San Diego posee nuevo centro para discapacitados La mañana del viernes pasado este lugar abrió sus puertas a 40 familias, con quienes se iniciaron los talleres. El barrio de San Diego dispone de un nuevo Centro de Atención a Discapacidades. Se inauguró el viernes anterior gracias a la gestión de la Unidad Patronato San José y ya ofrece ayuda gratuita a 40 familias con parientes con algún tipo de invalidez. Este espacio también otorga capacitación a los familiares, para que aprendan sobre cuidado y manejo de personas con discapacidad. Además, se llevan a cabo actividades de terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, sicología o artes plásticas, entre otras. La Agencia Pública de Noticias de Quito cuenta que Margarita Salazar, de 65 años, visitó por primera vez el centro para que su nieto David Gavidia, de 13 años, quien padece discapacidad física, reciba la atención que requiere para mejorar su condición de vida. “Siempre es importante conocer estas técnicas, más aún si ayudan en la salud de mi nieto. Veo que la
atención es buena, me siento segura el poder dejar aquí a mi pequeño”, destacó Margarita. Primer proyecto
El primer taller que se dio se llama ‘Mi proyecto de vida’, centrado en la sensibilización de las familias para construir una hoja de ruta a partir de interrogantes: ¿Quién soy?, ¿a dónde voy? y ¿qué es lo que tengo? Este acto también tiene previsto desarrollar actividades que sean herramientas para el día a día de los asistentes, como panadería o artes plásticas, que fortalecen su autoestima y autonomía individual. Estas capacitaciones y servicios que ofrece el centro están abiertos al público de manera gratuita. Para mayor información puede acudir al sitio, ubicado en el sector de San Diego, en la calle Padre Almeida Oe9-55 y Chimborazo, o bien llamar al teléfono 251 03 14. (MAP)
LUNES 25 DE ENERO DE 2016 La Hora QUITO, ECUADOR
A5
INTERES GENERAL SOLICITADO POR: Jorge Cristóbal Montero Rodríguez Cc. 1100558848.
Cariamanga, 20 de enero del 2016
Economista Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de la República Quito De mi consideración:
La Escuela Superior Politécnica de Cariamanga “ESPEC”, fue creada mediante Ley de la República e inscrita en el Registro Oficial el 14 de agosto de 1998 y estuvo en funciones desde el año 2004. Mantuvo desde su creación las carreras de Ciencias de la Educación, Mecánica Automotriz, Administración de Empresas, Derecho, Medio Ambiente e Informática; además de la maestría en Educación Superior. El cobro de pensiones osciló entre los 200 y 715 dólares por semestre. Benefició a muchas personas de la región tanto que se dieron 10 promociones de pregrado. El personal docente estuvo compuesto por 30 profesores y el personal administrativo por 21 colaboradores. Su infraestructura está constituida por un campus de 11450 m2, con laboratorios, aulas, biblioteca, policlínico, área administrativa, cafetería y otros servicios, cuyo patrimonio asciende a 2,8 millones de dólares, aproximadamente, el mismo que se constituyó únicamente con recursos económicos de sus promotores y actuales acreedores Jorge Montero R y Fátima Bermeo A., sin recursos del Estado. Mediante Resolución RPC-SO-012-No.071-2012, del Consejo de Educación Superior, de fecha 12 de abril de 2012, notificada el día 13 de abril del 2012, suscrita por los señores René Ramírez Gallegos y Marcelo Calderón Vintimilla, Presidente del Consejo de Educación Superior y Secretario General del Consejo de Educación Superior respectivamente, se dispuso la suspensión definitiva de esta Escuela, situación que provocó un verdadero conflicto social, económico, académico y familiar, puesto que sus estudiantes pertenecían a la clase trabajadora de toda la región sur, que mediante su esfuerzo aspiraban obtener un título académico. Producto de esta resolución se ocasionó una verdadera crisis que no ha sido superada, toda vez que no existe un centro académico de esta misma condición en la zona sur de la provincia de Loja. Según palabras de los representantes del Senescyt, del CES y del CEAACES en su intervención en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, el Estado ecuatoriano asignó 38 millones de dólares para la ejecución del plan de contingencia producto de esta resolución, la cual afectó a aproximadamente 41.000 estudiantes a nivel nacional, de los cuales 474 estudiantes pertenecían a la ESPEC, siendo así el 1% del total de alumnos que pertenecían a esta entidad; esta cifra es muy importante para dimensionar lo que representa la ESPEC frente al número de estudiantes, al monto económico gastado y si se le asignaron o no recursos ya que a los estudiantes que continuaron sus estudios en la ESPEC se les cobró por aranceles y otros rubros para graduarlos. Desde mayo del 2012 se ha solicitado oportunamente al CES el cumplimiento de las obligaciones de la ESPEC para con sus acreedores. En octubre del 2012 la Fiscalía de Pichincha en su informe pericial determinó cuales fueron los activos y pasivos de la institución y a quienes les pertenece el patrimonio, informe que fue la base para que la Jueza Novena de Garantías Penales de Pichincha, ordene el archivo definitivo de la investigación del caso ESPEC. En diciembre del 2012 el Tribunal de Mediación y Arbitraje de la CCQ resolvió un laudo arbitral a nuestro favor ordenando el pago de una de nuestras acreencias. Desde mayo del 2012 se ha demandado civilmente el pago de nuestras acreencias por medio de juicios ejecutivo y de ejecución, los que se tramitan en la Unidad Judicial Multicompetente Cuarta Civil del cantón Calvas y donde 18 jueces temporales han dilatado sin justificación por cerca de 4 años la resolución de estas causas. Actualmente la Comisión Ocasional de Contingencia del CES conoce de estas obligaciones las que ya fueron debidamente sustentadas y deberá resolver sobre el pago o devolución de los bienes. Así mismo la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional en el trámite de la ley derogatoria de esta entidad deberá solicitar el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes, caso contrario se configuraría una “confiscación” de nuestros bienes, violando el artículo 323 de la Constitución de la República y por consiguiente la inconstitucionalidad de la ley. Apelamos señor Presidente a su comprensión para que sirva disponer la revisión de este caso, a que los organismos y autoridades competentes actúen en derecho, respetando el debido proceso, la seguridad jurídica, la celeridad procesal y nuestros legales y justos intereses, con el fin de lograr la justa liquidación de las acreencias y obligaciones pendientes, garantizados por la Constitución de la República y los Convenios Internacionales. Atentamente,
Con Copia para:
ACTIVIDADES. El centro desarrolla talleres para mejorar las capacidades físicas y mentales. (Foto: Agencia Pública de Noticias de Quito)
Jorge Cristóbal Montero Rodríguez Cc. 1100558848.
Señora Gabriela Rivadeneira Presidenta de la Asamblea Nacional
Señores Gustavo Jalk Presidente del Consejo de la Judicatura
René Ramírez Gallegos Presidente del Consejo de Educación Superior
Diego García Procurador General del Estado PAR/101829/AS