Ecuador en busca de más financiamiento externo
EFECTIVO I
DOMINGO 30 DE ABRIL DE 2017 La Hora, ECUADOR
B5
El país deberá recurrir al mercado internacional para cubrir necesidades por $10.300 millones en este año.
El ministro de Finanzas sa- Por más dinero liente, Patricio Rivera, ter- Según reporta la firma de vamina su gestión en la carte- lores Nasdaq en su portal con ra de Estado con una información de Reuters, gira internacional en TOME NOTA la razón de los viajes fue la que visitó a varios buscar financiamiento de los inversionistas externo y para ello una Rivera que mantienen deuda Patricio comitiva, encabezada fue designado como el nuevo ecuatoriana. por Rivera y la gerente La gira comenzó el superintendente del Banco Central, Made Economía 18 de abril y se visitaron Popular y deleine Abarca, se reuSolidaria por el las ciudades de Nueva Consejo de nió con inversionistas York, Boston, Los Án- Participación y autoridades económiCiudadana y geles, San Francisco y Control Social cas de EE.UU. y Reino hace Londres, según lo infor- (Cpccs), Unido. seis días. ma el Acuerdo 1995 de Según Reuters, “el la Secretaría de la Adpróximo Presidente de ministración Pública, subido Ecuador deberá hacer ajustes a la página web de la entidad. fiscales necesarios, los mismos
Ecuador busca legalizar a 40.000 mineros informales El director del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador (Inigemm), Byron Granda, señaló durante el Seminario Internacional sobre minería informal y artesanal que tuvo lugar en el país que buscan legalizar a los 40.000 mineros informales que existen en Ecuador. El funcionario sostuvo que este proceso de formalización y legalización “es largo” y que de los 40.000 mineros ilegales “apenas 6.000 se han regularizado”. Este regularización se llevará a cabo, dijo, “dentro de un marco legal claro, precautelando la seguridad y el futuro de las poblaciones de los sectores mineros”.
Proceso productivo
Para Granda, esta legalización forma parte de la iniciativa gubernamental de “transformar y fortalecer el proceso productivo, político, social y ambiental de la pequeña minería y minería artesanal” en el Ecuador. Por su parte, el presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana (Agsmi), Raúl Cruz, defendió la necesidad “imprescindible” de no usar el mercurio para la extracción minera por su alto poder contaminante. “Lo que queremos es que vean que se puede ser responsable y obtener más productividad sin este peligroso producto”, afirmó Cruz, siempre en declaraciones recogidas por los medios locales. (Con EFE)
SITUACIÓN. Muchas operaciones mineras informales buscan regularizarse.
MINISTRO. Patricio Rivera. pasará ahora a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Lento crecimiento ° “El próximo presidente enfrentará un lento crecimiento, seguido de un déficit fiscal amplio y una creciente deuda. Las expectativas de crecimiento económico de
Ecuador son menores al 2,0% en 2017 y 2018”, informó Fitch. Las reuniones de Abarca y Rivera, quien deja el Ministerio de Finanzas, para una posible emisión de bonos fueron organizadas por Citigroup. (LGP)
que son requeridos para controlar la deuda externa”. Ecuador ha estado presente en el
mercado internacional de bonos desde el año pasado, emitiendo un total de 3.700 millones de dó-
lares y Nasdaq avizora que “podría regresar por más dinero”. A finales de enero de este año, sin embargo, el ministro Rivera señaló que no se emitirán bonos hasta que el presidente Rafael Correa termine su mandato. La corporación financiera Fitch indicó que el país deberá recurrir al mercado externo para cubrir necesidades por 10.300 millones en 2017. (LGP)
Intereses generales REPRODUCCIÓN TOMADA DE DIARIO EL ESPECTADOR DE BOGOTÁ DEL 29 DE ABRIL DE 2017
La ridícula censura ecuatoriana Expedidas supuestamente con intenciones altruistas, las regulaciones de prensa se convierten en herramientas de presión y fiscalización de la información. / Archivo AFP. La más reciente decisión bajo la ley mordaza ecuatoriana es una advertencia a todos aquellos que defienden las limitaciones legales a la libertad de expresión y libertad de prensa con nobles propósitos teóricos, sin tener en cuenta las consecuencias perversas que eso trae consigo. Los poderosos, sin importar su ideología, suelen sucumbir a la tentación del autoritarismo cuando tienen herramientas para censurar la libre difusión de ideas. Más aún cuando hacen parte de los aparatos del Estado. El caso parece sacado de una sátira. La Superintendencia de Comunicación tomó la decisión de sancionar a los medios privados Ecuavisa, La Hora, Expreso, El Universo, Televicentro, Teleamazonas y al diario El Comercio por no publicar una noticia que cuestionaba los lazos de Guillermo Lasso, entonces candidato a la Presidencia por la oposición, con empresas fantasma fuera de Ecuador. La información original había sido publicada en el mes de marzo en el diario argentino Página 12. Otros medios ecuatorianos sí lo replicaron. La Superintendencia dijo que esa noticia era de “interés público” y que, bajo la ley de comunicación, los medios tenían la obligación de difundirla. Por eso los multó con US$3.700 a cada uno. Carlos Ochoa, director de la Superintendencia, le dijo a BBC Mundo que “este tipo de multas sirven para castigar y, a la vez, incentivar la mejora de la práctica del periodismo”. ¿Qué tal? El Estado dando clases de periodismo. Aunque el presidente electo, Lenín Moreno, pidió la revisión de la decisión, Rafael Correa, actual presidente, la celebró y dijo: “creen que como los medios de comunicación en su mayoría son negocios privados, pueden hacer lo que les da la gana”.
No es la primera (ni será la última) situación análoga en Ecuador. En el 2015, se sancionó al diario La Hora porque no cubrió un acto social de un alcalde en el sur del país. Esa noticia, según la autoridad, también era de “interés público” y su omisión una violación de la ley. El debate aquí no es si los medios involucrados afectaron o no a su audiencia al abstenerse de publicar la información en cuestión. Ellos ya han expresado sus motivos y, como es natural, han entrado en la conversación con sus audiencias por la decisión editorial. Que todos podemos trabajar para hacer mejor periodismo es algo que no está en discusión. Lo angustiante es que sea el Estado, a través de sus representantes, el autoproclamado juez sobre lo que es o no de interés público y sobre lo que deberían cubrir o no los medios de comunicación. No en vano los dos casos que mencionamos en este texto involucran directamente los intereses de quienes están en el poder: un alcalde y un ataque a la oposición al gobierno de Correa. Esa es la esencia de los problemas con todas las regulaciones que buscan regular el libre flujo de ideas. Expedidas supuestamente con intenciones altruistas y por el bien general, se convierten en herramientas de presión y fiscalización de la información. Claro, dirán que depende de cómo los funcionarios apliquen las leyes, pero apelar a la buena fe de los operadores no es suficiente razón para darles tantos poderes. El resultado, como estamos viendo, es que los periodistas viven con miedo y hay incentivos para la autocensura. Eso, al contrario de proteger al pueblo, lo perjudica, pues genera complicidad con los discursos oficiales y margina las voces críticas, tan necesarias para las democracias y más aún cuando éstas son alteradas por la presencia de líderes todopoderosos y con ínfulas autoritarias.