2.3. Conclusiones de la sección

Hallazgos y desafíos de las políticas públicas de formación profesional

Todas las regiones del país siguen el patrón existente a nivel nacional con relación a la preeminencia de mujeres sobre los hombres en tanto estudiantes de FP. A través del Gráfico 5, queda en manifiesto que los casos más notables son los de las

regiones del Noroeste y Cuyo con el 65,03 % y 62,71 %, respectivamente. En términos provinciales y bajo esta misma línea, Tucumán es la provincia que mayor cantidad de mujeres tiene en comparación con los hombres en el total de alumnos/as de la modalidad, seguida por Jujuy, San Juan, Catamarca y Neuquén16. Por el contrario, se observan provincias que rompen con la lógica nacional y regional en términos de género. La que se destaca significativamente es San Luis, ya que los hombres representan el 95,37 % del total de su alumnado. En esta línea, quienes completan la categoría son La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Cruz y Chubut17 .

2.3 Conclusiones de la sección

A lo largo de esta sección se ha mostrado de manera sintética el devenir de la institucionalidad de la ETP, dando cuenta de las diferentes transformaciones que esta ha presentado, que se evidencian no solo al analizar el marco normativo, sino también al conjunto de instituciones desde las cuales se han manifestado diferentes acciones y políticas. Las mismas han demostrado ser resultado de un momento histórico determinado, en el cual las condiciones sociales, económicas y políticas incidieron en que la ETP adquiriera un formato particular en cuanto al rol que se le ha asignado, así como también, respecto a quienes eran su principal población objetivo.

La Formación Profesional, como parte de le ETP, no escapa a esta situación, en tanto tuvo desde sus inicios una marcada impronta vinculada al mundo del trabajo, que luego fue modificada al finalizar el siglo xx. Así, se pasó de una lógica centrada en el mercado de trabajo y en las necesidades de personal especializado (perfeccionamiento de operarios calificados requeridos por el mercado ocupacional) a una

lógica social o pedagógica, que tenía en cuenta las necesidades de la población que asiste a este tipo de formación.

De a poco, el sujeto de la FP se fue consolidando con sus características particulares en un sujeto clave al que se fueron dirigiendo las políticas de FP, al igual que

16. Ver Anexo 1 (Cuadro 3.2). 17. Ver Anexo 1 (Cuadro 3.2).

Hallazgos y desafíos de las políticas públicas de formación profesional

los sectores trabajadores, entendidos no solo como mano de obra, sino como sujeto social y pedagógico más complejo. Dentro de los organismos encargados de llevar adelante estas políticas, se destacan la CNAOP, que data de la década del 40, y que luego pasó a conformar la CONET. A partir de este momento, la educación no será considerada un gasto, sino una inversión a largo plazo, lo que permitirá explicar la diferencia entre los ingresos de las personas y las fluctuaciones en el mercado de trabajo en función de elementos educativos.

En el año 1995, en el marco del achicamiento del Estado, su corrimiento de la esfera económica y una fuerte ola privatizadora, surge el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), organismo que, a partir de la Ley 26.058 (primera Ley de Educación Técnico Profesional) sancionada en el año 2005, será encargado de llevar adelante esta nueva lógica social y una nueva conceptualización de la FP. La Ley 26.058 constituye una base fundamental en tanto establece un marco normativo a nivel nacional desde el cual se regulan y ordenan las políticas educativas que están descentralizadas en las jurisdicciones provinciales. En tal sentido, el marco normativo a nivel provincial es heterogéneo en tanto no todas las provincias disponen de una ley provincial que regule el funcionamiento de la FP.

En función de lo mencionado, es importante considerar tres aspectos referidos al marco institucional y normativo en el cual funciona la FP. Por un lado, en tanto la normativa que la regula la define como el “conjunto de acciones orientadas a la formación socio-laboral para y en el trabajo, orientada a la mejora de cualificaciones” (Art. 17, Ley 26.058), se hace evidente y necesaria la vinculación entre el ámbito educativo y el laboral como un eje fundamental de la FP. En tal sentido, el primer aspecto a tener en cuenta es la coordinación horizontal entre los organismos que llevan adelante las políticas educativas y los organismos que tienen incidencia las políticas laborales. La segunda derivada es que dicha coordinación alcanza también una orientación vertical en tanto atraviesa diferentes competencias jurisdiccionales. Y, una tercera derivada es que comprende a actores tanto del ámbito estatal como privado. Por tal motivo, la FP funciona en el marco de un complejo y heterogéneo conjunto de actores y normas que debe ser considerado a la luz de la dinámica que presenta un país federal como Argentina.