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FORMA Y FONDO
PORTADA de México
En los mejores tiempos del absolutismo
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priísta, cuando la manipulación del voto popular era parte de las acciones de promoción electoral en las campañas políticas, un buen amigo, en esos años refexionaba sobre el manejo del voto: “se trata de una democracia dirigida”, me dijo entonces.
Y así era. La conducción de nuestra democracia correspondía a la élite gobernante que llegó a sus más altos niveles de dominio político, integrando en su conjunto, los intereses de las capas superiores de nuestra sociedad. Desde este nivel se tomaban las decisiones sobre el destino del país, en particular, de la designación del candidato presidencial que adquiría la doble obligación de integrar los intereses de las clases dominantes y a la vez, de mantener las esperanzas y aspiraciones populares en su proyecto de Nación. Además, el designado presidencial asumía la responsabilidad de integrar el bloque de gobierno (gobernadores, presidentes municipales, senadores, diputados, tanto del orden federal como estatal y de los municipios más importantes del país) para concretar los proyectos y metas nacionales. El objetivo principal, mantener la paz social y la estabilidad económica y política de la Nación. Eran los tiempos de la “transición a la democracia”.
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A fnales de los años ochenta y a raíz de la cuestionada elección de Salinas de Gortari en 1988, con las divisiones políticas surgidas desde la misma esfera priísta (en principio de su izquierda política, luego ya como PRD) y en paralelo del clamor de las oposiciones políticas por la denominada alternancia en el poder (léase el PAN y la derecha radical), fragmentaron la élite que tomaba las decisiones en México. Algunos académicos, a principios de los años noventa, se refrieron a este momento histórico como la “Muerte de la Revolución Mexicana”. Así, a partir de este contexto, se inició una oculta correlación política de las élites más infuyentes y conservadoras del país que derivó en una evidente alianza PRIAN que pudo consolidar su poder en los sexenios de Fox y Calderón, mientras que el bloque de la izquierda política mexicana se relegó al PRD. Al tiempo, las disidencias perredistas dieron origen a MORENA. Los demás institutos partidarios en el sistema electoral de México conformado por elites políticas y sociales, de tipo periférico, obtenían privilegios y benefcios medrando con sus minorías electorales. A esto se suman en nuestros días otras formaciones partidistas de reciente cuño que difícilmente alcanzarán preferencias de voto signifcativas y que seguramente operarán como pesos muertos en la balanza política. Sumariamente, este es el sistema de partidos políticos que pretende el poder en México y que confguran la fase evolutiva de “consolidación democrática” y que está saturada de confusas propuestas partidarias que complican la formación del voto electoral.
No es todo. En este complejo escenario para el voto libre, se han manifestado los intereses de los gobiernos en turno (federales y estatales), de organismos sociales, educativos, académicos y hasta religiosos interesados en “promocionar el voto y la participación ciudadana en los procesos electorales”.
El voto en México según la legislación federal y estatal (Art. 7, f 2, LGIPE; Art. 5, f. 2, CEEJ) se defne como: “universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible”. Además, se agrega: “Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores”.
En respeto a la formación del sentido del voto y defnición de las preferencias electorales del elector se deberá observar que: “Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes estatales, como de los municipios, sus organismos públicos descentralizados, así como de cualquier otro ente público estatal o municipal. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.” (Art. 3, f. 2, CEEJ).
Corresponde a los partidos políticos y sus candidatos durante las campañas la promoción de sus propuestas y perfles electorales para llegar hasta el elector y lograr su apoyo en las urnas. Asumir, por lo tanto, esta responsabilidad que se instituye como obligación de organismos electorales, partidos políticos y sus candidatos: “La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto Electoral, a los partidos políticos y sus candidatos.” (Art. 3, f. 3, CEEJ).
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En esta ruta, los organismos electorales, partidos políticos y candidatos tienen el reto de responder por el futuro de la democracia en México. No será fácil. Por una parte, los organismos autónomos como el INE y el IEPCJ y sus correspondientes tribunales electorales tienen la delicada tarea de ajustar las campañas electorales, acotando los márgenes de operación de partidos y candidatos alineando al cumplimiento de la legislación electoral. Por su parte, partidos y candidatos tienen la obligación legal de atraer al votante por medio de sus propuestas de gestión legislativa y de programas de gobierno municipal (en estas elecciones 2021 en Jalisco solo habrá elección de diputados federales, diputados locales y de munícipes) renunciando a defenestrar al adversario y más bien, alentando la confanza de los votantes. Muchos partidos políticos se lamentan del abstencionismo que provocan ellos mismos.
De frente al pastel de los puestos políticos hay muchos acomedidos que buscan dejar su marca social. Desde organizaciones civiles, educativas o gremiales, que promueven el debate de los candidatos y la difusión de sus propuestas; organizaciones eclesiales que buscan construir ciudadanía buscando que los electores conozcan la trayectoria de los candidatos; aplicaciones que promueven el voto útil induciendo el voto hacia partidos afnes a sus ideas; plataformas de “asesoría electoral” que integran información sobre candidatos y partidos hasta el fomento del voto negro y la propaganda sucia en detrimento de los adversarios. Esto además de ser ilegal no es ético y contraviene en algunos casos a declaraciones de sus mismos principios asociativos y desde luego a los derechos políticos de los mexicanos. Por lo tanto, debemos defender el voto libre que expresa la voluntad social y de las mayorías. Como toda buena defensa hay que identifcar los agentes y los medios utilizados que vulneran este derecho político del ciudadano evidenciando los nocivos efectos que degradan la condición humana y solo refejan la ambición de dominar el espacio de poder limitando libertades sociales.
En esta fase de maduración democrática, las formaciones partidistas tradicionales impregnadas de ideologías ya declinan a favor de las nuevas propuestas que están abriendo los caminos para que liderazgos frescos vengan a renovar los elencos y la escena política. La democracia política no puede estar sometida. Ya no más dirigismos democráticos.
Queda para las autoridades gubernamentales, organismos y tribunales electorales cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales. Y si no, que la Nación se los demande.
En resumen, se puede identifcar a tres dispositivos con fuertes intereses políticos que aspiran a infuir en el voto ciudadano en medio del proceso electoral: los propios gobernantes en turno que desean “informar de sus logros como gobierno”; los variados organismos sociales, en muchos casos constituidos ex-profeso (con infuencia directa o mediática) y lo que denomino como el oscuro compartimento de la “guerra de lodo” (impacto por las redes sociales, utilización de perfles e información privada, granjas de bots y otras ilegales técnicas informáticas). Como se reconoce, la legislación electoral establece la libertad del ciudadano para elegir a sus gobernantes. La resistencia de facciones Por lo tanto, debemos defender el voto libre que expresa la voluntad social y de las mayorías. “ políticas y grupos de interés al voto libre se manifesta con el denominado voto protegido o la tutela del votante. Estas acciones revelan el miedo cerval del elitismo autoritario a la democracia de masas. ”
Carlos Mendoza Sepúlveda es Doctor en Gestión de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara con estudios de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.
