Documento ciudad y territorio 11 agosto by sebastian cuevas

VIVIR JUNTOS DE LA DESIGUALDAD A UN TERRITORIO JUSTO E INCLUSIVO

VIVIR JUNTOS: DE LA DESIGUALDAD A UN TERRITORIO JUSTO E INCLUSIVO PROGRAMA DE CIUDAD Y TERRITORIO PARA PRIMARIAS DE LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET 2013.

PABLO NAVARRETE HERNÁNDEZ Arquitecto Universidad de Chile Msc Sciences-Po Paris Msc London School of Economics PhD (c) Regional and Urban Planning, LSE

EQUIPO PROFESIONAL ASESOR: SEBASTIÁN CUEVAS, DANIELA BOCCARDO, FELIPE ULLOA, PABLO FUENTES, TAMARA BERRIOS, CRISTIAN ULLOA, DENISSE RAMÍREZ, MARCELA RIVAS, JEAN BAPTISTE GREISSLER.

*ESTE DOCUMENTO FUE PRODUCTO DE UN TRABAJO VOLUNTARIO DE UN GRUPO DE PROFESIONALES CON EL FIN DE APORTAR IDEAS Y CONTENIDO AL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET. PUBLICACIÓN EDITADA CON FINES ACADÉMICOS.

“En la relación entre débiles y fuertes, entre ricos y pobres, entre patrón y sirviente, es la libertad la que se deteriora, y el derecho el que libera”. Jean-Baptiste Henri Lacordaire

INDICE INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1 DERECHO 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado”Equilibrio de Medios 1.- Municipal: Equilibrio de capacidades locales ........................................................................ 4 2.- Reforma Regional: Equilibrio de capacidades regionales .................................................... 8

DERECHO 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y servicios públicos en calidad y cantidad” - Equidad de Provisión 3.- Garantías Territoriales: Equidad de bienes y servicios públicos a lo largo y ancho del territorio .......................................................................................................................................... 12 4.- Política de Suelo: La localización al Servicio de la Equidad ............................................... 18 5.-Entorno Humano: Equidad de acceso a un espacio público de calidad. .......................... 24

DERECHO 3: “Cada ciudadano debe ser apoyado por la sociedad en relación a sus necesidades” - Igualdad de Acceso 6.- Política Habitacional: Del acceso a la vivienda a la política de barrios ........................... 29 7.- Nueva Convivencia: Favorecer una movilidad inclusiva .................................................... 34

DEBER 1: “Los Ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia” 8.- Promoción del Patrimonio: Del congelamiento a una política de. ................................. 39 9.- Participación Ciudadana: más ciudadanía para territorios más inclusivos. ................. 44 10.- Medio Ambiente: Los ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia. ................................................................................................................................ 54

ANEXO 1: ENTREVISTAS ANEXO 2: MESAS DE TRABAJO TEMÁTICAS ANEXO 3: PLAN DE ACCIÓN LEGISLATIVO

INTRODUCCIÓN En Chile como en el mundo existe una tendencia constante de migración hacia las ciudades y centros poblados. Por diversas razones los seres humanos percibimos que vivir juntos tiene muchos más beneficios que vivir aislados o solos. Estos beneficios van desde el acceso a empleo, educación, salud, diversión, recreación o el simple hecho de compartir y conocernos. Nosotros, chilenos y chilenas, hemos buscado constantemente vivir juntos. Mientras en el mundo el 2008 por primera vez vive más gente en ciudades que en la ruralidad, esto sucedió en Chile hace aproximadamente 80 años. Hoy nueve de cada diez chilenos vive en centros poblados. Esta tendencia de las chilenas y chilenos a la urbanización es una hermosa demostración de nuestro sentido gregario; de la necesidad y el deseo de los chilenos de reunirnos. No importa el clima, las grandes distancias o la altitud; los chilenos y chilenas siempre buscamos Vivir Juntos. A pesar de esta tendencia, no nos hemos detenido a pensar en qué dirección deben evolucionar nuestras ciudades y territorios; a qué tipo de futuro común aspiramos. Luego de décadas de desarrollo frenético, estamos en un punto de bifurcación donde debemos elegir qué forma de vivir juntos queremos. Podemos elegir vivir juntos de manera individualista: compitiendo con los otros,

donde cada uno vele por lo suyo, permitiendo que la desigualdad entre individuos se desarrolle. Estos son los principios que han conducido el desarrollo de nuestras ciudades y centros poblados. Mientras esto ha traído desarrollo económico para unos pocos, al mismo tiempo ha levantado los muros invisibles de la inequidad, la segregación, y la reproducción social. Así, hemos llegado al punto donde las desigualdades de recursos entre ciudades son tan graves como las desigualdades de ingresos entre las personas (según per cápita municipal 2012). Los presupuestos locales se construyen sobre la base de las riquezas locales y no de las necesidades de la población. Cerca de 1.600.000 chilenos viven en territorios sin oportunidades donde se concentra la pobreza. Esta forma de vivir juntos, nos ha llevado de vuelta al estado donde “el hombre es el lobo del hombre” donde, el ganador toma todo y no deja nada a los otros. En donde, unos pocos territorios sobrepasan la barrera del desarrollo y otros habitantes son dejados en territorios de profunda pobreza. En donde se puede tener la sensación de cambiar de país al cruzar dos comunas de la misma ciudad. En donde las diferencias entre la pobreza y la riqueza del mundo están contenidas en una misma ciudad. Por otro lado, podemos elegir vivir juntos en comunidad; convivir con el otro y cuidarnos entre todos. Podemos elegir vivir juntos con la inclusión de las ciudadanas y

ciudadanos. Elegir vivir en territorios en donde todas y todos somos iguales a los ojos del Estado, en donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades independientemente de su localización, en donde nadie es dejado fuera de la prosperidad y la calidad de vida. Un objetivo común donde desde el Estado se entregue a niñas y niños de La Pintana, Tirúa o Putre la misma calidad de vida y oportunidades que a niñas y niños de Vitacura. Para pasar desde la ciudad que tenemos a la ciudad que queremos nos tomará mucho más que palabras. Debemos comenzar por reformar nuestras instituciones, hoy atadas de manos para la efectiva promoción bien común. Tendremos que utilizar todas nuestras energías en construir una nueva convivencia entre ciudadanos. Es en este momento de nuestra historia, que ya no nos es posible permanecer indiferente a la dirección que toma nuestro desarrollo, podemos y debemos elegir cual queremos que sea nuestro futuro común, el futuro de nuestras ciudades. Como el filósofo francés Lacordaire señaló: “En la relación entre débiles y fuertes, entre ricos y pobres, entre patrón y sirviente, es la libertad la que se deteriora, y el derecho el que libera”. Al articular nuestro programa entorno a tres derechos y un deber, abrimos la puerta a una nueva era de convivencia ciudadana: La era del derecho a la ciudad y la liberación de los ciudadanos.

Por este motivo, hemos organizado este programa presidencial de Ciudad y Territorio, en torno a 3 derechos y 1 deber, de los cuales se desprenden 10 propuestas y 42 medidas concretas de implementación.

DERECHO 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado”- Equilibrio de Medios 1.- Municipal: Equilibrio de capacidades locales 2.- Reforma Regional: capacidades regionales

Equilibrio

DERECHO 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y servicios públicos en calidad y cantidad” - Equidad de Provisión 3.- Garantías Territoriales: Equidad de bienes y servicios públicos a lo largo y ancho del territorio 4.- Política de Suelo: La localización al Servicio de la Equidad 5.-Entorno Humano: Equidad de acceso a un espacio público de calidad. DERECHO 3: “Cada ciudadano debe ser apoyado por la sociedad en relación a sus necesidades” - Igualdad de Acceso 6.- Política Habitacional: Del acceso a la vivienda a la política de barrios 7.- Nueva Convivencia: Favorecer una movilidad inclusiva 2

DEBER 1: “Los Ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia” 8.Promoción del Patrimonio: Del congelamiento a una política de revitalización. 9.Participación Ciudadana: más ciudadanía para territorios más inclusivos. 10.- Medio Ambiente: Los ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia.

METODOLOGÍA Esta propuesta programática de Ciudad y Territorio ha sido elaborada en base a 20 entrevistas con líderes de opinión, 12 mesas temáticas con académicos y organizaciones ciudadanas, y 3 encuentros regionales programáticos con alcaldes, concejales y dirigentes vecinales. En total participaron de esta propuesta 225 personas.

Derecho 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado” – Equilibrio de Medios

Reforma Municipal: Equilibrio de capacidades Locales

Las desigualdades en los recursos municipales contribuyen gravemente a la inequidad de calidad de vida y oportunidades de los ciudadanos. Al ritmo que la descentralización continúa avanzando en Chile y en Latinoamérica, los municipios cumplen un rol cada vez más relevante en la entrega de bienes y servicios públicos claves para la calidad de vida y oportunidades de los chilenos. En efecto, hoy servicios públicos como educación, salud, facilidades deportivas, actividades culturales, ayudas sociales, espacio público, parques y complementos al subsidio de vivienda son entregados a nivel local. La desigual distribución de recursos públicos a nivel local genera una desigual capacidad de proveer bienes y servicios públicos. Para la entrega de servicios, los municipios dependen de sus recursos financieros y humanos. Dado que la generación de los presupuestos municipales está basada en la riqueza de los territorios y no en las necesidades, la segregación espacial de nuestras ciudades se traduce en que los lugares donde los ciudadanos de altos ingresos viven poseen mayores presupuestos y proveen mayor cantidad y calidad de servicios para una población no carente. Al contrario, los territorios que concentran pobreza tienen pequeños

presupuestos y son incapaces de entregar y mantener servicios y bienes públicos para quienes más lo necesitan. Hoy la desigualdad de recursos locales por habitantes es tan dramática como la desigualdad de ingresos en Chile. Por ejemplo, cerca 112 municipios tienen un déficit estructural año a año mientras un tercio del presupuesto de la comuna más rica de Chile es suficiente para cubrir este déficit. La cruda realidad es que mientras los municipios de altos ingresos no saben en qué gastarse los recursos, los municipios de bajos ingresos no tienen los recursos para ofrecer un nivel digno de calidad de vida y oportunidades a quienes más lo necesitan. La injusticia de nuestro sistema hace que los municipios que tienen más pobreza y mayor demanda de servicios públicos, sean los que tienen menos recursos públicos para enfrentar estas problemáticas. Si para el Estado todos los ciudadanos tienen el mismo valor, entonces, es éticamente inaceptable esta manera de distribuir los recursos públicos. No tomar esta desigualdad como una tarea urgente es mantener en el largo plazo las diferencias significativas producidas desde el Estado en la calidad de vida y oportunidades que ofrece a sus ciudadanos. Para cambiar esta tendencia y avanzar decididamente hacia ciudades más inclusivas es necesario reformar la cantidad y la manera en que se distribuyen los ingresos municipales. Esto

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debe hacerse de tres maneras; En primer, lugar el gobierno central debe aumentar su contribución a los municipios para acercarse a distribuciones similares a las de países desarrollados. En segundo lugar, los recursos provenientes de impuestos territoriales deben ir íntegramente a un fondo común para una distribución equitativa. Por último, es necesaria una mejor distribución que considere necesidades y cargas sociales. Esto permitirá garantizar que cada comuna cuente con las condiciones básicas para la mantención y el desarrollo de la calidad de vida de sus habitantes. 1.1.

Aumentar transferencia de recursos desde el nivel central al nivel local

Principio 1: Es necesario reducir la desigualdad de recursos y capacidades entre gobiernos locales y gobierno central. En el contexto de la descentralización los municipios son cada vez más claves en la entrega de bienes y servicios públicos esenciales para la calidad de vida y oportunidades de su población, principalmente de los más desposeídos. En Chile solo un 10% del presupuesto nacional está en manos de los municipios, mientras en los países de la OECD esta cifra va de un 20% a un 30%. En este contexto, no resulta éticamente aceptable que el gobierno central no

ejecute año a año en promedio un 20 % del presupuesto nacional (1990 – 2012), mientras 1 de cada 3 municipios caen sistemáticamente en déficit debiendo reducir bienes y servicios públicos en cantidad y/o calidad. Medida 1: Consagrar a lo menos un 5% más del presupuesto nacional a los municipios, como aporte fiscal directo. Debe existir un compromiso por parte del Estado de descentralización fiscal que permita a todos y cada uno de los territorios mantener niveles de servicios públicos dignos y dotarlos de capacidades para guiar su desarrollo. Solidarizar con el nivel local es dotar de recursos a la principal puerta de entrada de los ciudadanos al Estado.

1.2.

Mejorar distribución de recursos públicos a nivel local

Principio 2: Es necesaria una mejor distribución de recursos públicos a nivel local que permita reducir las desigualdades entre los municipios de mayores y los de menores ingresos. Existe una enorme desigualdad entre municipios. Los presupuestos municipales están determinados por la cantidad de recursos que concentran sus territorios. Así, la cantidad de propiedades de alto valor, patentes comerciales, patentes profesionales y vehículos de alto valor son claves para 5

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determinar presupuestos abultados mientras la ausencia de estos factores determina presupuestos bajos. A lo anterior, se suman los vicios que presenta le Ley de Rentas Municipales la cual permite que grandes empresas cuyas instalaciones se emplazan en las distintas comunas de nuestro país paguen patentes municipales inferiores incluso que los kioskos y puestos de ferias libres. Todo lo anterior hace que las comunas donde viven los ciudadanos de mayores ingresos concentren la mayor cantidad de recursos y provean mejores condiciones de vida y, en el lado opuesto, las comunas que concentran pobreza no cuenten con los recursos necesarios de la sociedad y de su gobierno local. Las medidas de redistribución de recursos entre municipios hoy tienen un efecto marginal sobre la desigualdad. En efecto, indicador de desigualdad Gini de presupuesto municipal por persona solo disminuye 0,03 puntos antes y después de las medidas de distribución (antes del Fondo Común Municipal es 0.504, después 0,473). Medida 2: Mayor aporte de municipio de altos ingresos al fondo de distribución y modificación de Ley de Rentas Municipales. Un mayor porcentaje de los ingresos generados por impuestos territoriales debe ser destinado para la redistribución entre municipios permitiendo equilibrar

las capacidades locales para generar calidad de vida. 1.3.

Perfeccionar distribución

fórmula

Principio 3: Es necesario reformular la distribución con el fin de garantizar que los nuevos aportes financieros corrijan las desigualdades locales. La desigualdad entre municipios no está sólo determinada por la cantidad de recursos a distribuir sino además por la calidad de la distribución. La fórmula existente favorece a un grupo de comunas de ingresos medios altos, mientras poco y nada hace por las comunas más pobres. De inyectar más recursos con el actual sistema de redistribución, esto tendría como resultado que las comunas de ingresos medios altos pasarían a ser las nuevas comunas ricas, mientras tendría un impacto casi nulo en las comunas más pobres. En definitiva, seguiríamos con una balanza desequilibrada que ofrece desde el Estado más oportunidades y calidad de vida a unos ciudadanos que a otros. Medida 3: Rediseño del sistema de redistribución local. En base al establecimiento de un mecanismo de distribución per cápita por comuna, corregido por factores de concentración de pobreza y necesidades del territorio.

Derecho 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado” – Equilibrio de Medios

1.4.

Dotar de capital humano

salarial entre profesionales del nivel central y local.

Principio 4: Es necesario dotar de capital humano profesional para enfrentar la descentralización, la mejora de la calidad de vida y la democracia de proximidad. La dotación de recursos humanos es clave para el desarrollo local. En primer lugar, es clave para presentar proyectos a fondos de inversión del gobierno central y regional. Al mismo tiempo, el capital humano determina la capacidad de dar calidad, eficacia e innovación en la entrega de servicios locales. Una de las principales falencias que presentan en los municipios es la falta de dotación de profesionales para afrontar los nuevos desafíos que implica la descentralización. Mientras cada vez más servicios son transferidos al nivel local el gobierno central tiene en promedio 3 veces los niveles de profesionalización del nivel local. Medida 4: Creación de “Fondo para el Capital Humano Local” Se deben generar mecanismos de incentivos económicos para atraer profesionales al nivel local sobre todo en municipios rurales y de bajos ingresos. Los incentivos deben ser proporcionales a condiciones de ruralidad, aislamiento y/o concentración de pobreza a nivel local. Además, debe reducir la brecha

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Reforma Regional: Equilibrio de capacidades Regionales

Garantizar que cada región posea las condiciones básicas para el desarrollo y la mantención de la calidad de vida de sus habitantes. Las enormes desigualdades regionales en la calidad de vida ofrecida a sus habitantes, no sólo se han convertido en un problema de equidad territorial, sino que también afecta la eficiencia económica y la convivencia nacional. Por un lado, existe una enorme desigualdad territorial en el acceso en cantidad y/o calidad en materias transporte, cultura, áreas verdes, educación y salud entre otras. Al mismo tiempo, en materia económica existe contundente literatura científica que muestra que Chile hace tiempo superó el punto donde la concentración de recursos mejoraba el crecimiento. Hoy la excesiva concentración del desarrollo en torno a la Región Metropolitana de Santiago, está evitando sacar partido a las potencialidades del desarrollo regional, tal como lo manifestara la OECD en el Territorial Review (2009). Finalmente, la excesiva concentración de recursos y decisiones en el nivel central ha comenzado a afectar la convivencia nacional al promover la insatisfacción de los habitantes y la acumulación de resentimiento. Este se ha manifestado con mayor fuerza los últimos años en los

movimientos de Magallanes, Aysén y especialmente en Calama. Hemos identificado dos elementos concentradores y generadores de desigualdad: el mercado y la institucionalidad. La mejora del transporte y las comunicaciones han permitido al mercado concentrar trabajo de calidad, consumo, comercio, propiedad y capital en la región más desarrollada del país. Esto permite que muchas de las utilidades y beneficios generados en regiones no contribuyan significativamente al desarrollo de éstas, puesto que las principales casas matrices de las empresas que mueven la economía del país, se ubican en Santiago Una segunda fuente concentradora es la institucionalidad del país. Chile es un país unitario con el poder altamente concentrado en el Presidente de la República. Los partidos políticos y el poder económico siguen y profundizan este modelo. En general, estos actores tienen una mirada de país sin capacidad de generar una mirada de desarrollo regional potente. Esto hace que el resultando del diseño de políticas públicas sea “espacialmente ciego”, ignorando la heterogeneidad de potencialidades y problemas en el territorio. En consecuencia, el diseño de políticas públicas en su mayoría tiende a centrarse en la mirada de la región más desarrollada del país, en lugar de dar las

Derecho 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado” – Equilibrio de Medios

capacidades a las regiones para explotar sus potencialidades y atender sus particularidades. Romper el círculo concentrador que daña el desarrollo regional y la calidad de vida de sus habitantes, demanda una fuerte convicción política y promover al menos tres cambios. El primero de ellos es invertir regional e interregionalmente en proyectos de conectividad e infraestructura para el desarrollo de calidad de vida. En segundo lugar, es necesario incrementar la descentralización fiscal para dar capacidad de auto determinación a las regiones. Finalmente, se debe incrementar la democratización de los organismos regionales para que respondan y reflejen directamente a sus comunidades. En síntesis, debemos garantizar que cada región posea las condiciones básicas para el desarrollo y la mantención de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la transferencia de las competencias que requieran desde el nivel central y la descentralización de las decisiones que afecten su propio destino.

2.1.

Mejor distribución de recursos públicos entre regiones

Principio 5: Se debe velar por la equidad de la inversión pública del nivel central.

Actualmente, alrededor del 70% de la inversión pública se decide en los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Educación, Salud y otros. Esta situación, es similar a la de Corea hace una década, un estado unitario con un presidente fuerte y altamente centralizado y concentrado alrededor de la capital Seúl. Los resultados indican que en el proceso de inversión pública se ha favorecido al Gran Santiago, atentando contra la definición del objetivo social de la política regional. El principio rector de este proceso es que para reducir las desigualdades y especialmente la concentración. Para esto, se requiere de infraestructura de conectividad que mejore la interacción de las regiones entre ellas, con el resto del país y del mundo. Al mismo tiempo, es necesario dotar a las regiones de bienes públicos de calidad para mejorar su atracción de capital humano.

Medida 5: Plan de Inversiones Regional de largo plazo y nuevo Sistema de Evaluación Social para la equidad Regional.

Se debe complementar la actual evaluación social de proyectos con un ponderador de equidad territorial. Esto permitirá incrementar el nivel de inversión en regiones. El actual sistema hace que los grandes proyectos de inversión del estado resulten más 9

Derecho 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado” – Equilibrio de Medios

rentables en Santiago que en cualquier otra región del país dado el nivel de acumulación de población existente. Por otra parte, un plan de inversiones anuales, no garantiza la generación, en el tiempo, de la cantidad de bienes públicos esenciales para el desarrollo y para la calidad de vida. En efecto, caminos, puertos, aeropuerto, escuelas y hospitales de calidad, parques regionales y otros bienes son inversiones de largo plazo de baja provisión en cantidad y calidad en las regiones. Por ello se hacer necesario, definir un plan de inversión regional de largo plazo que permita guiar el desarrollo regional.

2.2.

Incremento en descentralización fiscal

Principio 6: Las Regiones deben contar con recursos suficientes para decidir autónomamente su desarrollo. Actualmente el FNDR es el instrumento, probablemente el único, donde las regiones ejercen poder de decisión respecto a donde gastar los recursos. Sin embargo, el análisis de su uso refleja dos cosas: uno, que el monto a decidir es relativamente pequeño y, otro, que siendo pequeño se destina a muchos proyectos. Es decir, se asignan los recursos a muchos proyectos, sin resolver los grandes problemas a los que podrían estar destinados. Esto rompe el criterio del “umbral”, es decir, hacer

inversiones, pocas pero significativas, que efectivamente resuelvan el problema al que se enfocan. Adicionalmente, el monto inicial destinado a FNDR ha crecido significativamente, sin embargo, la proporción destinada a la Región Metropolitana se ha más que duplicado, creciendo de 6% del fondo en 1992 a más de 15% en 2010. Esto se ha logrado a través de crear lo que se ha llamado Provisiones del FNDR, las cuales tienen sus propias reglas de distribución las que son contrarias a las reglas de distribución del fondo original. Medida 6: Duplicar los Fondos Regionales (FNDR) y asociarlos a planes de inversión regional de largo plazo. Se propone adoptar los criterios originales del FNDR, eliminando las provisiones, ya que ellas son la negación de la descentralización fiscal. Al mismo tiempo, se duplicará su monto. El FNDR aumentará en un 100% de manera progresiva. El incremento del FNDR adicional estará asociado a planes de inversión de largo plazo que permitirán focalizar la inversión regional de mejor manera.

2.3.

Incremento en democratización regional

Principio 7: Se debe incrementar la democratización de los organismos regionales para que sus decisiones

Derecho 1: “Cada ciudadano y ciudadana tiene el mismo valor a los ojos del Estado” – Equilibrio de Medios

respondan y reflejen directamente la voluntad sus comunidades. En el marco de la política de regionalización, es necesario aumentar las garantías de representación en cada región para la toma de decisiones. La visión de la descentralización apunta a que la toma de decisiones se realice por personas con conocimiento y compromiso por la región con el objetivo de garantizar el interés regional por sobre las decisiones del poder ejecutivo o designaciones impuestas. Esto es vital para el desarrollo de proyectos de inversión de largo plazo que reflejen la voluntad de desarrollo regional. Esta medida a su vez facilita la transferencia de competencia y el fortalecimiento de liderazgos locales validados por la comunidad.

Medida 7: En el marco de la propuesta de descentralización, se avanzará en la elección democrática de Intendentes. A la actual elección de Consejeros regionales,

añadirá

elección

democrática de los Intendentes. Esta será según lo señalado en el documento del programa

presidencial

descentralización de Michelle Bachelet.

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Reforma de Garantías Territoriales: Equidad de Bienes y Servicios Públicos a lo largo del territorio

En las ciudades chilenas existe una clara desigualdad en la dotación de bienes y servicios públicos. Precisamente en aquellos lugares donde existe mayor déficit, es donde sus gobiernos locales poseen menos recursos para mantener o disminuir las brechas. La falta y el deterioro de los servicios públicos, barrios y viviendas, genera más pobreza. Esa pobreza produce a su vez más desencanto, descontento y deterioro, produciéndose un círculo de precariedad que favorece las condiciones para la aparición de diferentes patologías sociales. Al mismo tiempo, la calidad de los servicios y equipamientos urbanos es desigual entre comunas de distintos niveles de ingreso. Simplemente, no es posible que en una comuna existan parques con excelente equipamiento público del más alto estándar, mientras que en otras comunas las áreas verdes estén materializadas solamente con maicillo y mobiliario urbano de mala calidad. Finalmente, en el Chile de hoy, hay familias que deben recorrer grandes distancias para ir a la farmacia o acceder a un área verde de calidad, mientras

otras, cuentan con una amplia oferta de comercio y servicios a un par de cuadras de sus hogares. Mientras todo esto pasa, el estado carece de agilidad, claros criterios de intervención y de un control de cumplimiento de objetivos en el territorio. En primer lugar, los grandes proyectos de inversión que requieren los territorios con menos recursos, se ven seriamente obstaculizados por la lentitud en los procesos de aprobación, la baja dotación de equipos profesionales a nivel local y la falta de recursos para la operación y mantención de dichos proyectos. Esta situación dilata innecesariamente la resolución de los problemas urgentes que aquejan a la población más vulnerable. A esto se suma que las metodologías de evaluación existentes, se concentran en la rentabilidad económica de los proyectos de inversión, rechazando proyectos que siendo claves para la inclusión de los ciudadanos, quedan relegados por ubicarse en lugares aislados con menor población. En segundo lugar, tampoco existen mediciones precisas del estado en que se encuentran los territorios (línea base territorial), que permitan contar con indicadores objetivos que den cuenta de sus requerimientos. Por ende, no resulta fácil orientar la inversión, gestión ysu programación a corto, mediano y largo plazo. En tercer lugar, si bien, se ha avanzado considerablemente

Derecho 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y servicios públicos en calidad y cantidad” – Equidad de Provisión

en la implementación de una Ley de Transparencia que expone a la ciudadanía una serie de información pública de forma pasiva y activa, todavía esa información es insuficiente para monitorear y hacer seguimiento de las políticas públicas y especialmente, para que la sociedad civil conozca no sólo el nivel de cumplimiento de sus autoridades, sino el nivel de avance en materias estratégicas para el desarrollo. Otra señal de desigualdad territorial, se refleja en la ubicación de actividades molestas. Es el caso de cárceles, aeródromos, plantas de tratamiento de aguas servidas, vertederos y otros. Hay una serie de lugares del país que han sido receptores históricos de este tipo de equipamientos, cumpliendo con ello con su aporte a la sustentabilidad de la región donde se emplazan. Estos territorios se encuentran inmersos en procesos de obsolescencia, emigración de su población y agravamiento de su condición de pobreza, sin contar con grandes inversiones públicas que reviertan dicho deterioro. Sus ciudadanos cargan en sus espaldas el peso de los problemas de una región sin apoyo de las demás comunas. Para enfrentar esta situación, el Estado debe en primer lugar conocer con exactitud la naturaleza de las brechas de bienes y servicios distribuidas en el territorio, para luego definir planes de inversión y gestión integrados, de corto,

mediano y largo plazo, que se constituyan como una carta de navegación de la intervención del Estado en el territorio. 3.1.

Establecer un Plan de Garantías de Calidad de Vida

Principio 8:El país debe avanzar en que todos sus habitantes posean una serie de garantías territoriales basales en cuanto a bienes y servicios públicos. Para ello, en primer lugar se necesita definir la meta de calidad y cantidad de bienes y servicios públicos a garantizar por el estado. En segundo lugar, se debe conocer con precisión las brechas de calidad de vida en los territorios más deficitarios y vulnerables del país. Un ejemplo de esto, es establecer como meta, que en todos los conjuntos habitacionales del país, exista un área verde pública a menos de 15 minutos caminando. Otro ejemplo, es contar con acceso a oficinas de atención pública a menos de 30 minutos en transporte público. Dichos indicadores, podrán variar de acuerdo a particulares de cada Región. Estos indicadores formarán parte de una lista consensuada con la ciudadanía que contendrá las garantías territoriales que el Estado se compromete a intervenir más allá de un período de Gobierno.

Derecho 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y servicios públicos en calidad y cantidad” – Equidad de Provisión

Medida 8: Definición de indicadores, estándar y déficit de garantías territoriales. Sera necesario elaborar un listado de indicadores basales y establecer diagnósticos territoriales de dotación en las 15 regiones del país. Estos serán elaborados por comisiones regionales intersectoriales, mientras que dichos indicadores serán graficados y territorializados por los Gobiernos Regionales. Así se contara con mapas regionales de línea base, que territorializarán la situación actual de las comunas del país en materias de calidad de vida transformándose en insumos obligatorios de la inversión local, regional y nacional. 3.2.

Invertir para superar los déficits en calidad de vida

Principio 9: Es necesario focalizar los esfuerzos de inversión con el fin reducir las desigualdades de calidad de vida de los ciudadanos. En la actualidad, los criterios de inversión responden principalmente a la capacidad que posean los liderazgos locales de convencer a las autoridades respectivas para invertir en sus territorios. Éstos últimos se ven tentados a invertir en aquellas iniciativas que le ofrecen alta rentabilidad política, por tanto, priorizan inversiones llamativas y generalmente contingentes, tales como eventos,

publicidad, trabajo en terreno, vehículos y otros, postergando aquellas que no son rentables inmediatamente, pero que son necesarias a largo plazo (colectores de aguas lluvia, alcantarillado, entre otras). Por otro lado, esta manera de invertir permite que las inversiones no necesariamente vayan ni a los territorios que más lo necesitan si en las áreas más deficitarias. En nuestro Gobierno, las inversiones públicas en el territorio serán definidas principalmente en virtud de las brechas identificadas. Los diagnósticos territoriales de dotación serán orientadoras de los instrumentos de inversión. De esta manera una parte de las inversiones responderán a resolver deudas históricas y déficits estructurales del territorio. Medida 9:Plan de Inversión Multisectorial para la superación de déficit de Calidad de Vida En base a los déficits de calidad de vida comunal se elaborará un plan de inversión multisectorial de carácter plurianual. Este responsabilizara a cada cartera sectorial a diseñar y comprometer un plan de inversión para reducir las brechas identificadas. 3.3.

Evaluación de proyectos en base a déficit y no a rentabilidad de inversión

Derecho 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y servicios públicos en calidad y cantidad” – Equidad de Provisión

Principio 10:Es necesario facilitar la entrega de recursos para resolver problemas urgentes de déficit de calidad de vida. La evaluación de iniciativas de inversión no puede responder exclusivamente a criterios de rentabilidad económica social per cápita. En el marco actual de evaluación de proyectos, las iniciativas de inversión que postulan a recursos públicos deben asegurar una masa crítica de población beneficiaria, requisito que impide en muchas ocasiones desarrollar proyectos de inversión en pequeñas comunidades. Más aun, la complejidad en la elaboración técnica de las propuestas impide a muchos territorios acceder a inversiones claves en la calidad de vida y oportunidades de los ciudadanos más vulnerables. Se reformará el sistema actual de evaluación de proyectos añadiendo las evaluaciones en base a brechas de calidad de vida en el territorio. Dichas brechas construidas a nivel regional una vez aprobadas, no requerirán de recomendación social proyecto a proyecto para el nivel local. Dichas iniciativas irán por el camino de reducción de déficit, tal como operan los subsidios de vivienda en la actualidad. Esto permitirá agilizar la inversión en os territorios rezagados y acometer de manera ágil una tarea urgente.

Medida 10:Aprobación de proyectos en base a brechas de Calidad de Vida. Incorporación de la metodología de evaluación de brechas o déficit, que termina con la evaluación proyecto a proyecto en caso de corresponder a iniciativas que apuntan a reducir las desigualdades de dotación de bienes y servicios públicos.Esto permitirá avanzar rápido en metas país y reducir los plazos para alcanzar la equidad territorial.

3.4.

Monitorear anualmente mejora de la calidad de vida

Principio 11:Es necesario monitorear periódicamente la reducción de déficit de calidad de vida para mejorar la efectividad de la inversión. Algunas organizaciones sin fines de lucro y observatorios urbanos han desarrollado plataformas para el seguimiento de la calidad de vida y compromisos de inversión de los distintos organismos públicos. Sin embargo, existe una gran dispersión de datos y resultados. Los nuevos objetivos de garantías territoriales de calidad de vida trazados, exigen un nuevo nivel de desarrollo de la información que permita estandarizar la información, hacerla comparable y orientar las decisiones de inversión, como también permitir el control ciudadano.

Derecho 2: “Cada ciudadano y ciudadana tiene la misma oportunidad de gozar de los bienes y servicios públicos en calidad y cantidad” – Equidad de Provisión

Para realizar un seguimiento de la acción del Estado en el territorio, se requiere de un sistema de monitoreo, que permita tanto a actores públicos, privados y sociedad civil, conocer el estado de avance del cumplimiento de los objetivos de superación de brechas de calidad de vida; y a partir de ello, evaluar efectividad de medidas y redefinir estrategias y territorios prioritarios. Medida 11:Elaboración de Indicadores anuales de Calidad de Vida A través de 15 Observatorios Regionales en todo el país, se elaborará año a año los indicadores de calidad de vida. A partir de estos se reelaborarán mapas e indicadores de déficit permitiendo redefinir prioridades de inversión sectorial. Esta información estará disponible para la ciudadanía en una plataforma digital permitiendo el acceso a datos y monitoreo del nivel de cumplimiento de metas de los indicadores basales establecidos.

3.5.

Aumentar garantías y refocalizar recursos en el cumplimiento de metas

Principio 12:Las garantías territoriales de Calidad de Vida deben ser reajustadas conforme a la superación de déficit y al desarrollo del país.

En el sistema de administración pública actual, el único incentivo para los servicios públicos y municipios, es la eficiencia en el gasto de los recursos anuales. No existe mérito ni premio por ahorrar recursos, o por utilizarlos en pos del cumplimiento de metas de gestión, situación que lleva a los servicios públicos a gastar sus recursos apuradamente a fin de año y no necesariamente en asuntos prioritarios. Tal como lo establece la planificación estratégica, una vez realizada la evaluación anual del cumplimiento de metas, se realizarán procesos de refocalización de las acciones con el objeto de afinar la ejecución del Plan de Inversión Multisectorial, aumentando los recursos disponibles, reorientar territorialmente la intervención o aumentar el estándar o en número de garantías territoriales. Medida 12:Creación de Consejo Ministerial y Regional para la Calidad de Vida. Los Ministros presididos por el Presidente de la República podrán extender las garantías territoriales en base a la disponibilidad presupuestaria nacional. De la misma manera los Seremis presididos por el Intendente podrán ampliar el número o elevar el estándar de garantías territoriales para adaptarse a sus particulares y según la disponibilidad presupuestaria regional.

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Dichas garantías deberán incluirse en la discusión presupuestaria de los distintos servicios públicos. 3.6.

Compensar las externalidades negativas producidas sobre territorios receptores

Principio 13: Se debe compensar a los territorios que reciben actividades y servicios con externalidades negativas. Durante el último tiempo, han surgido diferentes manifestaciones de grupos ciudadanos, en contra de actividades que les generan importantes externalidades negativas. Este es el caso de planta de cerdos, cárceles, termoeléctricas o vertederos, por nombrar algunas. Dichas manifestaciones de repudio tienen mucho sentido, dado que estas actividades molestas generan perjuicios importantes para quienes habitan a su alrededor. Sin embargo, muchas de estas actividades necesitan localizarse en algún lugar de la ciudad para servir un territorio mayor. La situación sería más equitativa si estas actividades pagaran por el impacto de generan, invirtieran en tecnologías inocuas y desarrollaran obras de mitigación de las externalidades que equilibren la calidad de vida de estos lugares.

el aporte que hacen al bienestar del resto de la población. En segundo lugar, aquellas comunidades que deseen recibir una actividad molesta, tengan a disposición un fondo de compensación que permita el desarrollo de inversiones para mejorar las condiciones actuales. Medida 13: Elaboración de Planes de Compensación Territorial de Actividades Molestas Se elaboran planes de planes de compensación territorial para aquellas comunas del país, que hayan sido receptoras históricas de actividades molestas.Al mismo tiempo se elaboraran Planes de inversión por compensación para aquellas comunas que reciban actividades molestas en su territorio. Dichos contratos tendrán aportes financieros directos de los responsables de la actividad. De esta manera, para cárceles y vertederos se establecerá un aporte directo de las comunas a las que sirven; en el caso de termoeléctricas la compensación será por parte de los inversores y consumidores; en el caso de plantas de cerdos serán exclusivamente de los inversores quienes compensen, por mencionar algunos casos.

En este escenario, se propone que los territorios receptores de actividades molestas sean compensados por el Estado y privados según corresponda por 17

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Reforma para una Política de Suelo: El emplazamiento al servicio de la equidad.

El acceso a suelo bien localizado es determinante para la calidad de vida y oportunidades de las personas. Por un lado, la localización del suelo para viviendas sociales es determinante del acceso de las personas a entornos seguros, tiempos de viaje razonables, a buenos colegios, buena salud primaria, a áreas verdes, a recreación, a oportunidades de consumo y de trabajo. Por otro lado, el acceso a suelo para desarrollar proyectos de interés público en zonas de vivienda desprovistas de servicios, permite compensar las desigualdades del territorio. En definitiva, el suelo cumple un rol social al permitir la materialización de proyectos de inclusión. El Estado ha actuado como un observador del mercado del suelo, obviando el rol social del suelo en la inclusión. En primer lugar, las políticas de vivienda social han tradicionalmente buscado valores de suelo bajos con el fin de destinar la mayor parte posible del subsidio en la construcción de viviendas. Sin embargo, el valor del suelo es un reflejo del acceso a oportunidades y calidad de vida. Al buscar valores de suelo bajos se ha alejado a los ciudadanos más vulnerables de las

oportunidades. En segundo lugar, existen muchas áreas de la ciudad desprovistas de servicios donde el Estado no posee terrenos para invertir. En tercer lugar, el estado ha perdido capacidad de adquirir terrenos bien localizados. En efecto, el Estado a través de su inversión ha incrementado los valores de suelo siendo incapaz de comprar suelo en algunas áreas de la ciudad. Por otro lado, los esfuerzos del subsidio de localización de vivienda social han sido absorbidos por el mercado. Para empeorar esta situación, el Estado a través del Ministerio de Bienes Nacionales se ha desprendido de valiosos terrenos públicos. Lo que impera hoy es una política de libre mercado de suelo donde el Estado es un observador. Nuestro programa presidencial plantea una política ambiciosa de promoción de la inclusión social fomentando una verdadera convivencia y el fomento del bien común. Soñamos con una ciudad en la cual todos tienen cabida y ningún ciudadano es excluido. Estos objetivos sólo pueden ser logrados con herramientas poderosas y eficientes desde el Estado. La gestión de suelo es un componente esencial de nuestro proyecto de vivir juntos, como un medio para garantizar la realización del interés público. En este contexto, depender sólo del libre mercado de suelo no es una buena opción dado que éste no satisface la

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necesidad de provisión de vivienda social y proyectos de interés público con localización adecuada (infraestructura, espacio público). Entonces una intervención pública es legítima y necesaria para poder corregir estas fallas. El fracaso de la política de libre mercado de suelo, significa que el Estado debe pasar de ser un observador a ser un actor del mercado de suelo.

4.1.

Territorio ciudadano: manejo de suelo a nivel regional

Principio 14: El Ministerio de Bienes Nacionales debe ser un activo proveedor de terrenos para interés social.

En los últimos años, el Ministerio de Bienes Nacionales ha actuado como un vendedor de terrenos públicos. A pesar de que este tiene dentro de sus funciones el gestionar el patrimonio fiscal para el desarrollo social, ha actuado preferentemente como un rematador. De esta manera se deshace de su patrimonio permanente para financiar el gasto corriente. El mirar la contabilidad del ministerio de bienes nacionales este genera en promedio ingresos por 17.000 millones anuales producto de la venta de terrenos (2010-2012). Es así como a partir del 2012 se vendieron cerca de 47.000 hectáreas fiscales, muchas de ellas con buena localización urbana. La

cruda realidad es que mientras escasean los terrenos para viviendas sociales y proyectos de equipamiento urbano, el terreno fiscal sigue siendo traspasado a fines privados. Medida 14: Dotar de recursos y competencias al Ministerio de Bienes Nacionales para la provisión de terrenos para proyectos sociales.

Se dotará este Ministerio con nuevas competencias, recursos e instrumentos legales que le permitirán ser el actor clave en la provisión de terrenos para proyectos de los distintos ministerios a nivel nacional y regional. Esta provisión debe ser implementada en escalas: para proyectos de interés nacional, por la autoridad nacional y para proyectos locales, por la autoridad regional.

4.2.

Planificación para la adquisición de suelo de interés social

Principio 15: Se deben planificar las acciones de adquisición de terrenos en base a las demandas territoriales.

Antes de tomar un rol activo en el mercado de suelo, las autoridades públicas deberán hacer un esfuerzo de planificación. En el caso de la vivienda, es crucial tener un buen conocimiento de la

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oferta existente en vivienda social y económica, desarrollando una estrategia para alcanzar los objetivos. En el caso del equipamiento es necesario detectar las demandas y déficits para planificar la acción. A nivel regional es necesario designar áreas prioritarias donde serán llevadas a cabo las operaciones de adquisición de terrenos de interés público. Medida 15: Elaboración de 15 Planes Regionales de adquisición de Suelo.

El Ministerio de Bienes Nacionales a través de sus autoridades regionales, en conjunto con los gobiernos locales, serán los responsables de definir y elaborar los documentos de planificación de áreas prioritarias para la adquisición de suelo. También serán responsables de informar a los actores privados y a la ciudadanía en general, e incluirlas en la elaboración de los planes. La coherencia entre estos planes regionales de adquisición y los principios de la política de suelo serán garantizados por el Ministerio de Bienes Nacionales.

4.3.

Política activa de adquisición y gestión de suelo

Principio 16: Se debe adquirir y recuperar suelo urbano para proyectos de interés social.

El suelo es el recurso más valioso de la política territorial. Sin embargo, hasta hoy ha sido considerado por las autoridades como una variable de ajuste (ventas masivas de suelo para mantener el presupuesto) o como un costo (costosas adquisiciones de suelo de alto precio en operaciones públicas). Desde hoy en adelante debe ser pensado como un capital, y por ende debe ser manejado con cautela. Medida 16: Creación de Fondo Regional para la adquisición y gestión de suelo.

Se creará un fondo regional para la adquisición y gestión del suelo. La gestión de terrenos del Estado busca la maximización del bien común para esto contempla las posibilidad compra, de ventas y transferencias desde una entidad pública a otra (por ejemplo un terreno militar en desuso puede ser transferido o vendido para servir en una operación de vivienda social). También se contempla la habilitación de terrenos para uso futuro (descontaminación, trazado o movimientos de tierra). Este manejo estratégico del suelo deberá ser transparente y responder a objetivos claros determinados a nivel nacional por el Ministerio de Bienes Nacionales. Éste deberá delegar en autoridades regionales de gestión de suelo para que den

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recomendaciones sobre venta, compras y reservas de terrenos, siendo luego el Ministro de la cartera quien tome la decisión. La autoridad regional desarrollará mecanismos de participación para asegurar que la opinión de los ciudadanos sea tomada en cuenta en las operaciones de suelo.

4.4.

Priorizar el interés público por sobre el privado en la adquisición de suelo

Principio 17: El interés público siempre debe tener prioridad en adquisición de suelo.

El Estado y las autoridades locales deben tener garantizada la adquisición de terrenos claves para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de toda la población. Por ende, deben tener la prioridad sobre los privados adquirir o usar un terreno específico para llevar a cabo una operación de interés público (vivienda social, infraestructura o espacio público). En caso de urgencia de operación, las autoridades públicas deben tener la posibilidad de expropiar al propietario (con las compensaciones correspondientes). Medida 17: Prioridad de compra y posibilidad de expropiación en los terrenos determinados por el Plan Regional de adquisición de suelo.

En nuevo rol del Ministerio de Bienes Nacionales como proveedor de suelo de interés público, la autoridad central o regional de gestión de suelo tendrá acceso oportuno a la información de ventas en áreas de interés público pudiendo intervenir y reemplazar al comprador original manteniendo el precio, dentro de un plazo determinado. Si cualquiera de las partes no está de acuerdo con el precio, éste será determinado por un juez. En caso de operaciones prioritarias o urgentes, la autoridad regional o central, podrán proceder a la expropiación bajo el control de un juez quién determinará la modalidad y las compensaciones. 4.5.

Cesión de Terrenos para proyectos de vivienda de interés social

Principio 18: Dentro de las cesiones de terrenos tradicionales se deben incorporar cesiones para la vivienda de interés social.

La gestión de suelo público no siempre significa control directo del Estado sobre el suelo, en algunas áreas puede ser más eficiente establecer una estructura que haga que los privados actúen por el bien común. Esto es especialmente relevante cuando el suelo es demasiado costoso para ser comprado por los organismos públicos, o muy escaso para alcanzar los 21

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objetivos a tiempo. Por esta razón, es necesario establecer mecanismos que permitan que el nuevo desarrollo de las ciudades integre el interés público. Medida 18: Cesión de terrenos para vivienda social de un 10% para todos los desarrollos inmobiliarios.

Se incorporara en la normativa de loteos la sección de un 10% de la superficie para Vivienda Social. Al ser ingresado un proyecto de loteo para la aprobación de la autoridad local para poder recibir el permiso de edificación se exigirá cumplimiento de sección de terrenos para vivienda social. La autoridad asegurará que el proyecto respete los lineamientos en términos de cuotas de vivienda social, contenido de espacio público y otros aspectos de planificación. Al mismo tiempo podrá objetar el emplazamiento de dicha sección si esta no cumple con los criterios de una localización adecuada o corresponde a terrenos de difícil construcción.

4.6.

Recuperación de plusvalías para el financiamiento de la adquisición de terrenos

Principio 19: El Estado debe recuperar el valor creado a través de su inversión para la compra de suelo con interés social.

El estado crea valor a través de su inversión y su normativa. El estado a través de su inversión en conectividad, espacio público y infraestructura crea valor de suelo. De esta manera la construcción de línea de metro puede elevar los valores de suelo hasta en un 100% en torno a las estaciones de metro. Un impacto similar produce el cambio de normativa aumentando los valores de suelo al permitir más constructibilidad en un terreno. Sin embargo, el aumento de valor de suelo creado por el estado merma la acción del estado al generar valores por sobre su capacidad de pago. Es necesario que el estado recupere el valor de suelo generado a través de su inversión y cambio de normativas para permitir financiar operaciones que permitan ejecutar proyectos de interes social las distintas áreas de la ciudad.

Medida 19: Política de recuperación de plusvalía de la inversión del Estado.

Se generará una política de recuperación de plusvalías asociada a cada proyecto público. Se incorporará un impuesto sobre la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Al mismo tiempo, se ajustara el avalúo fiscal

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entorno a los proyectos de inversión y en las áreas de cambio de normativa con el fin de ajustar los impuestos territoriales al nuevo valor de suelo. Los recursos captados por la política de recuperación de plusvalía servirán serán canalizados en el Fondo Regional para la adquisición y gestión de suelo, así como en proyectos nuevos de inversión.

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Reforma Entorno Humano: Equidad de acceso a un espacio público de calidad.

El espacio público es por esencia un lugar de democracia, inclusión, de encuentro de la ciudadanía y la comunidad. El espacio público es el espacio de la democracia y la inclusión al ser el espacio donde todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el mismo valor y son aceptados independientemente de su edad, condición social o tendencia sexual. Al mismo tiempo, en el espacio público la ciudadanía y la comunidad se encuentran en su diversidad de persona. En consecuencia, el espacio público es un componente esencial de nuestro proyecto de vivir juntos. Sin embargo, la mala calidad y la inequidad en la calidad de espacio público han transformado estos espacios de democráticos y de encuentro en enemigos de la vida en comunidad y en símbolos de exclusión. Por un lado, espacios públicos poco amables, deteriorado e inseguros fomentan la reclusión en la vida privada y el abandono de la vida en comunidad. La salida de la comunidad del espacio público permite la entrada del narcotráfico, la delincuencia y los microbasurales, lo que acelera el proceso de reclusión en la vida privada. Por otro lado, las desigualdades en provisión y calidad del espacio público entre

comunas y entre regiones, se ha transformado en un símbolo claro del de la desigualdad del sector público hacia los territorios más desposeídos. Esta disparidad se puede visualizar claramente entre las comunas de la Región Metropolitana. Las comunas con menores ingresos per cápita y con mayor densidad de población, tienen los menores índices de áreas verdes. Según datos de la Subdere 2009, comunas como La Granja, La Cisterna y Lo Espejo tienen 4 veces menos áreas verdes per cápita que Vitacura. Del mismo modo, en promedio de la inversión en construcción de parques urbanos es 0,5 UF/m2 mientras el costo del parque Bicentenario de Vitacura tuvo un costo de 1,7 UF/m2. Es decir, desde el sector público no solo dota de 4 veces más áreas verdes a las comunas donde vive la población de mayores ingresos, sino que también se invierte un el triple por m2. Es necesario, mejorar el espacio público y reducir las brechas existentes para recuperar su rol de democrático, de inclusión y encuentro de la ciudadanía. Para esto requeriremos hacer un esfuerzo en cuatro líneas de acción. Primero, es necesario tener un plan de estratégico ambicioso de reducción de brechas de espacio público organizado desde el Estado. En segundo lugar, se debe fijar los estándares de calidad, cantidad y tamaño de los espacios públicos y áreas verdes urbanas acorde a la escala territorial a la que sirven. En 24

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tercer lugar, debemos invertir para intensificar el uso del espacio e infraestructura pública para el encuentro y fomento de la vida en comunidad. Finalmente, es necesario detener la destrucción del entorno de las comunidades que muchas veces genera la inversión pública y privada en obras de infraestructura urbana, especialmente referentes a transporte. La celeridad del aumento de la congestión no debe resultar en soluciones que prioricen la eficiencia de las soluciones viales a costa de la ciudad. Queremos romper estas tendencias e invitar a todos a compartir en de lugares calidad, que los acojan y les permitan sentirse parte de una sociedad preocupada de cada uno de los ciudadanos. Para esto debemos trabajar para asegurar la calidad del entorno y la equidad en el acceso a los espacios públicos. 5.1.

Acercar los espacios públicos de calidad a las personas que mas lo requieren

Principio 20: El Estado debe concentrar su acción en proveer un entorno amable a quienes más lo necesitan. Que todos Vivir los ciudadanos vivan en un entorno urbano armónico es una requerimiento básico para la equidad territorial. Para cerrar las brechas de la calidad urbana se debe desarrollar un

plan de acción intersectorial que integre espacios públicos, áreas verdes y equipamiento en las zonas menos asistidas. Para esto se debe invertir en base a criterios de concentración de población en estado de vulnerabilidad, densidad y facilidad de acceso. En estas se debe potenciar la arborización abundante y buena iluminación de calles y plazas vecinales, junto con equipamiento de centros de cívicos locales y parques regionales.

Medida 20: Plan Nacional de Espacios Públicos que contempla la construcción de 15 parques urbanos y la consolidación de 30 centros cívicos comunales a nivel nacional Se financiará un plan nacional de espacios públicos que buscara dotar de acceso a calidad urbana a zonas vulnerables. Este plan contemplara el diseño y construcción de un parque de gran escala por región. Se consolidarán 30 centros cívicos en comunas vulnerables, con espacios peatonales, un cultural con mediateca y la mejora del edificio consistorial. Esto tendrá diseños de primer nivel, acordes a la geografía y clima de la región.

5.2.

Estándares igualitarios

calidad

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Principio 21: El Estado debe asegurar un estándar de calidad igualitario en comunas con población de distinto nivel socioeconómico. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso a espacios públicos de la misma calidad en su entorno inmediato, en su comuna y en su región. Estos estándares deben hacerse cargo de privilegiar la inversión en relación a la intensidad de uso, la calidad del diseño y la sustentabilidad en el tiempo. Es este sentido, se debe privilegiar implementación superior en relación a la cobertura de los espacios públicos, es decir según su carácter de entorno inmediato, comunal o regional. Se debe privilegiar el diseño de alto nivel que permita optimizar recursos y generar entornos amables y armónicos. Finalmente, el estándar debe estar enfocado en generar una mantención que sea sustentable en el tiempo. En este sentido, la arborización y espacios verdes es uno de los aspectos más relevantes ya que afecta directamente los costos de mantención. Para asegurar la sustentabilidad de los espacios públicos que es necesario incluir criterios de elección de especies de acuerdo a las características locales de clima, suelo y disponibilidad de agua para riego. También son relevantes la calidad del mobiliario urbano e iluminación. Estos deben ser de la mayor calidad y durabilidad, para disminuir los costos de

mantención y la necesidad reconstrucción en el corto plazo.

Medida 21: Definición de estándares adecuados para el diseño de espacios públicos y áreas verdes, diferenciados según su nivel: barrial, comunal y regional. El estándar se materializará en una metodología de diseño general con capítulos dedicados a cada región y zona climática. Esta se describirá la dotación mínima de implementación según escalas de impacto. De igual forma, incorporara requerimientos de diseño urbano en todo nuevo proyecto. Por último definirá especies a utilizar y requerimientos de iluminación y mobiliario urbano. Esta metodología de diseño será exigible en cada nuevo proyecto público o privado.

5.3.

Maximización del uso de la infraestructura pública

Principio 22: La infraestructura pública debe ser utilizada con mayor intensidad, multiplicando los beneficios que generan en el barrio. La infraestructura y equipamientos públicos barriales deben ser concebidos como puntos de encuentro, por lo que deben ser utilizados durante todo el día. Se debe invitar a las organizaciones sociales, tales como clubes sociales, deportivos y culturales, a usar estos 26

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espacios y abrir sus actividades a la comunidad. La infraestructura pública debe transformarse en lugares de encuentro comunitario, de fortaleciendo del sentido de pertenencia y del cuidado de los bienes públicos. Estos lugares abiertos a la comunidad serán seguros, abiertos a niños, jóvenes y adultos mayores. Por su uso diverso deben ser objeto de inversión continua de distintos fondos públicos para la mejorar permanente de su infraestructura. Medida 22: Centros Barriales 14 Horas: Abrir e invertir en los colegios públicos y canchas deportivas insertas en los barrios para su transformación en Centros Barriales abiertos 14 horas al día. Se elaborará un plan de intensificación de uso de infraestructura a nivel comunal. Estos planes contaran con recursos para la apertura de la infraestructura a la comunidad durante 14 horas (8.00-22.00). Al mismo tiempo, podrán recibir financiamiento de distintas carteras para el financiamiento de actividades y mejora de la infraestructura, por ejemplo IND, Ministerio de Cultura, Gobierno Regional y entre otros. Así también, aprovecharemos los colegios, las canchas deportivas y las grandes áreas en torno a hospitales y consultorios para transformarlas en entornos de recreación, esparcimiento y salud al aire libre. Para esto se renovaran sus espacios abiertos y se mejorara su integración al

tejido de sus barrios. La programación de actividades se canalizará a través de las juntas de vecinos y organizaciones territoriales de base, lo cual permitirá identificar con mayor precisión las necesidades de la comunidad. Se buscarán alianzas con organizaciones sociales, colegios, ONGs y municipios para nutrir de actividades durante todo el día. 5.4.

No más intervenciones de infraestructura a costa de la ciudad y sus habitantes

Principio 23: Los proyectos de infraestructura deben crear valor en el tejido urbano y social donde se emplazan. Los proyectos de infraestructura de mediana y gran escala generan importantes impactos en las comunidades y el entorno urbano donde se insertan. Hoy la evaluación de proyectos de inversión no incorpora de manera clara impactos urbanos en sus estudios de rentabilidad. Es necesario pasar del concepto de mitigación de impactos de los proyectos de infraestructura por el de creación de valor urbano. Con este fin, las intervenciones de infraestructura deben incluir proyectos de diseño urbano a nivel de plan maestro y proyectos de espacio público concretos acordados con la comunidad donde se insertan. Estos tienen que necesariamente ser

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construidos en infraestructura.

conjunto

con

Medida 23: Reemplazo de los estudios de impacto vial por un nuevo sistema de evaluación de impacto urbano de las obras de infraestructura.

Con instalación de la evaluación de impacto urbano, se pretende entender la ejecución de infraestructura de transporte como un componente del desarrollo urbano. La elaboración del estudio de impacto urbano, se realizará en paralelo a la evaluación ambiental estratégica y será responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en coordinación con los municipios. Los estudios de impacto urbano contendrán planes maestros de diseño urbano vinculantes que deberán ser ejecutados en conjunto con las obras. Complementariamente, se realizarán diseños tipo que aseguren la adecuada integración de la infraestructura a la ciudad según un nuevo estándar que considerara el nivel de consolidación urbana y usos de suelo en donde la infraestructura se inserta. Estos diseños serán incorporados en los manuales de diseño vial (REDEVU) y en la normativa (OGUC).

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Reforma en Política Habitacional: Del acceso a la vivienda a la política de barrios

El Estado chileno lleva más de un siglo ocupándose de dar solución – exitosamente- al déficit habitacional para las familias de menores recursos de nuestra sociedad. Es bien sabido que la necesidad de reducir el déficit de unidades habitacionales que al año 1990 se estimaba en cerca de 2.000.000 de unidades, ha descuidado la calidad del entorno donde se emplazaron dichas viviendas. La política habitacional centrada en el déficit ha impactado fuertemente en la forma en que se han desarrollado nuestras ciudades. Ha sido responsable del crecimiento urbano en extensión en varias ciudades chilenas, y especialmente en nuestra capital, provocando con ello la disminución del suelo agrícola y la generación de una serie de externalidades negativas a las familias, provocadas principalmente por la lejanía de sus viviendas respecto a sus trabajos y centros de estudio, y la separación de sus redes sociales de apoyo. Por su parte, la producción de grandes conjuntos residenciales de vivienda social que ocuparon cientos de hectáreas de suelo, con población homogéneamente pobre, desconectados de los beneficios de la ciudad consolidada, sin

equipamientos ni servicios, ha generado guettos urbanos de alta vulnerabilidad, que promueven la generación de patologías sociales y que impide a quienes allí habitan integrarse adecuadamente a la prosperidad de la ciudad. Llevamos décadas entregando con bastante éxito unidades de vivienda a las familias de bajos recursos de nuestro país, pero en ese mismo acto, le hemos negado el derecho a la ciudad, a barrios integrados y seguros, a equipamientos de salud y educación próximos a sus viviendas, al acceso a áreas verdes y espacios de recreación, a distancias moderadas al trabajo, a entornos limpios, y quizás lo más importante a la libertad de cada familia a decidir dónde y cómo quieren vivir. Resulta relevante entonces devolver a las familias el derecho a la ciudad y pasar de una política centrada en la entrega de viviendas alejadas a familias individuales, a una política que entregue barrios integrados que fomenten la vida en comunidad.

6.1.

Nuevos barrios integrados a la ciudad

Principio 24: Los nuevos barrios deben contar con servicios y equipamiento desde su creación.

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Los nuevos barrios que se construyan, deberán contar con una dotación suficiente de equipamiento público y acceso cercano a servicios, que permita disminuir la dependencia de las áreas centrales y con ello, disminuir el costo y el tiempo de desplazarse. Dicha dotación estará determinada por estándares basales que deben se deben incorporar en la normativa de Vivienda y Construcción siendo aplicable a las viviendas sociales. Los nuevos barrios deben contar con estándares de iluminación, calles arborizadas, espacios deportivos equipados, áreas verdes de calidad y lugares de reunión. Medida 24: Financiamiento multisectorial para los nuevos barrios integrados desde su entrega. El financiamiento multisectorial significa en la práctica acabar con la política de vivienda y pasar a la política de barrios. Se entregara un trozo de ciudad. En efecto, el subsidio de vivienda será complementado por un subsidio del mismo ministerio para la construcción de una sede vecinal, un subsidio del Instituto Nacional del Deporte para infraestructura deportiva y un subsidio del gobierno regional para iluminación y áreas verdes. El aparato gubernamental se coordinará en un plan de inversiones para los nuevos desarrollos urbanos, dirigido por el Ministerio de Vivienda que solicitará anualmente los recursos a las distintas carteras para la consolidación

de barrios. El Ministerio de Vivienda podrá solicitar reforzar o ampliar la cobertura de Salud y Educación según estándares de cantidad de población servida y distancia de acceso.

6.2.

Recuperación existentes

barrios

Principio 25: Se deben reconvertir los barrios deteriorados de vivienda social en barrios de alta calidad urbana. La deuda con las familias que han recibido viviendas sociales en décadas precedentes, se ha intentado compensar con algunos programas impulsados por el MINVU. Dos de ellos son el Programa de Protección al Patrimonio Familiar (PPPF) y el Programa de Recuperación de Barrios Quiero mi Barrio, concebido en el Gobierno de la Presidenta Bachelet. Ambos programas poseen distintos alcances y distintas metodologías de postulación y financiamiento. En la actualidad el PPPF entrega subsidios a familias postulantes en grupos organizados, cuyos montos apuntan a financiar el mejoramiento, reparación y la ampliación de las viviendas (Títulos II y III), así como también el mejoramiento del entorno (Título I) cuyo monto es inferior. Por su parte el Programa Quiero mi Barrio ha intervenido cerca de 200 barrios a nivel nacional, postulados por cada municipio, financiándose proyectos 30

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de mejoramiento del espacio público y equipamientos comunitarios, además de proyectos de integración social y comunitaria. Pese a la potencial complementariedad de ambos programas, actualmente son escasos los ejemplos de aplicación conjunta, principalmente por los distintos requisitos de postulación. Finalmente, resulta primordial impulsar la densificación predial para entregar soluciones habitacionales unifamiliares que cuenten con predios con espacio disponible. La experiencia nos enseña como un barrio tanto en sus características físicas como comunitarias no se lo recupera invirtiendo sólo “de la puerta hacia adentro” como tampoco si se hace sólo “de la puerta hacia afuera”. Para recuperar y renovar el tejido urbano y social de un barrio es necesario un programa que aborde estrategias y soluciones integrales de mejoramiento de los espacios públicos y colectivos en conjunto con la vivienda. Medida 25: Programa Integrado de Mejoramiento de Barrios: mejoramiento, ampliación de viviendas, densificación predial y recuperación de barrios (PPPF + Quiero mi barrio + Fondo Solidario Elección de Vivienda). Se creara un Programa Integrado de Mejoramiento de Barrios para la intervención de barrios vulnerables y críticos. Los municipios y organizaciones sin fines de lucro serán los organismos

patrocinantes quienes organizaran la participación, el diseño y la demanda de los postulantes. En un solo llamado y con los mismos antecedentes los barrios podrán acceder a los tres programas. Para ello, se flexibilizarán los requisitos de postulación para estos programas, a fin de incorporarlos simultáneamente en el plan de intervención barrial decidido con la comunidad. 6.3.

Diversidad de soluciones habitacionales, de acuerdo a la nueva realidad demográfica del país

Principio 26: No todas las personas tienen las mismas necesidades, por lo tanto no todas necesitan la misma vivienda. Los datos arrojados por los últimos censos de población y vivienda, han arrojado una nueva realidad familiar, que no necesariamente se ha visto reflejada en las políticas habitacionales. Es así, como existen demandas de habitación de diversos grupos que hoy día no cuentan con acceso suficiente a programas de vivienda. El impedimento para ello, es la entrega en propiedad a personas que se encuentran en procesos de transición de su vida. Tal es el caso de estudiantes, matrimonios jóvenes, adultos mayores, migrantes, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, entre otros. Estos grupos no requieren obligatoriamente una vivienda en propiedad, sino más bien,

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una vivienda transitoria que les permita acceder con facilidad a sus lugares de trabajo, estudio o esparcimiento, a un costo de arriendo preferencial. Medida 26: Construcción de viviendas públicas en arriendo o comodato para grupos en transición. Esta medida corresponde explorar una nueva línea de construcción de viviendas nuevas, de propiedad estatal en arriendo o comodato. Estas viviendas serán entregadas a quienes cumplan con una serie de requisitos, durante un período máximo de 10 años. La administración y mantención de estas viviendas será de responsabilidad de una Unidad de Gestión de Bienes Raíces, perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales. 6.4.

Reconstrucción de la comunidad barrial

Principio 27: El mejoramiento de los barrios parte por el fortalecimiento de la comunidad La política habitacional para los grupos vulnerables y medios, desarrollada por el actual Gobierno, ha sacado al Estado como mediador entre la oferta y la demanda, mediante la entrega de subsidios al portador. Con esto, se entrega la responsabilidad a las propias familias de encontrar su propia solución habitacional, poniendo en riesgo la calidad y el justo precio de la transacción.

Adicionalmente, esto ha contribuido a la merma de el acceso de la vivienda en grupos, el estimulo a la participación en la definición de proyectos y, en definitiva, la merma de la comunidad. Esto es parte fundamental de la diferencia entre una población y un barrio. La comunidad es el alma de los barrios. La comunidad no sólo facilita la postulación sino que también genera integración, una red de ayuda social, cuidado mutuo y sentido de arraigo. Por ende, es un valor que debe ser fomentado. La conformación de grupos organizados para la postulación a programas acceso o mejoramiento de vivienda es un componente esencial de nuestra nueva política de barrios. Medida 27: Incentivos a la postulación colectiva a los programas habitacionales, incorporando el diseño participativo como herramienta de generación de capital social La conformación de grupos organizados para la postulación a programas de vivienda o mejoramiento de barrios es un valor que debe ser fomentado. Para esto daremos un subsidio especial de 75 UF a la postulación de grupos organizados que cumplan con protocolos de participación. La participación ciudadana será un factor relevante de incorporar, especialmente en las etapas de diseño de anteproyecto de los nuevos barrios. Este proceso no solo servirá para levantar los anhelos y

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requerimientos específicos de los postulantes, sino principalmente para construir sentido de apropiación y comunidad.

6.5.

Construcción de Barrios Modelo integrados

Principio 28: El Estado debe recuperar su liderazgo en la construcción del hábitat residencial. Las políticas habitacionales paulatinamente han sacado al Estado de la producción de vivienda y barrios, dejándolo relegado a un rol de definidor de las reglas del juego, mientras que el Mercado es quien define la forma de construcción del hábitat residencial. Es un imperativo que el Estado tome la iniciativa y que desarrolle una serie de proyectos integrados que marquen el inicio de una nueva manera de construir el entorno barrial.

también mayores niveles de movilidad social. Aunque existen algunas pocas experiencias en nuestro país de de barrios de ingresos mixtos, será necesario incentivar y liderar desde el Estado dichos proyectos de integración. Los encargados de liderar los Barrios Modelo, serán los SERVIU de cada región. Las familias beneficiarias serán aquellas pertenecientes a los tres primeros quintiles de la población. El desarrollo de estos proyectos será un objetivo central para esta institución y su materialización deberá marcar un camino de lo que serán los nuevos barrios para los sectores más vulnerables de la población.

Medida 28: Construcción de 5 Barrios Modelo Integrados en las principales áreas metropolitanas del país. Esta medida corresponde a la ejecución de nuevos barrios destinados a familias de diversos niveles de ingreso, denominados “Barrios Modelo”. Diferentes estudios han demostrado como los barrios de familias de ingresos mixtos presentan menores niveles de delincuencia y violencia, así como 33

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Reforma de Nueva Convivencia: Favorecer una movilidad inclusiva

La movilidad de los ciudadanos ha cambiado en los últimos años favoreciendo positivamente el uso de medios de transporte sustentables, particularmente de la bicicleta y la caminata. Fenómenos como el descontento sobre las condiciones actuales del transporte público, el aumento de los costos económicos del transporte y cambios culturales, han favorecido un explosivo aumento en los desplazamientos en bicicleta y caminata dentro de la ciudad. En efecto, según datos de la encuesta origen-destino 2006, en 5 años el número de viajes en modo bicicleta aumento en un 55%. A esto se suman mediciones detectan un crecimiento de un 100% del modo bicicleta en algunos sectores de la ciudad. Por otro lado, los viajes en modo caminata son un 37% del total de los viajes de la región metropolitana. Pese a este crecimiento explosivo, los modos de transporte no motorizado no cuentan con facilidades que fomenten y resguarden su desplazamiento. Esto, junto con desincentivar el uso de estos medios, ha propiciado el aumento de número de accidentes de ciclistas y peatones. Así hemos llegado a que según el Anuario de Carabineros, en los últimos

5 años la cifra promedio de fallecidos por atropellos está cerca de las 620 víctimas anuales. Estamos Naciones Unidas ha llamado a tomar acciones en esta línea, ya que al año 2020 esta podría ser la quinta causa de muerte a nivel mundial. Al mismo tiempo, nuestra ciudad no solo es poco amable con peatones y ciclistas, sino particularmente con las personas con discapacidad. Nuestras ciudades carecen de facilidades básicas que permitan a personas con discapacidad integrarse a la ciudad en forma segura e independiente. En Chile más de 2 millones de ciudadanos Chile viven con algún tipo de discapacidad, esto significa que al menos 1 de 3 hogares posee un integrante capacidades de movilidad o sensoriales reducidas. Según datos del Informe de Discapacidad Casen 2011 las discapacidades más recurrentes corresponden a las asociadas a la movilidad con un 50% y visuales con un 15%. Esto es un problema país que no puede quedar fuera de nuestro proyecto de vivir juntos. En las calles la lucha por el espacio para circular se hace cada vez más intensa. El aumento en los volúmenes de automovilistas en los últimos años hace que la congestión y el caos se apoderen de calles. Ciclistas, peatones y personas con discapacidad ha quedado relegados y muchas veces compiten por el poco espacio restante. Esto ha llevado al punto donde la relación imperante en las calles

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esta normada por la supremacía del más fuerte sobre el más débil. Es necesario, para un momento y retomar cambiar la dirección en la senda del respeto y la inclusión. Debemos pasar de la era de la competencia por el espacio al de la convivencia en el espacio para lograr una movilidad inclusiva de la cual todos los ciudadanos sean parte. 7.1.

Aumentar inversión de infraestructura para el fomento al uso de los modos no motorizados

Principio 29: Los modos de transporte no motorizados deben contar con importantes inversiones para su fomento e inclusión. La inversión hasta el día de hoy prioriza al transporte privado relegando a ultima importancia a los medios de transporte no motorizados. El plan Maestro de Transporte de Santiago 2025 plantea dirigir un 44% de las inversiones para el automóvil privado, mientras que las inversiones para ciclistas y peatones son del 2% y 0% respectivamente. Este tipo de inversiones fomenta el uso del automóvil y por ende, resulta en el mediano plazo en el empeoramiento de la congestión. Los modos no motorizados no solo son sustentables, saludables y democráticos, sino además son pieza clave de la descongestión. Por estos motivos, se debe priorizar las inversiones

de facilidades para estos medios de transporte.

Medida 29: 15 Planes regionales de inversión en infraestructura para el uso de la bicicleta y para el desplazamiento peatonal.

Se contará con un plan de inversión de infraestructura para medios no motorizados a nivel estratégico ministerial. Este contara con recursos para medidas tales como: expandir la red de ciclovías y el desarrollo masivo de ciclobandas, mejoramiento de veredas, calles de tráfico mixto y peatonalización de calles.

7.2.

Compartir el espacio para una movilidad inclusiva

Principio 30: De la competencia a la convivencia en el espacio público urbano. El espacio urbano es un recurso escaso. Por esto es necesario un cambio de paradigma en la movilidad urbana; debemos pasar de la lógica de competencia individual a compartir el espacio en respeto por el otro y la protección de los actores más vulnerables. Para esto, es importante establecer una nueva forma de diseñar los espacios públicos para garantizar equidad e

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inclusión de todos los tipos de movilidad. Sera necesario una redistribución de la vialidad para permitir la inclusión de todos los medios de transporte. De la misma manera, se deberá establecer nuevas reglas para la convivencia. Estas deberán transformar reglamentos y normas de transito para señalar claramente las medidas de comportamiento vial en el respeto, la protección, la priorización de los medios no motorizados. El estado restablecerá el derecho de todo ciudadano a elegir como moverse con garantías de seguridad y conectividad. Medida 30: Nueva ley de transporte no motorizado, para materializar una redistribución de la vialidad y la convivencia incorporando a ciclistas y peatones. Se promoverá un nuevo proyecto de ley que promueva la inclusión, fomento y garantías a los modos no motorizados. Este establecerá un nuevo paradigma basado en una redistribución de vías y del establecimiento de estándares mínimos obligatorios de constructibilidad. Dicha ley normará la acción de los Ministerios de Transportes, Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas para incluir a los modos no motorizados con un renovado estándar e importancia. Al mismo tiempo, se reformulara la ley de transito y el REDEVU para normar claramente la convivencia peatón, bicicleta y automóvil.

7.3.

Integración de los modos no motorizados en el sistema de transporte

Principio 31: La planificación del transporte público debe considerar la integración y complementación de las distintas formas de movilidad. El concebir la movilidad desde la integración de los distintos modos de transporte, permite dar libertad a los pasajeros de elegir los medios más eficientes y gratos para las distintas etapas de su viaje. Al mismo tiempo, permite fomentar el utilizo de los medios de transporte no motorizados en la accesibilidad al transporte público mayor. Se deben planificar e invertir para un transporte integrado con el fin de ampliar la gama de posibilidades de acceso a la ciudad y permitir la elección de modos no motorizados en distintos trayectos. Medida 31: Implementación de facilidades para el intercambio modal en los puntos de mayor afluencia de personas, especialmente para quienes utilizan medios no motorizados. Se diseñaran y construirán estacionamientos públicos gratuitos para bicicletas en 36 estaciones de metro y se identificara una red de estacionamientos de corta estadía en puntos de atracción de viajes de las ciudades. Además se mejorara y desarrollará espacios para

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movilidad cómoda y segura de peatones en estaciones de intercambio modal. Se evaluará la integración de bicicletas al interior de vehículos de transporte público.

7.4.

Accesibilidad Universal

Principio 32: Los espacios públicos y edificaciones de uso colectivo deben permitir el acceso universal de las personas a ellos. Hoy en día nuestras ciudades excluyen a las personas con discapacidad. A pesar de tener vigente desde el año 2010 una Ley de Accesibilidad, nuestros espacios públicos como cruces, aceras y accesos en general carecen notoriamente de la calidad y estándar mínimos para entregar una movilidad fluida y segura. El déficit y falta de interés por avanzar hacia la accesibilidad universal ha transformado a nuestras ciudades lugares que excluyen a un grupo importante de ciudadanos. Es necesario avanzar coordinada y comprometidamente en esta materia, tomando conciencia que al mejorar las condiciones de accesibilidad hacemos espacios más amables a todos los grupos de la sociedad. Una movilidad inclusiva significa facilitar el acceso de todas las personas a las oportunidades y calidad de vida de la ciudad. El garantizar la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas sin lugar a

dudas demanda un esfuerzo conjunto por desarrollar un ciudad accesible a los usuarios con movilidad reducida. Entonces, resulta necesario avanzar en la eliminación de las barreras de segregación espacial dando facilidades para su desplazamiento. Para esto, se debe avanzar en dos líneas; adaptando la ciudad existente y normando para que la ciudad en construcción tenga ya incluidos los estándares de accesibilidad. Medida 32: Plan Chile Accesible: Fortalecimiento de normativa vigente y Plan de Adaptación de centros cívicos comunales 100% accesibles. Se implementara un plan de inversión para dotar de accesibilidad universal a los centros cívicos comunales. Si bien se deben corregir de todos los déficit existentes en temas de accesibilidad en la ciudad, es necesario partir de manera focalizada. El Plan Chile Accesible incorporara la mejora de rebajes, guías de avance seguro, despeje de aceras y mejoras de cruces en 50 Centros Cívicos. Al mismo tiempo, por medio de la Ley de Discapacidad promulgada por la presidenta Bachelet, se implementará una reglamentación que incorporara el concepto de ciudad accesible a todo proyecto de urbanización y transporte. Dicha reglamentación se hará en conjunto con organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema con el fin de que ningún ciudadano quede fuera.

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7.5.

Educación ciudadana para una nueva convivencia

Principio 33: Todos los ciudadanos tienen derecho a compartir el espacio público y ser respetados en él. La educación cumple un rol fundamental a la hora de enfrentar los desafíos de la movilidad en nuestras ciudades. Necesitamos un programa de gobierno de educación ciudadana que apoye la creación de una nueva cultura de convivencia en los espacios públicos comunes. Esta debe promover valores y conductas ciudadanas en materias de seguridad, convivencia, respeto, aceptación de los otros e inclusión de todos los usuarios en las calles. Medida 33: Creación del Programa “Una Nueva Convivencia Vial” al amparo de la institucionalidad cultural, en coordinación con los Ministerios de Educación y Transportes. El programa una nueva convivencia vial estará a cargo de la creación de contenido y difusión de conductas ciudadanas en base al respeto, compartir y el cuidado de las personas. Contaran con presupuesto regionalizados para realizar campañas ciudadanas con el fin de atender problemáticas particulares los distintos territorios del país.

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Reforma al Patrimonio: Del congelamiento a una política de revitalización

El patrimonio es parte del bien común de nuestra sociedad y definidor de nuestra identidad urbana. Por esto es necesario avanzar de un patrimonio “congelado” a un patrimonio activo que pase a ocupar un lugar relevante en el uso y construcción simbólica de nuestra forma de habitar en las ciudades. La noción de un patrimonio objeto, monumental y aislado debe ser transformada por una nueva concepción del patrimonio al servicio de la ciudad y las personas. Esto considera el patrimonio tangible e intangible, ya que ambos son relevantes en la conformación de nuestra identidad. Durante los últimos años hemos sido testigos de una revalorización por parte de la ciudadanía de nuestro patrimonio y tradiciones. Un indicador de este fenómeno son las más de 190 mil personas que visitan a lo largo del país nuestros edificios públicos el Día del Patrimonio. A esto se suma la gran cantidad de personas que participa activamente en las fiestas tradicionales desarrolladas en las diferentes regiones del país y el sinnúmero de organizaciones ciudadanas preocupadas de la defensa de los Barrios Patrimoniales.

En este contexto, el Estado debe cumplir un rol activo en su fomento y difusión promoviendo su reutilización por sobre intereses particulares y usos indebidos. Actualmente en la ciudad podemos ver dos fuerzas operando sobre el patrimonio. Por una parte la que promueve el desarrollo inmobiliario a costa de los bienes patrimoniales; y en el lado opuesto una normativa que promueve su congelamiento. Ambas posiciones producen problemas: el patrimonio es destruido por la acción inmobiliaria, o se destruye por falta de inversión. Debido a lo anterior, resulta fundamental avanzar hacia una política de incentivo a la revitalización. El patrimonio es parte de nuestra identidad y memoria colectiva, por ende es de interés para la sociedad en su conjuntos su promoción como parte del bien común. Esto significa que no es patrimonio propio ni tampoco responsabilidad exclusiva del propietario del inmueble. En consecuencia, el Estado a través de su accionar debe normar y al mismo tiempo incentivar la revitalización del patrimonio. Por otra parte, la noción actual de declaratoria de patrimonio sobre un objeto, monumental y aislado es miope a la presencia de elementos intangibles del territorio. Es así, como condiciones de edificación, volumetrías, alturas, configuraciones de los barrios y ciudades

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no pueden ser protegidas bajo esta concepción. Menos aún, actividades y fiestas patrimoniales. Así la espacialidad del anfiteatro de Valparaíso o la altura de las fachadas continuas de los barrios no puede ser declarada condición patrimonial y por ende no, es objeto de políticas públicas. Se debe transformar la concepción del patrimonio incluyendo la visión del patrimonio tangible e intangible para poder dirigir políticas activas de promoción y revitalización. Los impactos de la valorización del patrimonio trascienden a otros ámbitos de interés cultural, ya que son un catalizador del fenómeno del turismo e imagen país, por ello es importante fortalecer la institucionalidad para el fomento patrimonial, que permita una amplia reflexión en torno a los alcances y beneficios de la conservación y revitalización del patrimonio.

8.1.

Crear una institucionalidad con atribuciones para asegurar la reflexión y promoción permanente del Patrimonio.

Principio 34: Se debe contar con una nueva institucionalidad pública que velará por la protección y promoción del patrimonio.

Necesitamos una institucionalidad que garantice la reflexión constante en torno a políticas de desarrollo, fomento y promoción patrimonial. La lógica de la actual institucionalidad está concentrada principalmente en dirimir y decidir en casos puntuales sobre patrimonio tangible y ni siquiera cuenta con recursos suficientes para su puesta en valor. Al mismo tiempo, la protección y acción sobre el patrimonio esta disgregada en distintos organismos públicos impidiendo la formulación de una política integrada. En efecto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través del Departamento de Patrimonio Urbano, Ministerio de Educación (MINEDUC), a través del Consejo de Monumentos Nacionales, y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), concentran funciones del patrimonio. Por esto, debemos pasar a una institucionalidad nueva que concentre funciones, recursos y asegure una reflexión actualizada en políticas de fomento y revitalización patrimonial. Medida 34: Creación de la Subsecretaria del Patrimonio, reestructurando el actual consejo de Monumentos. La Subsecretaria del Patrimonio contará con recursos y atribuciones propias para impulsar una política de revitalización patrimonial. Este organismo definirá las políticas públicas de inversión e incentivos, aprobará intervenciones sobre el patrimonio, tramitará las 40

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declaratorias de patrimonio sobre elementos tangibles e intangibles y se encargará de la promoción y difusión de la política. Al mismo tiempo, desarrollará estudios comparativos para mantener una política de revitalización patrimonial actualizada, según los más altos estándares internacionales.. 8.2.

Ampliar el rango de declaratoria patrimonial.

Principio 35: El patrimonio debe incorporar dentro de su declaratoria las expresiones intangibles y de paisaje que es imperativo proteger, promover y poner en valor. Para tener una política de revitalización y promoción del patrimonio es esencial la declaratoria. Es la declaratoria de patrimonio la que permite la acción de la batería de herramientas del Estado, a través de sus políticas. La ausencia de declaratoria patrimonial de elementos intangibles deja fuera de las acciones de revitalización y promoción elementos relevantes como cualidades del paisaje, condiciones urbanas o de barrios, así como una la gran cantidad de fiestas y costumbres, que podrían ser incorporadas a un tipo de declaratoria más flexible que la vigente en la Ley de Monumentos Nacionales. Es necesario extender y actualizar la declaratoria de patrimonio a actividades y características importantes para la comunidad, permitiendo la utilización de herramientas para su fomento y difusión.

Medida 35: Incorporar en el marco legal existente, la declaratoria patrimonial de elementos intangibles: costumbres, condiciones urbanas y el paisaje natural. Se cambiará la actual Ley de Monumentos Nacionales por una Ley del Patrimonio, que ampliará la declaratoria hacia elementos intangible tales como; costumbres, condiciones urbanas y del paisaje natural. A partir de esta declaratoria, estos elementos podrán ser objeto de la acción y las políticas de revitalización impulsadas por la nueva Subsecretaria del Patrimonio. . 8.3.

Incentivos para la revitalización del Patrimonio

Principio 36: El incentivo para la revitalización del Patrimonio será proporcional a nivel de restricciones impuestas. Necesitamos generar incentivos para la revitalización del patrimonio, con el fin de que los propietarios y desarrolladores no carguen con un castigo por poseer inmuebles patrimoniales. Debemos generar facilidades económicas y administrativas para la revitalización, considerando que en la gran mayoría de los casos el patrimonio está en manos de privados. Esto contribuye a otorgar dinamismo en los procesos de revitalización de inmuebles y rehabilitación de barrios, otorgando beneficios directos a los ciudadanos y entorno urbano.

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Medida 36: Programa de incentivos para la revitalización patrimonial, tales como la venta de derechos de constructibilidad, exención de impuestos territoriales y simplificación de procesos administrativos. Estos incentivos permitirán a los dueños de bienes patrimoniales, transar derechos de construcción en el mercado, pudiendo recibir a cambio recursos suficientes para la mantención y puesta en valor. Además, podrá contar con apoyo del Estado para el desarrollo de proyectos de revitalización, mediante el reciclaje para actividades comerciales acordes con la condición patrimonial.

8.4.

Integrar a la comunidad en los planes de revitalización del Patrimonio.

Principio 37: Se debe considerar la rehabilitación del patrimonio como un proceso inclusivo y participativo. El patrimonio es una construcción social definido por la valorización de la comunidad o de un individuo, por esto es importante incorporar a las comunidades con un rol activo en el proceso de revitalización de barrios y ciudades. Medida 37: Generar programas de difusión y mecanismos de participación ciudadana que incentiven la revitalización y cuidado del Patrimonio. Se debe informar a la comunidad sobre el valor de los bienes patrimoniales y la

importancia de la participación de las personas como garantes de su tradición. Para ello, resulta necesario implementar programas de difusión vinculados a centros comunitarios y establecimientos educacionales, promoviendo la participación activa en la conservación y protección del patrimonio cultural.

8.5.

Implementar planes cuatrienales de inversión para la revitalización patrimonial

Principio 38: La promoción del patrimonio requiere una inversión focalizada y planificada a mediano plazo. Necesitamos implementar planes patrimoniales, focalizados y temáticos de mediano plazo. Esto permitirá dirigir recursos y acciones en un mismo objetivo de rehabilitación patrimonial, durante un período suficiente para revertir su deterioro. Con ello, se busca recuperar también aquel patrimonio anónimo y discreto que es parte de la construcción de la identidad nacional.

Medida 38: Plan cuatrienal de Inversión Patrimonial: Primer plan de recuperación de Cités y Barrios Patrimoniales. Este plan de inversión, será temático y focalizado, por lo que se ha determinado comenzar por la recuperación de Cités y Barrios Patrimoniales, los que actualmente se encuentran fuertemente amenazados por el deterioro físico,

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hacinamiento y nula mantención de su infraestructura. La intervención en Barrios Patrimoniales, será la herramienta principal de recuperación patrimonial en el resto del país.

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Reforma para la Participación Ciudadana: más ciudadanía para territorios más inclusivos.

Actualmente los ciudadanos están más empoderados y conscientes de la importancia de participar en la toma de decisiones sobre la ciudad. Reflejo de lo anterior, es el gran número de organizaciones ciudadanas especialmente a nivel comunal que contribuyen al debate público, con ideas, visiones y propuestas en torno a problemáticas urbanas que los afectan. Esta nueva concepción de hacer ciudad, inclusiva y con conciencia de bien común ha construido un nuevo contexto para las políticas públicas territoriales. Existe la demanda ciudadana de cogenerar por medio de la suscripción de un acuerdo ciudadanía-gobierno, las nuevas propuestas y desafíos para nuestras ciudades y territorios. Por ello, entendemos la participación ciudadana como el derecho y la responsabilidad de la ciudadanía para intervenir, tomar parte y ser considerada en la gestión pública de la ciudad. La participación debe ser una práctica cotidiana de la democracia, ya que esta contribuye al uso eficiente de los recursos, a fortalecer el capital social y obtener mejores acuerdos para todos.

La base de la democracia está en el diálogo, la deliberación y la construcción de consensos. El desarrollo de cualquier política pública hoy debe dialogar con las más diversas posiciones de los diferentes actores involucrados y debe apuntar a lograr acuerdos mayoritarios que permitan avanzar hacia el desarrollo. Entendemos que asumir estos procesos implica un nuevo compromiso entre la ciudadanía organizada y el Estado, por lo que nuestro programa apunta a fomentar esta corresponsabilidad en la toma de decisiones.

9.1.

Una nueva institucionalidad para la participación

Principio 39: La sociedad civil adquiere una posición equivalente al resto de los actores frente a la toma de decisiones de interés público. El Estado debe realizar una apuesta por la sociedad civil, lo que implica desarrollar una institucionalidad con atribuciones, que permita llevar a cabo las reformas tendientes a poner la profundización democrática como un eje transversal de la modernización del Estado. A éste le corresponde definir las directrices que guíen este proceso, velar por su financiamiento público, asegurar la responsabilidad de los actores públicos y privados, pero al mismo tiempo cautelar por los intereses sub

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representados y la ciudadanía no organizada, que corren el riesgo de quedar fuera de procesos participativos mal diseñados o ejecutados. Medida 39: Creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Esta una nueva institucionalidad tendrá como fin promover y fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública. Ésta debe funcionar de manera similar al Consejo de la Transparencia, es decir, con autonomía, capacidad de ejercer coordinación entre los distintos servicios y sus políticas, asesoría técnica permanente, generación de estándares, control y fiscalización de cumplimiento de los acuerdos tomados con participación ciudadana. Será compuesto por representantes del Gobierno, de organismos internacionales y organizaciones ciudadanas de nivel nacional. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana desarrollará un programa para potenciar instrumentos y canales actuales de participación, implementando acciones como el establecimiento de observatorios de políticas públicas participativas, intercambio de buenas prácticas, fomento de la innovación ciudadana, capacitación y formación a funcionarios públicos, desarrollo de instructivos, y asesoría técnica a entidades que así lo requieran, entre otras funciones.

9.2.

Planificación al servicio de las personas

Principio 40: La ciudadanía organizada participa de manera temprana y vinculante en la planificación de su territorio. La planificación territorial debe estar al servicio de las personas, especialmente de aquellos directamente afectados por las decisiones del Estado. Esto implica desarrollar sistemas de planificación que permitan el involucramiento de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de los programas gubernamentales. Medida 40: Reforma a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre participación ciudadana en los distintos niveles de planificación territorial: comunal, intercomunal y regional. Se requiere pasar de una participación meramente informativa, a una participación dialogante con posibilidad de influir en las decisiones estratégicas. En esta medida se establecerán los alcances y procedimientos para la organización de plebiscitos para la aprobación de planes reguladores comunales.

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9.3.

Inversión al servicio de las personas

Principio 41: La ciudadanía debe participar en la concepción de las iniciativas de inversión en su territorio. La ciudadanía conoce con detalle las dinámicas de uso y movilidad de sus barrios y ciudades. Excluirlos de dichas decisiones, aumenta el riesgo de fracasos en la implementación y con ello, el uso ineficiente de los recursos públicos. Por otra parte, los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), en la actualidad son un instrumento indicativo y referencial, que no necesariamente orienta la toma de decisiones en materias de inversión en las comunas. Medida 41: Transformación de los PLADECO en un instrumento efectivo de inversión en el territorio, mediante la validación ciudadana de 5 iniciativas que contarán con un RS ciudadano. Esta medida transforma el PLADECO en un elemento vinculante, puesto que junto con incorporar participación ciudadana en su formulación, priorizará de entre su plan de acción las 5 iniciativas con mayor valoración de la población, las que contarán con una recomendación social, denominada RS Ciudadano. Dicho RS Ciudadano, establece recomendaciones para el diseño, la gestión social, las actividades de participación ciudadana necesarias y

el mecanismo de financiamiento de dichas actividades.

9.4.

Fortalecimiento de una cultura ciudadana participativa

Principio 42: Para obtener nuevos derechos, la sociedad civil deberá asumir nuevas responsabilidades. Debemos fomentar una sociedad activa, que implica cultivar espacios para la responsabilidad, mutua obligación y cooperación. Los resultados concretos que se obtienen de los mecanismos participativos y se implementan en la práctica dependen en gran medida de la existencia y capacidad existente en las contrapartes de la sociedad civil. Adicionalmente, es importante generar una cultura participativa que habilite a la ciudadanía para ejercer su nuevo rol frente a un Estado más participativo. Cuando existen redes sociales y normas de confianza (capital social) hay menor dependencia y clientelismo hacia el Estado. En este sentido, los jóvenes juegan un rol determinante como portadores de esta nueva cultura de responsabilidad ciudadana. Por otra parte, es responsabilidad del Estado el orientar la participación e involucramiento de los ciudadanos en los temas de interés público, y construir los entornos institucionales adecuados para la participación en el diseño,

Deber: “Los ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia”

implementación y evaluación de las políticas públicas. Medida 42: Creación de mecanismos de financiamiento y rendición de cuentas, para la implementación de acciones de participación ciudadana a escala local. Reformas al marco legal vigente, para entregar incentivos a la asociatividad, mayores atribuciones y responsabilidades a las organizaciones de la sociedad civil, creando nuevos espacios para la participación y la rendición de cuentas. Dichas reformas contemplan el diseño de un plan de formación ciudadana que será incorporado en el currículum educativo, así como en programas de formación de dirigentes de la sociedad civil.

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10. Medio Ambiente en la Ciudad: el Estado y los ciudadanos garantes de un medio ambiente sano

El acceso a un medio ambiente limpio y saludable debe ser un derecho a garantiza a cada ciudadano. Al mismo tiempo, el crecimiento económico y desarrollo de las ciudades se debe realizar en armonía con el medio ambiente. Así como señalara la Michelle Bachelet en su primer discurso de regreso a nuestro país “Lo he dicho siempre pero lo quiero reiterar: el verdadero desarrollo no existe si no es inclusivo y sustentable” (Discurso 27 Marzo 2013, El Bosque) Debemos superar la inequidad ambiental producto del traspaso de los costos de las acciones individuales a la ciudad y las comunidades. En efecto, los costos medioambientales –la contaminación atmosférica, los malos olores, ruidos molestos, vertederos ilegales - son traspasados a las zonas periféricas de nuestras ciudades afectando directamente a comunidades vulnerables. Habitualmente nos enteramos del deterioro del medio ambiente y el consiguiente efecto sobre la calidad de la vida de las personas por medio de movimientos sociales que son la “voz de alerta” de las comunidades (Freirina, Tocopilla, Ventana). Estas demandas en la mayoría de los casos ocurren tardíamente y evidencian un

daño irreversible en la salud de las personas. Bien Común y Responsabilidad Ambiental son los principios que proponemos para una nueva convivencia con el Medio Ambiente. Por un lado, el medio ambiente en la ciudad es un bien común. Es decir, cuando se provee un ambiente de buena calidad, este es disfrutado por todos sin excepción y a su vez también los efectos de su deterioro nos afectan a todos. Por otro lado, es la responsabilidad de cada ciudadano y del Estado el cuidado y la preservación del medio ambiente. Necesitamos a través de la política pública garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente saludable y contrarrestar el traspaso de costos individuales a la comunidad. 10.1 Contaminación Atmosférica, energía limpia para mejorar la calidad del aire

Principio 43: Es necesario garantizar la calidad del aire urbano para cuidar la salud de las personas. Durante la última década se logró un importante avance en la calidad del aire en la Región Metropolitana, disminuyendo las alertas y preemergencias de cada año. En el período 1997-2011 los días sobre la norma disminuyeron de 112 a sólo 28, los días de alertas de 38 a 16 días y las preemergencias, de 37 a 3 días.

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Sin embargo, este problema sigue siendo un desafío en las ciudades del sur como Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Angeles, Temuco, Valdivia y Osorno las cuales tienen concentraciones anuales de PM 2,5 (material particulado fino) que duplican la norma chilena y con índices diarios que pueden cuadruplicar la norma diaria. Por un lado, la falta de monitoreo diario de la calidad del aire en regiones impide actuar en forma oportuna en días críticos. Por otro lado, el uso sistemático de la leña como principal fuente de energía para la calefacción residencial tiene en escenario critico la calidad del aire en diversas ciudades. Las externalidades negativas que genera una estufa a leña se evalúan entre 4.300 a 7.000 dólares al año, por concepto de enfermedades y mortalidad prematura. Es necesario, extender el monitoreo de la calidad el aire a las diversas regiones del país y actuar sobre la calefacción como principal fuente contaminante. Medida 43: Subsidio “Aire Puro” al recambio de fuente de energía (estufa a leña) en proporción a los costos medioambientales y monitoreo de la calidad del aire en las principales ciudades del país. El subsidio al aire puro consistirá en el financiamiento al cambio de estufas a leña por una de alta eficiencia y ahorro en dinero. El valor del subsidio al “Aire Puro” será proporcional a los costos medioambientales producidos por la

calefacción a leña. Este subsidio se otorgara a las familias en proporción a su nivel de ingresos (ficha de protección social) y operara en las comunas saturadas de contaminación atmosférica. Al mismo tiempo, se crearán centros de monitoreo de la calidad del aire que permitirán establecer medidas de mitigación con prontitud ante escenarios críticos.

10.2 Ordenamiento Territorial para el mundo rural

Principio 44: Es necesario extender la regulación del Ordenamiento Territorial al mundo rural. Muchas de las actividades productivas se encuentran en el área rural no estando sujetas al ordenamiento territorial. Sin embargo, los usos de suelo en nuestro territorio rural afectan directamente al medio ambiente, la calidad de vida de las personas y la actividad productiva. En primer lugar, la instalación de industrias y actividades productivas en suelos rurales puede afectar los ecosistemas y la biodiversidad: cuencas hidrográficas, salares, lagunas, humedales, especies de vegetación nativas, entre otras. En segundo lugar, la instalación de actividades molestas, agro-industriales o industrias contaminantes afecta la calidad de vida de las comunidades rurales. Finalmente, la no regulación y falta de criterios claros para la ubicación

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de industrias molestas o peligrosas pone en riesgo la propia actividad productiva. Por un lado las industrias contaminantes pueden afectar la productividad de actividades vecinas; mientras que por otro lado el rechazo de la comunidad aumenta directamente el riesgo de perder la inversión asumida por el sector privado. En consecuencia, necesitamos regular y establecer criterios claros de uso del suelo en zonas rurales para regular la ubicación de industrias y actividades productivas -agroindustria, forestales, mineras- llevando los beneficios del ordenamiento territorial al mundo rural. Medida 44: Implementar Planes Reguladores Rurales en todo el territorio nacional. Los nuevos planes reguladores comunales normarán el uso de suelo del territorio urbano y rural. Esto se implementará por medio de la actualización de los planes reguladores realizándose mediante un esfuerzo extraordinario para actualizar los instrumentos de planificación territorial.

10.3 Manejo de Aguas lluvias: desimpermeabilizar la ciudad para evitar inundaciones

facilitar el drenaje natural del suelo para evitar inundaciones. El problema de las inundaciones en las ciudades radica en gran medida por la impermeabilización del suelo, producto de la pavimentación de las calles. Esto genera las aguas lluvias sean conducidas desde los sectores altos y se acumulen en los sectores más bajos de la ciudad. Estos lugares, generalmente coinciden con los sectores más vulnerables. La solución actual es costosa e ineficiente. Basada en el principio de conducción de las aguas lluvias atraviesan la ciudad a través de colectores. El alto costo de construir y mantener esta red impide su extensión a todos los sectores de la ciudad. Al mismo tiempo, muchos de estos colectores colapsan todos los años conforme reciben cada vez más agua desde nuevos sectores urbanizados en la ciudad. Es necesario pasar de las soluciones de conducción a las de desimpermeabilización. Para eso es necesario ampliar la gama de soluciones incorporando la absorción y almacenamiento de aguas lluvias en los sectores donde se producen. Estas soluciones permitirían generar una red de drenaje natural de menor costo, extensible a toda la ciudad y equitativa al evitar el traspaso de las aguas lluvias a los sectores más vulnerables.

Principio45: Debemos frenar la impermeabilización de las ciudades y

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Medida 45: Normativa de absorción y almacenamiento de aguas lluvias en nuevos proyectos viales y de pavimentación. A los nuevos proyectos viales y de pavimentación de calles se les exigirá en forma obligatoria dar solución a las aguas lluvias mediante absorción o almacenamiento de estas dentro del propio proyecto. Para esto se fomentará el uso de soluciones de pozos absorbentes, pavimentos porosos y el almacenamiento de aguas lluvias en plazas y parques, entre otros.

10.4 Áreas Verdes y Vegetación

Principio 46: Debemos garantizar equidad y distribución igualitaria de áreas verdes en nuestras ciudades. La falta de áreas verdes y vegetación empobrece la calidad de vida de nuestras ciudades. Existen muchas comunas muy lejos del estándar mínimo -9m2 x persona- de áreas verdes definido por la Organización Mundial de la Salud. En palabras de la presidenta en relación a esta realidad “hay chilenos que viven como en Europa pero hay otros que viven como en los países menos desarrollados” (Encuentro Programático Ciudad y Territorio, 19 de Junio 2010). Al mismo tiempo, existe una necesidad social de actividades al aire libre, contacto con la naturaleza y recreación

por parte de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables. Uno de los grandes impedimentos para el desarrollo de parques urbanos ha sido la falta de instituciones regionales capaces de gestionar, financiar, mantener y programar actividades para parques de gran escala. Al no existir estas instituciones, la carga financiera recae sobre los municipios impidiendo la generación de parques de gran escala, de calidad y con actividades de alto estándar. Es necesario crear agencias regionales que planifiquen, financien, programen y mantengan parques en todas las regiones de nuestro país. Es necesario y urgente hacer un gran esfuerzo en el próximo periodo presidencial

Medida 46: Creación de 15 parques regionales a cargo de las “Agencias de Parques Regionales” (APR) Se crearan 15 APR dependientes del MINVU, las cuales estarán a cargo de la inversión y mantención de parques regionales festivos, agradables y de primera calidad. Cada una de estas agencias creará a lo menos un parque de gran escala en cada región y estará a cargo de su mantención. Al mismo tiempo, deberá organizar eventos culturales y deportivos a lo largo del año para todos los tipos de usuarios.

Deber1: “Los ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia”

10.5 Residuos y Reciclaje

Principio 47: Debemos promover un manejo responsable de nuestros residuos basado en Reducir, Reutilizar y Reciclar Existe un aumento sostenido de la generación de residuos domiciliarios producto del crecimiento de la población y la transformación de los patrones de consumo. La tasa anual de crecimiento se estima entorno al 2% por lo que llegaremos al 2020 a generar 4.000 ton/año en la RM. A su vez la composición de los residuos ha cambiado –disminuyendo los residuos orgánicosy diversificando su composición. El total de residuos reciclados en nuestro país está alrededor del 14% (mayoritariamente papeles y cartones) muy por debajo de los países desarrollados que fluctúa entorno al 30%. Los encargados de la recolección y eliminación de los residuos domiciliarios son los municipios. Estos deben cubrir con sus propios recursos el elevado costo que significa la recolección. Estos costos pueden llegar hasta una 30% de su presupuesto. El mecanismo del pago de los derechos de aseo por medio de las contribuciones, afecta directamente a las comunas de más bajos recursos debido a que la gran mayoría de sus viviendas está exenta de este pago. Esto mantiene en una crisis permanente a los municipios de menores recursos quienes

obtienen una muy bajo porcentaje de recaudación de los costos totales de la recolección. Por ejemplo como en Puente Alto y San Antonio sólo cubren un 8% y 12% de sus costos totales vía pago de contribuciones. En el país y en la RM, no existen incentivos para que la ciudadanía separe en origen material reciclable. A su vez el mecanismo del pago de la gestión de los residuos domiciliarios por medio de contribuciones, produce que este costo no sea internalizado por la gente. A pesar de un creciente interés de la ciudadanía por participar activamente en el cuidado del medioambiente, no existen los incentivos y facilidades para fomentar el reciclaje. Cuando existen estos están concentrados mayoritariamente en las comunas con mayores ingresos (puntos limpios). Por lo anterior necesitamos crear un plan de reciclaje a nivel nacional para aumentar nuestro porcentaje de residuos reciclados, valorizar los residuos y disminuir los costos de su disposición a los municipios. Medida 47: Programa “Chile Recicla”, duplicaremos los puntos de valorización de residuos -puntos limpios- en Chile. Se duplicará el número de puntos de reciclaje, concentrándolos entorno a los centro cívicos comunales partiendo por las comunas más vulnerables del país. La inversión será financiada por el gobierno 53

Deber1: “Los ciudadanos y el Estado deben juntos velar por el bien común y la convivencia”

central y la administración será de carácter municipal. El retiro de residuos se realizará en convenio con organizaciones sin fines de lucro y/o cooperativas de recicladores urbanos. A los puntos limpios se asociarán programas de fomento a la reducción, reutilización y reciclaje de basura, así como incentivos adicionales a las comunas que más reciclen.

ANEXO 1: ENTREVISTAS

METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA PROGRAMATICA CIUDAD Y TERRITORIO

El trabajo tuvo un fuerte componente participativo, que se centro en conversaciones con distintos actores relevantes en materias competentes al tema de “Ciudad y Territorio”. Lo central fue escuchar a la gente y recoger los diversos planteamientos con respecto a problemáticas, soluciones y reformas necesarias en este ámbito, esto con el objeto de avanzar hacia la construcción de ciudades más inclusivas y equitativas. En este proceso participaron académicos, profesionales, políticos, dirigentes sociales, vecinales y de agrupaciones ciudadanas, todos pertenecientes a distintos ámbitos y quehaceres de la sociedad. En base a esto se definieron y ocuparon las siguientes herramientas de trabajo para la construcción de esta propuesta. 1234-

Entrevistas Personales Líderes de Opinión. Mesas de Trabajo Temáticas. Mesas de Conversación Regionales con Académicos. Encuentros Regionales con Organizaciones Ciudadanas, Sociales, Vecinales y Concejales.

Las Mesas de Trabajo Temáticas se incluyen en una ficha de resumen en anexo 02, estas se efectuaron durante los meses de abril y mayo, en estas participaron más de 50 actores relevantes e incumbentes respecto al tema de “Ciudad y Territorio”. Estas reuniones se organizaron en base a la presentación inicial de un especialista en el tema específico para dar luego paso a una conversación abierta en donde todos los asistentes debatían y exponían sus puntos de vista y planteamientos. Las Mesas de Trabajo Temáticas fueron las siguientes: 123456789-

MODOS NO MOTORIZADOS DISEÑO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO REGENERACIÓN Y PATRIMONIO URBANO SEGREGACIÓN RESIDENCIAL VIVIENDA POLÍTICAS PÚBLICAS Y TERRITORIALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA CALIDAD DE VIDA Y BARRIOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Se considero vital recoger la opinión y visión regional, para esto se sostuvieron dos Mesas de Conversación Regionales con Académicos, en las ciudades de Valparaíso y Concepción…

Finalmente y de la mano de estos encuentros con académicos también se sostuvieron “Encuentros Regionales con Dirigentes Sociales , Vecinales y Concejales de Regiones”, en donde se recogieron experiencias críticas y propuestas de cada una de estas comunas, esto con el sello que implica la visión regional. Estos encuentros se efectuaron en Villarrica, Talcahuano y Valparaíso.

ENTREVISTAS REALIZADAS A LÍDERES DE OPINIÓN Entrevista Fecha

Arquitecto U. de Chile, Ex Subsecretario de Planificación Abril de 2013   

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Déficit ha siso adecuadamente abordado. Hoy el problema es mejorar la calidad de la vivienda (superficie y materialidad) y las condiciones del entorno urbano (localización y conectividad). Se deben proveer viviendas con estándares que aseguren la equidad. La salida del Estado de su rol de proveedor de vivienda hizo que hubiera una entrega descontrolada de vivienda. Hoy día hay familias que recibieron 2 o más viviendas sin necesitarlas e incluso se ha identificado viviendas desocupadas. Equidad es mejorar la calidad de la vivienda en sí, mejorar estándares, mejorar temas de localización y estándares urbanos, y tener una mejor focalización a la hora de seleccionar beneficiarios. Hay segmentos de la población que requieren de vivienda, pero que han quedado fuera de los mecanismos de selección tradicional (familias mono parentales, unipersonales, grupos étnicos y otros). Programas especiales para adultos mayores (ver cifras). Ver soluciones habitacionales de apoyo al arriendo o comodato para grupos especiales para llegar a grupos inabordables.

Problemas:

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1) Localización, 2) financiamiento (público y familiar), la proporción que paga la gente es muy baja, 3) mecanismo de provisión de la vivienda que se traduce en calidad, no puede ser la familia la que deambula en la búsqueda de su vivienda. En este gobierno existe una pérdida del vínculo entre oferta y demanda: tanto en el aseguramiento de que exista suficiente oferta según la demanda, como en que lo que se demande, cumpla con un estándar de calidad ad hoc a los recursos involucrados (asesoría técnica del Estado). Hoy día sólo se entrega el cheque a la familia y que se las arregle sola. Y es mucho dinero como para dejar que las familias se equivoquen en esta decisión.

Reformas:

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1) Financiamiento. Sistema de financiamiento que permita mejorar la

focalización y mejorar los sistemas de ahorro previo (cajas de ahorro y préstamo). 2) Participación del Estado en la relación oferta y demanda. Estado que mandata y que supervisa. 3) Localización. Incentivar la localización cercana a centros de servicios comunales.

Entrevista Fecha Conversación Puntos Principales

Ph.D en Planificación Urbana, abogado. Concejal Abril de 2013 

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Problemas

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Reformas

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Está de acuerdo con que la desigualdad está instalada. La ciudad es el escenario donde se producen, se instalan todas las desigualdades. No es un tema menor. La ciudad se ha quedado atrás de lo que la ciudadanía le está exigiendo. La Reforma Urbana es la nueva Reforma Agraria. La forma de vida urbana está afectando la forma de vida de las familias de una manera muy injusta. Hemos construido una ciudad a punta de políticas de vivienda. La ciudad se planifica. Debe haber un gobierno metropolitano. La coordinación entre instituciones públicas no puede ser sólo por buena voluntad. Pese a existir instancias de planificación en las instituciones públicas, al Estado no le interesa. Son consideradas de segundo orden. Lo que importa es el día a día, la contingencia. El mercado es el que hace ciudad. La desigualdad es la relación que hay entre tu nivel de ingresos y el lugar donde naciste. Deben existir mínimos urbanos garantizados a los ciudadanos, en temas de educación, transporte, salud, áreas verdes. Tu éxito no puede depender del lugar donde naciste. Se debe apuntar a contar con una CIUDADANÍA PLENA. Inclusiva es una ciudad que no expulse a sus ciudadanos. El Estado debe asegurar una ciudad que tenga la misma cara al menos al 80% de los ciudadanos. Políticas sociales de carácter universal. Contar con una misma experiencia urbana. Democracia urbana. 1) Transporte, no movilidad, sino accesibilidad a los lugares que me permitan acceder a mi ciudadanía. Los proyectos de transporte deben asociarse a los servicios sociales. 2) Reforma de suelos. El Estado debe exigir cuotas de integración social. No juntando grupos muy opuestos. Estado debe adquirir suelos en zonas céntricas. 3) Captura de plusvalías por parte del Estado. Rol más agresivo, Estado más planificador. Los recursos capturados podrían ir a proyectos públicos prioritarios. Separar el subsidio de la vivienda del de suelos. Crear un fondo mediante impuesto a las construcciones. Se requiere una institucionalidad distinta para las ciudades metropolitanas.

Entrevista Fecha

Arquitecto Universidad de Chile, Diputado PPD Abril de 2013 

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Problemas:

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Reformas:

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Patrimonio en el desarrollo. Capacidad de la ciudad para insertar el patrimonio a las reglas del mercado. Romper el complejo de que alguien obtenga un subsidio para ganar utilidades o ingresos (existe en otras áreas). No es lo mismo un monumento histórico que un inmueble de conservación. No es sólo un tema de plata, sino un tema de diseño. Hay un desprecio a la intervención contemporánea. Se requiere generar el diálogo entre lo patrimonial y lo contemporáneo. Bonos transables deben estar presentes. Zonas otorgadoras y receptoras de bonos. Ciudades y barrios seguros. Va más allá del tema policial. Intervención situacional. Conquistar el espacio público produce seguridad. Características que atraen a los buenos. Los colegios deben ser utilizados después de las 19:00 hrs. Problema de los bienes comunes destruidos en los condominios sociales. Proyectar el programa de los 3PF. Hay que hacer más cosas en este programa. Extenderlo a los bienes comunes. Invasión del espacio común por parte de los primeros pisos. Hay una ley del mono en proceso de aprobación. Proceso de ampliaciones informales en condominios sociales. 1.700.000 personas viviendo en ghettos. Reforzar el mensaje de que el déficit ha sido controlado por las políticas de vivienda de la concertación. Había que dar techo y sacar a la gente que vivía en campamentos. No se podía esperar una política de suelo. La segregación es la distancia entre conjuntos de distintos grupos de la sociedad, concentrados homogéneamente y dispersos. La segregación provoca pobreza con desesperanza. Deseos de resolver aceleradamente sus problemas. Se instala la idea de que la droga, la prostitución es un camino aspiracional. El fracaso se transforma en una experiencia territorial. Dan ganas de renunciar a los sistemas formales (trabajo, educación, estado, democracia). Ausencia de diversidad social produce información negativa redundante. Se invisibilizan las oportunidades. Medidas y políticas. Subsidios habitacionales que garanticen integración social. Densificación predial. Subsidios de arrendamiento. Redefinición del concepto de vivienda social. Regulación del tamaño máximo de barrios. Programas de compra de vivienda social usada. Control del tamaño de los barrios cerrados. Diseño urbano de barrios. Políticas. Política de suelo integrado socialmente. Activar la compra pública de suelos. El Estado puede intervenir en sectores bien localizados, donde el mercado no puede intervenir por complejidad de la gestión. Zonificación de suelos con destino de vivienda social. Cuotas de integración social en proyectos inmobiliarios. Proyectos de

recuperación de plusvalías. VER PROPUESTA DE PNDU. Recuperación de plusvalías. No se puede recibir un beneficio sin esfuerzo moral ni empresarial. Sólo por voluntad de la comunidad. O se devuelve una parte o el total. Los que conocen la hoja de ruta de la planificación y de la inversión pública tienen ventajas sobre el resto. La plusvalía por especulación está asociada a la escasez de suelo. La plusvalía debe tratarse como una devolución de los beneficios mediante una contraprestación. Hoy día no tienen una contraprestación. El Estado le da a algunos beneficios financieros.

Entrevista Fecha

Alcaldesa PDD, Líder de Opinión Abril 2013    

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Ciudad debe entenderse como un espacio de convivencia de personas. Hoy las ciudades son segregadas, se conforman de acuerdo a capacidades económicas de la población, solo algunos se quedan con los beneficios de esta. La contratendencia debe ser definir estándares de calidad, combatir la segregación, generar más mixtura, en esto hay que invertir más recursos económicos, pero también más energía. Se debe corregir presupuestos e inversión para la materialización de intervenciones urbanas, se debe priorizar en busca de equidad social, complejizar rentabilidad social. Se deben establecer estándares de servicios y equipamientos superiores. Respecto a la convivencia encontramos lugares degradados, se producen usos ciudadanos distorsionantes. Hay que mejorar conductas y compromisos de la comunidad, generar capital social para un buen uso del espacio público. Patrimonio en situación crítica, se está descapitalizando principalmente por el rol del sector inmobiliario y la construcción. Solo existen instrumentos de protección de este y no de revitalización. Patrimonio es clave en la identidad de la ciudad, sin este la ciudad es solo un lugar. Tema ambiental, gran problema la congestión de la ciudad, la accidentabilidad, la agresividad. Se necesitan calles más amables y silenciosas, diseñadas y pensadas para las personas, no seguir priorizando el auto, bajar velocidades. No es que el Estado escuche a los vecinos, se deben generar entendimientos, se deben generar compromisos entre actores para una mejor convivencia.

Entrevista Fecha

Académica Universidad de Chile e Investigadora Instituto de la Vivienda FAU. PhD. London School of Economics Abril de 2013 

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Ver la segregación de forma cualitativa, ver la relación de la gente con ese espacio segregado. Poner el foco en las personas más allá de los números, para entender la complejidad de lo que pasa. Espesor de la complejidad. Multidimensionalidad de la segregación. Entender la desigualdad como accesibilidad al trabajo, a las actividades, a encontrarse con otras personas. Hoy día la ciudad está siendo desarrollada mediante fragmentos, que se transforman en barreras. Lo que convive con barreras tecnológicas, organizacionales y otras. El foco debe estar en la vida de las personas y no en las facilidades que se le da al desplazamiento de los automóviles (horario diferido de ingreso a los colegios). Barreras cívicas (habilidades sociales). La localización de los servicios públicos debe ser revisada. El territorio no puede ser entendido como un receptor de actividades, sino cómo influyen en las personas que habitan en dichos lugares. Implementar una política de arrendamiento. Implementar políticas de habitabilidad más sensibles y personalizadas a las demandas de las familias. Que recoja las diferencias entre ellas. Esto permitirá contar con una visión más amplia de las mejoras en calidad de vida. Hoy vuelve el tema del allegamiento a la agenda pública, debido a la necesidad de contar con las redes de apoyo que proporciona la familia. Hoy existe una demanda de la ciudadanía por trabajar proyectos integrados que resuelvan los requerimientos habitacionales de distintos grupos de la sociedad. No obstante, la institucionalidad pública no está adaptada a estos requerimientos diversos y multisectoriales. Más que colocar el foco en que la integración consiste en compartir espacios comunes, se debe enfatizar que la integración se de en compartir actividades comunes. Se requiere una gestión estratégica que acompañe proyectos de esta complejidad. No se puede rigidizar la delimitación de los barrios a intervenir. Deben existir beneficios alternativos que compitan con la oferta del delito. Desarrollo de políticas de vivienda en red, vinculadas al resto de los servicios públicos. Se requiere rearmar los circuitos de convivencia. El tema medio ambiental (La Greda, Copiapó). La contaminación producida por las industrias, mineras. La contaminación no está siendo tratada como un tema prioritario. La movilidad, el transporte, la congestión, tiempos de viaje, la forma en que se viaja. No sólo en Santiago, sino en otras ciudades del país. Hay poco control de cómo se

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Reformas:

Entrevista

Fecha Problemas

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está moviendo la gente. La desigualdad. Todos estos temas son peores para las mujeres, minusválidos y para los pobres. El problema de las nanas que van a Chicureo. El problema de suelos. Cómo se regulan los suelos. Cómo se recuperan e invierten las plusvalías del suelo. Otro tema es el de las empresas de servicios. La separación del Estado de los servicios básicos. Aquí se corta el agua y nadie es responsable. Telefonía, gas, agua, electricidad y otros. No es tema todavía, pero va a ser. COMPETENCIA SOBRE LA RED. NACIONALIZACIÓN DE LA RED. Telefonía, ferrocarril y otros. No se trata sólo de mejorar los conjuntos por fuera. Sino reformar estructuralmente. Se requieren normas claras sobre el suelo. Mayores cobros a quienes poseen terrenos baldíos dentro del límite urbano. Que pasa con el límite al número de propiedades, 1000 o más propiedades, creo que es difícil regular la tenencia. Sobre el tema de las áreas verdes, se requiere pensar el paisaje urbano y cómo se integran a la comunidad. Pueden ser parques, huertos y otros. Los Allotment son predios públicos para el cultivo comunitario. Tienes la obligación de ocuparlos. Hay listas de espera. Este proyecto puede estar asociado a reciclaje y compostaje. Hay un tema de educación también para que no te roben todo. Está cercado y cada vecino tiene llave del candado de acceso. Esto podría aplicarse en sitios eriazos ubicados en lugares con potencial. Esto es complementario a la materialización de parques. Requiere de una administración. Respecto a la coordinación de la intervención pública, debe existir un ente dedicado al territorio. Por ejemplo, el municipio con más competencias y recursos. Avanzar en la nueva institucionalidad ambiental. Se requiere monitoreo y seguimiento de la acción de esta nueva institucionalidad. SEREMI, Superintendencia y Tribunales ambientales y Servicio de Evaluación. Se requiere entender el territorio en los temas de movilidad. Comprensión del territorio en RED, integrada y coordinada. Dificultad para establecer estándares mínimos garantizados para la ciudad, puesto que no sólo el estándar define lo que necesitan las familias.

Académica, PhD, University College London. Magíster en Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile. Abril de 2013 

El principal problema de la vivienda hoy día es el barrio. La falta de servicios, de equipamientos. El segundo es la segregación. En Chile hoy día el problema no es la carencia, sino la violencia existente en los barrios (patologías sociales). Hay un problema de pobreza y carencia con los inmigrantes que viven en condiciones infrahumanas en los centros urbanos. Todavía existen problemas de calidad en las

Reformas

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soluciones habitacionales entregadas. El Estado como constructor no ha sido eficiente. Viviendas vacías y desvalijadas, producto de problemas de focalización. Hay que entregar viviendas a quienes cuentan con ingresos para mantenerlas. Hoy existen familias que cuentan con subsidio, pero que no encuentran solución adecuada para utilizarlos. O que reciben viviendas sobre subsidiadas, que luego las venden para recibir recursos adicionales. Los subsidios de localización no han sido adecuadamente aplicados, ya que el subsidio al suelo se lo llevaron los gestores inmobiliarios sin mejorar necesariamente la solución habitacional. La política de buscar suelos baratos para construir vivienda social no da para más. No podemos seguir construyendo una ciudad para los ricos y otra para los pobres. Concepto de la Nueva Pobreza Urbana, donde además de tener barrios deteriorados, sus redes sociales se han visto cortadas por el desplazamiento. El Estado debe asegurar un nivel mínimo de servicios urbanos, especialmente para los grupos que tienen menos herramientas para proporcionárselos por su propia cuenta (discapacitados, indígenas, inmigrantes y otros). Intervención sobre el hábitat residencial. Proyectos de regeneración urbana inclusiva. Perfeccionamiento del sistema del subsidio a la demanda (afinar el modelo). No creo que los planes reguladores debieran indicar zonas de vivienda social y luego expropiar terrenos para ejecutarlos, independiente de la comuna donde se apliquen, puesto que es ir en contra de la ley de mercado. Dichas viviendas serán compradas a buen precio por las inmobiliarias y la gente tendría que irse a otra localización (gentrificación). En Francia existe la ley del 20% de vivienda social. Los municipios ricos pagan un impuesto para no hacerlo. Además existe una cuota sobre proyectos inmobiliarios. Hay estudios que hablan de una proporción de vivienda social y vivienda media/alta. Hasta el 20% en el caso francés. En Chile sería adecuado con gente que es residente del barrio o de la comuna. Sobre el caso de la vivienda en arriendo, sería una alternativa para viviendas sociales bien ubicadas donde el valor de suelo no alcance para financiar vivienda en propiedad. Proyectos piloto de viviendas sociales o económicas financiados por nuevos proyectos inmobiliarios (dentro de la comuna o en el mismo edificio). Como una forma de mejorar la integración se debe promover el encuentro en espacios públicos comunes, más que compartir viviendas. Ver modelo de Washington.

Entrevista

Fecha

Líder de opinión, Master Desarrollo Urbano en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontifica Universidad Católica, Arquitecto Universidad Católica de Valparaíso. Abril de 2013  

Problemas

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Reformas

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En agosto tendrán un paper sobre segregación elaborado junto a otros especialistas. Nueva mayoría política y social que cambie las dinámicas de desigualdad y promueva la inclusión. Segregación, transporte e institucionalidad. Los tres temas están vinculados. Barrios segregados, equivalentes a 700 mil viviendas, 400 mil en Santiago, 200 mil son bloques de vivienda. Los focos están identificados territorialmente. Con deterioro y mucha violencia urbana, controlados por el narco. Otro tema de la segregación tiene que ver con los municipios, que están quebrados, sin capacidad de generar los cambios que requieren. En el caso de Santiago hay 15 municipios que son incapaces de invertir. La vivienda social nueva que se requiere no tiene suelo disponible (entre 300 y 400 mil). No hay terrenos para ubicarlas por precio. Se ha instalado un discurso que asocia la segregación con la especulación y que por eso el Estado no puede comprar terrenos. Existen 3000 hectáreas dentro del límite urbano que corresponden principalmente a suelos industriales y sitios eriazos. No es suficiente para resolver el déficit de vivienda nueva. El PQMB tuvo dos problemas: causas exógenas al barrio y recursos insuficientes (1000 millones). La planificación a nivel regional no existe. Cuotas de vivienda social (en suelo o unidades) para proyectos periféricos y proyectos en densidad (8-10-15%). La vivienda social nueva debe ser en un 70% de departamentos. Porcentaje exigido o como incentivo. Comprar suelo para un banco de terrenos con fines sociales. Potenciar el subsidio para la compra de vivienda usada. Se debe delimitar territorialmente. Voucher que se puede usar en sectores predeterminados. Subsidio de arriendo o viviendas de transición, ya que a la familia le cuesta salir de la vivienda entregada originalmente, que es pequeña y rígida para adaptarse a los requerimientos familiares. En Santiago el Fisco tiene 1000 hectáreas urbanas subutilizadas. Una señal potente sería crear este banco de proyectos. Zonificar como vivienda social en los planes reguladores, es interesante, pero con bajos dividendos políticos a nivel municipal. Para evitar la especulación de terrenos baldíos en áreas urbanas, se debe aumentar la sobretasa y regular los destinos agrícolas artificiales. Las cuotas de vivienda social es el gran tema para resolver el déficit de vivienda. Acotaría el subsidio de localización a sectores específicos y delimitados. Y para atacar la segregación existente es necesario TRAER AL ESTADO DE VUELTA A LA PERIFERIA. Este es el gran tema del Estado para los próximos 4 años, aunque sea caro y

Transporte:

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Institucionalidad:

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menos rentable políticamente. En los municipios quebrados debe hacerse una fuerte inversión del Estado acompañada de fortalecimiento de las capacidades técnicas y de administración (capacitaciones, mejoramiento plantas). En materias de espacios públicos y equipamiento se debe invertir en MANTENCIÓN. Aumentar su presupuesto mediante pago de contribuciones por parte del Estado. Redistribución del FONDO COMÚN MUNICIPAL. De un 25 a un 75% de redistribución, los que deberían irse a la mantención de espacios públicos, equipamientos e infraestructura en las comunas más vulnerables. Se requiere un cálculo adecuado para conocer las cifras reales. Terminar con el monopolio de la perspectiva de la ingeniería de transporte en los proyectos. Se requiere verla con el prisma del diseño urbano, paisajismo y otros. Evitar proyectos como el corredor Santa Rosa y San Pablo. Llevar el metro a barrios vulnerables. El criterio de localización de metro debiera ser barrios vulnerables de bajos ingresos. Modificar los criterios de evaluación social existente. Revisión profunda a Transantiago. El subsidio a la oferta es oscuro. El paso por la Alameda podría entregarse a Metro. Más trenes suburbanos y modos no motorizados. Existe un problema de coordinación serio. Superposición de funciones. Se requiere alinear al menos a 3-4 ministerios. Replicar la estructura municipal a nivel regional. El Intendente 2.0 a cargo de los SEREMI, significa que el poder central debe transferir poder a nivel regional y además, la transición es dolorosa. Esto requiere desacoplar las seremis de los ministerios o hacer crecer la planta de los gobiernos regionales. El Ministerio de Transporte no tiene capacidad de ejecución. Lo de las ciudades modelo no va a funcionar debido a esta incapacidad. SERVIU debe pasar a la SEREMI MINVU, ya que hoy día funciona de forma autónoma. Incapacidad técnica de realizar todos los proyectos que se requieren. La demora de los proyectos importantes (4-7 años) se debe principalmente a los largos plazos en los estudios de prefactibilidad y la participación de Contraloría. Se requiere modificar la evaluación social de los proyectos para agilizar esta demora. Incluir en la misma etapa de diseños de ingeniería, estudios acotados de prefactibilidad. La evaluación social debe hacerse al paquete de prefactibilidad, diseño y ejecución. No evaluar etapa por etapa. En el programa debiera estar identificada regionalmente cada iniciativa de inversión que tenga claridad para materializar en el período presidencial. Sobre la captura de plusvalías, existen dificultades prácticas, partiendo de que gran parte de las viviendas no pagan contribuciones, por tanto no apuntan al eje del problema. No tiene sentido capturar plusvalías en zonas vulnerables, puesto que se transforma en un mecanismo regresivo. CUOTAS DE VIVIENDA SOCIAL, COMPRA DE SUELOS DEL ESTADO Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS SOCIALES EN TERRENOS FISCALES EXISTENTES (CERRILLOS, SAN EUGENIO, LA PLATINA).

Entrevista Fecha Conversación Puntos Principales

Líder de opinión, Arquitecto y Magister Urbanismo y Desarrollo Territorial, Universidad Católica de Lovaina-La-Nueva. Abril de 2013  

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La clave es situar el problema de la ciudad y territorio en el debate de lo político y en la calidad de la democracia. Instalar el tema de la cultura urbana. Ir a buscar una mirada interdisciplinaria e involucrar a todos en este tema. El PQMB nació en el programa de Gobierno anterior de Bachelet, y tuvo tres objetivos: renovar los liderazgos locales, promover la apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad y convencer a Hacienda de que la focalización debía pasar de social a territorial. Pasar de un Ministerio de oficina, a un Ministerio en terreno. Primera política pública con participación ciudadana real. Programa eje que reordenó el funcionamiento del MINVU. El objetivo económico político es afectar el valor del suelo de los barrios deteriorados. Probar un modelo para regenerar barrios, mejorando su plusvalía. Hoy día la Presidenta debe pararse desde la gobernanza de los temas de ciudad, organizar las inversiones públicas futuras y garantizar mínimos sociales con suelo disponible. El norte del país es el nuevo atractor de inversiones privadas y eso debe estar presente en las políticas públicas. Específicamente, proteger el suelo urbano de propiedad fiscal (BBNN) para intervención pública y no dejarlo a merced del mercado. Establecer las garantías mínimas urbanas. Un AUGE de la ciudad. Falta la participación ciudadana vinculante. SE REQUIERE METER EL TEMA DE LA CIUDAD EN ABSTRACTO EN EL DISCURSO POLÍTICO Y NO DETENERSE EN EL DETALLE. ¿CUÁL ES EL SELLO PROPIO DE MB? Una alternativa sería sumar a otros al debate, de otras áreas del conocimiento, que puedan meterle el tema de la ciudad a MB. MIRADA SISTÉMICA Y PROPIA DE MB. Antes de vincularlo con medidas concretas. Organizar un espacio de debate, tipo conversatorio, orientado a los decidores. 30 expertos y un par de personalidades fuera de la planificación urbana. El MINVU no es el MOP, por tanto, requiere de un giro estratégico de enfoque. Aprovechar la plataforma académica (U de Chile, UC y UDP) para intervenir en política. Fortalecer los espacios de monitoreo y seguimiento ciudadano, que obligue a los candidatos a suscribir públicamente sus programas (rendición de cuentas). MB podría ser la primera candidata a comprometer sus acciones públicamente. Esto rompe con el problema de la desconfianza con la política. La gente no quiere que le sigan preguntando por los asuntos públicos

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Problemas Reformas

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Entrevista Fecha

(plebiscitos), sino quiere que las autoridades electas se hagan cargo realmente de los problemas. Organizar un encuentro con organizaciones ciudadanas ligadas al territorio. No se puede hacer política pública sin participación ciudadana. Segregación socio espacial. Reforma al sistema de participación. Creación de la Agencia de la Ciudad como camino intermedio a los Gobiernos Metropolitanos. Agencia Público – Privada, que pueda establecer un sistema de coordinación de políticas de C y T en áreas metropolitanas, con competencias financieras claras. Compatible con la creación de los Gobiernos Metropolitanos. MINVU, MOP y BBNN entrar a través del traspaso de competencias. Y los SEREMI pasan a ser dependientes del Gobierno Regional. Política de gestión de suelos, dentro y fuera de las ciudades. Requiere de una figura público privada para la intervención en planes modelo. Programa de fomento de nuevas centralidades. Un centro por comuna. Requiere de compra de suelo bien localizado. Reforma al sistema de transporte público, entendida como un componente de la ciudad y no como un problema exclusivo de transporte. No se puede eludir el tema. Ordenar metro, colectivos, Transantiago y otros. La contracción de Santiago se debe a Transantiago, no al límite urbano. Se racionalizan los criterios de localización residencial. Incorporar la obligatoriedad de contar con factibilidad de transporte público, para la aprobación de proyectos inmobiliarios. Cambiar en el discurso el tema de transporte por movilidad. El Estado tiene que comprar el Transantiago. Se requiere mejorar los terminales y los nodos de intercambio modal. Se requiere actualizar la ley de taxis colectivos. Lo fundamental es cómo se acopla el sistema de transporte a la ciudad, y no sólo de infraestructura. La fusión clave es vivienda, urbanismo y transporte. No con bienes nacionales. Invertir la prioridad de transporte. Cambiar la lógica de evaluación económica social de los proyectos de inversión pública. Aplicar la evaluación multicriterio en políticas públicas. Ya no tenemos problemas de grandes volúmenes, sino de excepciones. Nacionalización del agua para resolver entre otros temas, las deudas de agua de los municipios y el riego de áreas verdes.

Académico, PhD. en Geografía Humana, Universidad de Barcelona. Magíster en Desarrollo Urbano, PUC. Ingeniero Comercial Universidad de Chile. Abril de 2013

Conversación Puntos Principales

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Problemas

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  Reformas

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Dos de cada tres chilenos vivirán en ciudades con procesos de metropolización. Deben buscar formas de retener el capital social generado. Se requieren formas de gobierno de las ciudades distintas a las que hoy existen. Generación de instrumentos que promuevan la asociatividad para resolver problemáticas comunes. Una mirada metropolitana. Sistema de transporte no sectorial. Debe ser un tema de ciudad. No es necesario un gobierno metropolitano, sino que Transantiago dependa de una asociación de municipalidades. Instrumentos de planificación a nivel local no son vinculantes. Los PRC son un ejercicio fragmentado, sin relación con la ciudad. La planificación de la ciudad es tierra de nadie. Geografía básica de los usos de suelo. Hoy día cualquiera puede escoger tener industrias o no. Hoy falta un instrumento integrado de planificación de la metrópolis. Mirada sectorial y presidencial del tema ambiental. Se requiere que sea un asunto regional o metropolitano. Qué posibilidad tiene una consultora ambiental de hacer un estudio ambiental que exponga impactos negativos de la misma empresa que se lo encarga. En otros países ese estudio ambiental es encargado por el Estado. Servicios de aseo y mantención de áreas verdes es una clara señal de desigualdad. El Estado debe garantizar la calidad del espacio público y la seguridad vecinal. El tema de la basura es un tema metropolitano, no comunal. Al igual que la mantención de las áreas verdes. Propone juntar los ministerios de bienes nacionales y de medio ambiente. Debiera existir un SECTRA de nivel regional, comprometida con la estrategia regional. Creación de una policía municipal (organismo existente en la constitución del 25). Mejorar el equipamiento vecinal. No se pueden tener mejores y peores espacios públicos. Política pública que favorezca la entrega de recursos a asociaciones de municipios. Reforma al Fondo Común Municipal. Igualdad entre la desigualdad del Gini a nivel de personas y a nivel de municipios. Perpetuador de la desigualdad. Porque al mejorar el ingreso, emigro de mi comuna. Utilización de los fondos de compensación Transantiago, para mejorar la calidad del transporte rural. No está resuelto el problema de la integración territorial de las comunas rurales. Servicios monopólicos y caros. Sistema interprovincial entregado a servicios piratas. La medición de los estándares es necesaria al interior de las ciudades, pero en localidades menores no es tan necesario. No pueden ser aplicados de manera homogénea a nivel nacional. Respecto a calidad de vida, se midió a nivel nacional para saber quiénes se encuentran bajo el promedio y quienes requieren atención especial. Las áreas metropolitanas son más segregadoras. Y con la encuesta de calidad de vida se demuestra.

Entrevista Fecha

Fundador Colectivo “Arriba e-la Chancha” Abril de 2013

Conversación Puntos Principales

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Cambiar el paradigma en la forma en que se piensa la ciudad en materias de transporte, que significa gestionar la demanda de vehículos particulares y darle un impulso importante a la caminata, bicicleta y transporte público.

Problemas

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Estructura administrativa del Estado. Los temas chocan en los ministerios y en la presidencia. Estos establecen mucha normativa que privilegia el modo vehicular. Restricción al uso de automóvil. Límite a la construcción de estacionamientos e impuestos altos al uso del vehículo. Mejorar paralelamente el transporte público. Cambios de normativa. Respecto al transporte no motorizado, se debe redistribuir el uso de las vías. Más que como un lugar de paso, considerarlas como un lugar de permanencia. Ciudades más amigables con la caminata. Formalizar la presencia de la bicicleta en el entorno urbano. Mayor inclusión de la bicicleta en las vías. Mucha normativa para un medio no eficiente. No se acogen las necesidades de los medios no motorizados. Son los actores más vulnerados en la distribución modal. Hay problemas de señalización para ciclistas. El ciclista improvisa su propia normativa informal. Lo mismo pasa con la caminata. Los trazados peatonales no son continuos, a favor del vehículo particular. La movilidad debe ser una herramienta positiva de inclusión. Respecto a la redistribución, se considera que reducir de 7 a 6 metros la calzada de las calles tipo (dos pistas de 3 m cada una) permitirían destinar 1 metro para la ejecución de una ciclovía, siempre que ésta sea unidireccional. Al ampliar el tamaño de las pistas, las velocidades promedio son más altas. Por motivos de seguridad vial, es mejor estrechar una vía y compartirla. PRIORIZACIÓN INVERSA. PIRÁMIDE INVERSA DEL TRANSPORTE. No se puede pensar que todas las vías deben tener ciclovías. Tal como están hoy día, la mayoría de las vías son pedaleables, salvo algunas situaciones donde la velocidad del desplazamiento es mayor. El ideal es limitar el acceso al centro en vehículo particular. Y reducir el tamaño de las vías para reducir la velocidad de desplazamiento. Además, promover la construcción de estacionamientos públicos en áreas centrales. Más que segregación, es la restricción de acceso a zonas centrales de vehículos particulares. Tarificación vial, anillos de acceso restringido. Respecto a normativa, mejorar las de urbanismo y construcción. Modificar los actuales requerimientos mínimos de estacionamiento por máximos. Puesto que se destina suelo urbano bien localizado para el automóvil. El transporte público debiera vincularse a los temas inmobiliarios. Por ejemplo, Inmobiliaria Metro que ejecute viviendas y que la rentabilidad se aplique para proyectos de movilidad.

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Entrevista

Conversación Puntos Principales

Diputado, Político PS, Líder de opinión Abril de 2013 

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Reformas

También hay un tema de dónde dejar la bicicleta. La OGUC regula la cantidad de espacios para bicicletas, los que todavía son tímidos. Cada construcción pública debe tener un mínimo de estacionamiento de bicicletas que no tenga que ver con el número de estacionamiento de vehículos, sino según su tasa de ocupación. Que los servicios públicos dispongan de estacionamiento de bicicletas de madera segura. La U invertida es el estacionamiento más usado y que ofrece más estabilidad. La seguridad depende de un buen candado. Evaluar un seguro para el robo de la bicicleta. Se debe distinguir entre la existencia de estacionamiento de bicicletas (mobiliario) y el servicio de custodia de bicicletas. Es momento de hacer un trabajo concreto, más serio que hacer catarsis junto a los candidatos. Hoy se necesita hacer cambios estructurales. Propone crear un Observatorio nacional de transporte y urbanismo. Que se monitoree lo que se está haciendo respecto al tema. AVANCES CONCRETOS. Institucionalidad que responda al transporte urbano, que permita que las ciudades se gobiernen solas. En EEUU, el eje está en normativa, señalética y demarcación. La normativa en Chile impide hacer ciclovías donde más se necesitan.

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Políticas de vivienda con problemas recurrentes. En algunas partes, como la Región metropolitana, no les funcionó por el alto valor del suelo. Ha caído mucho la producción de vivienda social nueva. El programa de vivienda usada provocó una especulación en los precios. No se consideró el mercado. Hoy día el mercado de vivienda requiere estímulos simples para favorecer la producción de vivienda. Se entregó vivienda al por mayor, se cambiaron las reglas (DS49). Mucho subsidio entregado sin proyecto. Tienen el subsidio en la mano y no tienen oferta de proyectos. No hay oferta, porque el producto de vivienda social no es rentable. Si lo es el producto sobre 8.000 UF. Bajos márgenes. Escasez de mano de obra y alto valor de los terrenos. El DS 01 fue un programa que permitió 28.000 puestos de trabajo en poco tiempo. Hay un problema de oferta de viviendas desde el primer día. Hay un taco en la oferta. Ha habido dos tomas de terreno en Calama (400 familias) y La Florida. Revivir el DS 62 y que el Estado definiera proyectos emblemáticos tipo Villa Frei. En La Platina, en Cerrillos y otros. Con alto estándar de vivienda y de ciudad, en paralelo a los programas existentes. Esto es volver a antes de Ravinet. Políticas de suelo desde el primer día. Cuotas de integración social al

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15% para cada loteo nuevo. No es suficiente. Se requiere además una organización de la demanda. Los espacios de las ZODUC deben ser materializados. No creo en las torres grandes. Impuesto a la plusvalía (PNDU). Es objetivo es desestimular la especulación con suelos. Impuestos a los suelos eriazos y desocupados. El Estado debe comprar suelo a 1/10 del valor. Previo al cambio de usos de suelo. Se requiere una reserva de suelos. El único que sabe de suelos es Pablo Trivelli. El Estado no puede comprar al momento de construir. Debe adelantarse a los procesos. El tema de las parcelas de agrado tiene que ser incorporado en la política de suelo. Que paguen contribuciones todas y que no se puedan crear nuevas parcelas. Algunas parcelas pagan contribuciones, pero muy pocas. Hay que terminar con la subdivisión en parcelas de agrado. Se deben tratar todas como si fueran urbanas. Es absurdo que existan condominios de terrenos. Es una trampa. Lo que más ha funcionado en Chile es el Programa Especial para Trabajadores (PET). Masivo, con financiamiento vía bancaria, con aporte de empresas. Hoy día hay 350 viviendas de 45.000 UF. Podría ser lavado de dinero. El mercado de los insumos está disparado al crecimiento económico. Respecto al tema de los sin casa, existía un Registro Nacional de los Sin Casa. Ese registro se terminó. Hoy día no hay claridad sobre quienes requieren vivienda. La CCHC dice que hoy no hay que construir vivienda social, sino vivienda más cara. Sobre los con casa, este gobierno dio un paso. Puso en el centro a los Condominios de Vivienda Social. Decreto 255 para bienes comunes. El Estado debe mejorar por lo menos los techos de los condominios de vivienda social. Tengo dudas si se suman las cajas escala y las áreas húmedas. PROGRAMA CAMBIO DE TECHOS EN CONDOMINIOS SOCIALES. La postulación debe cambiar de individual a colectivo. Otros tienen problema del servicio del agua (1 medidor). No hay remarcadores en conjuntos ubicados en comunas antiguas. El problema político del 255 en condominios es que se aplica solo en 4 regiones. El Quiero Mi Barrio requiere ser repensado. Hay hartos Bajos de Mena. Requieren una intervención integral, de conjunto. La demolición masiva no resuelve el problema. Debiera eliminarse sólo dónde hay mala calidad y hacinamiento. Convenio Municipio-Vecinos-SERVIU, entidad jurídica que recibe la transferencia y que hace toda la gestión. Se requiere llevar el metro a Bajos de Mena y a San Bernardo. En política de barrios se requiere ser más audaz. Plan de Deporte y Cultura con monitores vecinales. Primero centralizado y luego descentralizado. Prodemu tiene espacio para este tipo de intervenciones. Primer día, a 10.000 barrios. Resolidarización de los barrios. Parecido a promoción popular de Eduardo Frei Montalva. Aproximación al mundo popular a través de una política de reconstrucción del tejido social vecinal. Hay que terminar con la estrategia de premio y castigo. Debemos tomar como referencia a

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Entrevista Fecha Conversación Puntos Principales

México, Venezuela, Ecuador respecto a la existencia de monitores deportivos en poblaciones. Incluso con equipos militares. El DS 49 no sirve para nada. Aplicaría los subsidios existentes para luego terminar con la derogación definitiva. Esto no es un tema técnico, sino político. Debemos tener una estrategia de acumulación de fuerzas. Problema de precariedad social en los departamentos del centro de Santiago (prostitución, gastos comunes impagos y otros). HARTAS SOLUCIONES DE RÁPIDA APLICACIÓN Y DE BUENA CALIDAD.

Académico Universidad de Chile, Sociólogo, Miembro Comisión Ciudad y Territorio PPD. Ex SEREMI MINVU Abril de 2013

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Se deben colocar previamente los temas en la agenda, antes que se traduzcan como problemáticas frente a la opinión pública. Se necesita poner en la agenda ciudadana los temas de urbanismo. Uno de los temas más relevantes es la segregación urbana. Las prioridades deben ser ciudades inclusivas, democráticas y sustentables. Plan de ciudades inclusivas en las 15 capitales regionales, que implica inversiones públicas relevantes y trabajar las confianzas con la ciudadanía. Carta de derechos de los habitantes y set de indicadores para el seguimiento de las políticas públicas. En el tema habitacional, se requiere un programa que favorezca la inclusión social. Un SERVIU fuerte y activo en la gestión de suelo y gestión de subsidios. Hoy día el Estado llega tarde y paga más. SERVIU puede comprar suelo y no lo hace. No sólo en las áreas de extensión urbana, sino en aquellos sectores con vocación de centralidad local, previo a la llegada de nuevas inversiones públicas. Se requiere desarrollar y aprobar modificaciones normativas que permitan la inclusión social, condicionar el desarrollo de suelos para la inclusión social. Porcentaje de suelos destinados a la inclusión social. Según la Contraloría, la inclusión social no tiene soporte legislativo. Hoy es posible definir zonas para vivienda social en los planos reguladores comunales mediante la densidad habitacional. Hay comunas que no desean más vivienda social (La Pintana) por lo que han modificado su plan regulador definiendo la subdivisión predial mínima en 200 m2. Los gobiernos locales deben ser capaces de contar con planes de vivienda social. Desarrollo de innovación en vivienda social a nivel municipal. Para desarrollar modificaciones al plan regulador intercomunal se debe tener una relación estrecha con CGR. Especialmente, en los temas relacionados al desarrollo por condiciones que aseguren calidad de los nuevos barrios. AUGE URBANO: Definición de ciertas prestaciones mínimas o

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estándares urbanos mínimos garantizados en conectividad, energía, residuos, seguridad, agua y otros. Dichos estándares deben ser actualizados periódicamente. Según el Censo 2012, uno de cada dos jóvenes deben salir de su comuna para estudiar. Se requiere mapear la oferta y demanda educacional a nivel intercomunal para minimizar los desplazamientos. La idea es definir estándares de cantidad y calidad. Una base para enfrentar la segregación social y promover la inclusión social. Naciones Unidas posee estándares internacionales que pueden ser adaptados a nivel nacional. Transantiago si ha tenido efectos positivos, como por ejemplo, el Fondo de Compensación a comunas rurales y regiones. Debemos avanzar en la TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA (Saskia Sassen). Definición de indicadores y mecanismos de compensación territorial liderados desde el Estado. Las regiones del norte, ya rompieron el binominal y tienen autoridades fuera de la Alianza o Concertación. Se debe pensar en los temas regionales. Necesitamos dar respuestas más concretas a los movimientos regionales (Calama, Magallanes). No se trata sólo de reducir el déficit. Los desafíos son más complejos. No es sólo segregación, sino violencia en los territorios. Según el INJUV existen 600 mil jóvenes que no trabajan ni estudian. Debemos ser capaces de equilibrar las demandas territoriales con las inversiones que se requieren para lograr el desarrollo. CIUDADES INCLUSIVAS. Upgrade de la política de recuperación de barrios. Boca Sur en Concepción, Glorias Navales en Valparaíso. La congelación del límite urbano en 2007 (Circular 41), fue una forma de terminar la planificación urbana hecha a partir del caso a caso. Los EISTU requieren una revisión. No se puede construir por etapas sin considerar el impacto del proyecto completo. Es un error creer que la solución es crecer en extensión o en densificación, ya que los patrones de localización residencial no pueden ser definidas por normativa. Cuando las familias tienen más recursos buscan más espacio y están más dispuestas a desplazarse más. La pregunta es crecer con calidad urbana, independiente si es en extensión o densificación. El 2006 no alcanzó a salir del ministerio la Ley de Integración Social que consideraba sólo un 5% de vivienda social para cada nuevo desarrollo. La idea era validar el principio. El principal detractor fue el fuego amigo. Hoy existe más piso para implementar las cuotas. Se requiere generar incentivos para los inmobiliarios para que desarrollen proyectos para quienes viven allegados en localizaciones centrales. Hay espacio posible todavía para densificar. La densificación en altura es difícil para los grupos más vulnerables, especialmente, por el pago de gastos comunes. Después de los ghettos de vivienda en la periferia, el próximo problema social será la vida en edificios de renovación urbana (delincuencia, prostitución y deterioro). El principal problema en las ciudades chilenas en la segregación (8 de

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30 ciudades del mundo son chilenas). La segregación es combustible para la explosión social producto de una posible desaceleración económica, caída del empleo o problemas de transporte. El 27/F fue una clara señal de comportamiento en situaciones de crisis. Existen también problemas en la velocidad de la inversión pública. Se requiere reducir los tiempos de materialización, sin amenazar la calidad de las soluciones. El PQMB fue una buena alternativa para reducir los tiempos, mediante una recomendación técnica global, por paquete de proyectos incluidos en un plan. Respecto a los estándares urbanos, se requiere un plan de garantías mínimas, que permita realizar una justificación del déficit y no por rentabilidad social de grupos particulares. Se necesita reinstalar los temas de planificación estratégica, mediante la formalización de acuerdos intercomunales, mientras se avanza en materias de gobiernos metropolitanos. El principal déficit no es la planificación urbana, sino la gestión de las ciudades. Para ello se plantea la creación de gobiernos metropolitanos, asociados a instrumentos concretos para intervenir sobre ellos. Sólo el 28% de las áreas verdes son parques públicos. CORFO y SERVIU son dueños de muchos derechos de agua, las que no están asociadas a la mantención de áreas verdes. Estas instituciones públicas arriendan sus derechos a los regantes, en lugar de utilizarlos para fines sociales. Sobre el tema de sustentabilidad, se requiere contar con indicadores de sustentabilidad ambiental (agua, energía, residuos, aire, movilidad, participación y otros). Este gobierno entregará una política de desarrollo urbano al final de su mandato, para que la aplique el próximo gobierno. Plan Nacional de Espacios Públicos. La responsabilidad de mantener los parques en Chile, es de los GORE y tienen cero recursos para hacerlo. El tema del agua es clave. El Parque Metropolitano de Santiago está a cargo de 48 parques intercomunales. Crear un Servicio Nacional de Parques Urbanos. La Participación Ciudadana es fundamental. Mesas de trabajo de sustentabilidad urbana. Si no se hace nada en Participación, la sociedad lo va a exigir. Sobre la distribución del FCM, esta es tan desigual como la distribución de los ingresos familiares. El 80% de los municipios está quebrado y para cuadrar su caja están vendiendo su patrimonio. No tiene sentido hacer llamados a presupuestos participativos si no hay recursos suficientes para pagar los gastos mínimos municipales. Hay municipios que no tienen recursos humanos para siquiera formular proyectos incluso contando con los recursos financieros. Mientras otros no saben en qué gastar los recursos sobrantes. El pago de las patentes comerciales, debería hacerse en las comunas donde se producen los impactos. Los DFL 2 y la exención de IVA para la construcción deberían reformularse. Italia tiene impuestos diferenciados frente a la acumulación de bienes

raíces. José Ramón Ugarte tiene un proyecto de reforma al DFL 2. La idea es incluir una reforma de este tema, en la Reforma Tributaria y no como iniciativa puntual.

Entrevista Fecha Conversación Puntos Principales

Académico, Master en sostenibilidad Universidad Politécnica de Cataluña España, Arquitecto Universidad Católica de Chile. Abril de 2013 

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Establecer una NUEVA CONVIVENCIA entre los distintos modos de transporte en la ciudad. La Caminata debe ser considerada como un medio de transporte. Hoy día ni siquiera se entiende como tal, y está relegada al último plano. No se incluye en los análisis. Hay una ausencia de normativa y guías de diseño para la materialización de veredas, iluminación, vegetación y señalética. A escala mayor, el problema está en el tratamiento homogéneo de las calles, siempre privilegiando el automóvil particular y sin considerar los desplazamientos peatonales. En la práctica, hay calles diseñadas para el vehículo donde transitan muchas personas y pocos automóviles. SE REQUIERE GANAR Y RECUPERAR ESPACIO PARA LOS PEATONES. Falta un diagnóstico territorializado de los flujos peatonales, respecto al espacio real destinado para el desplazamiento peatonal, bicicletas, transporte público y otros. LOS PEATONES NO TIENEN ESPACIO SUFICIENTE NI CONTINUO PARA DESPLAZARSE. EXISTE UNA INDEFINICIÓN DEL ESPACIO DESTINADO AL PEATÓN. En SECTRA no se piensa en el modo peatonal. Las estadísticas de tránsito indican que el 50% de los accidentes de tránsito son responsabilidad de los peatones. Esta cifra no revela las alternativas de cruce peatonal, limitando la responsabilidad de los automovilistas. No existe un diseño urbano adecuado para los peatones. Más aún para quienes poseen movilidad reducida, o incluso para niños y adultos mayores. ESTABLECER UN CRITERIO DE PRIORIDAD INVERSA DE LOS MODOS PEATONALES, QUE PRIVILEGIE AL PEATÓN Y LOS MODOS NO MOTORIZADOS. Así como los autos tienen sus requerimientos específicos, el modo peatonal requiere también ser incorporado en las normativas y poseer sus propios requerimientos. La calle debe concentrar a distintos usuarios y modos, permitiendo la realización de actividades colectivas de convivencia e interacción. Las calles con mayor potencial de intervención peatonal, son las que poseen mayor flujo peatonal y peores características físicas existentes. Luego, definir planes maestros de intervención para que los proyectos

específicos consoliden una red interconectada a la red de metro, espacios verdes, comercio y otros.

Entrevista Fecha Conversación Puntos Principales

Decano Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño Universidad Diego Portales. Arquitecto, Pontificia Universidad Católica de Chile. Abril de 2013     

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Debe existir una política de suelos. Debe existir un mecanismo de captura de plusvalías por inversiones hechas por el Estado o por cambios de uso de suelo. Las reformas deben apuntar a limitar la especulación y el lobby. La participación ciudadana debe ser vinculante para las decisiones que tomen las autoridades. Problemas: Están todos asociados al suelo. La vivienda social debe localizarse en lugares centrales dotados de conectividad, servicios y equipamientos. La segregación no se resuelve sólo con viviendas de calidad. Se debería aplicar la prioridad de compra a valor de mercado por parte del Estado frente a cualquier transacción inmobiliaria que se realice. Se requieren mecanismos y herramientas para transferir recursos desde los sectores más acomodados hacia los más desprovistos. La densificación de las áreas centrales no necesariamente debe realizarse con torres de 20 o más pisos, sino con altura media 2-3 pisos. No existe transporte público suficientemente rentable para cubrir bajas densidades habitacionales. Como medida de desconcentración territorial, se requiere desarrollar incentivos para la localización de industrias y empresas fuera de la Región Metropolitana de Santiago. Además, incentivar en las remuneraciones el trabajo fuera de Santiago. Junto con la política de desarrollo urbano, Chile necesita una política de desarrollo territorial. Debería existir una Agencia de Ciudad, que elabora un plan maestro de ciudad al cual las comunas que la conforman deben adscribirse. La ciudad debe entenderse como un organismo, no cómo la suma de partes. Se requiere PLANIFICACIÓN DE LAS CIUDADES, CON UN HORIZONTE A 30 AÑOS. Cómo una especie de Banco Central, que es independiente de los cambios políticos. La agencia es complementaria a los gobiernos regionales. Los intendentes dependen del gobierno central y no deciden sobre cómo se construye la ciudad. El ente técnico debe responder a un mandato consensuado con la ciudadanía. Es una agencia de tareas que elabora, ejecuta y monitorea el plan. Las obras de infraestructura que pasan por las comunas de mayores ingresos, deberían ser cofinanciadas por el Fisco y los municipios involucrados.

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Entrevista Fecha Conversación Puntos Principales

Nadie garantiza nada a más de 4-6 años. La planificación no existe en este país. Alguien tiene que hacerla y nuestra propuesta es la AGENCIA DE CIUDAD. Podría partirse en una región piloto como La Serena – Coquimbo. Las grandes decisiones no pueden pasar por autoridades transitorias. El efecto Guggenheim es visible en varios lugares del mundo, donde cada autoridad quiere dejar su legado. El espacio público es un bien indispensable que tiene sentido cuando existe una masa crítica suficiente para ocuparlo. Los parques urbanos deben localizarse en áreas altamente densas. El modelo de crecimiento en extensión no funciona. Es un derroche de recursos. El éxito del espacio público es muy sensible a la densidad poblacional.

Arquitecto UC, Planificador urbano, experto patrimonio y profesor universitario. Abril de 2013    

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Problemas

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Reformas

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El patrimonio urbano debe ser entendido como el testimonio de otra época y a la vez, como testimonio vivo, que recoge una forma de ser o de instalarse en el territorio. Debemos reconocer y diferenciar el patrimonio tangible del intangible. Nuestra ley se encuentra destinada al fracaso porque sólo entiende el patrimonio como monumentos. Se requiere la creación de un Ministerio de Bienes Nacionales y el Patrimonio. Hoy día quien vela por el patrimonio no se manifiesta frente a las grandes problemáticas que atentan hoy contra el patrimonio (Mall de Castro, Muelle Barón). Reformulación del Consejo de Monumentos Nacionales. Idea de crear un Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, que contiene al Consejo de Monumentos Nacionales y que concentre la creación y la conservación, que cuente con un consejo asesor que vea presupuesto, políticas y otros asuntos. Creación de una corporación pública privada del patrimonio que lleve los proyectos patrimoniales específicos. SOCIEDADES MIXTAS. Reforzar la estructura regional del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio. El congelamiento de las zonas patrimoniales mediante la declaratoria de zona típica es matar la ciudad. Hay sectores patrimoniales que ya están deteriorados y que deben ser recuperados mediante el desarrollo de proyectos con sentido patrimonial. Dichos proyectos mantienen lo que tiene valor y realizan nueva arquitectura que dialoga con lo patrimonial. Congelar el patrimonio, impide actualizarlos programáticamente para responder a las demandas contemporáneas (Teatro Municipal de Iquique). Existe una responsabilidad del Estado para conservar el patrimonio

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Entrevista

Fecha Problemas

que se encuentra en manos de privados. Una idea es el tema de los DERECHOS TRANSABLES que permite al privado vender sus derechos de construcción a un inmobiliario, para reinvertirlos en la propiedad patrimonial. Dicha inversión funcionaría como la Ley de Donaciones Culturales, con exención tributaria. Estímulos y subsidios para la instalación de programas atractores de actividad (cafés, restaurantes y otros). Política para estimulación de la regeneración de barrios patrimoniales, más allá de los subsidios a la vivienda patrimonial. Exenciones tributarias a dueños de edificación patrimonial, siempre que cumplan con la condición de abrir a la comunidad dicho bien.

Académico, Líder de opinion, Master of Science in Architecture Studies, Massachusetts Institute of Technology MIT. Arquitecto Pontificia Universidad Católica Abril de 2013 

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Problemas: La Participación Ciudadana es necesaria para validar las políticas públicas. El TS es un caso clásico de un proyecto sin socialización adecuada. La PC establece ciertos acuerdos producto de una negociación. Cuando el resultado es positivo, sus efectos son aún mayores, puesto que genera orgullo ciudadano de quienes participaron de la decisión. Los proyectos urbanos no poseen ese orgullo, y producen desencanto, falta de cuidado y de identidad. Sirve para validar resultados y para moderar las intensiones a veces desbocadas de los actores públicos y privados. Adquieren criterios de realidad producto del debate público. Surgen nuevas prioridades y se incluyen temas no considerados. El sector público se amolda a estos nuevos límites. No se puede esperar que toda la ciudad pase por procesos de PC. Debe aprobarse una ley para limitar y promover los ámbitos de la participación ciudadana. Un absurdo es la consulta pública hecha por el Mall de Castro, una vez que ya se había otorgado el permiso de edificación. Ámbitos, financiamiento y obligatoriedad de la PC. Si la participación ciudadana no es VINCULANTE, no sirve de nada. Ni el inversionista ni el Estado tienen interés de aplicar procesos de PC. Los primeros porque la PC está asociada a imponderables y para el Estado significa retrasar las inversiones amenazando su materialización durante un mismo período de Gobierno. El MOP y Contraloría hacen más ciudad que muchos otros actores de la sociedad. Las iniciativas de inversión deberían contemplar PC desde la etapa de prefactibilidad y no cuando la idea está definida. Instalación de Mesas cuadripartitas: Gobierno local, Inversionistas, Ciudadanía y técnicos. Se materializan mediante contratos vinculantes. PARTICIPACIÓN CIUDADANA VINCULANTE. CONTRATO URBANO CIUDADANO.

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Entrevista Fecha Conversación Puntos Principales

Para aplicar un proceso de PC se requiere antes seleccionar, convocar y capacitar a la gente, sobre lo que se va a hacer y sobre los resultados esperados. En EEUU se les paga a las personas para que participen. Hay que animar a la PC. No es espontánea. Existen diversas metodologías de PC. Establecen prioridades y se realiza una negociación que significa una transacción. Esto requiere la suscripción de un contrato. Luego se requiere la acción del Estado para darle marcha y seguimiento a los acuerdos. Este proceso necesita una inversión pública al principio y puede cambiar el proyecto concebido inicialmente. Se pueden presentar proyectos en etapas de diseño preliminar o anteproyecto. No llegar en cero, pero con posibilidad de asumir modificaciones. Se aplica en todos los proyectos de escala local que tengan impacto en la habitabilidad e identidad de los vecinos. El límite es para proyectos de mayor complejidad. Los recursos para la PC no deben ser de nivel local, sino financiados por el Estado. La PC no sólo debe ser considerada como un requisito de validación, sino como una forma de activar y fortalecer las redes sociales territoriales. La PC levanta liderazgos que pueden venir a recomponer las confianzas perdidas con la actividad política.

Máster en Diseño Urbano y Arquitectura University of Not Nottingham, Arquitecto Universidad Católica de Valparaíso. Abril de 2013 

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Normativa Existente: Es necesario partir de la base de la reglamentación existente. No sólo considerando el DS 49 y el DS 01 en el caso de vivienda y el DS 255 en el caso de mejoramientos. Existen otros programas que combinados con los ya mencionados pueden generar interesantes mecanismos de inversión. El DS 62 permite al SERVIU contratar y construir directamente viviendas, al margen de los nuevos decretos y el DS 127 que permite invertir en copropiedades sin importar la calidad jurídica de los residentes. Cabe señalar que el actual gobierno se caracterizó por levantar llamados en base a excepciones amparadas en las facultades del Ministro. Esto si bien otorga cierta flexibilidad aparente, genera complicaciones administrativas que enlentecen los procesos y, por ende la demostración de resultados. Relación Multisectorial: Si bien se entiende que el Sistema Nacional de Inversiones y su metodología de evaluación son necesarios, no se ha logrado generar un mecanismo que permita agilizar la inversión para la cartera de proyectos emblemáticos que quiera impulsar el gobierno. En el ámbito de Ciudad y Barrio (sobre todo si este último se entiende vinculado al ámbito habitacional). Los proyectos de inversión relevantes son más costosos y requieren

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por lo tanto de una programación distinta y mecanismos distintos para lograr su consolidación. Por ejemplo, el corredor de transporte público de Vicuña Mackenna en su primera cuantificación considera un costo de M$60.000.000.- (sesenta mil millones de pesos), lo que equivale al presupuesto anual en inversión de la Región Metropolitana y en el caso de que se hiciera en etapas anuales, comprometería el presupuesto completo para iniciativas nuevas durante los 4 años de Gobierno. Dicho de otra forma, si se escogiera hacer este proyecto, el MINVU en la RM no podría hacer ningún otro proyecto de inversión ya que coparía su presupuesto. Estos proyectos logran ser viables cuando existe un real aporte y compromiso multisectorial para ejecutarlos. El problema es que no ha existido una definición política sobre como priorizar estas iniciativas. Ej: la apertura del eje Mataveri en la Legua fue una iniciativa de Harboe, que avanzó mientras él fue Subsecretario de Interior. Él le imprimió voluntad y logró que los ministerios se alinearan. Cuando llegó Rosende, el proyecto se desinfló completamente, pudiéndose haber terminado dentro de la gestión anterior de MB, no se hizo. Hoy queda como el proyecto estrella de MINVU y el candidato a Diputado Jobet. En este escenario multisectorial es vital la figura del Intendente como aglutinador de servicios regionales. Gestión Regional: Es importante descentralizar la gestión del Ministerio. En el ámbito de vivienda y particularmente en la RM – como región más representativa – es particularmente nociva la presencia de la autoridad Ministerial ya que suprime por completo las facultades administrativas de las Secretarías Ministeriales regionales. Hoy el Ministro(a) de Vivienda cuenta con facultades para delegar funciones y procedimientos en las Seremis. Esto adicionalmente coloca presión sobre el Secretario Ministerial para el cumplimiento de las metas anuales y le entrega herramientas para poder trabajar con los SERVIU. Estructura SERVIU: El SERVIU Metropolitano requiere urgente una reestructuración para hacerlo un servicio más eficiente en su gestión. Un porcentaje no menor de los conflictos que entrampan los proyectos tanto de vivienda como de infraestructura se generan a partir de los procedimientos internos de SERVIU. Para el sector privado puede ser atractivo desarrollar los proyectos MINVU, pero muchas veces se desiste por la complejidad administrativa que envuelve los procedimientos al interior del SERVIU. Actualmente se tiene un sistema de pago peor que el de los supermercados, con plazos de pagos superiores a los 180 días desde el término de los trabajos y recepciones correspondientes. Alianzas público – privado: Si la apuesta es utilizar los mecanismos normativos existentes, y potenciar el rol del SERVIU como ejecutor directo de viviendas y proyectos; se vuelve inevitable contar con alianzas público – privadas para desarrollar la gran cantidad de viviendas que es necesario construir. Es importante que ante un inminente nombramiento de MB como presidenta, se levanten los

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compromisos que sean necesarios para unir la oferta con la demanda. Orgánica existente y confianzas: Desde mi experiencia a cargo de un Departamento y como Secretario Ministerial (S), creo que no existe algo peor en la institución pública que generar desconfianzas. Uno de los grandes errores “silenciosos” del actual gobierno de SP, fue la evidente (y grosera) demostración de desconfianza para con sus equipos de trabajo. La desarticulación de equipos de trabajo y el nombramiento de “delegados” para cada uno de los proyectos, a juicio personal, terminó desarticulando la línea de producción del MINVU a través de sus Secretarías Regionales y SERVIUS. Las próximas autoridades ministeriales se encontrarán con un MINVU lleno de subequipos de trabajo funcionando en paralelo al organigrama regular del Ministerio, lo que finalmente ralentiza los procesos para llevar a cabo cualquier proyecto de gestión pública. Participación Ciudadana: Es un tema delicado. Por el momento sugiero que es necesario limitarla. El gobierno de SP le compró demasiado el cuento a los supuestos "dirigentes" sociales, abriéndole directamente las puertas del Ministerio, lo que resultó en finalmente en una pérdida de autoridad y representatividad tanto de los Directores SERVIU y de los Seremis ante la comunidad organizada. Planificación territorial: Es necesario revisar la estructura orgánica de las Secretarías Regionales Ministeriales y específicamente los criterios de los pronunciamientos de esta en materias de planificación regional. Hoy parte del desarrollo Urbano de la región queda entrampado entre los escritorios de la Seremi MINVU. Además de ser poco ágil, se ha vuelto una parte del servicio poco coherente sin generar un valor agregado a los procesos. Me permito sugerir que el trabajo del ámbito de vivienda y territorio se trabaje desde dos frentes: uno sobre el marco político y la definición de los ejes y otro desde el marco operativo de cómo se van a implementar las definiciones políticas que se tomen, con acciones concretas a corto y mediano plazo.

ANEXO 2: MESAS DE TRABAJO TEMÁTICAS

MESAS DE TRABAJO TEMÁTICAS

1- MODOS NO MOTORIZADOS 2- DISEÑO URBANO Y ESPACIO PÚBLICO 3- REGENERACIÓN Y PATRIMONIO URBANO 4- SEGREGACIÓN RESIDENCIAL 5- VIVIENDA 6- POLÍTICAS PÚBLICAS Y TERRITORIALES 7- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8- CALIDAD DE VIDA Y BARRIOS 9- ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

MESA DE TRABAJO N°1 Temática

Modos no motorizados

Fecha

29 de abril 2013

Diagnóstico

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Principio fundamental Líneas de Acción

De la competencia por el espacio a compartir el espacio.

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Propuestas

Tendencia actual al alza en la distribución de viajes en modos no motorizados (INCLUIR CIFRAS GENERALES). Conflictos actuales por disputa de espacios públicos entre modos motorizados y no motorizados. Políticas públicas de incremento al uso de la bicicleta asociadas sólo a kilómetros de ciclovías construidos. Inexistencia de normativa específica para modos bicicleta y caminata, tanto en definición de lineamientos estratégicos como en establecimiento de estándares mínimos constructivos. Incremento explosivo en el uso releva comportamiento desinformado en el uso y convivencia de modos no motorizados.

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Movilidad de las personas como concepto global independiente del modo de transporte. Establecimiento de políticas de uso de espacio público tendientes a distribución equitativa por modo y a estandarización de mínimo constructivo. Establecimiento de políticas de educación cívica con el objetivo de preparar y generar consciencia del comportamiento en el uso del espacio público. Regionalización de la planificación. Asignación presupuestaria acorde a nuevos lineamientos. Instaurar el concepto de movilidad asociado a multimodalidad de las personas en sus traslados por la ciudad. Plantear una distribución equitativa del espacio en donde se generen las condiciones adecuadas a todos los modos de transporte con respeto e información. Educar sobre el correcto uso de la bicicleta y el correcto comportamiento como peatón, establecer conceptos claros que conversen con los ya establecidos para los modos motorizados. Iniciar esta práctica en establecimientos educacionales. Aumentar los niveles de inversión pública en infraestructura, educación y difusión de los modos no motorizados. Ajustar las metodologías de evaluación social de proyectos asociados a modos no motorizados. Establecer estándares constructivos en cantidad y calidad para ciclovías, estacionamientos de bicicletas y espacios peatonales que

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contribuyan a la multimodalidad en los viajes. Descentralizar o regionalizar el diagnóstico y planificación traspasando competencias a las autoridades locales. Generar pruebas en ciudades intermedias que permitan comprobar la efectividad de los cambios propuestos.

MESA DE TRABAJO N°2 Temática

Diseño Urbano y Espacio Público

Fecha

30 de abril 2013

Diagnóstico

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Principio fundamental Líneas de Acción

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Propuestas

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Desigualdad en la calidad y cantidad del espacio público y áreas verdes entre comunas (INCLUIR CIFRAS GENERALES). La mantención de áreas verdes depende de presupuestos municipales muy escasos y variables en el tiempo. No se ha definido un estándar mínimo de calidad y cantidad de áreas verdes que sea exigible en todo el territorio. No hay integración efectiva de espacios públicos y equipamiento en los conjuntos de vivienda, perdiéndose la oportunidad de crear polos de desarrollo social. La evaluación de proyectos de espacio público y áreas verdes no lo considera como una necesidad básica, pasando a evaluar su rentabilidad con metodologías derivadas de proyectos de infraestructura. Grandes proyectos de inversión en infraestructura no contemplan el desarrollo del entorno urbano. Sólo se incluye una subespecialidad de paisajismo con un presupuesto mínimo en relación a la inversión. Igualdad de acceso a un espacio público de calidad.

Internalización del concepto de la calidad del entorno urbano como una necesidad básica. Definición de estándares mínimos de provisión y calidad de espacio público considerando ajustes según la escala del mismo. Establecimiento de una política de integración sectorial de inversiones públicas en el territorio. Uso del concepto de necesidades insatisfechas para evaluar la inversión en espacio público. Cambio de paradigma en las intervenciones urbanas públicas, desde la mitigación de impactos negativos a la creación de valor en el entorno. Transferencia de recursos para equilibrar la balanza entre comunas ricas y comunas pobres. Inversión estatal en espacio público a través de los municipios con los

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mismos estándares de calidad. Coordinación de la inversión de distintas carteras para la construcción y el mejoramiento del espacio público y equipamientos básicos. Intervención focalizada en sectores desprovistos para materializar la nueva política de integración a través de proyectos modelo. Exigencia de una evaluación de impacto urbano y proyecto de diseño urbano para potenciar beneficios de la inversión de infraestructura pública en el entorno.

MESA DE TRABAJO N°3 Temática

Regeneración y Patrimonio Urbano

Fecha

02 de mayo 2013

Diagnóstico

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  Principio fundamental Líneas de Acción

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Propuestas

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Hay un interés sobre el patrimonio construido en la elite cultural o en grupos profesionales, pero no así en la ciudadanía, por lo que está queda fuera de las prioridades de la política. La institucionalidad que protege el patrimonio no es la adecuada, hay duplicidades e incoherencias entre los organismos del estado que protegen el patrimonio. Desde el estado prevalece el criterio de congelar el patrimonio, en vez de promover su revitalización. No están bien definidos los límites de las áreas patrimoniales y la zona de influencia de los edificios patrimoniales. El patrimonio nos pertenece a todos y es parte de nuestro desarrollo.

Insertar la preocupación por el patrimonio en el debate sobre el desarrollo del país. Definir el patrimonio en la legislación, realzando la importancia que tiene para el bien común y la formación de identidad del país. Identificar las escalas y naturaleza del patrimonio construido, desde la fachada, el edificio, el barrio hasta la ciudad para definir estrategias de conservación y rehabilitación adecuadas a tales escalas. Redefinir las áreas de valor patrimonial y la gradualidad de tales áreas en su inserción en el entorno. Hacerse cargo del patrimonio significa pasar de una política reactiva de congelamiento y castigo a una política activa de puesta en valor. Descentralizar la identificación y gestión del patrimonio para conectarlo a las identidades locales. El patrimonio puede ser una nueva área de inversión, fomentando emprendimientos variados acordes con éste. Reformar la ley de monumentos nacionales para que permita, interese, promueva y controle la inversión estatal y privada.

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Reformar el Consejo de Monumentos Nacionales para que sea un organismo proactivo encargado de velar por el patrimonio, para lo cual es necesario dotarlo de capacidades técnicas. Aumentar el subsidio de rehabilitación patrimonial para que cubra realmente la complejidad de las intervenciones en edificios patrimoniales. Incorporar compensaciones para los propietarios de inmuebles patrimoniales, en la forma de beneficios normativos que hubiera obtenido en caso de demoler el inmueble o “bonos transables”. Transformar la declaratoria de patrimonio en un instructivo de intervención, asociado a un apoyo económico, eliminando la exigencia del visto bueno del propietario. Permitir las utilidades producto de donaciones privadas para poner en valor el patrimonio, manteniendo los beneficios tributarios en caso de ganancias.

MESA DE TRABAJO N°4 Temática

Segregación Residencial

Fecha

03 de mayo 2013

Diagnóstico

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 Principio fundamental Líneas de Acción

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Creciente segregación actual con agotamiento del modelo de demanda que deja en manos de privados la provisión de vivienda social, la cual no se presenta como un negocio rentable para las inmobiliarias y ha creado un déficit en la oferta de vivienda. El actual rol del estado se ha limitado al plano normativo, sin intervención que asegure la integración, controle la segregación y provea viviendas de calidad. Entre 1,5 y 1,7 millones de chilenos viven actualmente segregados en guetos, los cuales carecen de apoyo en el mantenimiento. Erradicar los guetos y promover la integración territorial.

Desarrollar políticas que terminen con la segregación y la desigualdad territorial. Incorporar en la planificación la localización de viviendas sociales con adecuada accesibilidad a oportunidades. Desafíos en la ciudad construida: mantenimiento, densificación y movilidad. Promover Políticas de recuperación de barrios vulnerables, densificación. Reposicionar al Estado como actor en el mercado de suelos, diversificación de la oferta. Estudiar modelos de recuperación de la plusvalía que generan las

 Propuestas

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obras públicas y cambios normativos. Promover la postulación colectiva a subsidios para conservar el capital social de las comunidades. Corregir el actual mercado de viviendas en donde la oferta es manejada por las inmobiliarias y de esta forma manejar el déficit de stock actual. Modificaciones en la normativa que permitan establecer cuotas de viviendas sociales con integración. Ajustar el desarrollo y planificación del transporte a la ciudad y no viceversa. Modificación en la normativa que permita que el estado se beneficie de los aumentos de plusvalía por obras públicas. Estado como comprador de terrenos para proyectos de integración social. Llevar a nivel de Municipios el poder de planificación, recuperación y mantenimiento y generar más y mejores niveles de coordinación intersectorial. Subsidiar terrenos no segregados. Recuperación de barrios en conflicto, limitando demolición a situaciones extremas. Establecer lineamientos para la recuperación de stock existente, tanto para el caso de deterioro como para el caso de mal uso de los subsidios. Establecimientos de macrozonas a nivel nacional con un responsable o gerente que sea responsable por el mantenimiento y recuperación. Probar el modelo de comodato o arriendo con beneficio para grupos transitorios (jóvenes y tercera edad).

MESA DE TRABAJO N°5 Temática

Vivienda

Fecha

04 de mayo 2013

Diagnóstico

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Llegamos al agotamiento de un modelo de política de vivienda que separa el problema de la vivienda con el de la calidad de vida. La política se centra en el objeto vivienda y no en la comunidad. De esta forma no se fomenta la creación de capital social y capacidades para la superación de la pobreza. La extrema focalización del modelo ha producido una ruptura entre la vivienda y la ciudad llevando a una fragmentación social del territorio. La predominancia de las leyes del mercado en la producción de ciudad ha limitado la acción del Estado a medidas parciales sin un efecto real en romper la segregación. El subsidio a la demanda sin fomentar la oferta ha producido un

retroceso y un déficit de 40.000 subsidios insatisfechos. Sumándole la cantidad de familias que viven en campamentos estamos ad portas de una crisis de vivienda. De una política de vivienda a una política de habitar con calidad de vida.

Principio fundamental Líneas de Acción

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Propuestas

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Priorizar el problema de la vivienda y calidad de vida como un elemento fundamental para superar la desigualdad. Incorporar el derecho a la vivienda en la Constitución para dar una señal fuerte desde los primeros días de gobierno. Internalizar el concepto de que el habitar no es un acto individual. Cambiar el rol del Estado, de espectador a actor en la producción de la vivienda y los barrios. Cambiar el paradigma de la vivienda en propiedad abriendo otras formas que permitan la movilidad social. Generar oferta de calidad de vivienda y barrios, mejorando el estándar de la vivienda, espacio público, equipamiento y conectividad. Mejorar la habitabilidad de las viviendas existentes, definiendo prioridades de reparación. Generar proyectos modelo de integración social a través de la densificación, con un rol activo del estado en la gestión de suelo para asegurar una buena localización. Usar los activos disponibles como Cerrillos o La Platina. Compra anticipada de suelo para contar con un banco de terrenos para proyectos de integración. Asegurar el mix social a través de 2 mecanismos. En zonas consolidadas, estudiar la incorporación de cuotas en proyectos inmobiliarios de clase media. En proyectos de integración, integrar distintos tramos de vivienda orientados a distintos grupos etarios y composición familiar. A nivel regional estudiar la figura de corporaciones, asegurando el financiamiento de programas a través de un FNDR mayor al actual. A nivel local, crear un modelo de mesas tripartitas –Serviu, Municipalidad y comunidades- para la formulación de proyectos, generando alianza con los municipios. Asegurar el financiamiento de la nueva política para lo cual es posible redestinar fondos. Incluir en la reforma tributaria un impuesto mayor a los terrenos desocupados y a todas las transacciones de terreno. Al mismo tiempo, bajar gradualmente las franquicias tributarias a la construcción. Probar modelo de vivienda en comodato o en arriendo para sectores de la población como jóvenes o adultos mayores, incorporando a un tercero que se haga cargo de la administración y mantención.

MESA DE TRABAJO N°6 Temática

Políticas Públicas y Territoriales

Fecha

04 de mayo 2013

Diagnóstico

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      Principio fundamental Líneas de Acción

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Propuestas

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No hay política urbana desde el año 2000, en que se derogó la política de 1985. La Comisión Presidencial para la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano avanzó en definir lineamientos básicos, pero insuficientes a la hora de definir las acciones para implementarla. Los I.P.T. son instrumentos rígidos, y quedan obsoletos al momento de aprobarse, debido al extenso plazo de aprobación. La inversión pública pierde efectividad por la descoordinación de los planes sectoriales. No hay balance de atribuciones y competencias en la toma de decisiones de inversión desde el nivel central al nivel regional. Falta la figura intermedia del gobierno metropolitano en las grandes ciudades con más de una comuna. El FNDR produce una distorsión por la competencia entre municipios con distintos niveles de capacidad técnica. La ciudadanía queda fuera de la discusión por la falta de mecanismos de participación. Planificar para un desarrollo equitativo y sustentable.

Establecer un sistema de planificación que vele por garantizar los derechos urbanos de los ciudadanos. Replantear los I.P.T. como instrumentos flexibles que incorporen elementos de gestión. Hacer efectivo el rol del Estado en la protección de estándares de calidad de vida en el desarrollo urbano. Definir una nueva institucionalidad que permita la coordinación de la inversión pública y nuevos roles para los ministerios del territorio. Cambio de foco de lo sectorial a lo territorial en la planificación e implementación de inversiones. Asegurar el financiamiento de los planes de inversión regionales. Validar un sistema de medición de indicadores de calidad de vida para reducir brechas. Reforma al sistema naciones de planificación de ciudades, permitiendo una aprobación expedita y actualización permanente.

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Definir mecanismos de recuperación de plusvalías a través de la reforma tributaria u otros. Definir una nueva estructura regional para la implementación de la política, con la participación del gobierno regional, gobierno local y la ciudadanía. Revisar la institucionalidad existente, como las corporaciones de desarrollo regional y los instrumentos, tal como los convenios de programación financiera para una nueva institucionalidad. Crear una institucionalidad de transición, con instrumentos como los contratos de ciudad que definan tareas y zonas prioritarias reflejadas en planes de inversión plurianuales. Establecer planes de inversión focalizada a nivel regional para afianzar la actuación de la nueva estructura territorial.

MESA DE TRABAJO N°7 Temática

Participación Ciudadana

Fecha

04 de mayo 2013

Diagnóstico

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   Principio fundamental Líneas de Acción

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Propuestas

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Grandes intervenciones sobre el territorio como los instrumentos de planificación y grandes inversiones en infraestructura no incluyen a la ciudadanía en la toma de decisiones. Chile está viviendo un proceso de despertar de las organizaciones sociales producto del malestar social por la falta de inclusión en las decisiones (INCLUIR CIFRAS GENERALES). No hay institucionalidad central que promueva la participación. La Dirección de Organizaciones Sociales no cumple un rol relevante. La figura básica de la participación local -junta de vecinos- perdió sus facultades para interactuar con el municipio. La planificación local –Pladeco y PRC- carece de participación efectiva. Profundizar la democracia a través de la participación ciudadana.

Internalización del concepto de la participación como un valor en sí misma que debe ser promovida. Se requiere un cambio de paradigma en la toma de decisiones del Estado sobre el territorio que incluya a la ciudadanía. La participación también involucra a los privados, éstos deben hacerse cargo del impacto social de sus intervenciones sobre el territorio. La escala más efectiva de la participación es la escala local. De ahí se debe partir para formar capital social. Legislar para promover la participación y asegurar su financiamiento. Definir los ámbitos de la participación, operatoria y plazos para generar certidumbres y validar el proceso.

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Definir la institucionalidad encargada de promover la participación, identificando dónde radica, quién la compone y cuáles son sus atribuciones. Asociar la participación al ámbito de la RSE, para evitar el mal uso de los recursos estatales a través de la ley de donaciones. Incorporar mecanismos de participación de los Pladeco y reformar los mecanismos de los PRC. Aprovechar el potencial de los planes de inversión comunal que manejan la Secpla para incorporar la participación, priorizar y validar las inversiones.

MESA DE TRABAJO N°8 Temática

Calidad de Vida y Barrios

Fecha

7 de mayo 2013

Diagnóstico

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La política de vivienda ha sido efectiva en reducir el déficit habitacional, pero no ha habido una política integral de ciudad, lo que ha ido en contra de la calidad de vida. En el sistema actual, el bienestar de unos es a costa de la calidad de vida de otros, lo que es evidente en la localización de los vertederos y las cárceles. La dotación de servicios es una base indispensable para la calidad de vida y la equidad territorial. Los barrios son una unidad territorial y social de dimensión ideal para avanzar en la equidad de provisión de bienes públicos.

Principio fundamental Líneas de Acción

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Propuestas

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Para mejorar la calidad de vida a nivel de barrios, se debe trabajar descentralizadamente desde el Estado. Los aspectos que deben medirse para evaluar la calidad de vida son: acceso a empleo, cultura, educación, salud, medio ambiente. Se debe potenciar la dimensión espacial y territorial de las políticas públicas, concentrando la acción del estado a nivel de barrio. Se deben definir umbrales de calidad de vida urbanos, expresados en el acceso a empleo, seguridad, educación y salud. Los barrios deben, además de proveer de servicios, brindar acceso a oportunidades de empleo y promover la actividad económica. Se deben asegurar montos mínimos de financiamiento para la provisión de bienes y servicios urbanos asignando un porcentaje del gasto público a nivel regional. Cada nuevo proyecto de barrio debe incluir todos los elementos claves para la calidad de vida.

MESA DE TRABAJO N°9 Temática

Accesibilidad Universal

Fecha

15 de mayo 2013

Diagnóstico

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 Principio fundamental Líneas de Acción

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Propuestas

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Hay un gran número de personas hoy día en Chile con problemas físicos que dificultan su integración. Por ejemplo, existen 600.000 personas con problemas de disminución visual. No hay un estándar de facilidad para la circulación en el espacio público. Cada comuna construye facilidades con criterios distintos. Los temas más críticos son la discontinuidad de veredas, cruces peatonales sin rebajes de solera y obstáculos en las veredas, los que producen problemas de inseguridad. Falta fiscalización de las facilidades ya construidas como cruces de calle con rebaje de solera, que son obstruidos muchas veces por vehículos. La accesibilidad funciona como una cadena o red de facilidades, que no puede romperse en ningún punto para que no pierda efectividad. Accesibilidad como medida de la inclusión.

Hay que pagar la deuda con la accesibilidad en los proyectos públicos. Todos los nuevos proyectos deben tener el estándar de accesibilidad universal. Se deben fiscalizar los proyectos desde su concepción, por un Inspector Técnico. Los principios son: corregir lo defectuoso existente, controlar la calidad de lo nuevo, mejorar continuamente los procedimientos y capacitar para cumplir los estándares. Se deben realizar planes de accesibilidad comunales. Debe existir una política de gratuidad para la discapacidad en los medios de transporte. Reevaluar la efectividad de la tarjeta de discapacidad, que en este momento no es 100% confiable. Se deben evitar los malos usos mejorando la evaluación médica. Los proyectos de vivienda social deben incluir una cantidad de unidades 100% accesibles, con baños adaptables y puertas de 80 cm.

ANEXO 3: PLAN DE ACCIÓN

VIVIR JUNTOS: Programa Presidencial para un Territorio Inclusivo. IMPLEMENTACIÓN LEGAL MEDIDAS CAPITULO I: MUNICIPIOS 1. Consagrar un 5% más del presupuesto nacional a los municipios, como aporte fiscal directo 2. Mayor aporte de municipios de altos ingresos al fondo de distribución y modificación de Ley de Rentas Municipales 3. Rediseño del sistema de redistribución local 4. Creación de "Fondo para el Capital Humano Local" (para los 150 municipios más vulnerables) CAPITULO II: REGIONES 5a. Plan de Inversiones Regional de Largo Plazo 5b. Nuevo Sistema de Evaluación Social para la equidad regional 6. Aumentar en un 50% los Fondos Regionales (FNDR) y asociarlos a planes de inversión regional de largo plazo 7. En el marco de la propuesta de descentralización, se avanzará en la elección democrática de Intendentes CAPITULO III: GARANTÍAS TERRITORIALES 8. Definición de indicadores, estándar y déficit de garantías territoriales 9. Plan de Inversión Multisectorial para la superación de déficit de Calidad de Vida 10. Aprobación de proyectos en base a brechas de Calidad de Vida 11. Elaboración de Indicadores anuales de Calidad de Vida

12. Creación del Concejo Ministerial y Regional para la Calidad de Vida 13. Elaboración de Planes de Compensación Territorial de Actividades Molestas CAPITULO IV: POLÍTICA DE SUELO 14. Dotar de recursos y competencias al Ministerio de Bienes Nacionales, para la provisión de terrenos para proyectos sociales

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

DECRETO HACIENDA

MODIFICACIÓN LEY

RESOLUCIÓN SUBDERE

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO SUPREMO

NUEVA LEY

RESOLUCIÓN MDS

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

MODIFICACIÓN CONSTITUCIONAL

DECRETO SUPREMO

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

RESOLUCIÓN INTENDENTE Y ACUERDO CONSEJO REGIONAL

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO SUPREMO

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO SUPREMO

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO BIENES NACIONALES

MODIFICACIÓN LEY

VIVIR JUNTOS: Programa Presidencial para un Territorio Inclusivo. IMPLEMENTACIÓN LEGAL MEDIDAS 15. Elaboración de 15 Planes Regionales de adquisición de suelo 16. Creación de Fondo Regional para la adquisición y gestión de suelo 17. Prioridad de compra y posibilidad de expropiación, en los terrenos determinados por el Plan Regional de adquisicion de suelo 18. Cesión de terrenos para vivienda social de un 10% para todos los desarrollos inmobiliarios 19. Política de recuperación de plusvalía de la intervención del Estado CAPITULO V: ESPACIOS PÚBLICOS 20. Plan Nacional de Espacios Públicos que contempla la consolidación de 30 centros cívicos comunales a nivel nacional 21. Definición de estándares adecuados para el diseño de espacios públicos y áreas verdes, diferenciados según su nivel: barrial, comunal y regional 22. Centros Barriales 14 Horas: Abrir e invertir en los colegios públicos y canchas deportivas insertas en los barrios, para su transformación en Centros Barriales abiertos 14 horas al día 23. Reemplazo de los estudios de impacto vial por un nuevo sistema de evaluación de impacto urbano de las obras de infraestructura CAPITULO VI: POLÍTICA HABITACIONAL 24. Financiamiento multisectorial para los nuevos barrios integrados desde su entrega 25. Programa Integrado de Mejoramiento de Barrios: mejoramiento, ampliación de viviendas, densificación predial y recuperación de barrios (PPPF + Quiero mi barrio + Fondo Solidario Elección de Vivienda) 26. Construcción de viviendas públicas en arriendo o comodato para grupos en transición (programa piloto)

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

DECRETO SUPREMO

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO BIENES NACIONALES

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO SUPREMO

MODIFICACIÓN LEY

RESOLUCIÓN SII

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO MINVU

MODIFICACIÓN LEY

RESOLUCIÓN MINVU

RESOLUCIÓN SUBDERE

MODIFICACIÓN LEY

DECRETOS MINISTERIALES

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO MINVU

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO SUPREMO

MODIFICACIÓN LEY

VIVIR JUNTOS: Programa Presidencial para un Territorio Inclusivo. IMPLEMENTACIÓN LEGAL MEDIDAS 27. Incentivos a la postulación colectiva a los programas habitacionales, incorporando el diseño participativo como herramienta de generación de capital social (75UF) 28. Construcción de 5 Barrios Modelo Integrados en las principales áreas metropolitanas del país CAPITULO VII: MOVILIDAD INCLUSIVA 29. 15 Planes regionales de inversión en infraestructura para el uso de la bicicleta y para el desplazamiento peatonal 30. Nueva ley de transporte no motorizado, para materializar una redistribución de la vialidad y la convivencia incorporando a ciclistas y peatones 31. Implementación de facilidades para el intercambio modal en los puntos de mayor afluencia de personas, especialmente para quienes utilizan medios no motorizados 32. Plan Chile Accesible: Fortalecimiento de normativa vigente y Plan de Adaptación de centros cívicos comunales 100% accesibles 33. Creación del Programa "Una Nueva Convivencia Vial" al amparo de la institucionalidad cultural, en coordinación con los Ministerios de Educación y Transportes CAPITULO VIII: PATRIMONIO 34. Creación de la Subsecretaría del Patrimonio, reestructurando el actual Consejo de Monumentos Nacionales 35. Incorporar en el marco legal existente, la declaratoria patrimonial de elementos intangigles: costumbres, condiciones urbanas y el paisaje natural

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

DECRETO MINVU

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO MINVU

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

DECRETOS MINISTERIALES

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

DECRETO MINVU

DECRETOS MINISTERIALES

NUEVA LEY

MODIFICACIÓN LEY

VIVIR JUNTOS: Programa Presidencial para un Territorio Inclusivo. IMPLEMENTACIÓN LEGAL MEDIDAS 36. Programa de incentivos para la revitalización patrimonial, tales como la venta de derechos de constructibilidad, exención de impuestos territoriales y simplificación de procesos administrativos 37. Generar programas de difusión y mecanismos de participación ciudadana que incentiven la revitalización y cuidado del Patrimonio 38. Plan cuatrienal de Inversión Patrimonial: Primer plan de recuperación Barrios y 15 Mercados con valor patrimonial CAPITULO XI: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 39. Creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana 40. Reforma a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre participación ciudadana en los distintos niveles de planificación territorial: comunal, intercomunal y regional 41. Transformación de los PLADECO en un instrumento efectivo de inversión en el territorio, mediante la validación ciudadana de 5 iniciativas que contarán con un RS ciudadano 42. Creación de mecanismos de financiamiento y rendición de cuentas, para la implementación de acciones de participación ciudadana a escala local CAPITULO X: MEDIO AMBIENTE 43. "Subsidio Aire Puro" para el recambio de fuentes energéticas de calefacción en zonas saturadas por contaminación atmosférica 44. Planes Reguladores Rurales para todo el territorio nacional 45. Solución de absorción y almacenamiento de aguas lluvia en todos los nuevos proyectos viales 46. Creación de parques regionales en las 15 regiones a cargo de las "Agencias de Espacios Verdes"

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO MINEDUC

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO INTERIOR

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

DECRETO SUPREMO

MODIFICACIÓN LEY

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

VIVIR JUNTOS: Programa Presidencial para un Territorio Inclusivo. IMPLEMENTACIÓN LEGAL MEDIDAS 47. Plan "Chile Recicla" que incluye normativa sobre VIRS y puntos limpios a nivel nacional

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

LEY ANUAL DE PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN LEY

VIVIR JUNTOS DE LA DESIGUALDAD A UN TERRITORIO JUSTO E INCLUSIVO PROGRAMA DE CIUDAD Y TERRITORIO PARA PRIMARIAS DE LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET 2013.