Anuario COAG 2009

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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGÍAS

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y BIOTECNOLOGÍAS SEGURIDAD ALIMENTARIA Las crisis alimentarias que periódicamente se suceden en la Unión Europea han motivado la desconfianza de los consumidores, pero estas crisis no han sido achacables a las personas agricultoras y ganaderas, sino que tienen sus causas en las decisiones políticas y las normas que establece la propia Unión Europea, así como en el modelo productivo basado en la producción intensiva y a gran escala y en el movimiento a lo largo y ancho del mundo de enormes volúmenes de materias primas y productos alimenticios. En COAG somos críticos con este modelo productivo intensivo, no sólo porque destruye la agricultura social a escala humana sino porque consideramos que no se ha demostrado que sea más seguro para prevenir los riesgos sanitarios pese a la multitud de normas que el sector agroalimentario a lo largo de todos los eslabones de la cadena está obligado a cumplir. Asimismo siempre hemos rechazado radicalmente las prácticas de aquellos que incumpliendo la legislación hacen uso de sustancias prohibidas para obtener ventajas competitivas, como es el caso de los anabolizantes en la alimentación animal. Para dar una sensación aparente ante la sociedad de que todo está controlado y que se garantiza la llamada “seguridad alimentaria” o mejor dicho la “salubridad alimentaria”, las autoridades comunitarias y de los Estados miembros han querido establecer toda una serie de medidas sobre inocuidad de los alimentos, trazabilidad, higiene, bienestar animal, que son aplicables a nuestras producciones, pero que no se garantizan con el mismo celo respecto de los productos que cada vez llegan en mayor cuantía, procedentes de paises terceros como consecuencia de la des-

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regulación de los mercados y la libre circulación de mercancías. Indudablemente la tendencia de la producción agraria debe ir encaminada a mejorar las condiciones en que se obtienen los alimentos y materias primas, asegurando su trazabilidad y su inocuidad para la salud e integrando los sistemas productivos en el medio ambiente de manera que su impacto sea mínimo. En la última década el paradigma “de la granja a la mesa” ha presidido todas las políticas comunitarias en materia de alimentación y protección al consumidor y por supuesto en agricultura. Durante este tiempo la Unión Europea se ha dotado de normas en materia de seguridad e higiene de los alimentos, desde la producción hasta el consumo, pasando por todas las etapas intermedias, que están entre las más desarrolladas del mundo.

La sensibilidad de los consumidores hacia estos temas ha aumentado sensiblemente tras las crisis registradas en la última década y, hoy nadie pone en duda que lo prioritario es la salud de los ciudadanos y que el principio de precaución debe imperar en todo lo relacionado con los alimentos, pero los requisitos que los agentes de la cadena alimentaria deben cumplir obligatoriamente tienen importantes repercusiones económicas, sociales y, en numerosos casos, medioambientales, que han de tenerse en cuenta.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Existen gran diversidad de problemas sanitarios relacionados con los productos importados, como la enfermedad de fiebre aftosa (2001), metales pesados en piensos, aflatoxinas en pistachos, residuos de medicamentos veterinarios en productos de origen animal y


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apícolas, residuos de pesticidas y otros químicos en productos vegetales, contaminación bacteriana en productos vegetales destinados a la alimentación animal, etc. Los intercambios mundiales de materias primas y alimentos van en aumento día a día y en este contexto hay algunos hechos que ponen en entredicho la seguridad, versus salubridad, de los alimentos: •

El proceso de liberalización comercial que se sigue en la OMC donde no se tiene en cuenta esta problemática de forma adecuada, contemplándose de forma muy limitada en el marco de los acuerdos sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y en el CODEX ALIMENTARIUS para la resolución de cuestiones comerciales relacionadas con las seguridad alimentaria. La limitación de recursos de todo tipo de los países pobres lo cual condiciona en gran medida la capacidad de estos países para garantizar que sus exportaciones de productos agrarios sean sanos y seguros por la escasez de infraestructuras y de personal para poder garantizar un nivel elevado de seguridad como se les exige a los productos agrarios comunitarios. La insuficiencia de controles y de infraestructuras en las fronteras de la UE y la falta de una reglas armonizadas en todos los EE,MM para poder cumplir con la normativa comunitaria que garantice la seguridad alimentaria de los productos alimenticios que se importan de países terceros, cuestión lo cual puede ser causa de distorsiones en la competencia .

dad que tienen que reunir los alimentos comercializados en el mercado interior. Otros intereses se superponen al control estricto de mercancías y todos estos aspectos fundamentales se sacrifican en aras del libre comercio, para provecho de las grandes corporaciones mundiales. La Unión Europea debe impedir la amenaza permanente que supone la llegada a las fronteras comunitarias de productos de terceros países sobre los que se tiene la certeza de que no cumplen la legislación comunitaria en materia de seguridad alimentaria, y debe impedir no sólo la llegada de OGMs y de productos contaminados con OGMs, sino que se debe prohibir su utilización en el ámbito de la Unión. Todo ello además de representar graves riesgos para la salud de los consumidores europeos, supone un agravio importante para las producciones comunitarias, sometidas a una dura legislación sanitaria. A pesar de que las ayudas fueron recortadas en sucesivas reformas de la PAC, los productores agrarios, situados en el primer escalón de la cadena alimentaria, se les exigen nuevos requisitos para recibir los apoyos a la agricultura y deben cumplir la normativa comunitaria de seguridad alimentaria, con la aplica-

ción de la condicionalidad. Este nuevo marco resultante del cumplimiento de la normativa comunitaria en seguridad alimentaria e higiene en los alimentos, no está resultando exento de dificultades. Los precios a la producción son cada vez más bajos y la competencia de las producciones del exterior es cada vez más intensa, lo cual no llega a compensar el esfuerzo de adaptación que están realizando los agricultores/as y ganaderos/as para cumplir los requisitos exigidos, con considerables costes adicionales y adaptaciones organizativas en sus explotaciones. Durante la presidencia francesa de la UE, durante el segundo semestre de 2008, se presentó un memorando sobre la problemática sanitaria y fitosanitaria de las importaciones, en la cual se pone de relieve los problemas de competencia, del cual extraemos algunos párrafos:

“Se observan algunas diferencias entre los requerimientos para los productos importados y los producidos dentro de la Unión Europea. La diferencia entre los distintos costes de producción supone una distorsión en detrimentos de los productores europeos. El uso de productos químicos y sus residuos en productos de origen animal son un

Es responsabilidad de quienes deciden en la UE. que, en el marco de la OMC, los ciudadanos estemos perdiendo la capacidad de decidir sobre el derecho a la soberanía alimentaria, y que no establezcan los mecanismos necesarios para controlar de forma efectiva y eficaz, que los productos importados respeten los requisitos sanitarios y de caliANUARIOAGRARIO 2009

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ejemplo. La prohibición del uso de ciertas sustancias en la Unión Europea, en la medida en que están basadas en análisis científicos, debería ser exigida en los productos importados. La incompleta transposición de las normas comunitarias para la alimentación animal en productos importados también contribuye a que existan diferencias en los costes de producción que además penalizan a las industrias europeas. Los requerimientos relativos al bienestar de los animales y a la trazabilidad en todos los sectores, constituyen otro factor a tener en cuenta. A pesar de los esfuerzos por trasladar estas cuestiones a los estándares internacionales (Consejo de Europa, OIE) o incluso a través de acuerdos sanitarios bilaterales con terceros países, continúan siendo una importante carga para los productores europeos. El bienestar animal juega un importante papel como factor determinante en la preferencia de los consumidores. Si los requerimientos en los productos importados no son los mismos que en los productos europeos, se vulnera el derecho a la libre elección de los consumidores lo que supone una pérdida para la Unión Europea. Deben realizarse los esfuerzos necesarios para que la UE tenga en cuenta estos factores sociales en los acuerdos bilaterales y para que pueda asegurar su legitimidad social en el comercio internacional de alimentos y animales. La Unión Europea debería tratar de encontrar un sistema que permitiera a los consumidores disponer de mayor información para añadir valor a los productos comunitarios.”

TRABAS AL MERCADO ÚNICO COMUNITARIO A su vez la distribución y la industria alimentaria están forzando a los productores a certificar que cumplen estándares de seguridad alimentaria comunitarios por medio del cumplimiento de protocolos de buenas prácticas agrarias y de los sistemas de aseguramiento de la calidad, lo cual representa un mayor esfuerzo económico y de adaptación para las pequeñas y medianas explotaciones si no quieren verse expulsados del mercado.

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Siguiendo su política de presión la gran distribución europea exige además cumplir requisitos que van más allá de la normativa comunitaria, sobre todo en materia en residuos de productos fitosanitarios, imponiendo LMR inferiores a los comunitarios. Dichas exigencias se consideran ilegales e inadmisibles ya que no aportan mayores garantías de que los alimentos sean más seguros y limitan la libre competencia en el mercado interior comunitario. Un avance significativo respecto a la falta de armonización de los LMR se ha producido en septiembre de 2008, cuando entró en vigor la normativa que armonizó los LMR en la UE, con lo cual ha mejorado este asunto que en

muchas ocasiones era una barrera comercial que existían hasta ahora y que estaban afectando negativamente a las frutas y hortalizas españolas.

SISTEMA COORDINADO DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN (SCIRI) El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información de la UE (SCIRI o RASFF)), es una red de comunicación entre los Estados Miembros (UE + EFTA/EEA), la Comisión Europea y la Agencia de Seguridad Alimentaria (EFSA), con la función de notificarse entre sí los fallos detectados en la cadena alimentaria y establecer mecanismos de actuación. En España, la Agencia


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Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se encarga de mantener la red de alerta nacional, coordinando con los organismos competentes de las CC.AA. Las notificaciones son tanto de productos provenientes de terceros países como de la UE, las cuales según su peligrosidad se clasifican en alertas (necesidad de reacción inmediata) y comunicaciones informativas (no necesidad de reacción inmediata). El informe anual más reciente sobre el funcionamiento del SCIRI corresponde al año 2007 y en dicho año, el sistema comunitario de alerta rápida para los productos alimentarios y los alimentos para animales registró un número récord de notificaciones. En total fueron 7.139, es decir, un 8,3% más que en 2006. El informe correspondiente al año pasado divide las notificaciones totales en alertas y en notificaciones de información. En 2007 se lanzaron 961 alertas. Estas se envían cuando el producto alimentario o el alimento para el ganado que representa un riesgo se encuentra ya en el mercado y es necesaria una acción inmediata. La mayor parte de las alertas lanzadas en 2007 tenían que ver con productos procedentes de la UE (65%) y la mayor parte de estos problemas se detectaron en controles realizados en el mercado europeo. Entre los riesgos más frecuentes figuran la presencia de microorganismos potencialmente patógenos, elementos extraños (tales como fragmentos de vidrio en el yogur), metales pesados (por ejemplo, mercurio en el pescado) y micotoxinas. Por otro lado, el año pasado se enviaron a través del sistema 1.972 notificaciones de información para dar cuenta de un riesgo, aunque sin necesidad de una acción inmediata en los demás Estados miembros, dado que el producto no se había distribuido en su mercado. El 73% de estas notificaciones tenía que ver con productos procedentes de países terceros. Además, el año pasado se enviaron cerca de 2.000 notas informativas a países no europeos sobre productos poco seguros procedentes de su territorio. Cuando se detecta un problema grave y

recurrente, la Comisión envía una carta a las autoridades nacionales del país de que se trate para reclamar que se adopten medidas correctoras. Las opciones en estos casos pueden ir desde la suspensión de establecimientos hasta el embargo a las exportaciones o el reforzamiento de los controles. Los países más cuestionados el año pasado atendiendo al número de notificaciones fueron China (352 notificaciones), Turquía (293), Estados Unidos (191), España (177), Irán (133), Alemania (122), India (113), Francia (109), Tailandia (92), Polonia (77), Italia (75) y Brasil (58). En el futuro, la Comisión quiere promover la idea de un sistema de alerta rápida mundial para la seguridad alimentaria. En 2007 ayudó a los países interesados de fuera de la UE a elaborar su propio sistema nacional con el fin de reforzar la protección de los consumidores y organizó seminarios de información. La Comisión también apoyó financieramente un proyecto piloto de sistema regional de alerta rápida para los productos alimentarios entre Tailandia, Vietnam, Malasia, Camboya, Filipinas y Myanmar. El objetivo último de la Comisión es unir todos esos sistemas nacionales y regionales en una red mundial de sistemas de alerta para la seguridad alimentaria.

CRISIS DEL ACEITE DE GIRASOL DE UCRANIA En abril de 2008, se detectó en Francia una partida de aceite de girasol contaminado con hidrocarburos alifáticos y dio la alarma a toda la UE. Desde de enero hasta el 30 de abril, entraron en España 39.305 toneladas de aceite de girasol procedentes de Ucrania. De esa cantidad de aceite de girasol importado, 24.756 toneladas (un 63%) estaba contaminado. El Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) activó las alarmas y ordenó la retirada de todo el aceite de girasol que hubiese en el mercado en esos momentos, según el principio de precaución. No estaba confirmada la entrada de aceite contaminado en nuestro país. A partir de entonces se analizaron diferentes partidas y se intentó que el aceite que de nuevo entrase en la cadena alimentaria no procediera de Ucrania. Para informar a los consumidores el MSC publicó una lista con los números de lote del aceite de girasol no contaminado (que no procediesen de Ucrania). Por parte de sanidad se comunicó que el “índice de toxicidad” del aceite contaminado era reducido” y que “no es peligroso para la salud sino el consumo no es reiterado”. ANUARIOAGRARIO 2009

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Ante la existencia dentro del mercado español de aceite de girasol contaminado con hidrocarburos alifáticos y la alarma social creada, COAG denunció que la falta de control en frontera de los productos importados, los cuales no cumplen con las exigencias de calidad e higiénico-sanitarias como hace la producción interior. Esta es una de las consecuencias de la liberalización de los mercados. Otra consecuencia de utilizar productos importados más baratos sin garantías de calidad, es que el consumidor sigue cargando con un “sobreprecio” y un riesgo a asumir en cuanto a su seguridad alimentaria. También desde COAG se denunció la falta de claridad y precisión con la que se ha tratado el asunto y la tardanza en dar datos concisos.

PROYECTO “INFOOD NETWORK” Desde 2006, COAG ha participado en INFOOD NETWORK que es un proyecto de investigación dentro del VI Programa Marco de Investigación de la UE. En dicho proyecto COAG participa en colaboración con otras organizaciones europeas para la creación de una red europea sobre la seguridad alimentaria, trazabilidad y medio ambiente para

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pequeñas y medianas explotaciones. Durante el primer año se elaboró un estudio de la situación de los productores en los países socios del proyecto y durante 2008 se ha implementado una página web con herramientas y soluciones aportadas por los propios productores para problemas relacionados con la seguridad alimentaria y el medio ambiente de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, constituyendo un potente instrumento de comunicación y transferencia de experiencias entre agricultores europeos en temas vitales para la viabilidad de sus explotaciones. (Más información en www.infoodnetwork.eu).

BIOTECNOLOGÍAS Desde COAG creemos que la utilización, comercialización y liberación de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) supone la industrialización de la agricultura destruyendo el modelo familiar y social que defendemos. Ha sido solicitado en numerosas ocasiones la derogación de las autorizaciones de cultivo de las variedades OMG en España: el sector agrario ha venido demostrando a lo largo del tiempo que no necesita cultivos modificados genéticamente.

Después de 10 años de propaganda los transgenicos, estos no han cumplido con sus promesas, sino al contrario, han llevado a un mayor uso de pesticidas, mayores costes de producción y procesos de contaminación de semillas, cultivos, cosechas y alimentos no MG. El cultivo de variedades modificadas genéticamente supone la introducción en el entorno de organismos a una escala y un ritmo de dispersión que no ha tenido precedentes en la historia de la humanidad, y que puede acelerar el ya preocupante proceso de erosión de la diversidad biológica agrícola y silvestre. También entendemos que los OMG constituyen un riesgo para la salud, el medio ambiente y un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta: los OMG constituyen un riesgo social y económico, siendo el primer afectado de la cadena el agricultor. Actualmente la agricultura y alimentación libre de OMG (convencional y ecológica) está desamparada por la ley en nuestro país. La coexistencia tal y como lo interpretan, conlleva a la desaparición de la agricultura y alimentación li-


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extensión de maíz MG ha reducido un 11% su superficie en 2008, En cambio en Cataluña las variedades MG llevan una progresión importante durante los últimos años, llegando a copar el 82% de la superficie sembrada de maíz en esa comunidad. En Extremadura también el cultivo MG está teniendo un fuerte impulso en los últimos años. (Ver cuadro nº 1 y gráficos nº 1 y nº 2) Este cultivo supone entre un 18% y un 20% de la superficie estatal de maíz (el último avance del Ministerio de Agricultura es de 352.000 ha de maíz en España para la presente campaña). Esta cifra sería la más alta registrada en la década que se llevan cultivando transgénicos en España. Los últimos en dar el paso rechazando los transgenicos, han sido Francia y Alemania. Francia prohibió el cultivo en base a una serie de estudios científicos que evidenciaban sus impactos ambientales, incertidumbres sobre sus efectos para la salud y la imposibilidad de controlar su dispersión.

hibido en siete países europeos. La superficie de cultivo en el Estado Español y en cada CC.AA se estima en función de las declaraciones de venta de semillas de los productores de semillas y según estos datos ha crecido en 2008 un 5,5% respecto a la anterior anualidad, En cuanto a su localización, el cultivo de maíz GM, se concentra en su mayor parte en Cataluña y en el Valle del Ebro (Aragón y Navarra) que representan el 72% de la superficie total. Castilla La Mancha y Extremadura reunen entre ambas el 19% de la superficie. En el resto del territorio su presencia es marginal. Aragón, que es la CC.AA con mayor

bre de OMG. La única vía de garantizar esta libertad en el futuro es evitar al 100% el cultivo de eventos modificados genéticamente y este acto respondería al sentir mayoritario de la población de la Unión Europea. El Estado español es el único Estado Miembro de la Unión Europea que cultiva transgenicos a gran escala, siendo el gran laboratorio europeo. Se estima que en 2008 se cultivaron 79.269 hectáreas de maíz modificado genéticamente, concretamente del evento MON 810 que es de tipo Bt siendo el único autorizado en la UE y que ha sido pro-

En el caso de Alemania, la decisión de prohibir el maíz de la transnacional Monsanto MON 810 está vinculada a criterios estrictamente relacionados con las evidencias de los daños que potencialmente pueden ser ocasionados por este maíz. Para ello, se han acogido al artículo 23 de la Directiva Europea de transgénicos 2001/18, que permite prohibir un Organismo Modificado Genéti-

TABLA 1.- SUPERFICIE CULTIVADA DE VARIEDADES DE MAÍZ MG 1998

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008/2007 %

780

2.800

1.500

450

1.800

2.067

2.770

2.875

298

592

1.372

131,8%

11.500

7.300

9.000

4.250

9.200

12.592

25.547

21.259

23.734

35.860

31.857

-11,2%

Asturias

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0,0%

Baleares

2

2

26

0

30

6

29

29

0

3

3

0,0%

4.500

6.800

5.650

870

4.150

7.682

8.197

7.957

4.176

3.659

4.739

29,5%

200

360

270

0

0

74

0

12

0

13

28

115,4%

Cataluña

1.700

3.000

4.500

3.250

5.300

5.430

15.699

16.830

20.365

23.013

25.298

9,9%

Extremadura

1.000

2.500

2.500

600

1.500

1.899

2.026

1.171

2.071

6.460

10.416

61,2% 175,0%

Andalucía Aragón

C. La Mancha C. y León

La Rioja

25

30

30

0

0

0

35

41

122

4

11

Madrid

660

1.560

1.970

1.940

780

1.034

1.385

155

80

193

381

97,4%

Murcia

0

0

0

0

0

0

12

0

0

24

0

-100,0%

1.760

300

220

80

500

1.387

2.446

2.604

2.821

5.327

5.150

-3,3%

190

300

150

100

20

72

73

293

0

0

14

1400,0%

22.317

24.952

25.816

11.540

23.280

32.249

58.219

53.226

53.667

75.148

79.269

5,5%

Navarra C Valenciana España

Fuente: MARM Datos calculados según declaraciones de venta de semillas. ANUARIOAGRARIO 2009

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GRÁFICO 1. SUPERFICIE DE VARIEDADES DE MAÍZ MG EN ESPAÑA (HAS.) El Reino Unido y Hungría. Con respecto al maíz transgénico MON 810, cuatro países la tienen activada: Francia, Austria, Hungría y Grecia. A finales del 2008 se votó en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) la propuesta de la Comisión Europea de levantar las moratorias a determinados Estados miembros; en resumen, para forzar a determinados países a cultivar transgénicos. Esto supuso el 4º intento de la Comisión para eliminar las moratorias de los Estados miembros. De nuevo, se alcanzó la mayoría cualificada -255 votos de 345-., de forma que mas de 20 países han votado en contra de la Comisión; Este hecho representa una gran victoria para el medio ambiente, los agricultores y los consumidores de toda la UE..

GRÁFICO 2. CC.AA CON MÁS SUPERFICIE DE MAÍZ TRANSGÉNICO (HAS.) Con este resultado, Hungría puede mantener su prohibición al cultivo del maíz de Monsanto MON 810. Asimismo, Austria puede seguir prohibiendo el cultivo de este mismo maíz y de otro de Bayer, el T25. Los principales motivos por los cuales desde COAG nos oponemos a los OMG son: ELIMINACIÓN DEL MODELO QUE COAG DEFIENDE La utilización de OMG en la agricultura impone la dependencia del agricultor respecto a los laboratorios y las grandes compañías biotecnológicas en la adquisición de insumos. Así mismo, el uso de OGM impide la libertad de utilización de los recursos propios e intercambios.

camente (OMG) como medida nacional de emergencia ante la posibilidad de un daño medio ambiental. Hay varios EE.MM que se han pronunciado en contra de los transgenicos y para ello han activado la cláusula de salvaguardia de la Directiva sobre transgenicos 2001/18.La “Cláusula de

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Salvaguardia” esta prevista para aquellos casos en que un estado miembro disponga de datos según los cuales un organismo modificado genéticamente (OMG) constituya un riesgo para la salud o el medio ambiente. Esta cláusula ha sido invocada hasta en diez ocasiones: tres por Austria, dos por Francia y una por Alemania, Luxemburgo, Grecia,

La mayoría de las innovaciones en biotecnología agrícola y en concreto el desarrollo de cultivos OGM están orientadas por la búsqueda de ganancias en lugar de la búsqueda de una respuesta a las necesidades humanas y del sector agrícola. El énfasis de la industria promotora de OGM realmente no es resolver los problemas agrícolas, sino el incremento de la rentabilidad. Los OMG sin duda provocan el deterioro de los ecosistemas, así como el desplazamiento de la agricultura familiar


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y de los sistemas agrícolas extensivos (con una diversidad alta, y adaptados al entorno) por monocultivos intensivos dependientes en productos agroquímicos dañinos para la salud y el medio ambiente. CONTAMINACIONES Y COEXISTENCIA. La agricultura basada en cultivos transgénicos es incompatible con la agricultura la convencional o la ecológica y actualmente no hay métodos que impidan la contaminación por OGM en semillas, cultivos o alimentos. Por tanto, la coexistencia no es posible. Tanto las normas de coexistencia como el uso y la liberación de OGM, tienen que basarse en el principio de precaución y las medidas a adoptar tienen que buscar la viabilidad de una agricultura no transgénica. Los casos de contaminación de campos convencionales y ecológicos en los países donde se siembra a gran escala cultivos MG están originando numerosos problemas para los agricultores. En España ya se han detectado ya varios casos de contaminación genética que han supuesto graves daños para los agricultores afectados, encontrándose en una situación de total desamparo. UN REGISTRO PÚBLICO INSERVIBLE Los datos del cultivo del maíz modificado genéticamente (MG) en el Estado español siguen siendo suministrados por las empresas promotoras de la tecnología de ingeniería genética agraria en base a sus declaraciones de ventas de semillas MG. Al no conocer la ubicación detallada de los cultivos MG, la totalidad de la población agraria que produce de forma convencional o ecológica es blanco potencial de la contaminación MG y, aún en el supuesto de creer poder defenderse aplicando normas de coexistencia, toda dicha población tendría que aplicarlas, con los costes que supone. FALTA DE RESPONSABILIDAD. En nuestro país, la responsabilidad en caso de contaminación por OMG no está contemplada en ninguna legisla-

ción nacional. Desde COAG se ha solicitado que se aplique el principio de quien contamina paga. Esto significaría que la responsabilidad en caso de contaminación tiene que recaer sobre los responsables de la liberación al medio ambiente de los OMG, tal y como lo recomienda el Parlamento Europeo. Por tanto, tienen que ser estos, los que asuman los costes económicos o de otra índole de los daños causados, excluyendo a los agricultores que cumplan con la legalidad. La indefensión de los agricultores y agricultoras se basa entre otras cosas por no poder identificar con certeza las fuentes de dicha contaminación ZONAS LIBRES DE TRANSGENICOS Las Zonas Libres de Transgénicos son espacios donde los transgénicos no tienen cabida. En ellas no hay cultivos de variedades transgénicas ni se admiten alimentos manipulados genéticamente. Pueden ser huertos, campos de cultivo, espacios naturales, locales privados, públicos o comerciales, municipios, regiones o países enteros. Más de 170 regiones europeas y 4.500 gobiernos o entidades locales se han declarado Zonas Libres de Transgénicos para proteger su economía, su medio ambiente y la salud, la salud pública y apostar por un modelo de agricultura duradera y de calidad. Desde COAG se está promoviendo las declaraciones de Zonas libres en diferentes ayuntamientos y también explotaciones agropecuarias individuales. Nuestra organización considera muy importante que demostremos que con este tipo de declaraciones, las mujeres y hombres del campo no estamos interesados en esta tecnología y que nuestras instituciones tienen la obligación de protegernos de los impactos negativos que tiene. Pueden sumarse a estas declaración todas las personas titulares de explotaciones (sean propietarias sean de arrendatarias) en los sectores vitivinícolas, frutícolas, hortícolas y extensivos, con la sola excepción de las personas que cultivan maíz, que lo pueden

firmar si garantizan el no empleo de maíz transgénico. Esto se garantiza al pedir específicamente semilla de maíz no transgénico en el momento de comprarla o empleando semilla de variedades tradicionales. Del sector ganadero, solamente pueden firmar las explotaciones en régimen de ganadería ecológica, aquellas explotaciones que no incluyen soja y gluten de maíz en su alimentación ganadera o aquellas ganaderías que emplean soja y gluten de maíz pero que compran con certificación de no transgénico. El sector ganadero tiene fuertes problemas para garantizar piensos libres de OGM pero COAG está trabajando para procurar solucionar este problema al haber una clara demanda para productos ganaderos libres de OGM. En todo caso, hay muchas explotaciones ganaderas que tienen también huerta o frutal particular y les animamos a incluir estas huertas y frutales en el registro ya que hoy día están completamente libres de OGM. En el sector forestal en la actualidad está todo libre de transgénicos, por lo que se podrían incorporar plantaciones de cualquier tipo en el Registro. A finales del 2008, PSOE y PP bloquearon en el Congreso de los Diputados una iniciativa para declarar España como territorio libre de transgenicos. A continuación se expone analista de las Comunidades Autónomas y los municipios que se han declarado Zona Libres de Transgenicos (lista facilitada por Amigos de la Tierra). COMUNIDADES AUTÓNOMAS DECLARADAS LIBRES DE TRANSGÉNICOS Asturias: Resolución de la Junta General 21/06, de 20 de mayo de 2004, adoptada por el Pleno, sobre cultivos modificados genéticamente en Asturias. País Vasco: Acuerdo para no utilizar en la agricultura organismos modificados genéticamente adoptado en Junta de Gobierno del 20 de febrero de 2007. ANUARIOAGRARIO 2009

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Islas Baleares: Proposición no de ley aprobada por el Parlamento de Baleares para declarar las Islas “territorio libre de cultivos transgénicos”. Islas Canarias: Acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias de 25 de marzo de 2008 para declarar Canarias como zona libre de cultivos transgénicos. MUNICIPIOS DECLARADOS LIBRES DE TRANSGÉNICOS Andalucía: Almonte (Huelva), Pozoblanco y Montilla (Córdoba), Dalias (Almería). Asturias: Aller, Cangas de Narcea, Castropol, Penamellera Baja, Carreno, Riosa. Baleares: Esporles, Manacor, Perreres, Arta, Capdepera. Canarias: El Rosario, Garachico, La Orotava, Arico, Los Silos, Tequeste, Buenavista, Icod de los Vinos, Tacoronte, Granadilla de Abona (Tenerife), Galdar y Artenara (Gran Canaria), Puerto del Rosario (Fuerteventura), Yaiza (Lanzarote). Cataluña: Rubí, Sitges, Les Franqueses del Vallès, Vila Franca del Penedes, Mataró, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, Arenys de Munt, Olesa de Bonesvalls, La Garriga, Sant Boi de Lobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sabadell, El Masnou, Berga, Fonollosa, Santpedor, Calders,Santa Eulalia de Riuprimer, Sant Joan de Vilatorrada, Callús, Sant Salvador de Guardiola (Barcelona), Celrà, Olot, Ripoll, Santa Pau, Begur (Gerona), Valls, Ulldecona, Ruidecanyes, La Bisbal del Penedès, Sant Carles de la Rápita, Masdenverge, Santa Bárbara, Tortosa, Aldover, Rasquera, Horta de Sant Joan, Arnes, Flix, Aiguamúrcia (Tarragona), Preixens, Castellserà, Vilanova de Segrià, Balaguer, Ager, Camarasa, Torà (Lérida). Comarcas del Priorat, Baix Penedès y Alt Penedès Castilla - La Mancha: Albacete, Casas Ibañez, Elche de la Sierra y Villamalea (Albacete). Castilla y León: Palencia. Comunidad de Madrid: La Acebeda, Rivas Vaciamadrid. Comunidad Valenciana: Altea (Alicante). Galicia: Lalín, Silleda (Pontevedra), Irixo, Verin, Ribadavia, Allariz (Ourense), Chantada, Riotorto (Lugo), Val do Dubra, Ames, Negreira (Coruña). Murcia: Bullas. Navarra: Valle del Yerri, Etxauri.

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País Vasco: Arama, Itsasondo, Elgeta, Ikastegieta, Mutriku, Olaberri y Zalbidia (Guipúzcoa), Abanto, Amoroto, Arratzu, Aulesti, Balmaseda, Izurtza, Muskiz, Otxandio y Turtzioz (Vizcaya), VitoriaGasteiz, Valdegobia y Amurrio (Álava). Autoridades Provinciales: Diputación de Málaga Juntas Generales de Álava Juntas Generales de Vizcaya Autoridades Insulares: Consell Insular de Menorca Consell Insular de Mallorca Cabildo Insular de Lanzarote DECLARACIÓN CONTRA LOS TRANSGÉNICOS COAG, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace estamos promoviendo la “Declaración de personalidades y organizaciones de la sociedad civil sobre las aplicaciones de la biotecnología en la modificación genética de plantas”.

Frente a las promesas de la industria de los transgénicos, esta Declaración denuncia los peligros e impactos de su introducción en el medio ambiente y en nuestros platos. El amplio apoyo social evidencia que los transgénicos son una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad. La clase científica es una parte importante del debate y la sociedad en su conjunto es además quien debe tomar las decisiones que afectan a la agricultura, la alimentación, las aplicaciones de los transgénicos y el derecho a producir y consumir en libertad. Se ha conseguido una declaración ampliamente respaldad por la sociedad civil, gracias al apoyo de representantes de organizaciones, asociaciones, ONG’s, sindicatos, investigadores y docentes, que deja claro que el debate sobre los transgénicos afecta al conjunto de la sociedad. La clase científica es una parte importante del debate y la sociedad en su conjunto es además quien debe tomar las decisiones que afectan a la agricultura, la alimentación, las aplicaciones de los transgénicos y el derecho a producir y consumir en libertad.

El documento se presentó el miércoles 16 de enero, con mas de 300 firmas de apoyo pero esta Declaración es un documento vivo, de forma que desde su presentación pública, hasta ahora, el número de apoyos se ha visto incrementado notablemente. Las organizaciones promotoras de esta Declaración esperan que sirva para impulsar un debate fundamental como es el de la introducción de los transgénicos, que el Gobierno tome nota de la abrumadora oposición social frente a su imposición en la agricultura y la alimentación y que el Ministerio de Agricultura reconsidere su apuesta transgénica y oriente la agricultura española hacia soluciones ambiental y socialmente sostenibles.

La iniciativa de esta Declaración cuenta con el apoyo de más de 450 firmas. Unas 150 son de científicos, investigadores y docentes universitarios. El resto, representantes de dos de las tres organizaciones agrarias estatales, de la mayoría de las organizaciones de consumidores, de los dos sindicatos mayoritarios, de las organizaciones ecologistas estatales y decenas de grupos ecologistas, de decenas de ONG de cooperación, del sector ecológico, de empresas, periodistas, abogados... En esta declaración, se advierte de la preocupación social por los impactos sociales, ambientales y sanitarios de los transgénicos, y la necesidad de apostar por soluciones sostenibles en agricultura y alimentación. El 18 de febrero de 2009, Amigos de la Tierra, COAG; Ecologistas en Acción y Greenpeace presentaron la segunda edición de la Declaración de la Sociedad Civil contra los transgénicos en una rueda de prensa junto con Vandana Shiva. SEMANA DE ACCIÓN CONTRA LOS TRANSGÉNICOS Del 13 al 19 de abril de 2009 numerosas organizaciones y colectivos promovieron movilizaciones por todo el país contra los transgénicos. El eje común de estas movilizaciones es la


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enérgica protesta contra la imposición de los transgénicos en nuestra agricultura y alimentación a pesar de que la oposición social sigue siendo mayoritaria, tanto en el medio rural como urbano. Se organizaron protestas y acciones informativas y reivindicativas en la calle, en supermercados, en campos de cultivo experimentales, conferencias y charlas, proyecciones de películas, debates y reuniones con agentes sociales. Además, se aprovecho el Día Mundial de Lucha Campesina, para la celebración de una manifestación para la defensa del derecho a producir y/o consumir alimentos 100% libres de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). La manifestación reivindicativa, fue convocada bajo el lema ÐPor una alimentación y una agricultura libres de transgénicos” el día 18 de abril, en la ciudad de Zaragoza. Más de 8.000 personas participaron para decir “basta ya” de agricultura transgénica y pedir al Gobierno de España que “reaccione” y prohíba el uso de semillas transgénicas en el país. La Plataforma Rural, de la que forman parte una veintena de organizaciones agrarias, ecologistas y sociales, entre las que se encuentra COAG, eligió Zaragoza para manifestarse por ser la capital de la comunidad en la que se dedica un mayor número de hectáreas al cultivo transgénico, 30.000 de las 80.000 que se siembran en toda España. Los manifestantes quisieron hacer “una fiesta” de la protesta que ha unido a representantes de las organizaciones agrarias COAG, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Iniciativa Legislativa Popular de Cataluña, de la Unión de Consumidores UCE-UCA y de la Asociación de Federaciones de Barrios de Zaragoza y Plataforma Rural. A continuación se muestra el manifiesto que se leyó al final de la manifestación: ANUARIOAGRARIO 2009

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POR UNA ALIMENTACIÓN Y UNA AGRICULTURA LIBRE DE TRANSGÉNICOS 18 de Abril de 2009 Desde hace más de diez años, el Estado español es el único estado miembro de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala. Y lo hace con una absoluta falta de transparencia y control. Nadie sabe dónde están estos cultivos, nadie evalúa sus daños, nadie asume responsabilidades. Muchos países europeos han prohibido el cultivo de maíz transgénico: Francia, Polonia, Austria, Luxemburgo, Grecia o Hungría. Y hace solo unos días, Alemania. Y lo han hecho basándose en evidencias científicas sobre sus daños al medio ambiente, en las incertidumbres sobre sus efectos en la salud humana y animal, y en la imposibilidad de proteger la agricultura convencional y ecológica de la contaminación genética. De contaminación genética se sabe mucho en Aragón, la región donde más transgénicos se cultivan. Más de 30.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente que contaminan nuestros campos y nuestros alimentos. Que ponen en peligro los modelos de agricultura sostenible, como la agricultura ecológica. La agricultura ecológica está en peligro en Aragón, y en el resto del Estado... Navarra, Cataluña, Extremadura...., por los múltiples casos de contaminación. Agricultores y agricultoras que habían optado por practicar una agricultura responsable con el medio ambiente, por producir alimentos sanos y de calidad, ven como todos sus esfuerzos e ilusiones se pierden por culpa de la avaricia de unas multinacionales con la complicidad del Gobierno estatal y autonómico. Los consumidores y consumidoras estamos además indefensos ante la introducción, en contra de nuestra voluntad, y sin que en la mayoría de los casos podamos evitarlo, de transgénicos en nuestra alimentación.

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Los cultivos transgénicos se introdujeron hace ya más de 12 años con la promesa de acabar con el hambre y la pobreza, de producir alimentos más sanos, nutritivos y baratos, de solucionar los problemas de los y las agricultores y muchas otras promesas. No se ha cumplido ninguna de estas promesas, todas han resultado ser falsas. Así vemos como sucesivos gobiernos han autorizado y siguen autorizando la liberación de seres vivos extraños en nuestros campos y en nuestros platos a pesar de que: •

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Se han demostrado daños para la salud de transgénicos autorizados para alimentación humana. Multiplican el uso de productos químicos en el campo. No han demostrado ser más productivos. Sus negativos impactos sobre el medio ambiente están más que documentados. No aportan ninguna mejora en la calidad de los alimentos, solo grandes incertidumbres. Provocan un deterioro y pérdida de la biodiversidad agrícola, favoreciendo la privatización y control de las semillas por unas pocas compañías y amenazando la diversidad de los cultivos, la agricultura campesina y el futuro de la agricultura mundial. Su introducción no soluciona el hambre ni la pobreza, sino que agrava los problemas existentes, minando la soberanía alimentaria de los países del Sur. Ponen la alimentación mundial en manos de unas pocas multinacionales, las únicas beneficiadas por estos cultivos.

En definitiva, los transgénicos no son más que el último exponente de un modelo de agricultura, industrial e intensiva que produce alimentos de mala calidad y dudosa seguridad a costa de destrozar la sostenibilidad de la agricultura local, el medio ambiente y poner en riesgo nuestra salud y el futuro de la alimentación en todo el mundo.

En nuestra lucha contra los transgénicos estamos hablando de agricultura, de alimentación, pero también de un mundo rural vivo, de una vida digna de las gentes del campo, de respeto al medio ambiente, de quién controla la alimentación mundial, de quién provoca y quién se beneficia de las crisis alimentarias. Hoy miramos a la situación del Estado español, pero nos solidarizamos también con los otros pueblos del mundo cuya agricultura y alimentación están siendo destrozadas por los transgénicos. Nos hemos reunido en Zaragoza gentes venidas de todos los puntos del Estado para expresar nuestra decepción, nuestro cansancio, y nuestra rabia tras años de ver cómo los distintos gobiernos y administraciones del Estado español dejan que las multinacionales experimenten con las personas y con el medio ambiente. Por todo ello queremos decir basta. Queremos una alimentación y una agricultura 100% libres de transgénicos. Durante años nos hemos movilizado, y durante este mes de abril hemos hecho y haremos cientos de actos y actividades para pedir de forma contundente a los Gobiernos estatal y autonómicos que cambien su actitud. No vamos a parar. Seguiremos luchando hasta que consigamos que el Gobierno haga una apuesta real por un modelo de agricultura sostenible, que genere empleo en el medio rural, produzca alimentos sanos y de calidad, y garantice nuestra soberanía alimentaria y la de todas las personas del planeta. Y el paso fundamental, nuestra exigencia irrenunciable al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a la Ministra Espinosa, y al Gobierno del PSOE es la prohibición inmediata del cultivo de maíz transgénico en el Estado español, así como de cualquier otro experimento a campo abierto con organismos modificados genéticamente. ¡Por una alimentación y una agricultura 100% libres de transgénicos!


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