Gráfico 2. Representatividad de las Áreas Protegidas en el Dpto. del Magdalena

Ítem Área Protegida

17 Cuenca Alta del Rio Jirocasaca

18

Caracolí Reserva Natural de la Sociedad Civil Adm. Privada 73

Total Categoría Responsable Área (Ha)

Reservas Forestales Protectoras Nacionales MADS 292

570.092

Fuente: Elaboración propia con base en (MinAmbiente, 2003).

Con relación a lo anterior, las áreas protegidas que hacen parte del Sistemas de Parques Nacionales Naturales (PNN Tayrona, PNN Sierra Nevada, Vía Parque isla de Salamanca y SFF Ciénaga Grande) son las de mayor representatividad (88%), aunque el Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso de Zarate, Malibú y Veladero por sí solo cuenta con un gran extensión representado en un (11%) comparado con las anteriores áreas protegidas, caso contrario las áreas catalogadas como Reservas Naturales de la Sociedad Civil, de estas se encuentran 12 sin embargo son muy pequeñas en relación a su extensión representadas con el 12%.

Gráfico 2. Representatividad de las Áreas Protegidas en el Dpto. del Magdalena

10% 5%

11% 0,05%

0,25%

74%

Distritos Regionales de Manejo Integrado

Reservas Forestales Protectoras Nacionales

Reserva Natural de la Sociedad Civil

Parque Nacional Natural

Vía Parque

Santuario de Fauna y Flora

Fuente: Elaboración propia con base en (MinAmbiente, 2003)

A raíz de la amplia riqueza en biodiversidad, ecosistemas y recursos naturales presentes en el territorio, sumados con las problemáticas de origen estructural presentes en el Departamento, relacionadas con el desempleo, el impacto histórico del conflicto armado, el bajo logro educativo y la falta de oportunidades en las poblaciones más vulnerables. Se han evidenciado problemáticas relacionadas con la preservación y conservación de las áreas protegidas, en especial sobre la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus territorios adyacentes, en los que se ha identificado la presencia de factores antrópicos que generan tensiones sobre los ecosistemas, generando sobre explotación de recursos, conflictos de uso del suelo, vulnerabilidad hídrica y dificultades para hacer frente a los fenómenos generados por el cambio climático.

En respuesta a tales problemáticas, la Corte Constitucional, sancionó en 2015 la sentencia T-606, la cual exige al Estado y sus representantes, emprender acciones específicas para contrarrestar y neutralizar los factores estructurales de contaminación ambiental y deterioro de los ecosistemas del PNN Tayrona desde sus fuentes originarias, es decir, a partir de las externalidades. Del mismo modo, a través del auto 194 del 11 de mayo de 2016, dictado por dicha providencia, se ratificó la importancia de generar herramientas que permitieran la diversificación económica hacia sectores menos nocivos para el ambiente, así como la reconversión económica de los actores dedicados a la pesca, la caza, la tala y demás actividades que puedan poner en riesgo el patrimonio natural de la Nación (Corte Constitucional de Colombia, 2015).

Entre las problemáticas de mayor impacto se encuentran las siguientes:

Figura 3. Áreas protegidas del departamento del Magdalena.

Fuente: Elaboración propia con base en (MinAmbiente, 2003).

a) Uso y ocupación indebida del territorio

Según informe de la Unidad de Planificación Rural y Agraria – UPRA (2015), se ha evidenciado un uso inadecuado del suelo, el cual ha generado cambios en las coberturas naturales dentro de las zonas de influencia del Parque Nacional Natural Tayrona. Lo cual ha ocasionado fragmentación del suelo, disminución del porcentaje en la cobertura vegetal natural (bosque seco tropical y bosque húmedo tropical), así como la pérdida de conectividad dentro del parque. Esto se debe principalmente a que las zonas afectadas presentan sobreutilización o subutilización, lo cual impide el mantenimiento de determinadas poblaciones viables, dada la posición topológica poco favorable, que no posee los medios para permitir flujos con otras coberturas naturales aledañas (Parques Nacionales de Colombia, 2018).

b) Residuos sólidos

Uno de los mayores problemas ambientales presentes en el territorio departamental corresponde a la gestión de los residuos sólidos, especialmente sobre las zonas rurales y de difícil acceso. Es así como para el 2015, según el Informe Nacional de Disposición de Residuos Sólidos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el departamento del Magdalena figuró entre los siete (7) departamentos a nivel nacional con menos del 60% de sus municipios disponiendo sus residuos sólidos en sitios adecuados. Del mismo modo, según datos de CORPAMAG, se tiene que el Magdalena afronta una crisis en el área de saneamiento ambiental, especialmente en el manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos, registrando una cobertura por debajo del 60%. Esto se debe a que, pese a la adopción de los PGIRS en gran parte del departamento, todavía se siguen presentando celdas y botaderos no regulados, lo cual refleja una amplia debilidad en la implementación de los programas de gestión de residuos (CORPAMAG, 2012). Cabe aclarar que el manejo inadecuado de los residuos sólidos puede generar afectaciones relacionadas con el deterioro estético de las ciudades, modificación del paisaje natural, contaminación del suelo, el aire y los cuerpos de agua, afectación sobre la estabilidad de terrenos, deterioro, pérdida de nutrientes y de la cobertura del suelo, riesgos a la salud pública, generación de olores y ruido, y finalmente el desplazamiento y afectaciones físicas a la flora y fauna.

c) Vertimientos

El departamento del Magdalena figura como uno de los departamentos con coberturas promedio de alcantarillado inferiores al 50%, lo cual históricamente ha generado problemas para el manejo de las aguas residuales domésticas (Superintendencia de Servicios Públicos, 2015). Pues las descargas de agua con desechos orgánicos como heces u orina humanas ocasionan la alteración de procesos naturales sobre los ecosistemas en el corto, mediano y largo, por lo que se consolidan como una de las más graves amenazas de contaminación para los cauces hídricos y acuíferos (Parques Nacionales de Colombia, 2018).

Por otra parte, el manejo inadecuado de los residuos sólidos conlleva a la generación de lixiviados, los cuales son generados cuando el agua entra en contacto con la basura, contaminándola al punto en que puede llegar a ser un líquido altamente contaminante y con potencial de contaminar a su vez aguas subterráneas, aguas superficiales y suelos. Del mismo modo, se genera contaminación por el uso del recurso hídrico por parte de las actividades agroindustriales, pues el uso de fertilizantes puede liberar sustancias como el potasio y el nitrógeno, que a su vez contaminan la escorrentía superficial y el agua subterránea. Finalmente, se registran focos de vertimientos derivados de las actividades marítimas y portuarias, como lo ocurrido en abril de 2008 en

la bahía de Taganga en el que ocurrió un derrame de aceite de palma; o incluso las actividades de transporte de carbón, petróleo y graneles líquidos en áreas marinas y terrestres, cuyo nivel de exposición puede poner en peligro al medio marino y sus ecosistemas en el corto, mediano y largo plazo (Parques Nacionales de Colombia, 2018).

d) Explotación de recursos naturales y presiones generadas por la pesca.

Si bien la explotación de recursos mineros cada vez se encuentra más regulada, aún se registra la presencia de pequeñas canteras, extracción de minerales metálicos y no metálicos, así como cementeras las cuales tienen sus descargas en ríos y zonas costeras de Santa Marta y Ciénaga, lo cual pone en riesgo el entorno, dada su potencialidad para deteriorar los hábitats y funciones ecosistémicas, afectar la salud humana, la calidad del paisaje y el deterioro de los ecosistemas marino-costeros.

Adicional a esto, existe una alta preocupación por parte de las autoridades ambientales, relacionada con la sobreexplotación del recurso hidrobiológico, en específico en lo relacionado con la presión generada por la pesca en las áreas protegidas, pues según la U.A.E. Parques Nacionales de Colombia (2018), se ha identificado la captura de especies por debajo de la talla de madurez sexual, extracción de especies amenazadas, uso de dinamita, afectación por daño mecánico a ecosistemas, uso de arpones, pesca con chinchorros, remoción de fondos y sustratos, retiro de rocas, corales y otras estructuras del fondo marino, extracción de especies con hábitats restringidos, así como pesca incidental. De modo, que se hace urgente iniciar acciones para la diversificación y reconversión económica de las comunidades pesqueras a través, en aras de brindarles oportunidades para el desarrollo, considerando los factores socioeconómicos y dificultades para el acceso a fuentes de empleo por parte de esta población.

e) Extracción de fauna y flora

Según Rodríguez-Gonzales (2010), el tráfico ilegal de especies silvestres está considerado como una de las principales causas de pérdida de especies de la biodiversidad colombiana. La información con la que se cuenta para la estimación de la extracción de fauna silvestre en Colombia reside en los datos de decomisos de especies de fauna silvestre. Sin embargo, esta información puede alejarse bastante de la realidad, si se tiene en cuenta que dentro del comercio ilegal de fauna silvestre solo se decomisa el 15% de animales, es decir que el 85% de la fauna extraída entra al mercado ilegal nacional e internacional. Entre las clases taxonómicas más decomisadas durante el periodo 2005-2009, se encuentran los reptiles (78%), aves (14%) y mamíferos (4%). Por su parte, en materia de especies de flora, según cifras de CORPAMAG (2012), para el periodo 2005-2008, las especies de flora más decomisadas en el Magdalena fueron Erythrina fusca (Bucaro; Cachimbo; Pisano), Samanea saman (Samán), Cedrela odorata (Cedro; Cedro rojo), Ficus citrifolia y Rhizophora mangle (Mangle colorado) (Parques Nacionales de Colombia, 2018).

f) Turismo desordenado

Si bien el turismo es un fenómeno social y económico que a nivel mundial genera 334 millones de puestos de trabajo y mueve 9,17 billones de dólares (Statista Research Department, 2022), también posee sus particularidades, que en lugar de generar desarrollo sobre las comunidades receptoras, puede ocasionar múltiples problemáticas relacionadas con la gestión de residuos sólidos, la preservación y conservación de los atractivos turísticos y afectaciones sobre la resiliencia de los ecosistemas para afrontar los impactos del cambio climático. Es así, como a raíz de la falta de inversión pública en materia de turismo, se han

desarrollado dinámicas que ponen en peligro el capital natural y el patrimonio cultural de comunidades rurales y urbanas dentro de los municipios de vocación turística.

Tal como lo expone Parques Nacionales de Colombia, el turismo mal orientado genera impactos directos sobre el ecosistema, en especial aquellos relacionados con el manejo inadecuado de residuos sólidos, compactación de los suelos de tránsito recurrente, ampliación de las márgenes de los senderos, contaminación visual, extracción y desplazamiento de fauna y flora, e impactos sobre los arrecifes y formaciones coralinas; ya sea por las actividades de careteo y buceo, o por el fondeo y atraque de embarcaciones en zonas no autorizadas. En el caso puntual del Parque Tayrona, las dinámicas turísticas han ocasionado la creación de asentamientos humanos en zonas interiores del parque, cuya presencia ha generado la carencia de servicios básicos para la población, lo cual ha generado la destrucción o alteración de la línea de costa, así como impactos negativos sobre los ecosistemas adyacentes generados por los procesos de urbanización irregular. Esto sin demérito de las afectaciones derivadas del elevado consumo y desperdicio del recurso hídrico, uso de elementos naturales para la elaboración de artesanías y sobreexplotación de las playas y zonas de alta concurrencia turística por parte de personas que ejecutan actividades turísticas, en muchas ocasiones sin los permisos o autorizaciones reglamentadas por la Ley (Plan de Ordenamiento Ecoturistico del PNN Tayrona, 2018).

Por tal razón, resulta menester emprender acciones desde el aparato público para dar solución a estas problemáticas, las cuales en su mayoría obedecen a la necesidad de las comunidades locales de generar recursos para el sostenimiento de sus hogares, dadas las condiciones de pobreza, dificultad para el acceso a servicios básicos y falta de oportunidades, presentes a lo largo del territorio departamental.

El Magdalena reclama un cambio profundo, pues al Magdalena no ha llegado el Estado Social de Derecho. Esto se refleja en los indicadores sociales de los últimos años, que, en materia de informalidad, pobreza, mortalidad infantil y materna, desnutrición y déficit de vivienda, educación de baja calidad y desempleo. Los jóvenes no tienen acceso a la educación superior, el sistema de salud presenta grandes fallas en materia de cobertura y capacidades médicas; lo cual deja en evidencia la debilidad institucional pública. Por tal razón, a través de las acciones adelantadas desde el plan de desarrollo “Magdalena renace 20202023”, se ha trabajado arduamente en la mejora de la calidad de vida de los magdalenenses (Gobernación del Magdalena, 2020).

Como resultado de lo anterior, el Magdalena es el noveno departamento del país con mayor pobreza multidimensional (la incidencia es de 33,4%) y el tercero con mayor pobreza monetaria (59,8%). En términos de calidad de la educación básica y media del departamento se ubica en los últimos lugares a nivel nacional. La cobertura de educación superior apenas alcanza el 26%, con el agravante de que el 96% de dicha cobertura se concentra en la ciudad de Santa Marta, el 4% restante se distribuye en los otros 29 municipios. La mortalidad materna es superior al promedio nacional. Además, la desnutrición es elevada. Los déficits cualitativo y cuantitativo de vivienda en el Departamento sumados representan el 66%, así que más de la mitad de la población magdalenense (unos 200 mil hogares) carece de vivienda, o su vivienda presenta algún tipo de precariedad. El abastecimiento de agua es uno de los problemas ambientales más graves de la subregión de la Sierra Nevada. También hay problemas de abastecimiento en Santa Marta, Ciénaga, Sitio Nuevo y Puebloviejo (Gobernación del Magdalena, 2020|DANE, 2021).