Urbanismo neoliberal y conflictos urbanos en Mendoza

URBANISMO NEOLIBERAL Y CONFLICTOS URBANOS EN MENDOZA 驴Renovaci贸n urbana o gentrificaci贸n en los terrenos del Ferrocarril?

Rodolfo Morgani / Pablo Rizzo Compiladores

Qellqasqa 2014

Urbanismo neoliberal y conflictos urbanos en Mendoza : ¿Renovación urbana o gentrificación en los terrenos del Ferrocarril? / Rodolfo Morgani ... [et.al.] ; compilado por Rodolfo Morgani y Pablo Rizzo. - 1a ed. - Guaymallén : Qellqasqa, 2014.

136 p. ; 22x16 cm.

ISBN 978-987-9441-80-0 1. Urbanismo. 2. Neoliberalismo. I. Morgani, Rodolfo II. Morgani, Rodolfo, comp. III. Rizzo, Pablo, comp.

CDD 711 Fecha de catalogación: 28/04/2014

Urbanismo neoliberal y conflictos urbanos en Mendoza ¿Renovación urbana o gentrificación en los terrenos del Ferrocarril?

Rodolfo Morgani / Pablo Rizzo Compiladores Los derechos de copia de los contenidos pertenecen a los autores Diseño de la edición: qellqasqa.com.ar

Hecho el depósito que marca la ley 11.723 ISBN 978-987-9441-80-0 Libro editado en Argentina Impreso en Qellqasqa editorial La impresión de este libro ha sido realizada con insumos reciclados a partir del procesamiento industrial del la soja (tinta a base de aceite de soja), la banana y el maní (masters a base de papel de cáscara de maní y de banana).

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CONTENIDO

Introducción 1 - ¿Gentrificaqué?

Teorías de la gentrificación La gentrificación como fenómeno global La gentrificación en Argentina

2 - Más que un mapa Transformaciones urbanas de Mendoza Del mapa a la superficie

3. Próxima estación ¿Puerto Madero?

El área de los terrenos del ferrocarril La privatización del Ferrocarril Proyectos y proyecciones estatales para el área Luchas sociales en torno a los terrenos del ferrocarril

4. Gentrificación y desalojos vs renovación urbana y embellecimiento ¿una cuestión de interpretación?

Renovación urbana y gentrificación Gentrificación en Mendoza Mendoza ¿ciudad sin derecho a la ciudad?

Bibliografía

Índices

INTRODUCCIÓN

E

n un contexto metropolitano caracterizado por el establecimiento de

la lógica de la ganancia como principio hegemónico de la planificación urbana, barrios privados, baldíos urbanos ligados a la especulación inmobiliaria, y procesos de renovación urbana orientados al turismo, se presentan como las configuraciones territoriales por excelencia en un intento de utilizar la ciudad de Mendoza como escenario para la reproducción del capital.

Estas configuraciones territoriales propias del urbanismo neoliberal son a nuestro entender fuertes promotoras de segregación residencial socio-económica y fragmentación social delimitada por fronteras materiales y simbólicas (marcas, discursos, seguridad, cercas, muros) que agudizan la polarización social, alejando a la ciudad de los ideales democráticos de convivencia, discusión, negociación e inclusión.

Según desde el punto de vista que partamos, la gentrificación puede describirse en términos de causalidad estructural o de elección individual, puede analizarse como una cuestión de estilo de vida o de necesidad económica, y sus consecuencias pueden valorarse positiva o negativamente, es decir, como desplazamiento de los habitantes de bajos ingresos o como revitalización del centro de la ciudad.

De cualquier modo, se trata de un proceso urbano estrechamente ligado a la reestructuración capitalista y su modelo de desarrollo urbano neoliberal, las nuevas dinámicas del mercado de suelo y la consecuente reinversión en las áreas centrales y deprimidas de la ciudad.

Proponemos en este trabajo una reflexión crítica acerca de las transformaciones que se han desarrollado en la última década alrededor de los terrenos de la ex Estación Mendoza del Ferrocarril Gral. San Martín. Desalojos, relocalizaciones, grandes inversiones públicas y privadas, proyectos polémicos, grupos e intereses en conflicto son elementos que se interrelacionan en una complejidad que intentamos analizar e interpretar pensando en la hipótesis de la emergencia de un proceso de gentrificación liderado por el Estado en la zona.

En el primer capítulo, proponemos un breve abordaje teórico del fenómeno de la gentrificación. Interpretamos este fenómeno en el marco de las transformaciones ligadas a la reestructuración urbana y el giro empresarial en la planificación del espacio urbano. Añadimos además, una presentación de otros trabajos realizados en Argentina sobre el fenómeno de la gentrificación.

En el segundo capítulo, realizamos un análisis histórico de algunas características y transformaciones urbanas del Área Metropolitana de Mendoza (AMM) y el centro de la ciudad, que nos sirven para comprender el fenómeno y el caso de estudio.

En el tercer capítulo, nos metemos de lleno en el entramado de conflictos territoriales y analizamos específicamente algunas características relacionadas con un posible proceso de gentrificación presentes en la zona tales como la privatización del ferrocarril y el posterior abandono de las instalaciones, los proyectos y las ideas que tiene el municipio para la zona, los distintos conflictos y luchas sociales, las inversiones públicas y privadas, etc.

Por último, presentamos conclusiones alrededor del fenómeno de gentrificación emergente y de la visión de ciudad que proponen desde el Estado municipal. Analizamos el rol que los distintos actores tienen en este posible proceso de gentrificación, haciendo foco en la visión de espacio urbano y la idea de ciudad que tiene el gobierno de la Ciudad de Mendoza. Finalizamos con una sintética reflexión de estas discusiones a la luz del derecho a la ciudad.

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1. ¿GENTRIFICAQUÉ?

La gentrificación en el marco de las transformaciones ligadas a la reestructuración urbana y el giro empresarial en la planificación del espacio urbano.

1.1. Teorías de la gentrificación Rodolfo Morgani Desde su mismo surgimiento como tema de investigación, el fenómeno de la gentrificación ha sido el foco de intensos debates académicos que lo interpretan y explican desde distintas perspectivas teóricas. A pesar de no tratarse de un fenómeno desarrollado en todas las ciudades ni con gran peso en la conformación de las ciudades en las últimas décadas, su adecuada comprensión presenta un especial interés científico y político en la medida en que se ha convertido en un concepto clave para la discusión más general sobre las causas, dinámicas y mecanismos de los cambios urbanos que se han desarrollado en las últimas décadas (Hamnett, 1991), especialmente en los países occidentales y capitalistas.

La gentrificación ha sido estudiada principalmente por la academia anglosajona, focalizándose en la emergencia del fenómeno en las ciudades estadounidenses, europeas y australianas en las décadas del 70 y 80 del siglo XX (Hamnett, 1991:173).

Según la perspectiva de que partamos, la gentrificación puede describirse en términos de causalidad estructural o de elección individual, puede analizarse como una cuestión de estilo cultural o de necesidad económica, y sus consecuencias pueden valorarse positiva o negativamente, es decir, como desplazamiento de los habitantes de bajos ingresos o como revitalización del centro de la ciudad (Zukin, 1987:140). De cualquier modo, se trata de un proceso urbano estrechamente ligado con la reestructuración capitalista, la desindustrialización y la expansión económica del sector de servicios, y su consecuente inversión en las áreas comerciales del centro de las grandes ciudades, cuestión que desarrollaremos más adelante.

Se pueden dividir las explicaciones académicas sobre la gentrificación en dos grandes grupos que aparecen opuestos: por un lado, una

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perspectiva que comprende a la gentrificación como un fenómeno que se explica principalmente a través de las pautas y preferencias de consumo de los individuos, es decir, que se concentra en las causas agenciales de la gentrificación; denominaremos a esta perspectiva teoría del consumo. Por el otro, una perspectiva que, concentrándose en las causas estructurales del fenómeno, considera a la gentrificación como un producto sistemático relacionado con la acción e intereses de actores colectivos tales como el Estado, los desarrolladores inmobiliarios, instituciones financieras, etc.; llamaremos a esta otra perspectiva teoría de la producción.

La línea de investigación estructural que pone el foco en la producción del fenómeno tiene a su mayor representante en Neil Smith, quien explica la gentrificación como un fenómeno producido por el mercado del suelo, específicamente por los saltos de renta (rent gap) que ofrecen los devaluados centros de las ciudades (Smith, 1979; 1982; 1987).

Según esta perspectiva, la gentrificación es “un producto estructural de los mercados del suelo y la vivienda” (Smith, 1979:546), en la medida en que el capital retorna al centro de la ciudad después de años de haber fluido hacia los suburbios depreciando el valor del centro. Cuando el salto de renta (es decir, la diferencia entre la actual renta de la tierra y la potencial) crece lo suficiente, el capital fluye de vuelta hacia el centro de la ciudad e invierte en la renovación y reestructuración del área en cuestión para obtener así la renta potencial que se “desperdiciaba”.

Destacamos que si bien la teoría del salto de renta no explica completamente las causas de la gentrificación, representa una herramienta esencial para elaborar una explicación del fenómeno.

López-Morales (2011) pone a prueba el modelo teórico propuesto por Smith para el caso de Santiago de Chile. Después de analizar procesos de renovación urbana en el área céntrica de Santiago concluye que existe un fenómeno de desposesión de la renta del suelo de los residentes, renta que es capturada por los agentes del mercado valiéndose de las líneas de renovación establecidas por el Estado, y observa esta circunstancia como una de las condiciones básicas para el afianzamiento de un proceso de gentrificación en la ciudad.

Por otra parte, la perspectiva agencial que pone el acento en el consumo, comprende la gentrificación a partir de los cambios en la división social y espacial del trabajo, la creación de demandas culturales

1 - ¿Gentrificaqué?

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y ambientales, y su transmisión al mercado de la vivienda a través de la capacidad de compra de una nueva clase media (Hamnett, 1991:185).

David Ley ha trabajado intensamente en esta línea de investigación, que intenta llamar la atención sobre la importancia de la agencia y las preferencias humanas, y los cambios socio-culturales como causas para explicar el fenómeno de la gentrificación. Según su trabajo (Ley, 1980; 1986; 2004) la gentrificación es un fenómeno ocasionado principalmente por la emergencia de una nueva clase media ligada a la economía de servicios en el marco de una “sociedad posindustrial” que revitaliza los centros urbanos buscando/creando un nuevo estilo de vida, estilo de vida estrechamente vinculado a las preferencias liberales y globales de los sectores profesionales y gerenciales emergentes.

Desde el punto de vista de las relaciones de clase, la gentrificación supone una expresión de la relación capital-trabajo (desarrolladores inmobiliarios, especuladores inmobiliarios, clase media-alta vs residentes de clase trabajadora y baja) en la medida en que dicho fenómeno se integra al proceso de revalorización y reestructuración del sistema urbano (Bridge, 1995:245). Bridge (2001) continúa trabajando en esta orientación, profundizando en el estudio de la gentrificación como un proceso clasista simbólico y material mediante el cual las clases reorganizan sus bienes espacio-temporales y establecen nuevas tradiciones de clase.

La gentrificación también se ha explicado como resultado de la transformación del lugar de las mujeres en la fuerza de trabajo, con su consecuente cambio en la estructura familiar y las estrategias utilizadas en ese marco para complementar el trabajo pago con el no pago o doméstico (Warde, 1991).

Sin embargo, cualquiera sea la perspectiva teórica de la que se parta, la gentrificación se presenta como un fenómeno de diferenciación socio-espacial involucrado en la reestructuración urbana de las ciudades, pudiendo observar cuatro características básicas generalmente involucradas en los procesos de gentrificación (Zukin, 1987:134): 1) El uso de la preservación histórica en la constitución de una nueva élite urbana.

2) El abandono de la población que habitaba previamente al proceso de gentrificación, causado por el aumento en la renta y el precio de la vivienda y los servicios en general, o directamente por desalojo y relocalización.

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3) La racionalidad económica que impulsa a la clase media a ocupar e invertir en las áreas gentrificadas.

4) La reestructuración económica a partir de la década del 60 que supuso la recentralización de la inversión de las corporaciones en los centros metropolitanos. Este proceso envuelve nuevos usos y formas espaciales en la medida en que adapta el espacio urbano a las necesidades de las corporaciones.

1.2. La gentrificación como fenómeno global Rodolfo Morgani Nos preguntamos ¿qué viene primero, la producción o el consumo de la ciudad? No acompañamos la afirmación que dice que ambas teorías sobre la gentrificación son complementarias (Hamnett, 1991:175), porque de lo que se trata en el marco de esta discusión es de establecer las causas primeras y principales del fenómeno, y en ese sentido no es cierto que ambas puedan ser verdaderas al mismo tiempo. Sin embargo, es cierto que puede interpretarse todo el espectro de la literatura académica sobre gentrificación de una manera integrada, sin dejar una u otra perspectiva de lado en su totalidad (Clark, 1992).

Tampoco acompañamos la propuesta de disolución del concepto de gentrificación en una pluralidad de “gentrificaciones” o reemplazando el término en sí mismo. Lees (2012:158) critica la exportación del concepto de gentrificación, y hasta cuestiona la conveniencia de utilizar el mismo término “gentrificación”, surgido en la década de 1960 en Londres, para referirse a procesos urbanos ocurridos en contextos espaciales y temporales diferentes. Además, afirma que no existe un fenómeno singular y homogéneo de gentrificación, y se diferencia de aquellos investigadores que la comprenden como un fenómeno asociado al urbanismo neoliberal como David Harvey (Lees, 2012:163).

Precisamente Lees critica al “paradigma neoliberal” como el discurso dominante en la literatura científica sobre gentrificación asociado a miradas euro-americanas, y propone explorar nuevas alternativas. De esto modo, y a causa de la complejidad que supone tal fenómeno, la autora propone hablar de “gentrificaciones” en plural (Lees, 2012:164).

1 - ¿Gentrificaqué?

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Cabe señalar que Lees no ofrece ningún argumento científico para desligar la gentrificación del urbanismo neoliberal, y se queda en analogías e insinuaciones. Por otra parte, los argumentos particularistas que pretenden diluir o destruir conceptualizaciones globales o universales con la sola observación de diferencias y particularidades con las que el fenómeno correspondiente se concreta, nos parecen faltos de validez.

Se trata en realidad de un debate ideológico y epistemológico que sobrepasa el tema de la gentrificación, atravesando todo el cuerpo de las ciencias sociales (estructura vs agencia, deterministas vs voluntaristas, constructivistas vs positivistas etc.). De modo que nos limitaremos a tomar una posición propia pero de ningún modo pretendemos cerrar este debate.

Para nosotros la gentrificación no es un fenómeno reductible al comportamiento de los individuos sino que es antes bien un resultado estructural que tiene que ver con la producción del espacio urbano llevada a cabo en el marco del capitalismo global de fines del siglo XX y comienzos del XXI. En ese sentido, es uno de los fenómenos característicos de la expansión global del urbanismo neoliberal (Badyina, 2005:113) consistente en “la conversión de zonas socialmente marginales de la ciudad central, de trabajadores, en áreas de uso residencial para la clase media” (Herzer, 2008:20). Esta expansión global de procesos de gentrificación está conectada con la aparición de las economías basadas en servicios, que supusieron un cambio del estatus y la función de los viejos centros urbanos.

De modo que la gentrificación está estrechamente vinculada a los procesos de reestructuración urbana que acompañaron a la globalización neoliberal “en la medida en que las ciudades se encontraron compitiendo en el mercado global, desreguladas, con servicios y viviendas privatizados, en un marco de desaparición de las políticas de bienestar” (Herzer, 2008:33).

Pero no es un fenómeno exclusivo de las emergentes “ciudades globales”, sino que también se presenta en aquellos centros nacionales y regionales que están sufriendo una transformación en su lugar y función en el marco de la reestructuración política y económica nacional y mundial (Herzer, 2008:33).

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Gentrificación, reestructuración urbana y Estado Denominamos reestructuración urbana a la influencia que tuvieron el conjunto de cambios generales que supuso la reestructuración del sistema global capitalista y la hegemonía del proyecto neoliberal sobre las transformaciones y políticas urbanas en las últimas décadas del siglo XX. Como manifestación del neoliberalismo puede interpretarse como una “recuperación sádica” del espacio público de los pobres y desamparados (Kirby, 2008:76).

Según Neil Brenner, las políticas urbanas, definidas como el conjunto de las actividades estatales orientadas a la regulación de la urbanización capitalista, se han convertido en un mecanismo esencial a través del cual se está desarrollando una profunda transformación geográfica e institucional de los Estados (Brenner, 2004:2). Describe el reajuste del espacio estatal junto con las nuevas políticas urbanas como una combinación de procesos de metropolitanización y conformación espacial en archipiélagos económicos, formación transnacional de jerarquías urbanas y polarización, exclusión y marginalización de zonas.

Esta reestructuración es diseñada y gestionada por expertos, técnicos y emprendedores privados de una manera poco democrática: “muchas de las nuevas y altamente fragmentadas formas institucionales establecidas para implementar las políticas urbanas locales son dominadas por burócratas gubernamentales no elegidos, expertos técnicos, emprendedores inmobiliarios y élites corporativas, quienes no son responsables frente a las poblaciones que se ven más directamente afectadas por sus actividades”* (Brenner, 2004:265).

Mediante el despliegue de estas políticas urbanas a nivel local, regional y nacional el espacio estatal está siendo rediferenciado y reescalado para ajustarse mejor a las preferencias respectivas del capital transnacional.

El objetivo de las políticas espaciales estatales ha dejado de ser mitigar el desarrollo geográfico desigual, y a pasado más bien a ser el contrario, ya que el Estado intensifica estas desigualdades al desarrollar políticas que apuntan a consolidar los activos socio-económicos de ciudades/regiones estratégica y globalmente conectadas (Brenner, 2004:16); de modo que la desigualdad es el valor estructurante en este proceso de reestructuración urbana (Caldeira, 2007:15). * Traducción propia.

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Siguiendo este análisis del desarrollo urbano en las últimas décadas, no debe pensarse que el fenómeno de la gentrificación es ocasionado y liderado principalmente desde el sector privado; como afirma Lees (2012:156) en la primera década del siglo XXI hemos presenciado la rápida emergencia de la gentrificación dirigida por el Estado, particularmente en el hemisferio sur. Según Herzer (2008:29) “en las ciudades de América Latina, los proyectos de revitalización han sido mayoritariamente manejados por el gobierno local”. Badyina (2005:114) resalta el hecho de que, a pesar de que el proceso de gentrificación de Ostozhenka (Moscú) fue liderado por el sector privado, el gobierno de Moscú facilitó activamente dicho proceso urbano. Identificamos pues, al Estado en sus distintos niveles, como uno de los actores clave para comprender los procesos de gentrificación.

Además, la existencia de un salto de renta no es suficiente para que ocurra un proceso de gentrificación; antes bien, surge de la intrincada “interrelación del poder y el capital, de la política pública y los intereses privados, de la burocracia y el mercado” (Badyina, 2005:115), de donde resultan los procesos particulares de reestructuración urbana. Como señala Herzer (2008:25) “la gentrificación está profundamente enraizada en la dinámica social y económica de las ciudades, y está determinada en gran parte por el contexto local: los barrios, los agentes y actores urbanos, las funciones dominantes de la ciudad y la política gubernamental local”.

1.3. La gentrificación en Argentina Mariana Raffani A pesar de que la gentrificación es un fenómeno ampliamente reconocido a nivel internacional, se ha desarrollado escaso trabajo académico en Argentina (Herzer, 2008:19). Si bien se reconoce la renovación urbana de las áreas más céntricas de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Resistencia, Formosa, Corrientes, etc. es poca la investigación que se ha llevado a cabo a cerca de la incidencia, manifestaciones y efectos de la gentrificación.

Dentro del debate conceptual y metodológico sobre gentrificación, sus análisis se enmarcan en la propuesta de Neil Smith, quien desde una

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perspectiva estructural que denominamos teoría de la producción de la gentrificación, formula su teoría partiendo del punto de vista de la oferta de viviendas y espacios que puedan experimentar gentrificación y no de la demanda por parte de ocupantes potenciales, sin dejar de considerar la demanda (el consumo), dando preponderancia a los factores económicos por encima de los culturales.

En este marco, Rodríguez, Bañuelos & Mera (Herzer, 2008) analizan el rol de las políticas urbanas en relación con los procesos de renovación que orientan y producen territorio en el área Sur de Buenos Aires -particularmente La Boca, Barracas y San Telmo- desde la década del noventa como parte de un plan más amplio y a mediano plazo de urbanización de la ribera que se extiende del norte al sur con hitos como Puerto Madero, la Costanera y los proyectos para Retiro.

Este proceso de renovación urbana posibilita nuevos usos comerciales, de servicios y habitacionales que involucran a sectores privados de altos ingresos, como también la construcción por parte del Estado de obras viales que refuerzan “la conexión del área central a través de autopistas y accesos, con la región metropolitana, el centro con los bordes y, en perspectiva macro regional, con otras Mercociudades” (Herzer, 2008:48), haciendo alusión a la red de ciudades que integran el MERCOSUR. Di Virgilio, Herzer, Ostuni, Redondo & Rodríguez (2008), así como Lanzetta & Martín (2001) a partir de los resultados de un diagnóstico realizado en el barrio de La Boca, en los años 1998 y 2000 sobre la situación socio-económica y habitacional de los hogares de sectores populares del barrio, dan cuenta de la cambiante situación por la que atraviesan los sectores de menores ingresos en la zona, y de los riesgos que los mismos corren dada su dificultad para hacer frente a la posible valorización de los inmuebles que habitan.

Al respecto destacan que las políticas de renovación urbana no contribuyen a reducir el problema habitacional de los sectores de bajos ingresos que habitan en la ciudad. Visualizando el acontecer de las organizaciones sociales del mismo barrio analizan también sus repercusiones en el contexto del trabajo, en el mercado de viviendas, en el valor del suelo, como en las economías de subsistencias de los hogares al interior de los barrios.

En relación a ello, Herzer, Di Virgilio, Rodríguez & Redondo (Herzer, 2008) ahondan la noción de informalidad urbana en relación al submercado

1 - ¿Gentrificaqué?

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informal de tierra y vivienda en la ciudad, como de las políticas urbanas en la zona Sur de la ciudad que refuerzan la informalidad y la pobreza.

Cosacov & Menazzi (Herzer, 2008) afirmando el carácter excluyente del proceso de renovación urbana en el barrio de San Telmo observan cómo a nivel local este proceso global da cuenta de la existencia de un consenso entre distintos actores que construyen sentidos en torno a la historia, el patrimonio y la identidad del lugar.

Al respecto, enfocándose en las experiencias y puntos de vista de los habitantes, en este caso de San Telmo y Barracas, Di Virgilio (Herzer, 2008) analiza la renovación urbana a partir de las opiniones de los residentes, que según la misma están afectadas por la localización de los habitantes en el barrio y por sus itinerarios cotidianos.

En relación con el accionar del sector inmobiliario en el proceso de renovación urbana en los tres barrios mencionados, Ostuni, Imori, García Silva & Bañuelos (Herzer, 2008) analizan cómo estos procesos afectan los precios de los inmuebles y reflexionan sobre cómo las transformaciones en el mercado inmobiliario modifican la morfología de los barrios de las áreas centrales.

Por otro lado, aportando a la complejidad de los casos en estudio, Gómez y Zunino Singh (Herzer, 2008) analizan la relación entre patrimonio y turismo como factor dinamizador en el proceso de renovación urbana del área sur de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las intervenciones en materia de políticas turísticas-patrimoniales del gobierno local en los Barrios de La Boca y San Telmo en la década de 1990 y en el contexto del auge del turismo después de la crisis económica de 2001 en Argentina.

Otro estudio a considerar sobre la Ciudad de Buenos Aires es el de Carman (2006); usa el término “ennoblecimiento” para aludir a las transformaciones que se fueron sucediendo en el barrio del Abasto y que apuntan a sustituir a los ocupantes por otros de mayor renta, y a configurar un nuevo posicionamiento del lugar en la Ciudad de Buenos Aires en tanto barrio histórico y atracción turística.

Desde una perspectiva antropológica, la autora analiza esta experiencia de renovación urbana y recualificación cultural en relación a otros barrios de la ciudad y de otras ciudades del mundo, en donde las políticas de planeamiento estratégico involucradas activan disputas por ciertos patrimonios en detrimento de otros.

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Rosario es otra de las ciudades argentinas sobre las que se ha hecho foco para estudiar la gentrificación. Kruk (2011), quien entiende el término gentrification como “reconversión”, sin ahondar en los aspectos sociales del fenómeno y haciendo foco en las transformaciones arquitectónicas sobre el espacio público, analiza las estrategias de planificación y gestión estatal que hicieron posible la recuperación urbana de grandes terrenos costeros abandonados desde la desarticulación de la red ferroviaria en la década de 1970 que luego dieron lugar a la atracción de inversiones de capitales privado en el sector.

Modelo que el autor considera que por ser “muy exitoso” se refleja en la actualidad de las transformaciones que abarcan a la ciudad en su conjunto y retroalimentan un “círculo virtuoso” en el cual a través del tiempo, el estado se ve beneficiado por un incremento de sus ingresos por recaudaciones impositivas que volverán a volcarse en mayores inversiones públicas.

La estrategia que describe Kruk consistió en ir abriendo diversas áreas de ubicación estratégica siguiendo un plan de etapas: en una primera instancia se removieron todas aquellas barreras arquitectónicas (cercos, muros y diversas construcciones) que impedían el acceso público peatonal o vehicular al Río Paraná, se trataron las áreas limpiándolas y parquizándolas para volverlas transitables y luego se reciclaron ciertos elementos de la antigua infraestructura cuyos usos fueron convertidos en públicos. Como última etapa se implementó un cambio en la normativa de los terrenos privados con frente hacia la costa, al liberar la altura máxima edificable se posibilitó una fuerte inversión inmobiliaria que contribuyó al radical cambio del sector.

Entre las obras mencionadas por Kruk para concretar la recuperación del espacio público se encuentra el Parque España, donde se construyó un edificio de uso educativo y cultural, que por medio de una escalinata su techo se incorpora como parte del paseo público; el Pasaje Juramento, que vincula el Monumento a la Bandera con la Plaza Institucional; la refuncionalización de dos antiguas construcciones abandonadas: la Estación Rosario Central que fue utilizada en parte para la administración municipal y en parte como proyecto educativo llamado “La isla de los inventos”; y Los Silos Davis (destinado originalmente al acopio de granos) transformados en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario; así como

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también la reconversión del sector Puerto Norte de más de 100 hectáreas que actualmente se encuentra en plena ejecución y que implica una intervención de gran escala que consiste en la rehabilitación del territorio donde se desarrollaban la mayor extensión del antiguo puerto de la ciudad y una extensa área de maniobras y depósito del ferrocarril de carga, lo cual incluyó el trazado de la Avenida Costera. Esta operación se completó estratégicamente para todos los casos mencionados con la nueva normativa que permite en la ciudad las edificaciones de gran escala que alcanzan la altura de hasta 40 pisos y se prevé que los desarrollos inmobiliarios utilicen las viejas estructuras existentes.

En cuanto a la Ciudad de Mendoza, Lentini & Palero (2008) realizando un análisis desde el enfoque del derecho a la ciudad, exponen el estudio del caso de radicación y relocalización de asentamientos informales ubicados en el casco céntrico de la Ciudad de Mendoza, en terrenos que fueron antiguamente ocupados por la ex Estación Mendoza del Ferrocarril Gral. San Martín. Realizan un análisis de la repercusión pública del caso, debido al reclamo de los vecinos del Departamento Guaymallén, municipio receptor de los relocalizados. Analizan las limitaciones que afectan el derecho a la ciudad de los sectores de menores recursos involucrados en procesos territoriales que se vienen desarrollando en la Ciudad de Mendoza y califican a estas transformaciones como propias del comienzo de un proceso de gentrificación.

¿Gentrificación sin exclusión en América Latina?

Para finalizar esta revisión regional de los estudios sobre gentrificación, queríamos plantear una propuesta teórica realizada en Chile.

Francisco Sabatini, María Sarella Robles & Héctor Vázquez (2012) postulan que a diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos donde se verifica gentrificación en las áreas centrales de la ciudad, en América Latina este proceso se despliega en la periferia urbana y otras áreas internas de cada ciudad. Plantean también, que esta gentrificación, a diferencia de la primera, no conlleva necesariamente el desplazamiento o expulsión de los residentes antiguos de las áreas afectadas, sino que constituye un proceso social y urbano significativo para la construcción de ciudades socialmente más integradas que verían reducida la segregación residencial.

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Abordando el caso de Santiago de Chile los autores manifiestan que esto se explica por la aproximación espacial de las residencias de los grupos sociales que integran la gentrificación, ya que los barrios populares y su entorno verían mejorar sus condiciones de accesibilidad a la ciudad, sus equipamientos comerciales, de oficinas y servicios públicos e infraestructura urbana dado el incremento de las bases tributarias municipales, como también accederían a oportunidades laborales.

Estas particularidades que responden a las fuerzas y actores específicos de un nuevo tipo de negocio inmobiliario que están transformando el patrón tradicional de segregación de la ciudad latinoamericana, son las que a juicio de estos autores requieren una redefinición del concepto de gentrificación. Si bien reconocen que los atributos de centralidad y expulsión son propios de la literatura sobre el concepto, Sabatini et al (2012) se resisten a utilizar otro término con motivo de dar continuidad al debate académico sobre el fenómeno a la luz de la realidad de la región.

Los rasgos que a su entender permiten seguir hablando de gentrificación son, por un lado, la invasión de una zona interna de la ciudad por grupos con mayor capacidad de pago por el suelo que los antiguos residentes; y por otro lado, la elevación de los precios del suelo en la zona.

De este modo, el equipo de Sabatini presenta a la gentrificación como proceso positivo de reducción de la segregación residencial. A nuestro entender, en el afán de defender el componente “sin expulsión” no sólo fuerzan el concepto original en ese sentido, sino que además desdibujan aspectos centrales de la gentrificación que la vinculan a los procesos de renovación urbana de las área deprimidas de la ciudad, así como a la amenaza real de desplazamiento de los residentes de menores recursos de la zona afectada.

Definiendo conceptualmente a la gentrificación de esta forma quedan minimizadas las consecuencias del fenómeno y justificadas las políticas de renovación urbanas y sociales que se desarrollan en sintonía con la dinámica del mercado global competitivo. A nuestro entender, este proceso va en dirección contraria a la construcción de ciudades socialmente más integradas, sin segregación residencial y sin expulsión.

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2. MÁS QUE UN MAPA Breve reseña de algunas características y transformaciones urbanas del Gran Mendoza y el centro, que nos sirven para comprender el fenómeno y el caso de estudio.

Pedro Marsonet y Damián Berridy*

La ciudad de Mendoza hace muchos años superó los límites administrativos del departamento de Capital, expandiéndose sobre su periferia e incorporando a la mancha urbana los núcleos urbanos de los municipios vecinos. Esta expansión se fue dando de diferentes maneras y a distintos ritmos. Una forma altamente difundida de explicar este fenómeno de expansión es que se ha dado como resultado de la migración rural y el aumento sostenido de la población urbana. Pero si aumentamos el zoom sobre el mapa nos encontramos con una serie de complejidades que nos llevan a preguntarnos si serán efectivamente las necesidades de esa población migrante y del aumento demográfico las principales responsables de esta expansión. Además surge como interrogante saber si la expansión urbana sobre nuevas tierras se da por falta de espacios vacíos en las zonas ya urbanizadas y provistas de servicios, y si existe o ha existido una política urbana que guíe esta expansión. * Capítulo editado por Pedro Marsonet y Damián Berridy, escrito colectivamente por Pablo Rizzo, Mariana Raffani, Matías Dalla Torre, Mauricio Vázquez, María José Navarrete, y Rodolfo Morgani.

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Figura nº 1: Expansión del Área Metropolitana de Mendoza a partir de imágenes Landsat en intervalos de 13 años.

Características generales del Área Metropolitana de Mendoza El AMM es la urbe de mayor importancia en el oeste argentino con una población cercana al millón de habitantes. Además aparece como metrópolis regional, concentrando las decisiones políticas y económicas provinciales por ser sede de gobierno y encontrase localizadas allí las

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industrias de mayor dinamismo y los prestadores de servicios más especializados.

En las últimas cuatro décadas la población de este aglomerado se duplicó, ya que hacia 1970 era de 482.767 habitantes (DEIE, 2001) y para el año 2010 ya superó el millón. Este aumento de población se dio tanto por migraciones como por incorporación de nuevos espacios en una misma trama urbana, como los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú, que hasta 1970 eran ciudades independientes del AMM y en esa década comenzaron a soldar sus espacios con ella (Gray de Cerdán, Alvarez, & Ruiz de Lima, 1986). Para el año 1979, según estimaciones del IPV (1980), los límites departamentales del AMM no significaban una división del territorio: "es un único sistema urbano en continua interacción, el que se encuentra fuertemente polarizado y que disminuye la posibilidad de desarrollo de los diversos núcleos urbanos, ya que absorbe con mayor intensidad su crecimiento poblacional e impide el aumento de jerarquía al convertirlos en centros dependientes de su influencia directa" (IPV, 1980:59-60).

La configuración actual de este área metropolitana, que incluye las zonas urbanizadas y cabeceras municipales de Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú, se ha expandido en dos sentidos. A expensas del escaso suelo fértil e irrigado del oasis norte provincial, reduciendo las potencialidades productivas de Mendoza; o bien sobre el piedemonte occidental, representando un aumento en los riesgos aluvionales y elevados costos para el aprovisionamiento de servicios y la protección ante estos riesgos.

2.1. Transformaciones urbanas de Mendoza En este apartado nos proponemos exponer de manera sintética algunos procesos que consideramos han sido relevantes durante las últimas décadas para la configuración y dinámica del espacio urbano del AMM. Cabe aclarar que la división por décadas que presentaremos a continuación responde a la necesidad de darle un orden fácilmente aprehensible al relato, pero estamos lejos de plantear un ajuste estricto de los procesos presentados a los diez años que abarca cada década.

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Década de 1970 Contexto económico-social La década del 70 estuvo marcada por el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, que imponía en la Provincia de Mendoza a José Eugenio Blanco como Interventor Federal de facto del Poder Ejecutivo de la Provincia. En un contexto nacional de fuerte movilización popular, con grandes puebladas -cuyo punto cúlmine fue el Cordobazo en 1969-, Mendoza no estuvo ajena a esta dinámica. Así, el comienzo de la década se caracterizó por una serie de protestas sociales y políticas frente a la dictadura militar que gobernaba a nivel nacional en alianza con los políticos conservadores locales.

En este marco, Mendoza se convirtió en una ciudad ocupada hasta 1973: "la ciudad era escenario de actos políticos de estudiantes universitarios y secundarios donde los antiguos encuentros en las plazas son remplazados por actos políticos relámpagos en el seno de la ciudad" (Comte, 2008:520). Los cafés que rodeaban a las universidades eran espacios propicios para estos encuentros, y vigorizaban la cotidianidad de la ciudad. En 1972 se produce "El mendozazo", estallido social de gran envergadura cuyo detonante fue el aumento indiscriminado de los servicios públicos, pero la rebelión -que no era sólo por el aumento de la electricidad-, continuó con días de paro obrero y docente desplazando de su cargo al interventor de facto Francisco Gabrielli.

En el plano internacional, en 1973 el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende en Chile generó un éxodo masivo de chilenos que se trasladaban a Mendoza. De este modo, la provincia se transformó en ciudad de paso hacia las ciudades europeas, así como en lugar de residencia de chilenos de pocos recursos que se localizaron en las periferias y asentamientos inestables de la ciudad.

Este contexto de movilización popular que irrumpía en las ciudades argentinas fue brutalmente frenado por el golpe militar de 1976, que impone por la fuerza un determinado tipo de orden social y urbano. Este orden se puede ejemplificar con fenómenos puntuales como el desplazamiento forzado de familias que habitaban precariamente en las cercanías del Estadio Malvinas Argentinas a causa de la realización del mundial de fútbol de 1978; pero también con una forma de mantener el orden en el uso y posibilidades de apropiación del espacio, que estaban fuertemente

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restringidas por el miedo y el régimen autoritario, llegando al extremo del “toque de queda” que no permitía siquiera la circulación de personas en la vía pública durante horarios nocturnos. Esto último es la versión extrema de lo que Lefebvre (1972) denominó miseria de la vida cotidiana, para referirse a prácticas sociales de reproducción del orden establecido, con muy estrecho margen para la apropiación espacial y para las prácticas creativas.

Dinámica urbana La presencia de un mercado económico activo, de servicios especializados para la producción y de mano de obra calificada, significó un atractivo permanente para la localización industrial. Estas actividades tuvieron un efecto multiplicador en el tejido urbano, pues su sola presencia, en muchas oportunidades, decretó el retroceso de la actividad agrícola en los alrededores de la ciudad y su incorporación a través de un dinámico parcelamiento. El mejor ejemplo lo constituye la instalación industrial sobre el carril Rodríguez Peña, que desvalorizó una zona agrícola estabilizada, provocó su rápida transformación en Parque Industrial Provincial (Dec. 53/77) y su incorporación a la trama urbana" (Gray de Cerdán, Alvarez, & Ruiz de Lima, 1986:29).

Además de crecer sobre las zonas de cultivo, la expansión urbana sobre el piedemonte se desarrolló a pesar de que los especialistas la desaconsejaban. La ciudad creció hacia el oeste con la consolidación de asentamientos en zonas con peligros físico-naturales y sin las condiciones de infraestructura adecuadas.

Las grandes obras públicas de infraestructuras, efectuadas mediante concesiones privadas, la construcción de edificios en el microcentro y el desarrollo de complejos privados sobre el piedemonte fueron efectuadas por empresas constructoras privadas. La empresa Kolton S.A. fue la precursora de la construcción en la provincia y tuvo un papel destacado en los cambios en la fisonomía edilicia de la capital mendocina.

Hacia 1979 la ciudad se encontraba altamente urbanizada y se destacaba un notable aumento del uso del automóvil particular, en detrimento del colectivo. Comenzaron los conflictos de congestión y mala accesibilidad. Se habilitó la Avenida Acceso Este y se instrumentaron los Accesos Norte y Sur.

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Continuó la construcción de edificios en el microcentro sobre todo en torno a la calle San Martín. Se definió un microcentro comercial, político, simbólico y administrativo. Pero el municipio de capital comenzó a perder dinamismo demográfico y los departamentos receptores fueron Guaymallén y Godoy Cruz principalmente (Comte, 2008).

En lo referido específicamente al municipio de Capital, al observar el plano aprobado en 1979, se refleja el crecimiento urbano sobre el piedemonte y la ocupación completa de la superficie hacia el este, porción en la cual ya no había más espacio para el crecimiento de la ciudad. En este sentido, alrededor de 1973 se observa una expansión de la ciudad que continúa hacia el oeste. Los barrios San Martín y Sanidad siguieron creciendo en magnitud y densidad. Sobre el margen este de la avenida Champagnat se comenzó con la construcción de edificios de media altura y en el margen oeste surgió un importante barrio privado denominado conjunto urbano los cerros anticipando la tendencia de la zona. Por otro lado, los terrenos pertenecientes a cuarteles militares en el oeste de la ciudad fueron ocupados por asentamientos, como son el B° Olivares y Flores sur (Comte, 2008).

Pero esta expansión residencial hacia el oeste no revierte la baja en el crecimiento de población del municipio, que aumenta sólo de 118.560 habitantes en 1970 a 119.088 en 1980, muy por debajo del crecimiento vegetativo normal. Esto refleja un fuerte despoblamiento de las zonas centrales y consolidadas, que evidenciaron un progresivo cambio de funciones de residencial a comercial y/o servicios; aunque en algunos casos ya comenzaba a observarse el abandono de residencias.

Década de 1980 – Contexto económico-social En el marco del inicio de una etapa económica recesiva tanto a nivel nacional como provincial, la década 1980-1990 dio lugar a una serie de crisis. Los altos intereses de la deuda externa, sumado a la crisis del petróleo, generaron una situación de paralización económica en numerosos países de América Latina. En Argentina esto se tradujo en altos índices de inflación, bajo crecimiento económico, desocupación creciente, desmonetización, cierre o emigración de plantas industriales, de locales de comercio, desocupación, etc. Por su parte, la restauración democrática

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iniciada en 1983 y sus planes de gobierno no pudieron responder ante la fragilidad económica y social.

En Mendoza, esta crisis se manifestó severamente debido también a la crisis regional estructural que transitaba la vitivinicultura, industria principal de la provincia, y a pesar de las medidas regulatorias no se pudo sostener un modelo de economía cerrada destinada exclusivamente al mercado interno (Ostuni, 2011). La inevitable consecuencia de este proceso fue "un sostenido abandono de las tierras de cultivo y el éxodo de población hacia el Área Metropolitana de Mendoza y ciudades intermedias" (Álvarez & Fernández, 2010:10).

Este período se caracterizó por el aumento en las tasas de crecimiento poblacional, principalmente en el área metropolitana, debido a la crisis económica estructural que desde el ámbito rural expulsó hacia la ciudad a familias de escasos recursos que buscaban en las áreas urbanas respuestas a sus necesidades de trabajo, vivienda, educación, etc.

Ante las dificultades para acceder a una vivienda y/o terreno por medio del mercado formal, ésta población se fue albergando en urbanizaciones no formales e inestables en terrenos urbanos disponibles en la periferia de la mancha urbana, o en intersticios de la ciudad. Según Gray de Cerdán, ya en este período, "el oeste de Mendoza albergaba una población marginal de alrededor de 50.000 personas, en condiciones de pobreza, sin equipamiento básico y con una débil integración a los circuitos formales de trabajo urbano" (Gray de Cerdán, 2005:56).

Este crecimiento informal y precario de la ciudad, fuertemente impulsado por las necesidades de los migrantes y de los habitantes de los sectores populares, se caracterizó por la falta de planificación, avanzando sobre terrenos fiscales y en muchos casos sobre espacios de alto riesgo aluvional.

Si bien el carácter especulativo y poco regulado de los mercados de suelo e inmobiliario aparecen como una causa estructural que obstaculiza fuertemente el acceso a una vivienda en el mercado formal para las mayorías, en la década de 1980 se sumaron una serie de motivos coyunturales que agudizaron la expansión informal de la ciudad. Entre los principales se encuentran: a) la recuperación de la democracia que generó condiciones más propicias para la toma masivas de terrenos, las que no hubieran sido

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toleradas durante el proceso militar, ejemplo de esto son el B° Lihué en Guaymallén y Tres Estrellas en Godoy Cruz (Lentini & Palero, 2007:65). b) el sismo ocurrido en 1985 llevó a que gran parte de las familias afectadas pasaran a engrosar la población residente en asentamientos informales. c) la migración de población de origen chileno –principalmente de escasos recursos- producto del proceso de deterioro económico y la persecución política desplegados por la dictadura militar en el vecino país.

En relación con la distribución de los habitantes en el territorio, la población urbana aumentó en forma creciente pasando del 68,9% en el año 1980 al 77,85% en el año 1991. En contraste a las cifras de crecimiento de población del AMM, el municipio de Capital presentó un índice de crecimiento mucho menor, manteniéndose el estancamiento demográfico de la década anterior, ya que se pasó de 119.088 a 121.620 habitantes entre 1980 y 1991 (CNPV, 1980 y 1991).

Desde la mirada del municipio, este estancamiento representó un grave problema en relación a sus posibilidades de recaudación, problema que se agudizó debido a que la capacidad de tributación de la población de Capital desde 1980 disminuyó. Esta baja se debió al aumento de la proporción de familias de bajo nivel adquisitivo y a que apareció un alto porcentaje de población dependiente o mayor. A esto se sumó un creciente número de personas que llegaron a la ciudad en busca de formación superior, generando demanda de servicios, pero sin tributar en Capital.

En cuanto a la zona en que focalizamos nuestro estudio, mientras se registraba el éxodo de la población estable de las áreas residenciales de la ciudad, a fines de esta década, los terrenos de la Ex Estación del Ferrocarril General San Martín del centro de la ciudad -que se encontraban en estado de abandono desde su privatización en 1989-, comienzan a ser ocupados por familias sin viviendas que forman el asentamiento denominado Costa Esperanza, que se ubicó en los terrenos de calles Perú y Suipacha a lo largo de más de 16 años (Insa, 2010).

Crecimiento urbano y ciudad desigual En los primeros años de esta década el proceso de suburbanización continúa incorporando espacios para loteos y barrios. El avance es indiscriminado, pues no responde a una política de completar la trama urbana

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y los espacios vacíos, sino que en la mayoría de los casos los barrios se diseminan sin previos estudios o no respetan normas municipales, a la vez que se destruyen las tierras cultivadas (Álvarez, 2005).

Al considerar el desborde residencial sobre el oasis agrícola destacamos que es un fenómeno de larga data en Mendoza y que el avance de la ciudad sobre las tierras agrícolas es el mecanismo habitual de expansión urbana desde la época colonial. La primera adaptación de los espacios naturales semidesérticos la producen los usos rurales, básicamente a partir de la construcción de una infraestructura de riego y una red vial que permite su mantenimiento. Logrado este primer escalón de territorialización requerido para el desarrollo de la agricultura, la expansión urbana sobre estas tierras es mucho más sencilla que crecer sobre el piedemonte árido.

Este proceso de extensión hacia la periferia urbana, se acentúa también por el crecimiento de las zonas industriales y comerciales que llevan a estas actividades a localizarse en las proximidades de la gran ciudad para garantizar la venta de sus productos y la posibilidad de tener mano de obra abundante y cercana. Esto crea en el AMM un segundo anillo de localización industrial, y provoca un efecto de valorización de esa zona donde los trabajadores comienzan a buscar localizaciones residenciales más ventajosas, ya que el principal problema que se presentaba era que el sistema de transporte, con un diseño centralizado y concéntrico sobre el centro urbano, era totalmente anacrónico con la aparición de este nuevo espacio funcional (Gray de Cerdán, 2005:53).

Es así como en torno a las nuevas industrias aparecieron barrios financiados por cooperativas obreras con ayuda de bancos nacionales, pero que no lograron en la primera etapa incorporar los servicios básicos necesarios para atender a su población. Esto, sumado a la construcción de grandes conjuntos habitacionales que el Estado construyó para erradicar villas inestables en la periferia, se complementó con el accionar a nivel privado del sector alto y medio-alto que convirtieron sus residencias secundarias suburbanas en habituales y mantuvieron sus departamentos en el centro de la ciudad como signo de estatus (Gray de Cerdán, 2005) para dar como resultado el fortalecimiento de un proceso de segregación social urbana. A esto se sumó el surgimiento de una oferta inmobiliaria que reforzaba esas prácticas, emergiendo como ejemplo destacado el primer barrio cerrado de envergadura, Dalvian que se comenzó a construir en el

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Departamento de Capital al oeste de la ciudad universitaria.

Volviendo la mirada sobre la zona céntrica, se destaca que el comercio, los servicios personales y de uso público, oficinas, industrias livianas, depósitos y actividades vinculadas al transporte, en esta década comenzaron a invadir numerosos sectores residenciales antiguos, especialmente en la periferia del centro, formando en torno al mismo una importante zona pericentral que provocó con el tiempo la formación de un área muy deteriorada que iba a sufrir procesos de abandono (Gray de Cerdán, 2005).

Para las clases de mayor capacidad adquisitiva la tierra urbana se convirtió en un modo de conservar el patrimonio monetario acumulado.

La especulación y/o resguardo de ahorros afectó no sólo el área periférica de la ciudad, sino también el centro, donde se observaban edificios con importantes espacios subutilizados o vacíos. En este contexto, los grupos sociales que antes dinamizaban el mercado inmobiliario con la construcción de viviendas para habitar, pierden poder de decisión ante aquellos que se vinculan con el mercado inmobiliario sólo para invertir (Gray de Cerdán, 2005).

Respecto a los espacios públicos del centro, la presencia de vendedores ambulantes fue una forma visible que adquirió la crisis. Frente a esto y manteniendo los principios de orden y restricciones a la apropiación del espacio público, Capital dispuso concentrar a estos vendedores en un espacio delimitado por las calles Godoy Cruz y General Paz, entre Avenida España y Patricias Mendocinas, legalizando así al denominado mercado persa desde 1988 en adelante, y manteniendo una postura de prohibición al uso informal de los espacios públicos en la ciudad que va a caracterizar a este municipio hasta nuestros días.

¿Ciudad en flor?

Con el objetivo de superar el deterioro de distintos puntos de la ciudad, el nuevo gobierno municipal democrático (1983-87) preparó las condiciones económico-financieras para que el próximo intendente municipal (1987-91) realizase cambios significativos en la concepción y gestión de la urbe, que tenía como premisa "hermosear la ciudad" (Ponte, 2008:541).

Bajo el lema Mendoza, ciudad en flor instauró un modelo de gestión que propiciara la limpieza urbana, la eficiencia municipal, etc.

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Así, el municipio de Capital emprendió mejoras estéticas y de calidad de los espacios públicos. Siguiendo el talante de una ciudad moderna se remodelaron casi todas las plazas de la ciudad y se construyeron nuevas plazoletas combinando estilos que las hacían parecer antiguas y conservadas. Entre ellas se destacaron la Plazoleta Vergara y la Plaza España (1989).

En este marco de sesgo historicista que describe Ponte (2008) la comuna de Capital se adjudicó la denominación de "Ciudad de Mendoza", nombre histórico de hecho.

También se realizaron obras de remodelación de calles y se hizo peatonal en 1989, el sector de la entonces Avenida Sarmiento comprendido entre la Calle Patricias Mendocinas y la Avenida San Martín. Ésta obra implicó la construcción de kioscos, cafés, pérgolas, fuentes, canteros, etc., generando un nuevo espacio de circulación y estar ciudadano.

Ponte (2008) señala que las obras de renovación realizadas en este período no respondieron a un plan de gestión urbana estudiado y consensuado, por lo tanto no fueron tan favorables para la ciudad como para sus dirigentes, para quienes las mismas resultaron estratégicas en repetidas campañas electorales de los intendentes conservadores que se sucedieron en el gobierno de la ciudad. Estas obras se encontraron lejos de brindar soluciones de fondo a problemas pendientes de la población que requerían desagües pluviales, extensión de servicios hacia el oeste, etc.

En relación a las legislaciones municipales que condicionan el desarrollo urbano, en 1983 el municipio de Capital promulgó un Código de Edificación que tuvo vigencia hasta el año 2000. Haciendo un análisis comparativo entre los Códigos del año 1983 con el del 2000, Gómez Piovani argumenta que este último "disminuye y limita la superficie a construir en relación al de 1983”. Así mismo, indica que "la superficie a construir en el Código de 1983 es aproximadamente un 20% más que la permitida por el Código del 2000" (Gómez Piovani, 2011:71). Esta autora concluye que pese a las variaciones encontradas en ambas legislaciones, ninguna de ellas se refiere a la sostenibilidad del entorno construido. En lugar de aumentar la densidad edilicia dentro de parámetros sostenibles, uno y otro código, al restringir la densidad promueven una expansión incontrolada al tiempo que impulsan el "decrecimiento poblacional y el crecimiento de urbanizaciones de baja densidad en los alrededores, invadiendo suelos de valor ecológico y agronómico" (Gómez Piovani, 2011:72).

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Década de 1990 – Contexto económico-social En un contexto nacional neoliberal, en el que la desregulación de la economía, la convertibilidad peso-dólar y las privatizaciones de empresas estatales generaron una apertura de la economía a los capitales internacionales y sus reglas de juego, Mendoza intentó acompañar el proyecto neoliberal en la década de 1990 mediante la reconversión de viñedos, la reactivación de la actividad frutihortícola y las privatizaciones (Ostuni, 2011:69).

Gray de Cerdán (2005:63) afirma que Mendoza comenzó en la década de 1990 a consolidarse como una "ciudad al servicio del comercio y del transporte internacional del MERCOSUR", y esto implicó un nuevo modelo de desarrollo urbano que posibilitara que la ciudad funcione como puerto de entrada y salida al mercado del Pacífico, y especialmente como un área de servicios y de producción de energía.

En cuanto al desarrollo económico de Mendoza en la década del 90, se observa un fuerte crecimiento del sector de servicios, sobre todo comerciales y financieros, mientras se comprueba una decadencia de la actividad industrial (con la excepción del sector vitivinícola), tendencias que imitan el mismo proceso a nivel nacional (Gudiño, 2005).

Al referirse a la década del 90, Ostuni señala que en los comienzos de la misma "el mejoramiento económico acompañado con un mayor poder adquisitivo alentó la instalación de nuevos negocios. Por otro lado, la decisión del gobierno provincial de impulsar el turismo fomentó la instalación de negocios vinculados con esa actividad. Así se fue viendo la multiplicación de la construcción de hoteles, moteles y hostales, al mismo tiempo que la instalación de restaurantes, cafés y confiterías fue acompañando ese impulso que encontró también buena acogida en la población estable de la ciudad" (Ostuni, 2011:185).

Esto supone que se inicia en los 90 una tendencia de atracción y generación de mano de obra especializada en servicios y transporte para el comercio internacional: "en el sector de servicios el proceso de cambios fue muy elocuente: en 1984 había 8.736 empleos y en 1993, 19.086 empleos lo que significó un crecimiento en este sector de más del 60%" (Gray de Cerdán, 2005:113).

Este viraje hacia la globalización capitalista y su consecuente sistema de consumo en la década del 90, junto al fenómeno de suburbanización

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de las clases medias-altas y altas, impulsó la masificación del automóvil privado como principal medio de transporte para moverse hacia la Capital, fenómeno que no ha hecho más que agravarse en la primera década del siglo XXI (Ostuni, 2011).

Disminución poblacional Según los datos censales, en la década del 90 se produjo por primera vez una disminución de la población total que habita en el municipio de Capital, pasando de 121.620 a 110.993. En ésta década, algunas de las zonas residenciales de mayor calidad desde el punto de vista edilicio y ambiental, como son la Quinta y Sexta Sección, pierden progresivamente población, agravando la disminución de aportes tributarios al municipio.

En cuanto a nuestra zona de estudio, Ostuni (2011) explica que la baja representatividad de la Primera Sección en relación al número de la población de Capital se debe, en parte, a que se trata de una zona de comercios y servicios, pero también porque son sectores en donde se comprueba una degradación de la infraestructura urbana. Además, la autora afirma que ha sucedido un marcado proceso de envejecimiento de la población en nuestra zona de estudio, fenómeno que tiene su causa en un cambio de residencia de la población anciana hacia la zona, “principalmente seducida por un mejor y más apropiado acceso a los distintos servicios propios de la ancianidad, que permite una mejor calidad de vida de sus habitantes” (Ostuni, 2011:125).

La pérdida de población en términos generales de las zonas centrales estuvo acompañada por un proceso de suburbanización de la periferia (Gudiño, 2005), con gran aumento de población, sobre todo, en áreas poco consolidadas en los departamentos de Lujan de Cuyo, Maipú y Las Heras. Esto se debe principalmente a que la inversión inmobiliaria privada y pública se concentra de un modo importante en estas zonas periféricas poco consolidadas.

En el AMM se dio un crecimiento abrupto e intermitente del área urbana durante la década del 90, que según Gudiño (2005) creció un 81,48% con respecto a la superficie total de la década del 80.

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Ciudad: escenario de negocios La especulación de los desarrolladores inmobiliarios tuvo mucha importancia en las características del crecimiento urbano de Mendoza en la década del 90, ya que sus inversiones se orientaron al desarrollo de proyectos residenciales para la clase media-alta y alta en la periferia, sobre todo en la zona sur y noroeste del AMM: "Casi toda la zona sur del Gran Mendoza opera su crecimiento en función de grandes empresas que invierten en loteos, barrios y consorcios privados. Generalmente se trata del fraccionamiento de grandes predios agrícolas y/o tierras en el piedemonte (tierras de secano) desprovistas de todo tipo de infraestructuras y servicios" (Gudiño, 2005:83). Justamente esta condición de falta de infraestructura es una de las razones por las que se acelera tanto la urbanización de estas zonas, ya que implica un muy bajo precio inicial para los inversores, que por diferentes medios lograrán socializar los costos de la dotación de servicios e infraestructuras para esos lugares.

Gray de Cerdán indica que durante la década del 90 llegaron a Mendoza importantes inversores internacionales que, a partir de la construcción de grandes complejos comerciales en la periferia, produjeron la descentralización del centro comercial tradicional. Empresas como Carrefour, Macro, Jumbo, Wall-Mart, Mendoza Plaza Shopping, Palmares Open Mall, etc., se ubicaron a lo largo de los principales accesos a la ciudad y en grandes vacíos urbanos (R7, R40, Av. Costanera) modificando drásticamente los hábitos comerciales de la población (Gray de Cerdán, 2005). Según esta autora "en una primera etapa el Centro Tradicional de Mendoza en el Departamento de Capital recibió un impacto muy negativo ya que retrocedió rápidamente, perdió empresarios porque migraron hacia las nuevas superficies comerciales y creó un ambiente de abandono y deterioro generalizado" (2005:67).

Estos nuevos grandes centros de esparcimiento en la periferia implican una forma de privatización del espacio público, concentrando la función urbana de entretenimiento, y generando una fragmentación del consumo y del espacio urbano, ya que están destinados principalmente a un determinado sector socio-económico. Como consecuencia de lo señalado, se comprobó una disminución general de la importancia relativa del comercio minorista en el centro comercial tradicional. Un proceso de degradación que puede

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observarse en los locales desocupados, el menor nivel cualitativo de los comercios y productos, y los nuevos tipos de comercios en algunas áreas (comercios persas entre Av. Godoy Cruz y General Paz, por ejemplo).

Pero, tal como sostiene Smith, más allá de este deterioro y de la pérdida relativa de actividad e inversiones en el centro de la ciudad, “el centro mantiene un elevado grado de concentración comercial por el efecto de factores de localización que, en ocasiones, se remontan al pasado y determinan su persistencia" (2003:34).

En síntesis, este periodo estuvo marcado a nivel de procesos macro sociales por un mayor peso del mercado, que fue el principal configurador del territorio impulsando una tendencia a la dualización y fragmentación de la ciudad, que va a consolidarse en la década siguiente.

Ciudad estética y excluyente Ponte (2008) analiza lo ocurrido en el municipio de Capital desde el retorno de la democracia, y afirma que las gestiones que se sucedieron mantuvieron ciertos ejes en las cuestiones urbanas: a) ausencia de planificación y regulación; b) permanentes excepciones a la normativa vigente para favorecer el desarrollo de la especulación inmobiliaria; c) gestión de los espacios públicos como desafío, fundamentalmente a causa de la inseguridad urbana; d) obras de renovación urbanística.

En cuanto a las obras de renovación urbanística, ya señalamos que la primera gestión en 1983 tuvo como lema "hermosear la ciudad", sin planificación, apuntando a lo estético. Las siguientes gestiones mantuvieron este perfil, que lejos de idearse en términos de política urbana, resultó ser una estrategia de gestión con éxito electoral. Se produjo en este marco la renovación urbanística de hitos específicos en el centro de la ciudad: Plaza España, Peatonal Sarmiento, Av. San Martín, Av. Las Heras, Área Fundacional, obras de conservación en la Tercera y Cuarta Sección, Plaza Independencia, etc.

Este proceso de fuerte concentración de las inversiones en espacios específicos, refleja un claro ejemplo de lo que Saskia Sassen (2010) denomina la producción de ciudad por lugares y el abandono de la pretensión de atender a las condiciones de vida de todos los habitantes y sus territorios.

Como síntesis, se destaca que durante las últimas décadas del siglo

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XX se fue consolidando un modelo de gestión urbana que privilegia lo estético por sobre lo funciona, social y urbanístico imponiéndose como un valor social, y legitimando la prioridad otorgada a determinado tipo de obras y de gestión del espacio.

Década de 2000 – Contexto socio-económico: crisis y recuperación En el año 2001 se evidenciaba en la Argentina el final para una década de neoliberalismo basado en el icónico plan monetario de “Convertibilidad”, llegando a índices de pobreza y desempleo alarmantes, además de un agotamiento de las posibilidades de acumulación capitalista para los sectores dominantes.

Pero como en toda crisis capitalista los costos no se reparten equitativamente, y si bien la crisis de 2001 muestra claramente el fracaso -en términos sociales- del modelo neoliberal, es una expresión de su éxito en el plano económico, ya que durante la década de 1990 se construyeron las bases materiales sobre las cuales se montó luego el nuevo proyecto hegemónico de las clases dominantes (Féliz, 2012). Es decir, la radical reestructuración socioeconómica que se logró imponer a partir del 2002 fue posible gracias a una situación de precarización y fragmentación extrema que era resultado de la aplicación del neoliberalismo durante los 90.

En el plano político, esa fragmentación y debilitamiento del pueblo se vio parcialmente reconfigurada a partir de los procesos de luchas que fueron creciendo en los últimos años de la década de 1990, y en los momentos más álgidos de la crisis (fines 2001), se produjo la confluencia de diversos sectores sociales bajo consignas comunes. De modo que la reestructuración poscrisis tuvo que contemplar medidas para lograr la gobernabilidad. Es por esta razón que la alianza de poder que asumió el gobierno con Duhalde a la cabeza debió tomar una serie de medidas complementarias, y a la devaluación y pesificación asimétrica que buscaba favorecer a los sectores dominantes, tuvo que complementarla con un impuesto a las exportaciones para disponer de recursos fiscales, y la masificación de la asistencia social con represión focalizada, para frenar la movilización popular (Féliz, 2012).

De esta manera se benefició enormemente a los sectores más concentrados a costa de la devaluación de los salarios, y como la asistencia

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social no daba abasto frente a la creciente movilización popular, se orquestó desde el Estado y desde los medios masivos de comunicación una sistemática deslegitimación y criminalización de los movimientos populares (principalmente del movimiento piquetero). A esto se sumó un mayor nivel de represión que tuvo su punto culmine en la “masacre de Avellaneda”, a partir de la cual el gobierno autoproclamado de Duhalde se vio obligado a llamar a elecciones.

Ya a partir de 2003, el presidente electo, Néstor Kirchner, supo leer las condiciones socio-políticas, y dio respuestas para garantizar la gobernabilidad sin modificar algunos aspectos fundamentales de la base económica que ya había sido reestructurada y encaminada a partir de la devaluación. De esta manera se conformó un modelo neodesarrollista que combina el fuerte crecimiento económico apoyado en la devaluación y en un contexto internacional favorable; con una serie de políticas sociales que garantizan la gobernabilidad y reactivan el mercado interno dando cierto dinamismo a la economía cotidiana de los sectores que quedan al margen de la dinámica central del modelo.

La salida económica que se propuso a la crisis del 2001 posibilitó la generación de cuantiosos excedentes que fueron apropiados en parte por las familias y empresas favorecidas por el nuevo escenario nacional y global, y en menor medida por el Estado a través de impuestos y retenciones a la exportación. En este contexto, el sector de la construcción-inmobiliario funcionó como un receptor y conductor privilegiado de aquellos excedentes que ya no podían confiarse al sistema financiero, siendo el sector público mismo quien más peso tuvo en la inversión en construcción (Lapelle, 2011).

Cabe señalar que el sector de la construcción presentó una alta rentabilidad en los primeros años posconvertibilidad “debido a que los precios de los inmuebles tendieron a mantenerse en dólares, al tiempo que los costos en pesos caían considerablemente, producto de la devaluación/depreciación de la moneda” (Lapelle, 2011:3). Esta alta rentabilidad del sector atrajo a nuevos actores hasta el momento ajenos a la actividad que, bajo la figura jurídica del fideicomiso, absorbieron gran parte de los excedentes.

Es importante destacar que esta nueva etapa se caracterizó por una mejora de las condiciones de vida de las mayorías y un aumento de los ingresos para la población en general, pero esto no debe ocultar el

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carácter fuertemente concentrado de la riqueza, que puede verse reflejado en que las 500 empresas- no financieras- de mayores ventas en el país que en 1997 representaban el 12% del PBI, pasaron a representar el 30,5% en el 2009. Estos incrementos se vinculan tanto a las nuevas condiciones macroeconómicas generadas y garantizadas por el Estado, como a apoyos directos a esta cúpula empresarial tales como: el enorme crecimiento de los subsidios directos que se incrementaron un 650% entre 2002 y 2009; y el gasto tributario –exenciones de impuestos- que sólo en 2010 supuso una transferencia no menor al 0,46% del PBI -6.500 millones de pesos- por programas de promoción económica a las mayores empresas (Féliz, 2012).

Entonces, sin negar las mejoras en las condiciones materiales de amplios sectores de la población, es importante destacar que el proyecto neodesarrollista es tan poco redistributivo como el neoliberalismo, ya que en el aumento generalizado del consumo, la mayor parte la representó el de los sectores ricos de la sociedad, continuando el consumo popular en niveles muy similares a los de la etapa neoliberal en términos de PBI (Féliz, 2012:49).

De modo que podemos sostener que a partir del 2002-2003 se genera una ruptura con el modelo neoliberal tal como se implementaba anteriormente, con el fin de dar respuesta a la crisis de acumulación capitalista a que se había llegado y también de frenar la creciente movilización social, garantizando la viabilidad del Estado. Pero esa ruptura no fue total, sino que muchas de las lógicas y prácticas características de los 90 se mantuvieron en la década siguiente, y entre ellas se destaca lo referido al mercado del suelo y el desarrollo urbano.

Continuidad del urbanismo neoliberal ¿Laizzes faire vs intervencionismo estatal?

Como venimos sosteniendo, si bien a partir del 2003 hubo un corte estratégico con el modelo neoliberal, esta ruptura no fue total y las continuidades se hicieron particularmente evidentes en el ámbito de la reproducción de la ciudad (Libedinsky, 2006).

En consecuencia, cuando se piensa el modelo de desarrollo urbano en la Argentina y Mendoza actuales, se puede encontrar una continuidad

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con el giro neoliberal y, por tanto, con un modelo de gestión de lo urbano orientado a la maximización de las ganancias y dirigido principalmente por los intereses del sector privado. Este sector no sólo utiliza la ciudad como escenario para la reproducción del capital, sino que –sobre todoencuentra en el proceso de producción del espacio urbano una de sus actividades preferidas.

Esto se observa claramente en un sencillo ejemplo: de los 255 km2 que ocupaba la mancha urbana del AMM en al año 2010 (D´Inca & Berón, 2013), un 12% corresponden a urbanizaciones cerradas (Rizzo, 2011), típico producto especulativo del urbanismo neoliberal y que en su mayor parte han sido desarrollados en la última década.

La ausencia de regulación del mercado de suelo se mantiene como característica esencial en la provincia, y es una constante en el marco del laizzes faire del urbanismo neoliberal. De esta manera se consolidaron como líderes de la planificación urbana del AMM los desarrolladores inmobiliarios, que demostraron ser actores con suficientes recursos como para planificar dónde y de qué manera crecería el área urbana, sin someterse siquiera a las pocas reglas vigentes que limitaban tal desarrollo.

Como sostiene Gudiño (2005:83) “en Mendoza, el liderazgo de los desarrolladores inmobiliarios ha llevado a la urbanización de los escasos suelos cultivables”, mientras que quedan dispersos en la trama urbana un gran número de terrenos baldíos. Este doble negocio de especulación inmobiliaria, a saber, baldíos urbanos en engorde y transformación de terrenos rurales en urbanos de facto, aumenta el valor del suelo tanto en la periferia como en las zonas céntricas.

En este marco, y frente al intento de avanzada por parte de algunos desarrolladores inmobiliarios que buscaban crear leyes a medida que favorecieran aún más sus difundidas prácticas, es que se desata un proceso que se propone frenar esa avanzada y construir un instrumento legal que impulse un ordenamiento territorial equitativo y sustentable.

Por ello, a mediados de esta última década, aparece con claridad en Mendoza el Estado Provincial como promotor de la planificación y el ordenamiento, impulsando y promulgando la Ley 8.051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (LOTyUS). Cabe destacar que esta LOTyUS se logra a partir de un largo proceso con pretensiones participativas, que se propone ser el rector del desarrollo territorial de la provincia, y

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por lo tanto de la ciudad. Pero al analizar la evolución de la producción espacial urbana, podemos apreciar que el mercado ha seguido operando sin regulaciones y continúa siendo en la práctica el principal actor de la producción espacial.

Además, el Estado sí ha tomado un rol activo en garantizar las condiciones para seguir atrayendo capitales para el desarrollo inmobiliario (principalmente vinculados al turismo). A esta inyección de efectivo al mercado de suelo se suma en los últimos años el plan PROCREAR. En un contexto en que el Estado no interviene en el mercado de suelo, el aumento exponencial de la demanda de suelo urbano (o a urbanizar) que este plan motoriza, termina significando una enorme transferencia de recursos a actores que especulan con la propiedad del suelo. Así el PROCREAR ha terminado quedando subordinado a la lógica del mercado -particularmente especulativo- del suelo, generando efectos contrarios a los que se proponía, por el encarecimiento especulativo del suelo ante el aumento explosivo de la demanda financiada por el Estado.

En este sentido también emerge como una actividad destacada promovida por el Estado el turismo. Cabe señalar que el turismo es considerado una “actividad económica superconcentrada en sus decisiones y captación de rentas, un fenómeno que se encuentra internacionalizado al extremo, con índices de trabajo no formal que superan la media; siendo históricamente uno de los negocios más utilizados para el blanqueo de capitales y otras actividades no lícitas” (Icaza, Nuñez & Vanevic, 2012:2).

Si bien la incorporación del turismo como asunto público no es una cuestión reciente, en el período argentino de posconvertibilidad pasó a constituirse en política de Estado para impulsar la acumulación de capital a través de este sector. Al respecto el Estado Nacional operó promulgando una nueva ley de turismo, jerarquizó el Ente Nacional de Turismo, elaboró y ejecuta un Plan Federal en la materia, reordenó los feriados nacionales y días no laborables, generó líneas de créditos en bancos nacionales y, algo muy importante, reestructuró todo el circuito aéreo de conexión nacional e internacional para favorecer la oferta turística de Argentina (Icaza et al, 2012).

De acuerdo a estos lineamientos, para posicionar a Mendoza como un destino turístico internacional se desarrolló una política activa de atracción de grandes eventos culturales (Copa América, Eliminatorias del Mundial, recitales de grandes artistas promocionados por el Estado, etc.);

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así como la promoción de la misma a través de numerosos slogans que la presentan como un lugar prometedor, confortable, seguro, lindo y limpio.

En relación a esto último podemos mencionar: “Mendoza, la ciudad más limpia del país”, “Mendoza, ciudad universitaria”; en relación a la industria vitivinícola, “Mendoza, Capital Internacional del Vino”. Recientemente se ha lanzado el proyecto “Vinópolis”, un espacio que estará destinado a dar a conocer todo sobre el proceso de la elaboración del vino y funcionará en uno de los galpones del Parque Central, precisamente dentro de nuestra área de estudio. Así también “Mendoza Maravillosa”, por su postulación como una de las siete ciudades maravillosas del mundo.

Cabe destacar la monumental inversión del Estado en la creación de una ruta pavimentada que permitió introducir el enoturismo con sus servicios de alta gama a través de los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, ruta conocida como Corredor productivo y explotada por las empresas de servicios turísticos bajo la denominación “Caminos del vino” o “Ruta del vino”. Esta obra posicionó aún más a esa zona como destino de grandes inversiones de capital internacional (Los Andes, 2010, 31 de agosto).

Como se evidencia, el Estado creó las condiciones para el desarrollo del turismo de alta gama realizando acciones de marketing y publicidad de ciertos destinos que presenta como diferenciales y que en el marco de este modelo aumentan su competitividad y la capacidad de captar renta de estas empresas. En otros términos “son los ciudadanos con sus aportes quienes financian las campañas publicitarias que irán a beneficiar al capital más concentrado” (Icaza et al, 2012:7).

Asociado a la industria vitivinícola, tanto como a los paisajes cordilleranos y a los eventos culturales, siguiendo la tendencia nacional y mundial de promoción turística, en la última década el turismo registró un importante crecimiento en Mendoza. Nuevas plazas de alojamiento y servicios asociados (turismo aventura, turismo religioso, turismo de compras, turismo de ferias y congresos, turismo de ferias y tradición, ecoturismo, turismo cultural, nieve y ski, turismo naturaleza, termalismo y salud, turismo rural, vino y vendimia) acompañan el creciente tránsito de visitantes por la provincia.

En cuanto a los actores privados involucrados en el sector turístico, el servicio de alojamiento, en línea con la creciente demanda, registra en

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la provincia un destacable aumento de la oferta de plazas y establecimientos turísticos prestadores de alojamiento. De este modo, de ser 339 los establecimientos oferente de servicios turísticos en el año 2002, en el año 2010 la provincia ofreció los servicios comprendidos en 725 establecimientos. En términos de cantidad de establecimientos esto representa un crecimiento del 113% de la oferta, entre los años 2002 y 2010, y una tasa de crecimiento medio anual que en este período supera el 8%” (Red de Observatorios de Cuyo 2011:29).

En estrecha relación con el posicionamiento de Mendoza como destino turístico internacional han aumentado especialmente los alojamientos turísticos de alta gama. Localizado en pleno centro de la ciudad, el servicio hotelero de categoría cuatro o cinco estrellas ha modificado el paisaje urbano de la ciudad: Intercontinental, Sheraton Mendoza, Diplomatic, Executive Hotel Park Suites, Park Hyatt Mendoza, entre otros, los cuales forman parte de cadenas hoteleras internacionales.

Otra alternativa de alta gama es la propuesta por las bodegas boutique en las afueras de la ciudad que, además de ofrecer al turista el recorrido por las instalaciones de la bodega, la degustación de variados vinos y la exposición y venta directamente de los mismos, ofrecen alojamiento y/o gastronomía tradicional o gourmet, spa, exposición y venta de obras de arte y espectáculos en vivo. Conectando estas ofertas se encuentra el programa provincial denominado “Caminos del vino” que traza las rutas o circuitos (Valle de Uco, Luján de Cuyo, Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú) en los que se sitúan las bodegas que se pueden visitar.

Como vemos, la intervención del Estado en el desarrollo urbano no ha implicado un “vs” el laizzes faire, sino que ha sido claramente complementaria. Un ejemplo más que refuerza ésta afirmación se pone de manifiesto al analizar el tipo de inversiones en obras y gestión de la ciudad por parte del Estado. En relación a las obras, se continúa con la idea de “hermosear la ciudad”, con acciones tales como la remodelación y puesta en valor del Paseo Alameda, la construcción del Parque Central (que implica también la entrega de algunas hectáreas de la tierra circundante para distintos proyectos privados), la costosa remodelación de los Portones del Parque, obras para la preservación del patrimonio histórico y cultural, etc.

Mientras que en el plano de la gestión, con el fin de seguir atrayendo capitales y garantizar su rentabilidad, esta ciudad para consumidores

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necesita evitar o esconder aquello que “ensucia y desordena” su imagen.

Por ello, y fuertemente legitimados para dar respuesta a la “problemática de la (in)seguridad”, se han tomado una serie de medidas que prohíben prácticas de arte espontáneo y de trabajo informal en la urbe, y se han agudizado las medidas represivas y de control de aquellos que no son bienvenidos en la “ciudad maravillosa”. Podemos mencionar la enorme inversión en más de 200 cámaras de vigilancia y su permanente monitoreo, la constitución de la Policía Comunitaria a principios de la década de 2000, la constitución del Cuerpo de Preventores a fines de dicha década y la compra de equipamiento (camionetas, autos, motos, triciclos a motor, etc.), etc. Estos dispositivos se apoyan –entre otras cosas- en la aplicación práctica de la detención y demora por averiguación de antecedentes que se utiliza selectivamente y sirve para obstaculizar la circulación y apropiación de la ciudad maravillosa por parte de quienes no son bienvenidos en ella.

2.2. Del mapa a la superficie Luego de este breve recorrido a través de las últimas cuatro décadas, es posible tener algunas herramientas más para comprender cómo se desarrolla ese proceso de expansión urbana que veíamos en el mapa al principio de este apartado. Como ejemplo sintético e indicador de tendencias presentamos un mapa en el que es posible apreciar la superficie que ocupan las urbanizaciones cerradas en la actualidad. Vemos que la localización es principalmente periférica, lo cual se explica por el bajo costo de esos terrenos con escasa infraestructura urbana que les permiten aprovechar al máximo (e inducir) saltos de renta que se apropian de forma privada y socializan los costos a través de inversiones estatales y del aumento en el costo de vida cotidiano de la totalidad de la población. Además, al ver que los asentamientos informales representan tan sólo un 0,96% de la superficie del AMM, podemos sostener que la manera tradicional que se utiliza para explicar la expansión de la mancha urbana motorizada por los migrantes y población de bajos recursos que se ubican en la periferia, está lejos de ser pertinente.

Así, la expansión urbana motorizada principalmente por inversiones especulativas que se apropian de enormes saltos de renta y socializan costos,

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aparece como una dimensión destacada que agrava las desigualdades de la estructura socio-económica.

Finalmente, cabe preguntarnos si los sectores dentro del área urbanizada consolidada que se han ido deteriorando en las últimas décadas no pueden aparecer como zonas altamente atractivas para el capital especulativo debido a los mayores saltos de renta que implica la relación entre su desvalorización actual y su potencial valorización a partir de inversiones públicas y privadas. Este interrogante será el que guía las indagaciones sobre el proceso de gentrificación en la ciudad de Mendoza que abordaremos en el siguiente capítulo.

Figura nº 2: Urbanizaciones Cerradas y Asentamiento Informales precarios en el AMM.

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¿Y dónde ponemos las casitas?

Damián Berridy

Acerca del estado de las políticas habitacionales y los cambios que éstas han sufrido en los últimos 20 años, podemos analizar algunas situaciones que se han producido con el paso del tiempo.

En este sentido podemos destacar que en los últimos 10 años en Argentina se llevó a cabo una construcción masiva de viviendas sin precedente en la historia de nuestro país por su magnitud, incluyendo los planes Federales de Vivienda I y II y los actuales créditos PROCREAR. Entendemos el contexto en que se impulsaron los planes federales de vivienda y compartimos la necesidad de fundamentación que les dieron origen en su creación, es decir, compartimos la idea de “generar empleo en la construcción y de esta manera dinamizar la economía” en una Argentina que se encontraba al borde del abismo para el año 2003, pero consideramos que en el contexto de cambio y progreso que estas iniciativas generaron, se deberían haber reformulado los fundamentos que orientaban u orientan a la política habitacional.

Entendemos que la construcción masiva de viviendas experimentadas por sí sola no resolverá los conflictos crecientes que se manifiestan en nuestras ciudades por el acceso al suelo. La nula producción de suelo para los sectores medios y pobres en los últimos 40 años en nuestro país y en Mendoza, ponen de manifiesto las pugnas y conflictos que se producen a diario por acceder al suelo urbano.

El problema hoy de la política habitacional no es sola y exclusivamente un problema de cantidad de casas, sino que es un problema de dónde se construyen, en qué suelo. Como en toda situación económica donde hay escasez de un bien, en este caso el suelo, su precio aumenta considerablemente produciendo que los sectores populares tengan que habitar “un poco mas allá de la periferia de la ciudad”, porque no les alcanzan sus ingresos para vivir allí, es decir, se producen disputas entre sectores altos y medio altos contra sectores medios y medios pobres por las franjas de suelo de la periferia -espacio históricamente habitado por estos últimos- dando por resultado que los pobres deben habitar “un poco más allá”.

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En paralelo a estos procesos aparece la figura de los especuladores. De los cuales podemos destacar dos tipos. Por un lado, los especuladores del suelo, que son aquellos que guardan – o especulan con la- tierra para que escasee y poder engrosar sus ingresos fruto del crecimiento de precios que antes describíamos. Por otro, los especuladores de viviendas, que son aquellos que poseen más de una vivienda, donde esas viviendas extras que se poseen están deshabitadas y no son puestas en el mercado para la venta o alquiler esperando/especulando, también, con engrosar sus ingresos. Se calcula que existen alrededor de 2 millones de casas deshabitadas en todo el país que podrían atender a casi el 50% de familias que necesitan viviendas.

Otra vez aquí es fundamental el rol del Estado donde debería intervenir para complementar su política habitacional, de lo contrario los resultados son perversos para las clases populares e incluso las clases medias, debido a que se promueve construir casas pero es imposible acceder a un terreno en dónde poder ubicarlas.

Al mismo tiempo, nos parece importante destacar el ineludible rol protagónico asumido por el Estado en materia de política habitacional, relegando al mercado de dicho liderazgo. Pero vale recalcar también, que las políticas habitacionales en Argentina han sufrido un fuerte proceso de concentración por parte del Estado Nacional que debilita el sistema federal de asignación de recursos para vivienda. Y que esta concentración ha derivado en un aumento paulatino de la discrecionalidad en las asignaciones de cupos y recursos destinados a vivienda social por parte del Estado Nacional para con las provincias.

Para concluir, consideramos en principio oportunas las intervenciones que el Estado realizó mediante la construcción masiva de viviendas, sobre todo para los sectores pobres, porque da respuesta a una problemática histórica de nuestro país; pero si la misma no va acompañada de una clara política urbana y de suelos, de intervención en el mercado de suelos, lo anterior no sólo no resuelve los conflictos sino que los profundiza y seguirá profundizando, al tiempo que seguirá generando jugosos negocios para los desarrolladores inmobiliarios y especuladores.

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3. PRÓXIMA ESTACIÓN ¿PUERTO MADERO? Entramos de lleno en el entramado de conflictos territoriales y analizamos específicamente algunas características relacionadas con un posible proceso de gentrificación presentes en la zona tales como la privatización del ferrocarril y el posterior abandono de las instalaciones, los proyectos y las ideas que tiene el municipio para la zona, los distintos conflictos y luchas sociales, las inversiones públicas y privadas, etc.

3.1. El área de los terrenos del ferrocarril Pablo Rizzo El área de estudio está localizada al centro norte del micro centro de la ciudad de Mendoza, alineado con el eje norte sur del ferrocarril Gral.

San Martín. Prácticamente incluye toda la primera sección, parte de la cuarta sección oeste y de la sexta sección del departamento de Ciudad de Mendoza.

Figura 3. Localización del área de estudio en la Ciudad de Mendoza.

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El desarrollo del área ha estado vinculado históricamente a la actividad del ferrocarril. Con la llegada del mismo hacia 1885, el tejido urbano se fue expandiendo, se fueron abriendo calles y cubriendo intersticios. Los terrenos del ferrocarril (vías, estación, talleres, playas de maniobras, galpones) actualmente se han convertido en un elemento urbano fundamental sobre el cual giran las perspectivas de negocios inmobiliarios y desarrollo urbano del futuro.

De las 232 has. del área de estudio, aproximadamente un 25% son terrenos del ferrocarril Gral. San Martín (FGSM) que se vincularon a la dinámica urbana de las últimas décadas. Desde la privatización del FFCC en la década del 90, sus terrenos han sido objeto de diferentes proyectos por parte del municipio en estrecha relación con capitales ávidos de invertir y recibir beneficios.

El municipio viene conduciendo un proceso de regeneración urbana, donde los terrenos del ferrocarril aparecen como una oportunidad de reestructuración espacial económica de un área de la ciudad a través de reinversión en espacios desinvertidos.

La actual gestión municipal tiene el objetivo de generar un gran desarrollo inmobiliario del área, denominada “Tercera Fundación” de la Ciudad. La idea es que en esta zona se desarrollen complejos habitacionales con núcleos comerciales y de servicios, junto con una importante área de espacio público y un gran foco cultural. A esto se le suma la conectividad que tendrá el área con la ampliación de la línea del Metrotranvía Urbano hacia Las Heras y la posibilidad de la activación del tren de pasajeros hacia Buenos Aires.

Evidentemente, la reinversión en el área tendrá variadas consecuencias para los diferentes lugares y para los diferentes sectores de la población que actualmente la habitan, donde el aumento de los valores de la tierra –una intención ubicua de las políticas de regeneración urbana– es una consecuencia globalmente verificada (Lungo & Smolka, 2005) junto con los procesos de gentrificación.

3 - Próxima estación ¿Puerto Madero?

Figura 4. Área de estudio.

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3.2. La privatización del Ferrocarril Mauricio Daniel Vázquez Los terrenos del ferrocarril han asumido diferentes usos y funciones a través de los sucesivos modelos de acumulación implementados en la Argentina. Podría decirse que actualmente se asiste a un movimiento que, sobre la base del despojo y la destrucción de un bien y servicio público como el ferroviario, viene reestructurando el espacio urbano, poniéndose en juego el capital a través de los proyectos inmobiliarios abriendo nuevas oportunidades de acumulación (Harvey, 2008:25). Fue sobre la base de las relaciones sociales y entramado de intereses establecidas y consolidadas durante el proyecto neoliberal que ha ido destacándose una nueva presencia e incidencia del Estado como administrador de bienes inmuebles, productor de espacio construido y planificador urbano.

La política de ajuste estructural llevada a cabo en nuestro país en los años noventa se tradujo, en términos generales, en la reducción del aparato estatal y del capital fijo. Esta “Reforma del Estado” reestructuró los servicios ferroviarios en su conjunto, incorporando operadores privados de capital concentrado en la mayor parte de la red, y redefinió el papel del Estado respecto del servicio ferroviario en nuestro país (Felder, 2001).

En este marco, el Estado nacional declaró innecesarias grandes superficies de tierras ferroviarias y las puso en situación de disposición, acción que no se tradujo en la enajenación y ocupación inmediata de las mismas.

En Mendoza, y en los diferentes centros urbanos del país, aún hoy se mantienen grandes extensiones de tierra desocupadas, subutilizadas, sin destino urbanístico y asignación social, a pesar del interés manifestado por el Estado en desprenderse de estos bienes inmuebles (Felder, 2009).

Este proceso de privatización comenzó en el año 1991. Tras un prolongado período de hiperinflación en la década de 1980, acompañado de un importante aumento del déficit fiscal y una fuerte caída en las reservas, el gobierno argentino, bajo la presidencia de Carlos Menem a partir de 1989, inició una serie de reformas neoliberales que incluían la privatización de empresas de servicios públicos (teléfono, gas, electricidad y agua), junto con toda la red ferroviaria. Desde la nacionalización de ferrocarril en 1948, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la red había sido operada por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos (FA), que abarcaba las seis

3 - Próxima estación ¿Puerto Madero?

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divisiones relativamente independientes, Sarmiento, Mitre, Urquiza, San Martín, Belgrano y Roca. Antes de la privatización, Ferrocarriles Argentinos tenía una red nacional de alrededor de 35.000 kms., 92.000 empleados y estaba con la mayor parte de las vías y muchas de las locomotoras y material rodante en mal estado.

La situación de los Ferrocarriles Argentinos para principios de los 90 no difería del de otras empresas públicas. El déficit crónico que producía el sistema ferroviario ascendía a 355 millones de dólares anuales o sea, aproximadamente, 1 millón de dólares diarios, lo que fue calificado por los funcionarios como insoportable para el Tesoro.

El servicio de cargas del F.C. San Martín fue cerrado en 1993 y concesionado a la empresa Buenos Aires al Pacífico S.A., contando con 5.254 kms. de red, 120 locomotoras y 8.500 vagones de carga. La línea se especializaba en el transporte de petróleo y minerales. Mientras tanto se producía una drástica reducción del personal, haciendo uso de las opciones de retiro voluntario o la reinstalación del personal sobrante en otras áreas de la administración.

Desde que el FGSM dejó de operar, la Estación Central de la ciudad de Mendoza y gran parte de los terrenos en los que ésta se ubica (36 has.), permanecieron abandonadas. En la actualidad estos terrenos constituyen el último gran espacio baldío que puede encontrarse en pleno centro de la capital de la provincia, a menos de 12 cuadras del km. 0. Es importante señalar que lo que se cerró fue el servicio de transporte público de pasajeros; mientras que el negocio del transporte de carga fue concedido a la gestión privada: primero al Grupo Pescarmona y luego vendido por éste a la empresa de origen brasileño América Latina Logística (ALL) que continuaba operando (Marsonet & Salomone, 2011). Sin embargo, en junio de 2013 el Gobierno Nacional anunció la rescisión del contrato de concesión del servicio y su reestatización por “graves incumplimientos”.

Es importante subrayar algunas modificaciones y vaivenes que fue sufriendo la política ferroviaria nacional. Luego del proceso de privatizaciones los bienes ferroviarios argentinos que no habían sido concesionados pasaron a ser administrados por la empresa Ferrocarriles Argentinos que comenzaría un proceso de liquidación. Desde 1996 y hasta junio de 2000, esos bienes fueron administrados por el ENABIEF (Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios), creado por Decreto del Poder

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Ejecutivo Nacional de 1996. Más tarde, el 1 de junio de 2000, el ENABIEF se fusionó con la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

A partir de ese fecha y en ese contexto comenzó a funcionar el ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes) creado hace más de una década para administrar la infraestructura ferroviaria, los terrenos adyacentes a las estaciones y vías, e infinidad de otras parcelas y edificios estatales, muchos de ellos en desuso o no asignados a un fin específico.

Según advertía en su momento la Auditoría General de la Nación el Estado no tiene siquiera noción cabal de todos los bienes que posee a lo largo y ancho del país.

En febrero de 2008 se generan buenas expectativas en torno a la reorganización de la actividad ferroviaria en Argentina, a partir de creación de dos Sociedades del Estado: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y la Operadora Ferroviaria. A principio de julio de 2011, el ONABE había publicado un listado de 86 terrenos estatales que se ponían a disposición del programa PROCREAR de créditos para la construcción de nuevas viviendas, financiados por ANSES. En agosto de 2012 el Ejecutivo Nacional formaliza la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como organismo descentralizado, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, con el propósito de lograr una administración integral de los bienes del Estado Nacional y se disuelve el Organismo Nacional de Administración de Bienes. Según sostiene la medida anunciada en el boletín oficial existe una dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado Nacional que imposibilita su disposición y administración integral por parte del Poder Ejecutivo siendo necesario contar con una herramienta de administración de inmuebles que posibilite disponer de los mismos de manera ágil y dinámica para la formulación de los diversos planes, programas y proyectos difundidos por sus diversas jurisdicciones. La creación de este organismo parece dar indicios del sentido que adoptará la política kirchnerista para los próximos años en materia de tierras fiscales y vivienda.

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La lucha por la apropiación y uso del espacio urbano en Mendoza María José Navarrete Entrevista a un investigador que ha trabajado sobre las experiencias de los sujetos subalternos desde una perspectiva que tiene en cuenta la relación pasado-presente, el vínculo entre la experiencia personal y colectiva y la configuración de la dimensión subjetiva. En esta entrevista se desarrollaron los conflictos alrededor de los distintos proyectos urbanos planeados para los terrenos del ex Ferrocarril General San Martín, luego de los procesos de privatización de la década de 1990.

A principios de la década del ’90 el servicio de transporte público de pasajeros del Ferrocarril San Martín dejó de funcionar, dejando vacío y sin uso definido un conjunto de terrenos extensos y localizados muy cerca del centro de la ciudad. A partir de esta situación, surgen para estos terrenos variados proyectos desde distintos sectores, situación que desencadenó en la última década algunos conflictos.

Los conflictos están signados, fundamentalmente, por la lucha entre capital y bienes públicos que, como indica el especialista, atraviesa toda la historia del Ferrocarril. Pero, específicamente en relación a estos terrenos, puede señalarse como punto álgido en la lucha el año 2007, año en el cual frente a la inminencia de un proyecto inmobiliario privado de gran envergadura, confluyen distintas organizaciones en defensa de esos terrenos como bienes públicos.

“Si vos empezás a historizar el conflicto ese, podés remontarlo a un montón de años atrás, el último gran conflicto fue la privatización de ese espacio y el cierre del transporte […] el conflicto entre digamos capital y bienes públicos está presente en toda la historia del Ferrocarril […] marqué como momento el 2007 por que es cuando tres grupos que ahí trabajaban de forma separada comienzan a proponerse algún tipo de coordinación y de articulación entre sus prácticas en defensa de esos terrenos. Por un lado estaban los ferroviarios […]

Además el otro grupo, era un grupo artístico Casa América que ellos

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comienzan a ocupar la estación en el 2006, la estación lo que era el edificio en ruinas de la Estación Central, y bueno empiezan a hacer actividades y comienzan con esas actividades a armar talleres artísticos y un grupo más vinculado a las ciencias sociales […] arman también un taller de historia local, un poco para recuperar la historia de ese terreno de parte de la voz de los protagonistas, entonces comienzan a vincularse o a acercarse los ferroviarios, muchos ya jubilados, que van a contar historias, toda esa cuestión […] bueno, ese es un primer acercamiento y en realidad el grupo que convoca a una articulación es lo que eran las Organizaciones Sociales Autoconvocadas […] una red de organizaciones que desde el 2004, 2005 […] con diferentes, digamos ámbitos o conflictos que iban apareciendo en la agenda pública, ellos iban interviniendo intentando dar una mirada alternativa a lo que eran las visiones dominantes […] entonces bueno cuando se enteran... por que a mediados del 2007 comienza a rumorearse que los convenios que se venían firmando con Puerto Madero, la Capital de Mendoza y el gobierno Nacional se harían efectivos […] entonces ante esta digamos, urgencia, Autoconvocados mando un mail a todas las organizaciones convocando una reunión totalmente abierta entre todos los que quisieran defender ese espacio, como espacio público… entonces ahí va, fundamentalmente con Casa América, los Ferroviarios a través de su sindicato y hubo varias personas no organizadas […] el Colegio de Arquitectos también, la rectora de la Universidad Gómez de Erice, porque en ese momento también estaba en conflicto […] con el Dalvian por los terrenos de la Universidad, entonces bueno... en el 2007 sería y que en realidad también tuvo una corta duración, porque a fines del 2008 ya no había actividades en común y hay una dispersión de los grupos... como que fue un año, un año y pico que hicieron cortes de ruta, actividades, como que prepararon una o dos actividades en conjunto y el resto de las actividades que prepararon era más bien si alguno de los grupos organizaba una actividad el resto acompañaba […] hacia septiembre- octubre del 2008 cuando la Municipalidad intentó abrir la calle Godoy Cruz, un proyecto que tiene la municipalidad para descongestionar el tránsito... este, y que esa calle pasa por el medio de los talleres donde trabajan los Ferroviarios entonces ellos se oponen... no a abrir la calle, sino, lo que exigen es

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que se haga otro tipo de obra que implica o hacer un puente por arriba o por abajo, subterráneo y eso obviamente es otra inversión... en ese momento la Municipalidad se metió como de prepo […] metió la topadora directamente […] y ahí ya estuvieron solos, haciendo el corte y haciendo, digamos frenando las topadoras y yo veo como que ese ya era como el cierre, por lo menos, del conflicto este... digamos... configurado entre estos tres colectivos”.

En este momento histórico particular en el que confluyen las distintas organizaciones, el punto en común fue la defensa de esos terrenos como espacios públicos, en contra de proyectos inmobiliarios que pudieran significar la privatización o elitización del espacio, sin concretar la proposición de proyectos urbanos concretos factibles de desarrollar en esos terrenos. Además, sobre el concepto de espacio público surgían desde los distintos grupos diversas concepciones, fundamentalmente en relación a la vinculación entre lo público y lo estatal.

“Proyectos aparecían como muchos y muy variados, incluso excluyentes entre sí o sea […] los Autoconvocados que también era un grupo heterogéneo hacia el interior, pero lograron […] imponer la idea de que discutir proyectos particulares debilitaba la lucha, porque en realidad lo primero era no a Puerto Madero, no a la privatización de ese espacio público […] era más bien no queremos Puerto Madero, no queremos privatizar este espacio y una imposibilidad para decir que es lo que queremos hacer ahí... aparecían las diferencias […] Puerto Madero como representante de un proyecto que no está basado en las necesidades de las personas o poner proyectos que estén basados en las necesidades de las personas […] yo podría identificar como diferentes concepciones acerca de lo público, por una parte personas más vinculadas a una tradición público - estatal que entendían que el Estado no podía desligarse o era responsable en última instancia de algunas cuestiones que tenían que ver con lo público, este... otros que no, que eran más autonomistas por decirlo de alguna manera y entonces entendían que tampoco querían que el Estado se hiciera cargo de eso […] garantizar por ejemplo los recursos para que las organizaciones sociales gestionaran ese espacio, y después otra

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orientación […] esta idea de coparticipación, una cogestión entre sociedad civil y Estado de ese espacio”.

En estas manifestaciones no hubo participación de las familias asentadas en precarias viviendas en esos terrenos, ni vinculación o integración de sus demandas y necesidades. Estas familias de escasos recursos quedaron invisibilizadas para este conjunto de organizaciones: “No participaron porque en parte […] en las preocupaciones de los grupos no estaba el hacer parte esa problemática”.

Por último, cabe mencionar el rol del estado actuando en sus diferentes niveles de manera contradictoria en relación a qué tipo de proyectos desarrollar y de qué manera efectivizarlos. Aun así, en términos generales, el Estado aparece como el promotor central del desarrollo urbano para estos terrenos, buscando facilitar la realización de importantes inversiones inmobiliarias.

“El capital desaparece de la escena y en todo caso lo que aparece es el gobierno, por ejemplo, municipal, interviniendo en ordenanzas […] Yo creo que podes reenviar todas las intervenciones […] a favor del desarrollo de este tipo de emprendimientos [se refiere a grandes proyectos inmobiliarios desarrollados por privados]... este, pero de una manera bastante compleja […] Cuando analizás el Estado tenés ese análisis como más complejo y especifico de cada momento […]

El Estado está interviniendo en el espacio urbano a través de organismos como Puerto Madero que son producto del menemismo en algún punto, si lo leés así también ¿No? Pero a la vez, hoy día tampoco podemos decir que este Estado es el mismo que el Estado Neoliberal”.

También aparece el Estado realizando proyectos en esos terrenos que buscan transformar el entorno urbano: “el Parque Central, la Nave Cultural... eh, son emprendimientos que no vienen por emprendimientos privados, pero que tratan de renovar ese espacio digamos”.

Podemos afirmar entonces que los distintos proyectos urbanos para los terrenos donde funcionaba el Ferrocarril evidencian los distintos anhelos, necesidades e intereses de los habitantes urbanos. En este contexto, el Estado asume un rol conflictivo cuando emerge como promotor de intereses privados y no impulsando otro tipo de proyectos.

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3.3. Proyectos y proyecciones estatales para el área Pablo Rizzo Los efectos perversos del mercado sobre la ciudad no son fatales sino resultado de opciones políticas perversas.

Jordi Borja Cada vez más, las ciudades son anunciadas como el motor del crecimiento económico (Smolka & Mullahy, 2007) y el giro empresarial en el gobierno urbano (Harvey, 1989) presenta los esfuerzos políticos inclinados hacia la creación de las condiciones para el florecimiento de nuevos nichos competitivos en el marco de la reestructuración del espacio urbano. Como la distribución y la naturaleza del uso del suelo urbano son fundamentales para este programa de crecimiento, los Estados locales organizan sus mecanismos de gobernabilidad y enfoques políticos para coordinar el desarrollo urbano con fines competitivos (Porter, 2009). En el marco de esta dinámica proponemos abordar los proyectos y las proyecciones del Municipio de la Ciudad de Mendoza para el área de estudio.

Desde el año 2000, inclusive con acciones anteriores, se han impulsado en Ciudad de Mendoza diferentes iniciativas políticas espacialmente selectivas para crear nuevas matrices vinculadas a la inversión de capitales y el desarrollo urbano desigual (Smith, 2012). Nuestra área de estudio forma parte de este proceso, donde los terrenos del ferrocarril vacantes se convirtieron en la posibilidad de una intervención política sostenida desde el discurso público para tejer y configurar de manera desigual los entornos urbanos construidos.

El plan de regeneración del área a partir de los terrenos desinvertidos del ferrocarril tiene su gestación hace más de una década atrás, a principios de la década de los 90 con la aplicación de políticas de corte neoliberal que resultó en la privatización y desguace del sistema ferroviario argentino.

En ese marco, el sistema ferroviario minimizó su actividad reduciéndose a concesiones privadas de los ramales más rentables. Como explicamos anteriormente, el transporte de pasajeros del Ferrocarril Gral. San Martín se detuvo, y la inactividad y abandono de sus terrenos por parte del Estado devinieron en una decadencia.

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La ausencia del Estado, causante del abandono y decadencia de la infraestructura, las malas condiciones de vida de aquellos sectores de bajos recursos que se establecieron en parte de los terrenos y las continuas noticias sobre la inseguridad, son el fundamento del discurso de “Feos, Sucios y Malos”, un discurso de higienismo social que siempre ha tenido buena repercusión en la opinión pública de los sectores más conservadores y que intermedia con las quejas de los vecinos aledaños para que el Estado intervenga sin importar cómo. Este es parte del prólogo de la intervención en el área por parte del Municipio de la Ciudad de Mendoza.

Figura 5. Intendentes del municipio desde 1987 a la actualidad.

Los inicios de la transformación Hacia 1991, en la primera gestión de Fayad (período 1987-1991) comenzaban los trámites para adquirir 12 has. de terrenos pertenecientes al ferrocarril a fin de proyectar un parque urbano. Este proyecto tenía entre sus objetivos ocupar este “vacío” urbano con un parque que tuviese la capacidad de regenerar el área circundante, consolidar la trama urbana y potenciar las inversiones inmobiliarias.

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Figura 6. Parque Central. Inauguración primer etapa.

Fuente: Parque Central de Mendoza / B4FS Arquitectos.

Durante la gestión de Roberto Iglesias (1992-1997) se compraron a la Nación los terrenos de la ex Estación de Cargas del Ferrocarril San Martín (trasladada a la localidad de Palmira) por un monto de 5 millones de pesos, en cuya escritura definitiva figuraban 12 has. para el parque, más los espacios reservados para la venta de lotes para la construcción edificios (6 has) y 6 mil m2 para la realización de la catedral de Mendoza (Los Andes, 3-1-2001).

Dándole continuidad de las gestiones anteriores, Raúl Vicchi (19982002) comenzó las obras en plena crisis nacional con un préstamo de 1,3 millón de dólares del Banco Mundial para cubrir el 75% de las mismas (Los Andes, 21-5-2003), y finalmente su sucesor, Eduardo Cicchitti (20032007), inauguraría el Parque Central en 2005.

El proyecto de los arquitectos Daniel Becker y Claudio Ferrari —primer premio del Concurso Nacional de Anteproyectos en 1999— concibió el parque como un espacio público abierto (al menos la primer etapa), formado por un polígono de 12 has. integrado con puentes peatonales sobre la Avenida Mitre a los galpones del ex Ferrocarril (ver figura).

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Figura 7. Parque Central: 1. Galpón / 2. Puente / 3. Estanque / 4. Plataforma / 5. Escalinata / 6. Bar / 7. Fuente / 8. Arenero / 9. Juegos / 10. Aromáticas / 11. Jacarandaes / 12.

Plaza del Reloj / 13. Baños. Fuente: Parque Central de Mendoza / B4FS Arquitectos.

El Parque Central se convertiría en el primer paso para la revitalización del área. Este tipo de inversiones del Estado en infraestructura se asocian de manera muy generalizada con aumentos en los precios de los terrenos particulares del área. El Estado como proveedor de infraestructura urbana juega un rol importante, ya que sus acciones estatales ocasionan las alzas en los precios del suelo, o más precisamente, que estos aumentos en los precios de los terrenos no son otra cosa que la transmisión a los terrenos particulares del valor contenido en las obras públicas (Jaramillo, 2009).

El Proyecto ferrourbanístico Pero no fue sino en el año 2002 cuando la ciudad del futuro “Mendoza Madero” se presentaba como la posibilidad de concretar un emprendimiento de envergadura para expandir las posibilidades comerciales de la ciudad. Este ambicioso proyecto de 36 has. en los terrenos del ferrocarril Gral. San Martín incluía edificios de 15 a 20 pisos y respondía a un esquema urbanístico novedoso similar al ícono del urbanismo neoliberal en Argentina: Puerto Madero de Capital Federal.

El proyecto perfilaba al Estado como agente que participa activamente, de hecho coordinando, el agrupamiento de suelo para el desarrollo del

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mercado privado. Su asociación con la Corporación Antiguo Puerto Madero (empresa formada por el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires) quedó sellada el 17 de diciembre del 2002, cuando la comuna firmó un Convenio Marco Asociativo para darle vía libre a un plan de producción de una nueva ciudad hacia el norte. En esta suerte de canje, el municipio se reservó parte del desarrollo edilicio para darles lugar a empresas locales y nacionales que se vincularan a las prestigiosas firmas que intervienen en los proyectos de Puerto Madero (Los Andes, 17-6-2003).

A pesar de que los pormenores del convenio y el plan urbanístico se mantuvieron con gran reserva, el proyecto Mendoza Madero tuvo no poca resistencia. Extrañamente, a mediados del año 2003 un incendio destruyó la vieja estación de trenes, lo que puso en el tapete la discusión sobre el ferrocarril y sus terrenos. Con la presentación de varios proyectos alternativos para la estación, la intervención de los trabajadores ferroviarios, colectivos culturales y organizaciones sociales, junto al proyecto provincial de utilizar la infraestructura ferroviaria para un sistema de ferrotranvía urbano, el plan Mendoza Madero generó un rechazo en muchos sectores.

No obstante, a mediados de 2004 se firma un nuevo convenio entre la comuna y Puerto Madero que establece, en primer lugar, la creación de una comisión técnica mixta que tendrá como objetivos: definir el modelo urbano a desarrollar; crear un modelo de gestión integral del proyecto; diseñar los aspectos normativos e institucionales en los que se apoye la estructura de esa gestión integral; confeccionar las bases y condiciones para los procesos licitatorios y/o de adjudicación destinados a la inversión privada (Los Andes, 31-7-2004).

Para el año 2005, la Corporación Puerto Madero suscribía un Convenio de Mandato irrevocable con el ONABE tendiente al desarrollo urbano de un predio de 36 has. sujeto a desafección de su función original, situado en la antigua Estación de Pasajeros de la Ciudad de Mendoza (Corporación Antiguo Puerto Madero, 2005).

El anteproyecto normativo para el área de intervención incorporaba los usos: residenciales, de servicios, culturales, comerciales que respetasen las características urbanísticas del entorno, preservando los componentes de valor patrimonial; garantizando que la urbanización respondiera, en forma predominante y en sus características y tipología a la “tipo parque”, con densidades netas acordes al entorno y no superiores a los 600 hab./

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ha.; fue aprobado por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza mediante la Ordenanza Municipal nº 3694-17433-07.

Según la Ordenanza nº 3211-14609-94, actualmente en vigencia para el sector, considera al área como zona de Espacio de Uso Puntual y no se establecen pautas referenciales específicas que permitan su desarrollo e inserción al ejido urbano. Contemplada en esta ordenanza está incorporada la conexión de la Avda. Godoy Cruz con la Avda. Roque Saenz Peña y el área para la estación de trenes.

Figura 8. Proyecto Mendoza Madero diseñado por el Estudio Mario Alvarez y Asociados.

Fuente: sitio web http://www.mraya.com.ar

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ORDENANZA No 3.694/17433/07 Definiendo Pautas Urbanísticas para los terrenos correspondientes al ex Ferrocarril General San Martín.Visto: El Expte. Municipal No 09692-I-07 (Proy. H.C.D No 028-D07), caratulado: “Intendencia Municipal - E/Proy Ref. Ordenanza Pauta Urbanística Terrenos ExFerrocarril”; y CONSIDERANDO: Que la necesidad de establecer pautas urbanísticas referenciales para los terrenos pertenecientes al Estado Nacional Argentino, que fueron antiguamente ocupados por el Ferrocarril General San Martín, que permitan fijar lineamientos generales para la urbanización y desarrollo de los mencionados terrenos.Que la existencia del convenio, de mandato irrevocable, de fecha 11 de agosto de 2005, suscripto entre el Estado Nacional Argentino, representado por el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) – órgano desconcentrado, que se desenvuelve en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación federal, inversión pública y Servicios de la Nación y Corporación Antiguo Puerto Madero S. A., cuyos únicos accionistas son el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde el primero (mandante) encomendó a la segunda (mandataria) el desarrollo, la implementación y ejecución de un emprendimiento ferrourbanístico en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza.

Que el área de intervención, delimitada por las avenidas Juan B. Justo, General Las Heras y Perú, calle Pellegrini, Tiburcio Benegas, Joa-

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quín V. Gonzalez y F. J. Moyano, comprende bienes del dominio privado del Estado Nacional Argentino, que fueron antiguamente ocupados por la ex estación central del Ferrocarril General San Martín, talleres y demás inmuebles de apoyo, y que actualmente se encuentran ociosos y sin un destino específico.

Que se pretende la incorporación de dichas tierras a un proyecto que produzca efectos dinamizadores y económicamente multiplicadores, a efectos de cumplimentar objetivos estratégicos del Municipio y posibiliten satisfacer fines sociales, habilitacionales y urbanísticos.

Que está en vigencia el convenio firmado el 26 de agosto de 2005 entre la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Antiguo Puerto Madero S. A., en donde las partes acordaron llevar a cabo en forma conjunta tareas tendientes a la concreción del proyecto ferrourbanístico en la mencionada área, y que considera, entre otras, la definición del anteproyecto normativo para el área de intervención.

Que dada la importancia estratégica para el desarrollo de la Ciudad, es imprescindible la participación activa del Municipio en la concreción de referido proyecto.

Que la Ordenanza N° 3211/94, actualmente en vigencia para el sector, considera al área como zona de Espacio de Uso Puntual (EUP) (Punto V.4.2.6), y no se establece pautas referenciales específicas que permitan su desarrollo e inserción al ejido urbano.- Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MENDOZA ORDENA: Artículo 1o - Asígnase, al sector de referencia las siguientes pautas de carácter urbanístico: Los usos posibles del sector serán: residencial, residencial mixto, de servicios (de carácter selectivo), culturales, comercial (de tipología y alcance limitado), comercial mixto, etc., debiendo los mismos ser evaluados y autorizados por la Comisión de Usos de Suelo.

En todos los casos los usos deberán respetar las características urbanísticas del entorno, preservando los componentes de valor patrimonial, manteniendo el cuidado ambiental y la calidad de vida de los ciudadanos, y se deberán corresponder a los de un área central del gran conglomerado urbano que constituye el área metropolitana correspondiente al Gran Mendoza.

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La urbanización deberá responder, en forma predominante, y en sus características y tipología, a la “tipo parque”, con densidades netas acordes al entorno y no superiores a los 600 hab/ha.

Los componentes edilicios del proyecto deberán responder a torres de perímetro libre, debiendo las mismas estar separadas entre sí una distancia no inferior a los 2/3 de su altura total del edificio colindante más alto.

La altura de las construcciones serán graduales, creciendo desde los bordes hacia el centro del área, reguladas por lo establecido por el Código Urbano y de Edificación de la Ciudad de Mendoza y las particularidades que presente cada parcela. En todos los casos la altura de las edificaciones ubicadas en colindancia a sectores ya consolidados deberá considerar lo establecido por la normativa vigente, para esa zona.

En lo que respecta a indicadores urbanos, la ocupación del suelo no deberá superar el 45% (FOS<0.45), y un factor de ocupación total, acorde al entorno y no superior a 7 (FOT<7).

La infraestructura vial del sector deberá ser capaz de abastecer la demanda que el mismo proyecto genere, debiéndose considerar componentes ya proyectados por la Comuna como son, entre otros, la conexión de la Avda. Godoy Cruz con Avda. Roque Saenz Peña, la vinculación de Maza - Paraná, la incorporación del Boulevar Tiburcio Benegas, mantener la continuidad de la calle Suipacha - Coronel Plaza etc.

Posibilitar el desarrollo de proyectos provinciales, como el del Ferrotranvía Urbano.

Prever el espacio para la futura estación de pasajeros del FFCC, a ubicarse en el sector norte del predio.

Protección edilicia y ambiental de aquellos edificios significativos o pasibles de ser recuperados para un nuevo uso, con previsión de consolidación y mantenimiento de fachadas.

Protección del espacio público y privado que circundan a los edificios, áreas descubiertas, aceras, calzadas, como así también a los elementos de la actividad ferroviaria original, del equipamiento urbano y del arbolado existente.

Promover la asignación de cocheras subterráneas, con el fin de no afectar los espacios verdes asignados.

Se deberá prever una subzona la cual será afectada al uso de

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futura red ferroviaria, que deberá ubicarse en el sector norte del predio, y que su uso no podrá exceder (hacia el sur) de la traza de prolongación de calle Paraná.

Artículo 2o - Las propuestas, que oportunamente formule la Sociedad Antiguo Puerto Madero S.A., deberán ser elevadas a la Comuna para su aprobación, debiendo además, cumplimentar toda normativa de aplicación.

Artículo 3o - Déjense sin efecto todas las normativas especificas o parte de ellas, con incumbencia en el sector, que se contraponen a lo estipulado en la presente.

Artículo 4o - A los fines de complementar lo expresado en la presente, se anexa la memoria descriptiva del Anteproyecto elevado por la Sociedad Antiguo Puerto Madero.

Artículo 5o - Comuníquese, publíquese y dese al Registro de Ordenanzas.Sala de Sesiones, quince de mayo del dos mil siete.

Jorge Efraín Molina Presidente H.C.D. Carlos M. Lettry Secretario Legislativo H.C.D. ________ Mendoza, 24 de mayo de 2007 Atento que la presente Ordenanza no fue observada, vencido el término de Ley para su promulgación, de conformidad con lo establecido por el Artículo No 201o de la Constitución de la Provincia y Artículo No 92o de la Ley Orgánica de Municipalidades No 1079; Téngase: por promulgada automáticamente la Ordenanza No 3694/17433/07.

Cúmplase, comuníquese, publíquese y dése al Registro Municipal.

Salvador Antonio Vidal Subsec. Gral. de Intendencia Alberto Adrián Aimale Jefe Sec. Digesto Municipal C.A.D. 11889 7/6/2007 (1 P.) a/cobrar

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El área como unidad de regeneración de Mendoza Con posterioridad, las gestiones municipales sucesoras mantuvieron la idea de densificar el área aprovechando el crecimiento inmobiliario, y producir la configuración de este nuevo centro. Hacia el año 2006, la empresa Ecipsa S.A., firma de origen cordobés que construyó el proyecto inmobiliario Casa Magna en la zona, presentaba a la comuna el Master Plan del Parque Central para desarrollar los terrenos aledaños al mismo.

El mismo apuntaba al desarrollo inmobiliario de los 75.000 m2 de estos terrenos y estimaba un total de 183.000 m2 de superficie construible. La comuna lo declaró de interés municipal, reconociendo los derechos del Grupo Ecipsa S.A. sobre el plan y con participación en las decisiones de orden urbanístico (Los Andes, 6-5-2006).

Esta estrategia contemporánea de planificación urbana y sus formas de asociación público-privada con holdings internacionales que administran fondos de inversiones, ubican el plan regeneración urbana y a la ciudad de Mendoza dentro del sistema capitalista mundial en cuanto a atracción de capitales, reestructuración urbana y desarrollo espacial desigual.

La gestión de Cicchitti (2003-2007) estuvo estigmatizada por un manto de sospechas en la gran cantidad de excepciones al Código de Edificación y ordenanzas de usos del suelo. Pues en su gestión muchos emprendimientos inmobiliarios se llevaron a cabo con excepciones respecto de indicadores urbanos, altura máxima, perfiles, retiros y usos que la normativa no permitía.

Pero fue la gestión de Fayad (2008-2011) que emprendió con más fuerza estrategias estatales regulatorias y de inversiones para promover el mercado de suelo urbano a través del plan denominado “Tercera Fundación de la Ciudad” o “Nueva Ciudad” (Fayad, 2009).

Desde el 2008, el municipio de la Ciudad de Mendoza dispuso vender una importante cantidad de terrenos, la mayor parte de ellos ubicados en torno al Parque Central. En octubre de 2011 se realizó la licitación de los siete terrenos lindantes al Parque Central y zonas aledañas. Este accionar del municipio lo convierte en un promotor inmobiliario que generará un gran impacto en la valorización en los precios del suelo urbano del área y alrededores.

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Figura 9. Terrenos municipales puestos en venta, 7 aledaños al Parque Central.

Como resultado de un diagnóstico realizado por el municipio, se están llevando a cabo políticas orientadas a evitar la pérdida de población y la sustitución de la función residencial por otros usos que alteran el funcionamiento físico, social y económico de la ciudad, que muestra evidencia de deterioro de las áreas centrales (Bragagnini, 2009).

Este diagnóstico cuyo objetivo es la elaboración de estrategias para un plan de ordenamiento busca la densificación de áreas subutilizadas, la recuperación de sectores deprimidos y el desarrollo de nuevas centralidades, identificando los sectores que necesitan renovación.

Si bien hubo decrecimiento de población en el periodo intercensal 1991-2001, el censo de 2010 muestra que ya el departamento de Capital, sin la aplicación de estrategias urbanística, tuvo un crecimiento de población del 3,64%, motorizado principalmente por el crecimiento e inversión en la construcción en todo el país. De este modo, la población del departamento pasó de 110.993 en 2001 a 115.041 habitantes en 2010 según los datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

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Figura 10. Superficie autorizada a construir para el departamento Capital.

Fuente: DEIE sobre la base de permisos suministrados por los municipios de la provincia.

A las anteriores estrategias se le suma un discurso (Fayad, 2009) enfocado en la recuperación del espacio público “para que la gente pueda estar en la calle disponiendo de los paseos y plazas; con seguridad comunal e instalación de cámaras de seguridad”; tiene el objetivo de convertir al centro en “shopping a cielo abierto”, promoviendo el consumo de actividades de recreación y culturales “como un genuino instrumento de estímulo económico donde el turismo es un componente más que importante”.

Bajo este esquema, se continuó con inversiones en infraestructura en el Parque Central, donde la Nave Cultural se convertiría en un nuevo espacio cultural a partir de la puesta en valor y refuncionalización de uno de los galpones ferroviarios de la antigua estación de cargas. Actualmente el galpón es un multiespacio para la realización de actividades culturales interdisciplinarias que requieren grandes espacios.

Este predio (48.890 m²) del Parque Central pronto incluirá el Centro Cultural de la UNCuyo, para el cual la municipalidad cedió en comodato por 50 años el galpón n° 2 a la institución universitaria (Los Andes, 1-9-12).

Además, se prevén para el futuro dos proyectos vinculados a uso cultural en los terrenos aledaños al Parque Central. Por un lado, la Catedral de la

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Iglesia Católica de la provincia que se ubicará en un terreno donado en 2002 por la municipalidad de Mendoza frente a la Nave Cultural. Por otra parte, este año se anunció la creación de Vinópolis o Ciudad del Vino, un multiespacio en torno a la temática del vino. El lugar elegido es el último de los cuatro galpones que se encuentran en el Parque Central; así se unirá a las otras dos propuestas: la Nave Cultural y el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Cuyo.

En esta producción de una nueva centralidad se ha planificado la distribución de los terrenos para el área comercial. Se construirá en cercanías del Parque Central, en calle Perú y Videla Correas, donde funciona la playa municipal de servicios públicos, un hipermercado y un centro comercial con locales de servicios y entretenimiento (Badaloni, 2013). En un principio el proyecto del centro comercial contemplaba con complejo de cines y patio de comidas, que finalmente no se construirán. El terreno cuenta con tres hectáreas niveladas para la construcción, por el cual, Coto pagó en su momento 27 millones de pesos a la Municipalidad de Capital. Según algunas fuentes, el complejo tendrá una superficie de 30.000 m2. Este hipermercado formará parte de una infraestructura servicios y comercios que complementará a la ya concretizada en espacio verde, recreación y cultura.

Figura 11. Estructura de la Nave Cultural, ex galpón ferroviario.

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Figura 12. Localización de Catedral de la provincial.

Figura 13. Área del proyecto ProCreAr.

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La vivienda subsidiada como estrategia para el desarrollo desigual Como lo hizo con el proyecto Mendoza Madero, la gestión municipal buscó las alternativas para apropiarse de los terrenos restantes del ferrocarril y regenerar el área a través de la negociación con el gobierno nacional. De este modo, a fines del 2012 se comunicó la construcción de más de 1.000 viviendas financiadas por el Programa de Crédito Argentino (ProCreAr). La codiciada ubicación del predio para la construcción de viviendas está entre la calle Suipacha, Tiburcio Benegas y las vías del Ferrocarril, uno de los terrenos que hoy pertenecen a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), ex ONABE. Allí se levantarán 15 torres de departamentos y se abrirán nuevas calles que conectarán la ciudad en sentido este-oeste y todo el conjunto urbano será integrado a una ampliación del Parque Central (Uno, 11-6-2013).

El proyecto está asociado a la extensión hacia el norte de la línea del Metrotranvía Urbano (inaugurado en 2012) que vinculará al departamento de Las Heras. En principio, serán 1.103 unidades habitacionales, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, en edificios de propiedad horizontal, de diferente altura, siendo los más altos de 12 plantas, aunque también otros más bajos. Los mismos además contendrán cocheras y locales comerciales.

"Es casi una pequeña ciudad" expresaba la secretaria de Infraestructura de Capital, Laura Profili, para ejemplificar el desarrollo de este proyecto inmobiliario nacional, destinado a integrantes de la clase media (Los Andes 18-12-2012).

Actualmente el predio está ocupado por dos asentamientos, el Escorihuela con 75 familias y uno más pequeño denominado Malargüe, que serán relocalizados.

La municipalidad de la Ciudad de Mendoza, al menos desde 2007, está interesada en atraer la población de cierta posición social que emigra hacia los barrios privados de las afueras a través de emprendimientos inmobiliarios. Subyace bajo el discurso municipal de las bondades de la “ciudad compacta” el cimiento mercantil del desarrollo urbano en altura, pues la realidad muestra que el departamento no posee más espacios para barrios privados y además no radicará in situ a los habitantes de los asentamientos.

La ciudad compacta también fragmenta y diferencia, pues los

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capitales no invierten en cualquier lugar y el desarrollo social no ocurre en todas partes ni con la misma velocidad ni en la misma dirección, es el resultado del desarrollo desigual a escala urbana (Smith, 2012:140).

Comprender la producción del suelo urbano y la implacable transformación de la diferenciación espacial que generará la reestructuración socio-espacial del área es fundamental, pues no se puede entender la urbanización sin una interrelación dialéctica de implosión (concentración, aglomeración) y explosión (extensión del tejido urbano, intensificación de la conectividad interespacial en diferentes lugares, territorios y escalas) (Brenner, 2010).

En los terrenos periféricos del Parque Central hay tanto propuestas de alta gama como dos torres de departamentos del Instituto Provincial de la Vivienda y una sindical. Como explica Silvana Bragagnini, directora de Planificación Urbanística del municipio: Estos terrenos, como los del ferrocarril, son una oportunidad para generar viviendas atractivas y recuperar población en la ciudad. Queremos atraer vecinos en lugar de expulsarlos, y no estamos hablando de estratos socio-económicos altos, planificamos una ciudad inclusiva y ‘vivible’, donde convivan distintas clases sociales. […] Es una tendencia en Dinamarca y otros países nórdicos el crear complejos residenciales que mezclen tipologías para que haya una convivencia de clases en los espacios verdes comunes y se evite la fragmentación social que promueven los barrios privados (Avanzini, 2013).

Aquí es donde entran en juego los codiciados terrenos libres que quedan alrededor del Parque Central (licitados a fines de 2011), lo que serán claves en el desarrollo de la zona como lo preveía el Master Plan de ECIPSA S.A. (2006) y lo confirma las actuales acciones municipales para el desarrollo urbano.

Esta política urbana está siendo desplegada como “reserva para la venta”; en las últimas décadas la ciudad está siendo configurada por el municipio en busca de una agenda de modernización rápida y de alta infraestructura y servicios. La ciudad, para ser un agente económico competitivo en la región, debe darle espacio en su centro a los servicios comerciales, culturales y turísticos, así como una imagen moderna y floreciente.

En este esquema, la pobreza interior de la ciudad -los asentamientos- son

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un gran obstáculo para este objetivo. Se requiere esta regeneración urbana para despejar del centro a los “indeseables” y permitirle al capital un libre dominio para crear espacios (de oficinas, servicios y viviendas de alta gama) y atraer sin trabas al capital global y al "tipo correcto de residente”.

Por primera vez contamos con una herramienta para la planificación, ordenamiento y desarrollo urbano que implica una visión de la Ciudad, con ejes estratégicos que apuntan a desarrollar áreas deprimidas, preservar zonas residenciales y evitar la emigración. Estadísticas demostraban, índices mediante, que la capital mendocina había perdido competitividad en el contexto provincial en cuanto al interés por construir de los inversores, y que al mismo tiempo perdía población estable en demanda de distintos servicios para después irse, lo que significaba que no tributaba en la Ciudad de Mendoza o lo hacía por muy poco tiempo, para finalmente abandonarla. Además señalaba que el 19% tenía más de 60 años, el 21% menos de 14, lo que indicaba que el 40% de la población era dependiente, impactando ello en la futura capacidad de tributación de la Ciudad. Todos indicadores que hablan a las claras de que, de no hacerse algo, la capital mendocina virtualmente se iría degradando como hábitat y la Ciudad, virtualmente, se tornaría inviable en términos humanos y financieros (Fayad, 2011).

La intervención estratégica municipal está inmersa en una retórica de regeneración socialmente orientada, donde la "radicación residencial" debe ser restaurada hacia el mercado. Aquí es el propio Estado el constructorfacilitador social de unidades de viviendas asequibles para una clase media, en un área con infraestructura de calidad, donde el valor de la tierra sube y se tranza en el mercado inmobiliario. Tan pronto la clase media y algún sector más popular acceda a las viviendas del Procrear, entrarán en el mercado inmobiliario y, en la medida que suban los precios de sus departamentos, evaluarán la opción y el beneficio del alquiler o la venta de la propiedad para sectores sociales exclusivos.

De este modo, como sucedió en algunos proyectos de renovación en ciudades europeas y latinoamericanas, sin la intervención estatal en el suelo urbano, toda la “ilusión danesa” de mixtura se desvanece en la medida en que el mercado les ofrezca a los residentes lo suficiente como

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para partir hacia otro lugar, una expulsión de los sectores medios y populares que no se advierte en la retórica municipal.

Históricamente, los procesos de renovación urbana han exigido siempre la intervención del Estado para superar el fraccionamiento del suelo privado y garantizar la escala rentable de las operaciones, para asumir los costos de las infraestructuras y acondicionamiento del suelo; y para actuar en torno a los conflictos sociales derivados de la destrucción del patrimonio y/o el desplazamiento de actividades y población. En este caso el municipio asume también un rol promotor urbano, lo que significa que el Estado se orienta por la lógica de sector privado, particularmente en cuanto a la rentabilidad del suelo.

Sin embargo, la evaluación del impacto del proyecto sobre los precios del suelo y el mercado inmobiliario, tanto dentro del área del proyecto como en los alrededores, aparece como una de las deudas pendientes así como la preocupación por la captura y redistribución de plusvalías que se generan en gran medida gracias a las acciones y gestión pública gubernamental (Reese, 2007).

Normativa urbanística: sustento legal para la regeneración En la concepción y diseño de los proyectos, el manejo del suelo es un componente fundamental, que antecede la ejecución de las obras y la venta de los inmuebles a los usuarios finales (Cuenya, 2011). El plan maestro de un gran proyecto es entonces un documento urbanístico que expresa una concepción físico-funcional de la ciudad, y es a la vez una ecuación económica que permite calcular la viabilidad y la rentabilidad de las operaciones urbanas que se van a llevar a cabo en ese lugar. Hacia 2006, la visionaria empresa ECIPSA S.A. realizó el plan maestro para el Parque Central que fue convalidado por el municipio. Este incluía la propuesta de desarrollo de los terrenos aledaños de propiedad municipal.

Según Cuenya (2011), el gobierno local tiene un rol estratégico en la producción de grandes proyectos urbanos. Sin ser el propietario del suelo, ni el poseedor de capital inmobiliario el municipio argentino dispone de un poder jurídico que le permite cristalizar la estructura espacial a través de normas administrativas que regulan los procesos de creación y uso de suelo urbano, así como de la ejecución de obras públicas. Estas

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actuaciones, a su turno, inciden en la valorización del suelo (plusvalías urbanas) que experimentan los terrenos reconfigurados como nuevos distritos de centralidad.

A lo largo de las gestiones del municipio de Mendoza desde el año 2000, se pudo observar que la legislación urbanística en su función de regular el territorio tuvo un recorrido que transitó el incumplimiento, las excepciones, las modificaciones y la propuesta de nuevas normas. Se señaló el estigma de la gestión de Cicchitti (2003-2007) por los beneficios que se generaron a favor de emprendimientos inmobiliarios vía excepciones, y Fayad (2008) demandaba en sus discursos la necesidad de renovar el código de edificación ante el boom de la construcción y las posibilidades reales de inversión en el área de los terrenos del ferrocarril y, de esta manera, poder incorporar liquidez para el municipio.

Concretamente, fue el municipio, a través de sus cuerpos políticos y técnicos, quién no sólo decidió el interés para la ciudad de la ejecución de estos proyectos urbanos, sino que también estableció las condiciones urbanísticas bajo las cuales se van a producir.

Es indudable que cuando se autoriza a que ciertas áreas (que figuran en el código urbano como distritos ferroviarios, como distritos transitorios sin uso definido o como áreas verdes) se reconviertan en nuevos espacios de centralidad pudiendo albergar torres residenciales, oficinas, centros comerciales, se viabiliza un proceso de valorización extraordinaria del suelo en dichas áreas (Cuenya, 2011).

De tal forma, todo plan de regeneración urbana exige un nuevo sustento legal y la voluntad política de conseguirlo, que en el caso de la ciudad de Mendoza se realizó a partir del reconocimiento de los sectores donde la normativa debía responder y estimular el tipo de densificación posible, ya sea por renovación, por construcción en lotes disponibles o por expansión (Bragagnini, 2009).

Aunque para fines del año 2011 el municipio lograba sancionar un nuevo Código de Edificación Urbana, sin embargo quedan aún por adaptar y modificar otras normativas para dar una mayor claridad a la inversión urbana. … continuaremos trabajando en la segunda etapa del Código.

En la primera, se apuntó a determinar los indicadores en cuanto a

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la morfología urbana, es decir, las alturas, perfiles y retiros de las construcciones. En la segunda, nos ocuparemos de la zonificación de la ciudad en función de los usos del suelo, adecuando los criterios a las dinámicas y transformaciones que se van produciendo, como las modalidades de actividades nuevas que no estaban contempladas en la normativa existente hasta el momento, preservando a la vez nuestro patrimonio histórico, cultural y ambiental (Fayad 2011b).

Los indicadores propuestos por la ordenanza nº 3.788 para la adecuación del Código de Edificación Urbana fueron analizados por profesionales del Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda (LAHVI-CONICET). Sus conclusiones fueron contundentes, las reformas al Código “tendrían como objetivo principal densificar el tejido urbano conservando los beneficios ambientales […] sin embargo la propuesta técnica no resulta coherente con estos objetivos y es cuestionables desde el punto de vista de la preservación de las bondades ambientales”, pues se observa “una desmesura de las alturas máximas permitidas en los nuevos edificios (24 niveles en Zona Central 3) que deteriora el paisaje urbano en su valor de homogeneidad morfológica” y “donde la motivación principal parece ser la mayor rentabilidad de los edificios de gran altura” (Arboit et al, 2010).

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Figura 14. Zonificación del área según Código de Edificación.

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Figura 15. Modelización de alturas máximas permitidas según Código de Edificación.

La legislación sobre el uso del suelo está directamente relacionada al patrón de rentas del suelo en un área urbana, en la medida en que es el mecanismo por medio del cual se asignan diversas actividades a diferentes espacios a través del mercado del suelo (Smith, 2012:146).

Figura 16. Tabla con valores de la propuesta alternativa del LAHVI-CONICET. 80 Urbanismo neoliberal y conflictos urbanos en Mendoza

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Actualmente están en discusión las modificaciones para adaptar la ordenanza municipal nº 3211-94 de usos del suelo a los efectos del plan urbano mencionado. Asimismo, la tarea de adecuación del Código de Edificación Urbana se completará con la revisión de la Zonificación por Uso de la Ciudad, una incorporación de normativa que estimule la construcción y la densificación (Bragagnini, 2009).

En el proceso de regeneración urbana de la “Tercera Fundación” de la Ciudad de Mendoza, el municipio es un poderoso agente estatal que tiene una incidencia decisiva en el mercado del suelo urbano, verificando algunas de las líneas fundamentales que Jaramillo (2009) destaca en el modo de producción urbana neoliberal.

La primera vía mediante la cual el Estado incide en el mercado de la tierra de la ciudad es la reglamentación urbana, principalmente el efecto que tienen en los precios del suelo las regulaciones más importantes de la planificación urbana: las normas sobre los usos del suelo urbano y las densidades constructivas. Aquí, el recorrido del municipio fue de las excepciones y modificaciones a las ordenanzas vigentes para proyectos inmobiliarios hasta un nuevo código de edificación y el proyecto de una nueva ordenanza de uso del suelo.

Una segunda vía es la acción del Estado como proveedor de infraestructura, mediante la cual se incide en los precios del suelo. Gran parte de inversión pública ha sido diferenciada y se ha concentrado en el área de estudio, promoviendo un desarrollo desigual en el ejido. Parte de esto se constata en la concreción y promoción del Parque Central, el complejo Nave Cultural, el Centro Cultural de la UNCuyo, la Catedral Provincial, Vinópolis, y la gestión para la radicación de centros comerciales e hipermercados.

La tercer vía es la calidad del Estado como agente inmobiliario, tanto como propietario de tierras como productor de espacio construido. Esto último ha quedado reflejado en la participación (asociación) en los Proyectos Mendoza Madero y en el Master Plan Parque Central.

Un punto destacado que lo sitúa como protagonista en la regeneración urbana como una reestructuración espacial económica a través de la reinversión en espacios desinvertidos, es la adquisición y posterior venta de terrenos del ferrocarril. Un modo que le permitirá orientar el futuro desarrollo de la zona. Por último, el desarrollo urbano ProCreAr no sólo expulsará a los habitantes de los asentamientos localizados en los terrenos

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del ferrocarril, sino que lanzará al mercado una gran cantidad de bienes inmuebles (más de 1.000) financiados por el Estado Nacional en un área de gran centralidad que, sin ninguna regulación, no podrá mantener la promocionada mixtura y probablemente se convierta en un área elitizada.

De este modo, a través su accionar público en el espacio urbano, quedan legibles los esfuerzos del municipio de Ciudad de Mendoza por insertar a la ciudad en el sistema capitalista global en cuanto a la reestructuración económica, desarrollo espacial desigual y condiciones globales de competencia.

3.4. Luchas sociales en torno a los terrenos del ferrocarril Mariana Raffani Desde que el Ferrocarril de pasajeros dejó de operar, la Estación Central de la Ciudad de Mendoza y parte de los terrenos abandonados en que ésta se ubica mantienen diversos usos y son fuente de disputas de sectores motivados por dispares intereses.

Uno de los usos dados a estas tierras, es el de residencia de numerosas familias de sectores populares que utilizaron las instalaciones edilicias de la Ex Estación como galpones, cocheras, etc., formando los asentamientos habitacionales Costa Esperanza, Malargüe y Escorihuela en el centro de la ciudad. De los mismos, localizados a un lado y otro de la calle Suipacha, el primero fue relocalizado y los otros que actualmente permanecen se encuentran en proceso de relocalización (UNO, 11-06-2013).

El asentamiento Costa Esperanza, constituido por familias que provenían de distintos puntos del AMM buscando mejores condiciones de vida, durante más de 15 años permaneció en los terrenos de las calles Perú y Suipacha. Según consta en Legajo Costa Esperanza, expediente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), las primeras familias que lo empezaron a poblar llegaron en 1988 y a mediados de los noventa el asentamiento llegó a albergar alrededor de noventa familias, cantidad que luego, debido a la no respuesta en materia de vivienda, fue descendiendo espontáneamente. El mismo documento revela que con el objetivo de emprender acciones tendientes a resolver el déficit habitacional, en 1997 esta población crea la primera Comisión de Vecinos y en 1999 inician la

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tramitación de la Personería Jurídica de la Unión Vecinal Costa Esperanza, entidad que quedó formalmente reconocida en el año 2000 (Personería Jurídica Nº 232) con el fin de emprender acciones en pos del asentamiento.

Lejos de brindar una respuesta habitacional y de integrar a los habitantes de este asentamiento a los servicios brindados a los vecinos de la ciudad, durante estos años el Estado se limitó a realizar acciones focalizadas en torno a esta población. El agua potable era surtida por camiones municipales a tachos ubicados en cada habitación. En cuanto a la educación, desde el año 1999 funcionó en la sede de la Unión Vecinal una escuela de alfabetización. Respecto al servicio de salud concurría semanalmente al lugar un agente sanitario enviado desde el Centro de Salud Nº 2 San Antonio de la Cuarta Sección, donde asistía la mayoría de los vecinos del asentamiento para su atención médica, así como al Centro de Salud del Barrio San Martín. El municipio de Mendoza entregaba así mismo desde el año 2001 un refuerzo nutricional a todos los menores de 5 años y esporádicamente entregaba a los ancianos un bolsón de mercadería (Legajo Costa Esperanza, Gerencia de Gestión Social, IPV).

La erradicación y relocalización de este asentamiento en el departamento de Guaymallén del Gran Mendoza se aprobó en el año 2005, posterior a la firma del convenio del 11 de agosto del 2005 entre el ONABE, la Ciudad de Mendoza y la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A (CAPM)., convenio por el cual CAPM se haría cargo de realizar un Plan Maestro de Desarrollo Urbano sobre los terrenos e instalaciones del ferrocarril. Desde mediados del 2006 hasta el año 2007 se realizó la intervención por la que los vecinos de Costa Esperanza fueron desalojados.

El IPV junto con los municipios involucrados, decidieron desconcentrar el número de familias a relocalizar formando grupos reducidos que obtuvieron diversos destinos socio-espaciales: el Barrio km. 11, Capilla del Rosario II, Belgrano II y Barrio Dos Costas de Guaymallén. Esta metodología de división beneficiaba –aludiendo a Insa (2010)- la “mezcla social” dando justificación a incontable valoraciones negativas en torno a los habitantes del Costa Esperanza. Este hecho tuvo fuertes repercusiones mediáticas de carácter discriminatorio por parte de los vecinos aledaños al asentamiento así como de los vecinos del nuevo lugar de localización en Guaymallén (Lentini, 2008), cuyas implicancias llevaron a ser partícipe del conflicto a la justicia provincial (Los Andes, 29-03-2006).

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Actualmente, los asentamientos que aún permanecen en los terrenos del ferrocarril y se encuentran en proceso de erradicación son: - el Malargüe, constituido en su mayoría por ex ferroviarios o familiares directos que ocupan las casas ferroviarias, incluso algunas personas trabajan en la empresa ALL, y; - el Escorihuela, que surge a mediados del 2007 y reunía a 49 familias, durante el año en el que finalizaba la erradicación del ex asentamiento Costa Esperanza (Insa, 2010).

El asentamiento Malargüe, de aproximadamente 20 familias, no cuenta con cloacas, agua ni gas. “Lo único que consiguieron [haciendo referencia a quienes lo forman] fue que EDEMSA instalara un medidor en el lugar para tener energía eléctrica, aunque también pagan el ítem ‘alumbrado público’ pese a que no cuentan con farolas” (Los Andes, 29-03-2006).

Aún el destino posible de sus habitantes es incierto. En cuanto al mejoramiento de la situación habitacional de este asentamiento, sus habitantes solicitan ser radicados en el mismo lugar que durante años han vivido, haciéndose cargo del costo del terreno y luego del arreglo de las viviendas. A partir de la aparición del Plan Federal les ofrecieron incluirlos en alguna operatoria de erradicación de villas, opción que no los conforma por su arraigo en la zona y sus fuentes laborales (Los Andes, 29-03-2006).

En el caso del asentamiento Escorihuela, sus habitantes tampoco cuentan con agua potable y se abastecen con una manguera para todas las familias, al igual que con la electricidad, que proviene para todos del mismo cable (El Sol Online, 03-05-2010). Desde fines del año 2012 se encuentra en proceso de erradicación a partir del anuncio del IPV de la firma del boleto de compra de un predio de 2,7 has., ubicado detrás del Cerro de la Gloria, donde serán construidas las casas para los vecinos del asentamiento Escorihuela.

Según manifestaba el titular del IPV, Omar Parisi, el valor tentativo que los vecinos del Escorihuela deberán pagar por “una casa tipo del IPV, con los servicios y la infraestructura básica (cordón, cuneta y banquina), es de aproximadamente $260.000”. El funcionario añadió al respecto: “lo que hacemos es fijar la cuota en 40% de los ingresos y estudiar caso por caso […] nos encontraremos con gente que tiene trabajo y otra que no lo posee. Nuestro esfuerzo, […] es liberar un terreno de altísimo valor inmobiliario" (Los Andes, 21-12-2012).

De este modo, al mismo tiempo que se anunciaba una solución

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habitacional para erradicar el asentamiento Escorihuela en el pedemonte capitalino, se oficializaba la construcción de 1,000 viviendas para clase media-alta en el predio ocupado por este asentamiento a través del programa nacional PROCREAR como respuesta al déficit habitacional. Una respuesta que paradójicamente no incluye a quienes por años residieron en el lugar de manera precaria, y que serán desalojados y relocalizados en los márgenes de la ciudad.

Por otro lado, ante el avance de nuevos proyectos de privatización, principalmente ante los convenios firmados con la Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. para realizar una reurbanización de estos terrenos con emprendimientos inmobiliarios y comerciales, algunos colectivos reivindicaron la defensa de estos terrenos públicos. Los trabajadores ferroviarios, organizados a través de sus respectivos sindicatos (La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y APEDEFA), tuvieron una activa participación en defensa del espacio público y, principalmente, de sus puestos de trabajo en la empresa privada ALL. Por otra parte, las Organizaciones Sociales Autoconvocadas (OSA) que mantenían una articulación en red desde el 2005, buscaron ejercer una presión ciudadana sobre el accionar hermético del municipio en su asociación con la CAPM para el desarrollo privado de los terrenos del ferrocarril y demandaron la conservación del carácter público y patrimonial de los terrenos. Finalmente, el colectivo político-cultural Casa Amérika que desde el año 2006 “okupó” la Estación para realizar actividades artísticas con la política de recuperar y defender el espacio público.

La no privatización del espacio público fue la premisa que aunaba hacia mediados del 2007 a estos grupos y ponía en la agenda política el debate sobre los terrenos del ferrocarril (Marsonet & Salomone, 2011), situación que sucedía no sólo en nuestra área de estudio, sino alrededor de numerosos ramales ferroviarios privatizados o abandonados del país.

Los puntos expresados en las primeras reuniones de los colectivos se sintetizaban en: -No al uso privado de tierra pública.

-Planeamiento y gestión participativos sobre los destinos de estos terrenos.

-Prioridad de actividades que sean de interés de toda la provincia.

-Registro público de proyectos e ideas y de organizaciones y personas interesadas.

-Rescate del patrimonio histórico cultural del ferrocarril en Mendoza.

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Los objetivos propuestos como plan de acción por estas organizaciones fueron: denunciar la situación divulgando información, realizar actividades para promover la adhesión de la ciudadanía y persuadir a las autoridades responsables y al resto de la población (Salomone 2012).

A lo largo de aproximadamente un año, las instancias de organización y coordinación de la lucha se fueron definiendo en reuniones semanales y actividades compartidas tales como eventos culturales, actos conmemorativos, cortes de calles, reuniones con funcionarios públicos, panfleteadas, audiencias públicas.

Para abril de 2008, a partir de los rumores acerca de que el convenio con Puerto Madero se haría efectivo en los próximos días, los colectivos ferroviarios, OSA y Casa Amerika deciden realizar el 12 de abril un corte en la intersección de Avda. Juan B. Justo y calle Belgrano, siendo esta la última actividad llevada a cabo en forma conjunta. A partir de ese momento comienza la dispersión de los colectivos y la disolución de la principal instancia de coordinación semanal (Ibidem:68).

El colectivo Casa Amerika que mantenía en la Estación Central una propuesta cultural y recreativa finalmente fue desalojado y los trabajadores ferroviarios continuaron solos en defensa de sus puestos de trabajo y de los terrenos. De este modo, en septiembre de 2008, un nuevo conflicto con la municipalidad (por la apertura de la calle Godoy Cruz a través del predio de la Estación) encontró a los ferroviarios realizando un corte de calle.

Hacia mediados de 2008 se inició un conflicto entre ferroviarios y Ciudad de Mendoza por la decisión del intendente de unir las calles Godoy Cruz y Roque Saenz Peña para descongestionar el tráfico y mejorar la circulación en la conexión este-oeste. Los trabajadores ferroviarios pusieron el cuerpo a las topadoras, alegando que el proyecto representa un perjuicio para el desarrollo de sus tareas, pues la apertura de la calle Godoy Cruz atravesaría por el medio los talleres mecánicos.

La defensa de los terrenos del ferrocarril junto a la llegada el Metrotranvía Urbano y la refuncionalización de la trama ferroviaria desgastaron y agotaron el proyecto urbanístico Mendoza Madero. Durante estos años, la municipalidad intentó negociar con los ferroviarios sin obtener mayores resultados, por lo que apostó a gestionar un permiso judicial para llevar adelante la obra. Sin embargo, al día de hoy las obras para la apertura de la calle Godoy Cruz no han comenzado.

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Otras voces: los sujetos del desalojo María José Navarrete

Los terrenos del ex Ferrocarril General San Martín han sido una opción para familias sin acceso a la vivienda. En los alrededores de las calles Perú y Suipacha se han desarrollado tres asentamientos: Costa Esperanza, Escorihuela y Malargüe (estos dos últimos más hacia el norte).

El primero fue relocalizado hace unos años atrás al departamento de Guaymallén, la relocalización fue conflictiva debido a la negativa de los vecinos de Guaymallén a recibir a estos nuevos vecinos y de algunos de los pobladores del Costa Esperanza a dejar su lugar de residencia, aun así el Costa Esperanza finalmente fue relocalizado. Actualmente permanecen en la zona los asentamientos Escorihuela y Malargüe.

Al ingresar al asentamiento Escorihuela llama inmediatamente la atención los fuertes contrastes entre las condiciones de vida en el asentamiento y las características del entorno urbano próximo. El ingreso a los asentamientos se realiza por una calle de tierra muy estrecha, la calle conduce al conjunto de viviendas localizadas en el corazón de la manzana, las viviendas están distribuidas a lo largo de las vías del ferrocarril, separadas entre sí por calles también muy estrechas. La trama de los lotes es irregular.

En todo el asentamiento las condiciones habitacionales son muy precarias. Algunas de las viviendas ocupan antiguas oficinas del tren, por lo cual el estado edilicio es de avanzado deterioro y las refacciones se realizan con los materiales disponibles en el momento. Otras viviendas han sido construidas con materiales como chapas, nylons, palos, etc. La provisión de los servicios básicos luz, gas, agua es irregular, por lo cual continuamente los vecinos tienen cortes o distintos tipos de problemas.

Además en el corazón de la manzana circula un tren de carga y están localizadas las antiguas fosas de los talleres mecánicos del ferrocarril, lo cual implica un verdadero riesgo para las familias que habitan, sobre todo para los niños. En donde están ubicadas las viviendas no hay iluminación, ni veredas, ni trazado de calles, ni arbolado de ningún tipo, en los espacios comunes se acumula la basura, los baches llenos

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de agua sucia, también hay muchos perros abandonados con enfermedades visibles que circulan por la zona.

Todo esto conforma un escenario donde las condiciones habitacionales, urbanísticas, de servicios y ambientales son pésimas para toda la población del Escorihuela. Las condiciones de vida en el asentamiento no son visibles desde afuera de la manzana, están ocultas para quienes circulan por la zona.

El asentamiento está próximo a zonas residenciales y comerciales de alto valor urbanístico para el departamento de Capital (6ta sección, 4ta sección oeste, 1ra sección). Apenas se cruzan las calles que separan el asentamiento de los barrios aledaños, el entorno urbano cambia significativamente: todas las calles asfaltadas, iluminación, arbolado, veredas, cunetas, mucho tránsito de distintas líneas de colectivo, personas, automóviles y un importante parque.

Este contraste es fuertemente percibido por los habitantes del asentamiento. Éstos destacan por un lado, importantes emociones negativas por vivir en esas condiciones y por otro lado, valoran mucho la comodidad de vivir en esa zona por las posibilidades de acceso que brinda al conjunto de bienes y servicios urbanos. Si bien destacan como negativo que la zona es cara para sus ingresos.

“La verdad que esto ya me hace mal, me está confundiendo, me está matando vivir acá... me hace mal estar acá, me hace mal... por eso necesito... me doy cuenta que me está haciendo mal y es porque estoy mucho tiempo acá encerrada […] Mira... vos estas acá...yo vivo acá... a una cuadra tengo el noventa dos, noventa y cuatro... noventa y dos y que van al Municipal, Barrio Infanta, shopping, Notti... pasan por ahí... una cuadra más arriba... eso es una cuadra... una cuadra más arriba tenés el que vas al Lagomaggiore, cincuenta, el ocho, el siete... qué bueno, van para el Barrio Infanta... porque de los que vienen bajan todos para el centro y van para la Casa de Gobierno y van para el Notti... bajas acá a la calle Perú, que no es ni una cuadra, porque vos viste lo que es... ahí tenés el ochenta y dos, ochenta y tres, ochenta y siete, que vienen del Municipal hacia el centro... tenés todas las posibilidades de ir en micro... tenés el centro ¡A dos pasos! tenés el supermercado, el Vea ¡A un paso! tenés el Átomo a un paso, el Leal a un paso, las verdulerías todas cerca... acá lo único, el único problema

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que tenés es que los negocios son muy caros, los negocios, las verdulerías son caras... eso es re caro” (Carmen, Escorihuela).

Además de la situación de exclusión y vulnerabilidad por sus condiciones materiales, esta población es objeto de discriminaciones y estigmatizaciones constantes en los medios periodísticos locales con notas sobre hechos de inseguridad, enfermedades, etc. que tienen siempre como origen la existencia de estos asentamientos. Esto agrava aún más su situación de exclusión.

“Si querés pedir algo tenés que luchar contra un montón de cosas ¿Por qué? Porque ya simplemente vivís en una villa, y ya te tratan de otra manera… yo creo que en todos lados es así, por más que vivas en un barrio común, delincuencia también está, en todos lados y acá también hay... yo creo que en todos lados hay, pero que pasa, se lo imaginan más porque es una villa, estamos más marginados” (Sara, Escorihuela).

“Se juntaron los vecinos de la parte de la calle Perú, por el tema de la inseguridad en la calle Perú, se juntaron los vecinos de la calle Perú... y pusieron la garita... […] yo llegaba del hospital... al ser secretaria de la Unión Vecinal, me llamaba el Víctor y me decía 'mirá, están haciendo una junta porque se han juntado todos los vecinos' y a mí me había dado... ¿Sabes por qué me dio bronca? Porque yo ya sabía que las cosas ya se habían calmado acá en el asentamiento y sabia que no era gente de acá, porque uno vive acá constantemente... estaba con un tema muy delicado que estaba al borde la muerte mi sobrina y no me importaba nada... ¿Pedís una garita? […] Entonces ese día yo me vine re embroncada porque estaban pidiendo por el tema de inseguridad y a mí se me estaba muriendo mi sobrina ¿Me entendés? […] A la gente la viven bardeando los milicos porque cuando vienen acá... encima acá, la policía no nos quiere a nosotros y nosotros... tienen todos un carácter sumamente podrido y se arma la batahola ¿Entendés?” (Carmen, Escorihuela).

Está planificado para el asentamiento Escorihuela la relocalización en la zona de La Favorita. Esta situación genera por un lado, el deseo de irse para dejar atrás las condiciones habitacionales en el asentamiento y acceder a la casa propia, y por otro lado, una disconformidad con la nueva zona a la que perciben como alejada e incluso peligrosa.

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“Como yo digo ahora... que nosotros acá tenemos que estar más unidos ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ir para La Favorita... nosotros vamos a ser... nosotros somos de acá, nosotros nos conocemos acá, en esta zona […] nosotros nos vamos a ir a encontrar con otra nueva gente ¿Entendés? Entonces uno tiene que estar preparado porque no es que te vas a ir a vivir al barrio nuevo [risas] el barrio nuevo, está rodeado de otros barrios... y que lamentablemente, sino te conocen y si se hacen los locos […] nos quieren matar... la gente de La Favorita no quieren que vayamos nosotros […] Es la pura realidad... que no quieren que vayamos nosotros” (Carmen, Escorihuela).

“A mí, bueno, mucho la zona no me gusta.... pero me voy, si es una casa, me voy igual... No me gusta... no sé... nunca me gustó... es... pero bueno [interviene una vecina que le esta tiñiendo el pelo] Porque roban, porque no es lo mismo que estar acá… [María] Sí, es diferente… mirá... acá estamos en la ciudad, mirá, vos salís y caminás y ya tenés el centro a tres, cuatro cuadras... y allá son mansos, aparte es más peligroso igual por allá... todos van, vos viste... No me convence mucho, pero bueno... he vivido en tantos lados” (María, Escorihuela).

Analizando las condiciones de vida y el futuro proyectado para la población del Escorihuela, podemos decir que es significativo el rol del estado en la producción de la ciudad. En primer lugar, destaca el total abandono hacia las familias asentadas en los terrenos del ex Ferrocarril, no se registra ninguna obra ni acción por parte del Estado que implique una mejora en sus condiciones actuales de vida, por el contrario, la vinculación más cercana al Estado es a través de la constante intervención policial, realizando allanamientos y colocando en la salida del asentamiento una garita de seguridad. Además, al planificarse la relocalización en la periferia mediante un emprendimiento de vivienda social, el Estado interviene generando tensiones entre el acceso a la vivienda y la posibilidad para los sectores populares de vivir en la centralidad, lo cual les permite acceder más fácilmente al conjunto de bienes y servicios urbanos.

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4. GENTRIFICACIÓN Y DESALOJOS Vs RENOVACIÓN URBANA Y EMBELLECIMIENTO ¿UNA CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN? Conclusiones alrededor del fenómeno de gentrificación emergente y de la visión de ciudad que proponen desde el Estado municipal.

Rodolfo Morgani y Pablo Rizzo

4.1. Renovación urbana y gentrificación Como manifiesta Neil Smith (2011), en el mundo se viene realizando un desarrollo desigual a escala urbana que implica por un lado una igualación, es decir que se den las mismas condiciones de ganancia para expandir el capital por todo el mundo. Así, cada vez más los gobiernos de las metrópolis y las ciudades intermedias buscan estrategias para atraer las inversiones extranjeras. Y, por otro lado, una diferenciación geográfica, porque el capital elije donde invertir, e irá buscando en qué parte de la ciudad se da la máxima oportunidad para construir.

Como consecuencia de ello, las ciudades quedan diferenciadas social y espacialmente creando la denominada dualización de la ciudad. Aquí contrastan “islas de fortunas” con áreas de bolsones de pobreza. En Mendoza, esta división social y espacial de las zonas urbanas se incrementó como resultado de las políticas neoliberales urbanas aplicadas en los últimos tiempos que repercutieron en la estructura espacial de las ciudades, donde estos bolsones de pobreza fueron el refugio de aquellos trabajadores que quedaron fuera de los requerimientos de la economía neoliberal formal.

En este contexto, la gentrificación se convierte en parte de la reestructuración espacial a escala urbana. Hacia el interior de las ciudades se produce una diferenciación geográfica entre los diversos usos del suelo, a través de la renta del suelo.

Cuando las zonas urbanas centrales están deprimidas y/o vacantes, los capitales que no pueden invertirse en otras actividades advierten una

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potencial mejora de un área urbana, y el Estado realiza inversiones y cambios de normativas para que estas áreas permitan usos del suelo más rentables, se está frente a una reestructuración urbana que implica cambios espaciales y sociales.

En la zona de los terrenos del ferrocarril esta reestructuración se está llevando a cabo. El municipio de Ciudad de Mendoza viene implementando una serie de estrategias de intervención urbana como adaptación a las nuevas dinámicas urbanas, entre las que incluye la renovación y refuncionalización de ciertas áreas del ejido municipal y la creación de nuevas centralidades (Bragagnini, 2009).

Brunet (1993) plantea la renovación urbana como una transformación de la apariencia y de la estructura de un área urbana. Renovar el área urbana conlleva una reestructuración de la dinámica del distrito y su acceso, fomenta una especulación inmobiliaria y afecta a la población que la habita, principalmente a los sectores más vulnerables.

Aunque en el mundo, la renovación urbana desde la posguerra hasta la década de 1970 buscaba una reforma general de los centros de muchas ciudades e impulsó a muchos sectores de la economía urbana en el proceso, estaba estrictamente planificada y económicamente limitada por el hecho de que dependía totalmente de la financiación pública, y por lo tanto, tenía que dirigirse a temas de necesidad social como la vivienda social.

Desde mediados de los años noventa, la participación del gobierno de la ciudad de Mendoza sigue de manera más explícita las normas del mercado. En lugar de ser el fundamento político el que anime la economía, hoy se encuentra totalmente supeditado al económico. Así, las políticas urbanas aspiran a encajar en los mecanismos establecidos para poder sacarles provecho directamente o mediante impuestos (Smith, 2008).

Por este motivo, preferimos referirnos a esta reestructuración espacial como una política de regeneración urbana (Hall, 2005), un término actual y amplio que incluye en su definición el espectro de intervenciones públicas y/o privadas en áreas urbanas interiores a través de reinversión en espacios desinvertidos. Como la distribución y la naturaleza del uso del suelo en el centro urbano son fundamentales para esta reestructuración, los Estados organizan sus mecanismos de gobernabilidad y enfoques políticos para coordinar el desarrollo urbano con fines competitivos. Detrás de estas políticas de regeneración e intervenciones estratégicas en sus diversas

4. Gentrificación y desalojos vs renovación urbana y embellecimiento…

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versiones (Recuperación, Revitalización, Redensificación, Remodelación, Reciclaje, Rehabilitación, Renovación y Refuncionalización) subyace la ideología neoliberal, que en términos generales "privilegia la lógica unitaria del mercado” (Peck & Tickell, 2002:387).

Así, las primeras versiones de ciudad empresarial en Mendoza se han transformado en un vehículo para encauzar la inversión del capital en ciertos entornos urbanos; donde las asociaciones y negociaciones público-privado para grandes proyectos urbanos, relativamente nuevas en el mundo a finales de los años setenta, siguen rondando en el desarrollo urbano local.

Este plan de regeneración del área a partir de los terrenos desinvertidos del ferrocarril tiene su gestación hace más de una década atrás. ¿Cuáles son los discursos que respaldan la “Tercera fundación de la ciudad”? ¿Cómo es la estrategia construida e implementada? ¿Cuáles son los resultados, y a quiénes beneficia?

Tras el objetivo de la densificación del área urbana se observa que la política urbana está siendo desplegada como “reserva para la venta”.

El Municipio participa activamente, pues luego de adquirir los terrenos desinvertidos del ferrocarril, negocia su venta y de este modo selecciona los próximos inversores en el área, buscando dotarla de nuevos servicios y equipamientos pero además haciendo crecer el valor del suelo. Reconoce los “vacíos urbanos como áreas de oportunidad proyectual para nuevas propuestas que representen una intención de revertir tendencias problemáticas pero que a la vez expresen un lenguaje contemporáneo” (Braganini 2009). De esta forma, el Estado coordina el agrupamiento del suelo para el desarrollo del mercado privado.

Aunque esto puede sonar bien, asumiendo la planificación y la responsabilidad del bien común del Estado, la realidad no muestra claridad en la redistribución de las ganancias, para localizar in situ la población de asentamientos informales o invertir en otros distritos de la Ciudad, en donde las condiciones de vida son mucho menos favorables.

De este modo, el desplazamiento de los antiguos residentes es una de las principales consecuencias sociales tanto de los proyectos públicos de renovación como de los del "libre mercado". En este caso, los grandes perdedores son aquellas familias castigadas por las políticas neoliberales comenzadas en los años 90, quienes buscaron sostener sus vidas en

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asentamientos emplazados en los terrenos privatizados y abandonados del ferrocarril.

La mala calidad de vida de estos sectores, la estigmatización de los discursos higienistas y de seguridad, su frágil posición socioeconómica, los ha llevado a negociar el desalojo y soluciones habitacionales en otras áreas. Pues, la pobreza interior de la ciudad es un gran obstáculo para este tipo de desarrollo urbano. Se requiere de la regeneración para despejar el centro de la ciudad de pobres y permitir al capital crear espacios de servicios, equipamiento y vivienda para atraer sin trabas al capital global y al "tipo correcto de residente” capaz de solventar los precios del suelo para vivir allí.

En la medida que aumenta el precio del suelo en el área, podemos pensar en otro tipo de desplazamiento sin desalojo: aquellos inquilinos que ven subir sus alquileres y deben buscar alternativas más accesibles en otras áreas.

Como vemos, muchos de los efectos de las decisiones de un cambio urbano imponen externalidades negativas. Estas externalidades pocas veces son previstas en el sentido de que su extensión e impacto no están predeterminados por un organismo público.

Algunos de los ganadores de los procesos de regeneración son quienes vieron aumentar el precio de sus terrenos y propiedades gracias a la inversión realizada por el Estado. En los procesos de intervención estatal, muchas veces se da un comportamiento de especulación u oportunismo, según el cual los propietarios se abstienen de cualquier iniciativa activa pero se benefician de las intervenciones de terceros.

Por ejemplo, una vez que un área urbana está abandonada y degradada, como lo estuvieron los terrenos del ferrocarril, algunos propietarios (de modo muy racional en términos de costos y beneficios individuales) pueden elegir no hacer nada frente a la degradación de su propiedad, esperando que alguien más realice mejoras de las que ellos, como propietarios, obtendrán beneficios. En la mayoría de los casos, sucede que el desarrollo privado se aplaza tan indefinidamente como a sus propietarios les sea posible esperar las ganancias extraordinarias, ganancias que en la práctica tienen poca probabilidad de aparecer a menos que sean anunciados planes de inversión, densificación o regeneración por parte del gobierno.

Pero ¿quiénes dejarían que su propiedad se degrade? Esto merece

4. Gentrificación y desalojos vs renovación urbana y embellecimiento…

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una aclaración, ya quienes poseen la propiedad como valor de uso, por ejemplo una familia que posee una casa para vivir, es poco probable que la deje degradar porque es parte de su vida y de la necesidad básica cotidiana. Distinto es el caso de quienes tienen posibilidades de especular, como promotores inmobiliarios o desarrolladores urbanos, pues utilizan la propiedad como valor de cambio que se transa en el mercado inmobiliario, y cuya degradación y espera de la inversión pública para su beneficio es proporcional a la capacidad económica de sostenerse o aguantar.

Así, el Estado extiende servicios que costean todos sus habitantes y que incrementa el valor del suelo y de las propiedades en un solo sector.

De este modo, en muchas áreas degradadas muchos desarrolladores especulan o esperan a que el Estado realice alguna intervención que le valorice su propiedad. En el caso de aquellas tierras que esperan ser valorizadas por la acción del Estado, sin invertir un peso; y una vez valorizadas se venden (incluso al mismo Estado, por ejemplo para hacer un barrio) son comúnmente denominadas “terrenos en engorde”.

Obviamente, este mecanismo es finamente trabajado por quienes detentan la posibilidad económica de vender cuando el terreno se valoriza por la acción estatal e invertir nuevamente en terrenos a la espera de que el Estado realice una inversión, un plan de renovación o promulgue un cambio del uso de suelo que los beneficie. Así, la acción del Estado beneficia a sólo un sector, a no ser que exista una norma que regule y prevea contribuciones por las mejoras realizadas, capturando parte del beneficio por la inversión.

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Urbanismo neoliberal y conflictos urbanos en Mendoza

La intervención urbana sobre los terrenos del ferrocarril, entre el derecho a habitar y los negocios inmobiliarios Mauricio Daniel Vázquez

Entrevista a la Directora de Planificación Urbanística Arq. Silvana Bragagnini En el mes de septiembre de 2013 la Arq. Silvana Bragagnini, Directora de Planificación Urbanística de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, fue consultada sobre el rol que ha tenido el municipio en el crecimiento urbano e inmobiliario que ha sufrido el área vinculada a los terrenos del ferrocarril.

Si bien las expectativas de obtener datos oficiales específicos sobre inversión pública y venta de terrenos municipales se vio frustrada por la resistencia y demoras que ejercen las oficinas del municipio, el diálogo mantenido con la arquitecta nos permitió acceder, en la voz de una funcionaria clave en la gestión actual, al relato que el municipio realiza sobre su propio accionar. En este sentido, nos limitaremos a presentar algunos apuntes y comentarios sobre los aspectos más relevantes de la retórica oficial que puede rastrearse en la entrevista con el soporte de algunos artículos de revistas especializadas donde la misma funcionaria ha sido consultada.

Indudablemente la zona en cuestión, hoy conocida como la zona del “parque central” posee una relevancia enorme para el municipio, es ahí donde más fuertemente se ha intervenido en comparación con otras áreas de la ciudad. Se trata nada más y nada menos que de una apuesta a la emergencia de una nuevo polo urbano, una nueva centralidad y que, por efecto de contagio, transformará profundamente al conjunto de la Ciudad de Mendoza. En términos del intendente municipal Victor Fayad, estaríamos ante la tercera refundación de la ciudad.

Pero ¿qué tipo de ciudad es la que se desea construir? ¿Con que visión planifica los cambios el municipio? La retórica discursiva oficial entusiasma: “La visión de la ciudad, de esta gestión política, es la visión de una ciudad inclusiva, compacta, habitada, pensada, con desarrollo y

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crecimiento, moderna, es decir, que se adapte a las demandas de la vida contemporánea, que fuera habitada, que no se convirtiera en un mero centro de servicios del área metropolitana, sino que fuera una ciudad "habitada", que tuviera habitantes. Porque las ciudades que están habitadas, son ciudades que están vivas las 24 horas del día, y los 7 días de la semana …y sobre todo: inclusiva”.

El “plan de ordenamiento y desarrollo urbano de la ciudad” de la actual gestión se enmarcaría en esta visión la cual viene orientando las principales intervenciones urbanas sobre nuestra área de estudio.

Intervenciones que ha tenido, por supuesto, diferentes etapas. El origen de esta gran transformación se rastrea a los tiempos en que el municipio decide responder a una serie de tendencias demográficas y urbanas por demás alarmantes. Nuestra funcionaria Silvana Bragagnini lo resume así: “Trabajamos en un diagnóstico, y una de las problemáticas que se identificaron en el diagnóstico fue la pérdida de población. O sea, Mendoza había empezado a perder población y la municipalidad decidió trabajar fuertemente en la recuperación de la población.”

Este problema tiene que ver con un fenómeno que no sólo aqueja a nuestra ciudad, si no que se trata de un fenómeno global vinculado al crecimiento de la ciudad por expansión difusa y el proceso de suburbanización de las clases altas, fenómeno del cual el municipio no dejó de tomar nota: “Los sectores de mayores ingresos se trasladan a la periferia extrema de los centros urbanos, ocupando suelo de valor agrícola con modelos de ocupación disperso, pero cerrados para el uso exclusivo de sus habitantes, acentuando los fenómenos de suburbanización y fragmentación territorial. A su vez, las urbanizaciones cerradas producen la localización inmediata de productos vinculados a diversos tipos de servicios y esparcimientos necesarios para la comunidad residente, que impactan adicionalmente en el modelo de desarrollo territorial, exigiendo extensión de infraestructura vial, servicios, espacio para estacionamiento, etc. […] Inversamente, las áreas centrales sufren un proceso de deterioro como consecuencia de la pérdida de población residente, deficiente conservación de la edificación y ausencia de políticas orientadas a promover la renovación o sustitución edilicia […] por otra parte, la pérdida de la población residente trae como conse-

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Urbanismo neoliberal y conflictos urbanos en Mendoza

cuencia la sustitución de la función residencial por usos diferentes al de la vivienda, alterando al funcionamiento físico, social y económico de la ciudad.”

Ante esta situación, el municipio contaba con grandes vacíos urbanos: terrenos que quedaron disponibles a partir de la reconversión del ferrocarril en los años 90 y que posteriormente fueron cedidos por la Nación a la Ciudad de Mendoza. Ahí empezaría activamente un plan de desarrollo para la zona con el proyecto del Parque Central: “Entonces el municipio como primera medida, se plantea llamar a concurso para hacer el Parque Central, que fue un concurso de arquitectura. Y se construyó este espacio público como un generador de espacio verde, espacio recreativo, en una zona donde ya se veía que ya se estaba empezando a desarrollar vivienda de alta densidad, por tanto, alta concentración de habitantes, casi todos en edificios de departamentos con muy poca espacio verde, espacio libre propio, entonces, en donde el espacio público recobra una importancia aún mayor. Además era toda una zona con necesidad de renovación edilicia, como la cuarta oeste, una zona muy mezclada”.

Bragagnini ilustra el agudo trabajo urbano que realizó el municipio sobre el espacio público como una intervención de “acupuntura”, provocando cambios positivos en las ciudades deterioradas y con pérdida de población. Es por ello que destaca la importancia de la intervención del municipio con la construcción del espacio verde: “A partir de la creación del parque, el parque se convierte en un espacio urbano exitoso. El proyecto fue el disparador y resultó ser exitoso. Se convierte en un polo de atracción metropolitano porque atrae gente de otros departamentos, no sólo los locales. Y la municipalidad sigue invirtiendo en él. Porque además de eso, empieza asignar actividades, viste cuando hablamos de que no basta una norma, no basta un proyecto de obra pública. Sino que hay múltiples acciones a través de las cuales vos podés conseguir un objetivo para alcanzar esa visión de ciudad. Además de haber hecho el proyecto, de haber generado el espacio y ser exitoso, la municipalidad le asigna actividades: hace concursos, hace cine ahí al aire libre. Trabaja intensamente en el uso de ese espacio para generar actividades que estimulen el encuentro colectivo, que estimulen la participación, el cuidado y el respeto del

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lugar ¿sí? que la gente se identifique con el lugar como un espacio público activo, como una zona de convocatoria”.

El paso siguiente fue la recuperación de uno de los galpones del ferrocarril donde desde el año 2012 funciona la Nave Cultural: “Después, el municipio trabaja en la segunda parte que es la Nave Cultural, que es un polo cultural de la importancia que tiene 'la Nave'; y además, con tres tipologías diferentes de salas en el mismo complejo. Lo que te permite a vos programar actividades de distintas especies y a distinto público. Desde salas muy chiquititas hasta salas más grandes para bandas y demás; o espectáculos que requieren un marco fuera de lo convencional, exposiciones, ferias. Con, además, un muy buen tratamiento urbanístico, o sea, se vincula con el entorno.

Tiene una gran explanada hacia el este que sirve para actividades en el exterior. Está muy bien tratado urbanísticamente. O sea, viene a suplir una necesidad que la ciudad tenía; y que, además, le genera otro punto de atracción a la zona. Fuerte, un fuerte punto de atracción”.

Un segundo galpón fue entregado a la Universidad Nacional de Cuyo para que genere su polo paralelo a donde llevará su cine; y en un tercer galpón se proyecta instalar “Vinópolis”, un centro de interpretación del vino con el cual el municipio pretende generar una fuerte atracción turística.

La tercera etapa tiene que ver con los cambios en la normativa urbana y la venta de terrenos para estimular el desarrollo de viviendas y la instalación de equipamiento para así poder consolidar la zona, en un futuro, como un verdadero polo urbano. Respecto a la primera acción, la Directora de Planificación urbanística señala: “Para estimular construcciones que respondieran a nuestro plan de ordenamiento, nos dimos cuenta que el Parque Central, con esos terrenos disponibles, constituían una zona por sí misma que no se parecía a ninguna otra y como, además, por ser un área de oportunidad proyectual, por terrenos disponibles, grandes, enormes, era como un desafío al futuro, donde además era óptimo para ubicar torres, porque además no había barrios de baja densidad inmediatos donde las torres pudieran molestar, que si ocurre en la quinta, en la sexta.”

En el año 2010 el municipio establece una nueva zonificación y establece en el nuevo código de edificación para el área del Parque

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Central la categoría “Residencial 5”. Este cambio determinó la función residencial como predominante para la zona. Como indica Bragagnini, el municipio, con ese cambio normativo, piensa en el desarrollo de vivienda multifamiliar con amplios espacios pesquisados: “La norma te obliga a dejar mucho espacio libre para verde, cuando hacés edificio para departamentos. Te podés ir en altura en forma proporcional al espacio libre que dejás en planta baja para espacio verde. Entonces, porque creemos que si vas a densificar tenés que aumentar el espacio verde libre disponible porque la cantidad […]

Entonces si vamos a estimular el desarrollo de torres en esa zona era importante incrementar el espacio verde. Por eso se trabajó con Factores de Ocupación mínimos para poder darle altura.”

Por otra parte, el municipio interviene activamente en la zona ya no solo a través de la inversión y mantenimiento de los espacios públicos y a través de la reglamentación urbana sino también como promotor inmobiliario en tanto es propietario de numerosos y extensos terrenos. Se trata de un aspecto muy relevante en tanto va a incidir financieramente en el municipio, a partir de la liquidez que la venta de tales terrenos otorgue; pero fundamentalmente con incidencia territorial según quiénes y para qué fines adquieran dichos terrenos.

La funcionaria municipal lo explica de esta manera: “Pensamos que esos terrenos podían albergar, de acuerdo a donde estén ubicados, principalmente residencias, pero también el equipamiento complementario. Lo que la gente necesita para desarrollar su vida normalmente, desde abastecimiento hasta servicios: bancarios, financieros, hospitalarios. Entonces cuando una unidad funciona en sí misma, tenés comercios, tenés abastecimientos, tiene potencial para desarrollar una nueva centralidad la ciudad.”

Estos codiciados terrenos vacíos que quedan alrededor del Parque Central, salieron a licitación a finales de 2011 y hasta ahora, según señala la arquitecta, sólo se han definido algunos proyectos: “Hay dos torres de vivienda, que están interesantes, uno se hace con el IPV; y otro lo hace un sindicato. Eso es vivienda de clase media.

Y después está el proyecto del Coto que ese sí es un proyecto muy impactante. Porque no hay un Coto en la provincia y es el primero; y ocupa una superficie enorme; y va a ser un equipamiento de abas-

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tecimiento para toda la zona de influencia, excede a toda la capital.

Va a tomar a todos los barrios del oeste, de Las Heras y demás. Por el punto donde está ubicado, frente a la calle Perú, que es el eje de vinculación con el departamento de Las Heras. Entonces el radio de influencia de ese equipamiento tiene un alcance que excede el alcance urbano de la Ciudad y alcanza el área metropolitana.”

Ante la consulta sobre quienes van a ser los más beneficiados de todas estas exitosas intervenciones que viene realizando el municipio para la zona, es decir, quienes van a poder residir y disfrutar de esta nueva ciudad, la respuesta de la Directora de Planificación urbanística fue alentadora: “A todos, a todos, o sea, la visión de la gestión política, es una ciudad mixta, moderna, inclusiva. ¿Qué quiere decir inclusiva? Para todos los estratos sociales, no solo los... El Parque Central no está pensado para los edificios de alta gama, sino para clase media. Y los edificios de alta gama suelen ubicarse naturalmente sobre la calle Boulonge Sur Mer, Emilio Civit, las tradicionales zonas de alto poder adquisitivo. Y aparte el suelo es bastante más caro”.

Y respecto a la posibilidad de que estas intervenciones no provoquen algún alza en los precios del suelo, la respuesta fue algo ambigua: “¡No! No. Pero puede haber en el futuro. ¡Claro! Cuando eso se pueda desarrollar como un polo, cuando tengás un equipamiento y servicio de primera línea como hay en el microcentro, se haga atractivo, se termine de desarrollar la Alameda”.

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4.2. Gentrificación en Mendoza Como hemos visto hasta acá, la producción del espacio urbano es un proceso conflictivo, atravesado por una gran diversidad de intereses, actores y lógicas de producción espacial. En el marco del giro empresarial sufrido por los organismos de planificación urbana estatal a partir de la aplicación hegemónica del proyecto neoliberal en América Latina, hemos analizado la hipótesis de que existe un incipiente proceso de gentrificación en el área de la ex Estación Mendoza del ferrocarril; además, se ha focalizado el análisis en el papel que el Estado (en sus diferentes niveles) ha tenido en este proceso de gentrificación a través de acciones directas o, indirectamente, mediante la legislación y la planificación para la zona.

En el campo académico se acepta que la gentrificación tiene una relación estrecha con una serie de procesos que señalan en cierto modo las condiciones mínimas, aunque no suficientes, para el desarrollo de dicho fenómeno: el uso de la preservación histórica en la constitución de una nueva élite urbana; la expulsión de la población que habitaba previamente al proceso de gentrificación, causado por el aumento en la renta y el precio de la vivienda y los servicios en general, o directamente por desalojo y relocalización; la racionalidad económica que impulsa a invertir en dicha zona y que genera un claro proceso especulativo en el mercado inmobiliario; la adaptación de las características urbanas y culturales de la zona al servicio de las clases acomodadas; etc.

Sin embargo, estos procesos generales deben estar acompañados con algunos datos empíricos que comprueban la existencia de la gentrificación de una zona, datos que globalmente se suelen rastrear mediante indicadores de inversión pública, inversión privada, cambio de usos del suelo (comercial, cultural, laboral, público), cambio de precios del suelo, cambio de precios de alquiler, cambio de precios de vivienda, cambio del nivel educativo (específicamente, el universitario), cambio en el nivel de ingresos, y otros.

Ahora bien, como señalan diversos especialistas en gentrificación, el problema de estos indicadores reside en la dificultad de acceder a ellos o de construir bases de datos confiables para poder medirlos y analizarlos.

Por nuestra parte, hemos realizado un esfuerzo amplio de rastreo y construcción de los mismos, pero debemos señalar que una primera conclusión

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del trabajo consiste en la necesidad de construir una base de datos científica con información empírica del mercado inmobiliario de Mendoza. Esta base de datos se constituiría en una fuente de información fundamental para el desarrollo de distintas líneas de investigación cuyos objetos de estudios están ligados estructuralmente al mercado de suelo. De modo que queda establecida esa necesidad y la voluntad de comenzar a desarrollar esa base de datos a partir de nuestra propia línea de investigación.

Hechas estas consideraciones, podemos reflexionar sobre algunos puntos planteados a lo largo de la investigación y sacar conclusiones parciales.

En primer lugar, en nuestro caso no se observa la existencia clara de las dimensiones que tienen que ver con la preservación de elementos arquitectónicos, patrimoniales y culturales propias de la gentrificación.

Cabe señalar la presencia de grandes proyectos culturales para la zona, como son la Nave Cultural, el Parque Central y el Centro Cultural de la UNCuyo. Además, también existe una cierta preservación del patrimonio arquitectónico de la vieja estación del ferrocarril y la voluntad explícita de conservar la arquitectura inglesa de los viejos galpones del ferrocarril en donde se construyó la Nave Cultural. Sin embargo, los procesos de renovación y construcción que se están dando en la zona no tienen como característica principal la conservación y mantenimiento del patrimonio arquitectónico en general.

En segundo lugar, se puede señalar una tendencia a la expulsión directa o indirecta de los sectores populares de la zona. Se comprueba una clara voluntad política por parte de la Ciudad de Mendoza en relación a la relocalización de los habitantes de bajos recursos que viven en la zona desde hace décadas, contrastando esto significativamente con la proyección de viviendas financiadas por el Estado para las clases medias-altas.

En tercer lugar, se evidencia un aumento significativo en el estatus social y en los precios generales del mercado inmobiliario en el área de estudio, tendencia que tiene su explicación más en la inversión y planificación públicas para la zona que en la inversión privada o de grandes intereses inmobiliarios.

Debemos destacar el alto nivel de concentración de la inversión pública en el área de estudio por parte del Estado municipal en comparación con el resto del territorio del municipio. A su vez, existe con claridad un

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proyecto urbano pensado por parte del municipio para la ciudad en general y para nuestra área de estudio específicamente. Este proyecto urbano tiene estrecha relación con las características generales del urbanismo neoliberal, consistente en construir un espacio urbano conectado globalmente, capaz de complacer las exigencias del capital, que atraiga a habitantes de clases altas y medias-altas a vivir nuevamente en el centro de la ciudad, estrechamente vinculado a las funciones apropiadas para el turismo internacional y el circuito artístico-cultural de Mendoza.

Según lo señalado hasta aquí se puede afirmar la existencia de un proceso emergente de gentrificación en las zonas aledañas a los terrenos del ferrocarril, proceso desencadenado y liderado por el Estado municipal y que no ha tenido un fuerte acompañamiento de los sectores privados hasta el momento.

En relación a esta ausencia del sector privado queríamos dejar planteadas las siguientes consideraciones. La industria de desarrollo de la tierra comprende una variedad de constructores, subcontratistas, arquitectos, agentes de marketing, desarrolladores y especuladores, junto con sus asesores legales y financieros. Durante la conversión de lote baldío o vivienda abandonada a vivienda ocupada una parcela puede pasar a través de la propiedad de al menos cuatro actores diferentes: un especulador, un desarrollador, un constructor y finalmente un hogar. Asistiendo con las transferencias de bienes en cada etapa hay un conjunto de facilitadores, incluidos los agentes inmobiliarios y los financieros. Por último, a nivel del gobierno local y central, planificadores y funcionarios supervisan el proceso de desarrollo en diversos grados.

Para nuestro caso, los especuladores inmobiliarios pueden estar jugando un papel central en estos momentos. Los especuladores inmobiliarios, ya sea empresarios o empresas individuales, compran tierras y propiedades con la esperanza de sacar provecho de los aumentos posteriores en los valores de propiedad. La especulación es una característica del urbanismo capitalista que se produce en todo el ámbito urbano.

Se pueden encontrar alrededor de los terrenos del ferrocarril una cierta cantidad de lotes baldíos, propiedades en ruinas o casas con las puertas y ventanas amuralladas. Es evidente que los propietarios han decidido mantener esas propiedades al margen del mercado en una zona con mucha demanda de vivienda y suelo, esperando la mejor oportunidad

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para vender o desarrollar en las mismas. Este fenómeno de “terrenos en engorde”, según el cual un propietario se sienta a esperar que la comunidad y el Estado realicen mejoras en la zona impactando directamente en el precio de su propiedad, es el mecanismo principal de especulación inmobiliaria.

A los especuladores se le suman los agentes inmobiliarios. Aunque la función principal de las agencias inmobiliarias es como intermediarios entre los compradores y vendedores de propiedades, algunas adoptan una misión más amplia y pueden actuar en el ensamblaje de pequeñas parcelas de tierra para el desarrollo o como especuladores en el mercado del suelo urbano.

La participación directa en el mercado de la tierra puede ser particularmente rentable durante los períodos de inflación y puede conducir a la manipulación del mercado de tierras. Gutstein (1975) encontró que en un barrio naciente del centro de la ciudad en Vancouver a principios de 1970 algunas propiedades fueron “vendidas” varias veces en un solo año, entre sociedades con el mismo propietario a fin de obligar a subir los niveles de renta en el mercado local.

Sin embargo, volvemos a resaltar la falta de datos e información para un análisis más preciso y revelador del caso de estudio. Dejamos por eso abierta esta línea de investigación y esperando poder aportar conocimientos más decisivos toda vez que se pueda avanzar en la construcción de una base de datos sobre mercado inmobiliario e inversión pública para el Área Metropolitana de Mendoza.

Llegados a este punto queremos dejar planteadas las siguientes preguntas que se inscriben dentro de un nuevo debate que ya ha comenzado en el seno de la sociedad mendocina ¿En qué medida se tiene en cuenta el mercado de suelo a la hora de planificar? ¿En base a qué datos? ¿Qué tipo de ciudad democrática e inclusiva diseña un espacio urbano que reproduce y amplía las desigualdades sociales? ¿Quiénes deciden adónde pueden vivir (y adónde no) los distintos sectores sociales en Mendoza? ¿Existe un consenso en la sociedad mendocina sobre el modelo de ciudad que se está promoviendo y construyendo desde el municipio de Mendoza? ¿En dónde se deben invertir los fondos públicos? ¿Quiénes tienen derecho a la ciudad?

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El presupuesto ¿participativo?

Pablo Rizzo y Mariana Raffani El presupuesto participativo tuvo su origen en Brasil y se emula ahora más ampliamente dentro y fuera de América Latina, siguiendo la experiencia decisiva de la ciudad de Porto Alegre. Los elementos claves del presupuesto participativo de esta ciudad brasileña y de otras muchas ciudades incluyen la creación de asambleas regionales y temáticas donde todos los ciudadanos pueden participar y votar asuntos relacionados con el presupuesto y también el principio de autorregulación a través del cual las reglas para participar y deliberar son definidas por los participantes.

Las evaluaciones muestran que el presupuesto participativo de Porto Alegre ha ayudado a fortalecer la sociedad civil fomentando el desarrollo de asociaciones civiles abiertas y democráticas, dando capacidad de influencia en la toma de decisión a grupos previamente excluidos y trayendo inversiones a comunidades abandonadas (ONUHabitat 2009:39).

Sin embargo, como se observará son necesarias algunas condiciones para que el presupuesto participativo (herramienta de la democracia participativa) sea un complemento y no una subordinación de la democracia representativa. Pues, en muchos casos el presupuesto participativo sólo queda en una instancia de información y no se establece como política de inclusión ciudadana en la discusión presupuestaria de todo el municipio y en la definición de los lineamientos de política pública local que puedan ser determinantes en la orientación de las políticas territoriales.

Toda ampliación de la participación ciudadana en los procesos decisorios de las políticas territoriales implica una ventana que se abre hacia las sinuosidades de los intereses que se ponen en juego en el desarrollo territorial. Principalmente aquellos intereses dominantes que modelan los territorios (y las ciudades en particular) a través de grandes proyectos que corren en paralelo a aquellos escenarios que los gobiernos crean e impulsan con la intención de conectarse con la población en términos de consulta y participación. Para los intereses

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dominantes, el territorio y el suelo se mercantilizan, se vuelven valor de cambio, y de este modo, el territorio liberado al mercado se construye y se reproduce de forma desigual y contradictoria (Rizzo, inédito).

Así, la participación de los ciudadanos implica que la “planificación [del territorio] no es puramente un ejercicio tecnocrático donde las políticas y decisiones las toman profesionales junto a los que tienen el poder político, sino que incorpora la opinión, la capacidad de dar respuesta y de asumir responsabilidades” (ONU-Hábitat 2009:35).

En la provincia de Mendoza, cinco departamentos forman parte de la Red Argentina de Presupuesto Participativo (RAPP): Godoy Cruz (desde 2002), Junín (desde 2003), Maipú (desde 2004), Capital y Las Heras (ambas desde 2010).

Se reconoce el esfuerzo que el municipio de Ciudad de Mendoza realiza año tras año para difundir su modelo de presupuesto participativo: un espacio de comunicación donde los vecinos pueden presentar ideas de proyectos de inversión que ayudan al Ejecutivo Municipal a priorizar entre las demandas de los vecinos al momento de incluir los proyectos de interés local (Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 2013).

Así, el presupuesto participativo queda sintetizado en cuatro instancias.

Figura 17. Instancias del Presupuesto Participativo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Fuente: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

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Presupuesto ¿Participativo? 2013/2014 El día 23 de julio de 2013 en la Estación Cultural Ciudad, con una participación de alrededor de 30 personas -entre funcionarios y vecinos- se llevó a cabo una reunión sobre el Presupuesto Participativo 2013/2014 de la Primer Sección de Mendoza. En ella quienes coordinaban la reunión explicaron que las propuestas realizadas por los vecinos serían evaluadas por el municipio y si no se oponían a las políticas de la gestión serían incorporadas en el presupuesto del año próximo.

A continuación exponemos las propuestas realizadas por los vecinos (A, B, C, etc.) y las respuestas de los funcionarios municipales (FM) registradas en la reunión.

A: Vivo en Perú y General Paz. Me gustaría que hermosearan mi cuadra hasta la calle Las Heras y Las Petunias, las veredas están destruidas y no hay buena iluminación. Es una boca de lobo, después de la 8 hs de la noche no anda nadie.

FM: Quien debe arreglar las veredas es el frentista a quien se le puede cobrar una multa si no lo hace. Otra opción es incluirla en el programa Cuadra Total donde los vecinos deberían pagar las veredas y las haría el municipio.

A: Propongo reciclar, que los comerciantes –supermercados- coloquen contenedores para cartones, plásticos, vidrios para hacer obras para los niños. Que colaboren con el presupuesto.

FM: Podría ser viable reciclar.

B: Darle vida a calle Mitre, luminarias.

FM: Les pedimos a los vecinos que vean cuando estén vandalizando las farolas que nos avisen.

C: Mantenimiento del lago del Parque Central que está sucio.

D: Practicamos Roller Derby. Necesitamos cancha de cemento, lo estamos haciendo en lugares inseguros.

E: Presidente centro Jubilados: queremos un espacio físico cerca del Parque Central o Estación. Somos más de 140 personas. Nosotros ayudaríamos con nuestra presencia a cuidar un poco más el lugar, o en el Club Vélez Sarsfield que tiene una gran deuda con el municipio.

FM: Puede ser en el Club Andino o Independiente Rivadavia por dos

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años. Aquí en la Estación no, porque no es nuestra. Podemos ver lo del Club Vélez Sarsfield.

F: Fomentar una mayor participación de los vecinos porque opinar sobre las veredas es una tarea de inspectores de la municipalidad.

Hay que pensar cómo conseguimos que el centro sea lugar de habitación, de paseo. Los sábados y domingos no hay gente en la calle. Hay que lograr que Mendoza sea una ciudad residencial.

FM: Hemos firmado con la Federación Económica (Calle Pedro Molina) –UCIM y CECITIS para hacer un centro comercial a cielo abierto, poner carteleras, etc.

G: Están destrozando la arboleda de la calle Necochea, es una mala solución técnica.

H: Parque Central. Bolsita para el perro. Cómo cuidamos el parque entre todos (esculturas, plazas).

I: Que parques y plazas estén con rejas, que se abran y cierren para evitar el vandalismo como en París y las ciudades importantes del mundo. Se acuerdan la película Latin Gil. En Godoy Cruz hay una plaza cerrada.

FM: Capital lo viene haciendo antes que Godoy Cruz con la Nave Cultural.

J: Hay que ver como trabajamos socialmente la construcción del espacio público.

K: 30 días de arresto para el que ensucia el parque. Hay que asustar a los chicos con que van a terminar en cana.

FM: Mendoza es la provincia que tiene más cámaras del país. Tiene más de 100 de seguridad y viales.

L: Le pregunto sobre el proyecto Puerto Madero y Procrear.

FM: Puerto madero no prosperó. Se hará la apertura de la calle Godoy Cruz, que se plantea que sea a nivel y la edificación de las torres. Eso es nacional.

Como podemos advertir, las propuestas no se extienden más allá de demandas puntuales y acotadas a lo inmediato de las necesidades particulares de los vecinos, lo cual no hace del espacio de la reunión una instancia de apertura al diálogo y a la construcción de una planificación consensuada de la ciudad en la que tengan voz sus habitantes

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en términos de “nosotros”, en términos de “integración”, en términos de “democracia”.

El estilo, diseño, desarrollo y profundidad del presupuesto participativo del municipio de la Ciudad de Mendoza claramente tiene una orientación de corte liberal y consultiva, observándose escasas dinámicas de deliberación y discusión cara a cara sobre el presupuesto municipal global y las prioridades comunales en su totalidad.

De la experiencia registrada surgen algunos interrogantes ¿Hasta qué punto es realmente participativo el presupuesto? ¿Los intereses de quiénes se prioriza en el mismo? ¿Es lo que sus habitantes quieren, necesitan, eligen?

En su implementación, a diferencia de otras experiencias, este presupuesto participativo no incorpora ni promueve el fortalecimiento de las organizaciones sociales en la propuesta directa y cogestión de los proyectos, además de reducir la mirada al distrito inmediato y no abordar el territorio departamental en su complejidad, donde proyectos y políticas territoriales de un lugar involucran y afectan a otros lugares o secciones.

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4.3. Mendoza ¿ciudad sin derecho a la ciudad?

La Tercera Fundación de Mendoza

Quiere una Mendoza burguesa en esencia y apariencia, una Mendoza que resulte atractiva a sus habitantes más ricos y a los turistas e inversores del «primer mundo». No una ciudad, sino una ciudadela. Quiere una urbe de privilegios y exclusiones.

Federico Mare

Los funcionarios de la Ciudad de Mendoza repiten constantemente su voluntad política de construir una ciudad inclusiva que no sea un simple escenario de especulación inmobiliaria (Bragagnini, 2009). Nos preguntamos cómo definen la característica inclusiva de su gestión de gobierno en todo lo que respecta a la planificación urbana y a la construcción de la ciudad.

El intendente Víctor Fayad ha dejado bien clara su idea de “ciudad inclusiva”, una ciudad que principalmente debe respetar el orden impuesto por las autoridades municipales. Este conjunto de reglamentaciones tiene un sentido claro, favorecer el crecimiento económico, y una palabra clave: prohibido.

No hay declaración de los funcionarios municipales en que no aparezcan las contradicciones evidentes encerradas en las decisiones políticas que se deben tomar a la hora de construir una ciudad a través de las reglamentaciones e intervenciones del Estado: “las ciudades tienen sentido en cuanto sean lugares aptos para la vida, donde todos las personas tengan derecho a ser protagonistas, pero donde nadie, ni a título individual ni corporativamente, avance sobre el espacio vital de los demás” (Fayad, 2008). ¿Qué significa avanzar sobre el espacio vital de los demás? Afirma que la ciudad es fundamentalmente un espacio apto para la vida pero ¿quiénes pueden vivir en la ciudad? Y más ¿quiénes deciden cómo se debe vivir en la ciudad?

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Al parecer, la idea que sostiene a estas declaraciones sobre la ciudad como espacio para vivir es la de recuperar la función residencial de distintos lugares de la Ciudad de Mendoza. Según un diagnóstico realizado por el municipio, uno de los grandes problemas de Mendoza es la pérdida de población residente que emigra hacia la periferia urbana para vivir en barrios privados: Contamos ya con un nuevo Código de Edificación, que nos pone a la vanguardia de la Provincia y el País, tras su trabajosa formulación y aprobación contamos con una herramienta idónea para la planificación, ordenamiento y desarrollo urbano que implica una visión futurista de la Ciudad, con ejes estratégicos orientados a la intervención en áreas deprimidas, preservar zonas residenciales y evitar la emigración (Fayad, 2011).

Cabe señalar aquí que contrariamente a lo que este diagnóstico declama, la Ciudad de Mendoza ha aumentado su población residente durante la última década*, aún sin la intervención de las políticas municipales. Se puede deducir de estas consideraciones que el principal problema urbano que encuentran desde el equipo técnico-político del municipio de Mendoza es la pérdida de contribuyentes de clases acomodadas, aquellos que abandonaron la centralidad de la ciudad para habitar en los múltiples barrios privados que han emergido en las zonas periféricas del AMM. Este argumento se apoya además en los procesos de relocalización que el Estado viene llevando a cabo en los terrenos del ferrocarril. Por un lado, señalan como problema la pérdida de residentes y, por el otro, expulsan a los sectores populares que han tenido que recurrir a la ocupación de terrenos y a la autoconstrucción informal con el propósito de obtener un lugar para habitar.

Podría responderse que estos terrenos tienen un gran valor estratégico y que esa es la razón por la que no se puede ni pensar en la posibilidad de encontrar una propuesta habitacional en ese sitio para los vecinos que * Ver indicadores demográficos disponibles en el sitio web de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de la Provincia de Mendoza: www. deie.mendoza.gov.ar.

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llevan varias décadas viviendo allí. Pero entonces, deberíamos preguntar por qué se ha aprobado un megaproyecto residencial destinado a clases medias-altas en la misma zona de donde se desalojaron y se están desalojando a los vecinos de los asentamientos informales.

Otro aspecto que no está incluido en esta idea de “ciudad inclusiva” que proponen desde el municipio tiene que ver con algo de suma importancia a la hora de pensar una ciudad como un espacio vital y apto para la vida, esto es, la posibilidad de trabajar. Hemos señalado anteriormente las diferentes iniciativas prohibitivas que se han impulsado desde la Ciudad de Mendoza para neutralizar el trabajo informal en las calles de la ciudad.

Artesanos, vendedores ambulantes, limpiavidrios y otros sujetos laborales no atractivos desde la perspectiva de los funcionarios municipales han sido sistemáticamente expulsados de la ciudad.

Según lo dicho, esta ciudad inclusiva y rebosante de vida que se declara repetidamente tiene más relación con un deseo de crecimiento económico de la ciudad, y en especial, de la capacidad de recaudación municipal. Fayad (2008) lo dice explícitamente, no sin caer nuevamente en las contradicciones propias de este juego de tensiones e intereses: El fuerte impulso que cobró la construcción en los últimos años, con la llegada de edificios de mayor altura y de ambiciosos proyectos urbanísticos, obligan a replantear conceptos a fin de lograr un equilibrio entre ese desarrollo que no queremos detener y la calidad de vida que deseamos para los vecinos y usuarios de la Ciudad, preservando a la vez nuestro patrimonio histórico, cultural y ambiental.

En cuanto Estado, nuestro municipio debe velar por la preservación de esa simetría, para ir dando respuestas, con responsabilidad, al interrogante de qué Ciudad de Mendoza queremos para hoy y para las futuras generaciones.

Según estas consideraciones plasmadas en el nuevo Código de Edificación Urbana, el desarrollo de la ciudad estaría asociado con la densificación de la misma y la adecuación de las normativas urbanas a los nuevos tipos de proyectos urbanos. Sin embargo, en un informe crítico sobre las reformas de este nuevo código de edificación realizado por investigadores del CONICET (Arboit et al, 2010), podemos ver que estas soluciones

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están muy lejos de ser la respuesta acertada ante los desafíos que surgen actualmente en Mendoza.

En general, este grupo de investigadores afirman que “la suma de los impactos adversos que generaría la implementación masiva de la propuesta del Municipio en su forma actual, determinaría a largo plazo, la imposibilidad de mejorar las prestaciones ambientales del medio urbano, la calidad de vida de la población y la sostenibilidad energético-ambiental presente y futura de la ciudad” (Arboit et al, 2010:7).

Es importante destacar uno de los resultados negativos que puede esperarse con la aplicación de esta idea de desarrollo de la ciudad: la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios del suelo. Esto no es hipotético ya que se analizó el comportamiento entorno a los varios emprendimientos de este tipo posibilitados por las permanentes excepciones otorgadas por el municipio, según el cual se produjo un “aumento de la especulación del mercado inmobiliario en cuanto al costo de la tierra urbana y a la mayor rentabilidad de los edificios en altura” (Arboit et al, 2010:6).

Estas consideraciones llevan a este grupo de expertos a evaluar la propuesta urbana del municipio de la siguiente manera: Si el estilo de desarrollo urbano se vincula con el modo de aprovechamiento de los recursos, y la sostenibilidad se juega en el difícil equilibrio entre la rentabilidad económica, la equidad social y la conservación de los recursos ambientales, de la propuesta técnica de la reforma se desprende el importante peso de la rentabilidad económica del suelo urbano en detrimento de las otras dimensiones de la sostenibilidad, la equidad en el acceso y aprovechamiento de los servicios ambientales del paisaje urbano construido (Arboit et al, 2010:11).

A pesar de estas y otras críticas, la gestión de Fayad sigue adelante con su proyecto para la Ciudad, no dispuesto a abrir un debate conflictivo y repleto de voces disonantes. Más aún, se plantea como un objetivo central de su gestión lo que denominan la “Tercera Fundación de Mendoza”: Otro de los ejes fundamentales de nuestra gestión es llevar a cabo el proyecto de desarrollo al que hemos denominado la Tercera Fundación

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o Nueva Ciudad, a través del cual nos hemos propuesto que la Capital de alguna manera se reconquiste a sí misma recuperando para su provecho todos aquellos predios que históricamente han constituido verdaderos vacíos urbanos, y que la han venido dividiendo, impidiendo su avance (Fayad, 2009).

Esta “Tercera Fundación” consistiría en vender al mejor postor una serie de terrenos baldíos y edificios descuidados pertenecientes al municipio, evaluando individualmente los proyectos a realizarse en estos vacíos urbanos. Esto es problemático debido a que la evaluación individual de las propuestas acercadas por los compradores no tendría una serie de criterios construidos colectivamente en el marco de procesos de discusión y negociaciones democráticas, sino que serían analizadas y evaluadas por algunos funcionarios y técnicos municipales de cuyo criterio y sabiduría personales dependería una supuesta refundación de la ciudad.

Una ciudad refundada por inversores y funcionarios políticos ¿es acaso una ciudad con derecho a la ciudad?

Reflexiones sobre el derecho a la ciudad Cuando se piensa el modelo de desarrollo urbano en la Argentina y Mendoza actuales, se puede encontrar una continuidad con el giro neoliberal y, por tanto, con un modelo de gestión de lo urbano orientado a la maximización de las ganancias y dirigido principalmente por los intereses del sector privado que utiliza la ciudad como escenario para la reproducción del capital.

Este proyecto de urbanismo neoliberal tiene como objetivo último “movilizar espacios de la ciudad tanto para el crecimiento económico orientado al mercado, como para las prácticas de consumo de las elites, asegurando al mismo tiempo el orden y el control de las poblaciones ‘excluidas’” (Brenner, 2009:8).

En este contexto ¿de qué hablamos cuando decimos derecho a la ciudad? No queremos dejar vacío de contenido este concepto. El derecho a la ciudad ha sido tomado y utilizado por una gran variedad de actores sociales y políticos, desde escalas globales hasta barriales, y con una gran diversidad en la interpretación ideológica de la expresión.

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Por eso, queremos cerrar este trabajo haciendo referencia a la fuente teórica e ideológica en la que creemos se debe apoyar cualquier espacio democrático que pretenda luchar entorno al derecho a la ciudad.

La idea de la lucha por un derecho a la ciudad nació en el contexto revolucionario que se vivió en la década del 60, específicamente ligado a los acontecimientos y reflexiones de mayo del 68 en París. En ese contexto, Lefebvre comenzó a discutir sus ideas entorno a la relación entre revolución socialista y producción de la ciudad.

Lefebvre, lejos de ser solamente un intelectual y tener funciones en la gestión universitaria, llevó y produjo sus aportes teóricos en la calle. Su filiación marxista heterodoxa fue la base para discutir, pensar y revisar sus proposiciones. Escribió de un modo actuante, comprometido con su época, sus obras y enunciados avanzan, pero inclusive Lefebvre no duda en volver y replantear sus argumentaciones de modo dialéctico. Participó en muchas expresiones y manifestaciones populares a lo largo de su vida; el mayo francés lo tuvo como protagonista a la par de los estudiantes, y su discurso Derecho a la ciudad fue tomado entre las premisas de los estudiantes. Son conocidos sus enfrentamientos con las autoridades y docentes universitarios por un cambio en la educación con mayor compromiso con la sociedad, poniendo el cuerpo a las proposiciones que como intelectual uno realiza.

Desde nuestro punto de vista es apelando a estos orígenes que debe interpretarse la lucha por el derecho a la ciudad: El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada, renovada […] Ello supone una teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los recursos de la ciencia y el arte. Únicamente la clase obrera puede convertirse en agente, vehículo o apoyo social de esta realización […] [la clase obrera] conjunta los intereses (superando lo inmediato y lo superficial) de toda la sociedad y, sobre todo, de todos los que habitan. Los dioses del Olimpo y la nueva aristocracia burguesa (¿quién lo ignora?) no habitan ya. Van de palacio en palacio o de castillo en castillo; desde un yate, mandan sobre una flota o un país; están en todas partes y en ninguna […] Basta con abrir los ojos para comprender la vida cotidiana del individuo que corre de su

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alojamiento a la estación, próxima o lejana, al metro abarrotado, a la oficina o a la fábrica, para por la noche reandar ese mismo camino y volver a su hogar a recuperar fuerzas para proseguir al día siguiente (Lefebvre, 1969:139).

Las preocupaciones propias del derecho a la ciudad son las preocupaciones de los habitantes, de los trabajadores, de los estudiantes; no las preocupaciones de los empresarios, de los especuladores, del capital. El derecho a la ciudad no se limita a que nos dejen sentarnos en las plazas o caminar por las veredas, no se trata del derecho a la libre circulación y a la contemplación de la belleza de la ciudad: “el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad.

Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización” (Harvey, 2008:23).

Actualmente, el uso indiscriminado o bastardeo del concepto lo dirige hacia un vaciamiento de la propuesta marxista original de Lefebvre.

La premisa del mayo francés “cambiar la ciudad para cambiar la vida” es una proposición o política con la que hasta el Banco Mundial (en su rol de organismo multilateral que direcciona su asistencia hacia una economía de mercado y la iniciativa privada) podría estar de acuerdo. Sin embargo, la propuesta lefebvriana de derecho a la ciudad implica una postura revolucionaria: el derecho a luchar por el usufructo colectivo de la ciudad y en la ciudad, luchar por la ciudad deseada, decidir colectivamente sobre cómo se usan los excedentes de recursos en el despliegue y la construcción de la ciudad.

Ahora bien, actualmente ¿quiénes ostentan el derecho a decidir cómo se construye y se vive nuestra Ciudad de Mendoza? Como dice Harvey (2008:37) “el derecho a la ciudad, tal como se halla hoy constituido, se encuentra demasiado restringido, en la mayoría de los casos, a una reducida elite política y económica que se halla en condiciones cada vez más de conformar las ciudades de acuerdo con sus propios deseos”.

El derecho a la ciudad repensado y apropiado a partir de sus orígenes progresistas podría convertirse en un motor fundamental para lograr una serie de procesos verdaderamente democráticos en los que se discuta y

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decida entorno a una posible “Tercera Fundación” de la Ciudad de Mendoza que no deje afuera del debate a las distintas voces y a los distintos intereses presentes en la conflictiva producción y reproducción de nuestra ciudad.

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Títiro, M. (4–10–2011) Capital sale a vender terrenos en la zona del Parque Central. Los Andes, Edición impresa.

CONTENIDO

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INTRODUCCIÓN

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1. ¿GENTRIFICAQUÉ?

1.1. Teorías de la gentrificación 1.2. La gentrificación como fenómeno global

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Gentrificación, reestructuración urbana y Estado 1.3. La gentrificación en Argentina ¿Gentrificación sin exclusión en América Latina?

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2. MÁS QUE UN MAPA

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Características generales del Área Metropolitana de Mendoza 2.1. Transformaciones urbanas de Mendoza Década de 1970 Contexto económico-social Dinámica urbana Década de 1980 Contexto económico-social Crecimiento urbano y ciudad desigual ¿Ciudad en flor?

Década de 1990 Contexto económico-social Disminución poblacional Ciudad: escenario de negocios Ciudad Estética y excluyente Década de 2000 Contexto socio-económico: crisis y recuperación Continuidad del urbanismo neoliberal ¿Laizzes faire vs intervencionismo estatal?

2.2. Del mapa a la superficie

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¿Y dónde ponemos las casitas?

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3. PRÓXIMA ESTACIÓN ¿PUERTO MADERO? 3.1. El área de los terrenos del ferrocarril 3.2. La privatización del Ferrocarril

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La lucha por la apropiación y uso del espacio urbano en Mendoza

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3.3. Proyectos y proyecciones estatales para el área

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Los inicios de la transformación El proyecto Ferrourbanístico

Ordenanza No 3.694/17433/07

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El área como unidad de regeneración de Mendoza La vivienda subsidiada como estrategia para el desarrollo desigual Normativa urbanística: sustento legal para la regeneración 3.4. Luchas sociales en torno a los terrenos del ferrocarril

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Otras voces: los sujetos del desalojo

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4. GENTRIFICACIÓN Y DESALOJOS vs RENOVACIÓN URBANA Y EMBELLECIMIENTO ¿UNA CUESTIÓN DE INTERPRETACIÓN? 4.1. Renovación urbana y gentrificación

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La intervención urbana sobre los

terrenos del ferrocarril, entre el derecho a

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habitar y los negocios inmobiliarios

Entrevista a la Directora de Planificación Urbanística

Arq. Silvana Bragagnini

4.2. Gentrificación en Mendoza

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El presupuesto ¿participativo?

4.3. Mendoza ¿ciudad sin derecho a la ciudad?

La Tercera Fundación de Mendoza Reflexiones sobre el derecho a la ciudad

BIBLIOGRAFÍA

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FIGURAS Figura nº 1: Expansión del Área Metropolitana de Mendoza a partir de imágenes Landsat en intervalos de 13 años.

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Figura nº 2: Urbanizaciones Cerradas y Asentamiento Informales precarios en el AMM.

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Figura 3. Localización del área de estudio en la Ciudad de Mendoza.

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Figura 4. Área de estudio.

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Figura 5. Intendentes del municipio desde 1987 a la actualidad.

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Figura 6. Parque Central. Inauguración primer etapa.

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Fuente: Parque Central de Mendoza / B4FS Arquitectos.

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Figura 7. Parque Central, detalles.

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Figura 8. Proyecto Mendoza Madero.

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Figura 9. Terrenos municipales puestos en venta.

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Figura 10. Superficie autorizada a construir para el departamento Capital.

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Fuente: DEIE sobre la base de permisos suministrados por los municipios de la provincia.

Figura 11. Estructura de la Nave Cultural, ex galpón ferroviario.

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Figura 12. Localización de Catedral de la provincial.

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Figura 13. Área del proyecto ProCreAr.

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Figura 14. Zonificación del área según Código de Edificación.

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Figura 15. Modelización de alturas máximas permitidas según Código de Edificación.

Figura 16. Tabla con valores propuesta alternativa del LAHVI-CONICET.

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Figura 17. Instancias del Presupuesto Participativo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Figura 18. Mapa síntesis.

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Se terminó de componer e imprimir en mayo de 2014 en Editorial Qellqasqa, Toso 411 San José de Guaymallén, Mendoza, República Argentina. Diseño de la edición de María Eugenia Sicilia & Gerardo Patricio Tovar editorial@qellqasqa.com.ar www.qellqasqa.com.ar