Arango la legitimidad de los tontos

LA LEGITIMIDAD DE LOS TONTOS Ana María Arango D.

Gracias a que en 2009 el Comité Noruego de los Premios Nobel de Paz decidió otorgar ese importante reconocimiento al presidente de Estados Unidos Barak Obama, la palabra del inglés “Discombobulate” adquirió una nueva significancia.

Discombobulate en español es equivalente a perplejo, atónito, turbado, desorientado, estupefacto; todos esos adjetivos sumados describen el estado emocional que causó en muchos la noticia del nombramiento del recién posesionado presidente Estadounidense como Premio Novel de la Paz en 2009. El que su nombre acompañara a los de Rigoberta Menchú, el Dalai Lama o Nelson Mandela, dejo perpleja a la opinión internacional que no entendía cuales fueron los méritos que reconoció el Comité en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, para resaltar lo que denominó “extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”. Méritos que seguramente no encontró el mismo comité, en Mahatma Gandhi quien nunca recibió el nobel aunque fue nominado en cinco oportunidades.

Sin embargo, el mencionado Comité había nominado en el pasado, a Benito Mussolini, Joseph Stalin y Adolf Hitler1. Después de saber eso, el premio entregado a Obama parece mucho más legítimo.

En honor a la historia, es necesario aclarar que tan confundido como el Comité del Premio Nobel de Paz estaba el pueblo alemán con Hitler, que para la misma época, gozaba de niveles de popularidad que cualquier gobernante envidiaría. En términos generales, los ciudadanos alemanes adoraban a su Führer y creían ciegamente en la eficiencia y la bondad de las decisiones políticas que este tomaba. La popularidad de Stalin y Mussolini en sus respectivos países fue similar.

Los ciudadanos de Alemania, Italia y Rusia, apoyaron eufóricamente los proyectos políticos de quienes serían reconocidos años más tarde, por estar entre los más aguerridos fascistas de la historia.

Qué tan legítimo es un Nobel de Paz, no deja de ser una curiosidad histórica que puede incluso ser olvidada prontamente – No muchos recuerdan hoy que el autor del memorándum 2002, Henry Kissinger, fue premio Nobel de Paz en 1973; Sin embargo, la legitimidad de los líderes políticos y de las acciones que realizan es definitiva en el curso de la historia de la humanidad.

La adhesión de los pueblos a un proyecto político, es una herramienta fundamental para el ejercicio del poder, y sin ella, seguramente ninguno de los presidentes mencionados habría llegado a

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Musolini fue nominado en 1935, Hitler en 1939 y Stalin en 1945.

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También conocido como el Informe Kissinger -­‐ Estudio de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos. El informe plantea que crecimiento demográfico en algunos países pobres (entre ellos, Colombia) debe ser controlado por Estados Unidos en tanto un aumento en la población de dichos países, tiende a elevar los precios de la materia prima que ese país debe importar. Para más información ver: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf

trascender. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de los ciudadanos (que legitimaron el poder de esos gobernantes), en las atroces consecuencias que tuvieron sus gobiernos?

Todos los días aparecen líderes en diferentes países del mundo y todos los días habrían motivos para comenzar un nuevo conflicto. Todos días son tomadas decisiones políticas que potencialmente cambiarán el curso de la historia y todos los días, uno de esos líderes podría comenzar una nueva guerra mundial o un nuevo genocidio.

Los ciudadanos del mundo cargan sobre sus espaldas la responsabilidad de definir a cuál proyecto político se adhieren y a cuál no, porque de ese adhesión depende, en gran medida, que un proyecto se vuelva realidad.

Para que una propuesta política tenga éxito, debe contar con la participación (activa o pasiva) de una parte de los ciudadanos; dependiendo el tipo de proyecto, del tipo de sistema político y del tipo de ciudadanía que se ejerza, el número de ciudadanos requeridos varía considerablemente, pero siempre es necesario el apoyo (entendido como adhesión, no como obediencia) de un sector de la sociedad para echar a andar cualquier proyecto político.

Para que un gobernante pueda gobernar y para que un líder pueda liderar, se necesita lo mismo: alguien que se sume a ese proyecto, que participe y que crea; y de otros tantos que se dejen gobernar o guiar.

Definiciones.

En el Estado de Naturaleza que describió Hobbes3, todos los hombres ejercen libremente su poder y en tal sentido se auto-gobiernan (nadie más los controla); ese poder natural e inherente a los seres humanos les permite modificar su vida, su entorno y su realidad mientras su único límite real, son las barreras que les impone la naturaleza, es decir, los seres humanos podemos correr, nadar, saltar, pero por mucho que lo intentemos y por razones netamente biológicas, sin ayuda mecánica, no podemos volar.

Ahora bien, entre lo que sí podemos hacer, hay acciones políticas y acciones que corresponden a esferas diferentes. Las acciones políticas, son aquellas que buscan afectar la estructura misma de las sociedades; siendo esa afectación positiva o negativa, directa o indirecta, a corto, mediano o largo plazo. Todas las acciones que buscan modificar la realidad y la estructura social, son acciones políticas. Por ejemplo, la creación de un grupo armado ilegal que busque tomarse el poder político de un Estado es una acción política; por el contrario, la creación de un grupo armado ilegal para brindar seguridad a un mafioso, no lo es, es solamente un delito.

Tanto las acciones políticas, como las no políticas necesitan para existir, que alguien ejerciendo un poder, las desarrolle; siguiendo nuestro ejemplo anterior, habría que decir que ni las revoluciones ni

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En su estado natural, el hombre actúa respondiendo a sus instintos; contrariamente, en el Estado Civil, lo que prima entre los seres humanos es la racionalidad que permite la vida comunitaria.

las mafias son de generación espontánea; alguien las diseña, las planea y las ejecuta, para lo cual ese alguien analiza los recursos que tiene a su disposición y los organiza para alcanzar su objetivo.

Esa capacidad de organización es poder, y ese poder es político cuando se utiliza en acciones políticas, en otras palabras, el poder político es aquel que pretende (y logra) modificar, de alguna forma, la estructura social.

Si bien la institucionalización del poder político por excelencia está representada en el Gobierno, ese no es el único escenario desde el que se puede modificar el ordenamiento político, en tal sentido, el poder político puede ser coincidente (o no serlo) con el poder de gobierno, pero decididamente es necesario afirmar que no son lo mismo. El poder de gobierno, es la capacidad que tiene esa institución para desarrollar su proyecto político a partir del control del comportamiento de los ciudadanos; en tanto la obediencia de los gobernados no es necesariamente voluntaria y fácil de lograr, los gobiernos, como administradores del Estado, pueden valerse incluso, de la utilización de la fuerza (por demás, de la fuerza legítima del Estado).

Si bien el gobierno existe precisamente para transformar la realidad social, desde la sociedad civil también se dan transformaciones contundentes a los sistemas políticos tal como ocurrió en lo que se conoce hoy como “La Primavera Árabe”4, o cuando desde un golpe de opinión, la ciudadanía norteamericana pidió a su gobierno acabar con la guerra en Vietnam.

Dichas transformaciones tampoco son exclusivas de la sociedad civil: los grupos de interés y de presión, algunas multinacionales, los organismos internacionales e intergubernamentales, por nombrar sólo algunos, también ejercen poder político.

Aunque no exclusivamente, lo anterior es particularmente válido para los gobiernos democráticos, en los cuales la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones políticas, no solamente es común, sino necesaria.

Tal como puntualizó Norberto Bobbio, la Democracia como forma de gobierno tiene dos definiciones / alcances diferentes: (1) de una parte, el significado formal de la democracia hace referencia al gobierno del pueblo; es decir, es la forma de gobierno en la que el poder político está repartido en las manos de la mayoría de los ciudadanos, y en tal sentido se contrapone al absolutismo. Es una forma de gobierno que normativamente regula el acceso y la distribución del poder. (2) De otra parte, se encuentra la acepción sustancial de la democracia: el gobierno para el pueblo. En este sentido, la forma democrática de gobierno tiene un ideal igualitario que pretende garantizar la equidad e igualdad de oportunidades fácticas entre los ciudadanos5. En cualquiera de las dos acepciones del concepto, siendo la forma de gobierno de el o para el pueblo, la democracia parte del principio general de que la titularidad del poder político siempre es el pueblo (Bobbio, 1985, Pp. 32 – 40).

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Agrupaciones de la sociedad civil, simultáneamente en varios Estados árabes, derrocaron los gobiernos vigentes y modificaron el sistema político imperante, volviéndose a la democracia.

5 En este sentido, la igualdad democrática se contrapone a la monarquía y la oligarquía, que parten de la premisa de la diferencia entre gobernante y gobernado, jerarquizando la sociedad. Para más información sobre el tema, se recomienda el texto de Toqueville: La Democracia en América.

En una democracia, el gobierno ejerce poder político en calidad de delegatario de los ciudadanos que son su fuente primaria; ellos, los ciudadanos, al delegar ese poder en unos representantes (el gobierno) no renuncian al mismo y pueden desde diferentes esferas de su accionar, ejercerlo simultáneamente o simplemente retomarlo y derrocar al gobernante que no cumplió con sus expectativas.

El gobierno es la institucionalización de un proyecto político. Es decir, el ejercicio del gobierno tiene como objetivo la realización de un proyecto, para ello, los gobernantes deben organizar los recursos de la sociedad que gobiernan, entre los que el más importante es la población y su comportamiento. Entonces, al gobierno de cualquier Estado le interesa tener legitimidad, es decir, contar entre sus gobernados, con aliados a su proyecto político, ciudadanos que les crean y que compartan sus ideales y sus métodos.

Esa coincidencia de intereses políticos entre gobernantes y gobernados, hace posible gobernar, que no es otra cosa que el control del comportamiento de los ciudadanos (Duverger 1997, Año, p.

157).

A su vez, el control del comportamiento de los ciudadanos implica obediencia, que se da voluntaria o involuntariamente. La obediencia es voluntaria cuando los ciudadanos se adhieren al programa de gobierno y los ideales del gobernante por convicción; y es involuntaria cuando el gobierno, valiéndose de herramientas propias del Estado, es capaz de obligar a los ciudadanos a actuar de una forma o de otra (la Ley por un lado y el uso de la violencia legítima por el otro).

Entonces, el gobierno de un pueblo se logra de dos formas: (1) Mediante la adhesión de los ciudadanos a un proyecto político (legitimidad); o (2) A través de la obediencia forzada de estos.

Para obligar la obediencia de los ciudadanos, el Gobierno dispone de dos herramientas, la violencia legítima6 (coacción) y la legislación (coerción).

La Ley, en un Estado de derecho, es la herramienta por excelencia que determina la estructura de una sociedad y es la máxima expresión de su poder soberano. Es a través de la Ley – y de forma especial de la Constitución, que los pueblos definen su propia existencia, sus valores, sus intereses, sus reglas y sus procedimientos. La Ley entonces es, o al menos debería ser, la materialización de los valores y principios ciudadanos. Sin embargo, bajo el entendido de que la Ley es también una herramienta para gobernar, puede representar intereses no generalizables, y en ese sentido, ser utilizada como una herramienta de coacción dando origen a lo que se conoce como la fuerza normativa del Estado (Habermas, pg. 135).

De otra parte la legitimidad es la creencia o la adhesión de los individuos a un proyecto y presupone que el ejercicio efectivo del poder político, encuentra la obediencia de los ciudadanos

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Requerimiento fundamental del Estado, que como resultado del Contrato Social, debe monopolizar el uso de la violencia física legítima.

sin utilizar para ello la fuerza ni la imposición (es decir del poder coactivo ni del coercitivo) y en tal sentido es un fenómeno político y ético7.

La legitimidad, en su sentido específico, según Lucio Levi es aquel grado de consenso sobre las bondades del gobernante o sus ordenanzas, que permiten que aquel sea obedecido sin utilizar la fuerza, en tanto hace que la obediencia se transforme en adhesión a un proyecto político. (Bobbio et al, 1991, p. 862). Vale aclarar que dicho consenso no necesariamente debe ser generalizado entre los gobernados, basta con que se de una parte activa de la sociedad.

Ahora bien, la adhesión a la que hace referencia Levi, presupone que los ciudadanos están bien informados sobre el proyecto político del gobernante y sobre los proyectos alternativos; que además tienen un nivel de educación que les permite discernir unos de otros y definir cuál les conviene o les interesa más (lo que implica una nueva suposición: que la gente esté interesada en participar); y presupone también, que la sociedad permite, facilita y garantiza el derecho a la participación informada y a la oposición y crítica política. En otras palabras, la diferencia entre obediencia y legitimidad, está dada por que la segunda exige la creencia en el gobernante o en su proyecto y la participación consiente de la ciudadanía en ese proyecto político.

Ahora bien, cuando la legitimidad no precede el ejercicio de un proyecto, surge un nuevo fenómeno político que busca sumar adeptos para posibilitar el desarrollo mismo del gobierno: la legitimación.

Por legitimación se entiende el proceso de hacer legítima una acción, decisión o proyecto, es decir la búsqueda de adeptos, de ciudadanos que le crean y lo apoyen. Dicha búsqueda, puede darse a través de la difusión de información y de la construcción de confianzas que deriven en nuevas legitimidades (podría decirse, de legitimidades consientes), o puede darse también a través del engaño, la manipulación y la apelación a instintos no racionales, logrando con ello lo que se podría denominar legitimidad irracional o inconsciente.

Problemática: Como se ha discutido en otros documentos de este libro, la educación política es escasa y la información es utilizada como una herramienta al servicio de algunas elites sociales. Existe también, una tendencia relativamente generalizada a la apatía política entre los ciudadanos, lo que ha llevado incluso a plantear una Crisis de la Democracia8. En sociedades desinformadas y apáticas, ¿la adhesión ciudadana que posibilita el surgimiento y ejercicio de gobiernos y proyectos políticos, es consiente o el resultado de una manipulación de la verdad? ¿los individuos son ciudadanos o siervos que se creen señores?

Tesis Plan: El ejercicio del poder político encuentra su fundamento en la legitimidad de quien lo detenta o de su proyecto; sin embargo, los ciudadanos desinteresados en política son sujetos manipulables, con lo que la legitimidad de los gobiernos es más visceral que racional.

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Contrario a la Ley, que es jurídico – formal.

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Ver MURILLO, Nicolás, “Desconcentración y Descentralización en el Estado Unitario” capítulo de este mismo manual

I. El ejercicio del poder político encuentra su fundamento en la legitimidad de quien lo detenta o de su proyecto; Mas allá del monopolio de la violencia física legítima, la herramienta por excelencia del poder político es la voluntad popular. Un gobierno que soporta su accionar exclusiva o prioritariamente en el uso de la fuerza, por legítima que esta sea, es un gobierno inestable y destinado a desaparecer.

I.A. Sobre el poder, la obediencia y la legitimidad.

La cotidianidad de cualquier ser social es una cadena de relaciones de poder,9 en tanto este es una característica inherente a las sociedades humanas. Para N. Dhal, el poder es la capacidad que tiene A de hacer que B haga o deje de hacer algo que de otra forma no habría hecho.

Las implicaciones de esta definición son determinantes en cualquier relación social y por ello vale la pena detenerse a analizarlas: 1. El poder exige la existencia de al menos dos individuos 2. El poder es asimétrico en tanto uno de esos individuos manda y el otro obedece (lo que implica que quien manda, se sitúa por encima de quien debe obedecer). 3. para que exista una relación de poder, debe existir alguien que obedezca; de lo contrario el poder no es real.

El poder es entonces un condicionante de las relaciones humanas, no existe el poder por fuera una relación entre individuos, pero siempre que hay dos o más personas juntas, hay una forma poder. Dada la cotidianidad natural del poder y lo implacable de sus consecuencias en la vida los seres humanos, ha sido una materia de análisis político durante varios siglos, e incluso considerado el centro del pensamiento político.

de de de es

Sin poder no hay política (como se mencionó en capítulos anteriores de este Manual), y sin obediencia no hay poder, entonces sin obediencia no hay política, en tanto no habría organización10. Una organización política (como cualquier otro tipo de organización) necesita de alguien que distribuya los recursos disponibles para alcanzar un objetivo; ello implica el ejercicio de un poder, y en este caso ese poder es el poder de gobierno.

Las razones que impulsan a un actor a tomar las riendas del poder y mandar sobre otros, han sido analizadas y trabajadas ampliamente. Thomas Hobbes, por ejemplo, describió maravillosamente el poder en su libro El Leviatán, en el que nos presenta un análisis causal del poder y sus

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El poder que tiene por ejemplo, un vecino que decide hacer una fiesta gracias a la cual nadie en el edificio puede dormir, un vigilante estresado que puede no abrir la puerta del edificio e impide que la gente entre o salga, un conductor de bus que se queda dormido mientras maneja y puede matar a todos los pasajeros, un profesor que puede hacer un parcial sorpresa, todos ellos pueden, es decir, tienen el poder. En términos menos dramáticos, el poder también existe aunque cree menos conflicto: el vecino que decide celebrar su fiesta en otro lado, el vigilante que saluda con una sonrisa mientras abre la puerta, el conductor de bus que responsablemente conduce a sus pasajeros y el profesor que explica sabiamente la lección. Más allá de la forma en la que se manifieste el poder, es un fenómeno real y cotidiano.

10 Esta afirmación es válida incluso para la teoría Anarquista que promueve el auto gobierno, pero ese es tema de otro documento y no será discutido en este.

manifestaciones. Pero el otro lado de esa relación, es decir, la perspectiva de quien obedece, resulta fundamental para todo aquel que pretenda hacer o incluso simplemente entender la política.

Quien obedece está cumpliendo la voluntad de otro, es decir, está restringiendo su libertad. En ocasiones lo hace de buena gana, contento de obedecer11, pero en otras, obedecer no resulta para nada placentero.

Como se mencionó antes, entre las múltiples clasificaciones de las relaciones de poder, es menester empezar por aquella que separa la obediencia que se logra mediante la fuerza y la imposición (poder de hecho) de aquella que se da por el ejercicio de la influencia o de la autoridad, aquella que implica que quien obedece, lo hace porque fue convencido, no por que su voluntad fuese doblegada.

Ahora bien, las personas doblegan su voluntad (son obligadas a obedecer), mediante la utilización de la fuerza pero también, mediante la imposición de condiciones adversas. Incluso la simple manipulación de las condiciones sociales también es una herramienta para ejercer el poder de hecho: una madre por ejemplo, haría cualquier cosa por conseguir comida para sus hijos, incluso aquello que en una situación diferente no habría hecho jamás. Entonces esa madre se ve obligada a actuar de cierta forma, y esa obligación al ser producida por una acción no consentida, constituye una forma de poder fáctico o poder de hecho (fue obligada), diferente a la acción misma de pegar un puñetazo o amenazar con un arma de fuego (que evidentemente también son manifestaciones del poder de hecho). En cualquiera de los mencionados casos, quien se ve obligado a obedecer, preferiría no hacerlo.

B. Jouvenel, identifica una nueva clasificación de formas de poder, cuando afirma que en términos generales hay cuatro razones por las que la gente obedece una orden: (1) porque tiene cierta predisposición a obedecer. Es el caso de aquellos que incluso antes de analizar la ordenanza, ya la están obedeciendo. Las implicaciones políticas de este tipo de obediencia irracional son determinantes llegando incluso a manifestarse en lo que se conoce como la personalidad autoritaria que como su nombre lo indica, favorece la creación y el mantenimiento de regímenes autoritarios12. (2) La segunda razón que identifica el politólogo francés por la que la gente obedece, es la percepción que tiene quien obedece (B) de quien imparte la ordenanza (A). Se da cuando existe una comprobada superioridad moral, ética o científica en quien imparte la orden. (3) Quien obedece también lo puede hacer por la valoración que hace de la orden, es decir, porque está de acuerdo con las bondades que le traería hacer caso. (4) La última razón que identifica Jouvenel para la obediencia de una orden, hace alusión a compromisos previos que hubiesen adquirido las partes.

Un Estado es una forma jurídica de organización social que descansa, según Max Weber, sobre dos preceptos fundamentales: el monopolio legítimo de la fuerza y el aparato administrativo.

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Por ejemplo cuando una persona se ve obligada a ir hasta las oficinas de Baloto a reclamar la lotería que se acaba de ganar.

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Tal como se analiza en otro capítulo de este mismo Manual.

El Contrato Social que da origen al Estado, implica que todos los ciudadanos renuncien a la utilización de la violencia para facilitar su vida colectiva. Ahora, la violencia no desaparece, por el contrario, la capacidad de ejercer la fuerza de todos los ciudadanos es recogida por un único actor: el Estado. Es así, como la existencia del Estado como forma de organización social resultante de un acuerdo colectivo, implica necesariamente que este detenta el monopolio de la fuerza y con ello, el poder coercitivo y el coactivo.

En otras palabras, el Estado puede, e incluso debe, utilizar la violencia en casos excepcionales, y particularmente, para garantizar que los ciudadanos obedecen las leyes, lo que en última instancia permite la vida colectiva13 y nos aleja del Estado de Naturaleza violento y peligroso de describió Hobbes.

De otra parte, y además de monopolizar la fuerza, Weber identifica que el Estado para funcionar, necesita de lo que él denominó un Cuadro Administrativo, que no es más que la institucionalidad encargada de administrar la cosa pública. Ahora bien, los funcionarios públicos que conforman ese cuadro administrativo, no podrían basarse en la utilización de la fuerza para que los ciudadanos les obedezcan, al menos no en todos los casos, en tal sentido, el Estado busca que su poder sea legítimo para el pueblo.

Si gobernar es controlar comportamientos como afirmó Duverger, entonces la legitimidad no solamente lo hace más fácil sino que lo hace operativamente posible ya que por grande que fuese el ejército de un país, disponer de los medios para obligar utilizando la fuerza, a todos los ciudadanos y todo el tiempo, sería imposible. En principio, esa utilización generalizada de la violencia requeriría que hubiesen tantos militares y policías como ciudadanos (para que los primeros estuviesen permanentemente obligando a los segundos), pero luego el análisis se complica cuando se pregunta ¿cómo hacer que los soldados y policías obedezcan?. En tanto se cuente con un conjunto de ciudadanos que se adhieran al proyecto político en ejercicio, la necesidad de utilizar la fuerza se vuelve residual y por ello, la legitimidad hace que el ejercicio del poder sea eficiente.

El positivismo hace un análisis que parte exactamente desde la efectividad para llegar a la legitimidad (al contrario de lo que se acaba de exponer).

La obediencia consentida (legitimidad) se da según el positivismo, hasta que el nivel de ineficiencia del poder haga prever que otro poder sería más eficaz. En ese momento, los ciudadanos dejarían de obedecer voluntariamente, en tanto la legitimidad cambiaría de un poder a otro.

Volviendo sobre la definición de Estado de Max Weber, la obediencia al cuadro administrativo se da “por la costumbre, de un modo puramente afectivo, por intereses materiales o por motivos ideales (con arreglo a valores)” (Weber, 1997, P. 170). Sin embargo, la obediencia fundamentada en cualquiera de estos tres factores tiende a ser efímera, por lo que el sociólogo, filósofo y economista

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Para más información ver Hacer Política, Cambiar Vidas, en ese mismo Manual.

político alemán describe un cuarto factor de obediencia, que sumado a los anteriores, se convierte en el pináculo del poder político: la pretensión de legitimidad.

Según Max Weber existen tres tipos de pretensión de legitimidad (fundamentada en el principio de la efectividad del poder): tradicional, carismática y racional o legal y esos tipos de legitimidad, determinan igualmente, el tipo de dominación que se ejerce.

Como es de esperarse en un positivista como Weber, la dominación legal (que descansa en el tipo de legitimidad del mismo nombre) es aquella que se fundamenta en la creencia de la racionalidad y bondad de las normas escritas por los funcionarios delegados por la sociedad para ello y aplicadas por las instituciones que la misma sociedad designó para hacerlo. Es el tipo de legitimidad más racional de todas en tanto supone que los funcionarios y las instituciones que han sido creadas para el ejercicio del poder son los más idóneos para hacerlo y saben hacer su trabajo.

El segundo tipo de dominación que identifica Weber a partir de la pretensión de legitimidad en la que se soporta, es la dominación tradicional. La legitimidad tradicional supone un estatus especial del gobernante, históricamente respetado y acatado. Este tipo de dominación es consecuente con una visión estática de la historia: si el poder ha existido y funcionado en el pasado, no hay razón para cambiarlo. Según Weber, la relación entre el gobernante y su cuadro administrativo en este tipo de dominación, no es la relación de un jefe con sus funcionarios sino la de un señor con sus seguidores. Es una relación visceral que fundamenta la obediencia, en la lealtad de los servidores con el gobernante, no en la racionalidad.

Por último, Weber identifica un tercer tipo puro de dominación fundamentado en el carisma. “Debe entenderse por “carisma” la cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas –o por lo menos específicamente exracotidianas y no accequibles a cualquier otro…” (Weber, 1997, p. 193). La legitimidad carismática es aquella que se fundamenta en las cualidades personales del gobernante y específicamente en la valoración positiva que los gobernados hacen de esas cualidades.

I.B. De la legitimidad a la estabilidad En tanto la obediencia es una limitación a la libertad del gobernado y la legitimidad es una limitación consentida a esa libertad, los tres tipos puros de legitimidad14 que identificó Weber, como era de esperarse, apelan a la estructura de valores de una comunidad determinada; que está constituida por individuos que se dividen el trabajo político entre ellos y que comparten ciertas costumbres y valores que les permiten entenderse como una unidad.

En ese sentido, la racionalidad - legalidad que una sociedad acepta tiene tres características básicas: (1) está directamente relacionada con lo que esa comunidad considera bueno y decente.

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El adjetivo “puros” obedece a que según Max Weber, ninguno se da sólo. En la realidad, los diferentes tipos puros de dominación se mesclan entre sí.

(2) Las tradiciones que una comunidad obedece, son exclusivas de esa comunidad y corresponden a su historia no a la de ninguna otra sociedad y por último (3) las cualidades carismáticas que una sociedad considera extraordinarias, responden a lo que esa comunidad subjetiva e individualmente aprecia y valora. Es así como los motivos que llevan a determinada sociedad a obedecer una ordenanza, no necesariamente son los mismos que resultarían efectivos para el gobernante de otra sociedad, en tanto la forma en la que se dan las relaciones sociales de una comunidad política, está determinada por la estructura de valores que la conforma y esto es, porque la legitimidad es un factor ético y moral.

Como se mencionó anteriormente, uno de los legados básicos del positivismo en lo que a la legitimidad del poder político se refiere, es que el primer fundamento de aquella: la efectividad. Una decisión se entiende como efectiva, cuando es capaz de resolver con oportunidad y acierto un desafío político. Solamente cuando el gobernante es capaz de resolver los problemas de la comunidad, los ciudadanos le permitirán limitar su libertad y controlar su comportamiento (le confieren legitimidad a su poder).

Cuando el ejercicio del poder es previsiblemente duradero, se habla de estabilidad política y ella implica, que durante un periodo considerado de tiempo, las reglas del juego, la forma de administrar el poder y los mecanismos que se utilizan para ello, serán relativamente constantes.

Vale la pena resaltar que a pesar de la creencia generalizada, la estabilidad política no es necesariamente un valor positivo15, por ejemplo, ante la evidencia de un gobierno, un gobernante o un sistema político ineficiente, seguramente sería conveniente un cambio hacia nuevas formas de organización y liderazgo, y en tal sentido, la inestabilidad sería deseable (ya que no sería conveniente mantener esa situación en el tiempo).

Ahora bien, la política como las condiciones humanas, son realidades altamente variables en el tiempo. Las condiciones sociales hoy son muy diferentes a las que afrontaron nuestros compatriotas a finales del siglo XIX, incluso, quienes hagan juiciosamente un seguimiento a la operatividad del poder y del sistema político, se darán cuenta que en el transcurso de un año las condiciones de vida, los deseos y las necesidades de los seres humanos cambian y con ellos, los retos que debe afrontar cada sistema político cambian también. En tal sentido, desarrolla su tesis L. Morlino y afirma que la estabilidad política no implica ni inmovilidad ni estaticidad, en tanto para perdurar, un sistema político debe ser capaz de adaptarse a las nuevas condiciones y retos que se le planteen de modo que esté permanentemente en capacidad de solucionarlos.

Además de variables, los retos que debe afrontar cada sistema político son específicos a su realidad y por ello, las soluciones a estos problemas deben ser también específicas. Las huelgas de piernas cruzadas16 en Colombia, seguramente no tendrían tanto éxito en los países musulmanes y ello se debe a que la gente es diferente, tiene creencias diferentes, gustos, prioridades, principios y realidades diferentes.

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Evidentemente tampoco es negativo, pero la estabilidad se debe entender como un concepto políticamente real pero valorativamente neutro.

16 Huelgas en que, normalmente las mujeres, se niegan a tener relaciones sexuales.

Parte fundamental de la realidad política y elemento definitivo en la legitimidad del poder, son las costumbres, creencias y valores de los individuos que conforman las sociedades; más concretamente, la realidad política de una organización está dada por la posición y el relacionamiento de esos individuos frente a los asuntos públicos, es decir, por la cultura política.

Ante valores públicos relativamente estables, es previsible que hayan mayores niveles de estabilidad en el ejercicio del poder, en tanto los principios sobre los que se fundamenta la aceptación del mismo se mantienen en el tiempo. Como afirmó Maquiavelo en El Príncipe, en sociedades acostumbradas al autoritarismo es relativamente fácil que se mantengan gobernantes autoritarios sin encontrar mayor resistencia en el pueblo, pero cuando un gobernante pretende cambiar el sistema político de una comunidad ya conformada y con una cultura política definida, la resistencia que encuentra entre los gobernados es enorme y en tal sentido, su poder estará en peligro.

Vivir en sociedad además de tener ventajas maravillosas tiene costos altísimos, entre los cuales resalta por su dimensión, la pérdida parcial y consentida de la libertad individual, a la cual, en nombre de la vida en comunidad, cada ciudadano renuncia. Esa pretensión de que los ciudadanos renuncien a su libertad es solamente sensata cuando el Estado, con el gobierno a la cabeza, garantiza básicamente dos cosas: la solución a los conflictos privados y el monopolio exclusivo (valga la redundancia) de la fuerza.

Si un ser humano renuncia a su capacidad natural de utilizar la violencia, lo menos que espera es que los otros seres humanos con quienes cohabita también lo hagan y para garantizar aquello, fue constituido el Gobierno.

Si el gobernante resulta ineficaz pierde legitimidad, lo que tiene implicaciones en el ejercicio del poder (en tanto el gobernante perderá confianza en su gestión) y en sus efectos (ya que los ciudadanos no querrán obedecer sus mandatos haciendo cada vez más complicado el ejercicio del gobierno).

Un gobernante que ya no cree tener legitimidad en su comunidad política, tiende a anclar el ejercicio de su poder en otros factores: manipulando el aparato administrativo y con él, la normatividad (leyes en un Estado de derecho)17 y mediante la utilización extralimitada de la fuerza y la violencia. Estas dos acciones, tienden a disminuir aún más los niveles de legitimidad de un gobernante y la relación ineficiencia – ilegitimidad se convierte en un círculo vicioso.

La ineficacia del Estado (administrado por el gobierno) es decir, su falta de capacidad para solucionar conflictos políticos y buscar el bien común, hace que el Contrato Social que le da vida, pierda sentido.

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Haciendo la legislación más restrictivas y apelando a un tipo de poder fundamentado en intereses individuales de los gobernados o en el establecimiento de nuevos equilibrios de premio-­‐castigo en los que el castigo tiende a tomar mayor preponderancia.

Si un ciudadano no puede contar con la justicia en su Estado, no tendrá entonces motivación alguna para no buscarla por sus propios medios. Nadie en su sano juicio, renunciaría a utilizar la fuerza, si todos los demás seres que tiene alrededor la utilizan impunemente.

La gran consecuencia para la sociedad de la ruptura del Contrato Social, es el desorden, el caos, el miedo, en otras palabras, es volver al Estado de Naturaleza que describió Hobbes. Pero la consecuencia que la ruptura del contrato implica para el gobernante, es precisamente la pérdida del poder.

Si la fuente primaria del poder son los ciudadanos, ante una ruptura del Contrato Social, es previsible que estos quieran retomar su poder y utilizarlo, lo que implica que se desdibuja el monopolio de la utilización de la fuerza, característica fundamental y necesaria para la existencia de un Estado, e implica también que los ciudadanos ya no permitirán que aquel ineficiente gobernante les diga que hacer y que no hacer.

Transición La carencia o pérdida de legitimidad en el gobierno es entonces mayor riesgo que enfrenta un gobernante que quiera mantenerse en el poder y por lo mismo, conquistar legitimidades es un objetivo común entre gobernantes particular, aunque no exclusivamente de gobernantes democráticos.

La legitimidad de una ideología, de un poder, de un gobierno o de un proyecto, está condicionada por la conciencia política de los ciudadanos, que se forma a partir de varios elementos como los valores, la educación, la información, las vivencias de los ciudadanos y especialmente la ideología (Duverger, 1997, p.106).

Es así como resulta apenas lógico que los gobernantes, es su afán por legitimar sus acciones, busquen intervenir los elementos que conforman la conciencia política de los ciudadanos, particularmente utilizando el poder ideológico.

II. Los ciudadanos desinteresados en política son sujetos manipulables, con lo que la legitimidad de los gobiernos es más visceral que racional.

II.A

El poder político soportado en el control de recursos de interés púbico.

Armitai Etzioni, propuso una clasificación del poder según las razones que llevan a la gente a obedecer: (1) Poder coercitivo: aquel que se vale del uso o la amenaza del uso de la fuerza (2) Poder remunerativo: aquel que se basa en el control de recursos materiales (3) normativo: que se soporta en la asignación de premios y castigos simbólicos. (Stopino, en Bobbio et al, 1991, p. 125).

Ahora bien, cualquiera que sea el tipo de poder que se analice, estará supeditado a que quien lo detenta tenga algún nivel de control sobre recursos del interés de quien es obligado o sometido.

El papá que determina la hora de llegada del adolecente, ejerce su poder al controlar el comportamiento de su hijo, haciendo que este haga algo que de otra forma no habría hecho: llegar temprano. Normalmente el padre, controla por ejemplo, los ingresos financieros del hijo, que si quiere tener dinero para salir debe respetar las órdenes de su padre.

El vulgar ladrón, puede exigir a su víctima que le entregue la billetera si logra intimidarlo, es decir, demostrarle que tiene el control sobre su integridad física por ejemplo. Si uno no siente que el asaltante le pueda hacer ningún daño, seguramente no entregará ninguna de sus pertenencias.

El gobierno al ser una de las partes del Contrato Social, tiene la capacidad de controlar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco del mismo, como bien afirma Habermas: “Un contrato fundamenta una norma reconocida por ambas partes: el reconocimiento de la norma común crea ciertas expectativas de comportamiento por virtud de las cuales uno de los contratantes puede juzgar prudente hacer, el primero, una prestación en interés del otro.

Pero con ello la exhortación dirigida a este, para que a su vez cumpla con lo pactado, deja de ser una mera insinuación que el exhortado podría aceptar o rechazar según su libre albedrío (como en el caso de una orden). Pasa a ser una exigencia que él a reconocido de antemano como condición de sus actos”. (HABERMAS pg. 126) El Gobierno entonces, como administrador del Estado en el marco del Contrato Social, puede determinar la vigencia del mismo en tanto tiene el control de los bienes y servicios que fundamentan ese contrato. El acuerdo entre ciudadanos que posibilita la vida en sociedad se fundamenta, como cualquier otro contrato, en un acuerdo de complementariedades: deberes y derechos que permiten que cada una de las partes obtenga algún beneficio por cumplir con su parte del trato.

Si el objetivo último del Estado es lograr el bien común y éste se entiende como un consenso social18 entonces la vida en comunidad administrada colectivamente, debe favorecer que el nivel de vida de todos los ciudadanos sea tan alto como fuera posible de cara a las capacidades y limitaciones naturales de cada persona, y es necesario enfatizar en la palabra naturales, en tanto se hace referencia a sus posibilidades mentales, cognitivas, operativas y espirituales, no a las económicas o materiales. Como explica Rawls en su Teoría de la Justicia, la sociedad debe servir de mediador de las ventajas y desventajas que sin mérito alguno, obtienen los ciudadanos al nacer, eso es la justicia. Quien al nacer tiene condiciones consideradas favorables por la sociedad, es decir su familia tiene los medios económicos, sociales y culturales para garantizarle el acceso a los bienes y servicios que este necesita y desea, no tiene la culpa de ello y entonces no debe ser castigado. Igualmente, quien al nacer no cuenta con la misma suerte y carece de acceso a alimentación, educación, salud, vivienda y un ambiente digno, tampoco tiene la culpa de ello y

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Aunque la teoría Marxista afirma que mientras las sociedades estén divididas en clases sociales, no es posible la construcción de un interés general y menos aún de un único interés que abarque a la sociedad como un todo, en tanto los intereses se enmarcaran en los valores y necesidades propias de cada una de las clases. Según esta teoría, el Estado es una estructura de dominación de una clase sobre otra.

entonces, tampoco debería ser castigado por ello. Ahora bien, sin la mediación del Estado, quien nace con menos recursos resulta castigado en la práctica en tanto debe vivir en desventaja frente a los más favorecidos.

Esta concepción de justicia plantea que la sociedad debe garantizar una igualdad real de oportunidades entre los ciudadanos19. Una cosa es que en Colombia se tenga la libertad de ser astronauta (nadie nos prohíbe a los colombianos ser astronautas), pero otra cosa muy distinta es tener la posibilidad real de serlo (el Colombiano que quiera ser astronauta debe tener los recursos económicos para buscar su educación y práctica en otro país, ya que aquí no hay condiciones para que aprenda ni practique viajes espaciales). En otras palabras, aunque todos estaríamos en libertad de querer ser astronautas, solo unos pocos tienen esa oportunidad, entonces hay libertad, pero no igualdad. El ejemplo plantea una situación real aunque no fundamental, pero lo mismo sucede con el acceso a alimentos, educación, salud, vivienda, entre otros.

Para que el Estado pueda garantizar a los ciudadanos el goce efectivo de sus derechos y la real capacidad de alcanzar el mayor provecho con sus capacidades naturales, es necesario que responda por el acceso a los bienes y servicios mínimos (aquellos considerados fundamentales).

Esta corriente ideológica propició el surgimiento de Estados de Bienestar y Estados Sociales que, buscando esa igualdad, se encargan de la provisión directa de los bienes y servicios considerados mínimos. Es así como en busca de garantizar la igualdad, el aparato administrativo de los Estados tiende a crecer proporcionalmente con la cantidad de sectores que busque atender.

El control de la salud pública por ejemplo, implica que el poder político puede ser también ejercido en este ámbito. Bajo el supuesto de un servicio público de salud,20 en épocas de mayor riesgo, el Estado podría adelantar campañas de vacunación masivas, para prevenir la gripa por ejemplo.

Con ello, se podría prever que el nivel de productividad del país disminuyera drásticamente cuando llegue la epidemia de gripa (por poner un ejemplo, sin un proceso de vacunación, sería previsible que al menos el 20% de los afectados por la gripa se incapaciten y el otro 80% disminuya su productividad laboral) es decir, el control del servicio de salud, le da poder político al Estado en tanto es vinculante para la sociedad y tiene efectos generalizados (nadie puede prescindir, al menos totalmente, del servicio de salud).

Bajo esta teoría se encuentran los Estados comunistas y socialistas que controlan directamente sectores de interés público, pero también se encuentran Estados capitalistas que durante años han mantenido el control sobre algunas de sus industrias (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, por mencionar solo algunos).

Con el surgimiento de la teoría liberal21 se puso sobre la mesa la discusión de la pertinencia del dominio público sobre bienes y servicios (en línea con lo que Marx llamó: la base material de una

19

Para más información ver: Liberalismo Político de John Rawls.

20

Entendiendo lo público no por el interés que representa sino por su administración, es decir, aquel que está en manos del Estado.

21

Proyectada desde la Revolución Industrial en Inglaterra en el Siglo XVII, difundida en Europa en el Siglo XIX y ampliamente aplicada en América Latina en lo que se conoce como el modelo Neo-­‐Liberal.

sociedad). El fundamento filosófico del liberalismo, descansa sobre la teoría iusnaturalista de que existen algunas normas y derechos anteriores (y por ello superiores) al ser humano entre ellos, el que considera más importante es la libertad.

El Estado Liberal entonces, es aquel que busca garantizar la libertad de los ciudadanos frente al ejercicio del poder político, pretende entonces, la desconcentración de ese poder (nuevamente, entendido en función de su dominio sobre recursos de interés de los ciudadanos).

En contraposición al Estado Social o al Estado de Bienestar que pretenden garantizar el acceso a los bienes y servicios que sean fundamentales para los ciudadanos y en tal sentido tienen generalmente el dominio sobre un número importante de recursos (como la educación, la salud, el transporte, la vivienda, entre otros) el Estado Liberal propende por que los ciudadanos estén en libertad de hacer todo aquello que puedan hacer y que el Estado se limite a aquellas actividades que solamente él puede realizar (como la justicia y la soberanía por ejemplo) y aquellas que no sean del interés de los privados22.

Sobre este fundamento ideológico, la modernidad llegó con una tendencia a la reorientación de la actividad Estatal y consecuentemente a la privatización de las empresas que otrora estaban en manos de los diferentes Estados. Si bien el proceso ha sido menos notorio en Europa y en Estados Unidos, América Latina desde la década de 1970 ha sido el escenario por excelencia de esa desconcentración del dominio público sobre bienes y servicios de interés general.

Bajo esta forma de estado, los privados están en capacidad de adquirir empresas en aquellos sectores que les interesen, y el Estado disminuye el tamaño de su andamiaje administrativo, proporcionalmente con el número y nivel de los sectores que deja de atender directamente.

No es extraño entonces, encontrar que servicios como la salud, el acueducto, el transporte, incluso el aseo de las ciudades y municipios, estén en manos del sector privado.

A partir de la aplicación de esta herramienta, efectivamente el poder del Estado se reduce mientras aumenta el poder de los privados, en tanto son ellos, quienes tienen ahora el control sobre los bienes y servicios que le interesan a la comunidad, en otras palabras, y en el mejor de los casos, poder con un alto contenido político.

Como es natural las empresas privadas se rigen, en principio, por su ánimo de lucro y ganancia, así que al controlar sectores sensibles para la sociedad, ejercen poder político con un tinte rentista.

Siguiendo con el mismo ejemplo, al ser empresas del sector privado quienes manejan el servicio de salud, sería previsible que como parte de su plan de negocios, busquen reducir costos y/o aumentar los precios de sus servicios para así, maximizar su ganancia23. Esa estrategia que favorece directamente al empresario que la aplica, sería contraria a los intereses de acceso efectivo

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Se recomienda la lectura de: Democracia y Liberalismo de Norberto Bobbio.

23

Principio rector de cualquier empresa: alcanzar márgenes de ganancia tan altos como sea posible.

a la salud de la mayoría más pobre de esa sociedad, y más puntualmente frente al ejemplo de la epidemia de gripa que trabajamos anteriormente: ¿qué incentivo podría tener un empresario privado para asumir los costos de una campaña masiva de vacunación? Definitivamente es más barato, en la lógica simplista del negocio de la salud (sin tener en cuenta nada mas), permitir que a los ciudadanos los ataque una epidemia de gripa ya que en últimas, la rentabilidad nacional y el desempeño global de la economía no son problemas de la empresa prestadora de servicios de salud, así como no es problema de la empresa transportadora el deterioro del medio ambiente, ni del colegio el nivel de participación política de los ciudadanos, por poner solo algunos ejemplos.

El resultado entonces, de una política liberal de privatización de empresas es que el sector privado, esta en condiciones y capacidad de tomar decisiones políticas y obtener por ello, rentabilidades privadas.

Ahora bien, según Gaetano Mosca, en una teoría desarrollada después por Pareto, toda sociedad está dividida al menos en dos clases: los que gobiernan y los gobernados. Los que gobiernan, son aquellos que concentran el poder en sus diferentes manifestaciones, siendo las más evidentes el poder político, ideológico y económico –Teoría de las Élites24. La lógica que subyace esa afirmación, es que existe una estrecha relación entre los tres tipos de poder. Es común que quien tiene los medios económicos para acceder a mejores niveles de educación, a mayores niveles de socialización y en fin a mejores condiciones de desarrollo, tenga también mayores oportunidades de acceder al poder político. De la misma forma, es posible que quien detenta el poder político, tienda a tomar decisiones que favorezcan el sector económico al cual debe sus ganancias. El resultado de tal amalgama de poderes, es una élite social que concentra tanto el poder económico como el político, por lo que resulta casi natural que familias de políticos tradicionales (en cuyo núcleo se cuenta con presidentes, alcaldes, ministros, etc.) sean también dueñas de grandes empresas del sector real (como universidades, periódicos, bancos, etc.)

Es igual de común que la élite político-económica se valga del poder ideológico para alcanzar sus fines.

II.B. Una sola verdad para todos. La ideología en acción.

La ideología es la representación de la verdad entendida dogmáticamente, es decir, es la certeza de conocer la verdad25.

Según Herbert McClosky, las ideologías son “sistemas de creencias explícitas, integradas y coherentes que justifican el ejercicio del poder, explican y juzgan los acontecimientos históricos, identifican lo que está bien y lo que está mal en política, definen las relaciones entre la política y

24

Para más información sobre la teoría de las Élites se recomienda leer Los Sistemas Socialistas de V. Pareto.

25

Para una comprensión de la implicación de las doctrinas ideológicas se recomienda leer: DEL CASTILLO Daniel, Doctrinas e Ideologías políticas: de los individuos a los sistemas. Una perspectiva politológica y pluridisciplinar. Artículo de este mismo manual.

otros campos de actividad y suministran una guía para la acción” (Citado en Stipino, en Bobbio et al, 1991 p. 158), entonces la ideología es una herramienta de legitimación de acciones políticas.

La legitimidad como aceptación voluntaria y consiente del ejercicio del poder, es solamente posible si se cumplen dos condiciones: que los gobernados tengan el conocimiento tanto del sistema político, sus reglas, límites y las posibilidades que brinda (ese conocimiento se alcanza a través de la educación) como de los actos puntuales que desarrolla cada gobernante (información).

No debe sorprender entonces que el monopolio sobre los medios de información y la educación se haya presentado de forma cotidiana y casi natural a los sistemas totalitarios y autoritarios de todas las tendencias políticas, pero tampoco debe resultar extraño, que aún los gobernantes más democráticos busquen utilizar esas dos herramientas para lograr mayores niveles de legitimidad, de los que en último término, depende su poder.

Institucionalmente, los gobiernos democráticos han diseñado mecanismos de rendición de cuentas que les permiten informar a los ciudadanos sobre el ejercicio del poder; esa tarea se vio ampliamente simplificada gracias a la invención de la imprenta y a partir de ella, de los medios masivos de comunicación. Es notoriamente más fácil y decididamente más masiva la información que puede ser difundida gracias a la tecnología que ha permitido acercar el ejercicio del gobierno – y con el los gobernantes, a los gobernados. Es menester que las democracias que se precien de serlo, busquen masificar su mensaje.

El Estado colombiano por ejemplo, cuenta hoy con un Diario Oficial nacional y otros varios regionales, un canal de televisión dedicado exclusivamente a trasmitir información relacionada con el ejercicio del gobierno además de algunos programas en los canales privados de televisión, programas radiales, páginas web, redes sociales y carteleras en ciudades y municipios para exponer su información.

Informar, no es más que entregar una serie de datos que buscan notificar a la población sobre las acciones de gobierno. Es una acción valorativamente neutra que no debe llevar ningún mensaje diferente a los datos mismos. Evidentemente la información así, pura y sin intenciones de legitimación no es muy común.

Los gobiernos utilizan los canales de comunicación públicos para hacer propaganda política,26 para valorar sus acciones y justificar la orientación de su programa de gobierno y su accionar; en otras palabras, para difundir su ideología, a través de la cual legitiman su poder.

No se debe interpretar lo dicho, como una tendencia generalizada a impartir información falsa, a inflar o desinflar cifras que justifiquen acciones políticas o un sistema de prioridades determinado, es decir a manipular los datos (aunque ello también se da con más frecuencia de lo éticamente aceptable), lo que se afirma es que al agregar valor interpretativo a la información que se difunde,

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Nuevamente, para más información sobre este tema, se recomienda remitirse al capítulo Doctrinas e Ideologías políticas: de los individuos a los sistemas. Una perspectiva politológica y pluridisciplinar, de este mismo manual.

se está haciendo publicidad al referente de verdad, a la representación del bien y el mal, que tiene el emisor de esa información. El debate político que resulta sobre los temas de gobierno, tiende entonces a perder objetividad en tanto está precedido por una estructura valorativa de quien difunde la información.

Según ejemplifica Álvaro de Vita en su artículo Argumentación Moral y Deliberación Política, este tipo de manipulación ideológica fue la causa de que la reforma a la salud que propuso el ex presidente Bill Clinton en los Estados Unidos, fuese rechazada por la masa más pobre y vulnerable de ese país que entendió (equivocadamente) que su implementación la iba a perjudicar.

Un par de artículos de opinión en un diario de circulación nacional pueden poner sobre la mesa un tema u ocultar otro a manera de cortina de humo; pueden influir con argumentos radicales o sesgados temas sensibles y siendo un tanto extremistas (habría que discutir, que tanto) podrían terminar construyendo opinión pública27.

No es coincidencia que durante el periodo conocido como la Guerra Fría, en la gran mayoría de películas estadounidenses el personaje malvado fuese un ruso, así como tampoco es coincidencial que la gran mayoría de occidentales afirmen que el comunismo es absurdo e incluso catatónico pero no puedan explicar el porque. Eso lo han oído en televisión y en radio por décadas, lo han cantado, lo han leído en periódicos y novelas, en otras palabras, lo han vivido. La costumbre hace ley y la repetición de un mensaje tiende a volverlo cierto en la mente de las personas, más allá de su comprobación empírica28.

Cuando la élite política, tiene también el poder sobre los medios de comunicación, entonces estos son utilizados para difundir información política y con ella para argumentar posiciones, decisiones y formas de análisis, en otras palabras, para difundir su ideología, impartir su propaganda política y con ello legitimar su poder.

No es más alentador el análisis sobre la segunda herramienta utilizada para legitimar un proyecto político, es decir, sobre la educación. El ejercicio de un poder es racionalmente-legítimo, cuando quien lo acepta lo entiende, de lo contrario el poder puede ser aceptado, pero esa aceptación estaría muy lejos de ser racional.

Ha sido característico y ampliamente difundido, el control y el direccionamiento de la educación (particularmente de la educación primaria, aunque el dominio se presenta en todo el ciclo) de gobiernos autoritarios tanto de derecha como de izquierda.

27

Como afirma Nicola Mateucci “… en el estado contemporáneo se produce la falta de distinción entre el estado y la sociedad civil, dado que uno está compenetrado con el otro, por lo cual se forma una clase dirigente que, interesada en el dominio, puede fácilmente manipular a la opinión pública” es así como sigue la teoría Marxista que afirma que la ideología no es más que una falsa conciencia que la clase dominante impone sobre los gobernados para ocultar sus intereses.(Bobbio et al. 1991 P. 1078)

28 Fe de lo cual dan los cientos, incluso miles, de personas que aseguran que el Monstruo del Lago Ness es grande, anfibio y que vive en Escocia desde el siglo VI.

Una de las primeras acciones de Hitler en el poder, fue reformar la educación básica y secundaria para resaltar la supremacía de la raza aria como una verdad categórica; en España, durante la época del Franquismo, los niños comenzaban su jornada escolar cantando Cara al Sol, el himno del régimen, que en 1938 modificó la estructura educativa para que fuera “católica y patriótica”.

Durante la niñez y la adolescencia, las personas se forman como individuos, aprenden los valores básicos que soportarán su estructura mental e ideológica, construyen los fundamentos que les permiten diferenciar el bien y el mal y en últimas estructuran la forma básica de su visión de la realidad. Los niños y jóvenes no tienen la información ni la fuerza cognitiva suficiente para rechazar una instrucción que les sea impartida como verdad, generan fácilmente relaciones de confianza soportadas en lo que se podría catalogar como una autoridad carismática. Es así como las figuras de padres y maestros resultan fundamentales en la construcción de sistemas ideológicos y políticos, de largo aliento.

Tener la capacidad de difundir verdades categóricas a toda una generación de ciudadanos, es la mejor forma de garantizar el apoyo político a los proyectos que se adelanten. Esa es la razón por la que el sistema educativo ha sido tradicionalmente un escenario de disputa política (y la causa de que tantos ex presidentes se dediquen a dictar conferencias).

El poder de legitimar ideologías completas está a disposición de la clase económica y políticamente dominante, que enseña verdades y construye realidades para legitimar sus acciones futuras.

Conclusión Los individuos, son seres sociales como afirmo Rousseau y son también seres violentos como resaltó Hobbes, pero ante todo son seres racionales (al menos la mayoría de ellos).

Esa racionalidad los lleva cada día a buscar el mejor nivel de vida posible, a utilizar de la mejor manera los recursos que tienen a su disposición para encontrar la felicidad. Esa racionalidad también es la causa de la conformación de la sociedades, que son el escenario natural de la vida de los seres humanos. Vida, que se teje a partir de relaciones sociales que son siempre, relaciones de poder, de dominio, de sometimiento, de imposición, de orientación, de dirección.

El poder es una característica inherente a los seres humanos y el instrumento de relacionamiento entre ellos. El Contrato Social se nos presenta entonces como un acuerdo de voluntades entre individuos racionales que buscan su felicidad,29 y para ello crean el Estado como forma de organización social que les permite alcanzar el mayor beneficio de vivir conjuntamente. Ese contrato, como cualquier otro, además de implicar enormes beneficios, acarrea obligaciones y la primera de ellas es la delegación del poder coercitivo, pero también del poder operativo de toma de decisiones políticas.

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Búsqueda que como afirmó Aristóteles, es la más importante obligación de las personas.

El Contrato Social se renueva cada día, en tanto cada día, cada uno de los ciudadanos, toma la decisión de acogerse a las normas colectivas que le permiten vivir en comunidad sin tener que soportar los altísimos costos del Estado de Naturaleza que describió Tomas Hobbes, en el cual la vida de los hombres es además de terrorífica, sucia y bacía, es corta.

Ese compromiso individual que permite la existencia de un colectivo, está supeditado a los beneficios que representa, en otras palabras, a la efectividad del Estado. Si la relación costo – beneficio de vivir en sociedad es positiva, el contrato se renovará fácilmente, pero si la relación es negativa, los individuos buscarán retomar su poder y entregárselo a otra organización que lo merezca mas. Por ello, para quienes detentan el poder político resulta tan importante trasmitir su mensaje de eficiencia a los gobernados.

Un análisis ético del ejercicio del poder, nos lleva a afirmar que la legitimidad es el bastión de la estabilidad de sistemas políticos y de gobernantes; pero un análisis pragmático necesariamente nos conduce a pensar que más que ser eficiente, lo importante es aparentarlo y la modernidad, la globalización, la privatización de bienes y servicios públicos (entre los que se destacan los medios de comunicación y de difusión de información e ideologías), son herramientas que en manos de la élite política y económica permiten manipular tanto la información como la realidad, para encontrar en la ciudadanía apática y desidiosa, la legitimación de acciones e ideologías.

Chantal Del Sol hace la diferencia entre ciudadanos y siervos al afirmar que los primeros participan activamente en política, en la toma de decisiones sobre materias que afectan su vida, en la estructuración de las sociedades que les enmarcan su accionar; de otro lado, describe los siervos como personas que se dejan gobernar, que se dejan controlar; o por el contrario como aquellos que al no hacerlo, al no obedecer, al no participar, no entienden las implicaciones de sus actos y pagan las consecuencias, es decir, dejan que otros definan sus posibilidades en la vida.

A la luz de lo descrito, habría que establecer un tercer tipo de ser social, un tipo más peligroso que los siervos aunque menos deliberativo que los ciudadanos, un tipo que pone en riesgo a los primeros y los segundos y que es tal vez, el tipo más generalizado de personas. Aquellos siervos que se creen ciudadanos y señores. Aquellos que se dejan llevar por los discursos sociales y la inmediatez de los medios de comunicación para destruir cualquier atisbo de participación consiente e ilustrada en las sociedades modernas.

Aquellos que repiten lo que escuchan sin preguntarse siquiera quien lo dijo o quien es dueño de tal noticiero o tal periódico. Aquellos que apoyan discursos guerreristas en las redes sociales sin saber si quiera a quien le están haciendo la guerra. Aquellos que decididamente apoyan candidaturas presidenciales sin siquiera entender el programa de gobierno; aquellos que con su accionar hacen estables y legítimos regímenes políticos y gobernantes que antes de cumplir con su parte del contrato social, gobiernan para si mismos, por intereses individuales y en menoscabo de el bien común y la justicia que deberían defender.

Ese grupo de pseudo-ciudadanos que legitiman opresiones políticas, económicas y sociales, que universalizan ideologías y que son tan responsables de las crisis humanas como aquellos que directamente toman las decisiones y aprietan el gatillo.

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