La cadena perpetua en Colombia: Una solución definitiva en política criminal o una propuesta coyuntural En los primeros meses del año, el país fue testigo de un hecho de barbarie que va en contra de toda lógica y de los límites que la razón humana puede tolerar. Se trató del asesinato a sangre fría de cuatros niños en el departamento del Caquetá, que se encontraban en estado de indefensión. Según lograron establecer la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se trató de una venganza y un ajuste de cuentas relacionadas con disputas por tierras. En sus declaraciones el General Palomino, Director de la Policía Nacional, se pronunció sobre la necesidad de implementar la cadena perpetua en Colombia para condenar a culpables de hechos atroces como el de los niños de Caquetá.
La duda que queda en el ambiente de la opinión pública versa sobre la necesidad coyuntural de legislar sobre este tipo de penas o si se debe hacer un análisis constructivo de política criminal en Colombia que oriente mejor el debate sobre la cadena perpetua. Actualmente, en el Congreso de la República cursa un acto legislativo o reforma a la Constitución Política, que pretende permitir de manera excepcional la cadena perpetua en Colombia. Precisamente, el objetivo de esta iniciativa parlamentaria es otorgar una herramienta que permita avanzar en materia de política criminal hacía delitos considerados por la sociedad como inaceptables e irracionales cometidos por personas que son reincidentes y cuya resocialización no ha sido exitosa. Por tal motivo, el Congreso a través del uso de sus facultades constitucionales nuevamente ha querido legislar sobre el tema. Sin lugar a dudas estos temas tienen un alto componente de sensibilidad en la comunidad. Si se revisa la historia reciente y lo que en el país ha sucedido en cuanto a este tipo de propuestas se puede evidenciar una gran controversia en la sociedad y en espacios de debate. En este sentido, se puede entender que propuestas como la realizada por la fallecida Senadora Gilma Jiménez y
el referendo de cadena perpetua para abusadores de menores de edad hayan tenido apoyo por parte de la población. Sin embargo, la tradición jurídico política del país supone que intentar tramitar este tipo de reformas a la Constitución no será tarea fácil, puesto que existen varias voces autorizadas que exponen el dilema al que se enfrenta el Legislativo. De un lado, se puede evidenciar la necesidad de endurecer las penas a quienes hayan cometido crímenes atroces en contra de menores de edad, pero por otro lado, la postura que se opone a la existencia de prisión perpetua en Colombia es la misma que se presentó en la Asamblea Constituyente de 1991. Es decir, que cualquier intento de condena punitiva que incluya la privación de la libertad de por vida, para quién haya cometido un delito, va en contravía de la libertad y la dignidad humana; que son a su vez principios rectores y derechos fundamentales de un Estado Social de Derecho. Definitivamente, el debate puede girar en torno al balance político y legal que se debe tener al momento de examinar los argumentos a favor y en contra de la prisión de por vida.
Foto: Diego Santacruz/El Tiempo
En el proyecto del Acto Legislativo 204 de 2015 de la Cámara de Representantes de autoría de los H.R. Efraín Torres Monsalvo y Ana María Rincón Herrera, radicado el 19 de febrero del presente año, se pueden encontrar argumentos que motivan la supresión de manera excepcional de la prohibición de la cadena perpetua en Colombia, como por ejemplo el compromiso del Legislativo con los ciudadanos para ejercer un papel activo en reformas importantes para la comunidad. También, ese debe resaltar que el mismo proyecto en su exposición motivos, trata de aclarar dudas sobre la idoneidad de la cadena perpetua frente a las libertades individuales, la proporcionalidad de la pena, y la garantía de la dignidad humana, y así lograr tener una política criminal coherente. En definitiva, se puede evidenciar que la puesta en marcha del proyecto de acto legislativo sobre la cadena perpetua presentado recientemente, y que hace parte de la coyuntura actual, puede llegar a tener resistencia en algunos sectores del Congreso de la República, aun así, se espera que el debate contribuya para la mejora de la política criminal y evite hechos tan lamentables como los que han ocurrido recientemente.