DEFINICIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad 1. Ceja 2 define a la política social como la forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad. Maingnon 3 señala que existe una diversidad de definiciones de política social que presentan diferentes posiciones tomando en cuenta sus objetivos, extensión y límites; agrupándolas en atención a ello en dos. Primero están las definiciones que la limitan a los programas de bienestar social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. De acuerdo con ello, “política social” hace referencia a un conjunto de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación determinada, por lo tanto son políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o de regular los embates de las políticas económicas. En otras palabras, la política social tiene que ver con las fallas de la política económica, es de carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual. Un segundo concepto considera que la función principal de la política social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social. Repetto 4 manifiesta que las políticas sociales y sus expresiones programáticas, entendidas en un sentido amplio, incluyen intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad social, vivienda, infraestructura básica) así como las tendencias a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a promover el empleo y brindar protección ante los males sociales.
1 http://www.definicion.org/politica-social 2 Concepción Ceja Mena: La política social mexicana de cara a la pobreza, Geo Crítica Scripta Nova, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VIII, núm. 176, 1 de noviembre de 2004, p. 1 3 Thais Maingon: Política social en Venezuela 1999-2003, Cuadernos del CENDES, Año 21, No. 55, Tercera Epoca, enero-abril 2004, pp. 48-49 4 Fabián Repetto: La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina, INDES, p. 40
La política social es una disciplina científica y una intervención política dedicada a estudiar (generando teoría) e intervenir públicamente (a nivel estatal o comunitario) en las consecuencias materiales y morales del siempre desigual desarrollo de las sociedades modernas (industrializadas y urbanizadas). Como ciencia normativa y como actividad política (su doble dimensión) presenta la misión fundamental de atender los tres grandes fines de la acción social contemporánea: justicia social (en sentido formal), bienestar social (en sentido material) y orden social (en sentido legal).1 . Fines que se concretan en la constitucionalización y protección de los llamados "derechos sociales" ante dichas fracturas, como competencia y prioridad pública: subsistencia (Bienestar), igualdad (Justicia) y legalidad (Orden); y determinados, historiográficamente, por criterios básicos como la oportunidad política, la identidad cultural y los recursos económicos en un tiempo y un lugar concreto que da sentido a sus proyectos y significado a sus creaciones. 1. Como actividad política, de una manera más concreta, se define como una modalidad de la política general (de la acción de gobierno, de las propuestas programáticas de los partidos políticos y de la actividad de los denominados agentes sociales sindicatos y patronal), mediante un sistema político público (Estado social y de derecho, o formas comunitarias de autoorganización). Actividad que se concreta, mutatis mutandis, en un sistema público de protección de dichos derechos sociales a nivel general (asistencia sanitaria, educación formal y protección sociolaboral) y a nivel específico (Servicios sociales), actualmente bajo el modelo del Estado del bienestar, diverso en sus realizaciones nacionales en función de varias dialécticas: público-privado, ideológicotécnico, centralizado-descentralizado. 2. Como ciencia normativa, se construye como una disciplina de estudio y reflexión, en primer lugar, sobre la naturaleza y el fundamento de las fracturas sociales empíricamente constatadas, y en segundo lugar, sobre los "derechos sociales", como normas jurídicas e instrumentos políticos que buscan alcanzar una mediación histórica, e incluso epistemológica, entre las exigencias de "lo económico" (el bien-estar) y "lo político" (el bien-común).2 mediante un corpus teórico propio, y en colaboración con ciencias afines que precisan el estudio sectorial de campos de trabajo interrelacionados, o dimensiones de investigación como la Economía política, las relaciones laborales, la Salud pública, la Educación, la Sociología o la Antropología.
Por Estado de Bienestar se entiende el conjunto de actividades desarrolladas por los Gobiernos que guardan relación con la búsqueda de finalidades sociales y redistributivas a través de los presupuestos del Estado. Se refiere, por tanto, a la actividad desarrollada por la Seguridad Social en cuatro frentes: transferencias en dinero (por ejemplo subsidios de desempleo o vejez), cuidados sanitarios (un sistema de salud universal y gratuito), servicios de educación (garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos) y provisión de vivienda, alimentación y otros servicios asistenciales.
LOS CUATRO MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR El sociólogo danés Gosta Esping— Andersen definió tres tipos de Estado de Bienestar. Para ello analizó tres grandes áreas: las relaciones Estado— Mercado, la estratificación y la desmercantilización (de— commodification). Así, el Estado Central dispone de una autonomía que le permite desarrollar los sistemas nacionales de protección social, pudiendo determinar cuál será la producción de bienestar que desea para sus ciudadanos. En este sentido diferencia tres modelos, que se podrían extender a un cuarto:
— Modelo liberal anglosajón: en el mismo el Estado decide cubrir únicamente los riesgos que no puede asumir una sociedad decente. En este caso los riesgos se definen con carácter restrictivo y sólo se concede la protección social una vez comprobados los medios de vida e ingresos del beneficiario. — Modelo conservador— corporativista o europeo continental. Parte del principio de subsidiariedad. El Estado interviene siempre y cuando fallen las instituciones más próximas al individuo, como la familia. — Modelo socialdemócrata o nórdico, en el que el Estado cubre todos los riesgos partiendo del principio de universalidad de las prestaciones sociales. Supone la transformación de los sistemas de asistencia social tradicionales en nuevo sistemas con derechos erga omnes (frente a todos) y con amplios programas de servicios sociales. — El cuarto modelo, cuya existencia se debate, sería el mediterráneo. Éste se caracterizaría por la existencia de una asistencia social mínima. La fama de una alternativa norteamericana al Estado de Bienestar se justificaba por el mayor crecimiento económico de EEUU y, sobre todo, por sus menores tasas de desempleo. En la actualidad esta justificación de encuentra en entredicho. Lindert (2004) ha demostrado que el mantenimiento de los gastos sociales en Europa no tiene un coste sobre el potencial de crecimiento económico, siempre que incluya una estructura impositiva que no penalice la inversión ni el trabajo, y siempre que se coordine con las políticas económicas adecuadas.