LUCHAS CÌVICAS: MOVILIDAD, MOVILIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, MOVIMIENTO

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LUCHAS CÌVICAS: MOVILIDAD, MOVILIZACIÓN, ORGANIZACIÓN, MOVIMIENTO. Edgar Novoa 1

INTRODUCCIÓN El auge de las luchas cívicas 2 a comienzos de la década de los años setenta está marcado por una ruptura y un auge de la diversidad del conjunto de la protesta y organización social y política de los sectores populares en nuestro país. En ese mismo momento el movimiento campesino libraba una dura batalla por la tierra, los estudiantes desarrollaban también un proceso de organización y confrontación. Así mismo, se inicia la historia contemporánea de organización y lucha de los pueblos indígenas y a lo largo de la década, los sectores afro-descendientes, feministas y ecologistas irán insinuando o configurando formas de organización y confrontación cada vez más eficaces.

Es también a partir de esa misma fecha que ‘lo cívico’ adquiere poco a poco un nuevo sentido y asume una mayor consistencia como forma de organización y lucha política y social. Ya desde los años cuarenta se hablaba de lo cívico, sin embargo, es a partir de los años cincuenta y sesenta que se inicia una trayectoria que sufrirá profundas transformaciones durante la década de los setenta y ochenta, presentándose un reflujo cualitativo de sus luchas hacia los noventa. En esta medida, las luchas cívicas conforman un largo ciclo socio-geo-histórico conformando movimiento, un movimiento cargado de esperanzas y desilusiones, victorias y derrotas, flujos y reflujos.

Las luchas cívicas han protagonizado, durante las últimas tres décadas, momentos esenciales para la comprensión de la dinámica de la acción social organizada en el país, su forma de confrontación más conocida, el paro cívico, ya hace parte del imaginario y la práctica de las luchas populares. Han estado en el centro del debate académico e intelectual debido a su protagonismo en el conjunto de procesos y luchas sociales, así como por la gran cantidad de aspectos novedosos que han ido configurando en su trasegar: su localización, que enfatiza los espacios barriales, locales, departamentales, regionales; los motivos de las luchas y reivindicaciones, que expresan una gran variedad de demandas (servicios públicos domiciliarios, infraestructura vial, educación, salud, autonomía político-administrativa, étnica, defensa de la naturaleza, reorganización político-administrativa); la diversa composición social y política de los actores involucrados, que implican una multiplicidad de actores y grupos sociales (pequeños y 1

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Profesor Asistente, Departamento de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia.

Vamos a utilizar el genérico de luchas cívicas, en el sentido de todo tipo de acción, movilización, organización que se articula o expresa con sentido o carácter cívico. Consideramos movimiento cívico a un largo proceso de luchas que conforman un ciclo espacio-temporal que en algunos momentos de su desenvolvimiento o trayectoria logran un cierto grado de convergencia, organización y estabilidad. El paro cívico es una de las formas de acción más importantes de las luchas cívicas, pero no la única.

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medianos comerciantes, clases medias, madres comunitarias, asociaciones de vecinos, grupos étnicos –indígenas, negros-, de mujeres, ecologistas); las estrategias de organización y lucha, estructuras fluidas de organización para la confrontación y la negociación, con un esquema horizontal para la toma de decisiones, apoyadas en el paro cívico como el arma más efectiva pero no la única para el logro de sus objetivos (tomas de vías, oficinas públicas, cacerolazos, marchas, ocupación de plazas públicas).

La dinámica y características propias que han animado ‘lo cívico’, así como su testaruda presencia en el ámbito social y político, siguen siendo un espacio abierto para la discusión y el análisis, que es importante ampliar y profundizar.

1. UNA CARTOGRAFÍA MÍNIMA La cantidad y fuerza de los paros cívicos 3 desencadenada desde los inicios de la década de los setenta llamaron poderosamente la atención sobre una forma de lucha y organización política y social que aunque ya hacía parte del imaginario de expresión y lucha popular, no había tenido hasta ese momento la misma capacidad de movilización, organización y frecuencia. Las interpretaciones y análisis que se adelantaron sobre su auge, han tendido un amplio espectro de oscilación, desde otorgarles una novedad absoluta, ideal que los ubica como la encarnación de una nueva sociedad, hasta minimizar su presencia, su dinámica y posibilidades como forma de expresión política y social, puesto que su ubicación estructural y demandas se encuentran restringidos a la esfera de la reproducción social, pasando por otros acercamientos que subrayan aspectos puntuales o analizan casos particulares y localizados que amplian las posibilidades y los elementos de interpretación. Ese panorama desigual de interpretación recoge y manifiesta una dinámica fluida, abierta, en constante transformación, una trayectoria que hace parte de la historia de rupturas y continuidades respecto de las formas de expresión, organización política y social popular en nuestro país, en donde el concepto mismo (‘cívico’), es terreno de disputa por el sentido de la acción social.

El análisis e interpretación de las luchas cívicas ha estado signado por una lógica que permanentemente busca definir/excluyendo, delimitar/reduciendo, por diversas vías y que hace bastante difícil seguir ese movimiento ondulatorio que las caracteriza : en la discusión general sobre las actuales formas de expresión política y social, al encerrarlos en el estrecho marco, nuevos o viejos movimientos sociales; en el intento de su identificación y caracterización, al establecer permanentemente una diferencia entre movimiento cívico y paro cívico, o movimiento cívico y lucha cívica; al tratar de entender su dimensión política diferenciando lo que son movimientos políticos y movimientos sociales, o querer definirla por el alcance político o meramente reivindicativo de sus demandas, o al establecer y delimitar el campo político reduciéndolo a las relaciones entre el movimiento y el Estado; al momento de definir su carácter de clase, diferenciando 3

“el “paro cívico” acusa ya, a través de su reiteración histórica, unos mínimos rasgos que lo caracterizan: Es una forma de protesta cívica que se origina en reivindicaciones comunes a diversos sectores sociales, ordinariamente relacionadas con el consumo masivo o con el desarrollo regional.

Implica la paralización total o parcial de las actividades económicas y sociales de una localidad o región, como forma de presión sobre las autoridades que pueden dar satisfacción a las demandas” (Camargo&Giraldo, 1986b, pg, 13)

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entre luchas en la esfera de la producción y luchas en la esfera de la reproducción; en términos territoriales al otorgar a cada nivel territorial una esencialidad ideal, lo local como propio de los paros cívicos, lo regional como el ámbito de los movimientos cívicos, o más aún, las necesidades en lo local, lo afectivo en la regional y lo racional en la nacional.

Las luchas cívicas han enfrentado constantemente los asedios insistentes de una materialidad que niega sistemáticamente la posibilidad de despliegue de una diversidad constitutiva económica, política, social y cultural, así como los embates de la lógica mortal de la guerra que no acepta ningún tipo de expresión política o social por fuera de las bandos en contienda. La misma definición de ‘lo cívico’, ha sido un terreno permanente de disputa, desde el interior mismo de los actores y grupos comprometidos con las organizaciones y movimientos, a lo largo de toda su historia. Las luchas cívicas, están en permanente transformación y cambio, son una trayectoria de clase abierta, flexible y cargada de múltiples sentidos, produciéndose así misma.

Las luchas cívicas, como anteriormente las campesinas, son rápidamente percibidas como una expresión social y política molesta para el orden instituido así como para las organizaciones de izquierda tradicional. Para el orden vigente porque deshacen totalmente su discurso de legitimidad e institucionalización que no acepta más expresiones que los partidos tradicionales, expresando así mismo las profundas fracturas que posee el sistema su incapacidad, negligencia o total desinterés para satisfacer las necesidades territoriales básicas de la población; al evidenciar la reproducción de un esquema territorial de desarrollo desigual exclusivo para la lógica del beneficio, la renta y el interés y excluyente de la inmensa mayoría social e inmensos territorios; debido a que sus acciones evidencian un espacio político restringido, corrupto y clientelista cuya única respuesta es la exclusión y violencia latente y presente en sus múltiples manifestaciones.

Para la izquierda tradicional, las luchas cívicas no hacen parte de su imaginario de vanguardia y organización política y social, no encajan dentro de los marcos establecidos de la definición de la clase obrera, así mismo, porque su forma de organización y expresión política desborda totalmente el marco establecido del partido político o el tipo de organización propio de la clase obrera, el sindicato.

Es importante tratar de entender la presencia de las luchas cívicas como parte de la dinámica y despliegue de las relaciones sociales capitalistas, forma de expresión política y social inmersa en la cambiante materialidad de la cual forman parte como actores preponderante en algunos momentos de su transformación, lo que implica simultáneamente reconocer la potencialidad de que son portadoras, su autonomía constitutiva y múltiple, así como sus limitaciones frente al despliegue sistémico, sin reducirlas a ser una simple respuesta reactiva a la lógica de la dominación o el producto residual de las estructuras (económica, política, espacial). En esa medida se trata de no considerar las luchas cívicas como expresión atípica, desviada o disfuncional de lo que deberían ser luchas por la transformación y el cambio social, evitando al mismo tiempo crear un halo de absoluta y total novedad sobre su genealogía, otorgándoles todas las virtudes posibles y sobredimensionando sus posibilidades políticas.

Es claro que en Colombia el proceso de proletarización de la fuerza de trabajo no ha sido muy alto, no ha habido una extensión y universalización de la relación salarial, por múltiples razones históricas más aún, la llamada tercerización de la economía se presenta

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desde muy temprano debido a las características mismas del desarrollo capitalista en el país, por el caraácter limitado (extensiva e intesivamente) de las relaciones sociales capitalistas. Habría que considerar diversos factores en las particularidades de ese proceso: la inserción subordinada de nuestra economía en el mercado mundial; el carácter genealógicamente monopólico, concentrado y centralizado del proceso de industrialización; la presencia de un Estado fuerte para la represión política y social cuya presencia en el crecimiento económico se ha limitado a la defensa y soporte de los proyectos de crecimiento de las élites económicamente dominantes (rurales y urbanas), a través de sus política e inversión directa (proyectos de infraestructura, financiación), manteniendo un esquema profundamente liberal en la intervención económica, limitando al máximo las políticas de desarrollo social; el carácter rentístico más que productivista de las élites económicas que se amparan en las políticas liberales de crecimiento económico trazadas desde el Estado, usufructuando por diversas vías los recursos públicos (políticas públicas, corrupción, clientelismo), sin reinvertir las ganancias ni ampliar la actividad productiva, beneficiándose y profundizando así mismo, el carácter monopólico de la economía; la concentración territorial limitada y desigual del crecimiento económico y la ‘concentralizacion’ territorial y funcional de la gestión pública.

El despliegue de las relaciones sociales capitalistas en nuestro país no posee una lógica diferente a lo ocurrido en los demás países capitalistas, sin embargo, la producción y reproducción de esas relaciones sociales no se limita única y exclusivamente al ámbito de la fábrica o las alambradas de los grandes proyectos primario exportadores (agrícolas, mineros, de hidrocarburos). No hay que reducir o simplificar la esfera de la producción y reproducción social al despliegue de la lógica capitalista en esos espacios, y funcionalizar o derivar las demás expresiones de producción y reproducción a una lógica centrada exclusivamente en ellos. Para las relaciones sociales capitalistas la sociedad es una gran fábrica en la cual se produce para su reproducción.

Mirar la sociedad como una gran ‘fábrica social’ conduce a entender que aquello que se ha llamado ‘ejército de reserva’, no representa un conjunto humano que esta en espera (en la reserva), que es meramente funcional (o disfuncional), o marginal al desenvolvimiento del sistema, sino que hace parte activa de la producción y reproducción de las relaciones sociales, de la ‘fábrica social’.

“Ni la miseria, ni el desempleo, ni la hipertrofia del sector terciario son novedosos, cuantitativa o cualitativamente. El subempleo de hombres igual que de recursos –lo que supone desocupación total y miseria para muchos- es en definitiva una condición necesaria de existencia del desarrollo capitalista. Es un desempleo, además, que responde a un desequilibrio acumulativo, no transitorio, por lo que ha de estar secularmente en expansión, sean cuales fueren sus altibajos cíclicos” (Esteva, 1983, Pág.

744) Como lo plantea el mismo Esteva, lo relativamente nuevo en términos cuantitativos y cualitativos, es la mayor visibilidad social y política, que se deriva de la organización y movilización de grandes grupos humanos, que se consideraba hacían parte de ese ‘submundo’ funcional, disfuncional o marginal 4 . Allí se genera un problema social y político 4

El caso de los campesinos es bastante ilustrativo de esta situación, como lo plantea Esteva para el caso mexicano. “la entrada del capitalismo en la agricultura no se corresponde con una expansión industrial capaz

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que produce mucha preocupación, tanto para el ejercicio de la dominación como para ciertos proyectos, estrategias y prácticas de rebelión.

Es insuficiente tratar de entender la lógica de despliegue de las relaciones sociales capitalistas desde la relación dialéctica entre producción y reproducción, partiendo de la base que existe un núcleo, un centro básico que determina, subsume y funcionaliza dialécticamente todas las demás expresiones de producción y reproducción social. Por más esfuerzos que se hagan desde esa lógica, las formas productivas que no hagan parte de ese centro, son consideradas marginales o meras actividades de reproducción, son periféricas, así como sus expresiones de organización política y social. En este sentido, fieles a la racionalidad de su lógica, las reivindicaciones que se puedan levantar desde esa ‘periferia’ están encerradas en el limitado espacio de la reproducción social y por lo tanto, cualquier forma de lucha u organización no sería representativa de lo que debería ser la vanguardia política, y no tendría nunca la posibilidad de convertirse en un proyecto de transformación de las actuales relaciones de dominación y explotación social, a diferencia de lo que sucede con aquellas expresiones nacidas en el centro mismo del proceso de producción 5 .

Al asumir el análisis desde la gran ‘fábrica social’ es necesario entender la lógica de la universalización y extensión de la relación social capitalista en su despliegue dialéctico temporo-espacial de tal manera que no se reduzca al creciente proceso de salarización de la mano de obra y su consecuente despliegue territorial, funcionalizando, marginalizando o reduciendo cualquier otra forma de expresión económica, política y social a ese despliegue lógico-histórico. En el largo plazo y con más razón en sociedad periféricas como la nuestra, el proceso de universalización y extensión de la ley del valor, genera y produce simultáneamente un proceso de ‘desvalorización’ de la multiplicidad constitutiva existente del trabajo vivo, una tendencia al desconocimiento de múltiples formas de manifestación de ese trabajo vivo y por otra parte, la descalificación o degradación

de absorber productivamente a la población expulsada, a la que se está privando de todo medio de producción y de vida…la enorme masa humana que parecía colocada ante un callejón sin salida logró dar a la “respuesta clásica” (la revuelta inorgánica y aislada y la emigración) una dimensión nueva: el movimiento de masas que se convierte en revolución. En 1910 los campesinos ensayaron una ofensiva que más adelante intentarían una y otra vez: darse por sí mismos un medio de producción y de vida, puesto que la expansión capitalista era incapaz de hacerlo. No eran campesinos que no quería serlo quienes lo hicieron (Wocmack, 1969). Eran proletarios del campo que habían dejado de ser lo que eran y decidieron recuperar su historia y transformarla, para ocuparse de sí mismos y enfrentarse a las estructuras de dominación que para ellos sólo reservaban miseria, opresión y muerte” (Esteva, 1983, pgs 752; 753). Para el caso nuestro son evidentes las diversas estrategias desplegadas por los campesinos para superar su degradante condición: resistir permanentemente la arremetida de la gran hacienda, expandir la frontera agrícola y desarrollar el campo.

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La distinción producción/reproducción, para el análisis de las luchas urbanas es herencia de la profunda influencia que tuvo el trabajo de Manuel Castell en América Latina. Uno de los estudios más interesantes sobre las luchas barriales en Latinoamérica, llega a reconocer lo limitado de esa distinción, sin embargo, aunque se hace un gran esfuerzo no logra deshacerse de ella, solo deja constancia dentro de sus conclusiones que, « la distinción tradicional entre luchas reproductivas y productivas –distinción presente no sólo en los análisis corrientes sino también en las propias formas de organización- va perdiendo sustancia y, por lo tanto, tiene que ser remplazada por una interpretación que establezca una estrecha interrelación entre ambas formas de lucha. Es innegable que las luchas barriales no se están llevando al margen de la lucha de clases, sino, al contrario, representan una de sus actuales formas de expresión. (Evers, Muller-Plantenberg, Spessart, 1983, pg 67).

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permanente del trabajo, un proceso de desaparición de una multiplicidad de ‘valores’, sus prácticas y sus ricas y variadas interconexiones y sentidos.

“If we think of the extreme diversity of abilities and skills which have existed separately outside of capital, irreductible to any common measure, and if we want to speak of those abilities and skills in terms of ‘values’, then clearly the concepts we use to represent the material diversity must involve an equally great diversity in concepts of ‘value’. The counterpart to our refusal of capital’s material and conceptual hegemony must not involve the replacement of one hegemony by another but must rather involve the acceptance of non-comparability and of the diversity of ‘values’” (Cleaver, 1992, pg 121).

El capital es incapaz de codificar, descodificar/recodificar todos los valores, las prácticas y discursos, toda esa potencialidad de trabajo vivo que esta a la base de su proceso de producción y reproducción, en el despliegue de su dinámica, expresiones que desbordan la intención capitalista de reducir la multiplicidad constitutiva a la unidad de la explotación y el dominio. Ese exceso es ‘revalorizado’, autovalorizado, por el mismo trabajo vivo como sentido, valor, discurso, práctica, surgido de la propia dinámica de despliegue capitalista, demostrando su resistencia y capacidad de transformación en el largo plazo y expresando su fortaleza y consistencia (como en el caso de los campesinos, e indígenas), siendo paradójicamente una fuerza determinante en la extensión y universalización espaciotemporal de la ley del valor. “no se dan dos sociedades, se da, al contrario, un proceso de producción social, que es a la vez un proceso de trabajo social y un proceso de valorización en el plano social” (Negri, 1980, pg 171).

Se abre la posibilidad de entender unas prácticas sociales de clase que siendo parte inherente del despliegue de las relaciones sociales capitalistas, no se pueden reducir mecánica o dialécticamente a su despliegue (valorización- desvalorización-devaluación, a la dinámica crisis/reestructuración), ni homologar o reducir a su lógica o dialectica, más aún esas prácticas y discursos del trabajo vivo son un elemento importante para la universalización de la ley del valor, mucho más en sociedades que se encuentran insertas subordinadamente a la lógica sistémica. Sin desconocer de ninguna manera que el despliegue espacio-temporal del proceso de valorización impone un límite material permanente, es necesario revalorizar las múltiples prácticas y discursos del trabajo vivo y su multiplicidad constitutiva, que se juegan en la resistencia, la rebelión y la autovalorización 6 .

De otro lado, aunque todos los trabajadores están vinculados directamente con la fábrica social y todos deban sufrir las consecuencias de un trabajo alienado, esa misma condición no adquiere las mismas características, ni es enfrentada de la misma manera. Esto implica, una manera diferenciada de organización y movilización en relación con la capacidad de resistir, invertir y autovalorizar las limitaciones y necesidades impuestas en 6

“La autovalorización de clase no tiene nada que ver con la estructuración del capital, y sí con su desestructuración. Todo el desarrollo capitalista, desde el momento en que la clase obrera se ha estabilizado a un altísimo nivel de composición, no es sino el envés, el calco, la prosecución de la autovalorización proletaria, su acción de defensa, de recuperación, de acomodación a los efectos de su acción, que son efectos de sabotaje de la máquina capitalista” (Negri, 1979, pg 41). En este sentido, la autovalorización, “equivale a fuerza para sustraerse al valor de cambio y capacidad de basarse en el valor de uso. La homologabilidad progresiva es propia del valor de cambio. La ruptura, la fuerza productiva eliminan toda posibilidad de una dialéctica resolutiva. La positividad dialéctica del método de separación de la autovalorización proletaria es completamente innovadora” (Negri, 1979, pg 42).

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el proceso material de producción, lo que en las condiciones socio-geo-históricas se expresa en la variedad, la multiplicidad de formas y ritmos de organización política y social, el movimiento. Es importante tener en cuenta que, “No está dicho, en efecto, que la clase obrera más fuerte deba ser la de las grandes fábricas, entre comillas; la clase obrera más fuerte puede ser perfectamente, y lo es, la que domina sus mecanismos de reproducción con una fuerza no menor que con la que consigue condicionar o expresar contrapoder respecto a los procesos de producción” (Negri, 1980, pg 96).

Por las mismas condiciones objetivas y materiales de existencia alienadas, que implican un permanente ejercicio de la dominación y separación de la fuerza de trabajo de sus condiciones de trabajo, el trabajo vivo en cualquiera de sus expresiones esta en potencialidad de organización, movilización e identificación y convergencia de intereses.

La dinámica interna del grupo esta definida por las condiciones materiales socio-geohistóricas (dominación, explotación), y por la capacidad que tengan para reapropiarse, invertir el sentido de las necesidades impuestas por la lógica capitalista desarrollando procesos de resistencia, rebelión y/o auto-valorización 7 . Esa potencialidad sólo se concreta en la movilización y la organización, alcanzando sus mayores niveles en la convergencia y unificación de intereses de todas aquellas fuerzas y energías del trabajo vivo.

La recomposición política y social de esas fuerzas y energías del trabajo vivo, replantean totalmente la idea de un sujeto a priori, puesto que toda posibilidad de producción subjetiva es el producto de…, el resultado del despliegue de los múltiples esfuerzos, relaciones de esa diversidad que compone constitutivamente, ontológicamente, el trabajo vivo. Si existe una ‘síntesis’, ella se manifiesta en la convergencia y unidad que logren alcanzar los diversos procesos de subjetivación en curso, sus prácticas y discursos, un producto material inmerso en las propias condiciones socio-geo-históricas de la producción y la mayor o menor capacidad de los diferentes grupos para pasar de la resistencia pasiva, la espontaneidad a la organización, al movimiento, desplegando todas sus estrategias de resistencia, rebelión y autovalorización 8 .

Así mismo, hay que entender que el antagonismo del trabajo no pasa necesariamente por la mediación directa y mediata con el capital, la relación de producción es una relación de

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“se producen a si mismos al producir una organización básica (un conjunto de relaciones o una articulación entre algunos elementos claves), y, de esta manera, producen sociedad. En otras palabras, crean una fenomenológica social por la naturaleza misma de las formas que producen como entidades autónomas” (Escobar, s.f., pg 52).

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“La composición de la clase obrera no es simplemente el resultado de una fase o de una forma de desarrollo capitalista, de la marcha del capital constante bajo estas relaciones, es también una realidad continuamente modificada no sólo por las necesidades, sino por las tradiciones de lucha, las modalidades de vida, de cultura, etc., en suma, por todos aquellos hechos, políticos, sociales, morales, que acaban por determinar, junto con la estructura del salario, la estructura de la relación de reproducción de esta clase obrera. La composición de clase cambia con el tiempo y con las luchas, y puede hacerlo de manera sustancial” (Negri, 1980, pgs 69;70).

Ese proceso siempre esta asaltado por la absoluta novedad que poseen las necesidades y comportamientos de clase y por lo tanto cargado de múltiples problemas de convergencia y unificación.

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producción de todos los aspectos de la vida material que involucran los diferentes espacio-tiempos, por lo tanto en toda manifestación antagónica de ese trabajo directo, “su relación es más densamente capitalista que la de otros trabajadores, porque sus contradicciones económicas son directa e inmediatamente políticas; son, per se, contradicciones de clase. No operan como disputas por el valor entre los agentes específicos sino son contradicciones con la sociedad “como un todo”, o sea, con el establecimiento capitalista. De ahí que tiendan a ser contradicciones con el Estado, como instancia política que expresa y en la que se expresan las contradicciones de clase y las correlaciones de fuerza” (Esteva, 1983, pg 757).

En las últimas décadas con la creciente socialización del trabajo productivo, proceso antagonico en el que el mismo trabajo vivo ha jugado un rol determinante, al apropiarse cada vez mas de sus condiciones de produccion y reproduccion, lo político sufre una profunda transformación. Desde el punto de vista de la dominación y explotación del trabajo, el Estado, debe asumir un papel central en el proceso de valorización de capital, por lo que su intervención es materia permanente de confrontación. Desde el punto vista del trabajo vivo, esa creciente reapropiación, inversión de las necesidades y el valor, ha conducido a un creciente proceso de sintesis política constitutiva, por fuera de toda mediación. El espacio político del trabajo vivo no se reduce al Estado, las antagónicas relaciones de fuerza que están a la base del desenvolvimiento societal, trascienden el Estado y su estructura político-administrativa e ideológica, lo social condensa lo político, se produce a sí mismo y produce espacio-temporalidad en la fluidez y el cambio 9 , frente a la estructura molar del Estado, las luchas son rizomáticas.

‘Last but not least’, tratar de entender la lógica del trabajo vivo en su diversidad constitutiva, y sus diversas manifestaciones y grados de expresión política y acción social, contribuye a realizar un tránsito ‘from geography of labor to a labor geography’ (Herod, 1997). Los análisis críticos de la dinámica espacial del capitalismo se han concentrado en el estudio de la división social del trabajo otorgando una centralidad particular al desarrollo desigual espacial que se desprende de la extensión y universalización de la lógica del beneficio, “such a marginalization of workers as (pro)active, sentient geographical actors is limiting theoretically for it presents a world in which workers’ social and spatial practices remain largely unconnected to the process of the uneven development of capitalism. In short, in such a view workers are not theorized as being present at the making of the economic geography of capitalism but, instead, are seen to struggle and live within the contours of an economic and social geography created by and for capital. while capital can fashion the geography of capitalism to suit its own needs, there is little sense that workers may also do the same” (Herod, 1997, pg 13).

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“Los movimientos sociales pueden realmente dificultar la consolidación de los organismos extra-sociales, tales como el Estado. Si el modelo del Estado es arborescente (lo que implica unidad, jerarquía, orden), el de los nuevos movimientos sociales podría ser rizomático: asumiendo formas diversas, estableciendo conexiones inesperadas, adoptando estructuras flexibles, desplazándose en dimensiones diferentes (la familia, el vecindario, la región...); esto se define más en términos de cambio y conversión que de estados, estructuras y programas fijos. Se podría tomar incluso en términos de formas “nómadas” las cuales, a pesar de encontrarse en interacción perpetua con el Estado y otras megaformas (como las multinacionales), son sin embargo irreductibles a ellas” (Escobar, s.f., Pág. 51).

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Las prácticas, discursos del trabajo vivo, no solo producen espacialidad o se despliegan sobre un espacio geográfico, ese misma espacialidad contribuye a producir y por lo tanto son un elemento central para lograr entender esa dinámica, mucha más cuando en las últimas décadas las luchas sociales no sólo ocurren en el espacio sino que dicha variable le es inherente.

2. VIAJE AL CENTRO DE LO CÍVICO El movimiento cívico constituye un largo ciclo de luchas sociales por el equipamiento (individual y colectivo), y el desarrollo territorial, que en su trayectoria producen movimiento. Las comunidades al buscar una solución a sus necesidades más sentidas (vivienda, infraestructura básica, salud, educación), o al plantearse alternativas (económicas, políticas, culturales), a los efectos perversos del modelo de desarrollo territorial exclusivo para los intereses urbanos y rurales de una élite y excluyente de la gran mayoría social, producen movilización, organización y movimiento, y a través de sus prácticas y estrategias de confrontación generan impactos, transformaciones o rupturas profundos en su propia reproducción como movimiento, en las prácticas y discursos de los demás sectores populares, así como en su entorno socio-geo-histórico (la configuración espacial, las estructuras de dominación y disciplinamiento social).

El movimiento cívico desde sus inicios posee una trayectoria ondulante, abierta y en constante transformación, fuente de sus fortalezas y debilidades.

“El movimiento cívico fue surgiendo lentamente al ritmo de las necesidades, limitaciones y penurias de nuestro pueblo de acuerdo al desigual desarrollo de las regiones, conforme a su conformación triétnica, siguiendo las voces de su tradición oral y escrita de su cultura.

En el diario discurrir y sobrevivir fue identificando sus necesidades más sentidas y por ellas empezó a luchar el agua, la energía, el alcantarillado, el camino, la carretera, la escuela, el hospital. Y también a señalar a los enemigos de su bienestar y a las instituciones o agentes que deberían prestarle atención a sus reclamos, y pasó de éste al memorial escrito y de allí al pliego de peticiones. De la reunión vecinal a la asamblea general y de ésta a la manifestación y a la marcha, y también fue comprendiendo que las soluciones no pasaban por la Alcaldía, ni por la Inspección ni por el Concejo, que allí no se les escuchaba por las buenas y que tenían que hacerse oír. Viene entonces la toma de oficinas, mitin, cabildo abierto, paro. Paro cívico no para pedir grandes cambios, sino pequeñas cosas, éstas tampoco importantes para muchos analistas de oficina pero tan transcendentales para una comunidad que apenas medio vive o mal viven” (Arcila, 1989, pg 292).

El movimiento cívico se expresa como una densa nube de luchas capilares territorialmente localizadas que no necesariamente tienen una continuidad o contiguidad espacio-temporal, pero que sumadas en su espacio-temporalidad conforman un conjunto articulado que produce un fuerte impacto social y político, cuya presencia puede ser entendida como la existencia de un verdadero contra-poder territorial en algunos momentos de su desenvolvimiento y despliegue. El movimiento cívico comporta una movilización de energías, fuerzas y prácticas sociales con una alta fluidez entre los espacios (rurales y urbanos), que pone en evidencia la profunda debilidad y postración en

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que se encontraban los diferentes niveles político-administrativos de decisión política e intervención social y lo estrecho y limitado de los ámbitos territoriales de participación y expresión política. Asi mismo, hace evidente la marginalidad o ausencia en el discurso y en la práctica de los partidos de izquierda, de las necesidades e intereses de una amplia mayoria de grupos y sectores populares a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Esas luchas localizadas territorialmente son la articulación de una serie de relaciones, fuerzas y energías que en el despligue de la acción colectiva simultáneamente producen movilización y organización, que logran sintetizarse en el movimiento, por más efímero que éste haya sido. “los movimientos surgieron casi espontáneamente desde las bases y periferias sociales, en sitios específicos y por necesidades concretas” (Fals, 1989, pg 50).

Las movilizaciones no se pueden reducir al simple espontaneismo, a pesar de que este se pueda presentar y de otra parte, en las luchas cívicas se deshace cualquier discurso o práctica de la externalidad de la organización sobre el movimiento 10 . Es la propia dinámica de la acción y el movimiento la que lo crea y mantiene, no se inicia con la conformación de un partido u organización iluminada, o el trazado de un proyecto predeterminado lo que dicta la dinámica del movimiento y su forma de organización, “el sentido de las luchas cívicas se definió en la praxis misma” (Múnera, 1998, pg, 410).

No hay un plan o proyecto fijado de antemano, sin embargo sus luchas por la reapropiación, inversión de sentido y solución de sus necesidades más sentidas producen, producen realidad, materialidad puesto que producen y reproducen sus subjetividades, transforman el paisaje socio-geo-histórico socavando las estructuras y espacios de dominación y explotación vigentes al producir con su movilización y organización la crisis, crisis urbana, crisis regional, crisis del espacio público y político.

Al buscar la satisfacción de sus necesidades las comunidades territorialmente localizadas, superan el estado de resistencia pasiva y ponen en marcha un proceso activo de insubordinación y constitución de subjetividades autónomas 11 , en constante lucha con las estructuras de los partidos tradicionales, los partidos y prácticas de la izquierda tradicional y el Estado, que buscan por todos los medios neutralizar, institucionalizar, manipular o

10 “hay que rescatar esa llamada espontaneidad de los paros, en el sentido de que eso no está indicando que se sigue dando esa convulsión, que no puede y que no debe en muchos puntos ser centralizada, ser manejada, porque se crean estructuras de mando verticales, antidemocráticas que en muchas aspectos castran e inmovilizan a la población para estos hechos. No es que reivindiquemos, no es que defendamos, no es que hagamos apología de esas actitudes espontáneas de las masas, pero sí las entendemos y las explicamos en ese contexto” (Arcila, 1989, pg 291).

11 “- La autogestión no debe entenderse como descargar de responsabilidades al Estado para que las asuman las comunidades, sino más bien como la recuperación de la autoestima de la gente, de su conciencia de sus capacidades para transformar la sociedad. Pero la sociedad no se transforma con miras a un modelo ideal, sino que esa transformación empieza por la vida cotidiana en las personas.

- Insisto en que lo coyuntural no debe descartarse, es lo que genera la vida, lo que pone a la gente a pensar y la mueve, lo que cambia la rutina. Esto debe complementarse con la defensa de lo que se ha conquistado, lo cual implica desde la capacidad administrativa hasta las formas de autodefensa armada. Cada comunidad debe encontrar sus formas propias de administración, control, dirección” (Conclusiones Comisión 3: El problema de las reivindicaciones y objetivos que se proponen los movimientos cívicos, pagina, 109, en Varios Autores, -1986-).

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dirigir las luchas en medio de un sombrío panorama de recrudecimiento de la violencia política y social 12 .

Las luchas cívicas buscan ‘revalorizar’ el trabajo de las comunidades localizadas territorialmente, que ha sido sistemáticamente utilizado y explotado desde el Estado para la modernización del equipamiento colectivo en todos los rincones del país. Se busca una ‘auto-valorización’ de dicho trabajo al deshacer el sentido paternalista y mendicante que el esquema clientelista y corrupto propone para la satisfacción de las necesidades básicas y la producción de la infraestructura básica, a través de la lucha y la organización de las comunidades. La propuesta estatal de desarrollo territorial estaba atada a un complejo sistema en donde la legitimación del régimen y el disciplinamiento social, la satisfacción de las necesidades básicas y la creación o sostenimiento de la infraestructura básica para la extensión y universalización de las relaciones sociales capitalistas se expresaban de manera contradictoria y difusa. El Frente Nacional modeló un sistema político excluyente y represivo sobre las fuerzas políticas diferentes a los partidos tradicionales, alrededor de una sistema político de centralización de la gestión político-administrativa, en donde se dejaban inmensos territorios y grupos sociales por fuera del proceso de modernización capitalista, reduciendo la participación política y social y el desarrollo territorial a la ‘conexión’ con las redes territoriales clientelistas cuyo principal interés era la defensa, prolongación y sostenimiento de sus feudos electorales territorialmente localizados.

La lucha cívica comporta una ‘revalorización’, recomposición permanente de las formas culturales y los referentes simbólicos comunitarios y territoriales como parte inherente de su dinámica y trayectoria, un sentido lúdico que tiene una forma muy particular de expresarse y reproducirse, “hay un elemento que se destaca como constante, y es el carácter festivo y a veces ritual que asumen estas prácticas.

Desfiles acompañados de variados simbolismos; plataformas por donde desfilan cantantes y conjuntos musicales; danzas callejeras; fogatas públicas donde se hace café para todo el mundo o puestos de limonada igualmente gratuita; ceremonias donde se cantan los himnos patrios e izadas de banderas; son todas estas expresiones que, repetidas en los lugares más distintos y distantes del país, han ido configurando una especie de ritual lúdico de la protesta…La transformación de la cotidianidad asume, de alguna manera, el carácter de una explosión utópica… el día del paro se obedece a otras autoridades, a aquellos que el consenso popular ha elegido como coordinadores de la protesta por ser auténticos representantes de una voluntad común; el día del paro se estrechan los vínculos de solidaridad con una causa común; el día del paro se ensayan 12 La violencia esta siempre presente en el contexto socio-geo-histórico de las luchas cívicas, como lo plantea Giraldo (1987), “La primera violencia es la que obliga a una población mayoritaria a vivir en condiciones infrahumanas desde su nacimiento, debido a las leyes del mercado que permanecen implícitas pero que se soportan con el sacrificio de la dignidad humana; es la violencia estructural. Esta violencia se complementa por la violencia institucional que traduce las leyes anteriores en instituciones protectoras del statu quo. Otra violencia complementaria y causal, y que es quizás el detonante de la protesta popular, es la violencia represiva, la que cierra los caminos del diálogo, de la concesión o de la reforma oportuna e identifica todo reclamo legítimo con la “subversión”. Por esto la violencia que asume a veces la protesta popular hay que juzgarla como una violencia de última instancia, que concentra momentáneamente respuestas reprimidas a formas institucionalizadas de violencia” pg. 192

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formas de control popular de la ciudad, mediante Guardias Cívicas, las Brigadas de Vigilancia, los salvoconductos, etc.,. ; el día del paro se ensayan fórmulas de abastecimiento comunitario, de control de alimentos y de precios; el día del paro se improvisan ollas comunitarias, donde se comparte el alimento, aportando cada uno según sus capacidades; el día del paro parece implantarse momentáneamente una ética social donde la solidaridad se erige como valor fundamental. En síntesis, el día del paro se juega a vivir en una sociedad diferente” (Giraldo, 1987, pg 188; 189).

Toda la literatura dedicada al análisis de las acciones-organización cívica reconoce implícita o explícitamente la importancia que la variable espacial posee en su desenvolvimiento, es “conveniente establecer una diferenciación entre movimientos con escenario territorial y movimientos con base territorial, incluidos entre los últimos los Paros Cívicos, en los cuales la dimensión espacial es parte constitutiva de la estructuración de la movilización” (Jaramillo, 1985), pg 274).

No se trata simplemente de los impactos territoriales diferenciados que causan las luchas cívicas o el reconocimiento de un entorno en el cual pasa o sucede la acción-organización social, hay que incluir la espacialidad como una de las dimensiones constitutivas del movimiento cívico, para enriquecer su análisis e interpretación 13 .

La espacialidad se inicia como territorialidad compartida de unos problemas y luego se va reapropiando como practica, revalorizando como sentido en toda su diversidad, solucionando problemas, invirtiendo sus condiciones de producción y reproducción, tejiendo territorialidades discontínuas, recomponiendo identidades, redes de acciónorganización-representación-lucha, “Las gentes involucradas y sus activistas buscaron afianzarse en las realidades cotidianas locales y en el pensamiento y sabiduría populares, trataron con problemas concretos en el medio ambiente natural y su explotación en barriadas, caseríos, veredas, e irrigaron raíces humanas, étnicas, culturales y sociales que, como la ayuda mutua, con demasiada frecuencia han sido descuidadas, despreciadas o destruídas por los partidos corrientes, por los estadistas, y hasta por los académicos y los llamados “expertos”” (Borda, , pg 78).

Las luchas cívicas permiten entender el desarrollo desigual territorial no solamente en sus aspectos económicos e institucionales, también en términos políticos y culturales, las movilizaciones-acciones cívicas hacen parte de la producción-reproducción de esa dinámica territorial desigual.

13 Todos los trabajos acerca de las luchas cívicas implícita o explícitamente tocan el problema de la espacialidad, particularmente el trabajo de Clara Inés García, abrió la discusión sobre la importancia que lo espacial posee para la compresión de lo cívico, “nuestros autores han asumido de manera diversa el manejo de las dimensiones de localidad y región en su análisis de los movimientos cívicos: se han planteado tesis que relacionan lo local y lo regional en el tiempo como momentos y niveles distintos en el desarrollo de la acción colectiva, otros piensan lo local y lo regional como espacios específicos en que se anudan relaciones de poder, también han sido concebidos como espacios de poder contrapuestos en la luchas de los distintos grupos por el dominio político, se han pensado como los espacios en los que se deberá construir el proyecto alternativo de sociedad.

De otro lado, las regiones han sido abordadas como contextos estructurales explicativos de los movimientos sociales o como conceptualización misma de un tipo específico de movimiento. Lo que queda claro es que todas ellas constituyen hipótesis de trabajo sobre las cuales hay que seguir trabajando” (García, 1990, pg 215; 216).

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En medio de la precariedad material existente territorialmente (equipamiento individual y colectivo, infraestructura básica) que se reproducia y reforzaba con el esquema de mediación política impuesto por el frente nacional, las comunidades territorialmente localizadas por fuera de los núcleos de interés de valorización económica o política, vivian cotidianamente la crisis territorial (urbana o regional), como privación, precariedad. Las condiciones estructurales conforman un panorama que nutre la tendencia crítica territorial que las comunidades vivian en acto (modelo de crecimiento económico concentrado y centralizado, ‘concentralizacion’ de la gestión pública, crisis fiscal del Estado, impacto de las políticas públicas, desarrollo desigual (Santana, 1983, López, 1987), sin embargo, el movimiento cívico con su proceso de movilización-organización-acción en busca de una solución a sus problemas cotidianos y localizados invierte el sentido de la crisis, el movimiento se convierte en la crisis misma.

Lo ‘cívico’ contribuye de manera particular a la transformación del espacio público, de diversas maneras 14 . Es a través del trabajo comunitario directo que gran parte de la infraestructura básica de las pequeñas y medianas localidades fue construida, por medio del compromiso de las mismas comunidades que asumieron dicha tarea bajo estructuras y discursos subordinados (Acción Comunal), esa transformación del paisaje socio-geohistórico implicó una movilización de fuerzas y energías comunitarias bastante amplia que condujo a una transformación física y material del espacio público. La infraestructura se construyó con una alta proporción del trabajo comunitario socabando en su misma base la idea de un espacio público producido desde y por el Estado.

En el despliegue de las estrategias de lucha y confrontación política y social, las luchas cívicas llevan a la toma del espacio público, la toma de la ciudad es al mismo tiempo una reapropiación y resemantización que se hace del espacio público. El espacio público ya no será más el espacio institucional, el espacio del Estado, sino el espacio ‘común’, el espacio que nos pertenece a todos y en el cual todos buscamos y producimos un lugar, producimos un lugar a pesar del no lugar que impone la desterritorialización del capital y la re-territorialización dominada que intenta producir el Estado. Se pluraliza el espacio público, su sentido y producción, se convierte en materia central de disputa y producción.

Las luchas cívicas unidas a las demás luchas sociales llevan a la crisis del restringido espacio político configurado desde la puesta en marcha del Frente Nacional, que reducía la organización y participación política al bi-partidismo, el que se reproducia con un disenso manipulado y sus prácticas de corrupción y clientelismo, reprimiendo o criminalizando cualquier otro tipo de expresión política o social. Es la suma de todas las luchas sociales y sus dificiles procesos de organización y movilización las que van a conducir a la crisis de ese restringido espacio político. El despliegue cívico transciende lo restringido de dichos espacios de participación en la confrontación y la producción de movimiento, al construir movimiento para la solución de necesidades, develando el 14

Es importante resaltar que no es solamente la práctica y el discurso, de la movilización-acción-organización cívica, la que contribuye a la inversión-autovalorización del espacio público y político, aunque sean determinantes para la producción de la crisis territorial (urbano-regional). Es importante tener presente en esas transformaciones las dinámicas de las organizaciones indigenas y afro-descendientes, ecologistas y feministas.

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carácter restringido de la participación política y el sentido mendicante, paternalista, clientelista y corrupto de la relación entre el Estado central y las localidades que tenían en las Juntas de Acción Comunal un instrumento eficaz de producción y reproducción.

Como producto de su propia trayectoria y dinámica los movimientos cívicos desarrollan una estructura flexible de organización y protesta, altamente democrática en la toma de decisiones, de abajo hacia arriba, de la periferia al centro. El comité o junta cívica representante de los intereses de la comunidad, agente de sus demandas y negociador de sus intereses, busca representar la diversidad de su base social y política. Así mismo, se intentan desarrollar unos mecanismos lo más democrático posibles para la toma de decisiones extendiendo el horizontalismo organizativo a nivel territorial para la discusión y toma de posición. En términos de su dinámica interna el movimiento cívico pasa de la verticalidad a la horizontalidad en la acción/organización, lo que constituye una ruptura con las viejas estructuras de dirección y organización del sindicato y el partido político y sus formas de lucha. Una especie de democracia radical subyace a la propuesta cívica, democracia radical que se construye simultáneamente en las formas de organización, la toma de decisiones y la misma lucha directa 15 .

Esa estructura de organización se complementa con unas formas de confrontación y lucha altamente flexibles y móviles. El paro cívico representa el arma más eficaz, sin embargo, no la única, puesto que se desarrollaron otros mecanismos de presión y confrontación que buscaban un posicionamiento y visibilización rápida y eficaz de las luchas : las marchas, mítines, toma de oficinas públicas, cabildos abiertos, bloqueos de vías 16 .

Lo político habita totalmente las luchas cívicas, lo social condensa lo político, no hay mediación ni como discurso, ni como práctica, ellas enfrentan directamente el dominio y la explotación y al mismo tiempo producen y se producen en la lucha. La relación entre lo reivindicativo y lo político, lucha económica/lucha política se funde en la dinámica de la acción/organización. Lo político de las luchas cívicas tampoco se desprende de su lucha con el Estado, de su simple relación o agente de mediación con él, “desde el interior mismo de la lucha cívica se gesta una práctica política de movimiento, esto es, que oscila permanentemente entre la resolución de los problemas cotidianos comunitarios y la acción estratégica para la transformación del Estado, desde un escenario común; examinar, en suma, aquella ambigüedad característica de perfilarse 15

“se busca instaurar el poder en los componentes de regiones y localidades, según nuevas expresione sde federalismo, autonomía y poder popular dentro del ámbito de la sociedad civil. Ello significa fomentar de manera diferencial y cuidadosa formas autogestionarias de economía y democracia directa con corporaciones regionales, plebiscitos, asambleas del pueblo, cabildos abiertos, consejos sectoriales de ciudadanos, elecciones locales, y otras formas de acción” (Fals, pg 83).

16 “ la modalidad de la presión, ejemplo, marcha y/o concentración y/o bloqueo de una carretera y/o toma de un templo/establecimiento y/o realización de actos simbólicos con cubrimiento de prensa, tiene que ver directamente con la situación geográfica, su posibilidad real de afectar/controlar o no un centro productivo, eje vial y/o de transporte aéreo y/o simbólico de importancia regional o nacional, que signifique un impacto cierto a la economía y/o de tiempo/desgaste político inmediato o meditao de la Administración central, porque de ellos dependerá –en todo caso- la mayor o menor celeridad y seriedad de la atención gubernamental” (Montenegro, 2000, pg 3).

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como un contrapoder radicalmente opuesto al Estado y, concomitantemente, trabajar desde su propia interioridad” (Cárdenas, 1986, pg 64).

Por otro lado, las luchas cívicas nos van a recordar de nuevo que no existe una centralización rígida en el despliegue de la lucha política y social, definida por un solo grupo y su proyecto iluminado (los campesinos ya habían sufrido y demostrado la inconsistencia del argumento), hay un proceso permanentemente abierto, complejo, discontinuo de producción subjetiva, de subjetivación a través de la resistencia/insubordinación/auto-valorización que se desplaza plantea disputas, convergencias, organización, movimiento dependiendo de la misma dinámica de los actores involucrados y las condiciones materiales socio-geo-históricas del proceso productivo, no hay un sujeto esencial, sino procesos de subjetivación en marcha 17 .

En su trayectoria y dinámica interna las luchas cívicas se han visto asediadas por viejas prácticas de la cultura política nacional, el clientelismo, el caudillismo, la corrupción.

Paradójicamente la apertura, fluidez y flexibilidad elementos tan celosamente defendidos se han convertido en fuente de sus principales debilidades, pues la conformación de organización temporalmente estable y territorialmente extendida, se ha convertido en un proyecto inconcluso. Con múltiples dificultades se han mantenido los movimientos cívicos, y con un gran esfuerzo se ha pasado de lo local a lo regional, dejando siempre abierta la esperanza no cumplida hasta el momento para transitar como movimiento, de lo regional a lo nacional.

Existe un gran problema en la unificación, convergencia y proyección (espacio-temporal) de las fuerzas y energías que componen lo cívico, que debería mirarse más allá de lo coyuntural o ‘estrictamente’ reivindicativo de sus demandas y la diversa composición social y política de sus integrantes. Allí se conjugan una serie de elementos, internos y externos. A nivel de la dinámica interna se ha podido ubicar la primacía de una racionalidad instrumental, la producción de sentido y subjetividad a través de la praxis en detrimento de la consolidación del discurso político (Munera, 1998, pg 454).

Hay que entender que la fuente de las limitaciones de las luchas cívicas no procede solamente de la dinámica interna, ellas estaban inmersas profundamente en un contexto socio-geo-histórico, bastante complejo, que estaba en mutación o transformación para acomodarse a las nuevas demandas del proceso de acumulación y la conservación de la hegemonía política del proyecto oligárquico. La respuesta institucional se desarrolla en diferentes frentes de manera simultánea: la reforma del Estado que condujo al desarrollo de la descentralización política, administrativa y fiscal, una reorganización de la forma y funciones de la gestión pública territorial que buscaba modernizar la función pública y establecer nuevos canales de relación entre el Estado y la Sociedad Civil (re-legitimación, 17 “En la protesta misma y en la apropiación de los espacios colectivos y los tiempos cotidianos los actores de los movimientos cívicos fueron construyendo las identidades prácticas: afirmaron una autonomía inexistente en otras esferas de su vida individual y colectiva, escogieron los lideres en función de los actos y no de las palabras, clarificaron los objetivos de sus luhcas, seleccionaron los aliados y localizaron con certeza a los adversarios. La fuerza encerrada en estas identidades las impuso sobre los discursos elaborados por los actores políticos. La “crítica al pensamiento abstracto” y sin “raíces populares” de la izquierda surgida en los anos sesenta y setenta, reforzada por las organizaciones no gubernamentales, vino a sumarse a la incredulidad en los partidos tradicionales” (Munera, 1998, pg 456).

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institucionalización, disciplinamiento social) ; la represión directa sobre el conjunto del movimiento popular a través de la criminalización de la protesta; una estrategia de negociación del conflicto armado interno; la concertación política de precios y salarios.

Estas estrategias se presentaban en un contexto en donde la violencia y el proyecto de control territorial de los actores armados, van debilitando los proyectos político-territoriales cívicos, “La Doctrina de la Seguridad Nacional, aplicada parcialmente por las Fuerzas Armadas, creó una parainstitucionalidad donde tuvieron cabida los grupos paramilitares, los escuadrones de limpieza social y la violación de los derechos humanos; el tráfico ilegal de drogas constituyó un orden delictivo que penetró las instituciones estatales e insurgentes, y la guerrilla representó un orden institucional paralelo en muchas regiones del país. cada uno de los actores que participó directamente en la generación de la violencia política, tenía sus propias normas internas, expresas o tácitas, sus jerarquías, símbolos, mecanismos de integración, legitimación, reproducción y castigo. La ineficacia del orden constitucional como elemento de integración social y las ambigüedades del Estado colombiano dejaron abierta un amplio espacio social para el desarrollo de este orden plural de la violencia” (Múnera, 1998, pg 427).

Es en el desenvolvimiento socio-geo-histórico de la trayectoria del movimiento cívico donde se pueden visualizar de mejor manera sus características, potencialidades y limitaciones, una historia permanente abierta a su propia dinámica y al entorno socio-geohistórico del que es parte. Allí no reina ninguna linearidad socio-geo-histórica progresiva, sino la ruptura y discontinuidad de la ondulación de sus luchas inmersas en un contexto de constante mutación o cambio 18 .

3. LA TRAYECTORIA SOCIO-GEO-HISTÓRICA DE LA ACCIÓN/ORGANIZACIÓN CÍVICA De la misma forma que existe todavía una polémica sobre el sentido y alcance de lo que significa lo ‘cívico’, en esa misma medida no hay mucha claridad sobre la genealogía de las luchas cívicas. Se llega a hacer referencia a la sublevación de los comuneros (1789), como un primer punto de referencia así mismo, se propone ubicar las raíces más profundas de las luchas cívicas en las diversas confrontaciones urbanas que se han presentado desde los inicios del siglo veinte y que hacen parte de momentos cruciales de la historia nacional. No creemos de mucha valor el ubicar en que momento y lugar exacto se utilizó por primera vez el apelativo de ‘cívico’ para nombrar una lucha, movilización o movimiento social, consideramos que desde el punto de vista simbólico la caída de la

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Como lo plantea Clara Inés García (1990), “Cuando los análisis fueron precisando la naturaleza del fenómeno, otros autores invirtieron los términos: se diferenciaron formas de lucha de movimientos y movimientos reivindicativos de movimientos sociales. Entre estos, sin embargo, se siguió manteniendo un cordón umbilical en el tiempo: primero fueron las luchas, la protesta, luego coordinaron y dirigieron al paro; primero fueron los movimientos aislados, desarticulados, luego fueron los movimientos coordinados y organizados…Este evolucionismo tan marcado en la manera de abordar y concebir los movimientos cívicos me da pie para plantear un interrogante: no estará en parte en el la razón de las grandes decepciones que hoy sufren los intelectuales frente al reflujo y a la persistencia de los caracteres coyunturales, espontáneos y localistas de nuestros movimientos cívicos?” (pg 202). .

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dictadura del general Rojas Pinilla 19 , posee un valor simbólico interesante para las luchas cívicas, así como para delimitar su estudio, además porque esta fecha representa un hito importante de la historia política del país, pues se acelera el proceso de instauración del llamado Frente Nacional.

La caída de la dictadura militar, tuvo en la huelga política convocada por la ANDI (Asociación Nacional de Industriales), y apoyada por los partidos tradicionales, un golpe efectivo contra la dictadura militar vigente (10 de mayo de 1957). Sin embargo, ya para ese momento estaba en marcha un proceso de reapropiación, inversión de sentido de lo cívico, pues el interés del bloque dominante era que los trabajadores se quedaran en sus casas en una huelga indefinida que pudiera ser manipulada desde arriba, un paro ‘civil’.

Lo cierto es que la huelga se convirtió en un acto beligerante en las calles 20 que transformó completamente el sentido impuesto, recogiendo el sentir y las necesidades de los recién llegados a la ciudad (tierra, techo, servicios básicos y trabajo), recogiendo las confrontaciones por el suelo urbano y prefigurando en cierta medida el sentido de las luchas cívicas.

Las luchas cívicas iniciaron su largo camino confundidas en las luchas por la ‘colonizacion urbana’, salidas de la masiva y violenta movilización de campesinos que huían de la violencia rural hacia los centros urbanos (pequeños, medianos y grandes), o la migración de los que estaban cansados de la interminable pelea por la tierra con los terratenientes y su círculo infernal, migración /colonización/ despojo. De ésta manera, ese desplazamiento de las luchas sociales, ese despliegue irá conformando poco a poco la ‘colonización urbana’, la ‘toma de la ciudad’.

“Las tomas colectivas de terrenos urbanos se enraizan en las luchas agrarias desarrolladas contra el latifundio desde finales de la década del 10. También, en la ciudad hacia 1947-50, la necesidad de un lote, esta vez residencial, se resuelve por medio de las ocupaciones de predios desaprovechados, periféricos o centrales. En estas se adaptan a las nuevas condiciones los modelos organizativos, las estrategias y métodos utilizados en las invasiones realizadas en tierras de las haciendas. No es raro encontrar entre los líderes y participantes de las tomas urbanas del 50 y el 60 a veteranos de las peleas campesinas de los años 50 y el 60 a veteranos de las peleas campesinas de los años 30, o de la autodefensa del periodo 1949-52, o a antiguos militantes del movimiento agrario armado” (Mosquera, 1988, pg 119; 120).

Un primer periodo de luchas cívicas se prolongará hasta finales de los años sesenta. La información que poseemos sobre el movimiento cívico durante ésta época no es muy buena, por otro lado, los datos se refieren preferentemente al número de paros cívicos, en

19 Esta fecha fue propuesta en el trabajo seminal de Medina (1977), retomada por Carrillo (1981) y reconocida por Santana (1983).

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“La burguesía media urbana actuó como fuerza vanguardista del llamado « frente civil » en el sentido antimilitar de 1957; y la acción del estudiantado y luego de los obreros y trabajadores en general convirtió la huelga de brazos caídos en el primer paro cívico nacional” (Introducción de la Redacción, Medina, 1977, pg 5).

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donde las cifras recogidas por ciertos trabajos difieren 21 . Durante estos años se presenta un proceso de urbanización cuantitativamente masivo, durante y después del largo periodo de la violencia que azotó primordialmente los campos. En ese momento se encontraba consolidada la base de la estructura urbana actual, cuatro centros y una cierta diversidad de periferias e intersticios. Entre invasiones de tierras, paros de transporte, huelgas de trabajadores y estudiantes se insinúa la nueva forma de lucha a través del paro cívico, que expresaba un cierto desplazamiento y movilización de la lucha por la tierra en el campo, a la lucha por el suelo urbano y su correspondiente novedad y complejidad.

A nivel internacional el espacio ideológico y político estaba copado por la guerra fría, que adquiría una particular expresión en el continente americano, con la revolución cubana. La estrategia norteamericana no se hace esperar, en el encuentro de Punta del Este (Uruguay 1961), se traza una estrategia continental contra el comunismo internacional, su mejor expresión fue la Alianza para el Progreso, y el mejor laboratorio para su puesta en marcha Colombia, que estaba saliendo de un periodo de aguda violencia rural e iniciaba un proceso de urbanización creciente y acelerado.

A nivel interno el discurso del Frente Nacional buscaba la pacificación y la recuperación económica de campos y ciudades con la profundización de un proyecto de desarrollo industrial, así como la creación de las bases territoriales de legitimación del recién reformado régimen político. El problema agrario, busca la consabida vía reformista que frente a las propuestas de aceleración del proceso de migración hacia las ciudades decide retener la población en los campos, fortaleciendo la pequeña y mediana propiedad. Se inician los grandes proyectos de reorganización territorial regional dirigidos al fortalecimiento de la agro-industria, frente a las ciudades apenas se insinúa una tímida reforma político-administrativa, se reorganizan algunas divisiones territoriales y se empieza a concentrar la gestión en la rama ejecutiva.

El gobierno propuso una estrategia bastante particular, la creación de las Juntas de Acción Comunal (1958-9) 22 , que se proponía como una solución a los graves problemas que sufrían campesinos y pobres de las ciudades a través del trabajo comunitario. La estrategia de la Alianza para el Progreso y las Juntas de Acción Comunal desarrollaron un trabajo conjunto mientras duró el programa de la Alianza,

21 Para Medina (1977) entre 1958 y 1970 hubo 16 paros cívicos, Carrillo (1981), Fonseca (1982) y Camargo&Giraldo (1986b) retoman las cifras de Medina. La otra base de datos, es la desarrollada por Archila (1998), aunque mucho más abultada, guarda las mismas tendencias, como lo comenta el mismo autor (pg 282), quien contabiliza 91 paros cívicos para el mismo periodo, así mismo al retomar otros elementos (amenaza de paro, movilización de paro, invasión, protesta), llegan a sumar 245 acciones cívicas, que al adicionarlas a los paros arrojan un total de 336 acciones cívicas para el periodo 58-70.

22 “Según la presentación oficial, los objetivos que pretendía la Acción Comunal, eran dos: primero un objetivo global que requiere la participación tanto urbana como rural para poder integrar el desarrollo comunitario dentro del desarrollo global del país, posteriormente un objetivo inmediato que consiste en organizar la comunidad para realizar obras ligadas con los servicios públicos y el consumo colectivo, mientras que se busca un mejoramiento de la producción agrícola” (Carrillo, 1981, pg 61). Hacia el ano 66 se le fija un nuevo objetivo, el coordinar campanas de defensa civil regional frente al auge del bandolerismo rural y urbano.

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“La Acción Comunal era utilizada así como infraestructura para la aplicación del programa de Cuerpos de Paz. Para el gobierno nacional, la Acción Comunal sirvió de base también para la aplicación de los programas de Acción-Cívico-militar, y de la defensa Civil.

El primer programa es realizado gracias a las campañas adelantadas entre la población campesina; el segundo estaba reservado a la población tanto urbana como rural dado que era necesaria una coordinación regional colectiva” (Carrillo, 1981, pb 61).

La estructura y composición de las Juntas de Acción Comunal y los mecanismos establecidos para obtener recursos financieros, van a constituir una forma de reproducción del sistema oligárquico y clientelista de dominación a nivel territorial, descargando sobre las comunidades parte de la responsabilidad estatal en la construcción del equipamiento colectivo, en un espíritu de competencia entre las diversas localidades (Carrillo, 19981, pgs 62; 63) 23 . Se desarrolla una especie de ‘comercio político de las necesidades’, como instrumento de mediación política partidista, en donde los políticos tradicionales en toda la escala territorial (de lo local a lo nacional), jugaban un rol principal de control y mediación sobre la base de un red clientelista. En algún momento se buscó neutralizar la presencia de los paros cívicos con las Juntas de Acción Comunal, sin embargo, la misma dinámica de los paros llevaba a que ésta, “no podía seguir funcionando como antes, en su intento de establecer nexos por encima de los conflictos sociales” (Carrillo, 1981, pg 66).

Hacia finales de la década de los sesenta el gobierno promueve la creación de organizaciones campesinas para controlar el proceso de redistribución de tierras y darle una base de legitimación al régimen frentenacionalista por fuera de la mediación de los partidos tradicionales y sus prácticas clientelistas a través de ese mecanismo de participación. Sin embargo, se da una rápida reapropiación de esa propuesta por parte de los campesinos iniciando un proceso masivo de invasión de tierras en diferentes regiones del territorio nacional, hacia el final de los años sesenta y principios de los años setenta.

Ese proceso campesino será un punto de referencia importantísimo para el auge de las luchas cívicas en la década de los setenta.

La presencia de los partidos tradicionales se hacia sentir como la única forma de mediación establecida frente al Estado, además ese esquema de mediación política estaba en mutación, la jerarquía territorial se fortalece con las nuevas formas de distribución de recursos desde el centro hacia las periferias en medio de la aplicación del pacto frente-nacionalista que exigía la distribución paritaria entre el partido conservador y liberal de los cargos de la administración publica, nacional, departamental y local. La izquierda no le dió mayor importancia a la nueva forma de expresión y confrontación social que se encontraba en proceso de gestación, no hacia parte de su imaginario revolucionario partidista-obrero-industrial-urbano (con algunas excepciones que consideraban los campesinos como fuerza revolucionaria).

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El mismo Carrillo nos proporciona algunas cifras sobre la inversión pública y trabajo comunitario. “entre 1961-1965 se llevaron a cabo 37.965 proyectos (escuelas, puestos de salud, vías, alcantarillados, instalaciones eléctricas, etc.), por un valor total de 246 millones de pesos. De este total, el 61% de los aportes provenían de la comunidad, y el 39% restante había sido aportado por el Estado y por auxilios norteamericanos.

Entre 1966 y 1969, las inversiones realizadas por las juntas fueron de 6 millones de pesos, de los cuales el 45% provenía de las colectividades” (Carrillo, 1981, pg 63).

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Se presentan acciones cívicas localizadas y de carácter regional, evidentemente el paro cívico era la más importante pero no la única, en Boyacá se conforma el ‘Frente Boyacense’, organización que une varios municipios (Paipa, Duitama, Belencito, Mongui), el cual organiza manifestaciones en varias ciudades del departamento, por la construcción de una termoeléctrica. En el norte de Caldas, se organiza una federación de concejos municipales (‘Cabildos del Norte’), produciendo un pliego con las exigencias más urgentes a cada uno de ellos (Medina, 77, pg 8).

Durante este periodo no es muy claro el sentido de lo ‘cívico’, civil en contraposición a lo militar en algún momento, de todas maneras apenas se insinuaba y estaba sujeto a una fuerte presencia de las elites políticas y económicas tradicionales. Lo ‘cívico’ tiene cierta relación con un sentido paternalista de ayudar en las buenas causas, causas nobles, en el marco de las normas del buen ciudadano, promocionadas por el Estado y que tocaba ciertas organizaciones sociales como entidades de beneficencia (Club de Leones, organizaciones mutuales). Existía un curso en la escuela primaria y los colegios secundarios, de instrucción cívica, que estaba referido a los deberes y derechos del ciudadano así como las instituciones públicas, que no tenía una mayor relevancia pero era un punto de referencia (Carrillo, 1981, pg 278; 279). Como el mismo Carrillo plantea, se recuperó de allí las acepciones de justicia y participación amplia, no para justificar o legitimar el régimen, sino para obtener a través de la lucha y confrontación, algo a lo que la gran mayoría tenía derecho y no poseía. De ésta manera es posible entender que en medio de diferentes tipos de confrontaciones (invasión de terrenos urbanos, demanda de servicios públicos, huelgas estudiantiles y obreras), se estaba produciendo un sentido fuerte y afirmativo de lo cívico, en donde, “lo CIVICO evoca aquellos momentos donde y cuando lo colectivo es el protagonista” (Montenegro, 2000, pg 4), jugándose su autonomía e identidad frente a los demás actores o proyectos políticos en curso (partidos tradicionales, de izquierda, pobladores urbanos, trabajadores o estudiantes).

Un segundo periodo de las luchas cívicas que abarca toda la década de los años setenta, representa un momento importante no sólo para el desarrollo del movimiento cívico sino en general para el conjunto de las luchas populares. Durante este periodo se presenta una ruptura muy fuerte respecto de la lucha popular, una amplia diversificación de actores, demandas, dinámicas de organización, formas y lugares de confrontación.

Durante el primer quinquenio los campesinos libraban unas de sus batallas más importantes, se presenta el auge de las lucha cívicas, los indígenas buscan posicionar sus propios intereses y propuestas mas allá del marco campesino, los estudiantes encienden las calles de las ciudades, así mismo la lucha obrera alcanza un alto grado de combatividad, se organiza el trabajo de las comunidades eclesiales de base. Durante el segundo quinquenio, las luchas estudiantiles y de campesinos sufren un reflujo, mientras que la confrontación de obreros logra un alto grado de convergencia (unidad de acción) y los cívicos continúan en ascenso, para luego hacia el final de la década replegarse frente al desencadenamiento de la represión organizada desde el Estado. Se adelanta en el camino de la organización de comunidades afro-descendientes, mujeres y ecologistas (De Roux&Escobar, 1985).

En el panorama externo la derrota del imperialismo norteamericano en Vietnam y los veranos calientes en Francia, Alemania e Italia hacia finales de los años sesenta son el

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preámbulo a la profunda crisis económica mundial que se inicia durante esta década y se prolongará hasta nuestros días. Se va delineando la política neoliberal como la gran panacea para la reestructuración económica. La consideración del mercado como el mejor asignados de los recursos, su defensa irrestricta y una crítica radical a la intervención del Estado en la economía. La propuesta plantea la liberalización de todos los mercados (de capitales, laboral, comercial, industrial), y la reforma del Estado, que debería dejar espacio al libre juego de las fuerzas del mercado, reorganizándose y modernizándose político-administrativamente (descentralización), desregulandore/regulando mercados, privatizando las actividades productivas o de prestación de servicios que todavía se encuentren en su ámbito de gestión.

En nuestro continente los setenta marcan la década de los milagros económicos, el endeudamiento externo y la oscilación política profunda entre los cambios a la izquierda (Chile, revolución nicaragüense) y hacia la derecha (las dictaduras militares Argentina, Chile y Uruguay). Así mismo, se inician las luchas por el mal-desarrollo en campos y ciudades.

Al final de la década se inicia en el país un cambio en la política económica que entrada la década de los setenta se va a traducir en los primeros intentos de reestructuración del modelo de crecimiento económico hasta ese momento vigente, en medio de las bonanzas (cafetera, marimbera), que contribuyen a sostener el ciclo económico, en un panorama económico signado por una creciente inflación. Se insinúan en el panorama macroeconómico las políticas de liberalización, la desregulación y flexibilización de mercados con un aumento del déficit fiscal hacia el final de la década.

En el ámbito político la década de los sesenta termina con una reforma administrativa en profundidad que reorganiza la gestión pública concentrándola en el ejecutivo, desapareciendo los pocos elementos de descentralización administrativa que quedaban.

La década de los setenta se inicia con los dudosos resultados de las elecciones presidenciales de 1970, que sólo profundiza la deteriorada legitimidad del régimen político frentenacionalista, que hizo del manejo del Estado de Excepción una forma de gobernalibilidad, criminalizando sistemáticamente la protesta social y política como estrategia de represión. Durante ésta misma década aparece la lucha insurgente en las ciudades y el Estado despliega operativos espectaculares de lucha contra-insurgente en extensas zonas del territorio nacional.

La solución que se encuentra para el problema agrario fue un acuerdo elitista para la decida modernización industrial del campo, se redirecciona la tradicional política de otorgamiento de tierras hacia el desarrollo de programas de apoyo a los pequeños y medianos productores. Se le va a prestar una especial atención al proceso de urbanización retomando las viejas propuestas de los años sesenta, una aceleración del proceso de urbanización y movilización de la mano de obra descalificada y barata hacia las ciudades, a través del desarrollo del sector de la construcción. Las desigualdades territoriales empiezan a hacer parte de los planes y programas de desarrollo de los diferentes gobiernos desarrollando particularmente las herramientas de la planificación urbana.

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A la etapa cuantitativa de urbanización acelerada y violenta sigue un periodo mucho más cualitativo en toda la red de ciudades del país (pequeñas, medianas y grandes ciudades).

Aunque las cuatro principales ciudades mantienen su centralidad, cada vez más se presenta un proceso de ‘concentralizacion’ hacia Bogotá, las periferias también se transforman y continúa su diversificación en los pequeños y medianos centros urbanos alrededor de procesos de especialización productiva o centralidad respecto de áreas agro-exportadoras. Al interior de las grandes y medianas ciudades se inicia un fuerte proceso de diferenciación espacial, de desarrollo territorial desigual en la apropiación y uso territorial.

Se presenta una recomposición política y social de los trabajadores, de un lado la idea del obrero manufacturero, o encerrado en los grandes proyectos primario exportadores se ha venido transformando por una fuerte presencia de los trabajadores en el sector educativo, bancario, salud y telecomunicaciones, que a pesar de numero al interior de los sindicatos apenas si participan de los organismos de dirección. Así mismo, ese mundo ‘amorfo’, diverso, que no posee una organización amplia, estable y dinámica, el mal llamado ‘sector informal’, también sufrirá profundas transformaciones en toda la malla urbana (pequeñas, medianas y grandes ciudades), un trabajo que oscila entre la ciudad y el campo, altamente flexible y movible, que se organiza a través de sindicatos de gremios o inventa nuevas formas de acción-organización para luchar por sus condiciones de producción y reproducción.

Estas transformaciones están unidas a los desplazamientos de la política económica y los intentos de transformar el modelo de crecimiento económico en un ambiente de fuerte sobre-explotación de la mano de obra e inflación galopante, lo que tocará a todas las formas de trabajo, pero particularmente a los más vulnerables. Hay una transformación en la dinámica espacial del proceso de acumulación capitalista, en su ampliación intensiva y extensiva, que busca reestructurarse no solamente por el aumento de la sobreexplotación de la mano de obra, también lo hace aumentando la composición orgánica del capital (introducción de innovaciones tecnológicas en el proceso productivo y de gestión del trabajo), y simultáneamente buscando un mayor cubrimiento territorial, extenderse y aumentar las fuentes naturales y sociales de explotación social, mientras que las luchas sociales habían iniciado un replanteamiento que encuentran en los paros cívicos (nacionales, locales y regionales), su mejor expresión. “no debe subestimarse el significado de que a estas huelgas se les haya bautizado como Paros Cívicos. Esto a nuestro entender muestra el reconocimiento de que existe un movimiento de resistencia ante la dinámica espacial impulsada por el capital en nuestro país, que su expresión más acabada son precisamente los Paros Cívicos, y que esta es una fuerza importante en el proceso de transformación de la sociedad” (Jaramillo, 1985, pg 279).

Hay que tratar de entender la compleja dinámica de ese proceso, que no se reduce a una simple lógica determinación estructural/reacción social. Esa nube territorialmente dispersa de las luchas cívicas que se moviliza, organiza y demanda por fuera de las mediaciones corruptas y clientelistas establecidas, la modernización de la infraestructura básica (carreteras, puentes, acueductos), equipamiento colectivo (educación, salud) y se adentra en las ciudades a través de la lucha por el suelo urbano, es la base, la fuerza motora de expansión y modernización de esa infraestructura y equipamiento colectivo que el Estado

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apenas si podía realizar a través de un esquema anclado en la lógica de clientela paternalista. Mejor aún esa dinámica de las luchas cívicas en proceso de reapropiación, inversión de sus condiciones de producción y reproducción, ‘completa’ la lógica de extensión y universalización de la ley del valor, pues allí reina la lógica rentista y sobreexplotadora que es un limite a su propio desenvolvimiento.

No es mera casualidad que las luchas cívicas tengan esa fluidez territorial (campo-ciudad) y que se presenten en aquellos lugares en donde la precariedad de las condiciones materiales de producción y reproducción social era más evidentes. Otra dinámica es la necesidad de extender la lógica de la explotación a más fuentes naturales o sociales que implica la crisis. En donde empieza cada una de estas dinámicas y cual determina a la otra, las luchas cívicas (y en general las luchas sociales en campos y ciudades), expresan sobre-explotación social y territorial y la estrechez del mercado y buscan abrir o extender el espacio productivo y reproductivo que el desarrollo y desenvolvimiento socio-geohistórico de la lógica del valor ha negado sistemáticamente en el país, por su carácter monopólico, concentrado, rentístico-parasitario, amparada bajo un régimen político liberal en la intervención económica, avaro y manipulador para el desarrollo social y profundamente represivo, corrupto y clientelista desde el punto de vista político ?, no es fácil responder a ello por un mero malabarismo de la lógica de interpretación y análisis.

Durante la década de los setenta las luchas cívicas van a conocer un aumento cuantitativo y cualitativo, reafirmando sus trazos más importantes. La fluidez y permanente intercambio entre lo rural y lo urbano, la experiencia de los procesos de organización y confrontación de los campesinos (Costa Atlántica, zonas campesinas o pequeña producción) 24 , o la experiencia de los inmigrados de la violencia hacia otras fronteras agrícolas (Arauca, Meta, Caquetá, Putumayo, Vaupés) conocedores de las duras batallas contra los terratenientes van a desarrollar un nuevo proceso de movilización-organización-acción alrededor de lo cívico en sus respectivas comarcas. Las luchas no son solamente locales, también se dan procesos regionales de confrontación.

Una etapa más cualitativa, de asentamiento y consolidación del proceso en centros, intersticios y periferias de la malla urbana confronta los problemas no resueltos de la base infraestructural y de equipamientos colectivos. Teniendo en cuenta el desarrollo desigual y la talla de cada ciudad ese problema se expresa de manera diversa, mayores déficits de infraestructura básica y equipamiento colectivo en pequeñas y medianas ciudades (hasta 100.000 habitantes), problemas más agudos de propiedad y reorganización territorial de la vivienda en ciudades intermedias y grandes (100.000 en adelante), y el inicio de grandes proyectos de desarrollo urbano (vías, infraestructura básica). Los problemas son enfrentados así mismo de manera diferenciada en cada localidad o región de acuerdo con 24

“es importante el proceso de la ANUC 68/74 por el tipo de promoción que utilizó la Campaña de Organización Campesina -OC- del Ministerio de Agricultura y posterior ejercicio de las Asociaciones Veredales AVUC, Municipales AMUC y Departamentales ADUC, esto es, el determinante asunto del método, la confluencia alrededor de los puntos comunes, los cabildos y asambleas populares en las distintas coberturas geográficas, los espacios abiertos para las decisiones colectivas, la elección de comisiones responsables y – en general- la dinámica desde las bases hacia arriba y de la periferia al centro que caracterizará a los Usuarios Campesinos de los primeros 70s y a los movimientos Cívicos locales y sus procesos regionales y nacional 75/96” (Montenegro, 2000, pg 2.

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las tradiciones de lucha, la mayor o menor presencia de población emigrada de los campos, la agudeza e impacto de las carencias, el grado de desarrollo de las condiciones materiales y de desarrollo económico de la localidad o región, la importancia o centralidad productiva territorial, lo evidente es que hay un desarrollo desigual territorial de las luchas sociales 25 .

En este mismo sentido, es importante señalar que las luchas cívicas pueden llegar a subsumir y representar en algún momento las luchas por el espacio urbano durante esta década (Saenz, 1985, pg 277), por esa característica fluidez y flexibilidad territorial de lo cívico, pero esto no agota las diferentes manifestaciones de confrontación social y política al interior y por los espacios delimitados territorialmente, todavía existe la necesidad de mirar en cada escala geográfica (barrial, local, municipal, urbana, regional), los desafíos y dinámicas que enfrentan las luchas sociales, como lo plantea Torres para el caso de las luchas urbanas, “El énfasis en los procesos y formas más explicitas de conflicto urbano (movimientos y paros cívicos, invasiones a terrenos urbanos, protestas callejeras, etc.) ha dejado un vacío en el conocimiento de prácticas más modestas pero más generalizadas de expresión de las luchas protagonizadas por los pobladores urbanos…la historia social urbana está aún por hacer en Colombia” (pg 316).

Se hace evidente que lo cívico es mucho más que los paros y que los paros cívicos son el producto de un proceso de coordinación y organización de fuerzas y energías, no una simple expresión espontánea y marginal de lucha social (a pesar que se pueda presentar el espontaneismo) 26 . Así mismo, se dan algunos procesos de organización de largo plazo (Arauca, Barrancabermeja), con un alto grado de convergencia social, una sólida organización y un fuerte control territorial (Arauca), o articulación con el movimiento sindical que permiten una permanencia en el largo plazo (Barrancabermeja).

Las luchas cívicas establecen diferentes tipos de relación con los demás sectores, manteniendo su independencia y autonomía frente ellos, organiza, coordina por encima de las reivindicaciones gremiales, la necesidad de enfrentar y solucionar unos problemas que se comparten territorialmente que afectan a todos aquellos que habitan el mismo lugar (municipalidad, localidad, departamento, región). Lo cívico va adquiriendo una forma y características propias que lo diferencian claramente de las demás formas de organización y confrontación política y social, va apropiandose, construyendo su propia 25

Como paradójicamente lo plantea Santana (1983), hay un desarrollo desigual territorial de las luchas.“El movimiento o paro cívico permite observar el propio grado de desarrollo del movimiento popular en la comarca o región, su grado de autonomía y el papel de los distintos sectores sociales. los paros cívicos desarrollados en localidades con tradición de lucha sindical o campesina muestran esa situación también en los organismos de dirección y en las formas de participación de los diversos sectores sociales” (pg 151).

26 En relación a las cifras para este periodo Santana (1983) contabiliza 118 paros cívicos (1971 - 1980), Fonseca (1982), establece 157 paros cívicos para el periodo 1971-1981. Sumando los datos de Archila (1998; 2000), para cubrir el periodo 70-80, llega a contabilizar 136 paros cívicos, además considera otros aspectos propios de las luchas cívicas (movilizaciones, tomas, invasiones y protestas), que suman 520 acciones para el mismo periodo. Considera amenazas de paro entre 1970 y 1974 (1998), pero no para el periodo 75-80 (2000), al sumar todas las acciones cívicas para el periodo 70-80, según los datos de Archila nos arroja un total de 656 acciones cívicas.

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autonomía, profundizando su carácter clasista (apoyo a otros sectores en conflicto, particularmente los sindicatos) 27 .

La presencia de los partidos tradicionales se hace sentir todavía en las luchas cívicas, la movilización, organización y demandas pueden ser cooptables o manipulables por las maquinarias territoriales corruptas y clientelistas de los partidos tradicionales. El sistema político centraba la mediación política y social en los partidos tradicionales, lo que llevó también a que en algunos casos fueran los alcaldes (nombrados por el presidente), concejales o diputados quienes promovieran o participaran activamente en los paros cívicos.

“La gente considera a los políticos como algo despreciable. Hay una concepción de lo político, como algo que divide; de los políticos, como gente corrupta, ésa es la concepción que tiene la gente, ésa es una cosa que tiene la gente metida en la cabeza. Ahora que eso signifique despolitización, no creo. No, la realidad es que es necesariamente otra forma de la gente de irse manifestando frente al Estado, frente al gobierno, otra forma de hacer política” (Entrevista No 28, Líder cívico antioqueno, Múnera, 1988, pg 408).

Es el conjunto de las acciones cívicas unidas al conjunto de las demás expresiones de la acción social organizada que van delineando la crisis del restringido y corrupto espacio político existente, se va presentando un proceso creciente y simultáneo de deconstrucción-reconstrucción, del restringido, autoritario y viciado espacio de participación política desde sus bases, desde lo local. Las comunidades organizadas y en sublevación toman es sus propias manos la posibilidad de la solución de sus necesidades más sentidas sin buscar intermediarios o representantes para interpelar a las estructuras públicas correspondientes. Desconocen la mediación política de los partidos tradicionales y confrontan los reducidos espacios de participación política y social territoriales.

El Paro Cívico Nacional representa un hito importante en la producción de la crisis política, era el primer gobierno posfrentenacionalista, que había recibido una altísima votación para su elección (en todo caso la máxima dentro del esquema del frente nacional). Así mismo, el presidente de la época va a reconocer la amplitud de la crisis lanzando una propuesta global para transformar tanto el modelo de crecimiento económico así como la reforma del Estado que debería reacomodarse a las nuevas tendencias del proceso de acumulación y responder a las nuevas formas de lucha y confrontación social y política, reordenando los espacios de participación y control social (descentralización político, administrativa y fiscal y reforma de la justicia), para buscar la relegitimación del régimen político. Es en torno a esa propuesta de reestructuración económica y reforma política que giraran los siguientes gobiernos, con un ingrediente más, la escalada del conflicto armado interno.

27 En aquellas ciudades con una fuerte presencia productiva capitalista y por lo tanto obrera, las luchas se lograron articular, engranar, en algún momento. El caso de Barranca es paradigmático, la relación entre la ciudad sus movilizaciones cívicas y el sindicato de la empresa petrolera (Unión Sindical Obrera). “Es que la USO nació casada con Barranca. Pero, ajá, todo matrimonio, a veces están en luna de miel y a veces andan de divorcio…tú sabes, la incompresión, las malas ideas, no vayas a pensar que es cosa de cachos. Eso si no, para qué. Ese es un cacho imposible o sea metafísico, como decía mi abuelo” (Chaparro, 1991, pg 13). Los cachos por más metafísicos que sean existen, cada movimiento tiene su propia dinámica y autonomia. Ese matrimonio/divorcio se va a dar en diferentes lugares del país: Manizales, La Paila, Palmira, Bello, Itagüi.

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Es el conjunto de la movilización cívica su nivel cuantitativo y cualitativo, la que en la primera parte de los años setenta va a producir la crisis urbana y urbano-regional. La sumatoria de las diferentes luchas cívicas localizadas territorialmente y desigualmente distribuidas en la geografía nacional representa la verdadera crisis urbana y urbanoregional para otras zonas. Más allá de las causas estructurales, que poseen una eficacia material permanente, es el mismo proceso de organización y lucha por más discontinuo y disperso espacio-temporalmente que haya sido, el que va a producir la crisis, la movilización-lucha-organización es la crisis misma. Las ‘causas estructurales’ pueden seguir reproduciéndose y prolongándose mientras no exista contestación social, es esa nube aparentemente desconexa, amorfa, discontinua espacio-temporalmente, la que hace manifiesta y evidencia la falta de infraestructura y equipamiento básico territorial con diferentes gradas de incidencia local y regional 28 .

Por esta misma época, los partidos y organizaciones de izquierda empiezan a reconocer la importancia de lo cívico al interior de las luchas populares, de hecho muchos de los dirigentes cívicos habían pasado por partidos, sindicatos u organizaciones campesinas de izquierda. La importancia adquirida por las luchas cívicas va a ser reconocida en el primer paro convocado y organizado por las principales centrales obreras del país que por primera vez lograron actuar de conjunto, Paro Cívico Nacional (1977).

Es bastante difícil ponderar para esta época la relación entre la identidad territorial y las luchas cívicas, el sentido de identificación territorial que contribuya a acelerar o retardar los procesos de convergencia de intereses movilización-acción-organización territorial. Es posible hablar de trayectorias de lucha que han producido comunidad de intereses e identidad territorial en el largo plazo (Arauca, Barrancabermeja, Nariño, Cauca), con discontinuidad territorial y temporal. Por otro lado, hay un llamado a sentimientos territoriales (regionales), para la defensa de un proyecto que tenga un alto impacto local o regional y que concite la participación de un amplio espectro de clases o grupos sociales (construcción de una refinería, reversión de la concesión de Mares) (Santana, 1983, pg 143).

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Desde el primer trabajo (Medina, 1977), ya se planteaba el problema del desarrollo desigual como causa ‘estructural’ de las movilizaciones cívicas. Es la obra de Santana la que va a plantear insistentemente ese argumento del desarrollo desigual, profundizando particularmente en sus características y manifestaciones.

Sin embargo, el desarrollo desigual es visto de una manera muy simplificada, se considera como una estructura de dominación totalmente negativa producto del desarrollo de las fuerzas productivas frente a la cual las fuerzas sociales resisten o responden. Se parte de la existencia de un momento de equilibrio que el desarrollo de las fuerzas productivas conduce al desequilibrio (1983, pg 50; 51), a lo cual responde reactivamente la contestación social. De esta manera no es posible entender la dinámica espacial de las relaciones sociales en toda su complejidad y diversidad, como medio, producto y productora del despliegue de esas mismas relaciones sociales, dinámica que esta en un permanente proceso de igualación, homogeneización de condiciones materiales para la producción, lo que simultáneamente provoca una tendencia a la diferenciación espacial. No hay un momento inicial de equilibrio a partir del cual el desarrollo de las fuerzas productivas crea, produce el desequilibrio y frente al cual se produce la contestación social que buscaría restablecer el equilibrio. Es la misma dinámica antagónica del despliegue de las relaciones sociohistóricas, todos los actores sociales (capital, estado, organizaciones sociales y políticas), en sus practicas, discursos y relaciones la fuente del desarrollo territorial desigual por lo tanto no se trata de partir de una circunstancia socio-geo-histórica accidental –desarrollo desigual- y mas aun, partir de los espacios (estructura) sino de los procesos, relaciones, fuerzas y energías que son simultáneamente sociales y espaciales para entender sus características, desenvolvimiento, manifestaciones de las transformaciones, rupturas o mutaciones socio-geo-históricas.

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El sentido de lo cívico sigue en transformación, en busca y producción de sentido, una batalla que se venía presentando era la lucha contra las viejas prácticas y mediaciones partidistas tradicionales, en medio de un panorama político de profunda deslegitimación del régimen político, allí lo cívico como a-partidista, electorero establece una delimitación, una frontera clara, frente a prácticas, discursos y mecanismos de organización y participación política que no correspondían a los intereses y expectativas de amplios sectores sociales y extensos territorios nacionales 29 . Alli, hay que rescatar también un sentido positivo de afirmación y construcción de una nueva cultura política, rescatando la importancia del trabajo desinteresado y honesto de los lideres, su espiritu de entrega a las causas, en donde no se pierde el diálogo franco y directo con las bases, perfilando otros elementos esenciales para una nueva cultura política, desprendidos de su propia dinámica, “su naturaleza civilista y pacífica; su empeno descentralizador y autonómico; y su tolerancia pluralista ante la diversidad cultural y humana” (Fals, 1989, pg 54).

Por otro lado, la sistemática criminalización de la protesta social por diversos mecanismos legales y extra-legales, llevan a establecer otra frontera de lo cívico frente a lo subversivo.

Mientras el gobierno trataba de ‘guerrilla cívica’ a sus diferentes formas de expresión, como una forma de criminalizarlas y reprimirlas, lo cívico busca delimitar su campo político frente a la lucha armada como opción de transformación social y al mismo tiempo, poner en evidencia la criminalización descarada y burda que se hacia desde los diferentes ámbitos de la derecha y el Estado a su organización, acciones y demandas 30 . Así mismo, el carácter restringido y exclusivo de los derechos y deberes en nuestro país en una situación de precariedad, llevan a las acciones cívicas a presentarse como la reclamación justa de sus derechos, el reconocimiento de su ciudadanía social y territorial, frente al Estado (García, 1993, pg 158; 159), una especie de recomposición del espacio público.

Se reafirman y desarrollan las luchas cívicas frente al restringido sistema de mediación institucional, y también respecto de un movimiento democrático territorial inexistente o fosilizado, que no tomaba en cuenta la problemática local y regional. Se va configurando un sentido de acción-lucha del ‘bienestar común’ adquiriendo un cierto carácter corporativo territorial (Santana, 1983, pg 154 ; 155), un sentido de afirmación positiva, que 29 En este sentido hay que entender el panorama político de la época, como lo plantea Fonseca (1982, pg 27; 28), se presentaba un agotamiento de las propuestas institucionales de reforma que buscaban mejorar el nivel y calidad de vida de la población frente al desarrollo de mecanismos de participación y organización popular que estos mismos programas o proyectos habían previsto. Y como lo propone Santana (1983, pgs 153; 154), hay que tener en cuenta el descreimiento generalizado en el sistema de representación política y social que se expresaba en el creciente abstencionismo y la rápida desintegración de la alternativa político-partidista (Alianza Nacional Popular –ANAPO-). “Evidentemente la rex publica prefería otros caminos” (Santana, pg 153).

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Es importante subrayar un acto político de afirmación de lo cívico frente a lo subversivo, no solamente como resistencia-negación del discurso oficial. “el civilismo de tales movimientos adelantados se expresa como una reacción ante la frustración de las vías violentas para acceder al poder estatal, sea en la forma revolucionaria socialistas de los anos 20, o en la modalidad guerrillera de los anos 60, que persiste aún en varios paises. En este sentido han aprendido una importante lección: que la toma del poder como tal no es ninguna panacea; que si no se prepara de manera amplia, aquel acto corre el riesgo de continuar la violencia anterior o reproducir indefinidamente las tendencias bélicas del proceso de lucha. El espejismo jacobino de la toma del Palacio de Invierno de Petrogrado, como condición de revolución exitosa, se ha desvanecido bastante” (Fals, 1989, pg 54)

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trasciende el espacio institucional o ciudadano y reafirma su propia subjetividad. Así, las luchas cívicas, “entrañó para quienes participaban en ellas la satisfacción de las necesidades colectivas mediante la acción política directa, la pretensión de obtener reconocimiento como ciudadanos dentro de los límites señalados por el Estado colombiano, la necesidad de afirmarse como actores sociales autónomos o el propósito de construir un nuevo tipo de ciudadanía que no anulará la propia subjetividad” (Múnera, 1988, pg 410).

Hacia el final de los años setenta se inicia un periodo de represión muy fuerte en contra de todo el movimiento popular, que representa parte de la respuesta que el establecimiento va a dar al auge de la protesta popular.

La década de los años ochenta representa para la movilización cívica el punto más alto de desarrollo cualitativo alcanzando hasta hoy. La ola de represión iniciada en la década pasada se prolonga hasta el año 81 cuando la lucha cívica reaparece con mucha fuerza, con un ritmo sostenido se prolonga hasta finales de la década cuando vuelve a replegarse, en medio de la guerra sucia, las posibilidades de negociación del conflicto armado interno y la primera elección popular de alcaldes. Durante la década, los campesinos divididos intentan reconstituir su unidad y convergencia, en una lucha que no se detiene solamente en la propiedad de la tierra sino que demanda fuentes de financiación e infraestructura básica. Los obreros después de la experiencia del paro del 77, intentan reeditar un paro cívico nacional (81, 85), sin los mismos resultados e impacto que el primero, sin embargo estaba en proceso una dinámica de unidad que se concreta con la formación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT). Los indígenas han alcanzado ya un alta grado de unidad y organización y se han lanzado a la reconquista de los territorios perdidos. Las comunidades afro-descendientes aunque con muchos problemas continúan su proceso de organización.

A nivel internacional en medio de la crisis económica el neoliberalismo se presentaba como la solución a la profunda ‘estanflación’ y se ha consolidado en el panorama internacional al firmar la derrota de la clase obrera (Estados Unidos e Inglaterra), lo que hacia el final de la década con la caída del muro de Berlín, delinea un panorama en que la democracia liberal y el libre mercado, se proponen como la gran panacea para la solución de todos los problemas sociales, políticos y económicos. Se inicia un proceso de fortalecimiento y consolidación de mercados regionales en el norte y el sur, el oriente y el occidente.

La América Latina en general asume la década perdida con la crisis de la deuda externa, el incendio centroamericano es poco a poco controlado entre represión organizada, procesos de paz e intervención norteamericana. A la crisis económica se suma la crisis política (lo que se dió en llamar el quiebre de las relaciones entre el Estado y la Sociedad Civil), que replantea la naturaleza de los regímenes políticos y la estructura de gestión político-administrativa territorial, de esa manera en la discusión sobre la democracia o vuelta a la democracia (para los países del cono sur salidos de las dictaduras militares), se va infiltrando el neoliberalismo puro y duro, descentralización, privatización, desregulación/re-regulación de mercados.

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El país logra un manejo bastante acertado del problema de la deuda externa, sin embargo, la crisis-desfalco financiero, en los primeros años de la década fue asumido y socializado desde el Estado, profundizando la crisis fiscal y castigando duramente el gasto social. Por otro lado, los organismos prestatarios internacionales inciden fuertemente en la toma de decisión para la inversión de los recursos y su manejo direccionando la inversión a la infraestructura (vial, represas), exigiendo la aplicación de principios de mercado en las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, alcantarillado). La economía sigue ensayando las diversas formulas para alcanzar el proceso de reestructuración del modelo de desarrollo, lo que va llevando al país a un proceso de desindustrialización creciente y reprimarización como estrategia de reinserción económica en el mercado mundial, con una alta flexibilización del mercado laboral y búsqueda de la esquiva inversión externa. Se presenta una fuerte presencia de la económia subterránea del narcotráfico y sus bonanzas (en este caso cocaineras), en todos los sectores económicos con un impacto urbano-regional y político también muy alto. Los grupos económicamente hegemónicos, una élite cuyos proyectos se reducen a la especulación financiera o el tráfico de drogas, entierran cualquier proyecto de industrialización para el país.

El panorama político nacional es mucho más sombrío, la primera tenaza de la estrategia contra el auge de las luchas sociales fue puesta en marcha a finales de los años setenta (Estatuto Seguridad, 1978). De ésta manera se inaugura en el país la actual espiral de violencia en la que nos encontramos, relegitimando la lucha guerrillera a lo cual rápidamente las fuerzas más reaccionarias del país responden con la creación de los grupos paramilitares, contando con el apoyo de ciertos sectores de las fuerzas militares, reforzadas por los dineros del narcotrafico y sus ejércitos privados. A lo largo de la década el Estado oscilará entre la concesión y reforma política, la represión legal al amparo del Estado de Excepción, la represión militar y paramilitar (tortura, desaparición, masacre) y la negociación del conflicto, que se inicia hacia mediados de la década con el interés de recuperar la deteriorada imagen de un Estado comprometido con la represión social en sus diversas formas.

La dinámica de la violencia se ensombrece aún más con uno de los actores más desestabilizantes y retardatarios, el narcotráfico, que desea pasar de las ganancias económicas al control o gestión política. Así mismo, cada vez más sectores de las fuerzas armadas se autonomizan crecientemente con un proyecto en el que solo cabe la represión. Con el escalamiento del conflicto armado interno se inicia hacia la segunda parte de esta década un fenómeno lento y de largo plazo, el desplazamiento interno, fenómeno que inicia una profunda transformación territorial. La década se cierra con la puesta en escena de la segunda tenaza de parte del Estado para contrarrestar o neutralizar la presencia de las luchas sociales, los primeros pasos firmes para la descentralización política, administrativa y fiscal, se produce la primera elección popular de alcaldes (1988).

En el campo se olvidan totalmente los intentos reformistas y se consolida por otra vía la llamada ‘contra-reforma’ agraria, la venta de más o menos cinco millones de las mejores tierras que pasan a manos de los capos de la droga. Los programas gubernamentales se dirigen a atacar las causas de la violencia y se desarrolla una estrategia de apoyo a la pequeña y mediana producción (Desarrollo Rural Integrado, DRI), con inversiones en

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aquellas zonas más violentas (Plan Nacional de Rehabilitación, PNR). En las grandes ciudades se desata una especulación inmobiliaria, en su gran mayoría con capitales provenientes del tráfico de drogas, que sigue profundizando la diferenciación espacial y determinando una intensa batalla por los usos del suelo urbano.

A pesar de la arremetida represiva, durante la década de los ochenta las luchas cívicas presentan un alto grado cualitativo de convergencia, organización y confrontación así como un aumento cuantitativo 31 . Se diversifican sus motivos, se amplían los lugares o regiones de la acción-organización. A las demandas por equipamiento colectivo (infraestructura, educación, salud), servicios públicos básicos (agua, electricidad, acueducto), que miran a su mala calidad o prestación, se suma la pelea por sus exorbitantes costos, se amplían las protestas, actores y territorios involucrados, las luchas por el reconocimiento y respeto territorial étnico, por una adecuada división políticoadministrativa, la defensa de proyectos localizados de producción, el mal manejo administrativo de funcionarios locales o regionales. las demandas por la creciente represión y la violación sistemática de los derechos humanos se va también a incluir entre los motivos de la lucha. Esa ampliación de la cobertura territorial de las luchas cívicas (así como otro tipo de confrontaciones sociales), como lo plantea Archila (2000), “ tiende a imponerse la lógica de entre mayor desarrollo económico más conflictividad.

Esto es cierto incluso para los conflictos agrarios, con excepción de las invasiones. Otro tanto veíamos para el caso de las luchas cívicas en donde la explicación del desarrollo desigual entre regiones es sólo parcial. Se ratificaría así la idea de que el conflicto social surge más que por pobreza absoluta o gran subdesarrollo, por la aparición o consolidación de fuentes de riqueza y sobre todo por el acceso diferencial a ellas ” (pag 34).

Frente a la crisis y la reprimarización de la economía, la extensión territorial de la lógica del beneficio, la renta o el interes, amplia el ámbito terriotorial de disputa, así como la aplicación del paquete de políticas estatales para conjurar la crisis fiscal (disminución del gasto social, aumento de la base impositiva, aumento de las tarifas de los servicios públicos).

Las ciudades pequeñas e intermedias siguen estando a la base de la movilización cívica, sin embargo, durante esta década poco a poco las ciudades de más de 100.000 habitantes empiezan a tener una presencia importante de acciones cívicas. Se mantiene la fluidez entre lo rural y lo urbano, en los diferentes rincones de la geografía nacional en donde lo cívico hace presencia.

Las luchas cívicas van a alcanzar mayores grados de movilización territorial localizada y convergencia de intereses territoriales, logrando así mismo una mayor estabilidad y continuidad temporal. Se realizan grandes encuentros nacionales y regionales (congresos nacionales –1983, 1986-, diferentes seminarios, coloquios) en donde se hace posible discutir los diferentes elementos que componen su dinámica, detectar sus fallas, potencialidades y limitaciones. Ese mirarse atentamente lleva a una madurez política importante, lo que conduce a plantearse un proyecto cívico que pase ‘de la protesta a la 31

De acuerdo con la base de datos de Archila (2000, pg 24), para el periodo 1980-1990, se presentaron 782 acciones cívicas (movilizaciones, tomas, paros cívicos, invasiones, protestas), con un total de 284 paros cívicos.

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propuesta’. El tránsito hacia un proceso de convergencia y fortalecimiento que permitiera construir una alternativa nacional de la periferia al centro, de abajo hacia arriba, un proyecto económico, político, cultural y ambiental que recoja unifique y haga converger los intereses populares, aunque nunca se llegue a concretar.

Si existían dudas sobre la complejidad territorial que poseen las luchas cívicas se despejan totalmente. No hay ningún continuismo o linealidad territorial en su desenvolvimiento (de lo local a lo regional, de lo regional a lo nacional), desde sus inicios las luchas cívicas habían transitado hacia lo regional en su dinámica de protesta y organización, y desafiaban directamente lo nacional, que tenia que hacer presencia a través de comisiones o representantes de poder ejecutivo central, para enfrentar las situaciones localizadas. Las escalas se traslapan permanentemente, las luchas coparon el espacio local y rápidamente se dieron cuenta que allí no encontraban ningún tipo de solución, de la misma manera que en las gobernaciones tampoco existían respuestas a sus demandas, era en lo nacional, en el centralismo político-administrativo nacional que había que incidir y al que había que comprometer, de ahi la importancia del paro cívico, se tenía que paralizar económica, política y socialmente una extensa zona para llamar la atención de las autoridades, evidentemente locales y departamentales, pero particularmente las nacionales, que era en donde se tomaban las decisiones y se manejaban los presupuestos.

De otra parte, toda necesidad es localizada, no puede ser de otra manera, se viven, sienten y sufren cotidianamente, pero esas carencias eran legión territorial aunque no tengan una continuidad territorial, por esto también desde sus mismos inicios aunque la movilización se presente preferencialmente en lo local se da la constitución regional de acción y organización. La representación espacial o la eficacia simbólica y de representación que tiene la espacialidad, no tiene escala geográfica definida de antemano, probablemente haya un mayor grado de identidad en una comunidad étnica (San Andres y Providencia), a pesar de las discontinuidades territoriales, que en el seno de un barrio, a pesar de tener una continuidad territorial. Habría que mirar ese desarrollo desigual territorial de las luchas y acciones cívicas en donde permanentemente hay un translape de escalas geográficas, en todos los momentos de la lucha cívica, desde sus primeras manifestaciones hasta la convergencia del movimiento y su desenvolvimiento posterior, en esa dinámica territorial aparecen desafíos y problemas que fueron solucionados de manera diversa. Allí es donde el estudio y análisis de casos particulares nos harán avanzar en una mejor compresión y valoración de la dinámica cívica 32 .

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La definición de características propias a cada nivel territorial como plantea Giraldo (1987), respecto de niveles diferenciables de la conducta humana, lo biológico en lo local, lo afectivo en lo regional y lo racional en lo nacional, para explicar las diferencias de la acción social en los diferentes espacios, en lo local el paro cívico, las necesidades básicas, la espontaneidad, lo coyuntural, lo policlasista, en lo regional el movimiento cívico, las convergencias ideológicas, la coordinación, la presencia del liderazgo político y organizativo, y la permanencia en el tiempo, en lo nacional el proyecto alternativo, plantea un interés muy importante para entender la lógica espacial de la acción social organizada, pero simplifica la realidad en aras de comprenderla. “para Giraldo la preocupación por hacer claridad sobre lo que diferencia los niveles local, regional y nacional de la acción colectiva en los movimientos cívicos se deba a que en ella piensa encontrar las claves que le develen como superar las dicotomías entre lo espontáneo y lo organizado, entre lo coyuntural y lo permanente, entre lo discontinuo y lo estable, y coherente, entre lo reivindicativo y lo político del movimiento de los movimientos cívicos en Colombia.

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Durante la difícil y cruenta década para el conjunto del movimiento popular, las luchas cívicas se convirtieron en un agente activo de reconstitución socio-territorial de la movilización y organización política y social. Se refuerzan o crean solidaridades e identidades territoriales (locales, regionales, étnicas), contribuyen a crear un espacio para la discusión, el debate y la disensión política por fuera de los sectarismos de izquierda, la vía armada o la corrupción y el paternalismo mendicante propuesto desde los partidos tradicionales y su lógica electorera. Los cívicos hacen posible visualizar una alternativa política amplia, convergente de sectores, propuestas diversas y efectiva por su enracinamiento territorial local, por lo tanto altamente peligrosa para las fuerzas defensoras del establecimiento.

Las luchas cívicas no solamente logran un mayor grado de calificación discursiva sino que al mismo tiempo alcanzan los mayores niveles de movilización, cohesión y convergencia de intereses y prácticas. En este panorama, lo cívico adquiere una connotación fuerte de lo ‘común’, por fuera de cualquier connotación negativa de identidad se presenta un proceso de afirmación y reconocimiento socio-territorial y apropiación del espacio político muy fuerte, como dice Montenegro en donde lo colectivo es el actor principal, una reapropiación e inversión de las necesidades que busca afirmarse en su diversidad constitutiva, como proyecto, como propuesta política.

La represión durante esta década se desenfrena con la ‘guerra sucia’ contra todas las expresiones del movimiento popular, en medio de las esperanzas de la negociación, así mismo, se despliega una estrategia institucional para contrarrestar la insurgencia y rebelión territorial, la descentralización político, administrativa y fiscal. Las luchas cívicas en su diversidad y alcance territorial durante la década de los ochenta, aceleran de manera determinante la puesta en marcha de dicho proceso, esta siempre presente en sus demandas, participación, autonomía, democracia.

El panorama para los años noventa no es muy positivo, las luchas cívicas sufren una decaimiento cualitativo, aunque aumenten ostensiblemente su presencia cuantativa 33 . El conjunto de la protesta social en los campos y ciudades ve progresivamente el escalamiento del conflicto, la neo-modernización violenta que se presenta conduce a las comunidades localizadas en los cuatro rincones de la geografía nacional a debatirse entre el desplazamiento o la muerte. Se van diluyendo las reivindicaciones sectoriales y gremiales más sentidas en un gran movimiento por la defensa de los derechos humanos y la salida negociada al conflicto armado.

La internacionalización de la economía alcanza su punto más alto con el desorbitante flujo de capitales, las crisis financieras recurrentes sacuden la economía mundial, la descentralización/deslocalización de la producción se despliega en un mundo políticamente descentrado y multipolar. La consolidación de mercados regionales sigue su marcha, el proceso más elaborado (Europa), avanza con pasos firmes hacia la moneda La clave según interpreto, estaría no tanto en la superación de etapas en el paso de lo reivindicativo a lo político, en el paso de la no conciencia a la conciencia, definidas estas según la lucha o no por el poder. La clave estaría mas bien en como se produce la articulación de niveles” (García, 1990, pg 211).

33 Entre 1990 y 1998 de acuerdo con la base de datos desarrollada en el CINEP, se presentaron 1.675 acciones cívicas (Garcia, 2001, pg 108), un aumento desorbitado respecto de las décadas anteriores.

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única. La primera guerra del golfo se propone en un nuevo contexto internacional político y económico. Las luchas sociales retoman el rumbo de la rebelión en el Asia contra el milagro económico de los tigres, en Europa contra la ola privatista neoliberal, en el tercer mundo contra los efectos negativos de la reestructuración económica y la reforma política y hacia finales de siglo se cierra con las luchas alter-globalistas en el norte y el sur.

En América Latina, la reestructuración económica y la reforma política se consolida en medio de un panorama inestable. El neoliberalismo se vuelve política corriente, la deuda y el pago de su servicio se convierte en una carga para las finanzas públicas, la integración económica entre países o grupo de países sigue su marcha en medio de la precariedad, las crisis financieras internacionales hacen sentir sus efectos en la región, Ecuador dolariza su economía y hacia el sur la Argentina el alumno más avanzado de la clase neoliberal entra en una profunda crisis.

Las vetustas estructuras de la Organización de los Estados Americanos –OEA-, se renuevan. La hegemonía norteamericana en la región se ratifica con la intervención directa, el apoyo e imposición de las reformas económicas a través de los programas de ajuste macro-económico propuesto por la banca multilateral y/o la imposición de programas y políticas por medio de la ayuda bilateral (lucha contra el narcotráfico). En medio de un deterioro creciente del nivel y calidad de vida de las grandes mayorías, el mesianismo político encuentra terreno propicio para desarrollarse combinando el discurso democrático con la represión política y social, con un aumento de la corrupción y el clientelismo tecnocrático.

Entre la crisis económica y la reforma política, la contestación social permanece en las estrategias de resistencia, frente a la arrasadora arremetida neoliberal. Con la declaración de la selva Lacandona (1 enero de 1994), los indígenas mexicanos abren un nuevo espacio para la rebelión y la expresión política y social mas allá de la resistencia pasiva frente a la la hegemonía neoliberal.

La década se abre para el país entre la posibilidad de una reforma política consagrada en la nueva constitución (1991) y la puesta en marcha de un proyecto de transformación radical del modelo de crecimiento económica, a través de la apertura económica, pues las medidas adoptadas en el 91 materializan totalmente el proyecto neoliberal. El profundo impacto sobre el aparato productivo (industrial, agro-industrial) evidencia su retraso y lógica rentística prevaleciente, se quiebran o deshacen los capitales más débiles y se fortalecen los grandes grupos económicos que ahora han diversificado sus carteras de inversión, centrándose en la especulación financiera. El país termina el siglo sumido en la crisis económica más profunda conocida hasta ese momento.

El proyecto aperturista propone una mutación en la estrategia de gestión políticoadministrativa de corte tecnocrática, la aplicación de los principios de neutralidad, eficacia y eficiencia, lo que a la postre resulta en mayores grados de corrupción y clientelismo que el anterior esquema de mediación institucional. Así mismo, la estrategia de represión social transitara de la ‘guerra sucia’, patrocinada directamente por acción u omisión del Estado, al refinamiento e inclusión en la legislación corriente de los mecanismos de represión social desarrollados al amparo del Estado de Sitio, dejando el espacio abierto a los grupos paramilitares para cumplir con el trabajo sucio de la intimidación, persecución y

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muerte de los líderes populares. Por otro lado, con la reforma constitucional se sigue profundizando el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal (particularmente la elección popular de gobernadores), como estrategia de modernización de la gestión pública, superación de la crisis fiscal y re-legitimación del régimen político, sin olvidar el combate contra la protesta territorial.

El impacto social de la apertura económica y la degradación del conflicto armado interno, producen una catástrofe social, aumento de todos los índices de pobreza, crecimiento de la violencia política y social y desplazamiento forzado interno, que hoy alcanza la cifra de dos millones de personas, tranformando profundamente la geografía nacional. A pesar de la unidad alcanzada por los obreros, se consolida la liberalización económica y la flexibilización de la relación salarial, los campesinos avanzan hacia un proceso de unidad y convergencia de las diferentes vertientes, los indígenas representan la lucha social con mayor consistencia y proyección, por la defensa de su cultura, sus territorios y autonomía de gestión, las comunidades afro-descendientes con múltiples problemas han logrado un cierto grado de convergencia por la defensa de sus territorios, las mujeres desarrollan simultáneamente un discurso y organización sólida y aparecen en la escena política las luchas por la opción sexual (LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). En su conjunto la acción social organizada tiende a replegarse frente al escalamiento de la guerra y la represión política en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, así como en la propuesta de una salida negociada al conflicto armado.

“Sin temor a caer en un excesivo dramatismo puede afirmarse que se ha tratado de un verdadero proceso de aniquilamiento que ha llevado hasta una ruptura radical de la composición y los equilibrios poblacionales en toda la geografía del país. La debilidad evidente de la mayoría de los actores sociales populares es pues enteramente explicable.

Al contrario, lo que debería sorprendernos es que todavía existan, que impulsen luchas significativas y que hasta hagan propuestas” (Moncayo, 2001, pg 6).

Hacia el final de la década de los ochenta e inicios de los noventa, en medio del paroxismo de la violencia política y social 34 , se vislumbraba un panorama esperanzador al concretarsen procesos de negociación con algunos grupos guerrilleros y al abrirse la posibilidad de reformar la centenaria constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

La década se anuncia difícil para los cívicos (de la misma manera que las comunidades afrodescendientes), no logran ponerse de acuerdo para respaldar una candidatura y un proyecto que los represente en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron los indígenas quienes finalmente van a defender los intereses y propuestas de los cívicos y las comunidades afro-descendientes. Por otro lado, la criminalización de la protesta 34 Desde mediados de la decada de los ochenta producto de los acuerdos entre el gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito Popular), se crea un partido político la UP (Unión Patriotica), el cual sera eliminado de la escena política por la muerte, masacre o destierro de sus miembros.

Hacia finales de la década entre enero del 88 y octubre del 91 fueron asesinados 66 miembros de organizaciones cívicas, 7 desaparecieron, 19 fueron amenazados, 1 torturado y 1 detenido, de acuerdo con la base de datos sobre Derechos Humanos del CINEP (Garcia, 2001, Pg 101). Los partidos tradicionales también fueron alcanzados por la espiral de violencia.

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social, la ‘guerra sucia’ permitida por acción u omisión del Estado, con la activa participación de los grupos paramilitares, el hostigamiento de las fuerzas militares, así como el asedio y persecución de los grupos guerrilleros, van a debilitar la convergencia y madurez política alcanzada por las luchas cívicas en todo el país, con un ingrediente mas, el endurecimiento territorial de la guerra, pues los actores armados, estaban concretando una estrategia que implicaba tierra arrasada y control territorial de extensas zonas de la geografía nacional por diversos motivos (grandes proyectos de inversión, corredores de transito, cultivos ilícitos, zonas históricamente controladas), exacerbando el desplazamiento interno de la población.

Los motivos y lugares de la confrontación cívica van a sufrir cambios. De un lado, el creciente endeudamiento externo y la reforma estatal que implicaba una privatización de la producción de bienes y prestacion de servicios, van llevando a un desplazamiento de los motivos de la lucha cívica hacia la defensa de los servicios de salud y educación, debido a su creciente descentralización y paulatina privatización. La incapacidad financiera de muchos municipios de asumir la prestación de dichos servicios que por otro lado vienen siendo privatizados, se convirtió en motivo creciente de reivindicación. Con el recrudecimiento de la violencia, las demandas por la defensa de los derechos humanos, una salida negociada al conflicto y la participación de la población en los dialogos sera motivo importante de demanda. De todas formas las demandas por servicios basicos (agua, saneamiento básico), sigue siendo motivo de confrontación en regiones en donde ha sido precaria la inversión social (Costa Atlantica, Narino, Cauca, Choco). En las zonas que cuentan con los servicios, las demandas se concentran en el excesivo incremento de las tarifas. Las demandas por falta o mejoramiento de la infraestructura, valorización por obras públicas, construcción de peajes, se han hecho sentir.

Por otro lado, cada vez más las luchas civicas se concentran en las capitales departamentales, la mitad de las luchas cívicas registradas en los noventa (Garcia, 2001, pg 117), se ubican en capitales departamentales. Allí convergen diversos elementos, de un lado el recrudecimiento de la violencia en los campos que conlleva a mayor desplazamiento hacia las ciudades en busca de refugio, especialmente las capitales departamentales, pues las pequenas y medianas ciudades también se convierten en objetivo militar de los actores armados. El impacto regresivo producido por la apertura económica, desindustrialización/reprimarización, viene produciendo una recomposición territorial de la población, que unido al desplazamiento por causas del escalamiento del conflicto estan reorganizando la geografía nacional en profundidad, induciendo también la emigración hacia el exterior.

Poco a poco la implantación del proyecto de reestructuración económica y reforma política neoliberal y sus consecuencias regresivas a nivel social, va conociendo una transnacionalización de las luchas sociales, frente a unas políticas que se reproducen en el norte y el sur, con diferente intensidad y aunque por el momento solo se expresen como reacciones pasivas.

La euforia de la primera elección popular de alcaldes (1988) que conoció una alta presencia de líderes salidos de la filas de los cívicos, así como de movimientos y

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coaliciones con los partidos tradicionales, poco a poco va dejando un sabor amargo 35 . En un principio las comunidades respondieron al llamado electoral (aunque no suficientemente como suponían las expectativas), en la gestión directa se inicia un proceso difícil cargado de múltiples problemas y trabas no esperados: la falta de experiencia en el manejo de los asuntos públicos, la fortaleza de las maquinarias clientelistas y corruptas en todos los niveles territoriales, los vacíos o limitaciones del mismo proceso de descentralización, la impaciencia de las bases por no ver rápidamente resueltos sus problemas, la reproducción de las viejas prácticas de nuestra cultura política (paternalismo, corrupción, clientelismo). Paradójicamente, “Si bien los paros y movilizaciones de la década se concentraron en el ámbito local, las demandas se hicieron mayoritariamente ante el gobierno nacional, lo que nuevamente dejó sin piso la intención de que la reforma municipal contribuyera a decentralizar los escenarios y los adversarios de los conflictos sociales” (Garcia, 2001, pg 118).

Las estrategias institucionales en contra de las luchas cívicas empezaban a entregar sus frutos, poco a poco entre la muerte, el desplazamiento y la institucionalización, se fueron debilitando y fragmentando, la feroz arremetida institucional nos da cuenta de la fuerza con que la suma de las luchas populares de los años sesenta y setenta habían hecho tambalear las deslegitimadas instituciones. De todas maneras esa arremetida ha tenido un profundo impacto en las luchas cívicas en particular, pues hoy se encuentran sumidas en crisis.

“Las identidades prácticas del movimiento cívico no contenían los elementos suficientes para enfrentar unas políticas neoliberales, cuyo proyecto global conllevaba, como uno de sus fundamentos para revitalizar la acumulación de capital, la transferencia de responsabilidades colectivas a las organizaciones de la sociedad civil” (Munera, 1998, pg 454).

Es necesario sopesar también las diversas dinámicas y trayectorias socio-geo-históricas para tratar de comprender de mejor manera como se va socavando poco a poco la coherencia, consistencia y convergencia alcanzada por las luchas cívicas, pues allí la corrupción, el caudillismo y las luchas por el control y político se unían a una debilidad reproducida sistemáticamente al dar una mayor importancia a la acción directa sobre el discurso político. Lo único cierto es que las fuerzas y energías cívicas desplegadas durante tantos años, tan enraizadas en trayectorias y dinámicas territoriales nunca se concretaron como propuesta nacional 36 .

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“Si aceptamos la hipótesis de que los movimientos cívicos y sus luchas tuvieron una alta injerencia en la reforma municipal, hay que decir que ella se constitiyó, a su vez, en un factor de desarticulación de los movimientos regionales. El énfasis puesto en lo local fue desdibujando la idea de región como territorio donde se expresa la imbricación de los conflictos y las dinámicas sociales, que despierta entre sus habitantes el sentimiento de pertenencia a un lugar, y que había sido construida al fragor de las luchas cívicas. Había que atender las competencias y funciones recientemente asignadas al municipio, había que impulsar los procesos de planeación participativa del desarrollo local, velar por la ejecución de proyectos en el territorio municipal.

Los asuntos de carácter regional quedaban en manos de las corporaciones autónomas o de los debilitados departamentos. Muy pocos movimientos regionales continuaron siendo tales en pos de propósitos que fueran más allá de los límites político-administrativos de sus municipios” (Garcia, 2001, pg 103).

36 “Hoy, yo lo puedo decir con toda tranquilidad, todas las organizaciones de izquierda tienen corriente cívica por dentro. Y todas son todas. Ahí la ocultan y en la medida en que las repriman se les seguirán resquebrajando sus propias estructuras de partido, porque los procesos definitivamente tienen que constituirse es desde la base, y el papel de las organizaciones es ponerse al servicio de eso"” (Entrevista No

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Durante los años noventa las luchas cívicas se repliegan sobre la resistencia y se confunden con las luchas urbanas, paradójicamente lo cívico que llego a representar en gran medida las acciones urbanas sin llegar a subsumirlas totalmente (setentas, ochentas), ahora tiende a fragmentarse en las acciones por el derecho a la ciudad (‘upaqueros’, invasiones, Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios), sin ser subsumidas por ellas, en medio de su reflujo. Así mismo, las luchas cívicas caracterizadas por esa fluidez territorial entre lo rural y lo urbano, han encontrado en las organizaciones de Acción Comunal cada vez más liberadas y autonomizadas de los partidos tradicionales, un punto de referencia interesante para ser tenido en cuenta en sus actuales búsquedas 37 .

Es necesario mirar con mayor detenimiento la creciente institucionalización de las demandas y propuestas cívicas concretadas en parte por la descentralización política, administrativa y fiscal a través de un conjunto de medidas que van desde el referéndum, la consulta popular, la participación en ciertos espacios para la fiscalización y el control de la gestión pública, hasta la elección popular de alcaldes y gobernadores. Este proceso contribuyó a fragmentar la organización y la lucha, pero al mismo tiempo representa un espacio conquistado por las mismas luchas que no puede ser descuidado. En el filo de la navaja entre la institucionalización y la autonomía se abre un amplio terreno de discusión y análisis (Planeta, 2003, pg 7), un balance que aún no se ha hecho en medio de la crisis.

Hacia el final de la década con la implantación del Plan Colombia en el sur del país (Putumayo) se desencadena una fuerte respuesta social apoyada por gobernadores elegidos popularmente que buscan conformar un bloque sur para la defensa y cohesión territorial, frente a una política antinarcoticos impuesta al gobierno nacional, altamente represiva y ecológicamente regresiva. Allí es posible ver una ‘glocalización’ mucho más clara de las luchas sociales en nuestro territorio. En dicho proceso participa el CIMA (Comité de Integración del Macizo Colombiano), como el último representante heredero de las jornadas más épicas escritas por las luchas cívicas en las últimas tres décadas.

Las luchas cívicas representan claramente un ciclo largo de movilización, acciones y organización política y social, que en los últimos treinta años han estado en la dinámica de las luchas populares en Colombia, hacen parte de su historia y siguen en la disputa por la construcción de un lugar justo económicamente, socialmente incluyente, políticamente diverso y participativo, y ecológicamente sustentable a pesar de su actual reflujo cualitativo.

25, Dirigente cívico estudiantil y cívico de Bogota y a nivel nacional desde los años setenta, Múnera, 1998, pg 457).

37 “las movilizaciones de raspachines en los antiguos territorios nacionales y pobladores urbanos y rurales contra la reestratificación, incluso en las goteras de Bogotá, no se habrían producido, al menos con la contundencia que lo hicieron, sin el concurso de las juntas de acción comunal. La mayoría de líderes de los raspachines y de los pobladores urbanos y rurales que se alzaron contra la reestratificación, lideran también las juntas de acción comunal. Ejercen el doble rol, así en otros espacios de lo social continúe viéndose lo comunal con beneficio de inventario por la influencia del bipartismo” (Planeta, 2003, pg 6).

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EL MARCO TEORICO El análisis socio-geo-histórico de la acción social organizada, otorga una especial consideración a la producción social del espacio. La reconstitución de la espacialidad en las principales corrientes de la geografía contemporánea (análisis sistémico, geografía humanística y geografía radical), nos remitió a los límites y potencialidades que cada uno de esos acercamientos presentaba para desarrollar los elementos teóricos y metodológicos de la relación entre prácticas sociales/configuraciones espaciales/procesos socio-históricos.

El desarrollo de una sensibilidad ‘geográfica’ para el análisis de las transformaciones socio-históricas, se centra en la geo-política de la acción social organizada, teniendo en cuenta que la dinámica y trayectoria espacial de las luchas cívicas no se reduce simplemente a los impactos territoriales diferenciados que causan, o el reconocimiento de un entorno en el cual se presentan o suceden, hay que considerar la espacialidad como una de sus dimensiones constitutivas y constituyentes, lo que expresa al mismo tiempo los profundos cambios en el proceso de producción y reproducción de la materialidad socio-geo-histórica que se venía presentando en el país.

La producción de la espacialidad por las prácticas sociales se definió desde tres elementos básicos: la localización, la producción de sentido y representaciones espaciales, y la dinámica de desarrollo desigual territorial y la diferenciación (los lugares y las escalas). Dichos elementos constituyen la base fundamental del análisis socio-geohistórico que fue aplicado al estudio de tres casos escogidos.

En el análisis espacial propiamente dicho (geografía sistémica), se resalta un elemento esencial de toda interpretación espacial, la ubicación, la inscripción física de los cuerpos y objetos en un espacio. Sin embargo, esa ‘localización’ reduce el espacio a ser una dimensión (cuya característica es la extensión), inmóvil, eterna y neutral separada del tiempo. Esa localización desde el punto de vista de la espacialidad es un producto social, es la ubicación al interior de una relación y es la inscripción territorial de la relación en un espacio (físico y material). Por lo tanto, la inscripción material de las prácticas sociales es la condensación de un proceso, unas relaciones, unas fuerzas, energías, discursos y actores que se ubican material y físicamente en un espacio-tiempo. Toda espacialidad es históricamente heredada en donde subyacen un conjunto de ‘capas’ sobre las cuales se inscriben permanentemente procesos y relaciones en espacios sociales concretos. La inscripción material y física de las prácticas sociales, condensa y expresa el hecho que la espacialidad hace una diferencia en el desenvolvimiento del proceso socio-histórico, y hay diferencias que se producen en la espacialidad.

Las representaciones cognitivas y simbólicas del espacio poseen una consistencia material constitutiva y constituyente en la producción espacial de las prácticas sociales.

Esas representaciones y símbolos no son una estructura autónoma o abstraída de todo contexto socio-geo-histórico antagónico, como lo presenta la geografía humanística en el intersubjetivismo cultural o simbólico del sentido del lugar. Las prácticas sociales

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producen sentido y en esa producción de sentido, producen un sentido del lugar en medio de múltiples antagonismos intra y extra-grupales, y determinaciones físicas y materiales.

La representación del espacio y los espacios de representación, son elementos esenciales en la producción de la espacialidad, que esta cargada política, ideológica y simbólicamente. Los discursos y las representaciones espaciales hacen parte de su producción, son un elemento importante de la antagónica geopolítica de la producción espacial desigual.

El análisis socio-geo-histórico que plantea la geografía radical, se basa en una ontología relacional en contraposición a una fisicalista o antropocéntrica, para entender la producción social del espacio. En este sentido, se le da un gran peso a los procesos, relaciones, fuerzas, energías contextuales, a las tendencias socio-históricas en que se desenvuelven las prácticas sociales localizadas. La geografía crítica o radical establece una tendencia al desarrollo desigual de las sociedades capitalistas, una tendencia que al intentar homogenizar, producir un espacio abstracto simultáneamente genera la diferenciación territorial. Sin embargo, se resalta en esa tendencia el carácter económico (división social del trabajo y el capital), y la fuerza estructurante del capital y el Estado, sin considerar que dicha dinámica es producto de los antagonismos y conflictos sociales.

De la misma manera encontramos serias limitaciones en el análisis en Términos de Regulación que desarrolló herramientas críticas para entender la relación entre transformaciones socio-históricas/configuraciones espaciales/acción social. Dicho análisis, reconoce la importancia de la espacialidad en el proceso de transformación socio-histórica pero reduce a ser un producto/reflejo de las tendencias socio-históricas. De otra parte, también limita el papel central que tienen los antagonismos sociales en la estructuración de la materialidad, al reducirlos a la relación salarial y tratar de entender la nueva lógica de la regulación alrededor de los conflictos entre capitales y capitalistas. La socio-geohistoria, se reduce así a la relación transformaciones productivas/cambios espaciales en un solo sentido y presidida por una lógica simplificada del proceso de producción sociogeo-histórico, en un estricto sentido económico.

Sin desconocer la capacidad estructurante que se presenta con el proceso de acumulación en la producción y reproducción de la materialidad socio-geo-histórica, es necesario darle un mayor peso a los antagonismos y conflictos sociales que dinamizan el proceso de producción de esa materialidad. La acción social organizada contribuye de manera determinante a la producción del desarrollo desigual territorial y al mismo tiempo producen una diferenciación territorial con sus prácticas, estrategias y discursos, que buscan producir ‘otro’ espacio, al propuesto desde la dinámica de la acumulación y la intervención estatal. De esta manera, la geopolítica de los antagonismos y luchas sociales se mira como un proceso permanente y simultáneo de recomposición de la geometría del desarrollo territorial desigual y de diferenciación territorial de la acción social organizada.

La geopolítica de la acción social se desenvuelve en un contexto tendencial dado en donde se presenta una imbricación multidimensional y multiescalar de actores, prácticas, discursos y estrategias en permanente transformación que producen lugares y escalas. La dinámica del crecimiento económico capitalista impone una lógica de desterritorialización, busca crear un espacio homogéneo, abstracto, ‘aniquilando el espacio con el tiempo’. El Estado busca reterritorializar esa dinámica, producir lugares propicios para el proceso de acumulación capitalista fragmentando, jerarquizando. Las prácticas sociales a través de la

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acción social organizada buscan desterritorializar esa lógica de mando y dominio impuesta por el capital y el Estado, para crear lugares, reterritorializar, crear, producir lugares en la resistencia, la rebelión y la autovalorización de sus prácticas. En esta misma vía, la acción social organizada produce y reproduce las escalas geográficas permanentemente en sus múltiples estrategias de organización, convergencia o confrontación. Las escalas se convierten en un horizonte abierto y en permanente transformación para el despliegue de sus diversas estrategias.

Simultáneamente a la reconstitución de la categoría espacio social o espacialidad, para el análisis de la acción social organizada se desarrollaron varios ejes temáticos para reforzar la propuesta. La acción social como eje central de constitución socio-histórica y producción espacial, como resultado de antagonismos sociales por la producción y reproducción de la materialidad socio-geo-histórica.

La geografía sistémica y la geografía humanística reducen por diferentes vías el rol de la acción social y la política en la producción del espacio social. En el caso de la geografía sistémica, la acción social es considerada como una física social en donde un cierto número de acciones humanas son los que estructuran el espacio (trabajar, habitar, gestionar, negociar), reduciendo de otro lado, la política a una función sistémica de equilibrio y organización y los actores sociales a sujetos a-históricos y universales.

Aunque la geografía humanística le da un rol central a la relación entre procesos sociales/formas espaciales, esa relación se reduce a un intersubjetivismo simbólico (lingüístico, cultural), de un mundo vivido que mistifica la antagónica y conflictiva producción de la materialidad socio-geo-histórica. Por esta vía se reducen los actores sociales a sujetos a-históricos inmersos en un interaccionismo subjetivo empobrecido a las estructuras o esencias lingüísticas y simbólicas que producen sentido del lugar. De otro lado, se reduce la política a un esencialismo nacido de la defensa del lugar, mistificando las posibles disputas o antagonismos al interior mismo del lugar.

Las luchas cívicas se consideraron como una forma de expresión de clase, tomando lo que en la propuesta del autonomismo italiano se denomina la ‘fábrica social’, para lograr extender el ámbito subjetivo y espacial de la lucha y antagonismos de clases, más allá de los límites de la relación salarial establecida alrededor de un contrato de trabajo en el interior de una fábrica, una oficina o los límites de un gran proyecto primario exportador (agropecuario, minero, petrolero). De otra parte, nos permitía entender que las luchas sociales más importantes no son únicamente aquellas que ocurren exclusivamente en los principales centros productivos (fábricas, grandes ciudades o proyectos primarioexportadores), también es necesario considerar aquellas luchas que logran dominar sus mecanismos de reproducción con la misma fuerza que logran condicionar o expresarse en relación con los procesos productivos. De la misma manera, aunque la composición social y política de los movimientos cívicos es heterogénea ella corresponde a una expresión social y política de las luchas contra las relaciones de explotación y dominación capitalista, una forma de expresión política y social profundamente arraigada en su espacio social de vida.

Dentro de ese esquema de interpretación de la ‘fábrica social’, se considera la política como elemento constitutivo de la acción social organizada no como una instancia o dimensión de mediación entre los movimientos y el Estado, o entre estos y un proyecto o

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plan pre-establecido materializado en una organización jerarquizada, permanente y estable espacio-temporalmente. Los movimientos mismos condensan lo político, se producen así mismos y producen la materialidad socio-geo-histórica transformándose y transformándola en la lucha y la organización. Un momento importante de expresión política de las luchas cívicas, se da en el paso de la espontaneidad al movimiento, a la organización, la convergencia y la cohesión de intereses, puesto que allí se despliega su potencialidad constituyente y constitutiva de la materialidad socio-geo-histórica.

Se consideró el genérico de luchas cívicas para indicar las múltiples dinámicas que hacen parte de su trayectoria, organización, convergencia, confrontación, negociación, proposición (resistencia, rebelión y autovalorización), puesto que hay luchas cívicas sin movimiento cívico, y los paros cívicos solo representan una de las estrategias de resistencia más importantes, pero no la única. Por esto, las luchas cívicas, constituyen un largo ciclo de movilidad, movilización, organización, convergencia y confrontación social, por el equipamiento (individual y colectivo), y el desarrollo territorial, que en su trayectoria producen movimiento. Las comunidades al buscar una solución a sus necesidades más sentidas (vivienda, infraestructura básica, salud, educación), o al plantearse alternativas (económicas, políticas, culturales), a los efectos perversos del modelo de desarrollo territorial exclusivo para los intereses urbanos y rurales de una élite y excluyente de la gran mayoría social, producen movilización, organización y movimiento, y a través de sus prácticas y estrategias de confrontación generan impactos, transformaciones o rupturas profundas en su propia reproducción como movimiento, en las prácticas y discursos de los demás sectores populares, así como en su entorno socio-geo-histórico (la configuración espacial, las estructuras de dominación y disciplinamiento social).

LA SOCIO-GEO-HISTORIA DE LAS LUCHAS CIVICAS. La localización de las luchas cívicas debe verse como un proceso complejo en el que se superponen dos elementos esenciales. El acelerado y desigual proceso de urbanización en toda la geografía nacional en medio de la violencia hacia mediados del siglo XX y la consolidación del proceso de industrialización (aumento de producción de bienes intermedios), en los cuatro principales centros productivos y político-administrativos ya definidos (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), alimentado con el crecimiento de la inversión extranjera, también hacia mediados del siglo XX. El periodo de la violencia cierra un largo ciclo de resistencia y rebelión territorial campesina que se inició un siglo antes, con la conformación de un campesinado tri-étnico que se enfrentaba a las múltiples barreras que encontraron en el desenvolvimiento de unas relaciones sociales de producción poco dinámicas y altamente sobre-explotadoras, en un ambiente de creciente concentración de la propiedad territorial y consolidación de un orden político que los excluía de la representación política y el desarrollo económico y social. La respuesta que encontró ese movimiento de resistencia y rebelión fue la movilidad, la apertura de la frontera agrícola, la colonización de tierras, lo que transformará la geografía productiva del país y contribuirá a estructurar la base material necesaria para la consolidación del mercado interno y el inicio del proceso de industrialización.

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Después de la violencia del medio siglo (XX), la resistencia y rebelión campesina continuará su trayectoria en la conquista de las últimas fronteras agrícolas internas, iniciando un nuevo ciclo en el círculo vicioso conocido de emigración/colonización/despojo con una creciente degradación de las condiciones y calidad de vida de las masas campesinas debido a la consolidación de un modelo de crecimiento centrado en el apoyo a la agro-exportación y protección de la gran propiedad. De otro lado, en las ciudades se abre un ciclo de luchas de los pobladores urbanos (comunales, viviendistas, recuperadores de tierra, cívicos), un grupo heterogéneo, en la mayoría de los casos recién llegados del campo, que desplegará toda su imaginación y estrategias de producción y reproducción económicas y políticas por fuera del espacio monopólico y concentrado del crecimiento económico industrial, desencadenando las luchas por tierra, techo y trabajo, que serán uno de los referentes más importantes en el desarrollo de las luchas cívicas en la geografía nacional.

La consolidación del proceso de industrialización en Colombia, va a producir una geometría territorial desigual del crecimiento concentrado en cuatro ciudades que sujetan una serie de intersticios y periferias por su cercanía territorial o sus necesidades funcionales. Ese proceso de industrialización es el cruce de diversos elementos: el producto de la lenta transformación de una élite agro-comercial con una fuerte mentalidad rentística más que productivista del crecimiento económico; la temprana consolidación oligopólica del aparato productivo, que conformó desde sus inicios una concentración y centralización del capital dedicada a la especulación en todas sus formas, más que al fortalecimiento del aparato productivo y la extensión de las relaciones sociales de producción; un amplio apoyo estatal al proyecto productivista industrial-agro-exportador (subsidios, exenciones tributarias, ayudas financieras), bastante liberal en materia económica y profundamente conservador en su intervención política y desarrollo social; un crecimiento económico basado en la sobre-explotación de la mano de obra, la utilización monopólica de los precios y las difíciles barreras de entrada al mercado de producción de nuevos competidores, que tenía un débil vínculo entre desarrollo técnico y tecnológico con el proceso producción y reinversión de los beneficios.

Ese modelo protegido y poco diversificado, contribuyó a producir una lenta expansión de las relaciones salariales y una concentración territorial del crecimiento económico y la gestión institucional, la concentración y centralización del capital refuerza la tendencia a la ‘concentralización’ de la actividad político-institucional y las políticas de desarrollo sectorial y territorial, fueron motivo permanente de disputa. La lejanía o cercanía a esa geografía desigual (a causa de la marginalidad o la imposición abrupta y forzada de la modernización de ese modelo por la cercanía o funcionalidad), será un motivo de confrontación en la dinámica y desarrollo de las luchas cívicas.

El acuerdo elitista (Frente Nacional), realizado para poner fin a la violencia política encendida desde los partidos tradicionales, creó las condiciones e institucionalidad necesaria para defender el nuevo acuerdo de las élites políticas y económicas en relación a la reorganización estatal y las políticas económicas. Se trataba de impulsar el proceso de industrialización resguardando los privilegios de la oligarquía terrateniente al extender el modelo, monopólico industrial en las ciudades y el latifundismo-ganadero en el campo, en detrimento de los pobladores urbanos que no tendrían acceso a una relación salarial

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estable y los contingentes campesinos sin tierra, los pequeños y medianos productores.

De esta manera, se consolidan los cuatro centros productivos más importantes y se refuerzan las tendencias de la jerarquización territorial consolidando algunos centros agropecuarios intermedios.

El acuerdo bi-partidista remodeló el régimen político, excluyendo de la participación política a toda expresión diferente a los partidos tradicionales (liberal, conservador), reprimió toda expresión o protesta social contra ese orden a través del Estado de Sitio.

Las mediaciones político-institucionales modernizaron el clientelismo como mecanismo de control y disciplina social, reforzando la represión directa en manos de las fuerzas armadas. La estructura político-administrativa y la gestión pública tendieron a concentrarse terminando con los rezagos de descentralización administrativa.

Poco a poco las comunidades localizadas territorialmente van buscando salidas a sus problemas, resistiendo, rebelándose o intentando valorizar sus propias prácticas y estrategias. A las representaciones del espacio político y económico propuesto por las élites políticas y económicas que buscan producir un espacio abstracto y homogéneo, que busca fragmentar y jerarquizar, se va desarrollando una tendencia a la diferenciación desigual territorial en la geografía nacional, un proceso de constitución de espacios de representación, en situaciones sociales concretas, una respuesta de convergencia y cohesión política y social, que encontró en las luchas cívicas una de sus mejores expresiones. Tímidamente hacia los años sesenta, sistemáticamente hacia los setenta, con mucha fuerza y contundencia hacia los años ochenta, sufriendo un decaimiento cualitativo hacia la década de los noventa y comienzos del nuevo milenio, esa geo-política diversa de la resistencia se convierte en un elemento importante del desarrollo desigual y la diferenciación espacial.

Al buscar la satisfacción de sus necesidades las comunidades territorialmente localizadas, superan el estado de resistencia pasiva y ponen en marcha un difícil proceso activo de insubordinación y constitución de subjetividades autónomas, conflictivo en su propia dinámica interna y en constante lucha con las estructuras de los partidos tradicionales, los partidos y prácticas de la izquierda tradicional y el Estado, que buscan por todos los medios neutralizar, institucionalizar, manipular o dirigir las luchas en medio de un sombrío panorama de recrudecimiento de la violencia política y social en algunas regiones del país.

La espacialidad se inicia como territorialidad compartida de unos problemas y luego se va reafirmando como práctica, revalorizando su diversidad, solucionando problemas, invirtiendo sus condiciones de producción y reproducción, tejiendo territorialidades discontinuas, recomponiendo identidades, redes de acción-organización-representaciónlucha. La lucha cívica comporta una ‘revalorización’, recomposición permanente de las formas culturales y los referentes simbólicos comunitarios y territoriales como parte inherente de su dinámica y trayectoria, desarrollan así mismo, un fuerte sentido lúdico que esta presente en la organización y la lucha. Se presentan también territorialidades en disputa entre los mismos actores que componen el movimiento cívico (indígenas, sindicalistas), y con los actores armados (guerrilleros, paramilitares, fuerzas armadas), que entran en confrontación dentro de un mismo espacio social concreto.

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Lo ‘cívico’ contribuye de manera particular a la transformación del espacio público, de diversas maneras. Es a través del trabajo comunitario directo que gran parte de la infraestructura básica de las pequeñas y medianas localidades fue construida, por medio del compromiso de las mismas comunidades que asumieron dicha tarea bajo estructuras y discursos subordinados (minga). Esa transformación del paisaje socio-geo-histórico implicó una movilización de fuerzas y energías comunitarias bastante amplia que condujo a una transformación física y material del espacio público. La construcción de infraestructura con una gran participación del trabajo comunitario socava en su misma base la idea de un espacio público producido desde y por el Estado.

En el despliegue de las estrategias de lucha y confrontación política y social, las luchas cívicas llevan a la toma del espacio público, la toma de la ciudad es al mismo tiempo una reapropiación y resemantización que se hace del espacio público. El espacio público ya no será más el espacio institucional, el espacio del Estado, sino el espacio ‘común’, el espacio que nos pertenece a todos y en el cual todos buscamos y producimos un lugar, a pesar del no lugar que impone la desterritorialización del capital y la re-territorialización dominada que intenta producir el Estado. Se pluraliza el espacio público, su sentido y producción, se convierte en materia central de disputa y producción.

Las luchas cívicas unidas a las demás luchas sociales (sindicales, indígenas, campesinos, comunidades afrodescendientes) llevan a la crisis del restringido espacio político configurado desde la puesta en marcha del Frente Nacional, que reducía la organización y participación política al bi-partidismo, reproducido con un disenso manipulado y sus prácticas de corrupción y clientelismo, reprimiendo o criminalizando cualquier otro tipo de expresión política o social. Es la suma de todas las luchas sociales y sus difíciles procesos de organización y movilización las que van a conducir a la crisis de ese restringido espacio político, que se evidenciará en el primer Paro Cívico Nacional (septiembre 1977). El despliegue cívico socava desde la misma base (lo local), transcendiendo lo restringido de dichos espacios de participación política en la confrontación y la producción de movimiento, al construir organización para la solución de necesidades, develando el carácter restringido de la participación política y el sentido mendicante, paternalista, clientelista y corrupto de la relación entre el Estado central y las localidades.

La crisis del restringido espacio político se acompañó de una nueva cultura política que no solamente buscaba deshacer el espacio de mediación político-institucional, además representaba un crítica frontal a las prácticas y propuesta de la izquierda tradicional.

Como producto de su propia trayectoria y dinámica las luchas cívicas desarrollan una estructura flexible de organización y protesta, altamente democrática en la toma de decisiones, de abajo hacia arriba, de la periferia al centro. El comité o junta cívica representante de los intereses de la comunidad, agente de sus demandas y negociador de sus intereses, busca representar la diversidad de su base social y política. Así mismo, se intentan desarrollar unos mecanismos lo más democrático posibles para la toma de decisiones extendiendo el horizontalismo organizativo a nivel territorial para la discusión y toma de posición. En términos de su dinámica interna el movimiento cívico pasa de la verticalidad a la horizontalidad en la acción/organización, lo que constituye una ruptura con las viejas estructuras de dirección y organización del sindicato y el partido político y sus formas de lucha. Una especie de democracia radical subyace a la propuesta cívica,

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democracia radical que se construye simultáneamente en las formas de organización, la toma de decisiones, la negociación y la misma confrontación.

Todas las estrategias y luchas cívicas van a contribuir a profundizar el desarrollo desigual espacial. Al expresarse como actores sociales y políticos las comunidades localizadas, generan un proceso de producción espacial con dos dinámicas simultáneas y diferentes, la profundización del desarrollo espacial desigual y una diferenciación territorial, que no se pueden homologar o reducir mecánicamente a una relación dialéctica.

En medio de la precariedad material existente territorialmente (equipamiento individual y colectivo, infraestructura básica, educación, salud), los constantes abusos de las autoridades territoriales, aumentos de tarifas, que se reproducía y reforzaba con el esquema de mediación política impuesto por el frente nacional, las comunidades territorialmente localizadas por fuera o cerca de los centros más dinámicos del proceso de acumulación de capital o político-administrativos, vivían cotidianamente la crisis territorial (urbana o regional), como privación, precariedad, imposición unilateral de condiciones.

Las llamadas condiciones estructurales conforman un panorama que nutre la tendencia crítica territorial que las comunidades vivían en acto (modelo de crecimiento económico concentrado y centralizado, ‘concentralización’ de la gestión pública, crisis fiscal del Estado, impacto de las políticas públicas, esquema de mediación político-institucional), sin embargo, las luchas cívicas con su proceso de movilización-organización-acción en busca de una solución a sus problemas cotidianos y localizados, invierte el sentido de la crisis, el movimiento se convierte en la crisis misma.

Las luchas cívicas hacen parte indisoluble del proceso territorial de desarrollo desigual, puesto que contribuyen a acelerar o retardar el aumento de la calidad y nivel de vida de las comunidades localizadas territorialmente, que por acción u omisión de la gestión pública y sus políticas públicas o mecanismos de mediación político-institucional no había sido posible.

A través de las luchas se logra un mejoramiento o la implantación de la infraestructura básica (vías, puentes) o equipamientos básicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfono, salud, educación). Este proceso se presenta de manera desigual y en la mayoría de los casos impacta amplias zonas geográficas involucrando localidades y aún regiones que no participaron directamente en el proceso de organización, convergencia y confrontación cívica. Así mismo, a través de la concreción de las obras o cumplimiento de las demandas exigidas producto de las luchas cívicas, las élites políticas y económicas territoriales buscan recobrar el dominio y el mando sobre el espacio político perdido apoyando decididamente aquellas comunidades dispuestas a respaldarlos, tratando de generar un efecto de demostración entre los logros de las luchas cívicas y los adelantos logrados con el sistema clientelista. De esta manera, buscan canalizar recursos, realizar obras, o tomar decisiones administrativas en localidades y regiones influenciadas o adyacentes a aquellas en donde se presentan las luchas cívicas. Lo cierto es que las localidades logran un creciente proceso de homogenización de sus condiciones físicas y materiales, una característica necesaria para la universalización y extensión (extensiva e intensiva), de la lógica del valor, la renta y el beneficio.

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Las luchas cívicas no solamente logran una presencia institucional para el desarrollo social y territorial, también la presencia estatal se incrementa en términos de gestión político-administrativo y en sus estrategias y prácticas de represión y disciplinamiento social. El Estado deberá reformarse en su régimen territorial y en el aparato de justicia.

Las reformas estatales, particularmente la descentralización político, administrativa y fiscal (1986), es una respuesta al nivel alcanzado por las luchas cívicas.

Simultáneamente a esa reconfiguración de la geometría del desarrollo territorial, las luchas cívicas con gran dificultad van produciendo un espacio diferenciado con su decisión de buscarle solución a los problemas y carencias que les habían sido permanentemente negadas o frente a las decisiones institucionales impositivas o unilaterales de modernización económica, en un entorno nacional de represión y creciente violencia política.

Las luchas cívicas contribuyen de manera determinante a la crisis urbana, con el conjunto de la lucha popular transforman del espacio político y público, simultáneamente con sus estrategias buscan reapropiarse darle otro sentido a la producción del espacio, reconfigurando lugares (localidades, regiones). Las representaciones del espacio buscan materializarse, es el tránsito de regiones naturales, geo-físicas o político-administrativas a regiones o localidades geo-políticas basadas en la acción social organizada como elemento de estructuración espacial, las comunidades localizadas que buscan retomar el control de su propia socio-geo-historia.

De acuerdo con la geopolítica bastante diversa que configuran las luchas cívicas, puesto que son múltiples las trayectorias, los ritmos e intensidades de acción, los grados de organización y convergencia, se va a pasar de la protesta a la propuesta, se busca pasar de la resistencia activa a la constitución de un proceso y proyecto autónomo de desarrollo territorial. Se va tejiendo una territorialidad local y regional, se busca materializar proyectos para solucionar los problemas y fortalecer las convergencias. Simultáneamente se hacen propuestas frente a los grandes problemas nacionales y se piensa en un gran movimiento nacional, aunque nunca se llegue a concretar. No hay un tránsito lineal de lo local a lo regional y de lo regional a lo nacional, la socio-geo-historia de las luchas cívicas es discontinua, se presentan constante flujos y reflujos en su trayectoria y permanentemente se superponen las escalas geográficas en su dinámica de organización y confrontación.

Para las luchas cívicas las escalas geográficas son un horizonte en permanente transformación, las escalas siempre se traslapan en todos los momentos del despliegue cívico. Se piensa nacional, regional y localmente y se actúa localizadamente y al contrario, se actúa nacional y regionalmente pensando localmente. Mirando las escalas geográficas de esta manera se hace mucho más claro que no existe una linealidad en la dinámica socio-geo-histórica de las luchas cívicas, espontaneísmo – organización hegemonía = de lo local a lo regional y hacia lo nacional. Aunque los problemas y necesidades se ubican localizadamente, hay que saltarse las escalas geográficas para lograr una solución a los problemas, los alcaldes y gobernadores cuando tienen buena voluntad no tienen recursos o poder decisorio. Para ser oídos no es suficiente hacer los memoriales, entablar negociaciones, enviar comisiones, es necesario en muchos casos utilizar las vías de hecho. Marchas, toma de oficinas, bloqueo de vías, cacerolazos y la

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más importante de todas: el paro cívico local o regional, hay que parar las actividades económicas de una localidad o región para ejercer presión sobre el gobierno central.

En la trayectoria de la lucha se logran convergencias regionales para enfrentar problemas sin embargo posteriormente se desvertebran, o se logran adhesiones, cohesión en una territorialidad discontinua de confrontación o apoyo. El seguimiento y consolidación de las demandas negociadas con el gobierno requieren tiempo y una cierta destreza para moverse en la maraña burocrática central, departamental y local.

El decaimiento u ocaso de las luchas cívicas también expresa su heterogeneidad constitutiva y discontinuidad espacio-temporal. A los elementos tendenciales y contextuales hay que sumar las características de la dinámica y trayectoria propia de cada experiencia.

La eficacia y capacidad de desestabilización que llegó a provocar el conjunto de las luchas sociales durante los sesenta, van a provocar una agresiva respuesta desde la reestructuración económica, la reforma política y la represión directa. La reorganización del modelo de crecimiento económico se hace con una des-industrialización, relocalización-deslocalización de actividades productivas industriales y una extensión territorial en busca de más fuentes de valor (reprimarización). En las ciudades se hace cada vez más difuso y complejo el proceso de extracción de valor (beneficio, renta e interés). En el campo y aquellas zonas con un cierto valor estratégico (mineral, producción agrológica, hidrocarburos, biodiversidad), la estrategia es la extensión física y material de la lógica del beneficio allí donde el se encuentre. La reforma política acompaña la represión directa, con el refinamiento de los mecanismos de dominio y control social (justicia) y la reorganización de la forma del Estado y las funciones de la gestión pública.

El Estado asume una lógica territorial de intervención y apoyo al proceso productivo, sobre la base de la indiferencia territorial y sectorial. Es necesario dejar al libre juego de las fuerzas del mercado funcionar por sí mismas. Se busca una nivelación por lo bajo de las condiciones territoriales mínimas, necesarias para vincularse a la dinámica del mercado. Las luchas cívicas habían prefigurado el escenario de reestructuración al demandar permanentemente la descentralización de la gestión pública, y es contra ellas, pensando en la reorganización productiva y la relegitimación de la deteriorada imagen del régimen político que se inicia la reforma local y se reorganizan la forma y las funciones de los aparatos de gestión pública, particularmente a nivel territorial (corporaciones autónomas, por ejemplo).

Es el componente político de la reestructuración ubicado en la descentralización político, administrativa y fiscal, donde se va a jugar una de las principales estrategias para contener, institucionalizar y fragmentar las luchas cívicas, desde finales de los años ochenta. Alrededor del discurso sobre la participación directa en la elección y decisión política, la fiscalización de la gestión pública y el compromiso directo con la resolución de las propias necesidades, que se va a producir un discurso de sujeción, en el doble sentido, necesidad de un sujeto particular que debe encarnar la reforma, el cual debe sujetarse a unas reglas y procedimientos. Así mismo; se siguieron refinando todos los mecanismos institucionales (policía, fuerzas armadas, justicia), y para-institucionales (apoyo explícito o implícito a los grupos paramilitares), en medio de un escalamiento del conflicto armado interno.

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Las dinámicas y trayectorias internas de los movimientos cívicos que han contribuido a su ocaso, son múltiples y variadas. Se reprodujeron las costumbres políticas que siempre se criticaron (caudillismo, corrupción, clientelismo), con la participación en la gestión pública y en al interior mismo de los movimientos. La pérdida de autonomía por institucionalización o reducción a una lógica electorera, los frágiles equilibrios que se lograban con la convergencia de intereses territoriales, la falta de recursos financieros, la poca claridad en los objetivos políticos más allá de la satisfacción de las necesidades o resolución de los problemas. En cada trayectoria es posible encontrar motivos diferentes.

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