: “La información que yo recibí en ese entonces era de Reynerio y otros, no directamente Reynerio. Él no era el cabecilla, había otros que hacían eso, trabajaban con personas que traficaban gente, mercadería de queso en cantidades que no son poquitas... Por cada camión me ofrecían mil colones (unos $114) en aquel entonces, mil por camión17 . Lo que hacíamos era colocar controles para dejar pasar los camiones”.

A esta confesión de sobornos, el Agente 2 añade el relato sobre los cortejos que el crimen organizado de Santa Rosa hacía a finales de la década de los noventa a policías locales: “En un bar que estaba en un desvío entre Santa Rosa y La Hachadura nos invitaban a reunirnos.

Ahí llegaba gente de Finanzas y de Seguridad Pública de San Miguel. Nos ofrecían bebidas. A mí me invitaron la primera vez a través de un intermediario. Ellos al principio no te dan pauta que te van a ofrecer dinero. El que me contactó a mí era una persona común, con buena imagen, buen vehículo, una Toyota Tundra color blanco. A ese señor yo me lo había encontrado antes en un control vehicular entre Sirama y El Nance, donde le encontramos un arma de fuego, una nueve milímetros, bien bonita, y había que quitársela. Él me dijo: ‘No me la quite, mire, yo soy comerciante’. Al escuchar el ruego de él me convenció y le devolví el arma. Después, en agradecimiento, me dijo que me iba a regalar algo; yo le dije dónde me podía encontrar (en la delegación de La Unión), y él posteriormente me llevó a regalar unos jeans verdes”.

El relato prosigue: “Otra vez, cuando ya había cierta confianza con este señor, me invitó a dar una vuelta. Y fuimos. Después fui a Santa Rosa de Lima con él. Y después fui a la casa de Reynerio, no solo una vez. La primera vez que me llevó a la casa de Reynerio yo venía de 16

Buena parte de la información aportada por este policía, quien habló bajo condición de anonimato por su seguridad, sirvió para la investigación sobre Los Perrones entonces. La reconstrucción de las primeras reuniones entre policías y miembros del clan de los Flores Lazo es inédita.

17

El Salvador dolarizó su economía en el año 2000. En el tiempo del que habla esta entrevista aún circulaban los colones, cuyo cambio el Banco Central de Reserva fijó en 8.75 por dólar.

Anamorós. También iba a un local (bar) donde una vez me encontré a dos elementos de Finanzas uniformados; yo entré con otro policía y pedimos una gaseosa, pregunté que había adentro, me dijeron que una muchacha atendiendo el lugar… Ahí fue que entró Reynerio en un Toyota color blanco, doble cabina, ahí fue la primera vez que lo conocí… Él fue de un solo a hablar conmigo. Platicamos sobre todo eso del contrabando, que si era bien difícil, que si era nuevo, que dónde estaba destacado, que qué hacía. Y seguí yendo y cuatro veces me encontré personal uniformado, siempre estaban ebrios. En realidad eso era un prostíbulo, y ahí nos hacían esos ofrecimientos de dinero”.

El Agente 2 repite varias veces en la entrevista que informó de sus pasos a sus jefes inmediatos. Insiste en que en San Salvador ya había conocimiento de que los contrabandistas habían infiltrado la División de Finanzas.

La corrupción en esta división y en su contraparte en la Fiscalía, la Unidad de Procuración, quedó expuesta en 2000 cuando se hizo pública la relación de negocios entre Fredis Osmín Escobar y una jefe fiscal, Silvia Iglesias. El director Menesses era entonces el responsable de la División de Finanzas.

Fredis Osmín Escobar, pariente de Medrano Escobar, sofisticó, bajo la protección de Reynerio, lo que su familiar había empezado en Panamá diez años antes; no solo perfeccionó el arte de evadir impuestos de importación a través de malabares legales en los libros contables, sino que fue el primero en penetrar en profundidad los despachos de la Fiscalía.

A finales de 1998, Fredis Osmín Escobar planificó y ejecutó, aprovechándose del vacío de poder temporal y de la inmensa distracción provocada por la devastación que dejó el huracán Mitch, una masiva operación de contrabando que fiscales de la Unidad de Procuración empezaron a documentar a mediados de 1999, unos seis meses tras el paso del huracán; la carpeta llevaba ese nombre: Mitch.

Como en el caso de Chepe Luna, la investigación en contra de Fredis Osmín Escobar no prosperó debido a, de nuevo, soplos provenientes esta vez de las entrañas de la Fiscalía. Una investigación periodística de La Prensa Gráfica reveló en 2000 que la fiscal Iglesias mantenía comunicación constante con el contrabandista para informarle de las pesquisas en su contra.

Fredis Osmín Escobar salió bien librado de aquello, no así la fiscal Iglesias, quien terminó trasladada a un escritorio de importancia menor en la Fiscalía y, a la postre, salió de la institución.

Pero el contrabandista no escarmentó. Romeo cuenta que Fredis Osmín Escobar y otros ganaderos, envalentonados por la sensación de impunidad que les vino luego que la Operación Mitch terminara en nada, empezaron a lucir su riqueza en las fiestas patronales de los pueblos en los que se movían. Fue hasta el final de la primera década del nuevo siglo, en el marco de la persecución contra Los Perrones, que Fredis Osmín Escobar tuvo que enfrentar

a la justicia.

En 2010, su nombre apareció en un reporte sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, en el apartado relacionado a la corrupción en el sistema de justicia. “Al final del año (2009), en el caso de los Fredis Osmín Escobar, uno de los tres jueces adjudicados al caso rindió decisiones controversiales sobre la organización de narcotráfico Los Perrones, (pero Escobar) fue encontrado culpable de lavado de dinero”18 .

Las primeras pistas sobre Fredis Osmín Escobar, Reynerio y el consorcio Los Perrones llegaron en 2002, un breve memo interno de la PNC despachado por José Jaime Cabrera Soriano, jefe del Centro de Inteligencia Conjunta Antinarcóticos, abrió un camino de investigación que terminaría revelando la profundidad de la infiltración protagonizada por Los Perrones. Lo que había empezado con agentes y mandos medios cortejados en burdeles, con regalos y tragos, terminaría en una trama que incluyó la década siguiente a dos hombres fuertes de ARENA, quienes decidieron pactar con los narcos a cambio de pagos periódicos y colaboraciones de campaña.

Romeo, uno de los hombres que ayudó a Reynerio a llevar las finanzas de su negocio, revela detalles relevantes: “A Reynerio le pasaron una factura política, independientemente de si estaba metido en actividades ilícitas, ¿verdad? A él lo presionaron a contribuir con la campaña, pero él en un momento se resistió y le pasaron la factura. Todo eso lo venían incubando desde el 2004. ¿Recordás que a él ya le habían congelando fondos? Lo venían mimando: mirá, atendé, porque vos sabés, y no nos vamos a engañar, las estructuras del crimen organizado no es que penetran el Estado, a veces son ellos mismos los que están al frente del crimen organizado”.

Este hombre identifica con nombre y apellidos a los dos operadores políticos que pedían “colaboraciones” a Los Perrones antes y después de las presidenciales de 2004: Chele Tórrez y Herbert Saca. Romeo era quien anotaba en los cuadernos contables de Reynerio cada colaboración, y fue él quien viajó varias veces de Santa Rosa de Lima a San Salvador para pagar las cuotas. En marzo de 2013, semanas después de dar vueltas a las páginas y a la memoria, Raúl ofrece una cantidad precisa: “Pagamos 558,000 dólares al partido ARENA, sobre todo en los días de la campaña de Rodrigo (Ávila), cuando Reynerio ya estaba preso”.

Pero los operadores políticos llegaron después, cuando Los Perrones habían consolidado rutas y uno de sus líderes había movido, en dos años, poco más de 2,000 kilos de cocaína y había establecido contacto con narcos de Costa Rica y Guatemala. En 2002, el memo del policía Cabrera Soriano que inició todo decía así: “Una nota de Danny Dalton, agregado diplomático de la administración contra las drogas (sic), DEA, informa de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga y arraigada desde el norte de Nueva York, New

18

Informe país. El Salvador. Departamento de Estado. 2010.

Jersey hasta Guatemala y El Salvador. La DEA contactó a dueños de agencias de encomiendas que ya fueron entrevistadas en Estados Unidos por el agente de la DEA Ricardo Eliézar”.

Otro agente encubierto del GEAN, el Agente 119 , explica los datos recabados en 2003, pocos meses después del informe del agente Dalton. “Había un informe de inteligencia de que una persona, enviada de los carteles, vino primero a San Salvador y luego tuvo una reunión en Sonsonate. De ahí salió y acordaron que gente local quedaría encargada aquí en el país para buscar perfiles y todo eso, para empezar a operar una estructura. El sitio más idóneo que encontraron fue Oriente, porque ya existían estructuras de contrabando, y entonces lo único que tenían que hacer era proveerles droga para que ellos siguieran con su organización normal, respetando sus jerarquías, respetando a los que le iban a entregar la droga. Aparecía en ese informe una mujer a la que le llamaron la Patrona y un señor de apellido Hernández20 que empezaron a tocar gente en Oriente y en Occidente también. El problema es que la investigación nunca llegó a Occidente21 ”.

Un investigador del Ministerio de Hacienda confirma que su institución también tuvo acceso a la información del GEAN y añade: “De esa reunión en Sonsonate salieron cinco nombres, el de Eliú (William Eliú Martínez), Silva (Roberto Carlos Silva Pereira), Óscar René Molina Manzanares, que era transportista, y después toca a Reynerio y a Juan Colorado”. Aquel era el núcleo fundacional de Los Perrones, junto a otros dos hombres: Fredis Osmín Escobar, el hombre con contactos en la Fiscalía; y Chepe Luna, el eterno prófugo.

El 13 de mayo de 2003 la PNC capturó por primera vez a Reynerio por contrabando e incluso le congeló cuentas en Panamá y El Salvador. Después de un proceso judicial corto, salió de la cárcel. Uno de sus familiares confirmaría luego, en una entrevista, que ese fue uno de los tantos sobornos que su familia pagó a las autoridades. “Yo a muchos cabrones del sistema judicial les unté la mano”, dijo en una entrevista realizada en enero de 2013.

Siete meses después, el 13 de diciembre de 2003, la Policía costarricense decomisó la primera carga de cocaína de Reynerio en Liberia, al noreste de Costa Rica: 66 kilos en un camión manejado por un hombre de apellido Zaldaña. Chepe Luna, a quien la DEA ya tenía fichado, 19

Este es parte de un testimonio recabado por el autor y otro periodista en 2008, en el marco de una investigación periodística sobre Los Perrones. Gran parte de esa conversación quedó fuera de las publicaciones finales por diversas razones. En su momento el autor pactó con la fuente protección de su identidad por razones de seguridad.

20

En un informe fechado el 12 de diciembre de 2006, el CIP e investigadores del Ministerio de Hacienda identifican a Roberto Antonio Hernández Torres como uno de los tres socios que fundó el 21 de octubre de 2005 el restaurante Las Lunas, en La Unión. En investigaciones de la Fiscalía el restaurante, que tenía por socio a un miembro de la Fuerza Naval, aparece como uno de los primeros activos de Los Perrones.

21

En el mismo informe de la PNC y el Ministerio de Hacienda menciona a Miguel Ángel Ortega Ortega como socio de Reynerio. En 2009 el CIP identificó a Ortega como uno de los miembros de una organización de narcotraficantes al que El Faro, citando tres informes oficiales, identificó como el Cartel de Texis, y cuya zona de influencia se extiende desde Metapán, al noroccidente de El Salvador, hasta San Salvador.

también había invertido en ese cargamento.

El 3 de febrero de 2004, en Esparza (Puntarenas) las autoridades costarricenses interceptaron un segundo camión cargado con 570 kilos de cocaína, esta vez manejado por otro miembro de la planilla de Reynerio, de apellido Altamirano. El vehículo estaba registrado a nombre de la empresa Flores Pass.

Para entonces se había abierto en Costa Rica una investigación que incluía a costarricenses, nicaragüenses y salvadoreños. La Policía Judicial intervino los teléfonos de narcotraficantes identificados como Octavio, Waner, Venegas y Victoriano. El 11 de marzo, Waner llamó a Chaparro, el sobrenombre de Reynerio en Nicaragua, para arreglar el traslado de un cargamento. Cuatro días y cuatro llamadas después, el 15 de marzo, Waner y Chaparro cerraron el trato.

Las autoridades ticas realizaron otros tres decomisos a camiones de Reynerio: 188 kilos el 3 de abril de 2004, 219 kilos el 10 de septiembre, y 1,100 kilos el 27 de noviembre. A esas alturas, los costarricenses ya se habían comunicado con sus pares salvadoreños y habían compartido información con la DEA. Toda esta información formaba parte del paquete que los estadounidenses entregaron al presidente Saca apenas tomó posesión en junio de 2004, lo que provocó la creación de la mesa interinstitucional que intentó capturar a Chepe Luna, pero que fracasó por las filtraciones hechas desde el más alto nivel de la PNC. Años después, en 2008, algo muy parecido ocurrió cuando otra operación élite, esta vez comandada por la Fiscalía y ejecutada por la DAN bajo el mando de Godofredo Miranda, intentó capturar a Reynerio. Agentes fiscales revelaron entonces a periodistas que sospechaban también de filtraciones desde la PNC. En el marco de esas investigaciones periodísticas, los fiscales también dijeron que las comunicaciones con los costarricenses y todos los expedientes relacionados con Reynerio acumulaban polvo en la DAN desde 200422.

Aquel año nadie se atrevió a señalar abiertamente al director Menesses como cómplice de Chepe Luna y otros narcos, pero desde el despacho de René Figueroa, ministro de Justicia y Seguridad Pública de entonces y por consiguiente jefe del director policial, se activó un movimiento silencioso para desbancarlo.

En 2006, con el director Menesses fuera, las investigaciones contra Los Perrones reiniciaron.

Las primeras pesquisas indicarían muy pronto que la organización de traficantes, además de la PNC, también había infiltrado la Fuerza Naval de La Unión.

22

Ver artículo de prensa Tijuana en El Salvador, publicado por el autor en agosto de 2008.

Capítulo 9 LA OPORTUNIDAD PERDIDA “¿Qué se busca con echar un manto de sospecha contra quienes ejecutan una labor tan importante para separar de la fuerza policial a los cómplices y colaboradores del crimen?”.

Mauricio Funes, presidente de la República, el 18 de noviembre de 2010, como reacción a la creación de una comisión legislativa encargada de investigar posibles abusos de la Inspectoría General contra altos mandos policiales acusados de vínculos con el crimen organizado.

“En la PNC cualquier persona tiene la posibilidad de ir a poner una denuncia, el problema es probarlas. Eso no nos va a detener a nosotros para hacer los cambios que creemos que debemos hacer y poner a la persona idónea en el puesto que nosotros necesitamos”.

General Munguía Payés, ministro de Seguridad Pública, el 31 de enero de 2012, al defender el cierre de expedientes contra oficiales de alto nivel, muchos de ellos incluidos en el Acuerdo 221.

“De los comisionados se dicen muchas cosas. La cosa es probarlas”.

Mauricio Funes el 29 de mayo de 2013, sobre el nombramiento de un oficial vinculado con narcotraficantes como agregado policial en la Embajada de El Salvador en Washington.

Prólogo Todavía en agosto del 2013 seguía vivo el rumor de que Núñez Cárcamo estaba a punto de llegar a la Embajada de El Salvador en Washington como agregado policial, con un salario de $7,000 al mes, similar al del jefe de misión.

El 29 de mayo, tras el despliegue público de su relación con Chepe Luna, y de ser involucrado en otros delitos, el presidente Funes anunció que había pedido al entonces director de la PNC, el general Salinas, que detuviera el nombramiento. Así sucedió. Dos meses después, sin embargo, la posibilidad de que el oficial y dos asistentes llegaran a la suite 100 del 1,400 de la calle 16 de Washington ‒sede de la embajada‒ volvía a sonar.

En dos momentos diferentes de su gestión, al poco de iniciar y al poco de finalizar, el presidente Funes se refirió a las investigaciones que vinculan a Núñez Cárcamo con narcotraficantes. Lo que dijo en cada uno de los dos momentos define el cambio radical en su postura respecto a la depuración al interior de la PNC. La primera vez fue en declaraciones a la prensa tras un acto en el que presidió la entrega de 90 vehículos nuevos, el 2 de octubre de 2010. “Aquí se acabó la impunidad”, dijo al defender el trabajo de la inspectora Zaira Navas. Para entonces, la Inspectoría General tenía abiertos ya

20 expedientes internos contra 21 oficiales de alto rango. La primera reacción de esos oficiales y de sus aliados políticos fue acusar al Gobierno de ir tras los oficiales provenientes del Ejército como parte de una vendetta de la primera administración de izquierda.

Uno de los opositores más activos a las investigaciones de la inspectora Zaira Navas fue el diputado Ernesto Angulo, de ARENA, quien unos días antes de las declaraciones del presidente Funes había dicho: “Hemos recibido la visita y notas de personas de la PNC, que nos consta que vienen del Ejército, y que el señalamiento de ellos es que solamente se está queriendo investigar y dañar la imagen de personas que pertenecieron al Ejército. Y no es uno, varios nos lo han mencionado”.

El presidente Funes, en su defensa pública de la Inspectoría General, reveló que la inspectora Zaira Navas ya había abierto 200 expedientes a miembros de la PNC por “sospechas de que actuaron en contra de la ley”. “Los gobiernos anteriores”, enfatizó en alusión a las cuatro administraciones de ARENA, “no llevaron a cabo depuraciones; de lo que se trata es de quitar el agua al pez combatiendo la corrupción, que es el caldo de cultivo en el que opera con facilidad el crimen organizado”.

Una semana antes de esas declaraciones, Casa Presidencial había recibido, desde la Dirección General, el informe titulado “Sobre principales medidas implementadas en el proceso de saneamiento de la Policía Nacional Civil”. La inspectora Zaira Navas informaba que entre junio de 2009 y agosto de 2010 había recibido 2,686 denuncias, y que había abierto expedientes contra 40 oficiales de nivel superior y ejecutivo. En el documento hay un cuadro con 20 nombres de oficiales que se han estado rotando en los puestos de mando más importantes de la PNC, incluida la Dirección General. Ocho de ellos son miembros del grupo que se dio de baja del Ejército en virtud del Acuerdo 221.

Uno de esos ocho oficiales es Núñez Cárcamo, a quien la Inspectoría General abrió expediente el 27 de octubre de 2009 por “vínculos con el narcotraficante José Natividad Luna Pereira”.

Ya entre 2004 y 2006, la Dirección General de Aduanas lo había perfilado como un colaborador de Chepe Luna cuando este se dedicaba al contrabando y al tráfico de personas.

“Tuvimos que maniobrar fuerte desde Hacienda (ministerio al que está adscrita Aduanas) para que lo quitaran de Finanzas”, una de las divisiones de la PNC más infiltradas, asegura un investigador que entre 2004 y 2009 dio seguimiento a Los Perrones. De Núñez Cárcamo este investigador asegura que “hasta se subía a los carros con él (Chepe Luna)”.

En el expediente 66-TEG-2007 del Tribunal de Ética Gubernamental, fechado el 25 de mayo de 2009, un subalterno dice que Núñez Cárcamo le ordenó no recuperar sacos de café que dos haciendas en Ataco, Ahuachapán, reportaron como robados. En 2010, por este y otros casos

similares, el Consejo Salvadoreño del Café se quejó ante el Ministerio de Hacienda de que era “inoperante”.

La segunda ocasión en la que el presidente Funes se refirió a Núñez Cárcamo fue en 2013, con la inspectora Zaira Navas ya fuera de la institución y los 20 expedientes sobre altos mandos policiales cerrados por orden de su sucesor, el inspector Linares Ascencio, o desestimados porque los investigadores no hicieron las diligencias a tiempo. Esta vez se mostró mucho más cauto, incluso salió veladamente en su defensa. “De los comisionados se dicen muchas cosas; la cosa es probarlas”23.

Sin embargo, lo que pedía era muy difícil: desde que el 28 de agosto de 2012 el inspector Linares Ascencio dio la orden de archivar varios de los expedientes abiertos por la inspectora Zaira Navas, ninguna autoridad competente ha investigado a algún oficial de alto rango en la PNC, al menos hasta septiembre de 2013. A ninguno. Este capítulo narra, en cinco partes (incluido un epílogo), los sucesos ocurridos entre las antagónicas declaraciones del presidente Funes sobre la depuración de la PNC. El momento más importante entre el apoyo inequívoco a la inspectora Zaira Navas y las dudas presidenciales tres años después fue, sin duda, el nombramiento del general Munguía Payés al frente del Ministerio de Seguridad Pública, y del general Francisco Ramón Salinas Rivera como director general. Cuando ambos generales tomaron las riendas del gabinete de seguridad, la mayoría de oficiales que habían sido descartados desde 2009 por vínculos con el crimen organizado regresó a puestos clave dentro de la institución policial.

Con el general Munguía Payés, además, se instaló en el ministerio Manuel Chacón, el abogado que en 1994 defendió a un teniente de la Policía Nacional acusado de robar, vestido de uniforme y a punta de ametralladora, un camión blindado frente a una sucursal bancaria en San Salvador, un hecho que costó la vida a cuatro personas.

Según dos funcionarios cercanos al grupo de asesores del presidente Funes, el general Munguía Payés incluso propuso a Manuel Chacón como un candidato a viceministro de Justicia, pero se rechazó la idea por la toxicidad mediática que el nombre del abogado podría generar.

Eso no evitó que se convirtiera en uno de los principales asesores del general Munguía Payés.

De hecho, una de las primeras misiones que le encomendó fue defender jurídicamente que no había inconvenientes legales para que un militar o un exmilitar ocuparan el despacho de

23

Ver Soriano, Antonio. “Pide investigar si nombrado por Salinas tiene nexo narco”. Diario El Mundo, 29 de mayo de 2013.

Seguridad Pública ni, mucho menos, violación a los Acuerdos de Paz, que habían sido los reclamos desde distintos sectores de la sociedad cuando se nombró al general Munguía Payés como sucesor de Manuel Melgar al frente del Ministerio de Seguridad Pública.

Una de las primeras reuniones en las que participó Chacón fue con el viceministro Henry Campos, segundo al mando durante la gestión del ministro Melgar. Una persona que supo lo que se discutió en ese encuentro asegura que el viceministro Henry Campos defendió que el nombramiento de un militar al frente de la seguridad pública contrariaba los Acuerdos de Paz, a lo que el general Munguía Payés respondió que los análisis jurídicos hechos por Manuel Chacón le permitían asegurar que no había ilegalidad.

" El abogado Manuel Chacón (traje negro, corbata roja) bromea con la seguridad del ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés (traje celeste). Foto cortesía Francisco Campos.

Acto I: los expedientes de la inspectora Zaira Navas El director Menesses fue el único oficial de alto rango acusado de vínculos con el crimen organizado depurado. Sin embargo, no fue destituido por las sospechas compartidas por dos

exministros y dos exdirectores generales de la PNC de que tenía vínculos con Chepe Luna o por departir con uno de los principales líderes del Barrio 18; el director Menesses salió por una falta menor: ausentarse del trabajo. Ese fue el único camino que la PNC halló para deshacerse del oficial una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores lo retiró de la Embajada de El Salvador en Washington y lo regresó al país.

Los demás oficiales sospechosos de vínculos con el crimen organizado u otros delitos graves ‒algunos de ellos desechados incluso por gobiernos de ARENA‒ regresaron por la puerta ancha y retomaron puestos clave en la seguridad pública, una vez el general Munguía Payés tomó las riendas del ministerio, con la aquiescencia del presidente Funes, obvio. Poco importaron los expedientes que la inspectora Zaira Navas, e incluso sus antecesores, abrieron contra 20 altos mandos por delitos graves, la mayoría relacionados al crimen organizado24.

Nacida en 1972, la abogada Zaira Lis Navas Umaña adquirió cierta notoriedad pública por representar a familiares de desaparecidos durante la guerra civil en una demanda interpuesta contra la cúpula militar25 de los primeros años de la guerra y por dirigir la Asociación ProBúsqueda, una oenegé dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos durante el conflicto.

Trece de los expedientes que la inspectora Zaira Navas abrió contra los veinte oficiales están relacionados con Los Perrones: los operativos fallidos de 2004, 2005 y 2008 para capturar a Chepe Luna y Reynerio, el levantamiento de retenes policiales para facilitar el paso de droga por las carreteras nacionales, y la destrucción de pruebas que inculpaban a los narcotraficantes.

Los oficiales expedientados son: el director Menesses, el comisionado Ciro Antonio Barrera26, el comisionado Jorge Luis Callejas, el subcomisionado Herberth Omar Larios Rivera, el subcomisionado Gabriel Antonio Mayorga Ramírez27 , el comisionado Godofredo Miranda, el inspector jefe José Arana Portillo, los subcomisionados Jaime Ernesto Perla Flores y José Jaime Cabrera Soriano28, el subcomisionado Óscar Antonio Aguilar Hernández (a) Cachorro, 24

Informe Ejecutivo sobre Principales Medidas Implementadas en el Proceso de Saneamiento de la Policía Nacional Civil. Inspectoría General. 24 de septiembre de 2010.

25

El 30 de agosto de 2006, la inspectora Zaira Navas y el abogado David Morales (de 2009 a agosto de 2013 director de Derechos Humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y a partir de entonces Procurador para la defensa de los Derechos Humanos), en representación de seis desaparecidos durante el conflicto armando, demandaron, entre otros al exministro de Defensa, general José Guillermo García; y al exdirector de la Guardia Nacional, general Eugenio Vides Casanova. Ambos militares han sido juzgados por fraude migratorio en Estados Unidos, donde cortes distritales de la Florida estudian su expatriación.

26

De origen “civil”, es decir que entró en la PNC sin ser cuota del FMLN o del Ejército, pero afin al FMLN. Según fuentes de ese partido, antes de que el presidente Funes ganara la Presidencia, Ciro Antonio Barrera era candidato a dirigir la PNC.

27

Uno de los primeros jefes de la DIC. En su época, la DIC recibió acusaciones de obstruir algunas investigaciones y de favorecer a oficiales vinculados al sicariato.

28

José Jaime Cabrera Soriano era el jefe del GEAN cuando inició en 2002 la investigación de los contrabandistas de Oriente, quienes con el tiempo se conocerían como Los Perrones.

el comisionado Douglas Omar García Funes (a) Carabinero29 , el comisionado Pedro Baltazar González Rodríguez30, el comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza31 y el subcomisionado Luis Ernesto Núñez Cárcamo.

Ocho de los trece investigados fueron incluidos en 1994 en el Acuerdo 221. De los expedientados por la Inspectoría General también se puede decir que forman parte del núcleo de mando desde el despliegue inicial de la PNC en 1993.

Además de Núñez Cárcamo ‒cuyo caso abre este capítulo‒ y del director Menesses, Godofredo Miranda y Cachorro ya habían sido investigados internamente, mencionados en expedientes de la Fiscalía o en los medios de comunicación mucho antes de que la inspectora Zaira Navas les abriera expedientes.

El director Menesses y Godofredo Miranda, de hecho, habían sido apartados de los puestos de poder de forma discreta entre 2006 y 2008.

Ya antes de que el presidente Funes llegara al Ejecutivo, como se relató en el capítulo 2, hubo dos intentos de purga. El primero, durante el periodo del director Sandoval, que nació marcado por una pugna interna entre los mismos oficiales de derecha provenientes del Ejército y terminó revertido casi en su totalidad por amparos que concedió la Corte Suprema de Justicia. Y el segundo, marcado por la destitución silenciosa del director Menesses, pero también por el exilio dorado que el presidente Saca le dio en Washington.

Al final del quinquenio hubo además un periodo de transición marcado por la salida del director Rodrigo Ávila para lanzar su candidatura presidencial. Lo sustituyó Francisco Rovira, quien solo duró siete meses: tuvo que salir luego de que artículos periodísticos relacionaran a dos de sus principales asesores con la red de Blanca Margarita Parada Grimaldi, cabecilla de una banda de roba-furgones que murió lapidada en la cárcel de mujeres de Ilopango.

Tras la intempestiva salida del director Rovira, la Dirección General la asumió José Luis Tobar Prieto, el mismo que en 1997 había dicho que en el narcotráfico había involucrados militares, empresarios y políticos salvadoreños. Tobar Prieto había sido la mano derecha del director Rodrigo Ávila y, a la luz de lo ocurrido, el primero que ejecutó una depuración real; limitada pero efectiva.

Primero, el director Tobar Prieto se aseguró de mantener al comisionado Menesses en Washington. La relación entre ambos nunca había sido buena y, según algunos oficiales de 29

Douglas Omar García Funes (a) Carabinero fue el primer jefe del Centro Antipandillas Transnacional, unidad financiada por Estados Unidos, supervisada por el FBI y el Departamento de Justicia.

30

Pedro Baltazar González Rodríguez fue subdirector general durante la gestión del director Menesses y uno de los más entusiastas ejecutores del plan Mano Dura, del presidente Flores.

31

Víctor Manuel Rodríguez Peraza fue jefe de la DAN; su nombre aparece en la investigación en la que El Faro reveló la existencia del Cartel de Texis.

rango menor –de promociones posteriores de la Academia Nacional de Seguridad Pública–, fue esa rivalidad la que marcó divisiones en el grupo que aquí hemos llamado la élite policial.

“Hubo siempre envidias, intentos de marginarse mutuamente, de crear grupos de poder alrededor de ellos y del poder político”, dice un exoficial que salió de la PNC y que desde entonces ha trabajado en otras oficinas gubernamentales en investigaciones sobre crimen organizado y narcotráfico.

Dos hechos grafican el antagonismo: por un lado, una declaración pública del director Menesses despreciando el trabajo de Tobar Prieto cuando era su subordinado; y por otro, el apoyo decidido de este a los agentes fiscales cuando empezaron a recabar información contra aquel, aunque a la postre nunca lo investigaron formalmente ni lo procesaron.

En 2003, el director Menesses concedió una entrevista de prensa en la que se vendió como el hombre que había creado el CIP y había hecho eficientes la División de Finanzas y la DAN, de la que antes había sido jefe el director Tobar Prieto: “Cuando yo llegué a la DAN, esa división no daba resultados, no daba nada. No había decomisos, no había capturas, ahí no había nada. El director (Mauricio Sandoval) estaba molesto porque la Embajada norteamericana había preparado un perfil, dieron cursos y no había producción. Yo conocía lo que necesitaba…”.

Poco más de tres años después, en el cénit de la investigación contra Los Perrones, los investigadores, sobre todo fiscales y de Aduanas, no disimulaban sus sospechas sobre el director Menesses y su relación con la banda. “¿Cómo se explica que se hayan escapado, que las investigaciones nunca hayan avanzado? Cuando les preguntábamos a los policías, se hacían los pendejos”, contaba en 2008 uno de los fiscales32. Un exasesor del Ministerio de Seguridad Pública de entonces reitera: “A pesar de todo el tiempo que Menesses estuvo en la DAN, él nunca aceleró lo de los ‘Chuchos’33 . Todo se empezó a hacer cuando él se fue”34 .

No son pocas las voces en la PNC que creen que las investigaciones contra el director Menesses y otros oficiales no hubiesen sido posibles sin el empuje del director Tobar Prieto.

Cuando estaba destacado en Washington, donde además de su salario de $4,700 recibía un sobresueldo de Casa Presidencial, el comisionado Menesses se comunicó con el director Tobar Prieto para felicitarlo por su juramentación y para pedirle que mantuviera las

32

Ver Silva Ávalos, Héctor. “Tijuana en El Salvador”. Séptimo Sentido. La Prensa Gráfica, 24 de agosto de 2008.

33

Chucho es un término coloquial que los salvadoreños usan para referirse a los perros, el cual sigue siendo utilizado por investigadores, periodistas, fiscales y policías para referirse a Los Perrones.

34

Entrevista con el autor. Agosto 2013.

condiciones del sobresueldo, aunque en realidad dependía de Casa Presidencial35 .

El director Tobar Prieto hizo además algo que era considerado imposible en la PNC: desafiar el poder político e institucional de Godofredo Miranda, dueño y señor de la DAN desde 2000 hasta 2008. Los agentes que investigaron a Los Perrones también sospecharon de él. En 2008, dos de ellos explicaron que la DAN había traspapelado investigaciones contra Reynerio. “Ahí empezamos a sospechar de la DAN”, dijo un coordinador de fiscales.

El oficial número 5 en el listado de la inspectora Zaira Navas es Godofredo Miranda. El expediente, abierto el 5 de mayo de 2009, detalla el motivo de la investigación: “Relación de jefaturas policiales con narcotraficantes. Vinculación y participación de miembros policiales en estructura delincuencial (Los Perrones)”.

Para finales de 2008, el único oficial de rango medio que había renunciado de la PNC por supuestos vínculos con Los Perrones era el inspector Serrano Lemus, Makey, jefe de la DAN en San Miguel después de que filtraciones provenientes de la PNC botaron una investigación de varios meses y provocaron el asesinato del agente Nahún Ayala. Makey fue acusado por investigadores del GEAN de tener participación activa en el trasiego de cocaína, pero ni la Fiscalía ni la Inspectoría General abrieron expedientes.

Casi al final de diciembre del 2008 entrevisté a Makey en las instalaciones de La Prensa Gráfica, el periódico en el que trabajaba entonces y en el que, junto a un grupo de reporteros, publicamos varias notas, perfiles y reportajes sobre Los Perrones. Tras unos 45 minutos de reclamos, Makey dijo que su superior, Godofredo Miranda, sabía todo lo que él hacía.

Si se atiende a estos hechos es posible aseverar que el principal postulado que la derecha política utilizó en 2009 y 2010 para atacar a la inspectora Zaira Navas es inexacto. Según los diputados que en septiembre de 2010 formaron una comisión legislativa para investigar “posibles abusos de la Inspectoría contra miembros de la institución”, y según la mayoría de los oficiales acusados, lo que hizo la inspectora Zaira Navas fue una campaña de acoso político.

En realidad, lo que hizo fue, por primera vez, robustecer desde el marco legal de la Inspectoría General los indicios de prueba que ya existían sobre los vínculos entre oficiales de la PNC y el crimen organizado; es decir, convertir en investigaciones formales las acusaciones y testimonios de subalternos, fiscales y criminales, los mismos que habían llevado a despachar al director Menesses hacia Washington, y a destituir el 8 de diciembre de 2008 a Godofredo Miranda ‒después de ocho años al frente de la DAN, el periodo más largo de un oficial al frente de una unidad élite‒ y enviarlo a una oficina departamental en Chalatenango.

35

En un correo fechado el 2 de septiembre de 2008, enviado a las 6.59 pm, el director Menesses escribe al director Tobar Prieto: “Quisiera informarte que al salir de la Policía… el señor presidente me ofreció un apoyo económico que me sirve para cubrir mis compromisos en El Salvador… espero que todo siga normal.”

Copia en poder del autor.

Acto II: la comisión legislativa El primer embate público contra la inspectora Zaira Navas llegó en forma de una comisión legislativa formada con los votos de ARENA, GANA y el Partido de Conciliación Nacional, la derecha política unida para investigar a la inspectora. El 9 de septiembre de 2010, con 46 votos, se aprobó el Acuerdo Legislativo número 110436 que crea “la Comisión Especial investigadora sobre posibles abusos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil contra miembros de esa institución”.

Elizardo González Lovo (Partido de Conciliación Nacional), Guillermo Antonio Gallegos Navarrete (GANA) y Rodolfo Antonio Párker Soto (Partido Demócrata Cristiano), tres de los diez diputados que formaron la comisión, habían sido mencionados o señalados, o aparecerían vinculados luego, en investigaciones periodísticas o fiscales de alguna manera relacionadas a esquemas de crimen organizado.

Elizardo González fue el padrino legislativo del diputado Silva Pereira, cuyos vínculos con Los Perrones, con el asesinato de tres parlamentarios en Guatemala y con un esquema de lavado de dinero han sido abordados en capítulos anteriores. El diputado Silva Pereira fue el suplente de Elizardo González y, según consta en expedientes fiscales, financiador del Partido de Conciliación Nacional en Usulután y La Unión.

Guillermo Gallegos fue uno de los hombres más cercanos al Chele Tórrez. Media docena de fuentes lo señalan como una de las personas que estuvo con él horas antes que este apareciera muerto frente a su casa. Hasta mediados de 2013 el diputado de GANA no ha desmentido esas versiones, publicadas por primera vez en julio de 2009.

La foto del diputado Rodolfo Párker saludando amistosamente al Burro Herrera, preso por robo de autos e investigado desde 2005 por narcotráfico, apareció en Facebook a finales de julio de 2013, luego de que el Burro Herrera fuera capturado.

36

Ver Diario Oficial de El Salvador. Tomo 388, número 178, San Salvador, 24 de septiembre de 2010. Página 4.

" Roberto Herrera (a) Burro, de camisa asalmonada, saluda al diputado Rodolfo Párker durante la feria ganadera en Santa Ana en 2009.

Antes, en 2003, el español Joaquin Alviz, acusado por una millonaria estafa relacionada con la administradora estatal del agua potable, la ANDA, y por quien El Salvador ha solicitado su extradición formal a Madrid, extendió un poder general judicial37 a favor del diputado Rodolfo Párker. También en España, en el Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional, su nombre aparece relacionado por la Fiscalía española como pendiente de investigación por posibles actos de encubrimiento en la masacre de los jesuitas en 1989.

Pero esa comisión legislativa fue nomás el primer embate formal. Ya antes varios de los oficiales cuestionados habían hecho rondas por varios medios de comunicación repitiendo que la inspectora estaba envuelta en una conspiración política. “Qué raro que solo a oficiales que venimos del Ejército nos han abierto investigaciones”, dijo Carabinero en una entrevista de prensa38 tres días antes de que la Asamblea Legislativa aprobara la creación de la comisión.

Otro de los investigados, el comisionado Pedro Baltazar González, fue a una entrevista de televisión con un tamal envuelto en hojas: en el uso coloquial del lenguaje en El Salvador, la palabra tamal se usa para designar una intriga o una estratagema diseñada para perjudicar a alguien39.

La inspectora Zaira Navas respondió también con múltiples entrevistas. Sus principales

37

Testimonio de Escritura Pública número 131 del año 2003 del libro de protocolo del licenciado Raúl Eduardo Benítez Denis, abogado y notario. Copia del documento en poder del autor.

38

Ver “Usan a inteligencia del Estado contra jefe CAT”. El Diario de Hoy, 6 de septiembre 2010.

39

El Diccionario de la Real Academia Española también indica que tamal puede significar intriga.

argumentos fueron que la comisión quería “obstaculizar el saneamiento de la PNC”, que en la Asamblea Legislativa había diputados interesados en “proteger a gente que había actuado al margen de la ley durante muchos años”40 y que su investigación incluía también a policías provenientes del FMLN. Antes de la polémica pública creada por la Asamblea Legislativa, y con apenas cinco meses al frente, la inspectora Zaira Navas denunció amenazas de muerte en su contra. Aún no concluía 2009 cuando recibió el espaldarazo presidencial, además de apoyos públicos del senador Patrick Leahy y del congresista McGovern desde Washington.

El 11 de diciembre de 2009, en una declaración ante el pleno de la Cámara Alta, el senador Patrick Leahy dijo a sus colegas, al hablar de El Salvador en el marco de las discusiones ese año en torno al presupuesto de ayuda externa: “Me refiero a la inspectora Navas por la importancia crítica del trabajo que está haciendo, y porque ha recibido amenazas de muerte y estoy preocupado por su seguridad… Nada, desde mi punto de vista, es tan importante como fortalecer el Estado de derecho (en El Salvador) y apoyar a personas como la inspectora Navas…”41 Seis meses después de su creación, la comisión fue declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En resolución de inconstitucionalidad del 26 de mayo de 201142, la Sala informó a la Asamblea Legislativa que la comisión usurpaba funciones de otro órgano de Estado, y con ello vulneraba la separación de poderes.

Paradójicamente, no fue desde la derecha legislativa que llegó el tiro de gracia a la labor de la inspectora Zaira Navas. La decisión de engavetar los expedientes se tomó en los despachos del Ejecutivo.

Acto III: la llegada de los generales y el control de la inteligencia El general Salinas llegó vestido de paisano, sin el uniforme que había usado para los actos oficiales desde que fue nombrado viceministro de Defensa en 2009. El general Salinas, que había quedado en categoría de retiro unas horas antes gracias a un documento que se empezó a escribir en el despacho del secretario jurídico de Casa Presidencial, llegó a la cita del 23 de enero de 2012 con traje gris y una corbata azul con pequeños puntos blancos. A media tarde, en el amplio salón multiusos y ante una veintena de periodistas citados a última hora, el 40

Ver Guzmán, Jéssica. “Hay interés en la Asamblea para evitar que la PNC sea saneada”. Diario La Página, 1 de abril de 2011.

41

Leahy, Patrick. United States Senator for Vermont. Statement on El Salvador, 11 de diciembre de 2009. www.leahy.senate.gov/press/statement -on-el-salvador

42

Ver “Resolución de Inconstitucionalidad 85-2010”. Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Recibido por la Gerencia de Operaciones Legislativas de la Asamblea Legislativa a las 10:15 am del 26 de mayo de 2011.

presidente Funes lo nombró director general, sin importarle las duras críticas que recibió en público desde su partido, el FMLN, y de las voces de preocupación que llegaron desde la sociedad civil y algunos aliados extranjeros, como representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Esa tarde, además de poner punto final a ocho semanas de especulación sobre el futuro de la PNC tras el nombramiento del general Munguía Payés al frente del gabinete de seguridad, se abrió la puerta al desmantelamiento de todo el cuerpo de jefaturas que asumió las riendas en junio de 2009, cuando el primer gobierno de izquierda tomó el Ejecutivo.

Tras la conferencia de prensa, el general Salinas asistió a otro encuentro con periodistas, esta vez en el Castillo y flanqueado por el general Munguía Payés –quien también había cambiado el verde olivo por la corbata tras su nombramiento en noviembre de 2011–, y por el director saliente, Carlos Ascencio, un comisionado proveniente de las filas del FMLN a quien el presidente Funes designó en 2009, y quien dejaba el puesto tras intensas discrepancias con el general Munguía Payés y los militares que llevó al Ministerio de Seguridad Pública. De los tres sentados en esa mesa, solo el director Ascencio vestía uniforme, el azul marino de fatiga de la PNC. Cuando el director Ascencio se levantó de la mesa, y luego de entregar al general Salinas el despacho, se simbolizó el fin del breve reinado en el Ministerio de Seguridad Pública del FMLN en conjunción con personas no militantes pero con una visión progresista: antes habían renunciado o habían sido separados del cargo el ministro Melgar; el director del OIE, Eduardo Linares; y el director general de Migración, Rubén Alvarado. Y poco tiempo después lo harían el viceministro Henry Campos y la inspectora general Navas.

A los pocos días, además, los generales Munguía Payés y Salinas certificarían el golpe de timón con una profunda restructuración de mandos policiales, la cual dejaría sin puesto fijo dentro del organigrama policial a Hugo Ramírez, hasta entonces subdirector de seguridad pública, y a Édgar Lizama, director del CIP. Un mes después de la juramentación del general Salinas como director, los viejos oficiales de la élite policial retomaron el control de la mayoría de oficinas estratégicas de la PNC, incluidos el CIP, la Subdirección de Investigaciones, la DAN y jefaturas regionales. Buena parte de esos oficiales aún tenían investigaciones abiertas en la Inspectoría General al llegar a sus nuevos despachos; algunos incluso habían sido separados o degradados en administraciones areneras. Pero sin duda, los cambios más importantes ocurrieron en las áreas de inteligencia y antinarcóticos.

Una de las primeras decisiones del general Salinas fue remover a todo el personal de confianza del director Ascencio. Cosas nunca antes vistas empezaron a ocurrir en las oficinas del costado norte del Castillo. Un ejemplo: por primera vez dos hombres, militares de paisano

armados con M-16, custodiaban la ciclopea puerta de doble hoja que conduce al despacho del director general. Otro: por primera vez había, en el organigrama de la PNC, un secretario privado del director, por el que tenía que pasar cualquier solicitud de entrevista.

El 28 de enero, menos de una semana después de su juramentación pero rodeado ya de gente de su confianza, el general Salinas hizo pública una orden general de cambios. No eran, como defendió el gabinete de comunicaciones de la PNC ‒discurso trasladado sin matices por la mayoría de los medios‒, cambios rutinarios; aquel memo representaba una redefinición completa de la estrategia.

Uno de los cambios más significativos fue el regreso de Cachorro, el subcomisionado Aguilar Hernández, a la jefatura del CIP, y cabe la palabra “regreso” porque ya había estado en ese puesto durante el breve periodo del director Rovira en 2008. Pero incluso el director Rovira tuvo que deshacerse de Cachorro al poco tiempo de nombrarlo, luego de que el presidente Saca recibiera una enorme presión pública tras publicaciones periodísticas que lo vinculaban con Chepe Luna. René Figueroa, ministro de Seguridad, se vio obligado a reconocer en privado que las sospechas eran suficientes para abrir investigaciones.

En el listado que la inspectora Zaira Navas incluyó en el informe que Casa Presidencial conoció en 2010, Cachorro ocupa la casilla número 9. En el expediente, abierto el 27 de septiembre de 2009, dice que se investigará “responsabilidad en el supuesto fracaso de cuatro operativos diseñados para capturar al reconocido narcotraficante José Natividad Luna Pereira, debido a fuga de información”.

El 3 de febrero de 2012, el general Salinas estampó su firma en otra orden de cambios, una que nunca se hizo pública: 14 traslados de oficiales que, hasta ese día, habían trabajado toda la inteligencia policial relacionada al Cartel de Texis y a los contactos de sus líderes con policías, fiscales, operadores políticos y diputados. Se consolidaba así un nuevo CIP, con Cachorro a la cabeza, y uno de sus hombres de confianza, un oficial de apellidos Cubías Carranza ‒también perfilado por la DEA como asociado de Chepe Luna‒, como lugarteniente.

Cubías Carranza fue dado de baja sin sueldo durante seis meses en 2002 luego de que un tribunal abriera un expediente en su contra por contrabando de queso, una de las actividades a las que se ha dedicado Chepe Luna.

El nuevo director general nombró, además, al subinspector Juan Roberto Díaz Castillo, de alias Alfil, como enlace entre el CIP y el ministro. El principal referente de Alfil en el OIE sería el coronel Simón Alberto Molina Montoya, hombre de confianza del general Munguía Payés en la Fuerza Armada.

El coronel Molina Montoya, de alias Adidas, merece un inciso aparte. Llegado al OIE como jefe interino, ejecutó una purga que incluyó pase de polígrafo a todo el personal, según narran dos exagentes, procedentes del Ejército ambos y removidos por sospechas de pasar

información sobre el Cartel de Texis a periodistas.

El coronel Molina Montoya aparece constantemente en los reportes elaborados por el CIP durante la gestión de Édgar Lizama. “Ese nombre te va a aparecer en Oriente, en Opico, en Occidente”, dijo un exasesor de ARENA en temas de seguridad a mediados de 201343.

Un oficial de la PNC44 confirmó, en febrero de 2012, que había escuchado que el coronel Molina Montoya coordinaba la restructuración del OIE antes de la llegada de Ricardo Perdomo ‒quien luego daría el salto desde el OIE al despacho de ministro de Seguridad Pública‒ y adelantaba pláticas con líderes pandilleros de cara a la tregua que comenzó un mes después. “Es uno de los hombres de confianza de Munguía Payés”, respondió mientras mostraba un informe, al que el oficial dio validez, en el que el coronel Molina Montoya se vincula con el asesinato de un informante del Ejército infiltrado en Los Perrones.

En 2010, investigadores de la PNC habían relacionado al coronel Molina Montoya como uno de los autores intelectuales del asesinato del mayor Carlos Antonio Portillo Escobar, un agente de inteligencia del Ejército que investigaba desde hacía un año la restructuración de Los Perrones. “Portillo Escobar había entregado a Molina Montoya información de una estructura de militares que colabora con el narcotráfico. Lejos de abrir una investigación, lo que hizo Molina Montoya fue llamar a las personas que aparecían en el reporte y frente a ellos rompió el documento bajo condición de que lo apoyaran”, dice un reporte elaborado por el CIP para la Dirección General45.

El 14 de marzo de 2012 El Faro reveló que agentes de inteligencia habían participado en la negociación de una tregua entre las pandillas MS-13 y Barrio 18. Tras esa publicación, según los testimonios de pandilleros y oficiales del CIP, el coronel Molina Montoya y Cachorro apresuraron las restructuraciones de los estamentos que dirigían. A los 14 cambios iniciales ordenados en febrero siguió una purga general. El polígrafo se aplicó a todo el personal del CIP y a varios agentes del OIE en busca de información sobre las filtraciones a la prensa sobre la tregua y casos de narcotráfico.

Tras las revelaciones de El Faro, el general Munguía Payés lo separó del OIE y lo regresó a la unidad de inteligencia militar, desde donde siguió haciendo labores de inteligencia, incluso en el OIE, a través del capitán Romeo Cornejo Ayala, de alias Alberto Canizales, entonces jefe

43

Entrevista con el autor en San Salvador. Agosto de 2013.

44

Se omite su nombre por razones de seguridad. Este oficial siguió de cerca la investigación del Cartel de Texis en 2011 y supo de hechos de violencia relacionados con la restructuración de Los Perrones. Lo entrevisté dos veces.

45

Documento disponible.

de contrainteligencia46.

Con los cambios que ordenó el 3 de febrero47, el general Salinas separó del CIP a todos los agentes y oficiales que habían investigado temas relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, y desechó expedientes en los que se proponía la investigación sistemática de 11 organizaciones relacionadas con el tráfico de drogas48, entre las que destacan cuatro: 1) el Cartel de Texis, la banda de narcotráfico y lavado de dinero más importante del país, con conexiones políticas en la Asamblea Legislativa y en los partidos ARENA, FMLN, Partido de Conciliación Nacional, Partido Demócrata Cristiano y GANA; 2) Los Perrones, la primera gran banda de narcotraficantes, parcialmente desmantelada en 2008 debido a que algunos de sus líderes dejaron de pagar sobornos acordados, pero reconstituida a partir de 2010 a punto que a mediados de 2013 autoridades costarricenses y salvadoreñas, creen que mueve 100 kilos mensuales de cocaína entre Costa Rica y Guatemala; 3) Herbert Saca, el principal operador político acusado de vínculos con el crimen organizado; y 4) Caso Límites, una estructura original de lavadores y narcotraficantes en Metapán, relacionada con el Cartel de Texis y con la clica Fulton Locos, de la MS-13.

Un oficial removido, según uno de sus compañeros, había logrado infiltrar las estructuras de Medio Millón49, líder de la Fulton Locos a quien Estados Unidos considera un “objetivo”50 .

“Fue removido un agente de inteligencia que logró penetrar y perfilar los programas y clicas de la MS-13 más fuertes, como la Fulton Locos, que opera en Nueva Concepción, Chalatenango, y otros lugares del país, y que tiene un programa estrechamente vinculado a Cisneros Rodríguez (Medio Millón)”, reza un informe escrito por algunos de los agentes depurados. Fuentes federales en Estados Unidos confirman que han usado información elaborada por el CIP antes de los cambios en 201251.

Antes, la DAN ‒receptora de uno de los principales programas de cooperación financiados por el Departamento de Estado‒ también había sufrido cambios importantes. En enero la jefatura la asumió Marco Tulio Lima, un oficial proveniente de las filas del FMLN que también ha sido señalado por nexos con Medio Millón.

46

En un memo interno de Casa Presidencial, Luis Verdi, encargado de la imagen presidencial y uno de los asesores más cercanos del presidente Funes, fue advertido de que Cornejo Ayala había ordenado a agentes del OIE seguirlo.

47

El general Salinas firmó de su puño y letra la orden de traspaso. Documento disponible.

48

Documento propuesta sobre creación de Unidad Especializada contra el Crimen Organizado al interior del CIP, elaborado en diciembre de 2011.

49

Ver Silva Ávalos, Héctor. “Medio Millón, nexo de pandillas con narcos: EUA”. La Prensa Gráfica, 17 de junio de 2013.

50

Ver “Treasury Department sanctions significant MS13 members”. Immigration and Customs Enforcement, Department of Homeland Security. Washington, DC. 5 de junio de 2013.

51

Entre la segunda mitad de 2009 y los primeros meses de 2012, el CIP y el OIE elaboraron al menos 154 informes relacionados solo a pandillas.

Marco Tulio Lima, según testimonios de oficiales que fueron sus compañeros en la academia policial y que constan en expedientes internos, empezó a vivir por encima de lo que permitía su sueldo desde el cambio de siglo.

En 2010 un operativo para capturar a Medio Millón52, supuesto proveedor de armas y sicarios para el Cartel de Texis, fracasó debido a filtraciones provenientes de la PNC. El CIP señaló a Lima como sospechoso. En mayo de 2012 Medio Millón fue detenido, pero recobró su libertad tras arreglos con un juez de paz. Luego volvió a ser arrestado.

Tras los cambios en el CIP y en toda la PNC, el Estado habló poco del Cartel de Texis y Los Perrones. Las investigaciones pararon. La inteligencia se enfocó en dar seguimiento a la tregua entre las dos pandillas pactada a inicios de 2012.

Acto IV: el acto único del nuevo inspector Carlos Rodolfo Linares Ascencio, un juez de Santa Ana cuyo título universitario fue cuestionado por un fiscal especial en 199953, fue nombrado el 16 de julio de 2012 inspector general de la PNC. Un mes y medio después, el 28 de agosto, firmó la orden de archivar definitivamente la investigación disciplinaria 262/OC-IDIGPNCE-2009 “por no existir mérito para presentar la petición razonada ante el tribunal disciplinario competente”. Con esa acción, el recién nombrado inspector general dio carpetazo a todos los expedientes abiertos por la inspectora Zaira Navas contra los oficiales de alto rango acusados e investigados en primera instancia por sospechas de que estaban vinculados con Chepe Luna.

No existen, dice la resolución, “investigaciones en su contra ni elementos probatorios por no haberse recolectado por los mismos hechos indagados a los mismos oficiales”. Es decir, el investigador no investiga porque no hay investigación. Pero sí los había. Entre el 5 de mayo y el 8 de diciembre de 2009, no solo la inspectora Zaira Navas, sino también la anterior inspectora, Nora Centeno de Bell, habían abierto expedientes contra oficiales de alto rango por hechos que incluían complicidad con narcotraficantes, acoso sexual, discriminación contra seropositivos, uso indebido de recursos policiales, ocultación de pruebas en un caso de violación y asesinato y obstrucción de justicia.

El inspector Linares Ascencio, en su resolución de agosto, exonera a Cachorro con el 52

Medio Millón fue deportado de Estados Unidos el 16 de febrero de 2007. En mayo de 2012 fue detenido y acusado de homicidio, pero el caso ya fue desechado por un juez de paz. Antes de eso, un operativo de captura falló por filtraciones desde la PNC. Memo de Inteligencia. Documento disponible.

53

En 2001, tras denuncias del Ministerio de Educación, la Fiscalía nombró a un fiscal especial, Roberto Vidales, para investigar la extensión de títulos irregulares en universidades salvadoreñas. En su reporte final del 25 de junio de ese año, titulado “Informe sobre la investigación de títulos irregulares de licenciatura de Ciencias Jurídicas”, se cita al inspector Linares Ascencio como portador de título irregular extendido por la Universidad Las Américas. Op., Cit. Página 88.

siguiente argumento: “Cuando ocurrieron los hechos, (el subcomisionado Aguilar Hernández (a) Cachorro) no era el responsable de investigar (a Chepe Luna)”. Pero cuando los operativos contra Chepe Luna se frustraron, él era jefe de la División de Finanzas. Y, según un agente de Aduanas que investigó a Los Perrones desde 2002, testimonios recabados durante las etapas iniciales de las investigaciones daban cuenta de que este oficial cobraba sobornos por dejar pasar mercadería por la frontera.

Tras el acto público en el que anunció el contenido de la resolución, inspector Linares Ascencio recibió el apoyo decidido de sus jefes.

El general Munguía Payés dijo que una denuncia no era suficiente para retirar la confianza a un oficial: “En la PNC mucha gente está siendo investigada porque cualquier persona tiene la posibilidad de ir a poner una denuncia. El problema es probarlas. Yo estoy seguro de que no hay un comisionado que no tenga una denuncia, y eso no nos va a detener de hacer los cambios que creemos que debemos hacer y poner a la persona idónea en el puesto que nosotros necesitamos”54 .

Algo parecido dijo el presidente Funes meses después, al hablar del emblemático caso de Núñez Cárcamo: “De los comisionados se dice mucho… la cosa es demostrarlo”.

Acto V: los meses de silencio A mediados de 2013 la Fiscalía llevaba varias semanas investigándolo, y alguna información se había filtrado a la prensa, lo que movió al fiscal general Luis Martínez a reunirse con los responsables de varios medios para pedir que no hubiese publicaciones hasta que las principales capturas estuviesen hechas.

En Washington, agentes federales confirmaban que en San Salvador se estaba gestando una investigación inédita, basada en viejos reportes de inteligencia pero sobre todo en conversaciones captadas por el Centro de Escuchas Telefónicas, financiado por Estados Unidos. Ya con los generales fuera de sus cargos tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la investigación se amplió e incluyó la sospecha de vínculos entre narcotraficantes y policías55.

Los principales objetivos fueron el Burro Herrera, Medio Millón y Chepe Diablo, considerados las piezas clave del Cartel de Texis, la organización de la que las autoridades no 54

Ver Membreño, Tania. “Munguía Payés defiende cambios en la PNC”. La Prensa Gráfica, 31 de enero de 2012.

55

Ver Redacción de Nación. “13 detenidos más ligados a banda de robo de autos del Burro Herrera”. La Prensa Gráfica, 24 de julio de 2013. Y Silva Ávalos, Héctor. “El Burro Herrera, ¿La tapadera de la cloaca?

InSightCrime, 5 de agosto de 2013.

hablaron durante más de dos años. El listado, confirmaron fiscales y funcionarios de nivel medio, incluía también a oficiales expedientados por la inspectora Zaira Navas.

La primera pista de que algo había cambiado respecto a las organizaciones de crimen organizado llegó en forma de una captura fugaz que a la luz pública no tuvo demasiada importancia: la de Leonel Sandoval Villeda, un empresario de Santa Ana vinculado por el CIP con el Cartel de Texis y varios oficiales de PNC. El 12 de junio de 2013, la PNC lo capturó en su casa santaneca, donde había permanecido “prófugo” tres años, desde que evadió cargos por posesión de armas de fuego. La PNC volvió a encontrar, como en 2010 cuando lo detuvo la primera vez, un importante arsenal en su vivienda.

Apenas 24 horas después, Sandoval Villeda recuperó la libertad, pero antes de salir facilitó información importante a los investigadores; entre lo más relevante, confirmó que sobornaba a comisionados y subcomisionados destacados en la zona occidental desde hacía al menos ocho años56. Al menos dos de los nombres que mencionó aparecen en los expedientes de la inspectora Zaira Navas.

Mes y medio después, el 23 de julio, la PNC presentó esposado al Burro Herrera: lo habían arrestado por robo de vehículos. El operativo, previsto para la media mañana de ese día según una fuente policial, tuvo que adelantarse a la madrugada por temor a fuga de información, como ya había pasado antes en casos de narcotráfico.

Ante los periodistas que llegaron a cubrir la captura, el Burro Herrera aseguró que todo se trataba de una venganza orquestada por operadores políticos que lo querían chantajear, el mismo argumento usado años antes por el abogado de Reynerio. “Soy el papel higiénico de este país”, dijo el Burro Herrera. La confesión paró ahí, pero sirvió para añadir una pieza más al rompecabezas del narcotráfico, el lavado de dinero y la complicidad del Estado con el crimen organizado. La vieja y productiva “protección política” que el Cartel de Texis y Los Perrones reciben desde hace años, según corrobora la propia ONU. La Prensa Gráfica relató así las declaraciones del Burro Herrera: “El trato ofrecido fue desvanecer toda la investigación del Cartel de Texis –cuya existencia calificó de “invento”– a cambio de $200,000 por cabeza. 'Soy un chivo expiatorio de alguien aquí, todo ha sido basado en una extorsión', dijo”.

El Burro Herrera, Chepe Diablo y Medio Millón aparecen en al menos tres docenas de informes que elaboró el CIP desmantelado por Cachorro, información que se desengavetó tras los cambios en el Ministerio de Seguridad Pública motivados por la salida de los generales.

56

Una fuente cercana al despacho presidencial asegura que el ministro Perdomo informó al presidente Funes de que Sandoval Villeda denunció a al menos un jefe destacado en Occidente. Lo hizo en presencia del general Munguía Payés.

El ministro Perdomo, sucesor del general Munguía Payés, dijo en público que la investigación tiene que ver con narcotráfico y al menos tres agentes que coordinan con su despacho las pesquisas, además de un agente federal en Washington, han confirmado que la detención del Burro Herrera puede marcar el inicio de una operación más grande contra el Cartel de Texis.

Antes de los cambios, la institución policial había intentado tres golpes contra el Cartel de Texis: el primero, cuando en 2011 la PNC retuvo al Burro Herrera unas horas en espera de una orden de captura estadounidense que nunca llegó57 ; el segundo, a Medio Millón intentaron capturarlo en 2010 con un cinematográfico operativo que, según un investigador policial, se vino abajo por filtraciones desde la DAN y del subinspector Linares, destacado en Chalatenango, al que testigos ya habían acusado por malos procedimientos en Quezaltepeque y a quien la Fiscalía nunca investigó; y el tercero y más importante, el arresto, el 24 de enero, de un funcionario municipal de Metapán, alcaldía controlada por el Cartel, con cinco kilos de cocaína.

Toda la actividad policial contra el Cartel de Texis se congeló durante todo 2012 y la primera mitad de 2013, mientras los generales Munguía Payés y Salinas estuvieron a cargo de la seguridad pública.

De esos meses, Estados Unidos había guardado silencio público. En principio, Robert Blau, el exencargado de Negocios en San Salvador se refirió al general Munguía Payés como un aliado, pero casi cuatro años después, el Gobierno estadounidense hizo una referencia que, sin ser explícita, no deja bien parados a los militares. Al referirse a la baja en los decomisos de cocaína en 2012 respecto a los dos años anteriores, el Departamento de Estado asegura que se debe en parte a “cambios institucionales dentro de la Policía y el Ejército”58.

Con aquel discurso en la ONU en 2010, el presidente Funes abrió una ola de apoyo político internacional que parecía suficiente para sostener el afán de depurar y combatir la infiltración.

Desde 2009, desde el inicio del quinquenio, el senador Patrick Leahy se paró ante el pleno del Senado para pedir a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que apoyara la gestión de la inspectora Zaira Navas. Algo parecido hizo en la Cámara Baja el congresista McGovern, el principal aliado del presidente Funes en el Capitolio hasta el nombramiento de los generales al frente del gabinete de seguridad.

El Departamento de Estado incluso se había mostrado dispuesto a brindar apoyo técnico a la comisión internacional contra el crimen organizado –basada en el modelo CICIG de Guatemala– propuesta ante el pleno de la ONU y para la que varios funcionarios incluso comenzaron a buscar apoyos financieros. Los gobiernos de Canadá, Italia, Holanda e incluso 57

Ver http://hectorsilvavalos.blogspot.com/2012/11/el-dia-que-capturaron-al-burro.html

58

Ver Reporte de la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. 2013.

la Unión Europea mostraron apertura a buscar fondos.

Como sucedió con los expedientes de la inspectora Zaira Navas, la comisión a la que en borradores iniciales se llamó CICOSAL (Comisión Internacional contra el Crimen Organizado en El Salvador) desapareció de la agenda presidencial en 2012.

Con la Inspectoría General anulada, desechado el apoyo político internacional a una estrategia de Estado que incluiría el combate frontal al narcotráfico y el lavado de dinero, y con el regreso de varios de los miembros de la élite policial a los despachos desde los que la PNC debe combatir ese tipo de crimen, el país volvió a perder la oportunidad de detener 20 años de penetración y corrupción... de revertir la infiltración a la que el mismo presidente Funes había llamado “la principal amenaza a nuestra estabilidad democrática”.

Epílogo Era una de las entrevistas más importantes. También de las más difíciles de conseguir. Tuvo que intervenir un viejo amigo, exfuncionario de nivel ministerial para que el investigador, al que aquí llamaré Dragón, aceptara sentarse conmigo en un restaurante del centro de San Salvador para hablar de las cosas que ha visto durante 17 años investigando crímenes financieros, corrupción institucional y redes de narcotráfico.

Dragón es un tipo esquivo. Quizá por la recomendación con la que llegué o porque, como él me dijo en aquella comida, “sí de verdad escribís eso al menos será algo”, en poco más de dos horas alcanzó a confirmar investigaciones contra altos oficiales, esquemas de lavado de dinero que involucran casi siempre a empresas legítimas, micro, medianas y grandes.

Los datos, la corroboración de hechos y tendencias, que Dragón me dio fueron de vital importancia para este libro. Pero acaso lo más valioso fue entender, de un hombre que ha visto de todo en este tema y se sabe casi de memoria los ciclos de operación del crimen organizado, que la ligazón entre el corruptor y el corrupto es parte ya del ADN del sistema político salvadoreño, y que su principal mecanismo de defensa ha sido mantener viva la impunidad entre otras vías restando capacidad de investigación a la fuerza pública.

“Aquí hemos creado un sistema que nos sirve para no investigar. Lo que hemos creado en El Salvador es un sistema para no investigar las cosas en serio. Nunca lo hemos hecho”, me dijo, inclinándose un poco sobre el plato de carne y arroz.

De todos y cada uno de los oficiales del listado que la Inspectoría General entregó a Casa Presidencial en 2010, Dragón tiene una anécdota. Uno, dice, no podía explicar cómo compró una casa de poco menos de $100,000 en efectivo. Otro dijo que dos caballos pura sangre habían sido regalos. Uno más que había comprado un carro rojo último modelo gracias a “un

dinerito” que había ganado dando capacitaciones en México. Y los hubo, cuenta, quienes se dedicaban al poquiteo, “a robar cosas que le decomisaban a maleantes de poca monta para luego venderlas”. Dragón cuenta cada historia con una mueca que pasa por sonrisa sardónica. ¿La penetración política? Claro, dice, evidente, demostrable. Pero insiste: “Aquí todo está hecho para no investigar… para encubrir pues”.

La violación y muerte de Katya Miranda. Evasión fiscal de $8 millones de una empresa constructora. Compras de granos que el propio Estado hace desde hace al menos tres quinquenios a Daniel Reyes o a Chepe Diablo para cubrir la demanda interna. Las fugas de Reynerio y de Medio Millón. Todas las empresas fachadas de seguridad, autolotes, agroservicios, clubes deportivos ligadas a narcos o políticos que “no aguantan la más mínima fiscalización si se hiciera en serio”. Todo, dice este hombre, podría terminar en investigaciones fuertes. En cárcel.

“Pero te repito”, insiste Dragón casi al final del almuerzo como quien explica una verdad evidente a alguien sin mucho brillo, “el sistema de no investigar se ha mantenido siempre y en todos lados”. ¿Cambiarlo? “Esa es una decisión política...”. Dragón sonríe, piensa unos segundos, y completa: “Una decisión que aquí no se ha tomado”.