Memoria de Labores SAA 2012 - 2013 by Secretaría de Asuntos Agrarios Presidencia de la República

Otto Fernando Pérez Molina

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Elmer Alberto López Rodríguez

SECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Documento elaborado por la

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Diseño, diamagración y fotografías

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL http://portal.saa.gob.gt

EDITOR PRINCIPAL

Sydney Alexander Samuels Milson

EDITORES ADJUNTOS

Juan Antonio Fernández Gamarro y Manola del Carmen Santa Cruz

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Brian Berges Sánchez

ÍNDICE GENERAL PÁG.

Mensaje del SECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA

Capítulo I. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: NÚCLEO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR RESULTADOS

Capítulo II. LA PROPUESTA DE CAMBIO DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS Y LA COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL: ECONOMÍA CAMPESINA COMO SUJETO PRIORIZADO 13 Capítulo III. LA RESOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS: CAMINO DE CONCORDIA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Capítulo IV. LA POLÍTICA AGRARIA: ESPACIO DE CONVERGENCIA Y ARTICULACIÓN DE LAS LEGÍTIMAS ASPIRACIONES DE LA POBLACIÓN

Capítulo V. GESTIÓN POR RESULTADOS: LOGROS Y DESAFÍOS INSTITUCIONALES

ANEXOS

MENSAJE DEL SECRETARIO

DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PRESIDENCIA El tema de desarrollo rural integral y sostenible es uno de los cinco ejes priorizados en la agenda programática de este Gobierno (Seguridad Democrática y Justicia, Desarrollo Económico Competitivo, Infraestructura Productiva y Social para el desarrollo, Inclusión social) es por ello que se Activó y Readecuó la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, lo que ha permitido iniciar el impulso de la Economía Campesina, así como el de inclusión social. Además se participó en la creación de la Política para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales, permitiendo incidir, a través de cabildeos, en acciones opcionales de negociación que generen verdaderas oportunidades en la población rural.

con una finca en el Petén de 11 caballerías. Además 12 mesas de diálogo y conciliación con organizaciones campesinas e indígenas, para la pronta resolución de conflictos de alto Impacto, promoviendo la cultura de diálogo y paz para evitar confrontación entre las partes. Entre ellos el de Nueva Esperanza en Petén quienes estaban ubicados en la franja fronteriza entre Guatemala y México, lo que generó conflictividad internacional en el gobierno anterior.

Para Guatemala el lanzamiento oficial del Programa de Agricultura Familiar y el Marco General de la Política de Inversión representa la oportunidad de hacer las cosas diferentes y, por lo tanto obtener resultados que generen cambios reales en el tema de desarrollo rural integral.

El Tema Agrario es decisivo para el país, es reconocido en los Acuerdos de Paz, específicamente en los Acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, por ende es necesario abordar la problemática agraria desde la perspectiva económica y social, tomando en cuenta sus raíces históricas. A través de la aprobación de mecanismos diferentes de diálogo y proceso de restablecimiento histórico se dio respuesta a los compromisos adquiridos en la Marcha Campesina, específicamente los casos de Santa María Xalapán en Jalapa, Sierra Chinajá en Chisec, Alta Verapaz, Regularización de Tierras en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Minas, El Regadillo en El Quiché y conflictos del Polochic. Se ha dado inicio al Plan de Desarrollo Territorial de El Polochic con la expectativa de crear un crecimiento económico de esa región.

Mediante el impulso de la estrategia de las dos puertas, se buscó hacer compatible visiones que tradicionalmente han sido antagónicas. La inversión privada en territorios rurales es fundamental, en el marco de los criterios que al respecto ha establecido el actual Gobierno y que se refieren a la propuesta de Ley 4084, la garantía de sostenibilidad ambiental, la equidad en la distribución de la riqueza que produzca esa inversión, el respeto a la multiculturalidad y garantizar la competitividad para atraerla al país. La promoción de la economía campesina permite enfrentar la inseguridad alimentaria, la pobreza y superar el carácter de infra y subsistencia en que se encuentra la producción campesina a la que se dedica la inmensa mayoría de la población que habita esos territorios en la infra y subsistencia. Nosotros partimos de ver a cada campesino como una unidad capaz de generar desarrollo económico, brindándole las herramientas necesarias para lograrlo. Creemos fielmente que la economía campesina puede generar valor, por lo que nuestra política busca revitalizar el campo. Reconocemos que la inversión privada es necesaria para el desarrollo rural integral, pero para atraerla es necesario descender la conflictividad; y para mermar dicha resistencia, generar cambios y atraer inversión al área rural se necesitan Políticas claras basadas en aspectos técnicos. De un estado de confrontación en los temas rurales-agrarios que encontramos en enero 2012, hemos logrado generar suficiente legitimidad institucional para la conciliación, que ha originado diálogos y soluciones pacíficas a 386 casos de conflictos agrarios, de 1,304 que están actualmente en proceso, lo que permitió beneficiar a 124,505 personas donde estaban involucradas 42,806.81 hectáreas de terrenos en disputa. En esta misma línea se benefició a 111 familias con la entrega de certeza jurídica sobre sus tierras

También el Diseño y Formulación del borrador de la Política Agraria 2012-2016, una propuesta alineada a la Constitución Política de la República, al espíritu y contenido de los acuerdos de Paz y al Plan para Activar y Adecuar la PNDRI. El Presidente Otto Pérez Molina manifestó su compromiso fundamental, con el desarrollo rural, siendo un legado principal para las personas de Guatemala al combatir la pobreza y la pobreza extrema que prevalece en nuestro territorio.

Elmer Alberto López Rodríguez

Secretario de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República

i. marco estratégico institucional: núcleo del sistema de gestión por resultados La Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), es una institución del Organismo Ejecutivo, dependiente jerárquicamente de la Presidencia de la República, creada según el Acuerdo Gubernativo Número 136-2002 de fecha 29 de abril de 2002. Siendo la institución rectora del tema agrario, tiene dentro de sus principales funciones: Asesorar al Presidente de la República en el tema agrario del país; coordinar a entidades centralizadas y descentralizadas de Gobierno directamente involucradas en el tema agrario para establecer conjuntamente el mejor sistema de comunicación y seguimiento de las políticas públicas en esa materia y las actividades que se requieran derivadas de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz. Para ello cuenta administrativamente con dos Subsecretarías: Política Agraria y Resolución de Conflictos. 6

1.1 ORIENTACiONES ESTRATÉGICAS Las orientaciones estratégicas bajo las cuales se desempeña la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República alcanzan una consistencia con tres de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- (“Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer; así como Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”), los objetivos de Gobierno, expresados en Pactos, la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).

FIGURA 1. OBJETIVOS POR NIVELES DE ร MBITO

Fuente: Direcciรณn de Planificaciรณn y Programaciรณn con informaciรณn de ONU, SEGEPLAN, MIDES, CPDRI, PRONACOM y SAA.

1.2 MACRO ESTRATEGIA vISIÓN Ser la entidad gubernamental que lidera la transformación agraria de Guatemala, como un elemento dinamizador del desarrollo rural integral, centrando la atención en la economía campesina.

mISIÓN Somos la Institución del Organismo Ejecutivo rectora del tema agrario, con énfasis en la articulación de la política agraria, así como la resolución y transformación de conflictos relativos a la tierra; contribuyendo con ello al desarrollo rural integral con pertinencia cultural y equidad de género.

FIGURA 2. PIRÁMIDE DE PRINCIPIOS

1.3 ESTRATEGIAS GENERALES

(OBJETIVOS ESTRATÉGICOS)

Las orientaciones estratégicas bajo las cuales se desempeña la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República alcanzan una consistencia con tres de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM- (“Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer; así como Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”), los objetivos de Gobierno, expresados en el Pacto Hambre Cero y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

DESARROLLAR Y ARTICULAR el ciclo de la política AGRARIA

FORTALECER MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOBRE LA TIERRA

Se busca articular y formular la Política Agraria orientada a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la promoción de la igualdad entre los sexos, además de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, como senderos que están contenidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A su vez la Política Agraria estará enmarcada dentro del Pacto Hambre Cero y su visión derivada de la Agenda del Cambio 2012-2016, en el marco de la Agenda Nacional para la Competitividad 2012-2021 y la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).

Se impulsarán iniciativas enfocadas hacia la resolución de aquellos conflictos que tengan alto significado social, manifiestos bajo la siguiente fisonomía: altas tensiones sociopolíticas, ubicación en territorios indígenas, bajos niveles socioeconómicos de las comunidades, vinculación al medioambiente, falta de reconocimiento de prestaciones laborales, entre otros. Así mismo se desarrollaran estrategias para continuar atendiendo las demandas de conflictos que si bien no implican el involucramiento de población considerable, ni tampoco generan un impacto en la gobernabilidad, mantienen un clima de inestabilidad en las comunidades en donde se desenvuelven.

CATÁLOGO DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS secretaría de asuntos Agrarios de la presidencia de la república subsecretaría de política agraria

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN AGRARIA

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS a Políticas Públicas Agrarias y de Desarrollo Rural Integral, Documentos Históricos, Sociológicos y Jurídicos.

FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LEGISLACIÓN AGRARIA

secretaría de asuntos Agrarios de la presidencia de la república subsecretaría de resolución de conflictos

PREVENCIÓN DE ESCALADA DE CONFLICTOS COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, SIERRA DEL LACANDÓN, PETÉN.

RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS:

CONCILIACIÓN, ARBITRAJE AGRARIO, ASISTENCIA LEGAL GRATUITA, MESAS DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN 12

ESTUDIOS TÉCNICOS-CATASTRALES

PRESENTACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE ESTUDIOS PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LAS 448 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LOS ALPES, ALTA VERAPAZ.

iI. la propuesta de cambio de la secretaría de asuntos Agrarios y la comisión presidencial para el desarrollo rural integral: economía campesina como sujeto priorizadO Se reconoce la vigencia formal de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), pero también la insignificancia que manifiesta su proceso de implementación, así como la falta de participación de sectores importantes como partidos políticos. Cabe resaltar el compromiso del Presidente de la República Otto Fernando Pérez Molina, con esta temática ante las organizaciones sociales. Se hace necesario, para cumplir con los compromisos adquiridos y para ser consecuente con los intereses nacionales, activar dicha política y, en ese proceso de activación, adecuarla a las necesidades reales que se manifiesten, en congruencia con los principios, ejes y estrategias del plan de gobierno, específicamente con el Eje de Desarrollo Rural Sostenible. Haciendo lo anterior se estaría construyendo la viabilidad política que permita su expresión jurídica en una ley de desarrollo rural integral, para fortalecer su inter-temporalidad y su naturaleza de política de Estado, en el marco constitucional vigente. 13

Asimismo, la integralidad y complejidad del carácter multisectorial y multidimensional de la PNDRI, se hace necesario impulsar su activación con un criterio metodológico que vaya de lo más concreto hacia lo de mayor complejidad. Se estima que la mayor concreción que puede expresar dicha política es lo relacionado con la promoción de la economía campesina que, al mismo tiempo, responde a las necesidades de los sectores mayoritarios que se encuentran en condiciones de pobreza, pobreza extrema, exclusión y de vulnerabilidad alimentaria y nutricional; la cual coincide en gran medida con población indígena. La definición de la economía campesina como el sujeto priorizado de la PNDRI tendrá, como una orientación fundamental, el empoderamiento de las mujeres.

PLAN PARA ACTIVAR Y ADECUAR LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL PNDRI 2012-2016 ¿QUÉ ES EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y A QUIÉNES INVOLUCRA? Se entiende como Desarrollo Rural Integral, al avance progresivo hacia una vida digna y justa en lo económico, social, político, cultural, ambiental y espiritual como derecho inherente a la persona, a la comunidad y a la sociedad rural, que implica la participación ciudadana en las decisiones y en los beneficios de los procesos socioeconómicos, en el contexto de su identidad genérica y cultural. La persona humana en convivencia armónica con la naturaleza, es el sujeto central del desarrollo rural integral; en consecuencia debe ser participante activo y beneficiario de este proceso. El desarrollo humano integral en el área rural se alcanza mediante un proceso multidimensional y multisectorial, gestionado de manera simultánea y equilibrada en lo económico, político, natural, ambiental, cultural y espiritual.

Pacto Hambre Cero una oportunidad para el desarrollo del campesino El Gobierno de la República ha lanzado el Plan contra el Hambre o Pacto Hambre Cero, como también se le conoce, cuyo propósito fundamental es concitar la más amplia convergencia social y política en torno a lograr abatir este flagelo en el país. Se trata de enfrentar con urgencia las causas inmediatas que la provocan, pero también aquellas relacionadas con condiciones estructurales que están relacionadas directa o indirectamente con la cronicidad prevaleciente en la situación de inseguridad alimentaria y nutricional en que se encuentran sumidos amplios sectores de la población, principalmente rural. En este marco hay programas destinados a emergencias alimentarias pero también se han definido programas que tiene como objetivo reactivar la economía rural, uno de ellos y que se establece como el programa insignia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, es el Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina. Éste destinará recursos humanos, institucionales y financieros para un efectivo apoyo a la economía campesina.

¿Qué es la economía campesina? La Economía Campesina es el conjunto sistémico de estrategias y actividades que la familia y la comunidad rural desarrollan para lograr satisfacer sus necesidades vitales materiales y espirituales, en función de alcanzar una vida digna, en armonía con el territorio y el ambiente con los que conviven; siendo tres de sus características fundamentales: el trabajo familiar, la producción de sus propios alimentos y el rol central de la mujer en la reproducción y fortalecimiento del sistema. La economía campesina es poli-activa y sus expresiones varían de región en región, determinadas por los elementos socioculturales y por los factores físicos del entorno. Es una economía dinámica en las relaciones y vínculos con el mercado, las instituciones públicas y entre comunidades. Fotografía: Vicepresidencia de la República

La Economía Campesina desarrolla un conjunto de estrategias y actividades para generar ingresos económicos, pero también bienes y servicios no monetarizados, que en conjunto, le permiten a la unidad campesina (familia y/o comunidad) su reproducción en la búsqueda de una vida digna. La producción de alimentos es una de las prioridades fundamentales y por lo tanto, el vínculo arraigado con la tierra. La Economía Campesina es poliactiva, vinculada a otras actividades, más allá de la producción de alimentos, tales como diversas agriculturas, comercio, cuidado ambiental, cuidado familiar y comunitario, construcción, turismo, confección textil, artesanía, movilidad, participación social, servicios en territorios rurales, etc. El componente cultural vinculado a la lógica económica campesina es central: no hay un sentido de acumulación por la acumulación misma. Hay una lógica que asegura, en primera instancia, la alimentación; por ello es imprescindible la producción alimentaria. También hay una lógica anti riesgo, a eso se debe la diversidad de actividades. Luego aparecen las estrategias de diversificación productiva para garantizar ingresos monetarios en función de cubrir el resto de necesidades vitales y las estrategias de vida comunitaria para la protección de la comunidad y el ambiente (territorio) como construcción social. 15

Estrategia gubernamental de las Dos Puertas El gobierno de Guatemala prioriza el desarrollo rural integral como un tema central en su administración. Ha definido una estrategia gubernamental denominada las dos puertas, las cuales permitirán un proceso continuo y sistemático de apoyo a las economías rurales. Una de las puertas es el Apoyo y Fortalecimiento de la Economía Campesina, tomando en cuenta que ésta es el sujeto priorizado en la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral. Es en este sector de la población en donde se encuentran los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema, pero también se reconoce el enorme potencial de desarrollo en estas economías. La segunda puerta es la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales que tiene por objeto atraer inversión al área rural bajo los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Fotografía: Vicepresidencia de la República

Fotografía: Presidencia de la República

¿Qué implica la Política de Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales? Fotografía: Presidencia de la República

La Comisión para la Promoción de la Inversión Privada en Territorios Rurales, fue constituida por el Presidente de la República y coordinada por el Comisionado Presidencial para el Desarrollo Rural Integral. Dicha política parte del supuesto, completamente compartido y estimado por todos, de que la inversión privada es fundamental para el desarrollo rural integral del país. El Estado debe garantizar las inversiones rurales, bajo criterios de sostenibilidad y buscando un triple objetivo: I) Un desarrollo económicamente viable; II) Un desarrollo socialmente equitativo y III) Un desarrollo ambientalmente sustentable para la administración eficiente y racional de los recursos naturales y respeto a los pueblos que habitan los territorios. El marco general de política para la promoción de la inversión privada en territorios rurales utiliza la concepción de desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Se pretende entonces que la inversión privada, nacional e internacional genere desarrollo en los territorios.

¿Por qué empoderar a las mujeres? Tanto en el marco familiar como comunitario la política pública debe lograr el empoderamiento de las mujeres como el sujeto clave para darle continuidad y fortaleza a la intervención pública. El trabajo con mujeres rurales es fundamental para garantizar sostenibilidad a los procesos de desarrollo.

Pero también es un tema de equidad, de implementar políticas y programas específicos para mujeres como medidas afirmativas que provean acceso a oportunidades, recursos productivos y servicios, de los cuales las mujeres han sido secularmente excluidas.

Fotografía: Vicepresidencia de la República

LA INICIATIVA DE LEY 4084 “Ley del sistema nacional de desarrollo rural integral” El Ejecutivo apoyó la propuesta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales; dicha Comisión recomendó su aprobación de urgencia nacional, a partir de la incorporación de las propuestas realizadas por los diversos sectores, resultantes las audiencias públicas.

“El impulso a la Economía Campesina y el eje que hemos denominado Desarrollo Rural Integral así como el de inclusión social se enfoca en ampliar las oportunidades de la niñez y la juventud para que puedan desarrollar y encontrar opciones productivas que les permitan tener una vida mejor. El propósito es convertirlos en actores de su propio desarrollo y que no dependan solamente del Estado para salir adelante”.* Otto Fernando Pérez Molina Presidente Constitucional de la República de Guatemala *Extracto del Discurso de toma de posesión del Presidente de la República, Otto Pérez Molina en el Domo Deportivo Zona 13, Ciudad de Guatemala, 14 de enero de 2012.

iii. la resolución y transformación de conflictos, un camino hacía la construcción de la paz La resolución de conflictos agrarios, es un proceso que inicia en el momento en el que las partes advierten la necesidad de un método que solucione las controversias en las cuales se encuentran y que éste incrementa las posibilidades de solución con la intervención institucional; ante este reconocimiento las partes exploran una mayor probabilidad de obtención de resultados acudiendo a la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), buscando así, una solución al conflicto que les incluya. Regularmente este reconocimiento se expresa en primera instancia, por medio de la solicitud de intervención, sin embargo, es mediante un pacto de negociación con el cual la resolución y transformación, adquieren verdaderamente un significado trascendente; puesto que en él se expresan la voluntad y compromiso de las partes en conflicto por alcanzar a través del diálogo y la negociación asistida, convenios de convivencia pacífica que permitan lograr soluciones pacíficas, justas, integrales y definitivas a sus conflictos sobre la tierra. Fortalecer la certeza jurídica de la propiedad y reducir la conflictividad agraria. 18

Así mismo, la SAA se enfoca en la construcción conjunta del proceso de resolución, en el cual los líderes acuden a las negociaciones, previendo además la incorporación de las comunidades; para ello se desarrollan talleres para la prevención de escalada de conflictos, en los cuales se exponen la metodología de resolución de conflictos, sus alcances y principales retos que conlleve a la solución satisfactoria y consensuada de la conflictividad.

logros estratégicos

386 casos

a. resultados año 2012 En el año 2012 ingresaron 455 casos los cuales involucra a 73,223 personas. El departamento con mayor cantidad de casos ingresados es Petén con 130, luego está El Quiché con 75 y posteriormente Alta Verapaz con 67 casos; el área que ocupan los casos ingresados asciende a 172,242.04 hectáreas.

finalizados

En el 2012 lo cual benefició a través del diálogo, conciliación y negociación a 124,505 personas donde se involucró un área de 42,806.81 hectáreas

Al 31 de diciembre 2012 se registraron 1,304 casos en proceso siendo 1,047,896 personas involucradas y el área que ocupan los casos es de 403,282.44 hectáreas; el departamento que presenta mayor casos en proceso es El Quiché con 340 y, Santa Rosa es el departamento con menos casos en proceso. En áreas protegidas se ha atendidos 188 Casos siendo 185,715 personas involucradas y el área que ocupan los casos es de 49,836.52 hectáreas

1,304 188

CASOS EN PROCESO Durante el 2012

CASOS EN ÁREAS PROTEGIDAS

B. Enfoque de la resolución en conflictos con alto impacto social. A través del mecanismo de negociación y conciliación se prevé que la resolución de conflictos agrarios incluyera componentes de orden cuantitativo, es decir, que se atienda la resolución, por una parte sobre la cantidad importante de casos que han sido ingresados a la SAA y por otra, que sean abordados de manera sistemática conflictos considerados como de alto impacto sociales.

1) Reclamo de derechos históricos de tierras indígenas: comunidad Xinca de Santa María Xalapán, Jalapa. Situada al sur-oriente del país, la Comunidad Indígena Xinca de Santa María Xalapán, del municipio de Jalapa, representada por su Junta Directiva, reclamar derechos históricos sobre un territorio que abarca: el área urbana y alrededores de la cabecera departamental de Jalapa, terrenos ubicados en jurisdicción del municipio de Sansare, El Progreso. En este contexto comunitario han ocupado recientemente parte de los territorios reclamados. En contraposición, vecinos de las cabeceras municipales de Jalapa y Sansare, los segundos con el respaldo del alcalde municipal, argumentan que tanto la cabecera municipal, como los restantes

terrenos son de su propiedad. Esta situación ha motivado la recurrencia de resistencias, ocupaciones y desalojos, en algunos casos violentos, que provocan un estado de inestabilidad social en la región. Ante ello, la institucionalidad del Estado, principalmente la creada posterior a la Firma de la Paz, ha impulsado procesos de resolución al conflicto, por medio de instrumentos como el diálogo, mediación y negociación, derivando en compra y adjudicación de terrenos a favor de la comunidad o de sus integrantes en ciertas áreas en controversia, solventando de manera parcial el conflicto.

En marzo de 2012, representantes de la comunidad, participaron en la “Marcha Campesina, Indígena y Popular” organizada por Coordinadora y Convergencia Nacional Maya WAQIB KEJ, Comité de Unidad Campesina -CUC- y Comité Campesina del Altiplano -CCDA-. El Gobierno de la República y la dirigencia de la marcha, acordaron delegar el proceso de resolución del conflicto de manera prioritaria a la Secretaría de Asuntos Agrarios y al Sistema Nacional de Diálogo Permanente. Este compromiso orienta a encontrar una ruta de solución definitiva partiendo de la Cédula Real, como documento histórico que fundamenta en el marco de la legislación colonial el otorgamiento bajo régimen comunal de 395 caballerías de tierra (17,826 Has.), mismas que se encuentran debidamente inscritas de acuerdo a la legislación vigente. Con ello se busca determinar la conformación histórica, legal y catastral de las propiedades de la comunidad indígena de Santa María Xalapán; y establecer si a la comunidad de Santa María Xalapán, en algún momento de la historia le fueron adjudicadas otras 233 caballerías (10,514 Has.), espacio que constituye en la actualidad el territorio en controversia.

RESULTADOS ALCANZADOS Se ha establecido una “Comisión Técnica” gubernamental, la cual ha diseñado y propuesto un mecanismo de atención integral, mismo que fue validado por las partes. Este proceso inicia con la realización de una investigación a profundidad de tipo técnico-legal y catastral. Habiendo consultado a la fecha diferentes fuentes, dentro de las que se incluye documentación proporcionada por: La comunidad indígena de Santa María Xalapán; la municipalidad de Sansare, El Progreso y la aportada por vecinos de la ciudad de Jalapa; así mismo, han sido consultados documentos históricos conservados por el Archivo General de Centro América. Esto ha significado el análisis de escrituras, certificaciones, (254) expedientes de gestiones de tierras, procesos de medidas relacionadas con el área conflicto y zona de influencia. El estudio es realizado por un equipo conformado por profesionales y técnicos de distintas disciplinas, jurídicas y sociales, incluyendo la paleografía. Todo ello de manera consensuada en donde las partes se ha involucrado directamente en el análisis técnico científico a profundidad, a efecto determinar extensión y ubicación espacial de los terrenos descritos en los expedientes de medida y la titularidad de los derechos sobre los mismos. Paso inicial en el proceso de resolución pacífica y negociada del conflicto.

FIGURA 3. Ejes para abordar el caso de Santa María Xalapán

Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios 2012

MAPA 1. MOSAICO CATASTRAL PRELIMINAR DE FINCAS HISTÓRICAS DE SANTA MARÍA XALAPÁN, PRETENSIONES Y ÁREAS OCUPADAS

Fuente: Estudio Técnico Registral: Solución de los conflictos de tierras de la comunidad Indígena de Santa María Xalapán, Jalapa. -Eje de Investigación-.

FIGURA 4. Imagen de Título de Confirmación

Fuente: Paquete-1, Exp.3-Folio-150, Jalapa, 1762, Archivo de la Escribanía del Gobierno y Sección de Tierras del AGCA.

2) Reubicación de la comunidad asentada en el área Protegida de la sierra del lacandón: Nueva Esperanza, La Libertad, Petén. Entre 1999 y el año 2011, 130 familias de la “Comunidad Nueva Esperanza”, ocupan un área de tierra ubicada en el Parque Nacional Sierra de Lacandón (PNSL), una de las siete zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM). El PNSL es un Área Protegida creada mediante Decreto Número 5-90 de fecha 30 de enero de 1990 y está situada al Noroeste del municipio de la Libertad, Petén, fronterizo con los Estados Mexicanos de Chiapas y Tabasco.

El PNSL, está bajo la co-administración de la Fundación Defensores de la Naturaleza y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), el cual conserva dentro de sus sitios de interés: elementos de paisaje únicos como cenotes, cuevas, lagunas y lagunetas, sitios arqueológicos, dentro de ellos Piedras Negras; además del rol económico y paisajístico del río Usumacinta; todo ello sitúa al Parque como un espacio de relevancia biofísica, geográfica y cultural, parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos. El conflicto trascendió a nivel nacional e internacional en agosto de 2011, luego del tercer desalojo, ordenado por el Juez de Paz de la Libertad, Petén; a partir del cual la comunidad decidió desplazarse al Parque Nacional Sierra Lacandón, en colindancia con el Ejido Nuevo Progreso, de Tenosíque, Tabasco, México. Las familias refugiadas fueron atendidas por funcionarios mexicanos del nivel federal, estatal y municipal. Posteriormente, en coordinación entre Gobierno mexicano y guatemalteco se promovió la repatriación de las

familias negociando las condiciones del retorno, ante lo cual parte de la comunidad optó por aceptar las propuestas gubernamentales ingresando al país a inicios de 2012 por la Frontera de Tecún Umán, San Marcos, para luego trasladarse a un albergue provisional ubicado en el municipio de San Benito, Petén, a la espera de poder ubicarlos en un lugar definitivo. Por iniciativa y coordinación de la Secretaría de Asuntos Agrarios se estableció una mesa de diálogo interinstitucional, con participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión Presidencial

de Derechos Humanos, Procuraduría de los Derechos Humanos, miembros de la Comunidad Nueva Esperanza, Unidad de Acción Sindical y Popular, Gobernación Departamental de Petén, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Acordándose resolver el conflicto a través de la reubicación de la comunidad; posterior a un proceso de estudio y selección acompañado por la comunidad de Nueva Esperanza en diciembre del 2012 se adquieren las fincas: Eben-Ezer y Ojo de Agua, con una extensión de 18.15 caballerías (817 Has.), ubicadas en Flores, Petén. Quedando únicamente el traslado de las familias a las fincas. Con esta acción se logra resolver un conflicto considerado prioritario por su alto impacto social, dada su trascendencia internacional y por estar el área de controversia dentro de una de las mayores reservas culturales y naturales de la Selva Maya. Con ello se ha llevado la Paz social a la zona y se beneficiaron directamente a 315 personas, quienes accedieron a la tierra en co-propiedad, hombres-mujeres.

3) Atención a conflictos en la región del Valle del Polochic, Alta Verapaz: caso Chabil Utzaj y comunidades de Panzós, Alta Verapaz. Para principios del año 2006, la sociedad Ingenio Guadalupe, el mayor productor de caña de azúcar (25% de la producción nacional), primero en la potencia efectiva de cogeneración eléctrica y segundo en la producción de etanol; ubicados en la costa sur, negociaron con medianos y grandes propietarios 37 fincas con potencial para la producción de caña de azúcar por un estimado de 258. 4 millones de Quetzales, en la Región conocida como El Valle del Polochic, Municipio de Panzós, Alta Verapaz. En este contexto, previo a finalizar este proceso de intercambio los propietarios finqueros, dieron por finalizados arrendamientos y relaciones laborales permanentes, principalmente en su modalidad de mozo colono. Posteriormente en el año 2009, el ingenio ya bajo el nombre Chabil Utzaj, S.A, aduciendo problemas financieros derivados de las ocupaciones de terrenos por parte de los antiguos trabajadores, luego de la primera zafra, cierra operaciones resultando el despido de 500 trabajadores permanentes, así mismo se relegó la contratación de 1,500 asalariados temporales requeridos en época de cosecha. Esta crisis se desarrolla en el marco de los daños en las cosechas por el fenómeno natural “La Niña” y el exceso de precipitaciones pluviales, lo cual según informes del Banco de Guatemala derivaría en una de las mayores caídas en el rendimiento de la caña de azúcar de los últimos años. Por otra parte, para el 2010 el crédito para la producción agroexportadora, equivalente a 28. 5 millones de dólares de los Estados Unidos, otorgado a partir de 2005 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se encontraba en renegociación por parte de los propietarios y el ente fiduciario Banco Industrial. En el marco de esta reestructuración de la deuda se incorpora como socio, la subsidiaria nacional Guatemala Sugar State Corp., perteneciente a la nicaragüense Grupo Pellas. En marzo de 2011, se produce uno de los mayores operativos de desalojos en el país, en el cual cientos de familias de la etnia Q´eqchí, en su mayoría bajo el acompañamiento de la organización campesina Comité de Unidad Campesina (CUC), son expulsadas de 14 fincas, los hechos fueron particularmente violentos el día 15 de marzo en las fincas Miralvalle y Agua Caliente-Inup, en cuales tomaron parte unos 700 elementos de la Policía Nacional Civil, 200 del ejército y guardias privados; con un saldo trágico de un muerto y varios heridos; así como cosechas y ranchos destruidos. En el 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares con el contenido siguiente: “El 20 de junio de 2011, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de 14 comunidades indígenas Q’eqchi del Municipio de Panzós, en Guatemala. En la solicitud de medida cautelar se alega que 14 comunidades indígenas Q´eqchíes habrían sido desalojadas forzosamente en el municipio de Panzós, departamento de Alta Verapaz, entre el 15 y el 23 de marzo de 2011. Se alega que la orden judicial de desalojo no fue comunicada a las comunidades afectadas y que no se ejecutó en cumplimiento con los requisitos de ley. La información recibida señala que, transcurridos más de dos meses desde el desalojo, entre 700 y 800 familias de la comunidad se encuentran viviendo en condiciones precarias, sin acceso a alimentos y agua y, sin que agencias estatales les hubieren proporcionado albergue ni soluciones nutricionales. Asimismo, señalan que han ocurrido hechos de violencia contra las comunidades el 13 y 21 de mayo y el 4 de junio, en los cuales habrían resultado muertas dos personas. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Guatemala:

1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades indígenas Q’eqchíes. 2. Adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia humanitaria, incluyendo alimentación y albergue, a los miembros de las 14 comunidades que se encuentran desplazadas. 3. Concertar las medidas con los beneficiarios y sus representantes y. 4. Informar sobre la investigación de los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas cautelares”.

Debido a que era imposible determinar el lugar exacto donde se encontraban los beneficiarios y su individualización, se hizo necesario realizar un censo a los comunitarios, con el fin de recabar información útil que ayudara a saber cuáles eran las necesidades a las que había que dar atención. El censo se realizó en las comunidades afectadas del Valle del Polochic, del 26 al 30 de septiembre de 2011, con el fin de identificar a los posibles beneficiarios y determinar su ubicación exacta, así como también las condiciones de salud, alimentación y vivienda en que se encontraban los miembros de estas 14 comunidades.

Las Instituciones participantes fueron: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos. Como resultado de esta actividad, cada institución le dio seguimiento a las acciones de su competencia, por lo que se realizaron entregas de alimentos, diagnósticos de salud, entre otras.

Acciones realizadas por la Secretaría de Asuntos Agrarios en 2012 En abril del año 2012, como parte de los acuerdos de la “Marcha Campesina” el ejecutivo adquirió el compromiso de solucionar el acceso a la tierra para el año 2012 a 300 familias que recibieron medidas cautelares, a través del mecanismo de Atención a Crisis de la Secretaría de Asuntos Agrarios. En mayo de 2012, se socializó con los líderes comunitarios y dirigentes del Comité de Unidad Campesina (CUC) el cronograma de actividades y se inició la búsqueda de fincas en la zona de interés de los comunitarios, con la participación activa de representantes de las familias a ser beneficiadas; las comunidades al aceptar el procedimiento y cronograma propuesto, iniciaron la selección de las familias en base a condición socioeconómica y trasladaron a la SAA los documentos de identificación y boletas de censo de las 300 familias, por lo que se sistematizó la información en bases de datos.

De julio - septiembre de 2012, se realizaron los análisis registrales preliminares de las fincas ofertadas, para determinar la viabilidad legal de las mismas. De agosto-septiembre de 2012, se realizaron las visitas de campo a las fincas propuestas en la cual participaron los líderes comunitarios, dirigentes del CUC y personal de la SAA, con el propósito de conocer sus características y definir la aceptación de parte de los comunitarios. Se visitaron más de 12 fincas, de las cuales fueron aceptadas 5 fincas.

De agosto a septiembre de 2012 se solicitó al Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) como ente ejecutor la contratación de consultores para realizar los estudios de Análisis Registral, Avalúo y Verificación de área de las fincas propuestas por los líderes comunitarios, esto dentro del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 9-2006 SAA-FONAPAZ. En septiembre de 2012, los representantes comunitarios y la entidad acompañante entregan a la Secretaría de Asuntos Agrarios la propuesta de fincas aceptadas y cantidad de familias a ser

beneficiadas por comunidad. Luego de algunas reuniones con los representantes se llega al acuerdo de otorgar en promedio 35,000 metros cuadrados de área agrícola para cada familia, más un área adicional para la urbanización de la comunidad, que incluye lotes individuales para la construcción de viviendas y áreas comunales para la construcción de infraestructura de servicios básicos.

CUADRO 1. fincas que propusieron las familias de las comunidades del Valle del Polochic y que se solicitaron a FONAPAZ los estudios técnicos de Análisis Registral, Avalúo y Verificación de Área

Fuente: Dirección de Investigación y Análisis, Departamento de Atención a Crisis, SAA 2012.

Plan de desarrollo territorial de la región del Polochic El ordenamiento territorial constituye un componente fundamental en los procesos de planificación integrada, orientado mediante diagnósticos y propuestas con base en el espacio físico y humano. Así, el ordenamiento territorial como proceso de organización del uso y la ocupación del territorio, en función de sus características biofísicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, político-administrativas e institucionales, busca promover el desarrollo rural integral de las regiones.

En este sentido, la visión institucional impulsada por el Presidente de la República, busca por medio del diseño e implementación de un Plan de Desarrollo Territorial de la Región del Polochic, la vinculación y armonización entre los actores sociales locales y los económicos, en donde la institucionalidad gubernamental y autoridades del poder local concilien los intereses y valores, orientados hacia un conjunto de acciones que signifiquen procesos de cambio para las comunidades y el desarrollo integral de la región, por medio de la reactivación de la economía campesina y la inversión privada en territorios rurales. Dicha iniciativa, se desarrolla en el marco de los compromisos gubernamentales adquiridos a partir de la “Marcha Campesina, Indígena y Popular”, como expresión de los conflictos en torno a la oposición de las comunidades Q’eqchíes a la instalación de algunas industrias extractivas; así como aquellos derivados de la expansión territorial para la producción agroexportadora de caña de azúcar y palma africana.

Los encargados de buscar los puntos de intersección entre los actores son: la Secretaría de Asuntos Agrarios, Secretaría General de Planificación y Programación, y el Sistema Nacional de Diálogo Permanente; quienes desde 2012, han desarrollado bajo una óptica participativa: talleres con autoridades del poder local, institucionalidad gubernamental, empresarios y asociaciones

de productores, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales; espacio donde se han formulado las líneas de acción del plan y los ejes estratégicos; al mismo tiempo, se ha desarrollado un análisis socio político del área, como base del proceso de diseño implementación consensuada del Plan.

Región del Valle del Polochic

Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios, Secretaría General de Planificación y Programación, y Sistema Nacional de Diálogo Permanente. Plan de Desarrollo Territorial de la Región del Polochic. 2012.

4) Regularización a trece comunidades beneficiadas de la sierra de Chinajá, Chisec y Raxruhá, Alta Verapaz Las áreas protegidas son espacios determinados por un Estado sujeto a un marco legal e institucional definido para garantizar la conservación de sus particularidades y riquezas medioambientales y culturales. Dichas áreas son destinadas a la administración, manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales y culturales asociados. Mediante el Decreto Número 4-89 del Congreso de la República, se emitió la ley de áreas protegidas en la que se declara de interés nacional la restauración, protección, conservación y el manejo

del patrimonio natural de los guatemaltecos. Según el artículo 90 de la Ley de Áreas Protegidas, se declaran áreas de protección especial para la conservación La Sierra Chinajá. Los representantes de las comunidades Mucbilhá II, Belén, Nueva Jerusalem, Nueva Esperanza, Tzulul Q’eqchí, Sesaltul, Montaña Seacte, Nueva Palestina, Seraxtzul, La Caoba, Benitzul, Serranía La Bendición y Serranía de los Mayas ubicadas en Sierra Chinajá, Raxruhá, Alta Verapaz, manifiestan que han vivido desde hace más de 25 años en

las tierras que ocupan y que al inicio eran 15 comunidades las que se encontraban asentadas en referida área. Y es en el año 2000 cuando presentan una solicitud a la Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- para que sea atendido el conflicto generado al momento de que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) tiene las intensiones de declarar la Sierra Chinajá como área protegida. Estas 15 comunidades iniciaron trámites ante el Fondo de Tierras (FONTIERRAS) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), para que se les regularice el polígono que ocupa cada una de ellas. De las 15 comunidades, la comunidad Cerro Lindo fue reubicada a través del Programa de Atención a Crisis de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) por lo que en el proceso de regularización se continúo para las 14 comunidades restantes.

En agosto 2008, se firma la carta de entendimiento de cooperación técnica y administrativa interinstitucional ante el Fondo de Tierras, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Secretaría de Asuntos Agrarios y 14 comunidades. 32

En el año 2010, ingresan aproximadamente 30 familias más y conforman la comunidad Cerro Alto, ocupando una fracción del polígono que corresponde la comunidad de Valle Verde, siendo esta última una de las 14 comunidades que venían

efectuando gestiones ante la institucionalidad agraria para poder regularizarles. Por lo que se ha venido atendiendo este conflicto específico entre Valle Verde y Cerro Alto. Con el objetivo que a finales del año 2013 se pueda regularizar a ambas comunidades y así beneficiar a otras 58 familias.

Por lo anterior, las 14 comunidades que se encontraban en proceso de regularización, se logró iniciar el trámite ante el Registro General de la Propiedad de las 13 comunidades para que a inicios del año 2013 brindar certeza jurídica a 482 familias que forman parte de dichas comunidades.

Acciones realizadas por la Secretaría de Asuntos Agrarios En agosto del año 2000, la comunidad Nueva asentadas en el Área de Protección Especial de Esperanza ingresó solicitud a la Secretaría de La Sierra Chinajá. Asuntos Agrarios para atender el caso, llevando a cabo varias acciones jurídicas, administrativas y De acuerdo a la Marcha Campesina efectuada técnicas para la resolución del conflicto. en marzo del 2012 y por instrucciones presidenciales, la SAA y FONTIERRAS, elaboraron un Por parte del Fondo de Tierras se dio seguimiento plan de trabajo y dieron seguimiento al mismo a todo el proceso de regularización para las logrando agilizar los procesos de atención de comunidades que ocupan Sierra Chinajá. los conflictos y los procesos de regularización de las 13 comunidades. Durante el mes de agosto del año 2008, se firma una carta de entendimiento para cooperación De manera interinstitucional durante el año 2012, técnica y administrativa interinstitucional entre la se dio la atención al conflicto que surge entre la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Fondo de comunidad Valle Verde y Cerro Alto, mediando Tierras (FONTIERRAS), el Consejo Nacional de para la firma entre ambas comunidades un Convenio Áreas Protegidas (CONAP) y las 14 comunidades de Convivencia Pacífica y respeto mutuo.

SITUACIÓN ACTUAL: 482 familias con trámites ante el Registro General de la Propiedad para lograr en el 2013 la certeza jurídica, de 2,892 personas quienes ocupan el Área de Protección Especial Sierra Chinajá, las cuales conforman 13 comunidades. 58 familias que conforman dos comunidades Valle Verde y Cerro Alto continúan el proceso de regularización a partir de haber conformado los expedientes de calidad que contienen los documentos de cada familia se estará dando certeza jurídica a dichas familias, esperando esto ocurra a mediados del año 2013.

C. Asistencia Legal Gratuita: Comunidades de la finca Los Alpes, Senahú, Alta Verapaz.

Representantes de las comunidades Los Alpes, Seraxtul, Cumbre de San Julián y Cumbre de Secaquib, a partir del año 1952, iniciaron relación laboral permanente, del tipo mozo colono, en la finca cafetalera Los Alpes, Municipio de Senahú, Alta Verapaz. Para el año 2001, la finca propiedad de la empresa Kabir S.A., ante la caída de los precios internacionales del café, fue arrendada parcialmente a los comunitarios. En el año 2002, las comunidades inician gestiones ante la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) a fin de obtener una fracción de la finca como pago del pasivo laboral o adquirir el área restante en compra-venta.

La crisis internacional de los precios del café, en parte atribuida a un exceso de la producción mundial y a la desaceleración de la economía de los Estados Unidos, principal socio comercial de Guatemala, impacta en la capacidad de pago de los cafetaleros hacia los bancos del sistema, por lo cual el Estado en el marco de esta crisis, a traves del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), decide absorber las potenciales perdidas por medio de la fusión bancaria, por lo cual la finca Los Alpes pasa a formar parte de los activos extraordinarios del CHN.

La Secretaría de Asuntos Agrarios en el marco de sus funciones de Asistencia Legal Gratuita, asiste sin costo de honorarios profesionales a las comunidades, con la finalidad de desmembrar la fracción correspondiente al pasivo laboral. Posterior a una serie de negociaciones, en el año 2012, por medio asistencia legal de la SAA, se propicia que la empresa Kabir, S.A., mediante asamblea de accionistas autorice la desmembración para sí, de una fracción de la finca Los Alpes a favor del grupo de campesinos que se encuentran asentados en dicha fracción de la finca Los Alpes, en reconocimiento del pago de pasivos a 448 familias. Por otro lado, se realizaron las gestiones ante el Registro de Información Catastral (RIC) para la ejecución de una medición de la totalidad del área, incluyendo las 13 caballerías con 38 manzanas y 8,614.61 varas cuadradas reclamadas por las comunidades; entregando los resultados al Crédito Hipotecario Nacional.

Luego de diversas acciones de Asistencia Legal a efecto de apoyar a las 448 familias, el 6 de diciembre de 2012, se celebró escritura pública número ochenta y uno, autorizada por la Notaria Alcira Alfaro González para otorgar por parte de la entidad bancaria, la LIBERACIÓN DE GRAVÁMENES HIPOTECARIOS Y PRENDARIOS, Y CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN PREVENTIVA. Hasta el momento se está a la espera que el CHN faccione la escritura de desmembración a favor de la Asociación Comunitaria de Cumbre De San Julián, Raxtul y Santa Rosario, que representa a las 448 familias y con ello lograr que estas obtengan después de más de sesenta años la certeza jurídica de la tierra por el pago de prestaciones labores. Como fase final del proceso de Asistencia Legal Gratuita, la SAA tiene el compromiso de desmembrar en forma individual a favor de cada familia el área correspondiente al pasivo laboral.

CUADRO 2. Resumen general de acciones Asistencia Legal GRATUITA REALIZADAS POR LA Secretaría de Asuntos Agrarios

Fuente: Departamento de Asistencia Legal Gratuita, SAA 2012.

D. Mesas nacionales e interinstitucionales para la resolución de conflictos Con la finalidad de atender de manera práctica la resolución de controversias de carácter complejo, la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) conecta los intereses, posiciones y pretensiones de las partes en conflicto, y además el interés de la sociedad expresado en gran medida en los Acuerdos de Paz, en las aspiraciones por un Estado de Derecho, la paz social y gobernabilidad del país, entre otros. Para ello establecen mesas de negociación las cuales cuentan con la participación de organizaciones campesinas y por otra parte, las personas individuales o jurídicas que se presentan con asesoría legal; en ambos casos se constituyen como acompañantes en los procesos de negociación.

La SAA actúa como mediadora y/o conciliadora del proceso, realizando los estudios y análisis correspondientes, coadyuvando a la construcción de alternativas de solución o bien presentándolas como propuestas ante la mesa, en la cual son valoradas y discutidas. Existen mesas nacionales y regionales para la resolución de conflictos, tales como: Mesa de resolución de conflictos con: a) Coordinadora Nacional Indígena y Campesina; b) Plataforma Agraria, c) Comité de Unidad Campesina; d) Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas: e) Fundación Turcios Lima f) Unidad de Acción Sindical y Popular.

Mesa Nacional con la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CONIC) Se realizaron un total de 6 mesas en las cuales se atendieron en cada reunión a 25 comunidades en su mayoría provenientes de Alta Verapaz, El Estor, Huehuetenango. Contribuyó a los procesos de diálogo y negociación entre las partes.

Mesa de diálogo con la organización plataforma agraria Como se constituye

En el mes de mayo de 2012, en presencia del Comisionado de Desarrollo Rural, Secretario de Asuntos Agrarios, Subsecretario de Resolución de Conflictos y representantes de Plataforma Agraria, se retoma éste espacio de diálogo, el cual había sido creado en años anteriores y el mismo se había interrumpido.

Quiénes la integran

En ella participan o han participado las siguientes instituciones: Fondo de Tierras, Registro de Información Catastral, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Asuntos Agrarios, además, los miembros de Plataforma Agraria.

Cobertura

Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Totonicapán, Suchitepéquez, Quiché, Sololá y Chiquimula (aquí específicamente el tema de la deuda Chortí). Se ha dado respuesta a cada uno de los conflictos en particular, lo que ha permitido mantener la gobernabilidad en el país.

CUADRO 3. Conflictos que se atienden a través de la mesa de diálogo con Plataforma Agraria

Fuente: Dirección de Operaciones, SAA 2012.

Mesa de diálogo Interinstitucional de Coordinación Agraria de Izabal (MICAI) Como se constituye

A raíz de la declaratoria por el Registro de Información Catastral de los municipios de Los Amates y Morales, Izabal como Zona en Proceso Catastral, durante el año 2008 se conforma la mesa de apoyo al levantamiento catastral, integrada por la Secretaría de Asuntos Agrarios, Fondo de Tierras y Registro de Información Catastral, Gobernación departamental; Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Pastoral Social, Pastoral de la Tierra, Defensoría Q´eqchi, Asociación Amantes de la Tierra, FUNDAECO. Actualmente se han atendido 15 casos de las siguientes comunidades:

Comunidad Los Naranjos, Comunidad El Mirador. Comunidad Sarita, Comunidad San Pedro La Cocona. Comunidad Santa Elena, Los Andes, Comunidad El Cedro. Comunidad San Carlos El Porvenir Propietarios de lote 11. Comunidad Sahilá Propietarios del lote 2 de Ciénega y Chocón. Comunidad Mojanales Asociación Márgenes del Río Motagua. Comunidad Ciénega Parcelamiento Coatepeque propietario del lote “D”. Comunidad Monte Alegre Semau comunidad Vista Hermosa. Comunidad San Carlos Huitzizil Fondo de Tierras. Comunidad Pataxte empresa Naturaceites.

Creación de la Mesa Interinstitucional para la Resolución de Conflictos Agrarios en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) La pretensión de uso de los recursos naturales ha supuesto tensiones, disputas, rivalidades y luchas de diferente intensidad entre y dentro de comunidades, organizaciones sociales, empresas, instituciones del Estado y organizaciones internacionales; tal y como se expresa en la conflictividad que se genera en torno a las disputas sobre tierras y sus bienes naturales dentro del SIGAP. Ante ello la Secretaría de Asuntos Agrarios, promovió la creación de la Mesa Interinstitucional para la Resolución de Conflictos Agrarios en el SIGAP, cuya misión es: Ser la instancia de coordinación y articulación interinstitucional que busca la resolución y transformación de los conflictos sobre la tierra que se desarrollan en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Esta instancia está conformada por instituciones del Organismo Ejecutivo, como miembros permanentes; y el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) siendo asesor externo, descrito en la siguiente grafica.

FIGURA 5. Entradas y salidas de insumos para el funcionamiento de la mesa para la atención de la conflictividad agraria en el Sistema Guatemalteco de Áreas protegidas (SIGAP)

MAPA 2. CONFLICTOS UBICADOS EN ÁREAS PROTEGIDAS

Fuente: Dirección de Monitoreo, SAA 2012.

E. Prevención de escalada de conflictos En aquellos conflictos que han perdurado durante mucho tiempo y que se han resistido, por múltiples razones, a los intentos de resolución. Se prevé realizar procesos que contribuyan a la prevención de comportamientos conflictivos innecesarios, utilizando diversos medios por los cuales se anticipa y manejan situaciones eliminando las posibles causas. Por otra parte, se busca la articulación de políticas en materia agraria o bien un estilo de conducción que llame a la paz social y la gobernabilidad con el fin de que el conflicto se vuelva irrelevante, también se considera una acción de prevención. Algunas acciones previstas son el establecimiento de relaciones con municipalidades con el fin de fortalecer los mecanismos locales de administración de controversias desarrolladas en terrenos municipales. Los talleres de capacitación dirigido a actores locales sobre temas como la negociación; mediación y conciliación; participación de la sociedad civil en la aplicación de métodos alternos de resolución de conflictos de tierra.

Talleres de prevención de conflictos Coordinación interinstitucional RIC-SAA

A través de la buena coordinación interinstitucional entre el Registro de Información Catastral y la Secretaría de Asuntos Agrarios, fue posible la atención de los conflictos agrarios identificados durante el levantamiento catastral.

PREVENCIÓN DE ESCALADA DE CONFLICTOS Durante este año se han identificado y atendido alrededor de 141 conflictos agrarios, de los cuales se han resuelto 26 casos gracias a la intervención de los conciliadores mediadores del Convenio RIC-SAA.

talleres de socialización de métodos alternos de resolución de conflictos Se han realizado orientados a la prevención de conflictos en las 19 Oficinas Regionales, que involucró a 4,200 personas.

Además dentro del marco del proyecto de Administración de Tierras Fase II a través de la coordinación interinstitucional SAA-RIC se lograron realizar cuatro capacitaciones a los actores involucrados en el proceso catastral con el objetivo de socializar con los encargados de las oficinas grupales, con los técnicos sociales, técnicos de las empresas de las zonas en proceso catastral, las autoridades de la SAA los diagnósticos de conflictividad agraria y el abordaje de los conflictos en los diferentes municipios. Se realizaron 31 capacitaciones sobre los métodos alternos para la transformación de los conflictos agrarios, con los actores involucrados en el proceso catastral. Se realizaron 26 diagnósticos de la conflictividad agraria los cuales permitió conocer como se encuentra el municipio, un referencial de la situación social, política, económica, la tenencia, distribución y uso del recurso suelo. Entre los municipios están: San Diego, Santa Lucía Milpas Altas, San Bartolomé, Senahú, San Vicente Pacaya, Guanagazapa, Palín, Siquinalá, Usumatlán, Gualán, Magdalena Milpas Altas, Santa María de Jesús, Santa Catarina Barahona, Río Hondo, Teculután, Antigua Guatemala, Quetzaltepeque y Camotán.

iv. la política agraria en un espacio de convergencia y articulación de las legítimas aspiraciones de la población Las políticas públicas La importancia de la Administración Pública reside en que constituye el plano donde se establecen las direcciones -políticas públicas- que las organizaciones deberían tomar para poder desarrollarse; así mismo, refiere el espacio donde se desarrollan las calidades y competencias de quienes ejecutan los planes y proyectos. Es en esta dimensión en donde las demandas ciudadanas y los fenómenos sociales identificados como limitantes, son atendidos, diseñados y materializados por medio de políticas y estrategias. Para el PNUD (2010) se entiende como políticas públicas un conjunto de acciones que el Estado lleva a cabo por intermedio de su estructura administrativa, destinadas a satisfacer necesidades sociales conforme a la ley; las políticas son el resultado de intercambios complejos, conflictos y negociaciones entre actores políticos que ocurren en escenarios públicos y en momentos temporales delimitados. 41

Estas acciones técnico-políticas a cargo del Estado desde su formulación, propuesta, ejecución y seguimiento son realizadas por las instituciones para el cumplimiento de sus funciones y ofertas, así como para dar respuesta al número creciente de demandas provenientes de los ciudadanos. Para cumplir con ello es necesario tomar en cuenta: la escasez de los recursos financieros y presupuestarios; una consciencia e interés más elevada por parte de la ciudadanía, sobre aquellos aspectos referentes a la calidad y satisfacción de sus necesidades, factores que orientan el desarrollo de las políticas públicas. Los actores que destacan en este proceso de diseño institucional son: el mismo Estado a través de sus instituciones; los partidos políticos, quienes son intermediarios y con representación en el Congreso de la República, órgano de control político externo; las organizaciones de la sociedad civil, con quienes la política se socializa y legitima; otras expresiones de interés; así como también con las Organizaciones Internacionales en el marco de un sistema global interdependiente.

Las políticas públicas agrarias Estas políticas están a cargo de la Secretaría de Asuntos Agrarios a través de la Subsecretaría de Política Agraria quien es la encargada de su formulación y articulación. Para lo cual desarrolla las siguientes funciones: a) Facilitar la formulación e implementación de Políticas Agrarias; b) Incidir en la construcción e implementación de la política agraria y de las políticas públicas que de ésta se deriven. c) Gestionar el mejoramiento del ordenamiento jurídico e institucional agrario. d) Realizar acciones orientadas a la creación de un sistema de monitoreo de la política agraria nacional y las políticas públicas que de ésta se deriven, así como de las instituciones que la atienden. e) Generar instancias de cooperación nacional e internacional, de interés de la Secretaría; f) Generar acciones de cabildeo orientadas al logro de consensos de las propuestas legislativas y de políticas que emanen de la Secretaría. (SAA, 2005)

Formulación de políticas públicas y leyes en materia agraria Analiza previamente la situación realizando diagnósticos y estudios sobre la problemática agraria nacional; así mismo se considera como punto de partida las experiencias y propuestas anteriores sobre el diseño de la política agraria; se conforman espacios de participación y consulta con actores sociales a través de diversas modalidades, como opiniones directas o bien mediante modelos participativos con actores clave nacionales y locales, elemento que se abordará más adelante como parte de una estrategia de incidencia y cabildeo; así mismo se formulan los lineamientos generales de la o las políticas; de las cuales derivan los componentes esenciales -ejes-, en el presente caso los ejes refieren al acceso a la tierra y al acceso a otros activos productivos. La etapa de formulación concluye en la validación técnica preliminar con instancia superior interna. Sobre la formulación y actualización de la legislación agraria nacional atingente, la SAA elabora propuestas que son derivadas de la Matriz de Política Agraria, documento presentado en abril 2012 y que constituye línea de referencia en la construcción de la política pública agraria y que prevé la elaboración de importantes propuestas como: Ley específica de acceso a la tierra para mujeres; Ley de Regularización; Legislación agraria sustantiva y procesal; código agrario; Ley de acceso a activos productivos para las mujeres.

A. RESULTADOS ESTRatégicos

B. Resultados en la formulación de Políticas Públicas y Legislación i. Propuesta de Política Agraria 2012-2016 El proceso de formulación de la Política Agraria dio inicio en marzo de 2012. Para agosto de ese año se realizo la versión final de la propuesta de política, la cual se encuentra en su fase de aprobación por el Ejecutivo. Contempla dos ejes estratégicos, diez estrategias específicas y 40 instrumentos para su materialización. La propuesta de Política Agraria tiene aspectos que la diferencian sustancialmente de políticas de administraciones gubernamentales anteriores: 1) al eje de acceso a la tierra y resolución de conflictos, agrega el de acceso a otros activos productivos; 2) plantea un nuevo modelo de acceso a la tierra, el cual combina mecanismos del mercado (vía compra-venta) con adjudicaciones gratuitas de tierras nacionales; 3) de las diez estrategias que contempla algunas de ellas son novedosas, siendo éstas: adjudicaciones gratuitas en propiedad o usufructo; acceso a tierra exclusivamente para mujeres, como una medida afirmativa; transformar el sistema de producción de colonato a economía campesina; restitución de derechos y compensación, y promoción de la economía campesina e impulso a la competitividad rural. 43

Como parte del ciclo de la Política Agraria, se desarrolló un amplio proceso de discusión y socialización de la propuesta al personal de la Secretaría, del cual se extrajeron elementos que contribuyeron a enriquecer el documento final de la propuesta. Asimismo, con el propósito de avanzar en lo posible, se empezó a trabajar en el diseño de algunos de los instrumentos que se definen en la propuesta de política, tal el caso de la Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra y el instrumento específico de acceso a tierra para mujeres.

ii. Propuesta de la Política de participación social y desarrollo político En congruencia con el Plan para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral, se inició el proceso de formulación de la Política de participación social y desarrollo político, la cual constituye una de las once políticas sectoriales definidas en dicho plan. El propósito fundamental de esta política, tal como lo define el Plan mencionado, será “(…) promover la unidad de las organizaciones campesinas y, en general, de las organizaciones sociales existentes en los territorios rurales, para fortalecer las capacidades de negociación de la población priorizada de la PNDRI”. La propuesta de esta política se encuentra en estado de borrador.

iii. Resultados en materia de Legislación Agraria El logro principal fue la instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional sobre regularización de la tenencia de la tierra, con participación del Registro de Información Catastral (RIC), Fondo de Tierras (FONTIERRAS), Registro General de la Propiedad (RGP), Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y la propia Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), siendo su objetivo central diseñar una nueva propuesta de Iniciativa de “Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra”, la cual se espera culminar en el año 2013. Como parte de este proceso se realizó un análisis jurídico de la Iniciativa 4470, “Ley de Regularización de la Tenencia de la Tierra”; Iniciativa 3900, “Ley Especial de Reanudación del Tracto Sucesivo Registral”; Iniciativa 4084, “Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral”, así como de las propuestas de reforma a la Ley de Titulación Supletoria, Decreto 49-79.

iv. Investigación y estudios sobre desarrollo rural Con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento de la economía campesina y a la adopción de medidas afirmativas a favor de las mujeres, se han realizado estudios sobre desarrollo rural, dentro de los cuales destacan: “Análisis de los Planes de Desarrollo Municipal y del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, (PDER), y propuesta de atención para los municipios del valle del Polochic” y el “Diagnóstico Participativo a trece Comunidades beneficiadas con entrega de tierras a través de la SAA”. Así mismo, es de gran relevancia el impulso a la Equidad de género, por medio de la creación de nuevas estrategias e instrumentos específicos para posibilitar el acceso a tierra y otros activos productivos para las mujeres, especialmente del área rural. De acuerdo a lo que se plantea en la propuesta de Política Agraria.

c. Articulación de las políticas y leyes La articulación de la política agraria se entiende como todas aquellas actividades que son desarrolladas con el fin de propiciar espacios de convergencia entre los diversos actores sociales y el Gobierno de la República. Para ello se contribuye, por una parte mediante la puesta en marcha de actividades de incidencia y cabildeo; por medio foros, congresos, encuentros, talleres, mesas de discusión con el fin de obtener consensos sobre la problemática agraria abordada. Fotografía: www.congreso.gob.gt

Fotografía: www.congreso.gob.gt

Y por otra parte las políticas que cuentan con aval, pasan a ser difundidas a la sociedad. Se busca la operativización mediante su inclusión en los correspondientes planes estratégicos y planes operativos anuales de las instituciones responsables de su ejecución; así mismo se determinan acciones de seguimiento y evaluación.

Cabildeo e incidencia

El logro más importante en este aspecto durante el 2012 fue la articulación e impulso de un proceso de cabildeo e incidencia en torno a la Iniciativa de Ley 4084, “Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral”, con el propósito de socializar las enmiendas propuestas por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República. Resultado de ello fue que una serie de organizaciones campesinas e indígenas apoyaran las enmiendas y se pronunciaran por que el Legislativo apruebe esa normativa. De esta manera se ha mantenido relación estrecha con organizaciones del movimiento campesino e indígena, tanto con aquellas agrupaciones que acompañan conflictos atendidos por la Secretaría, como con actores sociales en general que se relacionan con la materia de trabajo de la SAA.

Fotografía: www.congreso.gob.gt

RESULTADOS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

Entidades se pronunciaron a favor de que se apruebe la Iniciativa de Ley 4084, y 21 manifestaron desacuerdo con algunos aspectos de la iniciativa o con la totalidad de la misma, de 56 audiencias realizadas.

Fotografía: Vicepresidencia de la República

V. Gestión por Resultados: logros y desafíos institucionales Resultados Estratégicos A. La gestión por resultados una ruta hacia la Calidad en la Administración Pública Nuestra cultura institucional está orientada a conseguir impactos e incrementarlos, es por ello que implementamos un sistema de Gestión por Resultados (GPR) que mejora, evalúa y monitorea permanentemente el desempeño organizacional. En este sentido, la Secretaría de Asuntos Agrarios con base en el modelo Balaced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) y las orientaciones gubernamentales, ha implementado el sistema de Gestión por Resultados (GPR), mismo que permite alinear Visión y Misión institucional con los requerimientos de los ciudadanos y el trabajo del día a día. Su función principal es orientar y evaluar los Objetivos Estratégicos, monitorear operaciones de mejoría de eficiencia, capacidad de construcción organizacional, y comunicar el progreso al equipo de trabajo.

En este marco, en 2012 la SAA se postuló para el Reconocimiento Nacional a la Calidad y Mejores Prácticas en la Administración Pública de Guatemala, proceso en el cual 17 Instituciones del Sector Público se sometieron primero: a una autoevaluación realizada por personal de esta Secretaría nombrados por la máxima autoridad institucional, cuyo producto es una memoria en la cual se detallan las actividades relevantes de las instituciones de acuerdo a la metodología del Marco Común de Evaluación (CAF por sus siglas en inglés), utilizado en la Unión Europea y en la actualidad aplicado por gobiernos en América Latina; segundo: un equipo evaluador externo integrado por representantes de otras organizaciones públicas y privadas, evalúan la memoria, evidencias adjuntas y visitan las instituciones para finalmente asignar un punteo acompañado de informe con recomendaciones de mejora. Por último: la evaluación es considerada un Comité técnico quienes trasladan los resultados al Comité del Premio Nacional integrado por representantes de Acción Ciudadana, el Decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC; Movistar Guatemala, Coca - Cola de Guatemala, Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), representantes residentes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Producto de ello en diciembre de 2012 la Presidencia de la República a través de la Oficina Nacional del Servicio Civil realizó la entrega a la Secretaría de Asuntos Agrarios el Reconocimiento Nacional a las Mejores Prácticas en la Administración Pública de Guatemala 2012, Criterio: Estrategia y Planificación.

B. Cooperación y coordinación interinstitucional

En el marco de una nueva función pública basada en resultados, la Secretaría de Asuntos Agrarios busca mejorar sus servicios y niveles de satisfacción de los ciudadanos mediante un mejor aprovechamiento de los recursos; para ello identifica acciones no nucleares a ser impulsadas mediante servicios que puede apoyar la cooperación y coordinación interinstitucional. Este nuevo modelo implementado por la SAA, se denomina “Governing by Network” (Gobernando a través de redes) caracterizado por la existencia de una densa red de relaciones interorganizacionales, multigubernamentales y multisectoriales, de tal manera que contribuyan en el cumplimiento de la misión institucional.

Durante 2012, los convenios más representativos son: Los establecidos con 9 Municipalidades de la Región del Polochic, cuyo objetivo es Desarrollar acciones conjuntas en áreas relacionadas con el enfoque de Desarrollo Rural Integral. Para ello se alcanzaron resultados tales como: a) Asistencia técnica a las Municipalidades en la atención especializada a la conflictividad agraria e implementación del catastro, tal el caso del municipio de Panzós, Alta Verapaz; b) Inicio del Diagnóstico institucional con el fin de vincular y articular los esfuerzos hacia los logros del Pacto Hambre Cero/Desarrollo Rural Integral municipal y regional. Otra acción de coordinación interinstitucional de relevancia fue la llevada a cabo con la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con quien se desarrollaron actividades conjuntas en los ámbitos agronómico y agrario, realizando 4 investigaciones, siendo estas: “El colonato y su impacto en el desarrollo rural integral y la economía campesina”; “El fomento de la economía campesina como parte integral del desarrollo rural integral”; “Legislación estatal de apoyo al sector agroindustrial durante las últimas cuatro décadas”, “El impacto del programa de bono del fertilizante, en los esfuerzos de mejorar la economía familiar, la economía campesina y el desarrollo rural integral”. Base para generar propuestas de políticas agrarias, en la reorientación y apoyo a la economía campesina y al desarrollo rural integral.

C. Transparencia y eficiencia en el Gasto: Ejecución presupuestaria y Acceso a la información pública Ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre 2012

En el desarrollo de nuestras funciones partimos de experiencias y procesos anteriores, los cuales han sido mejorados con el fin de brindar nuestros servicios con calidad, eficiencia y eficacia, ello se ha reflejado, entre otros, en los resultados de eficiencia en el gasto para 2012 tal y como se esboza a continuación. El Ministerio de Finanzas Públicas para el funcionamiento del programa sustantivo que ejecuta la Secretaría de Asuntos Agrarios, asignó un techo presupuestario de Q42,043,989.00, de los cuales fueron transferidos Q4,000,00.00 a FONAPAZ para completar la adquisición de las fincas (693, 114, 1,439), folios (52, 48, 45), libros (5, 31, 13) en el municipio de Flores del departamento de El Petén. Y Q1,663,487.00 al Ministerio de Finanzas Públicas para la reconstrucción de los daños causados por el terremoto del 7 de noviembre de 2012. En razón de lo anterior, el presupuesto vigente para el año 2012 fue de Q36, 380,502.00, de los cuales se ejecutaron Q35,536,145.79, lo que constituye el 97.68%. Los gastos fueron clasificados en los grupos que se encuentran detallados en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, que se describen a continuación:

Fotografía: Presidencia de la República.

CUADRO 4. PRESUPUESTO VIGENTE Y EJECUTADO - EJERCICIO FISCAL 2012

Fuente: Dirección Administrativo-Financiera, Secretaría de Asuntos Agrarios, 2012.

Acceso a la Información

Nuestros valores institucionales orientan a la rendición de cuentas como una herramienta que posibilita a los ciudadanos conocer la información que les garantice el derecho de observar, entender y evaluar las decisiones de los funcionarios y empleados a fin de que propicie mayores grados de credibilidad para la institución.

en todo momento, en cumplimiento específico a los artículos Número 10, que comprende la información Pública de Oficio, el Artículo número 11, Información Pública del Organismo Ejecutivo y Artículo número 69 Publicación de Informes en Página web.

Así mismo se atendieron las solicitudes de Es por ello que en cumplimiento a la Ley de información presentadas por organizaciones se sintetizan a Acceso a la Información Pública Decreto Número y ciudadanos, los cuales 57-2008, se ha mantenido actualizada y disponible continuación.

CUADRO 5. Atención a solicitudes ciudadanas de información 2012 SOLICITUDES

Fuente: Unidad de Acceso a la Información SAA, 2013.

FIGURA 6. Interrelación entre estrategia y resultados SAA

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección Técnica del Presupuesto, Formulario: DTP6; Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera; Plan Estratégico por Resultados 2012-2016: Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República.

ANEXO 1 OFICINAS REGIONALES Y COORDINADORES

Al 31 de diciembre 2012.

ANEXO 2 NUESTRAS AUTORIDADES