DECLARACION PUBLICA En relación con la carta abierta dirigida por Jorge Andrews Estrada al suscrito el 13 de septiembre de 2017 y difundida a distintos medios de comunicación, vengo en declarar públicamente lo siguiente: 1º Como hijo y padre de familia me repugnan las imputaciones valóricas, las descalificaciones morales, la discriminación por mi aspecto o rasgos físicos, y, especialmente, me violenta el daño moral provocado a mi familia, al vincular a mi padre y a mis hijos con mi desempeño laboral en un servicio público, específicamente el SERVIU de Los Ríos, con motivo del proyecto denominado Puente Cochrane – Los Pelúes, el cual afecta un inmueble donde Andrews Estrada es copropietario. 2º En mi calidad de Arquitecto titulado en la Universidad de Chile en 1995 y como profesional reconocida trayectoria en la Región de Los Ríos, rechazo categóricamente los dichos de Andrews Estrada, quien no tiene autoridad en mi campo profesional ni en mi área de desempeño para calificar mis competencias y méritos que me permiten desempeñar el cargo de Director Regional, al cual accedí el año 2015 a través del sistema de Alta Dirección Pública. 3º Tengo la convicción, que la gente de bien, sabe dónde deben estar los límites entre lo público, lo laboral y la esfera de lo personal, sin embargo en este caso, no se han escatimado los argumentos injuriosos para intentar amedrentarme e inhibirme en el impulso a un importante proyecto para la comuna de Valdivia y sus habitantes, por la vía de dañar con publicidad mi honra y la de mi familia. Sin embargo, estas acciones no afectarán mi compromiso personal e institucional con una gestión y un proyecto que busca atender el interés común y la necesidad ciudadana de mejorar la conectividad urbana. 4º Existen pruebas documentales de los esfuerzos realizados para un entendimiento con los copropietarios, incluso más allá de lo habitual, esto, considerando las particularidades del Barrio General Lagos y sus inmuebles. Sin embargo, para SERVIU y para este Director no existen chilenos de primera categoría, a los cuales se les deba un trato preferencial, y chilenos de segunda, a los cuales se les apliquen los procedimientos normales. Andrews y otros exigieron compensaciones exageradas que hicieron caer el acuerdo, tales como traslado de los copropietarios con la casona, entrega de un terreno más grande y con orilla de río, condición que hoy no tienen, exigieron garantía de vista al río, pagos por arriendos alternativos, mientras duran las obras de traslado y mudanzas, entre otras garantías. En algún momento, incluso por escrito se manifestaron dispuestos a pactar una compraventa, sobre la base de “un valor concreto y serio”, es decir, frente al dilema de “puente o casona”, para los propietarios es un problema de precio o de condiciones más ventajosas. Llamo a NO confundirse en esta discusión: una cosa es el rescate del patrimonio arquitectónico de la ciudad, el cual es parte integrante del proyecto de Puente, el que además será sometido a un Estudio de Impacto Ambiental y otra cosa es la defensa del patrimonio económico de un grupo de 8 particulares. El Puente NO destruye la casona y, en mi opinión, debe primar el bien común. Alejandro Larsen Hoetz Arquitecto