Violencia Institucional

tina, constitucionalmente, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático?

Otras violencias

Cada especulativa desorganización, cada ego o personalismo que vienen enredando o atrapando a partidos políticos como a coyunturales asociaciones electoralistas, tan tumultuosa como intuitivamente; es violencia institucional.

A propósito ¿cómo entender sino, las remanidas violencias intrínsecas, las pugnas o disputas latentes que percibimos en cada destrato, en cada ida y en cada vuelta tanto entre el binomio del actual Poder Ejecutivo Nacional, como en las más que recientes y desafortunadas manifestaciones en contra de la legislación electoral vigente para la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).

Paradójicamente, proferidas por los más altos caciques de la oposición resistiendola y a su legítimo ejercicio, precisamente a cargo y por parte de uno de sus más que conspicuos ‘correligionarios’ (actual lord mayor de CABA y precandidato presidencial 2023).

Todo ello cuando en Argen-

La violencia institucional también refiere y aplica a situaciones sistémicas de instituciones o sus desprendimientos, por caso, cuando se producen o crecen las denuncias o reclamos de adultos mayores por la mala atención personal que reciben en dependencias públicas hospitalarias, bancarias o previsionales.

Basta con mencionar a nuestros abuelos y adultos mayores haciendo vanas colas o larguísimas filas, por ejemplo, entre las 4 y las 9 de la mañana para que, cuántas veces, se les recibe con un: “se acabaron los turnos/números”; “se cayó el sistema”, “vuelva la próxima semana” cuando no un no anunciado “estamos de paro o trabajando a reglamento”, entre otros.

Violencia institucional comprende asimismo, aquellos mecanismos estatales, activos u omisivos, que garantizan impunidad ante obscenos enriquecimientos ilícitos de funcionarios, legisladores y magistrados; lavado de dinero; el uso del Estado para favorecer intereses de grandes grupos económicos o la patria contratista; la criminalización o extorsión de legi- timas protestas sociales (hoy, los justos reclamos de maestros y médicos en todo el territorio nacional).

También es violencia institucional cuando, a merced de esta clase política gobernante, en los últimos 40 años el pueblo empobreció como nunca dentro del marco de una inédita flacidez democrática.

Esta última se fue nutriendo de un creciente desprestigio de lo que entendíamos como “política”, cuando, así, no solamente desmejoró la calidad de vida de la gente sino que la perjudicó gravísimamente con narcisismos increíbles de protagonistas políticos, los que antes que entender al bien común como fi n, límite y agalma del

Estado; subordinaron cual metonimia, el interés general a un nuevo e injustificable buen pasar y enriquecimiento personal ya de cuatro generaciones entre parientes y amigos o “familias gasto público”

En resumen, dicha violencia institucional no se agota con lo relacionado. Por el contrario, más que frecuentes e invisibilizadas son aquellas desairadas peticiones ciudadanas cuando denuncian pública y legalmente otro tipo de violencia.

Como la inseguridad física, psicológica, sexual, patronal, económica (proliferación y sofisticación de hurtos y robos), patrimonial, intelectual-ideológica (mentiras, falacias, engaños, pos verdades) u ecoló- gica/ambiental; y la autoridad o funcionario pertinente -sin razón ni fundamento- se niega a recibirlas, no obstante sus específicas atribuciones que, institucionalmente, le corresponden y obligan calificadamente en relación con tales ilícitos.

Por último, como escandaloso dato de color negro, la violencia institucional alcanzó su paroxismo cuando el entonces presidente Juan Perón a la muerte de su esposa Eva Duarte, arbitrariamente decretó e impuso luto personal obligatorio en todo el país, un mes de duelo nacional como el cambio del nombre de pueblos y ciudades, entre tantos otros de sus abusos y tropelías, propios de su poder absoluto.