El Diario de Hoy www.elsalvador.com • Domingo, 10 de febrero de 2013
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Profesores en alerta ante nueva propuesta de ley b Educación impulsa una nueva Ley de la Carrera Docente que elimina la revisión salarial b El proyecto contempla que un maestro sea despedido al cometer una falta tres veces b La legislación otorga mayor jurisdicción a los directores departamentales Susana Joma nacional@elsalvador.com
Losdocentesyanogozaránde aumento salarial cada tres años, los directores no podrán hablar públicamente sobre las necesidades de sus escuelas y los docentes serán despedidos al acumular tres faltas leves como la de llegar tarde. Esossonsólotresdeloscambios radicales contemplados en una nueva propuesta de Ley de la Carrera Docente que la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación (Mined)hapreparadoyquelacartera de Estado busca promover este año en la Asamblea Legislativa. Aunque la propuesta no ha sido presentada oficialmente, al menos dos de los gremios de educadores, Bases Magisteriales y Simeduco, ya la revisaron y han encendido las luces de emergencia entorno a esta iniciativa; sobre todo porque que el ministro de Educación, Franzi Hato Hasbún, les ha propuesto discutirla en las próximas reuniones a las que convoque a todas las gremiales. Luego de analizar detenidamente la propuesta de ley, los dirigentes de ambas gremiales están en desacuerdo y aseguran que tomarán medidas para evitarqueestaseaaprobadatal y como está diseñada. Consideran que elimina o restringe varios “derechos conquistados”, entre ellos el del incremento salarial y el de traslado. ¿Qué pasa con el tema salarial? En el artículo 36 del proyecto, se habla de que los docentes tendrán derecho a los incrementos que aplique el gobierno a todos los empleados públicos. No obstante, quedó fuera la revisión salarial cada tres años, como establece la Ley de la Carrera Docente emitida en 1996. Enadelante,segúnelartícu-
lo 37 del proyecto, los educadores tendrán un aumento de 10 % en su salario cuando suban de categoría, el cual se da por tiempo de servicio activo del docente. En este proyecto de ley se plantean 10 categorías, en lugar de las seis existentes. Además, los profesores podrían acceder a reconocimientos, becas y bonos (uno en julio y otro en diciembre) si pasan las evaluaciones que lleven a cabo las unidades técnicas de Educación. De esa manera tendrán mayor peso sobre sus hombros para tomar programas de actualización pedagógica o de especialidad que sean brindados por las instituciones de educación superior, como contempla la propuesta.
Incrédulos La entrega de bonos no es novedosa. Anteriores administraciones educativas los dieron a los docentes de escuelas cuyos alumnos obtenían buenos promedios en la Paesita y en la Paes. Pero estos bonos ya no son entregados. Aunque las autoridades de Educación y más de un experto en la materia consideren quesupeditarlaentregadeincentivos a la superación profesional es lo mejor para elevar la calidad de enseñanza, los dirigentes de Bases y Simeduco tienen dudas respecto a que el gobierno cumpla con la entrega de bonos. Según detallan, la desconfianza nació porque en los últimos dos años el gobierno ha incumplido la ley del magisterio en lo que respecta al incremento salarial. La nueva propuesta de ley docente no establece el monto de los bonos que le entregarán a los educadores que demuestren mejoras profesionales. Eso implica que el gobierno definirá la asignación
de propuesta por otros medios, pero no los oficiales.
Mientras el Ministerio de Educación declina opinar sobre la propuesta de ley, pues “está en discusión con las gremiales”, estas afirman haberla conocido por vías “no oficiales”. FOTO EDH y periodicidad con la que se entregarán. Cabe señalar que, de forma previa, las gremiales se mostraban a favor de que se creara una nueva ley docente que dejara definido el porcentaje de incremento salarial que reciben cada tres años. Bases Magisteriales y Simeduco consideraban que esto les evitaría estar negociando cada tres años. Sin embargo, a última hora, se han visto sor-
prendidos porque Educación deja fuera el tema en la propuesta de ley. Por el momento se desconoce cuál es la visión de la cartera de Estado sobre esta propuesta. Tras solicitar una entrevista para solventar dudas, por medio de correo electrónico, explicaron que “el tema de la nueva Ley de la Carrera Docente está en plena discusión interna con los gremios magisteriales”.
Según la respuesta de la oficina de Comunicaciones, el proyecto “es un borrador y hay propuestas y contrapropuestas y por lo tanto no se puede dar una opinión oficial a un tema que está en discusión en la Mesa Permanente de diálogo con los gremios”. Esas palabras llamaron la atención, pues las gremiales, incluyendo Andes 21 de Junio, expresaron que ellos tuvieron acceso al documento
Poder El salario no es lo único que preocupa a Manuel Molina, secretario general de Simeduco, y a Paz Cetino Gutiérrez, su similar de Bases Magisteriales. Ambos subrayan que la nueva ley pondrá a directores y docentes a merced de la discrecionalidad de los directores departamentales. Estos son cargos que suelen ocupar personas cercanas al partido gobernante. El artículo 50 de la propuesta afirma que el director departamental tendrá la facultad de organizar territorialmente los centros educativos y creará los organismos consultivos de administración. Estas son instancias formadas por los directores de centrosquetrabajaránbajoelmodelo de “nuclearización” impulsado por Educación, el cual busca profundizar en los últimos dos años de gobierno. Los directores departamentales también estarán encargados de hacer reconocimientos públicos a maestros. “Imagínese cómo se va a utilizar esto políticamente”, subraya Paz Cetino Gutiérrez, secretario general de Bases Magisteriales, tras señalar que quienes usualmente reciben la medalla magisterial, con motivo del Día del Maestro, son afiliados a la gremial Andes 21 de Junio. Bases y otras gremiales se abstienen de participar en el proceso porque desde las direcciones departamentales de educación le piden a los profesores que voten por los candidatos de dicha gremial. Jueces y parte El proyecto inspira temor porque asigna a las Juntas de CONTINÚA EN LA PÁGINA 10 R
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Las gremiales magisteriales recurren con frecuenta a protestas callejeras para que el gobierno atienda sus demandas de revisión salarial. RR VIENE DE LA PÁGINA 9
la Carrera Docente la potestad de iniciar procesos de oficio, procesar y resolver con rapidez en contra de los profesores y otros miembros de las comunidades educativas cuandosesepaquehancometido una falta. En la actualidad, las juntas solo proceden cuando hay una denuncia de parte del Mined y otros actores del sistema educativo, porque fueron creadas para dirimir problemas que se dan entre los miembros de las comunidades educativas. Jorge Villegas, dirigente sindical que participó en la elaboración de una anterior propuesta que al final fue desestimada por Educación, señaló que dar a las juntas la potestad de iniciar un proceso de oficio es convertir a esas instancias en juez y parte. Ellos ven complicada la situación, sobre todo porque Educación ha incrementado el nivel de gravedad de las faltas y la severidad de las mismas. La propuesta de ley no solo contempla faltas menos graves, graves, muy graves, como hasta hoy, sino también “faltas gravísimas”. En adelante el docente que incurratresvecesenlamisma falta, de cualquier nivel de gravedad, será despedido. Entre las falta menos graves están la impuntualidad injus-
tificada durante tres días en el mes y llevar a cabo actividadesdistintasdelalaboreducativa durante su jornada de trabajo, entre otras. Las faltas graves incluyen la desobediencia a los superiores jerárquicos en asuntos relacionados con el quehacer educativo o con el desempeño laboral.También la falta de respeto a dichos superiores, a sus compañeros de trabajo, a los educandos y a los padres de familia, sea en su presencia, por escrito o a través de publicidad. Hoy también será considerado una falta grave “negar sin justa causa la toma de posesión a cualquier docente que haya sido seleccionado por elTribunal Calificador para ocupar una plaza vacante”. Setratadeunasituaciónque ha sido recurrente en el sistema educativo. La experiencia indica que la resistencia al cambio es mayor cuando la persona que llega a ocupar una plaza tiene el respaldo del director departamental. Entre las faltas gravísimas están no solo la de acosar sexualmente a miembros de la comunidad educativa, sino también no liquidar los fondos transferidos por el Mined en los plazos establecidos. Los docentes se preguntan ¿qué pasará cuando la propia cartera de Estado se retrase mucho para asignarles a las escuelas los fondos para pagar
FOTO EDH / ARCHIVO
que la intención del borrador es positiva. “Lleva cosas buenas, pero también cosas que no aceptamos, pero no puedo aventurarme a dar más detalles hasta que lo analicemos completamente”, afirmó sin dejar de precisar que como gremial lo someterán a consulta con las bases.
Si la reforma es aprobada, bastarán tres faltas para despedir a un maestro. FOTO EDH / ARCHIVO las cuentas?, como ha ocurrido en los últimos años. Razón por la que ellos no alcanzan a entregar las cuentas en las fechas establecidas. A los miembros del magisterio les preocupa que optar a una plaza será más complicado, porque ahora tendrá más peso la especialidad y no la antigüedad de graduación del docente, como antes ocurría. En segundo lugar, se tomará en cuenta el derecho a traslado, seguido por la antigüedad de graduación, el lugar de residencia y el reingreso por cualquier causa que no sea la jubilación. Esto último impide que los maestros retirados vuelvan a las aulas como lo
han acostumbrado debido a que las pensiones son bajas. De igual forma se cuestiona que el Tribunal Calificador, a la hora de dar la plaza, tendrá que tomar en cuenta la afinidad religiosa del aspirante cuando la vacante es para instituciones administradas por religiosos. Los miembros del magisterio ven en ello una violación a la igualdad de los salvadoreños.
Piden una consulta ¿Qué opina Andes 21 de junio? Israel Montano, secretario general de la gremial cercana al gobierno, explicó que conoce un proyecto de ley al que tuvieron acceso “por
otras fuentes”, pero que aún no pueden brindar opinión porque están discutiéndolo en el Consejo Ejecutivo y con apoyo de sus jurídicos. Montano confirmó que se trata de una propuesta distinta a la que los representantes de varios gremios elaboraron meses atrás junto a los técnicos del Mined. “Tiene un 50 por ciento del quesetrabajóyalgoadicional. Como que le han metido algo que hizo Picardo, pero eso se tiene que someter a discusión de todo el magisterio, de lo contrario no aceptaríamos”, añadió el dirigente sindical cercano al FMLN. Por el momento, subraya
“Es un remiendo” El especialista educativo, Oscar Picardo Joao, considera el anteproyecto de ley como “un remiendo”. Pero ¿porqué? Según él, “no aborda los temas sustantivos de calidad, formación, especialización, evaluación ni dignificación de la carrera docente”. A Picardo, quien años atrás fue contratado por la Asamblea Legislativa para diseñar un anteproyecto de ley docente que terminó engavetado, le extraña que la nueva propuesta de ley que impulsa Educación hable de que hacen falta cometer tres faltas para despedir a un docente y además no marque una diferencia entre el concepto de faltas muy graves y gravísimas. “Mantiene esa burda tónica administrativa que rebasa con creces lo pedagógico”, subrayó al ser consultado al respecto. El experto cuestiona que en la ley no se dé mucha relevancia a la Escuela Superior de Formación de MaesCONTINÚA EN LA PÁGINA 11 R
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Los docentes no podrán denunciar las necesidades de los centros escolares El artículo 32 del anteproyecto de ley establece que los docentes deben guardar silencio sobre temas sensibles.
Susana Joma La propuesta de ley daría más poder a las direcciones departamentales. FOTO EDH / ARCHIVO
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tros, que no se defina el proceso que un profesional graduado, por ejemplo, en Biología de universidades de prestigio como el MIT, Harvard o Yale deberá seguir para ser maestro en el país. “¿Deberá tomar 32 cursos para ejercer acá?”, se pregunta. De igual manera destaca que la nueva propuesta de Ley de la Carrera Docente no establece claramente si las universidades seguirán dando formación inicial docente, pese a que en uno de los artículos cita que los docentes tienen que someterse a cursos que estas impartan. “El resto, sólo es administrativo, jurídico y político. En síntesis, con esta Ley nada va a cambiar ni a mejorar; no hay preescrito un sistema de evaluación concreto que establezca consecuencias, como las tienen los propios alumnos, de aprobar o reprobar”, agregó Picardo Joao.
No los toman en cuenta El sector privado tiene su propia visión entorno a la propuesta de ley. Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes), reconoció que les asusta el hecho de que el proceso de formación de la ley no ha sido participativo. Un ejemplo de eso, indicó, es que ellos no han sido convocados en ningún momento para discutirla. “El tema de la educación privada en la Ley (de la Carrera Docente) siempre lo han aplicado como que si fuéramos del sector público. Los requisitos que les piden a los directores del sector privado son los mismos que se
“Los funcionarios ya no quieren acudir a denunciar, sino que sean las Juntas (de la Carrera Docente) las que inicien el proceso, hagan las diligencias y sentencias. Eso es totalmente dañino. Van a poner a las Juntas a perseguir a los maestros”
“Tal como resolvió nuestro congreso, las preocupaciones más grande del 2013 están relacionadas con las pretensiones que tiene el Mined de reforma la Ley de la Carrera Docente. Hemos conocido un anteproyecto que, cuando uno lo analiza, es muy dañino para los docentes”
PAZ CETINO GUTIÉRREZ, Secretario general de Bases Magisteriales
MANUEL MOLINA, Secretario general de Simeduco
nacional@elsalvador.com
Los educadores no podrán denunciar o confirmar ante los medios de comunicación los problemasylasdiversasnecesidades que enfrentan las instituciones educativas. Eso es lo que ocurrirá si la propuesta de ley de la carrera docente que el Ministerio de Educación es aprobada. Actualmente, cuando los directores de centros educativos han hablado al respecto reciben regaños de parte de los directores departamentales. Se trata de una situación que los mantiene temerosos hasta para opinar. Sin embargo, en lo sucesivo emitir alguna queja podría costarles más que un regaño. El artículo 32 del anteproyecto de ley define que entre las obligaciones de los educadores está “guardar discreción sobre asuntos sensibles de que tenga conocimiento por razón del cargo que ocupa”. El hecho es que eso de “temas sensibles” es muy ambiguo y puede prestarse a diver-
sas interpretaciones. A ello se suma el hecho de que, según el artículo 68, será una falta grave “la desobediencia a los superiores jerárquicos en asuntos relacionados con el quehacer educativo o con el desempeño laboral, o la falta de respeto a dichos superiores, a sus compañeros de trabajo, a los educandos y a los padres de familia de estos, sea en su presencia, en escrito o que se les dirija publicidad”. Además, si los educadores reciben amonestaciones podrán recibir sanciones sin goce de salario y, si estas son consecutivas, pueden enfrentar despedidos. Eso no es lo único que llama la atención a los educadores. Jorge Villegas, miembro del Simeduco, señaló otro punto. El numeral 3 del artículo 31 establece que los educadores tendrán derecho a la participación consultiva, por sí mismos o por medio de organizaciones gremiales, solo pueden opinar entorno a la elaboración de planes de estudio, programas y proyectos concernientes a mejorar la educación nacional. El artículo 30 de la Ley vigente establece que ellos pueden abordar distintos aspectos de importancia para la educación. Lo cual tiene un
alcance más amplio. Por ejemplo, cita que el recorte del 50 % al presupuesto de los centros educativos rurales y urbano marginales del programa Educo tendría que habérsele consultado al magisterio o las gremiales. Eso no ocurrió. Por otra parte, Villegas cuestiona el artículo 32, numeral 4, donde se señala que es obligación del educador “asumir las instrucción que reciba de sus supervisores en lo relativo al desempeño de sus labores”. Según Villegas, se debería de dejar claro que la obediencia es obligatoria siempre que las instrucciones sean “legales”. Los gremios docentes también se llevan su parte. La propuesta de reforma habla de que los docentes tienen derecho a asociarse libremente en organizaciones gremiales constituidas legalmente para defender sus intereses económicos, profesionales y sociales y para difundir su pensamiento. No obstante, hay un artículo que los inquieta. En el artículo 39 numeral 3 se habla de que se suspenderá el pago del salario “por ejercer un cargo directivo gremial que le impidadedicarsealnormaldesempeño de su cargo”.
“Conozco un proyecto, pero en este momento lo estamos discutiendo en el Consejo Ejecutivo (de Andes 21 de Junio) y el consejo jurídico. La intención del borrador es positiva, lleva cosas buenas, pero también cosas que no aceptamos, pero no puedo aventurarme a dar una posición” ISRAEL MONTANO, Secretario general Andes 21 de Junio
le piden a los del público”, aseveró Hernández. En efecto, la propuesta deja fuera a los miembros del sector educativo privado. Según indica Hernández, otra parte de la ley actual que sería modificada es la que se refiere a la administración escolar, puesto que
se les exige como si ellos, al igual que las escuelas, estuvieran administrados por Consejos Directivos Escolares (CDE). “Prácticamente no nos incluye y después, cuando quieren aplicarla, lo hacen de una vez”, detalla el dirigente.
Reparaciones y mobiliario son solicitudes frecuentes de los directores. FOTO EDH / ARCHIVO