La situación actual y nuestras tareas (Proyecto de resolución política para el Primer Congreso Nacional Ordinario) “El viejo orden nunca, ni siquiera en épocas de crisis, caerá, si no se le hace caer” Lenin 1. El capitalismo, como sistema global y por su naturaleza propia, tiende a extender y profundizar los niveles de explotación sobre la fuerza de trabajo, al mismo tiempo que depreda y degrada a la naturaleza sin excepción alguna; por ello tiende a producir condiciones de pobreza, miseria y precariedad generalizada a nivel mundial. El acelerado proceso de acumulación del capital, tiene como principales resultados: la fabricación de un mayor número de pobres en el mundo y, en sentido contrario, el enriquecimiento descomunal de un menor número de multimillonarios. Por otra parte, y de manera recurrente, en el sistema capitalista se presentan épocas de crisis donde se destruye la riqueza de las naciones y se produce una agudización de la lucha por la distribución de la misma; lo que se constituye en la disputa de las clases sociales. El principal teórico del socialismo, Carlos Marx, las define como épocas de ruptura, y señala que al llegar las fuerzas productivas a un determinado grado de desarrollo de las relaciones de producción, las relaciones de propiedad privada se convierten en una traba para sí mismas, abriendo un proceso de revolución social. La crisis actual del sistema capitalista no es simplemente una repetición de otras crisis, pues su acumulación, y la confluencia de diversos factores, la convierten en una crisis global y civilizatoria. Se trata de un sistema que no puede ofrecer una vida social mejor; pues promueve el empeoramiento de la existencia humana —sobreexplotación, desempleo, exclusión, supresión de derechos políticos y sociales, guerras, dominio y represión, enajenación recrudecida— en función exclusiva de las ganancias privadas. Frente a nuestros ojos se derrumban los mitos del progreso, el desarrollo y el crecimiento capitalista. Ante su crisis, el imperialismo norteamericano se torna más agresivo y beligerante. Muestra de ello es que en nuestro continente se desarrolla una política de intervención abierta; promoviendo golpes de Estado en Paraguay y Honduras, impulsando procesos de desestabilización contra la República de Venezuela, manteniendo tropas de ocupación en Haití, así como fuertes presiones financieras, diplomáticas y mediáticas contra Argentina y Brasil. 2. El capital es un sistema que fractura la relación entre sociedad y naturaleza, saqueando a ésta y no permitiendo su regeneración. Para el capital, la naturaleza es como una llave que ofrece riquezas ilimitadas y como un caño donde arroja los desechos contaminados. Sin embargo, los recursos naturales son limitados, de modo que su explotación y saqueo desmedido —junto con la creciente y grave contaminación— está, literalmente, consumiendo y destruyendo a la naturaleza. Funcionando de este modo, el capital ha
provocado un ecocidio global y acelerado que ha destruido, hasta ahora, más de 45% de los ecosistemas del planeta, provocando, además, un cambio climático que ya esta produciendo consecuencias catastróficas para la humanidad. Es por eso que el capital se ha vuelto un verdadero enemigo de la naturaleza. Es necesario, por tanto, generar y extender la comprensión sobre esta crisis civilizatoria que ha provocado el capitalismo; que su dinámica sólo anuncia mayor explotación —así como el incremento de las desigualdades e injusticias—que el funcionamiento mismo del capital implica destrucción ecológica y aceleramiento del cambio climático. Esta conciencia sobre la destrucción ecológica como responsabilidad del capitalismo, no implica meramente la necesidad de un cambio en costumbres y hábitos individuales; sino la necesidad de la lucha política contra el sistema. Por ello es necesario el ecosocialismo, y por eso nuestro compromiso con los campesinos y comunidades que luchan contra los proyectos mineros extractivistas invasores de nuestro país en beneficio de empresas imperialistas —especialmente canadienses— y también nuestro compromiso y solidaridad con todos los movimientos que luchan contra la destrucción ecológica y depredadora del capitalismo. 3. Desde hace décadas, la burguesía ha defendido políticas neoliberales que no hacen más que agudizar las contradicciones y hundir más rápidamente a la sociedad capitalista en la crisis global. Esta crisis global incluye, entre otras, crisis financiera, económica, ecológica, alimentaria, migratoria y de gobernabilidad. Esta crisis global, civilizatoria, es alimentada por el peso de la ideología neoliberal, que se opone a toda salida liberadora y colectiva. Que, por el contrario, exalta el individualismo, el sálvese quien pueda. Que, como corolario de la obsesión privatizadora en todos los órdenes de la vida, sustenta una visión patrimonialista que alimenta la corrupción y la impunidad, presentes en la administración pública de nuestro país. Ese clima ideológico también alimenta la espiral de violencia como modo y modelo de vida; como vía para la obtención de dinero rápido y un status social en el mundo del narcotráfico. También el feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres (sostenido por el pensamiento patriarcal) que se extienden por todo el país, así como la violencia hacia los niños hasta al extremo de la muerte misma. 4. En México, la concentración de la riqueza y la miseria no son la expresión del fracaso neoliberal. Por el contrario, son la evidencia de su éxito porque este proceso dual de riqueza y miseria es inherente al sistema capitalista. De acuerdo a datos de instituciones, como el INEGI, la CEPAL o la Revista Forbes, en México existen 35 multimillonarios. Con sólo las fortunas de los 10 primeros de estos grandes ricos se superan los ingresos de toda la población, es decir, poseen una fortuna de 132 mil millones de dólares (1.8 billones de pesos). Ellos dominan las telecomunicaciones, la minería, el comercio, la banca —y próximamente el petróleo y la electricidad— entre otros rubros. De entre estos personajes destacan Carlos Slim, con una fortuna de 72 mil millones de dólares; Alberto Bailleres, con 12 mil 400 millones de dólares; Ricardo Salinas, con 8 mil 300 millones de dólares, y Emilio Azcárraga con 2 mil 600 millones de dólares, por señalar sólo algunos.
Desde mediados de 2013, la economía mexicana se encuentra nuevamente en una crisis cíclica. La producción nacional cerró con un crecimiento de 0.66% a fines de 2013 y de 1.1% promediado en el año, mientras que la inversión en capital fijo ha sido negativa en ocho de los 12 meses del año. En consecuencia, el capital financiero —alojado en los mercados accionarios y de corto plazo, principalmente especulativos— ha migrado de manera significativa en los últimos meses y la cartera vencida nuevamente se disparó, lo que indica que las compras de mercancías y servicios que se hacen a plazos no se están pagando a sus vencimientos normales, con lo que se han desplomado las ventas al por mayor. Así, el capital invertido y la ganancia esperada no están retornando a los empresarios industriales en el tiempo requerido, por lo que frenan la producción. 5. Desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, todos los inquilinos de Los Pinos comparten la implementación de políticas neoliberales al servicio de gran capital nacional y extranjero; entregaron, y lo siguen haciendo, los bienes de la nación en condiciones oprobiosas; desde Accesorias Tubulares Especiales —la primera oficialmente desincorporada a favor de la CTM— y ahora la electricidad y el petróleo. En ese proceso de disputa por la riqueza socialmente producida, descargan el peso de las crisis sobre los trabajadores y el pueblo, impulsando políticas como la reducción de los salarios reales de los trabajadores, la pérdida del poder adquisitivo y el desmantelamiento de las prestaciones sociales —salud, vivienda, educación, servicios sociales— conquistadas a través de décadas de lucha. Estos elementos: la entrega de nuestra soberanía, patrimonio y recursos naturales a privados, tanto nacionales como extranjeros; la contención gubernamental y empresarial de los salarios, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo; la oferta de empleos precarios y en condiciones de informalidad; la recesión económica; la contracción interna del consumo, y la política fiscal favorable al gran capital constituyen la política económica del gobierno con la que crea condiciones atractivas y generosas para quienes ambicionan hacer crecer sus fortunas, lo que define el factor principal de la acumulación neoliberal. Las consecuencias de este modelo económico excluyente y depredador que genera pobreza y miseria, son el resultado lógico del funcionamiento del capitalismo y constituyen una condición necesaria para su acumulación, que, además de los bajos salarios, podemos resumir en los siguientes aspectos: El desmantelamiento de las leyes laborales, de los contratos colectivos, de los sindicatos; el relajamiento de las normas ambientales; los subsidios fiscales otorgados para la inversión extranjera directa; la destrucción del pacto social de la Constitución —que supone una política de privatizaciones y entrega de nuestra soberanía al imperialismo yanqui y los grandes capitales nacionales y trasnacionales—. A ello, habrá que agregar ahora: petróleo, electricidad, minería y la tierra, como palancas fundamentales de ese proceso de acumulación del capital. 6. Las consecuencias lesivas sobre los trabajadores no se han hecho esperar: la tasa de desempleo en los jóvenes se duplicó en la tasa nacional promedio, alcanzando el 10% en 2013, en tanto que el desempleo ha seguido incrementándose hasta llegar a 2.7 millones
de personas, según cifras oficiales de la OCDE. A ello habría que agregar poco más del 60% de trabajadores empleados en la economía informal, que rebasan el 65% del total de la fuerza de trabajo que no tiene empleo permanente en nuestro país, y eso considerando sólo cifras oficiales, que por su maquillaje esconden una situación más dramática. Por otra parte, en México se vive una aguda sobreexplotación del trabajo. Según algunos estudios, se calcula que sobre la base de una jornada de trabajo de 8 horas, 7:50 horas es el tiempo equivalente a la producción de plusvalía y sólo 10 minutos equivalen al tiempo para producir el valor equivalente al salario. A la vez, la integración cada vez mayor a la economía imperialista, básicamente de Estados Unidos, proporciona mano de obra barata, tanto por la migración, como mediante la explotación directa en México. Esto incide en la insuficiente tasa de crecimiento y la caída permanente del mercado interno: una economía de exportación, aún deformada y parcial, no tiene salarios con poder de compra suficiente para fortalecer el mercado interno. Baste agregar el marcado aumento de precios en gran parte de los artículos de la canasta básica de consumo de la población trabajadora para ver, una vez más, que el costo mayor de estas crisis lo pagamos los obreros; ya que las negociaciones salariales, en los meses que han transcurrido de 2014, no sobrepasan el 4% de aumento en el reducido segmento de trabajadores amparados por contratos colectivos de trabajo. La propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido que reconocer, en un estudio publicado en diciembre de 2013, que el poder adquisitivo del salario mínimo ha caído ¾ partes desde 1976, es decir, que ahora se compra sólo una cuarta parte de lo que se compraba en ese año. 7. Actualmente México es el país con más alto porcentaje de trabajadores en la informalidad de América Latina y el Caribe: 3 de cada 5 empleos en nuestro país se inscriben en la economía informal o subterránea, es decir, casi 30 millones de trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social, están confinados a condiciones laborales precarias, bajos ingresos y falta de derechos, y que se dedican fundamentalmente a actividades comerciales que operan a partir de recursos familiares pero sin constituirse en empresas. Este hecho es fundamental para ser tomado en cuenta por la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), pues nuestra organización requiere ubicar que este es el sector mayoritario de la clase trabajadora, al cual debemos dirigirnos para organizarlos y sumarlos a nuestras filas, así como para incorporarlos masivamente a la Nueva Central de Trabajadores. 8. Los trabajadores y el pueblo son las principales víctimas de esta política neoliberal. El control que históricamente ha existido sobre la clase obrera a partir del corporativismo como un articulado sistema de control y dominación sobre la clase trabajadora, es una traba básica para evitar que, pese a la gravedad de la situación y el nivel de ataque contra sus derechos y conquistas, no haya una respuesta del mismo tamaño por parte de la mayoría de la clase trabajadora. Además del peso del corporativismo charro en la mayoría de los trabajadores organizados, organizaciones sindicales independientes del PRI como la
UNT se niegan a avanzar en una política de ruptura decidida. El chantaje y amenazas de cierre de fuentes de trabajo, despidos masivos y el creciente desempleo y pobreza, igualmente pesan, para no ir más allá de algunas luchas gremiales. Incluso en los sectores afectados directamente por las reformas estructurales neoliberales pesa el gremialismo que impide proponer una salida política y nacional por la abrogación de estas reformas, sustituyéndola por acuerdos parciales y locales. La política neoliberal implica no solamente afectar el nivel de vida de los trabajadores o quitar derechos contractuales, sino destruir los sindicatos. La resistencia del SME frente al ataque de la oligarquía es ejemplar para toda la clase trabajadora. Direcciones sindicales traidoras como la de los ferrocarrileros han permitido, sin la mínima resistencia, la pérdida de fuentes de trabajo y el desmantelamiento sindical por medio de su corrupción. En el futuro inmediato otros importantes sindicatos enfrentarán la disyuntiva de resistir y luchar —lo que les implicaría romper con el PRI— o rendirse y venderse ante la ofensiva destructora neoliberal; entre ellos están los sindicatos de petroleros y el SUTERM. 9. Uno de los sectores más afectados en 32 años de neoliberalismo en México ha sido el campo. A partir de la incorporación de México al GATT (Acuerdo General Sobre Comercio y Aranceles); de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, que abrió las puertas para la privatización del ejido; del desmantelamiento de la Conasupo; de la cancelación de los precios de garantía para los productores agrarios nacionales, y de la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con Estados Unidos y Canadá —el cual abrió indiscriminadamente las puertas de México para la importación de las mercancías agropecuarias de estos países— la producción en el campo se estancó. Más de 10 millones de compatriotas campesinos han emigrado a los Estados Unidos, mientras que la economía en el campo —sobre todo de los pequeños y medianos productores— está en bancarrota, lo que ha transformado a México en importador neto de alimentos básicos; perdiendo con ello su autosuficiencia alimentaria e incrementando cada vez más su dependencia hacía el exterior, principalmente de los Estados Unidos. Por si ello no fuera poco, tanto el modelo neoliberal excluyente, como su régimen político autoritario y corrupto, discriminan, oprimen y marginan a los más de diez millones de indígenas que conforman a los pueblos originarios. Negándoles las posibilidades a su desarrollo y autodeterminación, sometiéndolos al despojo sistemático de sus tierras y propiedades, impidiéndoles el pleno ejercicio a sus derechos ciudadanos y políticos más elementales, ejerciendo sobre ellos una implacable dosis de racismo y segregación social, dividiendo y confrontando a sus comunidades, corrompiendo y enajenando a sus integrantes. Por tales razones, la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas es la búsqueda del derecho al autogobierno de los pueblos originarios, por el reconocimiento de sus usos y costumbres; por asegurar el pleno disfrute de sus recursos naturales, y por el respeto a sus derechos humanos y a las garantías constitucionales de mujeres y varones, de infantes y ancianos. No puede haber respeto a los pueblos originarios sin el cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas —
firmados por el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996— y que hasta la fecha el gobierno federal se ha negado a cumplir. Nuestro apoyo al respeto a los Acuerdos de San Andrés y a los derechos de los pueblos indígenas es parte de nuestra concepción de la necesidad estratégica de la alianza obrera campesina para la transformación revolucionaria. Además de la perspectiva de un bloque social alternativo, en términos de clase planteamos la necesidad de una alianza obrera y campesina. 10. No podemos dejar de lado la asociación que existe entre el modelo económico, la pobreza y los altos índices delictivos que vivimos en nuestro país. A diario se presentan balaceras en la mayoría de estados del país, y existen disputas por las plazas, sea para el narcotráfico o la extorsión. A diario vemos notas periodísticas sobre feminicidios, desapariciones de mujeres, jóvenes y niños por secuestros, trata de personas, tráfico de órganos o por la acción de militares y federales. Los jóvenes se ven envueltos en actos criminales o son contratados como sicarios cada vez más tempranamente. No podemos ignorar que la delincuencia es, a fin de cuentas, la expresión más extrema y descompuesta de la informalidad económica, la pobreza y la miseria. El proceso de militarización, y la falsa guerra “contra” el narcotráfico, han servido al régimen para generalizar la tortura, la desaparición forzada y el asesinato como herramientas de una estrategia de miedo. Esta estrategia tiene como consecuencia la relativa incapacidad de movilización social de las zonas militarizadas aun ante la catástrofe poblacional que representan los más de 150 mil muertos y 27 mil desaparecidos —y cuyas cifras siguen aumentando. La represión, criminalización y judicialización de la protesta social son algunas de las expresiones de este fenómeno que agudiza el rompimiento de las formas de convivencia comunitaria y mantiene una amenaza constante sobre la propia vida de las personas. Esta estrategia de militarización tiene su origen, por un lado, en las políticas imperialistas de Estados Unidos que, mediante medidas como el “Homeland Security” y el Plan Mérida, buscan garantizar la propia seguridad interna y energética y, por otro, en la intención de legitimar a un gobierno emergido del fraude electoral. Esta “guerra” le servía al gobierno como maniobra para tratar de legitimar su gobierno con un llamado a la unidad nacional para luchar contra un fenómeno externo, un supuesto enemigo de todo el país. El gobierno de Peña Nieto ha continuado con esta estrategia de criminalización social, que pone el acento en la tortura sistemática de la clase trabajadora, indígenas, jóvenes, mujeres y otros sectores y grupos sociales, al tiempo que ejerce un mayor control en los medios de comunicación para dar la impresión de que la violencia, y por ende las violaciones a derechos humanos, han disminuido. Por el contrario, como se ha visto con el caso de los crímenes cometidos contra migrantes centroamericanos que pasan por el país, el alcance de esta violencia se ha extendido aun más. 11. A pesar de ello, esta salida represiva y militar ha provocado la necesidad de organizar bajo la figura de los usos y costumbres, formas de autodefensa nombradas y controladas por las asambleas de los pueblos, las policías comunitarias, sobre todo en el estado de
Guerrero, donde, dada su magnitud, se pretende “institucionalizarlos” bajo la figura de guardias rurales, como sucedió con un sector de las autodefensas en Michoacán, medida que se pretende generalizar en todo el país al mismo tiempo que se legitima la represión y la criminalización vía el establecimiento de leyes como la de la movilidad en el Distrito Federal o la “Ley Bala” del estado de Puebla, por señalar sólo algunos ejemplos. El inicio de las crisis siempre responde estrictamente a causas económicas. La salida de las mismas, en cambio, responde a soluciones políticas, que se orientan en un sentido u otro dependiendo las contradicciones del modelo capitalista y el grado de desarrollo de la lucha de clases. Pueden reforzar, como en el caso mexicano, salidas y opciones de derecha, profundizando la aplicación del modelo económico neoliberal, fortalecido por el aparato represivo propagandístico al servicio del estado y de los grandes capitalistas, frenando el avance de la conciencia y de la lucha del pueblo y los trabajadores. 12. Hay que evitar la naturalización de la violencia; aceptarla como normal, acostumbrarse a vivir en la barbarie sanguinaria. Esto implica, necesariamente, la lucha política contra este sistema. Sin lucha política, ganan la batalla el miedo y la ruptura de los lazos de solidaridad entre los trabajadores y ciudadanos, con lo que se produce el que todos sospechemos de todos. A esa violencia desmedida, es necesario sumar otra particularmente inaceptable: la oleada de violencia contra las mujeres, una violencia diversa (intrafamiliar, laboral, sexual), pero, sobre todo, feminicida. De hecho, la imposición del neoliberalismo se pudo dar gracias a la alianza entre las fuerzas liberales y las más conservadoras, en la defensa abierta a un capitalismo que tenía como tarea desmantelar los derechos y libertades conquistadas a lo largo del siglo XX (la educación pública y la herencia del Estado laico, por ejemplo) para que el capital circulara más libremente aumentando sus ganancias. Como reacción a las luchas y victorias de las mujeres impulsadas por el feminismo, en los sexenios neoliberales del PRI y del PAN se ha reforzado una sociedad patriarcal y misógina que alimenta una terrible ola de violencia homicida contra las mujeres de nuestro país. Según estadísticas del INEGI sobre mortalidad, en México son víctimas de homicidio doloso 7.2 mujeres a diario. Esto es, una mujer mexicana es asesinada cada 3:30 horas. Los asesinatos de mujeres han ido en aumento en los últimos sexenios: si en el gobierno de Salinas (1988-94) las cifras eran altas y se contabilizaba a 7, 983 mujeres asesinadas al año, durante el gobierno de Felipe Calderón las cifras se dispararon hasta 12,010 homicidios de mujeres al año. De 2007 a 2012, los estados donde se ha registrado más violencia feminicida son, de mayor a menor número de mujeres asesinadas, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa, y Michoacán (datos de Contralínea en marzo del 2014). 13. Desde 1980 con Pinochet en Chile, el FMI y el BM experimentaron la privatización de las pensiones; con la creación de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORE) —o su equivalente en cada país— las cuales se han constituido en una verdadera plaga por todo el continente. Después de tres décadas de que inició el proceso de
privatización de las pensiones, el balance es completamente desigual, ya que para los trabajadores ha resultado ser negativo, mientras que, por el contrario, los verdaderos beneficiarios han sido los capitalistas financieros con jugosos negociosos provenientes del dinero de los trabajadores a través de las AFORE. En México, con la reforma a la Ley del Seguro Social (1995-97), se privatizaron las pensiones a través de las AFORE y las Sociedades de Inversión Especializada en Fondos de Ahorro para el Retiro (SIEFORE). Como consecuencia, hoy los bancos en México —el 98% de capital extranjero— por medio de 12 AFORE privadas y a través de 44 instituciones, que tienen a su cargo la administración de planes de pensiones, manejan para su exclusivo beneficio, cuantiosos recursos de los trabajadores que, al cierre de 2013, se ubicaron en 2 billones 50 mil 847 millones de pesos equivalentes al 12.9 por ciento del Producto Interno Bruto, a través de 50.3 millones de cuentas individuales. Hay que señalar que para noviembre de 2013, sólo dos de cada siete mexicanos retirados tienen pensión. De los 7 millones de adultos mayores, 1 millón 700 mil reciben pensión, y de ellos sólo 460 mil recibe lo suficiente. Según el INEGI, 46.7 por ciento de la población mayor de 60 años se encuentra en situación de pobreza. Al cuarto trimestre de 2014, el rendimiento real de las AFORE, sin inflación ni comisiones, se espera irá de 3.2 a 6.3 por ciento de las aportaciones al seguro de retiro, cesantía y vejez. Además, si sumamos los recursos del FOVISSSTE e INFONAVIT, más lo depositado en el Banco de México, la cantidad es estratosférica: casi tres billones de pesos (según datos de la CONSAR), y está en poder de sólo unos cuantos. De acuerdo a información que la Secretaria de Hacienda entregó a senadores y diputados, el universo de pensionados y jubilados en toda la administración pública federal y el sector privado asciende a 3 millones 982 mil 653 que, para 2010, representaban una nómina de 247 mil 482 millones de pesos. Además existen 70 mil 399 pensionados de 11 empresas del Estado en proceso de liquidación: Luz y Fuerza; Sistema Banrural; Financiera Nacional Azucarera; Banpesca y Ferrocarriles Nacionales de México, de los que a algunos se paga vía fideicomisos y no se menciona el monto de su nómina. El total de jubilados y pensionados del gobierno federal y el sector privado es de 4 millones 53 mil 52. A partir del diagnóstico que confirma el fracaso privatizador en materia de pensiones, el gobierno se apresta a una nueva reforma al IMSS y al ISSSTE, pero no para cambiar de estrategia, sino para profundizarla a partir de la idea de crear un sistema único de seguridad social donde se abra a la competencia la prestación de los seguros y la atención médica. Ello conduciría a la extinción del IMSS y el ISSSTE a favor del sector asegurador que pretende asumir, en su proyecto de lucro, al grupo más importante del sector formal no registrado en ambas instituciones: el del outsourcing, legalizado con la contrarreforma laboral de noviembre de 2012. 14. Desde el gobierno fraudulento de Salinas de Gortari, los neoliberales empezaron un proceso de desmantelamiento de la Constitución mexicana para someterla a los dictados neoliberales y los intereses que representan. Una Constitución que por su origen tiene la peculiaridad de reflejar la relación de fuerzas entre las clases sociales y su particular equilibrio emergido de la Revolución Mexicana. Empezando con el grave retroceso
histórico que significó la reforma del 27 constitucional en 1991 —precisamente, en relación al derecho a la tierra— en adelante avanzaron a modificar y eliminar conquistas y derechos fundamentales recogidos por el Constituyente de 1917. Ha sido un proceso de sucesivos sexenios neoliberales, que con el gobierno de Peña Nieto y con la subordinación de los partidos del “Pacto por México” (PRI, PAN y PRD) han dado un salto cualitativo, pero en sentido contrario a los intereses populares y de la nación. La Constitución refleja el establecimiento de un pacto social en un momento histórico determinado. Es el sustento jurídico-político-histórico- del régimen político surgido de ese pacto social. Obviamente, el Legislativo puede reformar la Constitución y sus leyes secundarias. Pero por ser la Constitución ese sustento jurídico-político-histórico, existen condiciones y limitaciones para esas reformas. Más aún en el caso de la mexicana, surgida de una Revolución, de una prolongada guerra civil con un costo de un millón de muertos. El poder político mexicano se ha apoyado en el concepto de Constituyente permanente para validar reformas constitucionales con requisitos que le son relativamente fáciles de cubrir —aprobarlas en el Congreso de la Unión por mayoría calificada así como por la mayoría de los congresos estatales. Por tratarse de un régimen antidemocrático, con un Ejecutivo producto de un fraude y de la compra de votos, procedimiento que se expresa también en la composición del Congreso, resulta un Congreso subordinado al Ejecutivo aun más por la existencia, desde el 1 de diciembre del 2012, de un ”Pacto por México” que reconoce al Presidente impuesto y se compromete a aprobar las reformas estructurales propuestas por Peña Nieto. Con estas condiciones, el procedimiento legislativo de Constituyente permanente es muy discutible pues no tiene comparación con la instalación de un Congreso Constituyente como los de 1857 o el de 1917. Por eso, en otros países se propone que la reforma constitucional de aspectos centrales de la misma deba ser acompañada, además del voto de mayoría calificada y del voto de la mayoría de las legislaturas locales, por el voto de la ciudadanía consultada específicamente sobre la reforma antes de ser aprobada. Ese voto es el que puede equipararse con la decisión de una Constituyente, y obviamente ese derecho no está reconocido en México. Las reformas quedan en manos de un Legislativo, subordinado al Ejecutivo, que por todas las características antes señaladas, carece de legitimidad al igual que las reformas que aprueban. 15. En los tiempos que corren, hemos decidido que nuestra orientación política fundamental es la desobediencia civil. Ella también se apoya en el derecho constitucional que establece que los derechos históricos reconocidos por la Constitución no pierden su vigencia mientras el pueblo logra restablecer «su observancia», momento en que también serán juzgados los responsables del «trastorno público» —en este caso, del golpe fraudulento y la contrarreforma constitucional— así como los que hubieran «cooperado a ésta», tal como lo establece la propia Constitución en su artículo 136: «Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se
establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieran expedido, serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado a ésta.» Inmediatamente después del golpe contrarrevolucionario del Congreso de la Unión, con el conjunto de reformas regresivas de diciembre del 2013, la Comisión Ejecutiva Nacional de la OPT denunció y explicó la gravedad y alcance histórico de esa contrarreforma en la declaración Se cierra una época histórica, presentada en la reunión nacional del 7 de enero del 2014 en el auditorio del SME. Ahí afirmamos que: «2013 será recordado como el año de la transformación radical oligárquica de las bases constitucionales heredadas del pacto social que puso fin al proceso revolucionario de 1910-17, de la destrucción de los principales derechos sociales que por primera vez quedarían plasmados en alguna Constitución en el mundo (artículos 3, 27, y 123) y de la demolición de la estructura jurídico política que le otorgó estabilidad relativa a nuestro país, durante todo el siglo veinte. Esta contrarrevolución conservadora oligárquica y ultra liberal constituye una victoria en toda la línea sobre el conjunto de fuerzas sociales y populares, nacionalistas y revolucionarias de nuestra patria. Es necesario reconocer este hecho para sacar las lecciones correspondientes y por tanto, definir las tareas estratégicas y tácticas para la nueva época que se abre. Desde los tiempos de Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, no se habían constituido fuerzas tan regresivas y contrarias al interés nacional y popular como ahora se han unificado alrededor de Peña Nieto (EPN). Articulados en torno al mal llamado “Pacto por México”, los miembros de las cúpulas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (PANAL), se comportaron como verdaderos operadores de las trasnacionales y la oligarquía mexicana destrozando todo vestigio de legalidad, legitimidad, decoro y ética políticas, ofertando nuestros más preciados recursos materiales a las multinacionales. Sólo bastaron 13 meses, el último de Calderón y los restantes 12 de Peña Nieto, para destruir las conquistas más preciadas que muchas generaciones logramos construir para alcanzar mayores libertades políticas y democráticas, así como condiciones de vida y trabajo medianamente dignas. Estamos pues, ante un verdadero golpe de estado técnico por parte de las fuerzas de la reacción y la ultraderecha contra los interesas nacionales y de los trabajadores; ése es el hecho. En tan sólo un año de gobierno de EPN, han surgido de los escombros del basurero de la historia, los individuos más perversos, torvos, entreguistas e ignorantes de toda nuestra trayectoria como país. Cuando pensábamos que
personajes como Miramón, Mejía o Márquez habían sido enterrados en lo más profundo de la insensatez, resulta que resurgen de las cenizas y tratan de culminar su entrega perenne: la entrega de nuestra patria.» 16. Desde la constitución de la OPT, en agosto de 2011, se planteó en la Declaración de principios que nos proponemos «desplazar del poder político, económico y cultural a la oligarquía mexicana y los imperialistas que saquean nuestros territorios y explotan y humillan a nuestro pueblo…en un proceso ininterrumpido que recorre el camino de la lucha por la justicia social, la soberanía nacional y la democracia comunitaria y popular hacia el socialismo» (artículos 2 y 3). Los cambios históricos regresivos que hemos analizado, instrumentados por la oligarquía —el gobierno fraudulento de EPN y el Congreso subordinado por medio de los partidos del Pacto por México— obligan a examinar, reflexionar y actualizar nuestra perspectiva estratégica de lucha y de la lucha por el poder. No debemos continuar como si nada hubiera cambiado. La pérdida de los derechos reconocidos por la Constitución desde 1917 y conquistados como resultado de la Revolución y otras luchas del pueblo y los trabajadores, plantea de inmediato la perspectiva de una verdadera Constituyente, en virtud de la forma ilegítima en que el actual Legislativo impuso las reformas contrarrevolucionarias. Nuevas perspectivas y definiciones políticas también se requieren en la lucha por el derrocamiento de este régimen político marcado por la ilegitimidad que abre la posibilidad para un nuevo Congreso Constituyente; uno que recupere los derechos democráticos, sociales y de soberanía nacional que han sido eliminados por ese bloque neoliberal y pro imperialista. Pretender una asamblea constituyente desligada de la lucha por el fin de este régimen y desligada de los movimientos y fuerzas sociales en lucha, convierte la idea en mera propaganda, en una caricatura o en un evento de propaganda que refuerce la necesidad de una verdadera constituyente surgida de la lucha y no sustituyéndola o hablando a nombre de ella. Un nuevo Constituyente es necesario para recuperar y defender las conquistas sociales que el neoliberalismo les ha arrebatado al pueblo y los trabajadores. Pero esto no es un ejercicio intelectual de elaboración de un nuevo pacto social, de una nueva Constitución, sino como consecuencia de la lucha por el derrocamiento del régimen y por la conformación de un nuevo bloque social alternativo al del poder oligárquico. Por ello es fundamental la construcción de las condiciones sociales necesarias para emprender el proceso hacia una nueva constituyente. 17. Se ha convertido en una frase recurrente la necesidad de la más amplia unidad en la lucha contra las reformas y ofensiva neoliberales. La unidad contra las reformas estructurales de los neoliberales, por la abrogación de las reformas energética y educativa. Pero la unidad no se debe plantear en abstracto, sino en medio de determinadas luchas, objetivos, consignas y también con métodos democráticos y unitarios para lograrla. El PRD —y posteriormente MORENA— plantean que para echar abajo la reforma energética hay que conseguir una consulta popular en el 2015. Para el PRD, este planteamiento es un intento de ocultar la responsabilidad que les cabe —como
colaboracionistas— en la aprobación de las reformas neoliberales a partir de su participación en el “Pacto por México” que reconoció a EPN y avaló todas las reformas previas que pavimentaron el camino de la energética. El planteamiento comparte la misma debilidad que otras propuestas hechas como el recurso de los amparos contra la reforma por su carácter inconstitucional. Antes de diciembre del 2013, era frecuente que ante reformas o leyes secundarias privatizadoras y en general neoliberales, esgrimiéramos el argumento de su inconstitucionalidad. Obviamente frente a este planteamiento, la Suprema Corte finalmente argumentará que cualquiera de estos cambios ya es constitucional, gracias a los cambios aprobados por el Legislativo en diciembre del 2013. El punto no es posponer la lucha contra la reforma energética para el 2015, sino desde ahora luchar contra ella y contra el poder oligárquico que controla el Legislativo y que compró la Presidencia para EPN. Para el PRD y MORENA, reclamar una consulta popular en 2015 —simultáneamente a la campaña electoral de ese año— es convertirla meramente en propaganda que identifique a sus partidos y candidatos como opuestos a la reforma energética; es decir, usar el tema de la reforma energética para fines electorales que aseguren un cierto número de curules aunque no logren modificar nada de la privatización energética. Por eso decimos que es una propuesta muy limitada luchar por conseguir una consulta popular hasta el 2015. Pero además, el PRD —con su necesidad de relegitimarse por su papel jugado en las reformas— y MORENA, «…quieren imponer una ‘unidad’ que es subordinación a sus respectivos proyectos políticos. Eso da lugar a la imagen que alimentan los medios de comunicación que se quejan de ‘falta de unidad’ pero hablando como si hubiera solamente dos opciones. Y no hay solamente dos opciones, como se ha comprobado en las recientes movilizaciones aunque los medios insistan en hablar solamente de dos y olvidar la que es representativa de los movimientos sociales en lucha y que generalmente encabeza el SME (y la NCT) y que apoya la OPT.» Y aquí se encuentra la otra perspectiva de unidad que la OPT apoya. Es, por un lado, la unidad que se construye desde los movimientos en lucha que ha impulsado también el SME y que tiene dos importantes referencias: la Nueva Central de Trabajadores que agrupa fuerzas sindicales en lucha e independientes y, por el otro, el movimiento nacional de usuarios de energía eléctrica que agrupa y organiza a sectores populares. «Son estos esfuerzos que pueden apuntar a la lógica de cambiar la relación de fuerzas a nivel social y que pueda imponer la unidad amplia y democrática a otras fuerzas sociales y políticas. Su debilidad se encuentra precisamente en su referencia política, pero es ahí donde se ubica la responsabilidad y tareas para la OPT. Por eso decimos que además de las tareas organizativas tiene un nuevo reto en la perspectiva de construirse como la referencia política de la clase trabajadora y de los movimientos en lucha.» (Balance y perspectivas de la OPT). Llamamos a la unidad en la lucha contra las reformas neoliberales, pero no nos quedamos en el estrecho marco de un eventual acuerdo con partidos de la izquierda
institucionalizada, sino que construimos la unidad desde el movimiento, como expresión de la unidad popular. Una unidad que no está subordinada a los proyectos y agendas de otros partidos, sino en torno a demandas y objetivos concretos de lucha obrera y popular, para que realmente sea más amplia. 18. La combinación y unidad de todas estas experiencias de lucha y resistencia debe apuntar a la conformación de un bloque de fuerzas sociales y políticas alternativo al del poder oligárquico para finalmente sustituirlo en el poder. Lograr la conformación de ese bloque social alternativo es claramente una perspectiva política y de poder. Por eso es que al mismo tiempo se requiere la existencia, crecimiento y posicionamiento de un partido del pueblo trabajador —tal como queremos que sea la OPT — para que apunte en esa dirección. Y por eso también es que la construcción de ese partido de los trabajadores es en sí mismo una necesidad estratégica. No podrá conformarse un bloque social alternativo al del poder burgués neoliberal de la oligarquía, si no existe en el impulso al bloque alternativo una fuerza política organizada de la clase trabajadora y el pueblo, con una definida postura no sólo antineoliberal sino claramente anticapitalista. Convertir a esta fuerza en el referente político proletario frente a los otros actores políticos es necesario para asegurar la conformación del bloque alternativo. Por eso también es estratégica una referencia organizada de la clase trabajadora en lucha y resistencia como es la Nueva Central de Trabajadores que eleve el peso obrero en la circunstancia actual, pero con independencia política y libre de los controles corporativos del priismo y sus charros sindicales. 19. Al hacer el balance de la campaña por el registro legal de la OPT señalamos que fue un éxito pues nos permitió iniciar el proceso de construcción real de la Organización. Además de señalar las restricciones que la ley electoral establece para el registro de un partido como el que queremos construir con la OPT, el no tener ahora registro no afecta el balance de lo conseguido política y orgánicamente con la campaña. Además, por lo que hemos explicado en cuanto al carácter histórico y reaccionario de las reformas neoliberales impuestas, eso ocurre en una situación de creciente descrédito y desprestigio de las instituciones político electorales en el país, además de la cada vez más amplia ilegitimidad de sus actos. El rechazo y descrédito con respecto a las instituciones político electorales seguramente se incrementarán con la nueva reforma política, realmente sólo una reforma electoral. En el balance de la campaña por el registro hemos dicho: «Ya explicamos las razones políticas por las que iniciamos la campaña por el registro legal (básicamente en la defensa del derecho democrático de que los trabajadores cuenten con su propio partido) y aunque eso implicaba cubrir los requisitos de ley de asambleas y afiliados, eso no quiere decir que la OPT corresponde al concepto de partido que la ley refleja. Para la ley electoral, un partido es exclusivamente para participar electoralmente y nace o muere cuando el IFE (o ahora el INE) certifica sus asambleas constitutivas y demuestra cumplir sus requisitos. Si no hay asamblea constitutiva certificada por ellos, el partido no existe ni tiene derecho a presentarse
como tal. La OPT, en cambio, nació sin registro legal y seguirá existiendo con o sin registro, por voluntad de sus militantes y para cubrir la necesidad histórica de que los trabajadores cuenten con su propio partido. La OPT surgió de la iniciativa lanzada en octubre del 2010 por el compañero Martín Esparza en el estadio Azteca, en uno de los momentos más álgidos de la lucha de resistencia del SME. La OPT se fundó en un congreso celebrado aquí, en el auditorio del SME, en agosto del 2011. A diferencia del concepto que sostiene el reconocimiento legal de los partidos ante el IFE, la OPT no se “constituye” con el proceso legal, sino que viene de antes del trámite de registro y sigue después. No es un partido “de temporal” que nace y muere con el registro legal del IFE. La OPT nace para cubrir una necesidad política de la clase trabajadora, y no en forma exclusiva para cubrir los requisitos de ley para el reconocimiento de un partido para las elecciones. Porque la OPT no es exclusivamente un partido para las elecciones, sino para organizar la lucha del pueblo trabajador para sacar del poder a la oligarquía neoliberal. No somos abstencionistas por principio, pero no nos limitamos a la participación electoral que es el objetivo de los registros legales de partidos de acuerdo a la actual legislación e instituciones político electorales. Como partido para la lucha, eventualmente participamos también en el terreno electoral evitando diluirnos o confundirnos con otros partidos para, en este terreno, también defender y representar los intereses de la clase trabajadora. Todavía tenemos que continuar la lucha por eliminar las trabas y restricciones antidemocráticas a la legislación electoral vigente pero, mientras tanto, reafirmamos que con registro o sin registro, la OPT va.» (Balance y perspectivas de la OPT, 29 de marzo de 2014) Este 2015 se elegirán diputaciones federales, gubernaturas en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Querétaro, Guerrero y Campeche. También, alcaldías y diputaciones estatales en Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Tabasco, además de jefes delegacionales y asambleístas en el Distrito Federal. Este proceso electoral plantea la necesidad de que la OPT fije su posición frente al proceso mismo y frente a otras fuerzas políticas. Esta será la primera elección con la recién aprobada reforma político-electoral. Las nuevas modificaciones legislativas muestran de manera clara el carácter anti-democrático del régimen con aspectos como la elevación del porcentaje necesario para constituirse legalmente como partido político como en la reelección consecutiva a senadores, diputados, etc. Tanto en el panorama ya descrito de nuestra búsqueda del registro electoral, como el planteado para un futuro cercano por esta contrarreforma política, no existen condiciones para la participación electoral de la OPT. Ello, tanto por que no obtuvimos nuestro reconocimiento legal, como por que los partidos que sí lo tienen defienden las políticas neoliberales y antidemocráticas que combatimos. De ese modo, no nos es posible participar electoralmente como una opción política del pueblo y los trabajadores, con nuestras propias banderas, reivindicaciones y programa político.
Es importante comprender que este 2015 —de manera particular pero no exclusiva en el Distrito Federal— se plantearán tres grandes perspectivas a los trabajadores y el pueblo. Por un lado, la actuación del PRD; su colaboración con las reformas constitucionales de Peña Nieto, los escándalos de corrupción y la implementación de políticas neoliberales y represoras en las entidades que gobiernan, propiciará un voto de castigo a este partido por parte de aquellos que critican estas acciones y se han percatado de que el PRD es un partido neoliberal. Por otro lado, será planteado el voto útil. Precisamente, el comportamiento de las administraciones perredistas ha abierto la posibilidad de que la capital de la República sea reconquistada por el PRI, lo cual traería terribles retrocesos en materia de derechos políticos y sociales. Paradójicamente, sectores del PRD comienzan ya a plantear que los capitalinos habremos de evitar a toda costa la llegada del PRI a la Jefatura de gobierno, omitiendo las políticas de las pasadas administraciones perredistas. Al mismo tiempo, estará presente la posición del abstencionismo político, que desde hace ya varios años va en aumento en nuestro país ante la falta de credibilidad de la ciudadanía en el sistema político mexicano. Esta perspectiva plantea que, no debemos participar y legitimar a las instituciones político-electorales actuales y sus partidos políticos y, por ello, no participar en el proceso electoral. De igual modo, en estas elecciones de 2015 se pondrá en juego qué partido es alternativo al poder oligárquico y neoliberal en México. Tanto el PRD como MORENA han tratado de capitalizar esta imagen, haciéndose ver en los medios de comunicación como la única alternativa de izquierda para la población. Adicionalmente, MORENA no se ha caracterizado por el respeto democrático a otros sectores del movimiento, como lo que hoy representa la OPT. Busca incorporar a sus candidaturas a camaradas de la organización, pero oscureciendo la existencia de la OPT proponiendo acuerdos en lo individual con estos compañeros, debilitando la referencia de nuestra alternativa política. Por ello, participar electoralmente con MORENA significaría aceptar determinado número de candidaturas, no como aliados acercados por los propios programas políticos, sino de acuerdos pragmáticos que nos subordine a su agenda sin la posibilidad de plantear nuestras propias banderas. Como ya hemos dicho, es fundamental que la OPT asuma una posición propia frente a esta perspectiva electoral. Una posición independiente de la izquierda institucionalizada de cualquiera los partidos reconocidos en México. Una posición que no condene el voto de castigo al PRD, que no marche con el voto útil, y que no olvide el derecho de los trabajadores a contar con un partido propio reconocido legalmente. Por ello es necesario que frente a la coyuntura electoral, la OPT construya una campaña propia de visibilización y agitación. En tanto que la militancia de la OPT interviene de manera directa y real en el movimiento social —como el movimiento de usuarios de luz o la Nueva Central— es posible plantear que nuestra perspectiva es que los actuales partidos no nos representan y, por ello, no iremos al proceso electoral con candidatos o en alianza con otros partidos. Esta campaña tendrá que captar a esos decepcionados de los partidos políticos neoliberales para mostrarles que es posible construir una alternativa política desde abajo,
con intervención real en el movimiento social y de la mano con el pueblo y los trabajadores. Una campaña que apueste por reforzar nuestra política de alianzas con organizaciones que estén dispuestas a luchar por la abrogación de las contrarreformas y a movilizarse conjuntamente. Para la OPT una campaña así será la continuación de la campaña por el registro, es decir de contar con el derecho a un partido propio. También será la oportunidad de presentar en campaña política los movimientos y luchas en que participamos y con los que podemos llegar a acuerdo de participación como apoyo y difusión a sus demandas y luchas, y al mismo tiempo, ubicarlas en una perspectiva política independiente y de lucha contra el poder capitalista, oligárquico y neoliberal. Seguramente también pesará la presión institucional de hacer campaña sin registro y la presión política de quienes llaman a la unidad, pero para que nos subordinemos a ellos, con el argumento de que dividimos el voto pero buscando anularnos como opción alternativa. Obviamente, de aprobarse una campaña de la OPT como esta para el 2015 deberá elaborarse un programa político que recoja las demandas que hemos venido enarbolando en el movimiento y las diversas luchas, así como una perspectiva política que las enmarque con en base en lo aquí señalado. En varios documentos previos de la OPT se ha avanzado en la elaboración de ejes programáticos que habría que retomar. 20. En las condiciones actuales de la izquierda y en particular de la OPT, es fundamental impulsar una salida alternativa que cuestionando al modo de producción capitalista neoliberal, su carácter decadente, depredador e inhumano bajo la firme idea de que el socialismo no sólo es posible, sino necesario en el mediano y largo plazo, pero actuando en las luchas concretas y específicas, en un proceso de acumulación de fuerzas que nos permita resistir, detener la ofensiva neoliberal y pasar a la ofensiva. Lo correcto es comenzar la lucha, pues es en ésta donde se conocen y se cuestionan los límites del capitalismo, sus contradicciones y sus debilidades, es en esta lucha donde la clase obrera y el pueblo se templan, adquieren experiencia, se unen y se organizan para derrotar el modelo opresor y explotador. Frente a esta situación es un paso fundamental la reciente fundación de la Nueva Central de Trabajadores, impulsada por los camaradas del SME. Es un paso fundamental para impulsar la independencia política de la clase trabajadora mexicana y la posibilidad de condiciones diferentes para la lucha y resistencia contra la ofensiva neoliberal. Pese a las trabas corporativas existentes en la mayoría de las organizaciones, de todos modos las luchas de resistencia de los trabajadores se mantienen y siguen creciendo. Obviamente la más destacada por su amplitud masiva y nacional fue la movilización del magisterio durante el 2013 contra la llamada reforma educativa, en realidad reforma laboral. Una movilización que, en su momento, fue más allá de las fuerzas organizadas en la CNTE tradicionalmente opuesta a la dirección charra, para incluir a otras corrientes y expresiones sindicales o nuevas o algunas provenientes del oficialismo institucional. La lucha por la abrogación de la reforma educativa no ha concluido, antes bien continúa y se expande. Además de la heroica resistencia del SME, destaca también la de los mineros y sus huelgas en Taxco y Sombrerete, además de la golpeada en Cananea, pero acosado y todo,
el sindicato sigue resistiendo. Por los efectos de la política educativa hay también una reanimación de la lucha sindical de los universitarios por diversos temas, como han sido los casos de los trabajadores de la Universidad de Sonora o de Colima, así como de la UALCCA de Chilpancingo. En la lucha de los usuarios de energía eléctrica, no sólo se observa el peso que significan las altas tarifas, pues en la lucha el usuario va comprendiendo y desmenuzando la política que en materia de electricidad impulsan los gobiernos neoliberales, entiende que detrás de ésta, se entregan los recursos y el patrimonio nacional a los grandes empresarios nacionales e internacionales y el papel del gobierno de Peña Nieto como instrumento de aquéllos y la pérdida de la Soberanía Nacional, asimismo va comprendiendo quiénes son nuestros enemigos y el papel antipopular que juegan los diferentes poderes de la Unión. No podemos ver a la juventud simplemente como un apéndice de otros sectores a los que se tienen que subordinar en su dinámica de lucha gremial o a veces hasta en su política inmediata; la juventud tiene su propia dinámica y en este sentido necesita sus propias estructuras y tiempos que le permitan que fluya esa energía rebelde, encauzando y ligando su iniciativa a la lucha de los trabajadores y el pueblo. Necesitamos una estrategia en la proyección amplia de las aspiraciones presentes de la juventud; entendiendo en este sentido que la juventud de hoy reivindica no sólo escuela y trabajo, sino democracia verdadera, sexualidad libre, esparcimiento emancipador, medios de comunicación libres y democráticos. Son estos momentos de la lucha en que se puede asegurar la toma de conciencia, es cuando comenzamos a ligar la ideas de que sólo el pueblo y los trabajadores responden por el pueblo y los trabajadores, es en esos momentos de la lucha en que comprendemos que en México es imposible mejorar sustancialmente nuestros niveles de vida y de trabajo y defender nuestra soberanía nacional sin la necesidad de la transformación radical del país, en donde los trabajadores y el pueblo seamos poder y gobierno, donde vivamos holgadamente del producto de nuestro trabajo e impidamos enriquecerse con el trabajo ajeno. Finalmente, también aprendemos a distinguir el papel de quienes pactan con los neoliberales, quienes hacen de la lucha de clases un conflicto funcional, quienes sólo impulsan lo que consideran electoralmente rentable, sin cuestionar la legalidad vigente y fortaleciendo la política neoliberal. Por lo que este Consejo Nacional Extraordinario, deberá asumir y acordar las siguientes tareas y actividades: 1. Retomar las tareas, plan de acción y ejes programáticos, acordados en las reuniones nacionales y el 4° Consejo Nacional. 2. Restablecer la vida estatutaria de la OPT y continuar la construcción de su estructura, en los planos nacional, estatal, municipal, delegacional y el establecimiento de los comités de base en el territorio. 3. Fortalecer una estrecha relación con las luchas del pueblo y los trabajadores, levantando firmemente sus demandas tales como: la abrogación inmediata de las
contrarreformas energética, educativa, laboral y de telecomunicaciones, salario de emergencia, empleo digno, tarifa social, retorno al trabajo a los electricistas del SME, solución a las huelgas mineras, no al examen de evaluación al Magisterio, ampliación de la matrícula en las universidades públicas, etc. 4. Contribuir consecuentemente a la construcción de sus instrumentos de lucha de los trabajadores y el pueblo, especialmente la Nueva Central de Trabajadores, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. 5. Retomar como acuerdo de nuestra Organización, la participación en la Campaña Nacional de Desobediencia Civil “NO AL PAGO DE LA LUZ” hasta echar abajo la reforma energética. 6. Acordar la Convocatoria para la realización de nuestro I Congreso Nacional Ordinario para el mes de Octubre de 2014 y organizar e iniciar la discusión preparatoria con el presente proyecto de Resolución Política. 7. Fijar nuestra posición frente a los procesos electorales locales y federales en curso y particularmente del 2015, bajo la orientación de asumir una posición política propia e independiente de la OPT como partido no supeditado a ningún otro. La participación o no en procesos electorales, deberá ser discutida y avalada como Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. 8. Una vez concluidos los trabajos del I Congreso Nacional, iniciar la discusión sobre los documentos básicos de la OPT para que en un próximo Congreso Extraordinario, podamos discutirlos y acordar ajustarlos a la nueva realidad. 9. Asumir las tareas de formación y capacitación ideológica, política y organizativa. 10. Definir nuestra política de alianzas. 11. Definir una política que nos ayude a construir a la OPT en el movimiento estudiantil a partir de la discusión planteada por el documento de la Comisión de Jóvenes y Estudiantes de la Comisión Ejecutiva Estatal del Distrito Federal en el Consejo Nacional.
Fraternalmente Consejo Nacional Organización Política del Pueblo y de los Trabajadores México, DF, junio de 2014