CULTURA, DIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE by Ricardo Obando

CULTURA, DIVERSIDAD Y PARTICIPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE

Panorámica actual de los procesos organizativos en la jurisdicción de CORANTIOQUIA

E�� Equipo de redacción Corporaciòn CORAMA D�� C�� CORAMA Juan Antonio Cuesta Ruiz I�� T�� Omar Alberto Lopera López, archivos de C��, P�� y C��. D��, D�� I�� Ricardo Manuel Obando Achicanoy rmobando@gmail.com I�� Corporación CIUDAD, agosto de 2010

CONTENIDO

Preámbulo

1. Ébano - Las comunidades afrodescendientes

2. Caoba - El tránsito hacia la asociatividad de las ��s socioambientales de Antioquia 26 - Maniﬁesto de Ditaires 36 3. Azhiote - Las comunidades Indígenas

El Blues del Esclavo

El ser negrito es un color lo de ser esclavo no lo trago me �ene frito tanto trabajar de sol a sol las �erras del maldito señorito Los compañeros piensan igual o hay un Espartaco que entre a saco y esto cambia o “tos pa” Gambia desde Kunta Kinte a nuestros días pocas mejorias A ver si ahora con la guerra de Secesión se admite nuestro sindicato del algodón que a saber quiere obtener descanso dominical, un salario normal dos pagas, mes de vacaciones y una pensión tras la jubilación Que se nos trate con dignidad como a semejantes emigrantes que se terminen las pasadas las palizas del patrono y el derecho de pernada

Y el que preﬁera que se vuelva al Senegal correr desnudos por la selva con la mujer y el chaval ir natural “erguiendo” cuello y testuz como hermana avestruz Para que no digan que somos unos zulús ir cantando este blues �� : �� .�. �� 1986 N�� : “E� �� ” �� EE. UU. �� , �� M�� L�� K��.

P Preámbulo

ara la Corporación Antioqueña del Medio Ambiente –C��–, es un honor y un placer entregarle a la comunidad interesada su primera publicación, “��, �� ”, en la que intentamos conformar una panorámica actualizada acerca de la for-

ma como estas tres facetas del quehacer humano se trenzan en torno a un núcleo común: el medio ambiente, nada menos que el sustrato del cual dependemos para realizarlas.

rramienta para el intercambio de experiencias signiﬁcativas que converjan en la conformación de lazos solidarios hacia la necesaria integración entre las diversas entidades y organizaciones comunitarias, a ﬁn de optimizar la incidencia de nuestras acciones en procura de blindar el derecho

ancestral que un signiﬁcativo número de comunidades negras e indígenas ostentan sobre sus propiedades colectivas, con el objetivo superior de contribuir al cumplimiento exacto de lo estipulado en la En tal sentido, ofre- Constitución colomcemos lo que con- biana, diseñada para sideramos una he-

articular una sociedad armónica, equitativa y sensata, en la administración de los dones que el territorio nos prodiga con generosidad. De igual manera, reseñamos brevemente el interesante proceso de crecimiento asociativo, empresarial y de incidencia pública que viven las oenegés ambientales de la región en la actualidad, luego de atravesar un largo y penoso período de invisibilización (atri-

buible tanto a circunstancias externas como a las comprensibles falencias propias de todo proceso formativo), apoyadas en mecanismos legales que les permiten acceder a estas instancias, como una manera de posicionarse en el merca-

do que oferta bienes y servicios, de manera equitativa respecto a las empresas creadas en torno a la captación de capital, en atención a su vocación de trabajo sin ánimo de lucro en pro de la adecuada gestión ambiental del territorio. Para iniciar el diálogo, debemos presentarnos. La Corporación Antioqueña del Medio Ambiente –C��–, es una organización nacida como respuesta a un

interés colectivo impulsado por la iniciativa de participar en la dinámica ambiental local y regional. Creada el 22 de mayo de 1994, con el apoyo en la asesoría de la Fundación Social Medellín, incorporó posteriormente a sus líneas de trabajo

la atención a comunidades negras y recibió su personería jurídica en 2005. La entidad ha desarrollado múltiples actividades encaminadas al cumplimiento de su objeto social. Su ﬁn primordial consiste en efectuar una contribución signiﬁcativa a la reducción de los niveles de contaminación a través de la producción de bienes y servicios dirigidos al desarrollo social, ambiental y organizativo de las

diversas entidades y grupos de base comunitarios para aportarle a la consolidación de una mejor estructura social y a la recuperación y conservación de los recursos naturales y el ambiente.

Para C��, como misión central, prevalece la producción de bienes y servicios dirigidos al desarrollo socioambiental y organizativo de los grupos de base comunitarios desde diferentes líneas de acción, para contribuir a la consolidación de esas estructuras sociales y a la recuperación y conservación de los recursos naturales y el ambiente. La perspectiva que jalona nuestra visión es lograr, en el corto plazo, consolidarnos en la promoción y liderazgo de procesos que aporten nuevos elementos para la participación y el desarrollo de las diferentes comunidades inscritas en nuestro campo de acción y, por ende, alcanzar un reconocimiento en los ámbitos social, político y ambiental que nos permita posicionar nuevas ideas. Nuestros objetivos se centran en el desarrollo de iniciativas, proyectos y programas de carácter ambiental en todas

las líneas de acción comprendidas en este campo, mediante un trabajo interdisciplinario coordinado que nos permita además, respaldar las iniciativas generadas en las diversas áreas de la Corporación relacionadas con la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Pretendemos, asimismo, promover el fortalecimiento de las comunidades negras de Antioquia, por la vía del mejoramiento de sus condiciones de vida en el uso y aprovechamiento racional de su entorno natural, siempre desde la perspectiva del etnodesarrollo. De igual manera, en nuestro propósito también se incluye generar procesos y proyectos que impulsen la reconstrucción del maltrecho tejido social existente, a través de la educación como eje transversal de nuestro portafolio de servicios, el empleo productivo, el mejoramiento de sus condiciones de salud

y medioambiente, la recreación, el deporte y la participación comunitarias. Lo anterior nos conduce al diseño de modelos investigativos, de intervención ambiental y de trabajo social que sirvan de fundamento teórico para soportar tanto las propuestas, los programas, planes y proyectos de la entidad como nuestra contribución al conocimiento en esta área, ante todo, desde la óptica de la intervención sistémica entre las comunidades organizadas. En nuestro horizonte también se encuentra la promoción de procesos educativos que arrojen como resultado una sólida formación preventiva frente a las amenazas implicadas por la presencia de contaminantes tan comunes en los territorios de las comunidades afrodescendientes, como suelen ser los residuos orgánicos residenciales, los lixiviados desprendidos de ellos y las aguas residuales;

lo cual requiere la implementación de alternativas integrales viables (desde los puntos de vista técnico, social y cientíﬁco) que contribuyan al fortalecimiento de los grupos sociales mencionados. Las experiencias que reunimos en este documento, corresponden al ejercicio de articulación desarrollado a partir del énfasis en las particularidades socioculturales, ambientales y organizativas, tanto de las comunidades negras y las comunidades indígenas como de las organizaciones ambientales sin ánimo de lucro, de manera tal que los lectores se acerquen a estos procesos, mientras reconocen la particularidades del territorio aludido. Dentro de los alcances de este documento, también buscamos subrayar los notables avances arrojados en el trabajo realizado por C�� con las comunidades negras e indígenas y las

organizaciones ambientales sin ánimo de lucro, durante sus quince años de existencia. Esperamos que lo consignado aquí no se limite a una información de interés sólo para las comunidades involucradas, sino que sirva como material de consulta para investigadores, estudiantes universitarios, entidades públicas y, en general, la comunidad interesada.

Juan Antonio Cuesta Ruiz, Director Ejecutivo ��.

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

I. É��

La principal estrategia para el fortalecimiento de la gestión ambiental en el territorio, está centrada en la articulación de los procesos que adelantan tanto las comunidades negras como las comunidades indígenas y las organizaciones ambientales sin ánimo de lucro, como parte del desarrollo de cada dinámica poblacional, sectorial y organizativa, que por sus características especiales interactúan y se entrelazan en el territorio, hacia el objetivo común de desarrollar una cultura racionalmente sensible en el

uso, administración de las comunidades y aprovechamiento negras con sus condel entorno natural. sejos comunitarios, de las comunidades Lo anterior ha obte- indígenas con sus nido notables avan- resguardos y de las ces debido al invalua- organizaciones amble apoyo que desde bientales sin ánimo años atrás ofrece de lucro establecidas C�� con lo en su jurisdicción, que ha denominado ha sido fundamenPlan de Gestión Am- tal para garantizar la biental Regional y el participación comuPlan de Acción Trie- nitaria en el ejercicio nal, ambos orienta- de la administración dos a establecer un de los recursos natuproceso de creación rales y del ambiente, de públicos estraté- de conformidad con gicos para el trabajo lo establecido en la con estas comunida- Ley 99 de 1993 y otros des y las organizacio- actos legislativos innes ambientales sin herentes, como son ánimo de lucro. la Ley 70 de 1993, la En ese sentido, el Ley 388/97 y la 397 permanente acom- de 1997. pañamiento de la �� citada en el trabajo

¿De dónde emerge esta transversalidad del medio ambiente? De este simple hecho: al hacer referencia a esta tríada de temas en el desarrollo del ejercicio de articulación propuesto, de manera espontánea se visibilizan los ecosistemas y seres vivos que los

integran; por ello es necesario resaltar la presencia de las comunidades negras, las comunidades indígenas y las organi-

zaciones ambienta- sentido de participales que forman parte ción y el medio amdel territorio. biente, las diferentes actividades humaLa Dinámica nas, cobran relevanGeneral del cia bajo una nueva Proceso luz y proporcionan los elementos indisEspecíﬁcamente en pensables para re– la jurisdicción de C�- establecer el equili��, se viene brio ecológico que articulando la trans- el territorio precisa, versalidad esencial para asegurarle una que el ambiente po- forma de desarrollo see respecto a los sostenible, armónico tres grandes ejes y sustentable a las temáticos deﬁnidos generaciones prepor las dinámicas sentes y venideras. socioculturales y ambientales de los tres grupos poblaciona- La Cultura les y sectoriales des- Aunque se trata de critos con anteriori- un concepto vastísimo desde una persdad. pectiva antropolóEstos ejes temáticos gica –cuya enunciaresultan fundamen- ción, por supuesto,

tales para otorgarle sentido y, aún más, para resigniﬁcar el concepto ambiental en el territorio. Si priorizamos la cultura, la diversidad, el

excede las modestas pretensiones de nuestro escrito–, consideramos que en nuestro contexto, esta noción debe orientarse al desarrollo y conservación

ébano

L�� C�� A��

Dentro del desarrollo del proceso de articulación interna de las mencionadas comunidades y organizaciones ambientales, se destacan tres ejes temáticos: la cultura, la diversidad y la participación ciudadana; atravesadas por un interés común: el medio ambiente.

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

En este marco conceptual, la dinámica cultural propia de las comunidades negras, las indígenas y las oenegés ambientales, presentan notables diferencias a primera vista, pero se dirigen a un objetivo común, cual es el de alcanzar una adecuada administración del hábitat, regida por una racionalidad sensible con el patrimonio ambiental que lo rodea.

La Diversidad

En razón de su papel protagónico en la evolución de ese fenómeno a la vez fascinante y enigmático que es la Vida, consideramos a la diversidad como uno de los elementos más enriquecedores de la dinámica de cualquier proceso que tenga como eje transversal el tema ambiental y que articule la participación de los diferentes públicos que intervienen en ellos, cuales son las comunidades referidas; así podemos evidenciar las dinámicas territoriales y culturales y sus necesarios entrecruzamientos.

El Medio Ambiente

Se reﬁere al núcleo, al centro gravitatorio de todo este ejercicio, ya que es el sustrato del milagro de la Vida, lo determinante para establecer qué determina la existencia y las condiciones de supervivencia de los seres vivos y lo que garantiza la perdurabilidad de los recursos necesarios para su conservación.

La Dinámica Organizativa

En su jurisdicción, la �� C�� desarrolla un ejercicio de impulso, promoción y dinamización de procesos organizativos para la conservación, protección, aprovechamiento y uso racional del patrimonio ambiental, entre los diversos públicos y escenarios implicados. En el ámbito que nos ocupa, describiremos el desenvolvimiento del proceso particular de cada una de las comunidades referidas.

Organización de las Comunidades Negras

Para comprender cómo se inicia el proceso de articulación interna de las comunidades negras en el país y especialmente en Antioquia, el amable lector debe conocer algunas deﬁniciones relacionadas con nociones propias de las comunidades, su cultura y el territorio habitado. Éstas son:

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de las manifestaciones tradicionales de los habitantes de la región considerada, que contribuyan al cuidado del ecosistema donde se habita y que coadyuve en la erradicación de los hábitos y prácticas disfuncionales en nuestra interacción con el ambiente. Por ello, la tarea inmediata es impulsar la implementación de una cultura tal que entrañe una buena relación con el patrimonio ambiental y los recursos naturales que lo conforman.

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C�� N��. Se reﬁere al conjunto formado por familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia; comparten una idéntica historia y tienen tradiciones y costumbres propias que evidencian la conciencia de una identidad que la diferencia de otros grupos étnicos. I�� C��. Alude al conjunto de manifestaciones, tradiciones y costumbres particulares de un grupo étnico que lo identiﬁca y lo hace diferente de los otros grupos poblacionales que conforman una localidad, región o país. T�� B��. Se trata de terrenos situados dentro de los

límites del territorio nacional que, por carecer de un Titular, pertenecen –por ende– al Estado, y de aquellos que, tras haber sido adjudicados con tal carácter, deban volver a dominio estatal, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley 110 de 1913, y sus normas concomitantes.

P�� T�� P��. Designa las actividades y técnicas agrícolas mineras; de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consecuentemente las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y la modalidad O�� C��- de desarrollo auto��. Denomina el sostenible. asentamiento histórico y ancestral de R�� N��comunidades negras ��. Indica la totalien tierras para su dad de los elementos uso colectivo, que orgánicos (los seres constituyen su hábi- vivos) y no orgánicos tat y sobre las cuales como los minerales, desarrollan prácticas que nos proporciona tradicionales de pro- la Naturaleza para ducción en la actua- cualiﬁcar nuestra calidad. lidad de vida.

Antecedente Histórico del Proceso Organizativo La historia de las comunidades negras en Colombia y especíﬁcamente en nuestra región, se sintetiza en tres grandes momentos: • La denominada conquista y colonización de América. • La Independencia de la Nueva Granada. • La Constitución Política, emanada de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

De acuerdo con apartes de la información referida en el ensayo Presencia del Negro en la Vida histórica de Antioquia, autoría de Víctor M. Álvarez, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia, las primeras noticias sobre la presencia de negros en esta zona se remontan al año 1513, en cercanías del río Darién a su paso por “la provincia de Urabá”, apenas iniciándose el descubrimiento del territorio americano, según testimonio de Alonso de Sandoval, maestro y tutor de Pedro Claver, a quien debemos el más valioso estudio sobre la esclavitud de negros en aquella época.

Veinte años después, ya iniciada la conquista y fundadas las ciudades de Cartagena y Santa Marta, las diversas empresas militares europeas incorporaban algunos esclavos de origen africano. Obviamente, las explicaciones sobre la presencia de los africanos se derivaban de las consideraciones abiertamente racistas del momento, las mismas que servían de soporte al adefesio de la esclavización y comercialización internacional de negros. Baste mencionar, como ejemplo, la opinión según la cual la piel negra es un estigma de Dios. El mismo Sandoval señalaba que…

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

la tez negro en los etíopes no provino tan solamente de la maldición que Noé hechó a su hijo Cam,

los conquistadores como a la empresa militar propiamente dicha. Usados muchas veces como

ticá, Guamocó, Zaragoza, Cáceres y Remedios, así como su participación (hasta bien entrado el siglo

sino también de una calidad innata e intrínseca con que le creó Dios (…) para que los hijos que engendrase saliesen con ese tizne (…).

carne de cañón, una multitud de africanos encontraron allí la muerte.

XVIII) en la guerra emprendida por los españoles para procurar el dominio territorial.

Según testimonian Pedro Cieza de León, Pedro Simón y Juan de Castellanos (este último, autor de la más bella crónica posible de la Conquista, en décimas de versos endecasílabos), cronistas de las diversas empresas de conquista que llegaron a esta zona. A partir de 1535, traían consigo núcleos de esclavos negros que servían tanto a las necesidades personales de

Cabe anotar que los esclavos venidos de diferentes lugares de África pertenecientes a algunas etnias como Bañoles, Balantas, Mandingas, Branes, Congos y Biafaras, fueron utilizados principalmente en la extracción de minerales. Para la segunda mitad del siglo XVI, con el montaje de las explotaciones mineras, se incrementó la vinculación de esclavos negros en diferentes regiones de Antioquia tales como Buri-

La participación de los esclavos negros en los albores de la independencia de la Nueva Granada, cuando corría el año 1810, fue decisiva. No obstante, fueron invisibilizados y continuaron esclavizados hasta el año de 1851, cuando José Hilario López, entonces presidente de la República, promulgó la ley 21 de 1851, que inició la abolición de toda forma de esclavitud en Colombia.

En Qué Va el Actual Proceso Organizativo El actual momento de las comunidades negras remonta su origen hasta la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que modiﬁcó e insertó artículos determinantes de la Constitución Política vigente en lo relacionado con los derechos de las comunidades negras en cuanto grupo étnico culturalmente diferenciado y permitió la sanción de la Ley 70 de 1993 (Ley de Comunidades Negras de Colombia) y, en consecuencia, otros actos legislativos aﬁnes, tales como la Ley 99 de 1993, la Ley 115 de 1994 (Ley de Educación), la Ley 154 /94, la 134/96, la Ley 388/97 o la Ley 397 de 1997. Estas leyes, reglamentadas a través de decretos, resoluciones y directivas presidenciales, han generado algunas acciones en cumplimiento de lo esta-

blecido por la Carta más cruciales de su Magna y las normas desarrollo en cuanto mencionadas. etnia. Las líneas estratégicas que deﬁnen la dinámica organizativa de las comunidades negras en cuanto mecanismos para garantizar el etnodesarrollo y el fortalecimiento de la identidad cultural, a partir de la aprobación de la Constitución de 1991 y la sanción de la Ley 70/93 en el país y nuestra región, son las siguientes: F�� I��. Para el cumplimiento de los derechos constitucionales y legales de las comunidades negras, la norma legislativa propuso la creación de una unidad de apoyo o comisión especial en los niveles nacional y territorial, que garantizara la implementación de la Ley 70 de 1993 y –de igual manera–, estableciera responsabilidades y funciones institucionales a los diferentes entes públicos relacionados con las comunidades, en lo referido a los aspectos

Para tal ﬁn, la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las leyes relacionadas, establecen responsabilidades y funciones a entidades del Estado tales como los ministerios del Interior y de Justicia; de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el de Agricultura; el de Comercio y Desarrollo; el de Hacienda, el de Comunicaciones; el Ministerio de Minas y Energía; el de Educación; el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –otrora ��, hoy ��–, el Instituto de Investigaciones Culturales y Antropológicas –��–, el Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi –��–; las universidades públicas, las corporaciones autónomas regionales, los entes territoriales (gobernaciones y alcaldías), el Departamento Nacional de Planeación, el �� y el Consejo Nacional Electoral.

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administración del territorio y la máxima autoridad de gobierno interno reconocida por la comunidad.

afrodescendientes a la educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional.

En tal sentido, la herramienta fundamental para alcanzar el buen fortalecimiento organizativo que propone la Ley 70 de 1993, no es otra que la concertación, celebrada entre el Estado-gobierno y las comunidades comprometidas.

 Adjudicación de becas condonables para estudiantes pertenecientes a las comunidades negras por parte del I��.

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Para garantizar el acceso a los derechos fundamentales de las comunidades negras, los mayores logros obtenidos con base en la F�� O��. Para concertación son los siguientes: garantizar el cumplimiento y desarrollo de las directrices  Creación de la Dirección de Etnias en el hoy fusionado Ministerio del Interior y de Justicia. establecidas en la Ley 70 de 1993, y sus  Asesoría, capacitación y acompañamiento a las comunidades negras en la conformación decretos reglamende los Consejos Comunitarios. tarios, amén de las leyes relacionadas,  Identiﬁcación y titulación de las tierras balla norma propuso la días ocupadas en forma ancestral. creación de las consultivas nacional y  Fundación de la Comisión Pedagógica Nacional para analizar lo atinente tanto a la etdepartamental como noeducación como a la Cátedra de Estudios el escenario de interAfrocolombianos. locución válido para la concertación en-  Creación de un órgano consultivo en los niveles nacional y departamental. tre las comunidades negras y el Estado.

 Apertura de un espacio de representación y participación para las comunidades negras en la Corporación Autónoma Regional, en nuestro caso, en la Junta Directiva de C��, con la presencia de Arnobia Foronda Tobón.

Estos instrumentos administrativos están integrados por representantes de instituciones del Estado, de las organi-  Acceso a un espacio representativo y de participación por parte de las comunidades zaciones de base y negras en los concejos municipales y deparde los consejos cotamentales de Planeación, Cultura, Paz y munitarios, entenDesarrollo Rural, entre los más destacados. didos éstos últimos como el órgano de  Establecimiento de directrices a la universidad pública para garantizar el acceso de los

 Trazado de directrices para acceder a fondos de crédito estatal.  Establecimiento de mecanismos para el desarrollo económico y social de las comunidades negras (acceso a fondos de crédito).  Establecimiento de mecanismos para la protección de la identidad étnica y cultural de las comunidades negras.

D�� S�� O��. De conformidad con la norma, existen tres tipos de formas organizativas beneficiarias de la ley 70 de 1993 y de los procesos derivados de la misma. El primer tipo de beneficiarios está compuesto por las comunidades negras ancestrales que constituyen objeto de los beneficios planteados por la Ley –a pesar de carecer de una organización formal–, considerando sus características culturales y territoriales. El segundo tipo responde a las comunidades negras organizadas de manera formal en consejos comunitarios y respaldadas jurídicamente por el Decreto 1745 de 1995, reglamentario de la Ley 70 de 1993. El tercer grupo de beneficiarios lo conforman las organizaciones de base de miembros de la comunidad negra o asentamiento, que deciden aplicar el derecho constitucional de asociarse para trabajar por el bien común de la propia organización o de la comunidad en general.

Propone además la norma, que estas instituciones deben apropiar los recursos necesarios para la observancia de sus funciones en lo relacionado con el cumplimiento del mandato legal en beneﬁcio de dichas comunidades.

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

T�� O��. Para las comunidades negras, sus territorios constituyen la base y el sentido de su existencia, pues desde tiempos ancestrales en su lucha contra el

régimen esclavista y el colonialismo, han sido los símbolos de los levantamientos por la defensa de su libertad, su dignidad, la reconstrucción de su cultura y de su cosmovisión. El drama de esta arraigada concepción como “cuidadores de la tierra”, estriba en la evidente contradicción existente entre su calidad de habitantes de territorios sumamente ricos y la expoliación a la que se ven sometidos, paradójicamente, por gozar de un privilegio que, a la larga, se convierte en la peor de las pesadillas, porque el orden legal vigente, unilateralmente establecido por un grupo minoritario internacional de especuladores de capitales, los somete a vejámenes tan ultrajantes como el desplazamiento o la expropiación de sus derechos ancestrales, amparados en demagógicas ideologías sustentadoras de una empecinada barbarie que se nie-

ga a desaparecer. Con ello, tanta abundancia, en lugar de proporcionar bienestar, ha hundido a las comunidades negras en el sórdido laberinto de la más descomunal miseria, violencia sin límite y marginalidad absurda, sólo comparable a los mayores genocidios acaecidos en el escenario geopolítico internacional.

los expertos desig- nación republicana nan bajo el concepto que posteriormente genérico de cultura. los excluyó.

El africano desarraigado, cuando logró zafarse las cadenas, lo primero que hizo fue liberar territorios mediante el cimarronaje, para erigir luego territorios autónomos que recibieron nombres tales como Quilombo, Mocambo, Palenque, Cumbe y Ladeira para proclamar su dignidad y soberanía desde allí, para olvidar la escandalosa afrenta de haber sido esclavo.

Los afros en Antioquia, al igual que los del resto del continente, han estado dispuestos a construir su propio proyecto de nación en los territorios liberados doquiera se encuentren, para reaﬁrmarse histórica y culturalmente como hombres negros y mujeres negras.

En esas naciones libertarias, reconstruyeron sus vidas, levantaron instituciones sociales, militares, de corte productivo y una serie de valores que hoy

En este proceso, Antioquia fue gran protagonista, toda vez que buena parte de los esclavos fueron conducidos a las minas de oro de Cáceres, Zaragoza, Remedios, Belmira, Sopetrán, Buriticá y Santa Rosa de Osos, entre otras localidades.

Los territorios liberados, sus experimentadas escuelas militares y la cultura de la libertad que defendieron, conformaron el caldo de cultivo apropiado para fraguar la independencia del país y la construcción de la nueva

El contraataque de los esclavistas obligó a los nuevos colombianos, que conformaban un importante grupo social, a resistirse reviviendo el cimarronaje y luchando por conquistarle espacios a la hostilidad entre selvas, ríos y mares, buscando vivir en paz, trabajar para sí mismos, conformar sus familias, ejercer y dinamizar sus valores idiosincráticos y mantenerse fuera del alcance de los explotadores. Consolidados en territorios inaccesibles o de poco interés para los terratenientes, los esclavizados, sus familias y sus descendientes, con el tiempo se convirtieron en una gran comunidad negra nacional y desarrollaron una inquebrantable solidaridad étnica en torno a los lazos del color y el derecho a la vida en libertad.

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P�� R�� C�� N��. De acuerdo con la Constitución Política colombiana, la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y otras leyes aﬁnes, las comunidades de base organizadas, tienen derecho a participar como grupo étnico culturalmente diferenciado. Este logro se alcanzó a través de un conversatorio, en el cual se resolvieron inquietudes relacionadas con la participación de las organizaciones de base, los consejos comunitarios y los consultivos del orden nacional y departamental. En consecuencia, se propuso revivir la participación de las comunidades negras en el Comité Departamental De Desarrollo Rural.

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

Un fenómeno llamativo es que aquellos territorios negros conquistados épicamente, en particular los 1.300 km de extensión costera bordeando el Océano Pacíﬁco y el área total de 49.663 km2 del Chocó biogeográﬁco, con sus pobladores negros e indigentes y sus riquezas desbordantes, fueron consideradas tierras baldías y sometidas al más despiadado saqueo minero, forestal, pesquero y portuario, a través

de enclaves, concesiones, permisos y presencia de empresas transnacionales, entre otras formas legales de explotación patrimonial. En dichas tierras, actualmente declaradas baldías, se han encontrado enormes yacimientos de petróleo, manganeso, cobre, hierro, carbón, platino, nódulos polimetálicos y oro (entre otros), y una riqueza genética y biodiversa sin parangón. En conformidad con lo anterior, se puede constatar que los territorios de las comunidades negras no han recibido ningún reconocimiento legal, si recabamos en que aún permanecen tierras baldías en zonas habitadas por las comunidades negras; que existen negativas de adjudicación de tierras para esta franja de la población, que las prácticas tradicionales de producción de la comunidad no reciben apoyo para su mejoramiento y que los recursos natu-

rales se encuentran bajo el dominio monopólico del Estadogobierno.

Lo que Estamos Forjando

M�� A��. Articulado al ejercicio del territorio, el medio ambiente y los recursos naturales que lo componen son primordiales para el reconocimiento de los derechos de las comunidades negras, garantizados por la Constitución Política de 1991, la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y la Ley 99 de 1993, entre la normatividad más notable, que deﬁnen la participación especial de las comunidades afrodescendientes en el territorio nacional.

Dentro de la jurisdicción de C��, en la actualidad se cuentan sesenta y cuatro comunidades negras, veintisiete constituidas bajo la modalidad de Consejo Comunitario y treinta y ocho como comunidades de base; todas ellas vienen participando en un proceso de fortalecimiento ambiental y organizativo, que, de manera simultánea, ha generado un espacio de encuentro, articulación e intercambio de experiencia, donde se delibera acerca de las actuaciones adelantadas por parte de las entidades públicas en la aplicación de las normas que beneﬁcian a este tipo de organizaciones y a sus respectivas comunidades. En el ejercicio de encuentro y articulación de los mencionados Consejos Comunitarios, se han obtenido los siguientes resultados:  Elección del Representante de las Comunidades Negras en el Consejo Directivo de C��.  Construcción de una agenda de trabajo común para los consejos comunitarios y las comunidades negras de la jurisdicción de la mencionada ��.  Zoniﬁcación y georreferenciación de las comunidades negras presentes en la jurisdicción de ��.

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Identiﬁcados por lazos históricos, étnicos y culturales comunes gracias a su ascendencia africana (común a la totalidad de la Humanidad, no se olvide), afrontaron el reto de aprender a sobrevivir en hostiles medios naturales y sociales que poco a poco lograban conquistar, y así fundaron centenares de localidades pobladas por descendientes de esclavos, que en la actualidad forman un mundo propio muy peculiar y diverso.

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

 Realización e institucionalización del encuentro de consejos comunitarios para la articulación e intercambio de experiencias signiﬁcativas entre las comunidades implicadas.  Articulación de una propuesta de trabajo provista de indicadores en las comunidades negras, al Plan de Acción Trienal –��– de C��.  Creación de una mesa de concertación entre C�� y las comunidades negras inscritas en su jurisdicción.

Como correlato de estos resultados, las principales propuestas de trabajo que se han venido desarrollando en el marco de la realización del encuentro y articulación del proceso

Las nuevas propuestas que se vienen proyectando desde el encuentro y la articulación de las comunidades negras, orientadas a su fortalecimiento organizacional, son las siguientes:  Establecer el saneamiento básico ambiental en las comunidades negras.  Deﬁnir y desarrollar procesos de investigación social, ambiental y productiva.  Formular e implementar proyectos productivos sostenibles.  Promover la etnoeducación ambiental entre las comunidades implicadas.

 Formulación e implementación de planes de manejo ambiental en territorios de las comunidades negras.

 Promover la expedición de los conceptos técnicos ambientales de proyectos con impacto en el territorio y en la identidad cultural de las comunidades negras desde C��, de conformidad con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la normatividad afrocolombiana vigente.

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 La realización y el fortalecimiento de encuentros subregionales de consejos comunitarios y organizaciones de base en la jurisdicción de C�� –uno anual por subregión–.

 Sensibilización, capacitación y formación comunitaria en derechos étnicos constitucionales y legales.

organizativo y fortalecimiento de las comunidades negras en la jurisdicción de C��, acordes con las directrices establecidas en la normatividad, son las siguientes:

 Análisis territorial para la solicitud de titulación colectiva o compra de tierras en comunidades negras de la jurisdicción de Corantioquia.

 Promover que se articulen al Estatuto Ambiental del departamento de Antioquia (en proceso de formulación), las propuestas de trabajo ambiental en las comunidades negras de la jurisdicción de C��.  La formulación y ejecución de los planes de

 Realizar y fortalecer el Encuentro Departamental de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base con una periodicidad semestral por lo menos, con la presencia de la Coordinación de la Consultiva Departamental, las administraciones municipales, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y otras entidades relacionadas del nivel departamental.

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

 La creación y el fortalecimiento de la mesa de trabajo interinstitucional, en beneﬁcio de las comunidades negras de la jurisdicción de C��.  La promoción y el acompañamiento de la gestión de titulación de tierras ante el ��; el avance de los procesos de titulación colectiva, la compra y adjudicación de tierras para las comunidades negras.

Ubicación de las Comunidades Negras

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A continuación relacionamos los Consejos Comunitarios de las comunidades negras que han estado participando del encuentro de articulación desde la �� C��.

C��

R��

��

Boca de Caná

Jableydi Rojas Tapia

Zaragoza

Pueblo Nuevo

Shirley Lemus

Zaragoza

El Aguacate

Calixto José Jiménez López

Zaragoza

Porce Medio

Eraldo Mena Ayala

Zaragoza

Chilona–El Salto

Camilo Mena Serna

Zaragoza

Chaparrosa

Miguel Enrique Nieto Simanza

El Bagre

Nueva Esperanza

Romelio Cossio Aguilar

El Bagre

Villa Grande

Hermes Fidel González Julio

El Bagre

Tarachica

Floriberto Marmolejo Hurtado

El Bagre

Villa Larga

Délix Mendoza Vergara

El Bagre

El Cristo

Manuel Octavio Sánchez Girón

Segovia

El Cenizo

Fredy Luna Córdoba

Segovia

Segovia (cabecera)

Franny Yarley Sánchez

Segovia

San Andrés

Humberto Alfonso Córdoba Monsalve

Girardota

San Andrés

Arnobia Foronda Tobón

Girardota

Caño Bodegas

Fabio Gracia Castillo

Yondó

Rompederos

Manuel Dolores Aponzá

Yondó

San Francisco

Yondó

El Disparo

Yondó

La Congoja

Yondó

El Vietnam

Yondó

San Nicolás

Jhonny Alexander Luna

Sopetrán

La Miel

Belmira

Zafra

Belmira

Playa- Zancudito

Belmira

Amoladora

Belmira

El Caney

Santa Rosa

manejo ambiental, los procesos de recuperación de aéreas degradadas y los proyectos productivos, entre otras acciones, para el mejoramiento de las condiciones de vida de dichas comunidades.

2. C��

El tránsito hacia la asociatividad de las ��s socioambientales de Antioquia

caoba

«Durante los años noventa y comienzos de este siglo, el panorama asociativo de las entidades socioambientales en Antioquia no presentaba señales de vida»

U� �� . El trabajo mancomunado por la consecución de objetivos comunes entre las diferentes organizaciones pertenecientes a un mismo gremio no es la característica más notable de la idiosincrasia colombiana, en cualquiera de sus campos, y las organizaciones socioambientales sin ánimo de lucro del área metropolitana de Medellín y la región, no han escapado a esa condición tan propia de nuestra manera de ser.

Podemos aventurar una explicación para lo que, a primera vista, es poco comprensible. Por estos días asistimos a la conmemoración del bicentenario de la in-

dependencia frente a la corona española, con una lamentable paradoja a cuestas: no contamos con un proyecto nacional consensuado, con un norte preciso que encauce el accionar de toda la población hacia lo más legítimo que le es dado a los pueblos: la exaltación de la dignidad humana, la búsqueda del bienestar común, de la prosperidad incluyente, de la primacía de la civilización sobre la barbarie en su territorio; en suma, el cultivo de todas aquellas virtudes que le conﬁeran un lugar éticamente apropiado en el foro internacional de debate acerca de las cuestiones fundamentales que le competen a la supervivencia de la especie humana en

el planeta, ya puesta en entredicho por nuestro prolongado desentendimiento ante las consecuencias previsibles de un modelo de desarrollo disfuncional con el medio ambiente.

Lo anterior puede comprobarse con un ejercicio sencillo: basta comparar el nuevo marco democrático abierto para todos los colombianos gracias al reconocimiento legal de sus derechos fundamentales –Título II, Capítulo I, artículos 11 al 41– enunciados en la Constitución de 1991 (considerada por expertos juristas una de las más avanzadas del mundo en este tema) y la aplicación de cada uno de esos derechos en la cotidianidad. El abismo es inocultable.

La carencia de un proyecto nacional que irrigue sinergias entre todos los estamentos del país para trabajar por un ideal

común, ha ocasionado que el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa en nuestra patria no haya logrado superar el mero formalismo retórico. Por ello, cuestiones tan determinantes para mantener la unidad nacional como lo son el pleno reconocimiento de las libertades, el respeto mutuo en la diversidad, la convivencia pacíﬁca, la igualdad jurídica o la tolerancia ideológica, a pesar de ser mandatos constitucionales, todavía no concretan su paso desde los ideales al lenguaje de los hechos.

L�� . En general, las condiciones que han rodeado los procesos de fundación, mantenimiento y perduración de las entidades socioambientales sin ánimo de lucro, interesadas en mejorar la calidad de vida de sus coterráneos y las circunstancias de su entorno, no son las más adecuadas para asegurar su subsistencia. La propia decisión de no orientar su accionar a la acumulación de capital, pareciera generar hostilidad en un medio que no sólo acepta como algo natural la instauración de empresas para captar rentabilidad, sino que lo impulsa y aplaude. No es de extrañar que hasta los más allegados se sumen al coro de las recriminaciones. A un medio como el nuestro, que tradicionalmente ha privilegiado la producción rentable, le cuesta aceptar la existencia de otras vías de realización.

Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

C�� A��. Lo anterior dio lugar a una situación muy semejante a la que, por razones propias de su oﬁcio, viven nuestros escritores

y creadores artísticos: no tienen tiempo para compartir sus manuscritos, no se frecuentan en sus talleres; en síntesis, no se conocen más que en la superﬁcie. Durante los años noventa y comienzos de este siglo, el panorama asociativo de las entidades socioambientales en Antioquia no presentaba señales de vida. Cada entidad estaba ocupada en sus asuntos, cada director estaba ocupado en salvar su entidad, la mayor parte de la energía se dedicaba a la resolución de problemas de índole ﬁnanciera, con lo cual las problemáticas gruesas, las fundamentales, se diluían en un lamentable segundo plano.

E� �� . Los últimos años señalan un viraje muy positivo en la actitud de las organizacio-

nes ambientalistas respecto a la necesaria uniﬁcación de los esfuerzos que cada una de ellas se atrevió a emprender, ha hecho madurar en el tiempo, y hoy conforma su más valioso patrimonio, en la perspectiva de potenciar sus posibilidades de incidencia en la solución de las problemáticas que concentran su accionar, si se suma a entidades con preocupaciones aﬁnes y busca otras organizaciones del gremio, para complementar sus fortalezas.

C�� ha ejercido un papel protagónico en la tarea de aglutinamiento de las �� ambientales presentes en su jurisdicción, con su permanente labor de apoyo y acompañamiento. Esta paciente labor de crecimiento le ha permitido a cada organización irse cualiﬁcando en los

distintos renglones que las componen para establecer las sinergias necesarias entre ellas y las que se deben tender entre las mencionadas organizaciones y la institucionalidad pública, para actuar con eﬁciencia en los distintos escenarios que requieren ser intervenidos. En ese sentido, la presencia de dos representante del sector en la Junta Directiva de C��, más allá del cumplimiento de unos requisitos estatutarios, representa para las �� socioambientales de la jurisdicción no sólo un reconocimiento de su evolución, sino ante todo un conducto permanente de diálogo, retroalimentación y participación efectiva en las decisiones que deben tomarse para adelantar una adecuada gestión ambiental en la región.

de los Públicos y Actores Estratégicos de las Mesas Ambientales de la jurisdicción de C��”, y la participación de un centenar de delegados en representación de las Territoriales Aburrá Sur, Centro y Norte en septiembre de 2007, con el objeto de impulsar la articulación de los diferentes grupos locales partícipes de las mesas ambientales, para explorar las bondades del modelo asociativo hacia un objetivo común que integrase la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en el área metropolitana, por la vía del estímulo a la incidencia ciudadana en la gestión administrativa de sus propios recursos, a ﬁn de aunar las iniciativas de las autoridades ambientales locales, de las entidades públicas y privadas comprometidas y de la ciudaPor ello resultó tan danía organizada en motivante la realiza- la gestión ambiental ción del “Primer En- del territorio. cuentro Ambiental

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En términos generales, el camino seguido por las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el medio ambiente en su corta historia, ha sido el de la oferta de conocimiento, ante todo bajo la modalidad de asesorías mediante la contratación de sus servicios, ya sea a entidades particulares o a los entes estatales. El gran problema para su sostenibilidad siempre radicó en la reducida oferta que esta franja de mercado, aún en ciernes, le podía ofrecer a un sector profesional que, además de la dedicación a las tareas dictadas por sus convicciones, debía derivar su sustento de ellas.

“un grupo de organizaciones socioambientales y la ciudadanía, logró la reducción de 4500 partes por millón de azufre a ¡50 ppm! en el combustible suministrado por Ecopetrol a Medellín, en un breve lapso de tiempo”

Para las ��s socioambientales se trata de participar en la gestión de los grandes proyectos territoriales, en la identiﬁcación de soluciones para las causas que deterioran el ambiente y comprometen los recursos inherentes al modelo de desarrollo sostenible, que, además, le pertenecen a las generaciones futuras; más allá de la mitigación de problemas ambientales coyunturales, con la clara consciencia de que el aspecto ecológico más seriamente afectado en nuestro país es el tejido social, lacerado por las ultranzas del individualismo, las miserias que a manos llenas avienta la violencia y una dramática indiferencia frente a lo que sucede en el entorno, todo alimentado por las mitologías portátiles que suelen tejerse en nombre de una opinión pública sin rostro.

trucción de una visión nacional de futuro, apuntalada en la existencia de amplios recursos (la biodiversidad, el paisaje, la abundancia de agua), que requieren de un manejo sostenible, en el que tiene mucho qué aportar la experiencia de las organizaciones socioambientales de Antioquia en temas tan cruciales como la preservación de las fuentes hídricas y el reconocimiento de la prerrogativa de todos los colombianos a contar con un mínimo vital de agua, como un derecho fundamental, para lo cual –recordemos– se dio pie a una iniciativa popular que, a través del ejercicio de uno de los mecanismos contemplados en el Artículo 103 de la Constitución Nacional para asegurar la participación ciudadana en la gestión pública (el Referendo), alcanzó la cifra sin precedentes de dos millones cien mil ﬁrmas de apoyo P�� Q�� A��- en la fase preceden��. Todo lo anterior te de esta iniciativa con miras a la cons- popular.

E� �� . Este inusitado apoyo por la defensa de un recurso público vital, además de reﬂejar la agudización de la escasez de agua frente al aumento de la población (su consumo se duplica cada veinte años), evidencia un profundo rechazo popular tanto a su comercialización, como a la privatización de las fuentes de agua, tendencias ambas que, como puede colegirse tras el análisis de los llamados “acuerdos desdichados” que dejó la Cumbre de Johannesburgo, marcan un retroceso respecto a la expectativa que se abrió paso tras las deliberaciones de Río’92, en cuanto a la posibilidad de instaurar el desarrollo sostenible (la Ley 99 de 1993 constituye su expresión en Colombia), como modelo planetario para asumir de manera adecuada el manejo del agua, la generalización del saneamiento básico y la lucha contra la

pobreza, entre sus administración del propósitos más apre- recurso hídrico en el miantes. territorio nacional”, comúnmente conoEste proceso se ha cido como “Ley del manifestado en Co- Agua”, en un país en lombia mediante la donde ésta ha sido fusión de los minis- considerada tradicioterios de Medio Am- nalmente como un biente, Vivienda, y bien de uso público y Desarrollo Territorial su manejo y adminisy las modificaciones tración se le ha consufridas por la legis- fiado al Estado. lación y la política ambiental nacional, Lo anterior supontales como la paulati- dría un paradójico na flexibilización del riesgo de desabasteacceso a las licencias cimiento (por causas ambientales con la antrópicas), que para intención de crear las el año 2025 afectará, condiciones óptimas según el Instituto de para atraer inversio- Hidrología, Meteoronistas. El relajamien- logía y Estudios Amto de la actual políti- bientales –��–, al ca nacional frente al 69% de la población agua se puede ras- colombiana, en un trear mediante el se- país privilegiado en guimiento al sistema la actualidad respecde concesiones que to a la disponibilidad rige en el país desde agua. de los años 60 del siglo pasado, afina- En síntesis, la probledo por el Código de mática del agua en Recursos Naturales el país es una condirecta y el Decreto 1541 de secuencia 1978, donde se pro- del modelo de desapone una flexibiliza- rrollo adoptado, ya ción y ampliación de que éste insiste en las concesiones, y el ignorar la lógica de proyecto de Ley No. los ecosistemas que 365 de 2005, “por usufructúa, bajo el el cual se establecen argumento propuesmedidas para orien- to por el Foro Muntar la planificación y dial del Agua (organizado por el Banco

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Cultura, Diversidad y Participación por el Medio Ambiente

A esta concepción se opone la del agua como un “derecho humano”, defendida por la sociedad civil y muchos gobiernos locales reunidos en el Foro Alternativo Mundial del Agua, que la piensan como un bien común y, por lo tanto, consideran que el acceso al agua para cualquier persona debe estar garantizado por el ﬁnanciamiento colectivo. La Ley 99 de 1993 ( Numeral 5o del Artículo 1o) para volver al caso colombiano, le otorga prioridad al consumo humano, lo que se aproxima a la concepción del agua como un derecho, que en cuanto tal, debe garantizarse a toda persona, entre otras cosas, por su importancia estratégica para garantizar el “desarrollo económico, social y cultural del país”.

Los ligeros avances logrados en el seno de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes evidencian la incidencia del movimiento en defensa del agua ante el Legislativo, que ya empieza a encontrar ecos positivos en torno a la viabilidad de esta propuesta, a pesar de los recortes sufridos por el texto inicial en la Comisión Primera, respecto a los alcances del agua en cuanto derecho humano fundamental, al reducir su valor a un simple enunciado sin consecuencias prácticas, cuando eliminó el artículo sobre el parágrafo propuesto al artículo 365 de la Constitución Nacional referido a la no privatización y, por ende, a la gestión pública del agua, y le limitó el mínimo vital gratuito a los estratos 1, 2 y 3, precisamente los sectores más empobrecidos y vulnerados en sus derechos.

Mientras en la Cámara de Representantes se ponía en entredicho una modalidad de participación ciudadana contemplada en la Constitución, es gratiﬁcante comprobar cómo el Concejo de Medellín atendió el clamor de la ciudadanía y del Movimiento en Defensa del Agua y de la Vida, para implementar el mínimo vital gratuito de agua en la ciudad desde junio de 2009 para las familias del estrato 1 del Sisbén, luego de incluirlo en el Plan de Desarrollo, para concretar, en calidad de pioneros, lo que debería generalizarse en la totalidad del territorio colombiano: el derecho humano al agua, en consonancia con la Observación General Nº 15 del Comité de la �� para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con lo que nuestro país se sumaría a la voz de los países europeos que se han pronunciado oﬁcialmente en favor del derecho al agua, como España, Francia, Bélgica, Norue-

ga, Suiza, Rumania y Luxemburgo; a las naciones africanas que ya lo han incorporado a sus constituciones: Gambia, Etiopía, Zambia y Burkina Fasso y a los avances que en el mismo sentido presentan Uruguay y Ecuador en Sudamérica. U�� S�� . Cuatro años antes de implementar el mínimo vital gratuito de agua para las personas más pobres de la ciudad, el Concejo de Medellín suscribió el Acuerdo No. 38/2005 que estableció la Política Pública de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en la ciudad, tras corroborarse con cifras del Plan de Desarrollo que el 42% de la niñez de los estratos 1,2 y 3 de Medellín padecía desnutrición crónica. La ﬁrma de este Acuerdo culminó una secuencia operativa iniciada por el comité académico del Seminario Internacional “El Hambre en la ciudad… ¡Una

papa caliente!”, que con el respaldo de la Mesa de Seguridad Alimentaria, concretó una nueva realidad política, comprometida en el plano internacional, con la Declaración Universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición, respecto al derecho inalienable de toda persona a no padecer hambre, como el paso inicial para construir una sociedad más equitativa y para acceder a un desarrollo humano integral en un mundo que produce el doble de la alimentación requerida por la totalidad de su población. ¡M�� R��! Para las ��s socioambientales adscritas a P��, ha sido un permanente desvelo el mejoramiento de la calidad del aire en una ciudad en la que la polución atmosférica es la segunda causal de muertes, debido a enfermedades respiratorias, como se desprende de un reciente estudio realizado por la Escuela

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Mundial) de considerarla como una “necesidad para satisfacer”, es decir, como un producto para el comercio.

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apoyo a las autoridades ambientales y de tránsito en el ejercicio del control de la aplicación de la normatividad en materia de emisión de gases, culminó su fase inicial con la ﬁrma de un Pacto por la Calidad del Aire, con la totalidad de los alcaldes del área metropolitana, como un avance estratégico para promover la participación social requerida en la consolidación del Sistema Regional de Áreas Protegidas–Parque Central de Antioquia La campaña cívica –��-��–. “Pura Vida”, liderada por el Área Metro- Como acción concrepolitana del Valle ta para la calidad de de Aburrá –��– y vida de los medellioperada por la Fun- nenses, esta iniciadación Con Vida, tiva, fruto de la sinquien, bajo la batu- ergia entre las autota de la Asociación ridades ambientales de Organizaciones regionales, la instituAmbientales –P��- cionalidad pública de ��–, adelantó la ciudad, un grupo diversas campañas de organizaciones de sensibilización a socioambientales y la comunidad sobre la ciudadanía, logró la calidad del aire, a la reducción de 4500 través de su partici- partes por millón de pación en eventos, azufre a ¡50 ppm! a estudios y la confor- partir del 1 de julio mación de un gru- del presente año, po de Veedores del según nos conﬁrmó Aire, que ofrecieron Gustavo Londoño

Gaviria, interventor del Convenio Interadministrativo No. 10 celebrado entre el Municipio de Medellín, el AMVA y Ecopetrol en el combustible suministrado a Medellín, en un breve lapso de tiempo, gracias al ejercicio democrático de participación en la gestión ambiental del territorio, mediante la puesta en funcionamiento de uno de los derechos fundamentales consagrados en la ��–91 en su Artículo 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución(…)”, y si a esa persona, además de la verdad y la razón, la respalda la ﬁrma de los directores en su momento del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de la Gobernación –��–, de Cornare, del �� y de C��, la petición, además de respetuosa, se hace respetable.

P��, ��, �� . Entre las muchas tareas adelantadas en estos 15 años de aprendizaje asociativo, nos queda espacio para reseñar la construcción de la Agenda Ciudadana Ambiental para la región; el macroproyecto de cuidado de cuencas y otros proyectos ambientales como el que P�� adelanta en el área de El Romeral; el Plan de Acción para el alto del Manzanillo que propone establecer un corredor ecológico, turístico y cultural que enlace el Alto del Manzanillo, el Romeral y la Romera, formulado por la Corporación �� Itagüí; la propuesta de Bello Turístico en el sentido de integrar la tradición cultural y los atractivos del municipio, en actividades tales como recorridos lúdico-educativos al cerro Quitasol y la Hacienda Corrales, entre otras muchas iniciativas.

U� �� . El apoyo de las �� socioambientales adscritas a P�� a la Junta de Acción Comunal del emblemático barrio Carlos E. Restrepo, constituyó una experiencia de participación cívica ambiental comunitaria ejemplar para detener la pérdida de un pulmón verde en el centro de una ciudad urgida por ampliar su deﬁcitaria oferta de espacio público, donde se adelantaba la construcción de un conjunto residencial que sólo favorecería a un puñado de inversionistas inmobiliarios. La recuperación del tradicional espacio público verde de Carlos E. no se redujo a las ﬁligranas de la hermenéutica jurídica en un bufete de abogados, ¡fue un inolvidable festejo solidario!

A�� . Para ﬁnalizar, una de las tareas pendientes inmediatas de la Asociación de Organizaciones Socioambientales de Colombia –P��–, es la creación de un portal único en la web, operado por la fundación Amigos del Medio Ambiente –��–, que se perﬁle como un canal de retroalimentación y debate abierto entre las organizaciones ambientales, los entes públicos y privados interesados en solucionar con diligencia las problemáticas que estén a su alcance, las autoridades ambientales y la comunidad, los individuos y toda suerte de grupúsculos, para debatir, proponer, denunciar y recomendar iniciativas en procura de una sociedad amigable con el ambiente. Con la Vida.

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Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, dada la conﬂuencia de dos factores nefastos para la salud de la población: la localización en un valle profundo que limita la circulación de un aire viciado por gases contaminantes (66% de esas emisiones generadas por el tráﬁco vehicular) y el suministro durante décadas de un diesel violatorio de todos los estándares internacionales por parte de Ecopetrol.

1. Respecto al agua, se analizaron:  Los planes departamentales para el agua.  Las empresas subregionales de servicios públicos.  Las microcentrales y macrocentrales hidroeléctricas, tales como Pescadero-Ituango.  El Referendo por el Agua.

POR INICIATIVA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES SOCIOAMBIENTALES DE COLOMBIA –PANTÁGORA– Y CON EL AUSPICIO DE CORANTIOQUIA, SE REUNIÓ EN LA CIUDAD DE ITAGÜÍ UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE DELEGADOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y AMBIENTALES DE

ANTIOQUIA, PARA DELIBERAR, EN

COMISIONES TEMÁTICAS, ACERCA DE LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES REFERIDAS AL ESTADO DEL ARTE DE LOS RECURSOS NATURALES

DEL DEPARTAMENTO, Y ESTABLECER LAS PAUTAS DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INCIDIR EN EL TRAZADO DE LAS FUTURAS POLÍTICAS AMBIENTALES DE

ANTIOQUIA Y TODA LA NACIÓN HACIA LA VIDA.

SOSTENIBILIDAD DE LA

l encuentro de Organizaciones Socioambientales de Antioquia se centró en la consecución de tres objetivos, a saber:

• Debatir y concertar una Agenda Departamental Ambiental.

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• Preparar posiciones uniﬁcadas para el encuentro nacional ciudadano “Cumbre Ambiental Colombiana”, a realizarse los días 12, 13 y 14 de julio en el municipio de Guaduas (Cundinamarca).

Los principales temas abordados durante el encuentro fueron los siguientes: 1. Agua. 2. Bosques. 3. Suelos.

2. En referencia a los bosques se consideraron:  Los sistemas departamentales, regionales y locales de áreas protegidas.  El “Maniﬁesto para la Conservación de los Bosques”, liderado por las organizaciones socioambientales del Oriente antioqueño.  La “Campaña para la Conservación de los Bosques de Antioquia”, promovida por diversas organizaciones socioambientales de la región.

3. En torno a los suelos, los temas a debatir fueron:  Los problemas en la aplicación de normas para su protección.

4. Inequidad regional.

 El aceleradísimo proceso de erosión con la pérdida y el agotamiento de los suelos agrícolas productivos.

5. Modelo vigente y proyectos de desarrollo.

 Los cambios de uso provocados por el acelerado proceso de conurba-

• Promover la organización, la asociatividad y la participación como fundamentos para la construcción de un Estado Social de Derecho y Ambiental en Colombia.

ción que limita la disponibilidad y el acceso a los suelos agrícolas.  El proceso de extinción al que está sometida la economía agrícola tradicional.

4. Respecto a la inequidad regional, lo fundamental para el análisis fue:  La relación de la región metropolitana con el entorno agrario departamental.  La huella ecológica del área metropolitana.  La prestación de bienes y servicios ambientales.  La simpliﬁcación y homogenización de ecosistemas y paisajes.  La destrucción del patrimonio natural y cultural.

5. En cuanto al modelo imperante y los proyectos de desarrollo que le son inherentes, se abordaron:  Los elementos mínimos para un modelo alternativo y ambiental de desarrollo (endógeno, sostenible, humano, e integrador entre lo urbano y lo rural).

Los asistentes se dividieron en dos mesas de trabajo temáticas para debatir los temas propuestos, con base en dos preguntas conductoras y documentación pertinente (enviadas con antelación), a las personas y entidades participantes. La primera pregunta rezaba así: ¿Cómo incidir para que el Estado cumpla con el Artículo 103 de la Constitución nacional –referido a los mecanismos democráticos de participación popular en la gestión pública–? La pregunta conductora No. 2 era esta: ¿Qué aspectos administrativos, económicos, técnicos, sociales y políticos hacen insostenible el tema y los subtemas abordados? La Mesa No. 1 abordó los temas Bosques, Agua y Suelos, en tanto que la Mesa No. 2 se ocupaba de analizar lo referente a modelos de desarrollo, políticas de ordenamiento territorial, democracia participativa, educación en cultura ambiental, y desarrollo de las organizaciones implicadas. Socialización del trabajo de las Mesas temáticas. Al finalizar la sesión de debates, un relator de cada mesa socializó ante el pleno la síntesis de lo trabajado, para reunir los elementos necesarios, que tras el debate final de la plenaria, permitieran la redacción final del documento previsto. Las conclusiones de la plenaria del citado encuentro dieron lugar al presente Manifiesto de Ditaires, que a continuación transcribimos.

 Las Autopistas de la Montaña.  Los proyectos mineros.

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 Respecto a los macroproyectos de desarrollo iniciados en Antioquia y más impactantes sobre los ecosistemas y la sociedad, se resaltan:

Metodología

proclamado durante el Encuentro de Organizaciones Socioambientales de Antioquia

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as y los delegados de diferentes regiones y municipios de Antioquia, en representación de 40 organizaciones sociales y ambientales, asistentes al Encuentro Departamental de Organizaciones Socioambientales, reunidos en el Parque Ecológico, Recreativo y Cultural Ditaires, en el municipio de Itagüí, departamento de Antioquia, el día 24 de abril de 2010, a ﬁn de debatir acerca de los asuntos fundamentales para nuestro departamento y nación respecto a la problemática ambiental, expresamos: Nuestra ﬁrme voluntad de participar activamente en la construcción de soluciones integrales que resuelvan, desde sus raíces, el grave deterioro ambiental existente en todo el territorio nacional, evidenciado en la pérdida de la diversidad cultural y biológica, bosques, fauna, suelos, oferta hídrica y aire; la desaparición de la cultura y de la economía campesinas, indígenas y afrodescendientes; la extinción de numerosas etnias indígenas; la degradación de la base genética que soporta la actividad agropecuaria y productiva; la homogenización de los paisajes; el escalamiento de la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático global y la desregulación de los ciclos hidrológicos; el incremento del riesgo de tragedias provocadas por deslizamientos, inundaciones y avenidas torrenciales; las sequías, incendios forestales y pérdidas de cosechas y de la productividad; el incremento de la contaminación y degradación ambiental en todas sus manifestaciones, con las enfermedades y defunciones que le son asociadas; entre muchas otras expresiones de los efectos negativos de nuestro modelo insostenible de desarrollo, en los ecosistemas y las comunidades asentadas en ellos.

Compartimos los últimos diagnósticos emitidos por diversos estudios nacionales y extranjeros en Colombia, que constatan la preeminencia de la ilegalidad, la irregularidad y la ilegitimidad en el manejo del ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas del país, por lo que se requiere con urgencia abordar y resolver esta causa principal. Identificamos que la desigualdad económica y la inequidad entre sectores sociales y territorios, contribuyen en grado sumo al uso ineficiente e insostenible de los recursos naturales y a que un gran número de compatriotas, fundamentalmente los más pobres, padezcan las consecuencias ambientales del derroche de los potentados. Reconocemos la nefasta relación causal existente entre pobreza y degradación ambiental y por ello reclamamos soluciones reales, duraderas y efectivas, fundamentadas en la educación y la justicia, a los graves problemas sociales, como el hambre generalizada en el territorio nacional, desencadenados por la alarmante tasa actual de desempleo en el país. Para que nuestra sociedad proteja sus recursos naturales y se encamine de forma definitiva por el sendero del desarrollo sostenible, es necesario resolver los problemas de ilegalidad, de violencia y desigualdad que repercuten de manera contundente en el deterioro ambiental y afectan la calidad de vida de los colombianos, ya que el incumplimiento de las leyes que regulan el medio ambiente, o su indebida aplicación a causa de la corrupción y el clientelismo, debilitan la capacidad del Estado para prevenir y castigar los delitos ambientales.

M�� D��

Los asistentes aquí reunidos coincidimos en que el deterioro y la dramática pérdida de la base de recursos naturales debe atribuírsele tanto a la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo y a la inequidad que le es consustancial como al beneﬁcio unilateral de sus usos y aprovechamientos y a la expresión de múltiples conﬂictos debido a su apropiación privada. Manifestamos que el obstáculo fundamental para resolver esa insostenibilidad y acceder a la posibilidad de una sociedad equitativa que no destruya la base natural y cultural que la sustenta, está íntimamente relacionado con el incumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes desarrolladas por parte del Estado colombiano y su falta de aplicación entre sus diferentes funcionarios e instituciones.

Exhortamos a todas las instancias del Estado y de la sociedad civil para que el conjunto de políticas públicas adelantadas por el Gobierno se rijan bajo los principios universales del desarrollo sostenible, contenidos, entre otras, en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y Johannesburgo en el año 2002 y en todos los acuerdos y convenciones internacionales en los cuales se encuentre comprometido nuestro país. De igual manera, al tenor de la Constitución Nacional, reclamamos el fortalecimiento de todos los espacios de organización y participación de las comunidades y la ciudadanía; la promoción de acciones legales de carácter colectivo para la defensa del derecho a un ambiente sano y la promoción de la democracia participativa en todas las instancias de la sociedad.

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Para mejorar la calidad de vida de la población en las ciudades, exigimos el cumplimiento del Código Nacional de los Recursos Naturales (Decreto 2811/74) y de los principios del ordenamiento territorial (Ley 388/97); en tal sentido, se debe cumplir el mandato y garantizar el aumento del espacio público urbano y rural, la restauración de ecosistemas ubicados en los perímetros de las ciudades y la creación de bosques urbanos, parques y áreas de protección de la biodiversidad en las urbes. Reiteramos la necesidad de una acción estatal coherente y eficaz sobre los usos del suelo urbano y rural que garantice ecosistemas sostenibles, armonice la relación entre las ciudades y sus entornos agrarios y promueva sistemas de transporte públicos responsables y eficientes. Reclamamos coherencia y eficacia de la acción estatal sobre los usos del suelo urbano y rural para que éstos sean ambientalmente sostenibles, y por lo tanto, exigimos control sobre la conurbación indiscri-

minada que está destruyendo el patrimonio natural y cultural y demandamos que se potencie la vocación agropecuaria y se protejan los entornos urbanos. Manifestamos que todos los proyectos y megaproyectos de desarrollo urbano y rural deben respetar las normas legales, relacionadas con las consultas populares, con los estudios ambientales previos y con la implementación de los planes de manejo ambiental. Exigimos que se preserven las fuentes hídricas y se reconozca el derecho de todos los habitantes del territorio colombiano a un mínimo vital de agua y de alimentos, así como a beneficiarse de los proyectos de aprovechamiento que se implementen en sus comunidades. Reclamamos el fortalecimiento integral del Sistema Nacional Ambiental –��– y, por ende, exigimos el restablecimiento del Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables. Demandamos, en concordancia con lo expresado, la reforma de las corporaciones autónomas regionales –��– y de las autoridades ambientales urbanas para que se determine, entre otras acciones inaplazables, una mayor participación numérica y efectiva de las comunidades en sus órganos directivos, así como el establecimiento de un mayor rigor en los requisitos necesarios para el nombramiento de sus órganos directivos y de sus representantes legales; que sean blindadas contra la politiquería y reguladas por instancias autónomas con amplia participación ciudadana; y que, de otro lado, enfaticen su labor educativa y su tarea de promoción de la organización social, para lo cual es imprescindible robustecerlas económicamente a fin de garantizar que cumplan a cabalidad con su obligación de proteger el ambiente. Ante las inequidades entre las regiones en el país y en Antioquia, se debe cambiar la manera de definir la subdivisión territorial en Colombia por una que privilegie las regiones biogeográficas, basada en ecorregiones, formulando la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (��), así como reformar la Ley 388 que determina el ordenamiento territorial, la Ley 99 acerca del Sistema Nacional Ambiental, al igual que la Ley 128, que crea las áreas metropolitanas en Colombia.

Ratiﬁcamos que la violencia patrocinada por el narcotráﬁco estimula la colonización de nuestras reservas naturales, provoca el desplazamiento de la población a los centros urbanos, destruye nuestra diversidad y origina focos de miseria asociados a procesos de empobrecimiento ambiental.

Es indispensable fortalecer las empresas de servicios asociativas, comunitarias y de economía solidaria locales y regionales, ocupadas en proteger y conservar su base de recursos, promoviendo un nuevo modelo de desarrollo, respetuoso con el ambiente.

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Demandamos la cobertura total y la cualificación del actual modelo educativo implementado en Colombia; del impulso decidido a la socialización, producción y aplicación del desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental; del estímulo a la innovación en tecnologías limpias; del fomento a una cultura ambientalista entre la ciudadanía y del impulso a la transformación del actual sistema de producción industrial, para que incorpore entre sus procedimientos productivos los códigos de buenas prácticas ambientales, de empresa sostenible y de responsabilidad social empresarial. Nos comprometemos a respetar y mejorar las normas constitucionales y la normatividad ambiental vigente, para garantizar la Vida en todas sus manifestaciones, la perpetuación de los ecosistemas y el derecho de la población a gozar de un ambiente sano, e invitamos a toda la ciudadanía a apoyar este compromiso. Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones socioambientales de Colombia, al Estado y al sector privado a comprometerse con la solución de estas problemáticas, y a desarrollar las estrategias y acciones específicas pertinentes para cada uno de los temas analizados en las mesas de trabajo del presente encuentro departamental: agua, bosques, suelos, inequidad regional, el modelo de desarrollo vigente y los macroproyectos en marcha.

Llamamos la atención sobre los regímenes de propiedad y la apropiación de los recursos naturales, los cuales deben ser revisados, dimensionados y regulados, para impedir y controlar el daño ambiental que esta tenencia origina e implica. Alertamos a la ciudadanía en general ante los riesgos e impactos ambientales negativos desatados por el proceso masivo de concesiones y aprovechamientos mineros en todo el país, el cual con sus ingresos, regalías y rentabilidades económicas, no compensará jamás el deterioro y destrucción de los equilibrios y armonías ecológicas y naturales en los lugares donde se asienta. Exigimos que las regulaciones de protección ambiental sean extremas y que los beneficios de esa actividad minera lleguen a toda la sociedad, financien el desarrollo científico nacional y garanticen la restauración y conservación de la biodiversidad del país. Reclamamos y exigimos del sector académico y científico del país que sus investigaciones y actividades generen conocimiento, se orienten a la resolución de nuestros problemas ambientales y sociales y contribuyan en verdad a nuestra sostenibilidad, de manera participativa e incluyente, en lugar de las producciones y rentas individuales y deteriorantes, a las que han estado dedicados. Instamos a las autoridades y decisores políticos e institucionales para que en la búsqueda de la equidad y la justicia ambiental en Colombia, impulsen el beneficio social del aprovechamiento y uso sostenible de los recursos naturales, el respeto por las culturas y conocimientos ancestrales y la perduración de la biodiversidad del país. Proclamamos la necesidad de superar la indiferencia social, para lo cual conminamos a los gobiernos nacional, departamentales y municipales, a concretar planes potencializadores de la participación y educación ciudadana, que generen un enérgico compromiso de la sociedad con la preservación del ambiente y la aplicación irrestricta de las leyes y normas ambientales vigentes, para que quienes las incumplan y actúen contra el derecho a un ambiente sano común, tengan la certeza de una sanción ejemplificadora y justa. Convocamos, por tanto, al trabajo tesonero y a persistir en el cambio de comportamientos culturales de nuestra población, basados en el conocimiento y la educación, para lograr el enrutamiento de nuestras ciudades hacia la sostenibilidad, mediante el despliegue de programas de aire, agua y servicios públicos de alta calidad y máxima eficiencia que garanticen una atención prioritaria a la depuración

Demandamos que el gobierno, a través de sus instituciones y el apoyo decidido a la participación de la comunidad, proteja la Vida, la integridad y diversidad del ambiente, y conserve las áreas fundamentales para la perduración de los ecosistemas que Colombia le aporta al mundo, especialmente los arrecifes marinos, los manglares, los sistemas de playas, los estuarios, los humedales, las lagunas, las ciénagas, páramos y los bosques de todos los pisos altitudinales.

En concordancia con lo planteado, las siguientes organizaciones expresamos nuestra voluntad de divulgar el presente Maniﬁesto en la mayor cantidad de instancias posibles.

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Suscrito en Itagüí por quienes asistieron, Asociación de Organizaciones Ambientales del Oriente Antioqueño –��–, Aguas y Ambiente, Asociación Alborada–Carmen de Viboral, Asociación Municipal de Organizaciones Ambientalistas Aguas Claras –��–�� unicipio de Cocorná, Mesa Aguas y Ambiente San Luis –��–, Asociación de Productores Campesinos Agroecológicos de Barbosa y el Nordeste Antioqueño –��–, Corporación para la Educación y la Protección Ambiental Artemisa, Asociación de Empresarios del Material Recuperado –��–, Asociación de Organizaciones Ambientalistas de la Subregión –��–, Bosques Húmedos, Asociación Subregional del Páramo –��– del municipio de Sonsón, Corporación Biosanar, Periódico El Sol, Cabildo Verde de Belmira, Centro de Educación Ambiental –��–, Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental –��–, Corporación Escuela Técnica y Empresarial de Ciencias Agropecuarias –��–, Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional

–��–, Corporación Centro de Estudios Urbanos Ciudad, Corporación Consejeros en Agricultura Sostenible y Permacultura –��– Capítulo Antioquia, Fundación Con Vida, Revista Ambiental Éolo, Cooperativa Multiactiva de la América –��–, Corporación Antioqueña del Medio Ambiente –��–, Corporación Natura y Vida– ��–, Corporación Comité para la Defensa de los Derechos Ambientales de la Comuna 13, Corporación Ambiental Grupo Ecológico de Itagüí –��–, Corporación Avans, Corporación Ecosistema, Corporación Gotas Verdes, Corporación de Servicios Profesionales y Comunitarios de Medellín –��–, Fundación Amigos del Medio Ambiente –��–, Corporación Grupo de Asesorías e Investigaciones Ambientales –��–, Corporación Guardabosques, Junta de Acción Comunal del barrio Carlos E. Restrepo, Corporación Ambientalista Los Cucaracheros, Mesa Ambiental Comuna 15 Guayabal, Mesa Ambiental Zona 2 de Medellín, Red Articulamos Zona 4 de Medellín, Asociación de Organizaciones Socioambientales de Colombia –��–, Corporación Comité para la Recuperación y la Preservación de Microcuencas –��–, Asociación Red Colombiana de Agricultura Biológica –�� – Corporación para Investigaciones y Estudios en Sociedad, Patrimonio, Ambiente e Historia –��–.

de aguas servidas, a la minimización, disposición y manejo adecuado e integral de los residuos rurales, urbanos e industriales de todo tipo y a la disminución de la contaminación del aire hasta unos niveles acordes con los estándares internacionales; a buscar la sostenibilidad rural basada en el aﬁanzamiento de la agricultura ecológica, al fomento de la silvicultura con la ordenación sostenible de nuestros bosques, y a la promoción de la acuicultura con la gestión integral de los recursos hídricos.

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LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

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a estructura de este capítulo es circular, pues comienza y termina en una mesa de concertación, celebrada (con las diferencias obvias) entre idénticos protagonistas. Veamos por qué. B�� . El año 1781 representó un hito fundacional en la inquebrantable decisión de los indígenas de Colombia por conservar su identidad, ya que marcó el comienzo de una serie de efectos legales derivados de las luchas de estos pueblos por conservar sus territorios, en la que el gobierno de entonces se vio obli-

gado a devolverles algunos de sus ancestrales territorios colectivos, ante la evidente legitimidad de sus demandas. A�� . Desde finales del siglo dieciocho y hasta comienzos del veinte, los nacientes Estados latinoamericanos modificaron sus relaciones con los indígenas, en gran parte bajo la influencia de los ideales igualitarios propagados por el enciclopedismo y llevados hasta el paroxismo por Robespierre, a quien se le atribuye ordenar mil trescientas ejecuciones en la guillotina en una sola jornada

de los ajusticiamientos que le siguieron a la turbulenta toma de La Bastilla durante la Revolución Francesa. Como los precursores de nuestra independencia fueron lectores voraces de Voltaire y los demás enciclopedistas franceses (a quienes estudiaban en su propia lengua sin la menor dificultad), las ideas de una igualdad absoluta entre todas las personas, más allá de la concentración de melanina en su epidermis o el aspecto de su fisonomía, calaron bastante hondo en el pensamiento de figuras públicas tan notables como José Miguel Pey de Andrade, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres o Antonio Nariño, éste último, traductor de Los Derechos del Hombre (audacia que le costó la confiscación de todos sus bienes, una condena a diez años de prisión y el posterior destierro a Marruecos), quienes, a pesar de los in-

convenientes como el recién narrado, lograron introducir esa idea en un ambiente poco favorable, hasta el punto de permear las primeras administraciones públicas granadinas de la colonia. A ello se debe que los indígenas comenzaran a ser considerados como ciudadanos.

nomía nacional, a través de la abolición del tributo, la remuneración del trabajo y la privatización de sus territorios, con el propósito de convertirlos en propietarios. E� �� . En este nuevo orden legal, los resguardos debían ser disueltos, lo que aceptaron sin replicar las comunidades del norte del país, mientras que las ubicadas al suroeste (ante todo las del Cauca y Nariño) se opusieron, invocando derechos ancestrales. De igual manera, la propiedad sobre la tierra no incrementó el número de propietarios y –muy al contrario de lo esperado–, sus tierras fueron absorbidas por las grandes haciendas y latifundios, con lo que terminaron convertidos en peones a sueldo y terrazgueros (labradores que pagaban alquiler para cultivar una parcela).

L� �� . A priori, podría pensarse que el cambio de mentalidad implícito en este nuevo estatus implicaría una notable mejoría en las condiciones de vida de estas comunidades. Pero no nos encontramos ante al argumento de una novela rosa. De la misma manera que el paso de la servidumbre medieval o de la esclavitud en las galeras, a la calidad de obrero libre, no le reportó mayores beneﬁcios a sus destinatarios, esta revaloración civil de los aborígenes tuvo como consecuencia su asimilación e integración al engranaje A partir del año 1837 productivo de la eco- se acentuó la oposición indígena a la

3. A��

disolución de sus territorios colectivos. La respuesta estatal ante sus requerimientos fue atribuirles las mismas limitaciones que a los adolescentes para tomar decisiones signiﬁcativas: se les consideró meno-

costados, las cuales competían entre sí por apoderarse del terreno colectivo de los indígenas, mediante el corrimiento ilegal de linderos.

bles, inembargables e inalienables los resguardos existentes y se reconﬁguraron los cabildos con fuero interno y funciones externas, en relación con las autoridades nacionales. La transitoriedad de esta Ley duró ¡cien años! y fue

res de edad, y por lo tanto, inhabilitados para merecer la autonomía reclamada, con lo que se inició a una oscura época de segregación y continuos despojamientos por parte de los terratenientes que prosperaban a sus expensas, ya fuera mediante la explotación de su trabajo a cambio de salarios irrisorios o a través de la invasión de sus territorios, que por lo general, colindaba con grandes haciendas por dos o tres

C�� . Una situación como la que estamos describiendo, obligó a la promulgación de la Ley 89 de 1890 (de carácter transitorio), en relación con la propiedad de la tierra, que buscaba convertir a los “salvajes” en “civilizados”, según expresión despectiva de la época, o mejor, en otorgarle “mayoría de edad” desde el punto de vista sociopolítico; con este ﬁn se declararon imprescripti-

el almendrón en torno al cual se articularon las reivindicaciones territoriales, la preservación de las prácticas culturales y sus autoridades autónomas basadas en la ﬁgura político–administrativa del Cabildo.

del país, respecto a la transformación de las condiciones de la ciudadanía. Como lo expresara Rafael Uribe Uribe (a quien no le fueron nunca ajenas las problemáticas indígenas), en una de sus enardecidas intervenciones ante un Congreso de mayoría opositora: “Lo que se necesita es el desarrollo del espíritu de asociación”, y a fe que batalló por la integración de las comunidades indígenas a la sociedad, respetando su permanencia en lo que consideraba su hábitat más propicio, por considerarlas parte fundamental de la diversidad étnica colombiana, en una época donde todavía resonaban los ecos de antiguas discusiones escolásticas acerca de la naturaleza de su “alma”.

Con este signiﬁcativo avance estratégico, terminó el siglo diecinueve. En términos generales, reinaba un clima incluyente en el espíritu de los diversos gobiernos que tomaron las riendas

E�� P��. A comienzos del siglo veinte, aparecieron dos caliﬁcados líderes para tomar el relevo de sus combativos predecesores en la búsqueda del reconocimiento na-

cional al derecho de las etnias indígenas a vivir de acuerdo con sus convicciones: Eutiquio Timoté, perteneciente a la comunidad tolimense Pijao, y quien fuera derrotado en las elecciones presidenciales de 1934 por Alfonso López Pumarejo, el candidato liberal del momento), y Manuel Quintin Lame Chantre, este último de padre paez y madre guambiana, autor de la obra “El pensamiento del indio que se educó en las selvas colombianas” (1924), quien fuera elegido representante y defensor de los cabildos indígenas del Cauca en 1910. Ambos participaron en la vida política nacional, cada uno desde su propio sentir, y sentaron las bases reivindicativas en torno a los derechos de sus comunidades respecto a la seguridad alimentaria, a los requerimientos de recuperación y ampliación de los resguardos, el fortalecimiento de los cabildos y la ampliación

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L� U�� N��. En 1971 hizo su aparición el primer órgano indígena con suﬁciente caudal electoral como para ser tenido en cuenta en el panorama de las coaliciones y las alianzas estratégicas: el Consejo Regional Indígena del Cauca –��–, que inició el auge de la presencia indígena en el foro de las grandes decisiones nacionales, con su participación política a través de organizaciones propias y un sólido discurso étnico a la búsqueda de su inserción tanto en la sociedad como en los asuntos del Estado, al demandar de sus compatriotas el reconocimiento de su derecho a vivir en la diferencia. Como ya se acercaba la conmemoración de los quinientos años del denominado “descubrimiento” del continente americano, por aquel entonces el lema uni-

ﬁcador (o slogan, palabra de origen celta, usada como grito de combate entre los montañeros de Escocia) de las luchas de cada etnia americana por el reconocimiento de su identidad era “Somos los legítimos dueños de América”, sobre la premisa compartida desde Alaska hasta la Tierra del Fuego de ser los genuinos herederos de las “Naciones Primeras” en tierras americanas. En Colombia, este fervor reivindicativo se tradujo en una presión suﬁciente para lograr la expedición de una reforma a la legislación vigente, en lo referido a la recuperación de los territorios ancestrales y la defensa de la herencia cultural. Tales incursiones en el terreno político, les permitieron la construcción de nuevas relaciones y mayor capacidad de negociación con el Estado, con el sector privado, los movimientos sociales aliados y con la propia insurgencia armada.

Tras varios intentos de creación de una organización que canalizara cada uno de los procesos emprendidos en cada región, como los realizados en el Tolima en los años 1974 y 1980 (este último el primer Encuentro Nacional), sólo hasta 1982 se consolidó la Organización Nacional Indígena de Colombia –��–, con un abierto concepto panétnico, al que se le añadió el control de los recursos naturales hasta lograr la creación del Programa Nacional de Desarrollo de las Poblaciones Indígenas –P��–, que representó el paso de las políticas de integración, a las de participación. Esos logros incidieron para que tanto el antiguo �� como el Ministerio del Interior crearan programas orientados a visibilizar las comunidades indígenas sumidas hasta el momento en la marginación estatal.

I�� G��. La de 1980 ha sido bautizada por los analistas como la “década ganada para Latinoamérica”, porque sirvió de escenario para la consolidación de las organizaciones indígenas, el posicionamiento de su identidad cultural ante los ojos del mundo, y el ascenso de actores sociales protagónicos en los procesos sociopolíticos del orden internacional, como lo prueba la actual presidencia de un indígena en un país sudamericano, al que pudimos haber precedido nosotros, hace ochenta y seis años, como vimos atrás. Desde entonces, y tras el derrumbe del frágil equilibrio entre los dos grandes bloques sociopolíticos del planeta, las etnias indígenas se han visto inmersas en ciertas derivaciones de la civilización occidental, para mantenerse en la palestra social

como protagonistas de su propio destino, aquí en Antioquia o en la isla de Sumatra, ligadas a las políticas neoliberales de globalización, al uso de las tecnologías informáticas, a la relación procesos locales–incidencias globales y a la transformación de las situaciones espaciotemporales del Estado–nación y de los movimientos sociales, en tanto los articula con movimientos transnacionales. Por ello, el reconocimiento de los indígenas en la Constitución Política de 1991 (igual que su acceso a la ciudadanía en el siglo dieciocho, como vimos), no implica necesariamente un sendero de rosas para su futuro, a partir de la aceptación de su diversidad cultural. Está ligado a otros procesos globales que signiﬁcarían un reto para la preservación de su identidad cultural. Tomemos un ejemplo de la historia reciente: la inserción de Colombia a la eco-

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del conocimiento de las leyes estatales respecto a la cuestión indígena.

nomía de mercado globalizada, le implicó, como pago de derecho a piso, como costo, la aplicación

que la supresión de las fronteras nacionales, impulsada por la globalización uniformante, le aca-

Además con el bloque democrático que participó en la Asamblea Nacional Constituyente, se amplió

de las políticas neoliberales recomendadas por el Fondo Monetario Internacional –��– en su economía, cuyas implicaciones pueden sintetizarse en tres líneas gruesas: la supresión de subsidios para la población más pobre; la apertura de fronteras al comercio transnacional con mínimos aranceles y la privatización de empresas e instituciones estatales. No es este el lugar para evaluar los resultados de la apertura económica para el país. Sí lo es para inquietarse respecto a las consecuencias

rreará a la diversidad cultural de los pueblos, y más aún, a la preservación de la identidad cultural de las minorías étnicas que alberga.

el reconocimiento a sus derechos políticos, económicos y al desarrollo, así como a sus derechos sociales y culturales. La presión ejercida por tres delegados de las comunidades indígenas en la Constituyente fue determinante para lograr el reconocimiento oﬁcial de Colombia como un país multicultural y pluriétnico, y por lo tanto, para consagrar su autonomía identitaria y territorial, además de la adjudicación de una circunscripción electoral especial indígena.

Frente a este panorama, es de resaltar que Colombia ratiﬁcó en 1989 la Convención No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo –��– mediante la Ley 21, con lo cual los indígenas lograron su pleno reconocimiento en cuanto ciudadanos provistos de derechos y, por lo tanto, a mantener su identidad cultural y territorial.

L� A�� C��. En tal sentido, la nueva Carta Magna de 1991 consagró el derecho de la etnia indígena a expresarse mediante una cultura propia, a ejercer un gobierno autónomo, y a desplegar su singular concepción de la justicia, mediante lo consignado en sus artículos 7, 8, 10, 19, 63, 68, 70, 72, 96, 246, 329 y 330. De este último, destacamos el carácter constitucional que se le conﬁere al gobierno de los territorios indígenas, a través de consejos conformados y reglamentados “según los usos y costumbres de sus comunidades” (el su-

brayado es nuestro) y su parágrafo ﬁnal, que nos permitimos transcribir en su totalidad, porque es digno de reposar en la memoria de todo indígena colombiano: “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integración cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades”.

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las cifras de la Alta Consejería Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional), pasó de 28.000 en 2003 a 74.000 personas en 2009, a lo que se suman 56 homicidios en lo que va corrido de este año (25 de ellos admitidos por el observatorio vicepresidencial de ��), víctimas, en su mayoría, de la barbarie desplegada por los distintos ejércitos enfrascados en el interminable conﬂicto armado colombiano para controlar sus territorios, en abierta contravención al Artículo 30.2 de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a ser consultados antes de utilizar sus tierras para ejecutar actividades militares.

El futuro de los 102 grupos indígenas existentes en Colombia (87 de ellos reconocidos por el Estado), depende, en gran medida, de la posición asumida por éste frente a las problemáticas mencionadas y otras tan decisivas como el acceso a los recursos genéticos, los derechos intelectuales colectivos, la disminución de los altos niveles de morbilidad y la seguridad alimentaria, para protegerlos de las renovadas tendencias intolerantes –lícitas e ilícitas–, que pretenden ignorar el amplio reconocimiento que los derechos territoriales de los pueblos indígenas han alcanzado en Colombia, como lo evidencia el ostensible incremento de los conﬁnamientos y el desplazamiento sufrido por estas comunidades, que según datos de la �� (refrendados por

S�� , �� , se resigna al ﬁnal del “Soneto con una salvedad”, el poeta Eduardo Carranza, que no pocos colombianos recitan de memoria. Es de aplaudir la indiscutible disposición del Estado colombiano hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su protección, expuesta en la Directriz para la Prevención y Atención Integral de la Población Indígena en Situación de Desplazamiento y Riesgo, con enfoque diferencial, del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –��–; en las resoluciones del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –��–; en la aprobación de un Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desapariciones; en la Directiva Permanente No. 048/2008 del Comando General de las Fuerzas Militares que prohíbe actividades de inteligencia con indígenas menores de edad; en las medidas adoptadas para evitar la repetición de cualquier abuso cometido por miembros de la Fuerza Pública y su efectiva sanción, tales como el proyecto “Fortalecimiento del sector justicia para la reducción de la impunidad en Colombia” y el programa de “Extensión de la coordinación entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción especial indígena”; como también la titulación de 710 resguardos indígenas en 228 municipios del país, con una extensión –datos del Gobierno–, equivalente al 29,8% del territorio nacional y una interminable lista de medidas conducentes a garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas en el país. Pero las propias cifras gubernamentales revelan la precariedad de sus iniciativas: de la deslumbrante cifra mencionada, sólo el 7,68% de esos resguardos (habitados por el 65% de la población indígena colombiana), se encuentra en zona de frontera agrícola o son aptos para su idiosincracia; según el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, los territorios indígenas que aún se encuentran en trámite implican 380.000 habitantes atrapados en un limbo jurídico; la Observación 41 del último informe presentado por el Relator Especial de la Organización

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S�� . La población indígena colombiana requiere de una especial atención estatal, según lo dispuesto por la Constitución Política de 1991, concebida por una Asamblea pluripartidista con el ﬁn de garantizarle equidad en las oportunidades de desarrollo a las franjas poblacionales más vulnerables, en razón de algunas características de su idiosincrasia, tales como creencias, cosmovisiones, fragilidad económica, restricciones de acceso a los servicios básicos y marginalidad territorial, entre las más determinantes.

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Más allá de los inflamados debates que siempre suscitan entre la oposición y los adeptos al gobierno las cifras de cada nuevo estudio aparecido en Colombia, lo cierto es que el actual relator de la �� sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el apache James Anaya, manifestó su preocupación al respecto y en su último informe oficial, publicado en enero del presente año, ratificó la apreciación emitida por Rodolfo Stavenhagen, su antecesor en 2004, quien calificara de “crítica” la situación de estas comunidades en nuestro país. Pese al reconocimiento a las iniciativas gubernamentales durante los últimos años para contribuir a mejorar la condición de vida de los pueblos nativos, Anaya consideró que éstas requieren consolidarse en la práctica, e instó a las autoridades judiciales y de control del Estado a tomar las medidas necesarias para hacerlas efectivas, porque cuentan con las competencias decisorias suficientes para modificar la precaria situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, situación que refleja un notorio desfase entre una legislación considerada ejemplar en el mundo y la poca efectividad real de las instituciones encargadas de su protección, como se desprende del Auto 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional, donde se pone de manifiesto que “algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados –cultural o físicamente– por el conflicto armado interno (…)”, entre otras amenazas para su supervivencia. E� �� . Frente a este alarmante panorama ofrecido por el país ante la comunidad internacional, reconforta comprobar, en el plano regional, el notable desempeño demostrado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –C��-

��– en su intención de contribuir al alcance del desarrollo humano sostenible entre la población indígena de su jurisdicción, mediante la construcción de una cultura ambiental en su territorio, orientada a lograr una evolución integral armonizada con su hábitat, con el pleno reconocimiento de su identidad cultural, en un intento meritorio por estrechar la brecha existente en el efectivo ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas respecto al promedio de la población colombiana. L� �� . A ello se debe el énfasis en la recuperación de la culinaria nativa de las comunidades que habitan el mencionado territorio, pues el desarrollo humano sostenible contempla tanto el ambiente como la educación y la economía locales, bajo el común denominador de la soberanía de los pueblos para determinar su destino, de acuerdo a sus maneras de percibir la realidad, es decir, de elaborar representaciones propias del mundo. Uno de los pilares indiscutibles que garantiza el cumplimiento de las leyes establecidas, los tratados y recomendaciones de los organismos multilaterales y el diálogo entre las diversas cosmovisiones e ideologías que coexisten en un territorio, es el logro de la soberanía alimentaria de las poblaciones implicadas, a partir del reconocimiento de las condiciones de su entorno, la incorporación de prácticas amigables con el ambiente, la promoción de la cultura ancestral y demás acciones que permitan erradicar las causas de la escasez de alimentos. Más aún, cuando estas comunidades se ven abocadas –muy a su pesar– a interactuar en un mundo globalizado que privilegia la eﬁciencia económica, regido por una concepción reduccionista de la Naturaleza en cuanto proveedora de materias primas para surtir la industria y la oferta potencial de bienes y servicios, totalmente contrapuesta a la distante solemnidad de la concepción indígena de la tierra como Madre tutelar y sagrada, sometida a los designios de la civilización tecnocrática occidental, cuyos abusos padece desde el inicio de la Revolución Industrial a mediados del siglo diecinueve.

U� �� : �� 2007-2010. A lo largo de la jurisdicción que comprende la C�� C��, se encuentran asentadas 61 comunidades indígenas, que han recibido atención de la Corporación y a juicio de algunas de ellas –junto a la Gerencia Indígena de la Gobernación–, son las únicas instituciones estatales con presencia efectiva en sus territorios.

de las Naciones Unidas –��– sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala “la necesidad de armonizar la política pública de desarrollo económico del país” (en lo referido a los megaproyectos orientados a la extracción de recursos naturales, infraestructuras turísticas y agroindustriales), con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y los mencionados recursos, dado el reiterado otorgamiento de concesiones y proyectos sin la necesaria consulta previa con las comunidades afectadas, y cuando se alega el cumplimiento de este compromiso, los procesos de consulta no se ajustan al protocolo de los estándares internacionales. Igual podría decirse de las fumigaciones aéreas inconsultas, de la Ley General Forestal (1021 de 2006), recién declarada inconstitucional por carecer del consentimiento indígena para su aprobación y un largo memorial de situaciones lesivas para la integridad de estas etnias.

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L�� . En lo relacionado con la población indígena, es evidente el afán de esta corporación por contribuir al imperativo constitucional de atender grupos de población no focalizados mediante acciones de educación y prevención; de ampliar la cobertura en grupos vulnerables con acciones de mitigación, y de procurar extender la atención al 100 % de la población en la que el riesgo ya es efectivo, como en los grupos humanos en los que se ha detectado que padecen hambre (según la ��/2010, el 75% de los niños indígenas sufren desnutrición), a través de pactos y convenios con aliados estratégicos, que conduzcan a mejorar la eﬁcacia de la acción estatal en los territorios comprometidos, más aún, si han hecho presencia allí con anterioridad a la propia fundación del Estado. Anterioridad histórica que les conﬁere, sin atenuantes, autonomía cultural, política y presupuestal para gestionar sus intereses, y el derecho a reclamar participación efectiva en la administración de los recursos de la Nación, así como a incidir en las grandes decisiones en torno a la biodiversidad, las obtenciones vegetales (que son objeto de un sistema de protección diferente del derecho de propiedad industrial) y los recursos genéticos con origen en sus territorios, de cara a un tema crucial para el futuro cercano, como es el debate –y la toma de posición, por ejemplo, a la hora de negociar un ��– en torno a dos maneras diametralmente opuestas de concebir las funciones tanto de la propiedad como del conocimiento, y sus consecuencias legales respecto a la cuestión de los derechos intelectuales colectivos que los indígenas tienen sobre sus inventos, innovaciones genéticas en el material biológico mejorado a lo largo de siglos; sus aportes tecnológicos respecto a la extracción y síntesis de medicinas, cosméticos, nutrientes y un largo etcétera, derivado de un minucioso conocimiento milenario de los usos y propiedades químicas que encierra la Naturaleza, perfeccionado de generación en generación. Desafortunadamente, hasta ahora el conocimiento tradicional no está protegido por la legislación internacional. Los derechos de propiedad intelectual –��– aún vigentes, se reglamentan sobre la

base de la propiedad individual y la lógica tecnocrática, con lo cual, los conocimientos indígenas basados en la transmisión oral, carecen de protección frente a la gran industria, dada la falta de registros físicos que comprueben su existencia, y de pruebas experimentales que demuestren su “objetividad” científica. No obstante, se presentan avances significativos, como el del Convenio de Diversidad Biológica de 1992, que –en pocas palabras– compromete a los Estados con la responsabilidad de proteger y promover las culturas indígenas, bajo el imperativo de consultar con sus autoridades cualquier decisión que afecte su territorio, lengua o tradiciones y de acatar sus consideraciones al respecto, así como de hacerlas partícipes de los beneficios (incluidos los económicos) derivados de su saber.

E� �� . Frente a la empobrecedora tentativa de homogenización global de las sociedades humanas, son prioritarias las acciones centradas en dos estrategias básicas: la protección del conocimiento ancestral indígena colectivo y el reconocimiento a la diferencia en un diálogo entre culturas diversas, que debe partir de la concepción del territorio como el espacio donde se despliega la biodiversidad y no simplemente el reducto para extraer madera y minerales, asentar ganadería extensiva, contaminar el agua y los suelos, porque alguien tiene que sufragar los costos de una modalidad de progreso que, en contraprestación, no tiene sitio en su mercado para exhibir el símbolo más representativo de una cultura, como es un sombrero vueltiao. Reconocer la diferencia implica el reconocimiento de la autonomía territorial, bajo las mismas condiciones contempladas por la Carta Magna para cualquier

El presupuesto invertido por C�� en el período iniciado en 2007 hasta lo que va corrido del primer semestre del presente año, supera los mil setecientos millones de pesos, destinados a atender a la totalidad de las comunidades indígenas mencionadas. Los proyectos impulsados desde su Subdirección de Cultura Ambiental obedecen al cumplimiento de la razón de ser de la entidad: la ejecución de programas, planes y políticas, llamados a incidir sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables, así como la aplicación de las disposiciones legales vigentes acerca de su manejo y aprovechamiento, conforme a directrices ministeriales.

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La multiculturalidad es la base de la biodiversidad. Por lo tanto, el fortalecimiento y la conservación de la biodiversidad supone la reafirmación cultural y la capacidad de dialogar con lo diferente, sobre la base de la inclusión, la tolerancia y el respeto por la eficientísima sabiduría indígena, expresión que, a los oídos de la arrogante tradición heredera de Descartes, le suena algo paradójica e incoherente, como discordante o contradictoria; digamos exagerada, porque le resulta extraño, absurdo, un modo de ser no invasivo, flexible con las dinámicas vitales, amalgamado con el entorno, pleno de trascendencia, indiferente al brillo individual, generoso con la circulación del saber; en suma, un modo de habitar poético, y por lo tanto, incomprensible para la tradición occidental. En consecuencia, el gesto político del reconocimiento a la diferencia no se limita a una mera reivindicación o a una distante actitud paternalista frente a lo exótico y pintoresco; se trata de admitir la existencia de otras maneras de ver, habitar y sentir el espíritu del mundo con tal nivel de universalidad profunda, que presupuestos inamovibles como la fe en el progreso, el afán de control tecnocrático sobre lo natural y el crecimiento económico, no pasan de ser para ellas, cándidas fábulas (o astutas invenciones históricas), carentes de sentido.

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E� �� . Como sólo en la praxis es posible la transformación de la conciencia (Paul Freire, 1974: 32), simplemente reseñemos las razones que nos permiten aﬁrmar que la gestión de la �� C�� en el tema indigenista está a la vanguardia en el país. Durante el año 2006 se ﬁrmó un convenio de cooperación entre el Programa Nacional de Generación De Alimentos Red de Seguridad Alimentaria –R�SA–, la Gerencia del Plan Departamental para el Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia –��– y C�� (como operadora), al que se sumó en 2007 un Convenio de Adherencia con la Gerencia Indígena de la Gobernación de Antioquia, para aportarle sistemas productivos, formación agroecológica, organización social y fundamentos de nutrición a promotores indígenas, para proveer la seguridad alimentaria y ambiental de doscientas familias en el Suroeste Antioqueño.

Un segundo proyecto es el de Seguridad Alimentaria con Sostenibilidad Ambiental destinado a seiscientas familias de las etnias Embera y Senú, ubicadas en el Bajo Cauca antioqueño, acordado entre la ReSA y C��, para aportarle a la comunidad seiscientos sistemas productivos, representados en abonos, semillas y árboles, con énfasis en la producción de plantas aromáticas, para lo cual se impartió instrucción en prácticas agroecológicas, técnicas de organización social y fundamentos de nutrición. Se capacitaron además 21 promotores agroecológicos para continuar el proceso. Otro de los proyectos adelantados es el denominado “Seguridad Alimentaria con sostenibilidad ambiental para 900 familias del Bajo Cauca antioqueño, Nordeste y Magdalena Medio”, que capacitó veintiséis promotores en Nutrición, Agroecología y Organización Social, con el objeto de atender las necesidades de igual número de comunidades, a las que se les aportaron 900 sistemas productivos, en el marco del convenio de cooperación pactado el año anterior entre el programa �e�� y ��. Con la convicción de que la cocina tradicional es la base firme sobre la cual cimentar la soberanía alimentaria de estas comunidades, la Subdirección de Cultura Ambiental de Corantioquia gestionó un convenio con Acción Social, orientado al rescate de la culinaria nativa –C�N�– dentro del contexto de una cultura ambiental holística que les permitiera redescubrir los sabores vitales asociados a la tierra. El objeto de los talleres de Formación Nutricional con las comunidades Indígenas, se centró en la recuperación de la culinaria ancestral, en función tanto de contribuir a la obtención de su soberanía alimentaria y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad que los rodea, como de afianzar su cultura. Con la participación de 300 familias Embera Chamí de los cinco resguardos del Suroeste, fueron recuperadas 28 recetas ancestrales. Se beneficiaron 63 familias del Resguardo Indígena Hermenegildo Chakiama, con asiento en el municipio de Ciudad Bolívar, y 50 grupos familiares del Resguardo Karmata Rúa –“Tierra de Pringamoza”– (más conocido como Cristianía), ubicado en Jardín, ambos inscritos en la territorial Citará; y los resguardos Bernardino Panchí (vereda La Castalia, en Pueblorrico, 32 familias); Marcelino Tascón (Valparaíso, 52 familias) y Miguel Cértiga (fundado hace 26 años en Támesis), todos ubicados en la territorial Cartama. De otro lado, el convenio interadministrativo C��–Gerencia Indígena denominado “Soberanía Alimentaria y aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad en comunidades indígenas del Bajo

colombiano, con la salvedad del respeto para una cosmovisión difícil de asimilar para una manera de pensar lineal y racionalista como la nuestra.

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Reseñamos también la oportunísima firma del convenio para el desarrollo de un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental –��–, porque el país requiere que se empleen herramientas pedagógicas precisas y didácticas apropiadas para formar, no los obreros calificados para replicar procesos robóticos en las maquilas de las multinacionales, sino personas íntegras, con criterio, conscientes y participativas, en un momento tan coyuntural como este, en que el mercado global le está exigiendo a Colombia que defina una vocación productiva clara respecto a la oferta de servicios ambientales por los que claman los países industrializados y que sobreabundan en un territorio inexplorado en su mayoría, con sólo un 3% de su superficie perforada en búsqueda de minerales, cuyas enormes potencialidades cuentan ya con verificación técnica y que le permitirían al país los recursos suficientes para resolver los lastres y cancelar las deudas sociales que ha venido acumulando en su bicentenaria historia republicana, asociados a un interminable conflicto armado que hunde sus raíces hasta los primeros años de conformación de la Nación; al desempleo y la inequidad en la distribución de la riqueza, de las oportunidades y de la educación calificada.Pero la comunidad internacional también está esperando de Colombia que, además de ser capaz de armonizar esa prosperidad económica con la conservación ambiental de su territorio, ejerza el liderazgo político que se corresponde con su privilegiada situación geoestratégica y su desbordante biodiversidad.

La manera más rápida y segura de afrontar con éxito esos retos es mediante la educación con calidad y pertinencia para toda la población, lo cual incluye la etnoeducación. Con la firma de un acuerdo para adelantar un �� incluyente y participativo, Corantioquia se pone a tono con la Sentencia de la Corte 207/2007 y la Recomendación N�. 82 del último informe de la �� frente al tema (pues el Gobierno estima que el índice de analfabetismo en indígenas mayores de 15 años es del 28,6%), porque ese proyecto está destinado a promover la generalización del cambio radical de mentalidad que supone la cultura del desarrollo humano sostenible a partir de la participación ciudadana y el rescate de los valores éticos ancestrales en la gestión ambiental de los territorios, para generar compromisos colectivos, no sólo frente al manejo de los recursos, sino –y ante todo– en la humanización de la relaciones interpersonales, si interpretamos bien el espíritu de la Política Nacional de Educación Ambiental (que engloba la Ley 99/93, la Ley 115/94, el Decreto 1743/94, la Ley 1151/07 y el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010). Por otro lado, este salto cualitativo permite –a la par del fortalecimiento de los procesos anteriores–, articular el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas estratégicos ubicados en estos territorios, a través de la Escuela de Promotores Agroecológicos Indígenas (conforme a la Ley 70/1993), en coordinación con las autoridades de estas comunidades. ¡Machisá evaricidama! saluda Gilberto Tascón sin que Umada se haya levantado por Oriente, al iniciar Amanecer Campesino, el programa diario que acompaña a las mujeres mientras cocinan el boe para las arepas del desayuno previo al colegio de los niños y ameniza la labor de los agricultores en Andes, Jardín, Pueblo Rico y otros diez municipios vecinos, con música popular de los kapunías (hombres blancos). El propósito de la Oficina Asesora de Comunicaciones de C�� es apoyar a Chamí Stéreo 90.3 ��z –la emisora del Resguardo de Cristianía–, en la construcción de su propuesta comunicativa, a partir de una formación teórico-práctica que capacite a su personal operativo en la elaboración de contenidos procedentes con el contexto de su diversidad cultural, tendiente a establecer una comunicación efectiva entre los Embera. “Nuevos Decimeros, alimentando historias del pueblo Senú”, es una propuesta de formación financiada por el Ministerio de Cultura y C�� (acorde con el Plan Audiovisual Nacional), para la realización creativa dirigida a jóvenes indígenas, como un medio de investigación y documentación de prácticas alimentarias ancestrales, donde los jóvenes asumen el rol de nuevos contadores de historias, para reconocer aquello que los identifica como etnia a partir de la

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Cauca”, le aportó a la subregión la formación de 48 promotores agroecológicos (con equidad de género); la recuperación de numerosas semillas ancestrales y el montaje de un vivero –“banco de vida” preﬁeren llamarlo–, con el inestimable objetivo estratégico de establecer la escuela de Agroecología Indígena del Bajo Cauca.

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Los reptiles más sensibles al cambio climático son las iguanas; por ello, la Subdirección de Ecosistemas se ha ocupado de su repoblamiento en Cristianía, con la adaptación de 90 ejemplares de esta especie amenazada. Por su parte, en coincidencia con las últimas recomendaciones de la ��, la Subdirección de Calidad Ambiental reporta la elaboración de los estudios y diseños del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado para el Resguardo de Cristianía; la construcción de obras de saneamiento básico rural en el Resguardo Bernardino Panchí; la gestión de acciones y recursos necesarios en la coﬁnanciación de la construcción de sistemas individuales para el tratamiento de aguas residuales domésticas en los resguardos Miguel Cértiga y Hermenegildo Chakiama (territoriales Cartama y Citará respectivamente), así como la construcción de saneamiento básico, consistente en el suministro de agua potable y tanques sépticos individuales para este último. L� M�� C��. Al comienzo anotamos que este capítulo es circular. Cerremos, pues, el círculo iniciado en los sucesos previos a la independencia conmemorada por estos días en todo el país, con la remembranza de la mesa para las Capitulaciones, concertada entre el virrey Manuel Antonio Flórez y los líderes del movimiento comunero, entre los cuales se resalta, para lo que nos ocupa, la presencia del cacique Ambrosio Pisco como vocero de las reivindicaciones indígenas (que con 151.785 personas constituía el 17% de la población neogranadina en 1781), y que marcó el inicio de una larga serie de negociaciones bilaterales que hoy continúan, tras el histórico episodio del 3 de diciembre de 2009, cuando se instaló la Mesa de Concertación de Asuntos Ambientales con las Comunidades Indígenas, entre el equipo directivo de C�� y veinte representantes de los pueblos indígenas de su jurisdicción (Senúes, Katíos, Emberá y Chamí), con lo cual, a la vez que se responde con hechos tanto la Recomendación 79 del referido informe de la ��, se honran acuerdos internacionales suscritos por el país, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –��– sobre consulta previa, la última Declaración de la �� acerca de los derechos de los pueblos indígenas, o el Artículo 8j/92 del Convenio de Diversidad Biológica, por sus características, se convierte en pionera en Colombia (un país bajo la atenta observación del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ��, a pesar de la Mesa

Permanente de Concertación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Mesa Amazónica y las Mingas Social y Comunitaria de 2008 y 2009), pionera, decíamos, por ser la primera mesa de este género en que el equipo directivo de una �� abre un espacio democrático real para concertar las modalidades y la orientación de la inversión estatal en el territorio asignado, con el ﬁn de facilitar la formulación de proyectos, el trazado de políticas, y una ejecución presupuestal en concordancia con las necesidades más sentidas de las comunidades indígenas. De esta manera, se viabiliza el cumplimiento de los objetivos planteados, al tratarse de una mesa conformada por un representante de cada una de las comunidades implicadas, el comité directivo de C�� y el apoyo de una comisión técnica encargada de formular y priorizar los proyectos presentados a la Corporación, siempre bajo los lineamientos del Sistema Nacional Ambiental –��–, cuyo instrumento de mayor alcance para las ��, el Plan de Gestión Ambiental Regional –��–, lo viene ejecutando C�� desde el año 2007 en sus cinco líneas estratégicas, con todos los visos de cumplirlo a cabalidad en diciembre de 2019.

semilla, el alimento y el trabajo de la tierra. El resultado ﬁnal de este proceso se materializó en tres cortometrajes documentales, dirigidos por los jóvenes de las comunidades del Bajo Cauca antioqueño.

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