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SOSTENIBILIDAD URBANA Y TRANSFORMACIONES MULTISECTORIALES EN TERRITORIOS INFORMALES. CASO: PERIFERIA DE MARACAIBO.
Autores: César Castellano Caldera, Arq. MSc. + Tomás Pérez Valecillos, Arq. MSc. Dirección: Universidad del Zulia, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño IFAD. Avenida 16 con calle 67, Núcleo Técnico, Edificio Jesús Garrillo, Planta Alta. Teléfonos: 58+261+7598477, FAX: 58+261+7598477. E-mail: ccastell.luz@gmail.com + pereztomas2003@yahoo.com
RESUMEN La era urbana ubica la ciudad como el hábitat humano por excelencia y territorio del esquema de desarrollo económico imperante; no obstante, las políticas venezolanas responsables del tratamiento requerido en los asentamientos urbanos informales han estado principalmente dirigidas a intentar reducir el déficit habitacional, desestimando en la práctica el desarrollo de actuaciones integrales donde sean contemplados el conjunto de variables e indicadores que contribuyan en la sostenibilidad de ciudades que -al ser el principal ámbito de desarrollo- enfrentan el fenómeno de la urbanización de la pobreza como uno de sus mayores obstáculos. Esta ponencia asume la sostenibilidad desde lo multidimensional y desde la necesaria integración de imperativos ambientales, sociales, legales, tecnológicos y económicos, considerados en dos experiencias que conciben lo sostenible como la búsqueda del balance adecuado entre crecimiento, dinámica y estructura urbana, así como una alta eficiencia de la utilización de los recursos y funciones de la ciudad. Una primera parte muestra la evolución de la urbanización de la pobreza en América latina y el tratamiento gubernamental que fue transformándose hasta conformar Programas de Mejoramiento barrial. La segunda parte muestra los avances y cambios de las políticas del estado venezolano -con relación a los programas y proyectos en barrios venezolanos- a partir de la metodología empleada hasta el año 2002 por el Consejo Nacional de la Vivienda, donde se generaron Programas de actuaciones para barrios de la periferia de Maracaibo, cuya información sirvió de insumo en el proyecto solicitado a la Universidad del Zulia en 2005, por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, para desarrollar el “Estudio para la desafectación total o parcial de la Zona Protectora de Maracaibo”. Encarar el proceso para atender los asentamientos informales -en la periferia de Maracaibo y más allá de ésta- implica también adoptar medidas sectoriales a nivel del sistema territorial-urbano, mediante recursos y actuaciones donde se inserten infraestructuras, equipamientos sociales y espacios públicos. Ello conduce a revisar los modelos de ocupación actuales que implican gran consumo de energía, suelo y materiales, y un impacto insostenible sobre los sistemas de soporte. Palabras clave: urbanización de la pobreza, sostenibilidad urbana, transformaciones multisectoriales, integración y estructuración de asentamientos informales.
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VISIÓN INTEGRADA INFORMALES
Y
MULTIDIMENSIONAL
DE
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PROCESOS
Los procesos informales de ocupación del suelo y el acelerado crecimiento de la urbanización de la pobreza en numerosas ciudades latinoamericanas, siembran inquietudes sobre la calidad de vida en los territorios de una región donde tres de cada cuatro personas viven en ciudades, constituyendo la región del mundo en desarrollo con mayor cantidad de habitantes urbanos. En general, según señala Mac Donald (Jordan y Simioni, 2003), de cada 100 habitantes urbanos, 37 son pobres, y de éstos, 12 son indigentes, cifras que indican los efectos que alcanza la pobreza urbana en América latina. Hacia la Conferencia mundial Hábitat II, los países no reportaban gran avance sobre las vías de solución al fenómeno de los asentamientos informales, pero agruparon una matriz en función de la cual se conformó una agenda internacional que -al presente- persigue superar la visión que solo asocia la urbanización de los países en desarrollo al fenómeno de la pobreza, la segregación socio espacial, inseguridad social, degradación ambiental, ubicación en zonas de riesgos, incumplimiento o ausencia de normativas urbanísticas, déficit en el acceso y cobertura de servicios públicos y la utilización de terrenos inadecuados para construir; haciendo énfasis sobre una serie de potencialidades y oportunidades indispensables para el progreso de estos países. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, 2003), “…casi el 40% de la población urbana de la región vive en condiciones de pobreza” y aún cuando la pobreza rural abarca 68 millones de personas, el número de pobres urbanos (138 millones) duplica los pobres rurales, lo que en términos absolutos comprende 70% de los pobres de la región residiendo en áreas urbanas. Dada la magnitud de un fenómeno, en la XV Reunión de Ministros de Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) aumentó los indicadores referidos a la meta 11 de los Objetivos del milenio: “Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de tugurios” (PNUMA, 2005). Con relación al impacto del fenómeno, en América Latina se iniciaran programas de mejoramiento desde los 60’s sin contemplar una visión integral ni prever su apropiada estructuración y ordenamiento. Hacia los 90’s se acentúa el interés por solucionar el fenómeno a partir de “un conjunto de programas de mejoramiento barrial que tiene lugar en gobiernos nacionales y locales, formando parte de la agenda principal de organismos mundiales de financiamiento” (Fernández, 2004); desde la última década, estos programas se apoyaron en procesos descentralizados donde las políticas de ajuste estructural facilitaron la transferencia de autoridad política, administrativa y de planificación, del gobierno central al local; así mismo, integraron estrategias de mejoramiento urbano y social más ambiciosas, necesarias para la estructuración de estos asentamientos. Las políticas venezolanas dirigidas a intervenir este fenómeno, han estado principalmente
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dirigidas a reducir el déficit habitacional, desestimando el desarrollo de actuaciones integrales en las zonas de barrios; tampoco se ha incrementado la producción de viviendas, ante lo que el ministro de Vivienda y Hábitat señaló que se busca “…terminar las unidades de los programas de 2001 y 2002, las cuales ascienden a 72 mil viviendas. Durante siete meses se ha ejecutado parte, pero hasta la fecha sólo se han entregado 17 mil soluciones, lo cual representa 24% del total” (Cámara Venezolana de la Construcción, 2005). Para el caso de Maracaibo, segunda ciudad en importancia de Venezuela, las parroquias periféricas presentaban en 1999 un déficit habitacional que aumentó de 17.769 unidades (34,52%) a 47.273 unidades, lo cual representaba 54,49% del déficit neto de la ciudad (Alcaldía de Maracaibo, 2003). Junto a la demanda de nuevas viviendas -expresada en un déficit de 48.000 unidades en esas parroquias- se une la necesidad de sustituir más de 21.000 viviendas sin condiciones mínimas para ser habitadas (MARN e IFAD, 2005); declaraciones del Alcalde Di Martino señalan a la fecha un déficit de 163 mil viviendas sólo para Maracaibo y 250 mil viviendas para el Estado Zulia (Panorama, 2007). Ante la magnitud del fenómeno, el Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI) desarrolló desde los 90’s hasta el 2002- Programas de actuaciones integrales en barrios venezolanos para elaborar planes y proyectos a escalas macro, intermedia y local, cuyos alcances se supeditan a otras estrategias, una de ellas a escala territorial -del Ministerio de Planificación y Desarrollo- plantea la “descentralización desconcentrada”, y conlleva la transformación del ámbito político, social, cultural y económico, para lo cual se han creado Núcleos de Desarrollo Endógeno (NDE) que pueden recibir soporte Estatal para impulsar el rescate de las tradiciones, respeto por el ambiente y relaciones equitativas de producción.
SOSTENIBILIDAD URBANA Y TRANSFORMACIONES MULTISECTORIALES En el informe “Ciudades Europeas Sostenibles”, elaborado por Vergara y De Las Rivas (2004: 217), el desarrollo sostenible trasciende la protección del medio natural, ya que implica una preocupación por las generaciones futuras y por la salud e integridad del ambiente a largo plazo; así como por la calidad de vida, la igualdad de las personas en el presente (incluida la lucha contra la pobreza), la desigualdad intergeneracional, y por el aspecto social y ético del bienestar humano. El tratamiento de los asentamientos informales constituye uno de los elementos claves para lograr la sostenibilidad urbana y amerita diversas estrategias, recursos, entes y actores necesarios para su adecuada transformación e incorporación urbana; se trata de establecer alianzas entre los distintos sectores que intervienen sobre el hecho urbano. Numerosas ciudades han logrado avances en esa materia, pueden citarse -entre otros ejemplos- los casos de Bogotá y Medellín, reconocidos como buenas prácticas en el país sede de este seminario internacional. Bajo dicho enfoque, este trabajo asume la sostenibilidad desde lo multidimensional y desde la necesaria integración de imperativos ambientales, sociales, tecnológicos y económicos que encuentran en la ciudad latinoamericana, tanto el principal ámbito para lograr su desarrollo, como el gran reto de enfrentar los procesos de ocupación informal
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que -entre otros- han representado un obstáculo para alcanzar la sostenibilidad, dificultando el balance adecuado entre crecimiento, dinámica y estructura urbana, así como una alta eficiencia en la utilización de los recursos y funciones que ofrecen los sistemas de la ciudad. A nivel territorial el Ministerio de Planificación y Desarrollo –hoy Ministerio del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo - plantea la “descentralización desconcentrada”, en pro de un desarrollo sostenible que contribuya con “…el aprovechamiento de las potencialidades de cada región, que se exprese espacialmente en una ocupación racional, armónica y eficiente del territorio, para lograr una distribución equilibrada de las actividades productivas, las inversiones y la población” (Ministerio de Hábitat y Vivienda, 2005). Junto al bajo nivel de inversión venezolana en cuanto al déficit habitacional, se retoma el enfoque sobre desarrollo endógeno asumido por la Misión Hábitat, a través del Plan Estratégico Nacional denominado Programa de Transformación Endógena de Barrios (PTEB), para intervenir los asentamientos informales en 21 estados; los lineamientos del PTEB son compatibles con las políticas hoy suplantadas y manejadas hasta el 2002 por el CONAVI, ya que sus objetivos abarcan “las áreas de habitabilidad, las respuestas a problemas de las comunidades tanto en materia de construcción como del desarrollo del hábitat y levantar urbanismos integrales, que dispongan de todos los servicios, desde educación hasta salud” (Ministerio para el Hábitat y la Vivienda, 2005). El Programa Habilitación Física de Barrios fue sustituido por el PTEB a fin de solventar los aspectos que dicho programa no logró solucionar, ya que si bien supuso un avance importante, se consideró insuficiente y unidimensional por cuanto “… hace énfasis en los aspectos financieros y privilegia los constructivos sobre las otras dimensiones propias de la vida y necesidades de los barrios, no reconoce el acerbo e identidad de los asentamientos urbanos populares, imponiendo una visión tecnocrática y ajena al barrio, favorece al intermediación administrativa, política y técnica, relegando en la práctica a las comunidades a convalidar las decisiones de otros, son costosas y de poco impacto en la calidad de vida de los pobladores, no son sostenibles en el tiempo, fragmentan el espacio público del privado” (Ministerio para el Hábitat y la Vivienda, 2005). No obstante, la experiencia Catuche -derivada del Plan sectorial para los barrios de Caracas y realizado según la metodología del CONAVI- fue replicada en varias partes del país, incorporándole nuevos enfoques a una suerte de modelo apoyado sobre tres equipos integrados: Comunidad organizada, equipo Técnico Social y Técnico Profesional; triada que se estableció como figura clave al momento de realizar y ejecutar proyectos para barrios urbanos informales. Este tipo de iniciativas reafirma la importancia que tiene para los habitantes el contar con apoyo y asistencia técnica, junto a la posibilidad de organizarse en torno a espacios de participación y toma de decisiones sobre sus problemas y necesidades, sintiéndose ciudadanos responsables de su entorno. Desde 2005, el actual Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat, instrumentó un modelo productivo intermedio, que articule la acción de comunidades organizadas en unidades productivas, para conformar Núcleos de Desarrollo Endógeno (NDE) ubicados apropiadamente en el territorio venezolano; en 2005 se identificaron y
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caracterizaron 31 áreas potenciales como NDE -en 17 zonas- cuyas comunidades pueden recibir soporte del Estado mediante apoyo financiero, capacitación para el trabajo y la adopción de valores cooperativos y participativos; algunos de estos NDE presentan ocupaciones informales en su ámbito espacial. Si bien estas políticas reúnen aciertos en su concepción, todo desarrollo territorial debe seguir atendiendo las dimensiones demográficas y económicas del proceso de ocupación urbana, ya que según estimaciones de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), para el año 2000 “las ciudades generan 80% del crecimiento económico a nivel regional” (SEMA, 2003). De hecho, en Latinoamérica, el sector urbano presenta disparidades y países dominados por urbes donde habitan entre 25% y 55% de los habitantes.
REGULACIÓN DEL SUELO Y PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA El continuo crecimiento de asentamientos informales en Maracaibo abarca más de medio siglo, período durante el cual Echeverría (1995) señala entre las distintas modalidades de acceso ilegal al suelo urbano, la invasión masiva, la ocupación progresiva y más recientemente las denominadas urbanizaciones piratas o parcelamientos clandestinos, promovidas por los propietarios de tierras. Estas modalidades -similarmente empleadas en otras ciudades Latinoamericanas- han desencadenando una apropiación ilegal del suelo e intercambios inmobiliarios para acceder a la vivienda y al medio urbano, distorsionando el crecimiento y funcionamiento de Maracaibo, desmejorando la calidad de vida y abarcando más del 50% de la población y del territorio de la capital del estado Zulia (Tabla 1). Tabla 1. La ciudad de Maracaibo y los asentamientos urbanos precarios SUPERFICIE URBANA POBLACIÓN ESTIMADA
*POBLACIÓN EN BARRIOS 64,24% 398,8 Km2 (Sin Municipio San Francisco) *SUPERFICIE DE 11.886,56 has Proyección del INE para el ASENTAMIENTOS NO 2004: 1.360.127 habitantes
DENSIDAD DE 3.410.55 hab. / km2 POBLACION
CONTROLADOS *SUPERFICIE FUERA DEL 500 has PERÍMETRO URBANO
*Fuente: a partir de Echeverría y otros (1999: 13) Debido a la importancia que tiene el suelo -para el fenómeno en cuestión- se abordan dos frentes de acción sobre la tenencia de la tierra, uno dirigido a regular la tenencia del suelo urbano, ante lo cual varias comunidades organizadas han exigido y logrado la regularización jurídica de los barrios, mediante su participación en los programas municipales y regionales para la titularización de tierras urbanas a través de la entrega de títulos de propiedad; y otro frente destinado a controlar el suelo rural, ante lo cual el gobierno nacional ha emprendido medidas amparadas en la Ley de Tierras -reavivada en el año 2001- y que debe aplicarse a las propiedades ociosas con más de 10 mil hectáreas, a través de acuerdos con los propietarios o mediante expropiaciones. “Según cálculos oficiales, las tierras improductivas en Venezuela abarcan casi 1.000.000 de hectáreas. El presidente del Instituto Nacional de Tierras asegura que en Venezuela hay
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500 terrenos ociosos y 56 latifundios, entendidos como tales, según se define en la Ley de Tierras, los terrenos de más de 5.000 hectáreas improductivas” (americaeconomica.com, 2005). En este sentido, la regularización de la tenencia de la tierra ha sido reconocida como factor clave para acceder al resto de los beneficios urbanos. No obstante, hace casi una década, la memoria CONAVI-MINDUR (1996) no registró avance en el inventario físico de tierras que dicha entidad debía realizar para regularizar la titularidad de tierras en barrios urbanos; situación extensible a la mayoría de los principales centros urbanos del país. Desde 2003, algunos gobiernos regionales ha entregado a los habitantes de algunas zonas irregulares, títulos de propiedad sobre la tierra; a la vez que el Ejecutivo Nacional aprueba leyes que regulan el acceso y la tenencia de la tierra, tal es el caso de la nueva Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA) aprobada en noviembre de 2001, donde según consideraciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (2002: 4) se establecen innovaciones contrarias al principio de propiedad privada. La política del Instituto Nacional de Tierras (INTI) -perteneciente al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras- persigue eliminar los latifundios y repartir las tierras ociosas a los campesinos, para garantizar la posesión de los terrenos en manos de quienes demuestren actitud para su desarrollo y cultivo. Esta iniciativa ha generado reticencias entre sectores que temen que ello derive en procesos expropiatorios. El destino de las tierras rurales se regirá según decreto 3.408 sobre la Ley de Tierras, firmado por el presidente en enero de 2005, para establecer la Reorganización de la tenencia y uso de las tierras con vocación agrícola. Paralelamente, el Ejecutivo Nacional creó la Oficina Técnica Nacional adscrita a la VicePresidencia de la República, para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Esta Oficina traza las pautas y políticas para lograr los objetivos propuestos y define un programa de transformación y democratización de la ciudad, desmantelando las dinámicas de segregación espacial que han traído como consecuencia que más del 60% de la población del país viva en asentamientos urbanos precarios e informales.
De esta forma, la regularización de la tenencia de las tierras urbanas ocupadas por barrios y urbanizaciones populares, será manejada de acuerdo al decreto 1.666, del 4 de febrero de 2002, mediante la conformación de los Comités de Tierras Urbanas (CTU) para entregar títulos de propiedad a quienes han auto construido viviendas y sin ayuda del Estado; a su vez, los Comités están constituidos en Cooperativas a lo largo de todo el territorio nacional (Cuadro 1)
Cuadro 1. Resultados de los Comité de Tierras Urbanas Resultados de Comité de Tierras Urbanas (CTU) Cantidad de Comités Población Beneficiada Adjudicaciones Cooperativas Conformadas
ÁMBITO NACIONAL Venezuela 3.609 CTU 3.609.000 habitantes 530.523 55
AMBITO MUNICIPAL Maracaibo 181 CTU 181.000 26.607 6
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Productos del levantamiento Catastral / Coste (USD*)
206.631 / 1.434.805 USD
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49.940 / 306.442 USD
*Coste calculado a razón del cambio: 2.150 Bs. /USD
Fuente: a partir de Ministerio de Hábitat y Vivienda (2005)
En el ámbito regional-local surge la puesta en escena de mecanismos que garanticen la participación protagónica, mediante la conformación de los Consejos Comunales y los CLPP, mientras que los CTU son organizaciones dirigidas a regular la tenencia del suelo. Maracaibo ha visto conformar más de 180 CTU que constituyen -junto a los miembros de los Consejos Comunales y de los CLPP- las nuevas figuras que permiten la participación protagónica de las comunidades organizadas. A su vez, los Consejos Comunales constituyen la instancia de participación pública local donde las comunidades organizadas y otras organizaciones de la sociedad civil, deben compartir un espacio democrático para el desarrollo de políticas, planes y proyectos que contribuyan al mejoramiento y solución de sus problemas. A pesar de haberse desarrollado escenarios y políticas similares en países latinoamericanos -casos como México, Perú, Bolivia, Brasil, entre otros- y lejos de menoscabar sus propósitos, la participación de los ciudadanos venezolanos -organizados en estos figuras de participación- debe concebirse sin condiciones excluyentes, transformándose así en verdaderas políticas de ciudadanía que coadyuven en el mejoramiento de los asentamientos informales; ello significa admitir su continua evaluación y adecuación a objeto de atender las particularidades de ciudades donde coexisten enormes desequilibrios y asimetrías aún no resueltas.
DE LA ARTICULACIÓN DE FRAGMENTOS INFORMALES A LA SOSTENIBILIDAD URBANA El abordaje del fenómeno de los asentamientos informales en Maracaibo -bajo solicitud de Instituciones del gobierno nacional- ha generado dos experiencias desarrolladas a distintas escalas de actuación y vinculadas a diversos actores, cuyos productos arrojan gran contribución sobre el tema de la sostenibilidad urbana vinculada a los procesos informales. Una primera experiencia comprendió la generación de Programas de Actuaciones Urbanísticas necesarios para gestionar y acometer obras requeridas en más de 150 barrios desarticulados que desbordan los límites urbanos e incumplen las normativas vigentes de Maracaibo, abarcando más de 4.000 hectáreas, conformando así la Unidad de Planificación Física más extensa de Venezuela en el año 2002 (Cuadro 2).
Cuadro 2. Unidad de Planificación Física UPF-2 UPF-2
BARRIOS UDU 157 39 Fuente: LUZ-IFAD, 2002
El diagnóstico del área realizado por Arquitectura y Diseño (IFAD) de la fragmentos informales derivados de la de la periferia de Maracaibo- frente a
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Población (hab.) 194.510
Superficie (Has) 4.007,24
el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Universidad del Zulia, evidenció una serie de ocupación anárquica y espontánea -dentro y fuera lo cual se planteó un “sistema de atractores” que
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aglutina un conjunto de actuaciones en torno a una estructura basada en una red de vías de transporte, espacios públicos y servicios sociales que vinculan las Unidades de Diseño Urbano (UDU), y a su vez conforma el soporte para crear nuevos centros y subcentros e incorporar los existentes (LUZ-IFAD, 2002). Tales deficiencias pueden ser atendidas en la medida que se disponga de suelo vacante o vacíos urbanos, ya que éstos constituyen oportunidades para conferir calidad y presencia urbana, por cuanto permiten incorporar equipamientos y espacios públicos bajo criterios que atiendan las deficiencias de la unidad a ser habilitada y de las unidades vecinas. Por tanto, densidad y suelo desocupado constituyeron herramientas consideradas y calculadas, generándose registros por parcela con el total de áreas vacantes, su extensión y el porcentaje que ocupan a nivel del barrio, UDU, parroquia o la superficie de la UPF-2, encontrándose un escaso porcentaje de áreas disponibles para este propósito, evidenciándose una expansión dispersa, informal y con baja densidad, que amenaza con seguir ocupando vastas extensiones en la zona protectora de Maracaibo. En este sentido, deben vincularse dos procesos, uno que logre consolidar y densificar el área urbana, según lo establece el Plan de Desarrollo Urbano de Maracaibo, y otro que evalúe las áreas vacantes y terrenos no aptos -tanto fuera como dentro del perímetro urbano- para determinar las posibilidades de liberar y/o construir terrenos, reubicar y demoler bienhechurías, reparcelar o recuadrar lotes del tejido residencial; como parte del conjunto de acciones que -a escala de proyectos de diseño urbano- permitan ubicar espacios públicos y equipamientos. Dentro de esta categoría, se encontraron superficies que requieren ser desalojadas, tal es el caso de las viviendas en los márgenes de cursos naturales de aguas (cañadas) y sobre retiros lacustres próximos al parque las Peonías; así como áreas vacantes que no admiten nuevos desarrollos residenciales por tener altas restricciones debido al tipo de suelo, entre otras. A objeto de reforzar o reestructurar estas áreas, tales medidas implican prever la afectación de 15% a 30% del total de viviendas, parcelas y/o vías, según anteproyectos realizados por Villanueva (1995), pues no sólo se trata de crear servicios sociales o rescatar las áreas exteriores sin intervenir el trazado, sino además, proponer modificaciones que permitan estructurar los barrios según las condiciones mínimas de una urbanización planificada.
DE LA EXPANSIÓN INCONTROLADA AL UMBRAL DE CRECIMIENTO Y ENCUENTRO COLECTIVO La información de la UPF-2, sirvió de insumo al proyecto solicitado en 2005 por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), a la Universidad del Zulia, recayendo en el IFAD la labor de realizar el “Estudio para la desafectación total o parcial de la Zona Protectora de Maracaibo”, merecedor del premio ESRI para Latinoamérica en 2006, por el desarrollo y aplicación de recursos tecnológicos al diseñar el Sistema de información geográfica para la zona.
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Con miras al desarrollo sostenible de Maracaibo, el estudio se enmarca en cuatro conceptos clave: Cinturón verde, Periferia - crecimiento urbano, Derecho a la ciudad y Sostenibilidad (MARN e IFAD, 2005); éstos constituyen elementos esenciales al intervenir periferias cuya ocupación informal se expande sin un proyecto o plan urbano, reflejando enormes disparidades, desequilibrios e indiferencia, por parte del conjunto de actores responsables del ordenamiento y crecimiento urbano. Dicho trabajo ameritó la conformación de equipos multidisciplinarios de sectores intra y extra universitarios quienes, juntos a diversos actores, abordaron metodológicamente las fases de diagnóstico situacional, planteamiento y evaluación de los escenarios de intervención que ésta realidad exige. La sostenibilidad constituye una estrategia determinante en las distintas fases del estudio para la ZP, y en la definición y evaluación de los escenarios propuestos, considerándose “…las diversas dimensiones que reflejan aspectos sectoriales de la ciudad, la importancia de fijar indicadores integrales, la vinculación con los procesos políticos y el papel activo del nivel local en el desarrollo del proyecto, en la definición y en la aceptación de los indicadores, asegurando así la aceptación de los usuarios finales” (MARN e IFAD, 2005). La sostenibilidad de la Zona Protectora (ZP) va vinculada a la de la ciudad de Maracaibo, lo que necesariamente se logra, según indican Borja et al “mediante la recuperación de los centros existentes, creando nuevas centralidades reequilibradoras territorial y socialmente, polivalentes y estructurantes y ejes articuladores entre centros existentes, centralidades y municipios, consolidando los tejidos urbanos -dotándolos de infraestructuras y equipamientos- accesibles y con espacios públicos integradores y con elementos diferenciales que le den identidad, favoreciendo la mezcla social y funcional” (MARN e IFAD, 2005). De los escenarios planteados, fue seleccionado uno que -lejos de apoyar la desafectación total de la ZP- propicie un mejoramiento integral de las condiciones de vida y reconozca una periferia donde pueden vislumbrarse oportunidades para toda la ciudad, evitando persista una periferia relegada y confinada a un crecimiento sin calidad, sin ordenamiento y sin otra identidad que la de continuar siendo parte de los territorios expandidos, a expensas de cuantiosas ausencias urbanas.
Plano 1. Escenario seleccionado como propuesta recomendable para la ZP
ESCENARIO RECOMENDABLE: E2 CORREDORES DE EXPANSIÓN TENDENCIAL La ponderación de los impactos para cada variable, condujo a recomendar al MARN la selección del escenario 2 (Plano 1), el cual propone regularizar las tendencias de Fuente: MARN – IFAD, 2005
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crecimiento que se producen sobre los corredores viales que se inician en la ciudad de Maracaibo y penetran la ZP en forma de dedos urbanizados, entre los cuales se intercalan elementos que reforzarían la posible estructuración del área y conformarían una red de zonas productivas y espacios públicos tales como: áreas verdes que se utilizan como zonas de cultivos agrícolas y pecuarios, áreas libres en los márgenes de las cañadas, y espacios para la recreación y el turismo local, entre los cuales se destacan servicios de comercio turístico, el Parque metropolitano Las Peonías y el Planetario Simón Bolívar que allí se ubica (MARN e IFAD, 2005). Implementar este escenario requiere regular las ocupaciones existentes e incorporar como tierras urbanizables- las áreas vacantes localizadas entre los corredores que continúan con la legislación actual de la ZP. El escenario 2 articula las propuestas municipales con los ajustes que ameriten las restricciones físico -geográficas. La Adecuación Ambiental y Legal de la ocupación, y las síntesis de los modelos de Vulnerabilidad ambiental, Consolidación de la ocupación y Conformidad de usos, obtenidas en el diagnóstico, constituyen la base para precisar las actuaciones sectoriales una vez se haya seleccionado el escenario definitivo (MARN e IFAD, 2005). Las experiencias reseñadas integraron recursos virtuales para registrar y procesar información geo-referenciada, creándose Sistemas de información geográfica con una base de datos desarrollada a partir de cartografía de las áreas de estudio, generándose modelos que permitieron visualizar y valorar aspectos físico-espaciales, económicosociales y ecológico-ambientales, facilitándose la comprensión y toma de decisiones gracias al empleo de estas tecnologías y recursos virtuales. En la estructuración y ordenamiento planteados para intervenir los asentamientos informales de Maracaibo, se consideró el espacio público como elemento fundamental para su rehabilitación y para alcanzar la sostenibilidad de todo el sistema urbano, puesto que éste contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan estos sectores, a través del reconocimiento de sus valores y necesidad de espacio público, como una forma de avanzar hacia una sociedad equitativa, responsable y solidaria con el derecho a la vivienda y a un entorno adecuado. A pesar de constituir un elemento urbano indispensable para lograr la consolidación del barrio y su integración a la ciudad, el espacio público es el gran ausente en los asentamientos informales, sumándose a la cantidad de carencias ya presentes, la inexistencia o deficiencia de lugares destinados a la recreación, el desplazamiento, el descanso, la contemplación y el encuentro, entre otras actividades propias de la convivencia humana.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Frente a un mundo cada vez más urbanizado, la sostenibilidad de las urbes latinoamericanas dependerá en gran medida de la capacidad administrativa de las ciudades y de la participación ciudadana, por tanto, participación y derechos humanos son aspectos relevantes de la adecuada gobernabilidad de una ciudad, y deben concentrar la atención en quienes están excluidos y no tienen acceso a los recursos sociales, económicos y políticos. En las condiciones actuales, la gestión sostenible de Maracaibo y sus asentamientos informales requiere la instrumentación de diversas y cuantiosas
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actuaciones para alcanzar una ciudad eficiente, sostenible en lo ambiental, igualitaria en lo social y completamente participativa. La consideración de los asentamientos informales va más allá de frenar el crecimiento incontrolado de una ciudad, puesto que conlleva reordenar su expansión y espacializar sus propias funciones, contemplando las tendencias y potencialidades existentes. Ello significa establecer medidas y estrategias que regulen la conformación de todo el sistema urbano, mediante actuaciones donde se inserten con rol protagónico el espacio público y los equipamientos sociales, como servicios prioritarios al intervenir y habilitar estos sectores, considerando las deficiencias y carencias de cada zona, no sólo en su interior o centro, sino también fuera de éstas. Los objetivos nacionales que buscan alcanzar el desarrollo endógeno y fomentar la participación ciudadana, se enmarcan dentro de los principios y objetivos internacionales establecidos para superar el umbral de la pobreza y la exclusión social, pero también requieren mirar -entre otros aspectos- fuera de nuestras fronteras y recursos para conocer aquellas experiencias exitosas que han captado cooperación y financiamiento de los organismos multilaterales encargados de colaborar en la mejora del hábitat informal y la calidad de vida urbana; de esta forma Venezuela estaría en capacidad de aprovechar los recursos endógenos, sin desaparecer de la esfera mundial, ni desaprovechar las ayudas exógenas e internacionales ofrecidas a los países en desarrollo. Concebidos como oportunidades para el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios, estos planteamientos pretenden orientar su posible sostenibilidad, proponiendo vías de solución que -bajo una visión integral del sistema urbano- intentan atender las particularidades de ciudades dominadas por las diferencias; frente a lo cual las experiencias reveladas han permitido continuar avanzando, evaluando, aprendiendo y proponiendo desde casos propios y locales. Ante la magnitud de dicho fenómeno, se han presentado vías multisectoriales enfocadas hacia la sostenibilidad urbana, conformándose equipos de técnicos y profesionales universitarios -junto a diversos actores sociales- para abordar fases y procesos metodológicos que comprendieron, desde la actualización y diagnóstico de tan compleja realidad, hasta el desarrollo y evaluación de posibles estrategias de intervención en las actuaciones propuestas. En los proyectos realizados bajo contratos con entes gubernamentales, se diseñó una plataforma tecnológica que favoreció el desarrollo metodológico y permitió el trabajo conjunto entre los distintos grupos y disciplinas abocados al estudio de un fenómeno que progresivamente transforma nuestras ciudades en territorios constantemente expandidos, fragmentados y dispersos, plagados a la vez de enormes carencias y ausencias, entre las cuales resalta la escasa presencia de una red de espacios públicos necesarios para el desarrollo de la esfera colectiva, las expresiones comunitarias, la reconstrucción de las redes sociales y el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad. El tratamiento de los asentamientos irregulares es asumido por el Programa de Transformación Endógena de Barrios, cuyos lineamientos son compatibles con las políticas manejadas por el CONAVI hasta el 2003, ya que sus objetivos abarcan las áreas
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de habitabilidad, las respuestas a problemas de las comunidades tanto en materia de construcción como del desarrollo del hábitat y levantar urbanismos integrales, que dispongan de todos los servicios, desde educación hasta salud. Una política eficaz para nuestras ciudades requiere interpretar los problemas y retos de sostenibilidad a partir de su estructura espacial/ territorial y de las políticas y dinámicas socioeconómicas que la configuran; lo cual conlleva evitar el crecimiento suburbano extensivo y descontrolado, propiciando la densificación y promoviendo el uso diversificado, eficiente y plurifuncional del suelo, de manera compatible con expectativas de calidad de vida.
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