El Gobierno de El Salvador traslada a 2.000 pandilleros a una nueva prisión

EFE - EL SIE7E

San Salvador.- El Gobierno de El Salvador trasladó la madrugada de este viernes a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó el presidente Nayib Bukele.

“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Agregó: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.

A pesar de que el Gobierno no avisó sobre los traslados, decenas de familiares se movilizaron a la prisión La Esperanza, conocida como Mariona, en San Salvador. Según constató EFE, en este lugar se concentraron unas 150 personas y la salida de varios autobuses del recinto.

Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.

La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

A inicios de febrero, Amnistía In - ternacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su “profunda preocupación”, dado que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de ex -

Pol Tica

cepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 64.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los

Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias. Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.

Boluarte dispone el retiro definitivo del embajador peruano en México

EFE - EL SIE7E

Lima.- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este viernes que ha dispuesto retirar al embajador peruano en Mé - xico, Manuel Gerardo Talavera Espinar, tras las declaraciones de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusa de “injerencia en asuntos internos” del país andino.

En un mensaje a la nación, la presidenta declaró que “las relaciones diplomáticas entre Perú y México quedan formalmente a nivel de encargados de negocios”, tras su disposición de retirar definitivamente al embajador peruano en el país norteamericano.

“El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en el Perú y la decisión del Congreso de la República de vacarlo en el cargo con el voto de 101 de sus 130 parlamentarios”, dijo Boluarte.

Acompañada del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y de la canciller Ana Gervasi, Boluarte afirmó que López Obrador “ha decidido afectar gravemente las relaciones de respeto mutuo amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente ha unido al Perú y México”, y que este ha privilegiado “afinidades ideológicas en menoscabo” de procesos de integración que beneficiaban ambos pueblos. “Con sus declaraciones, el señor López viola el principio sobre el derecho de internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como los referidos a la defensa y promoción de la democracia”, añadió Bo - luarte. Este viernes, durante su rueda de prensa diaria, el mandatario mexicano reiteró que “México va a seguir apoyando al presidente (Castillo) injusta e ilegalmente destituido y va a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia”. López Obrador volvió a referirse a Boluarte como “presidenta espuria” e insistió en que detrás de la destitución de Castillo hay “mucho racismo y clasismo”, así como “muchos intereses creados en el Perú porque es un país con muchos recursos naturales y esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas trasnacionales”.