LA CUESTIÓN CHILENO-PERUANA DE TACNA Y ARICA

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LA CUESTIÓN CHILENO-PERUANA DE TACNA Y ARICA: CAUSAS, DESARROLLO Y SOLUCIÓN DE LA DE LA CONTROVERSIA CON EL TRATADO DE 1929 -Ampliado y actualizado el 28 de marzo de 2008-

“Sólo saben lo que es Chile, quiénes lo han perdido” - Padre Jesuita Fray Manuel Lacunza en el desierto –

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TRAS LA GUERRA DEL PACÍFICO CHILE QUEDÓ EN POSESIÓN DE LAS CIUDADES TARAPAQUEÑAS DE TACNA Y ARICA. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PONERSE DE ACUERDO PARA REALIZAR UN PLEBISCITO QUE DECIDIERA LA SOBERANÍA DEFINITIVA EN AMBAS CIUDADES CONFORME LO EXIGÍA EL TRATADO DE PAZ DE ANCÓN DE 1883, SE DEBIÓ ASUMIR LA VÍA DE LAS NEGOCIACIONES QUE CULMINARON EL EL TRATADO DE 1929, POR EL CUAL CHILE CEDIÓ TACNA AL PERÚ. EN UNA PRUEBA DE LA INEXISTENCIA DE UN ESPÍRITU EXPANSIONISTA Y HEGEMÓNICO CHILENO EN LA REGIÓN, CHILE DEVOLVIÓ AL PERÚ ESTA CIUDAD TRAS CUARENTA AÑOS DE DOMINIO SOBRE LA MISMA Y TENIENDO TODOS LOS DERECHOS INTERNACIONALES A SU FAVOR PARA RETENERLA COMO CONQUISTA BÉLICA. El Tratado de Ancón de 1883 y la situación de Tacna y Arica En 1882, la Guerra del Pacífico cumplía tres sangrientos años y la situación, lejos de mejorar, se complicaba a cada segundo a pesar de que los Aliados estaban ya virtualmente derrotados desde la victoria chilena en el Campo de la Alianza y, luego, con la ocupación de Lima. Durante el año anterior, la Argentina había logrado arrancarle a La Moneda la firma del Tratado de 1881, por el cual Chile debió renunciar a todos los derechos que alegaba para sí en la Patagonia oriental, al resultar incapaz de poder asumir los riesgos de resistir un nuevo frente de guerra por el Sur del territorio. Paralelamente, los grandes acreedores del Perú en Inglaterra, Francia y Estados Unidos se habían organizado para provocar una intervención política sobre el conflicto y salvar para el Perú las riquezas de Tarapacá, intromisión con la que el Gobierno de Chile debió lidiar peligrosamente por varios meses, evitando así el fantasma de la interferencia compulsiva o armada por parte de las grandes potencias. En medio de los esfuerzos chilenos para que se constituyera un gobierno provisorio peruano con el cual firmar la paz, surgió en Cajamarca la vozdel General Miguel Iglesias, a la sazón Jefe del Ejército del Norte de las fuerzas rebeldes que aún quedaban organizadas dentro del Perú, intentando evitar la capitulación. En un acto que sus detractores no le perdonaron jamás, acusándole de traidor y oportunista, el 31 de agosto de 1882, Iglesias hizo público su famoso "grito" de la Hacienda de Montán, donde admitía que nada podía esperar ya el Perú y que mantener la resistencia sólo atrasaría la inevitable derrota, a costa de innecesario dolor y de gastos, por lo que urgía aceptar la paz sin mayores dilaciones. El nuevo escenario permitió constituir un poder político en el Perú con el cual pactar las condiciones de rendición y el retiro de los chilenos. El 10 de julio del año siguiente, vino a producirse la gloriosa victoria chilena en la batalla de Huamachuco, derrotando al General Andrés Cáceres y destruyendo sus fuerzas, con lo que la campaña de la Sierra y las acciones militares en el territorio llegaban a su fin. El Tratado de tregua de Ancón, finalmente, pudo ser firmado el 20 de octubre de 1883, poniendo fin oficialmente a la Guerra del Pacífico. En primer término, la Provincia de Tarapacá -que limita al Norte con el río Camarones, al Sur con el río Loa, al Oriente con Bolivia y al Poniente con el Pacífico- sería cedida a perpetuidad a Chile. Luego, este país continuaría en por diez años en posesión del territorio de Tacna y Arica, limitando al Norte con el río Sama y al Sur con el Camarones. Al término de este plazo, un plebiscito decidiría la propiedad definitiva de estos territorios, debiendo cancelar el país ganador al otro, diez millones de pesos chilenos. El acuerdo también reestablecía relaciones entre ambos países y comprometía a pagar 10 millones de pesos a la otra parte por quien lograra retener Tacna-Arica por los mecanismos establecidos. El articulado del Tratado también comprometía a Chile a dividir en partes iguales la venta de un millón de toneladas de guano realizada dos años antes, descontándose sólo los gastos y desembolsos señalados en el decreto del 9 de febrero de 1882, que había autorizado esta venta. Los acreedores del Perú serían los receptores de estos dineros, quienes seguirían percibiendo esa fracción del 50% de las ventas posteriores hasta que se extinguiese la deuda.

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Otras disposiciones estaban destinadas a evitar la competencia entre Chile y Perú por la explotación de las covaderas e impedir el surgimiento de nuevos acreedores para los territorios de Tarapacá, desde ahora formalmente chilenos. Logrados estos acuerdos, las ratificaciones se canjearon en la capital peruana en 20 de mayo de 1884, siendo publicado en Santiago al día siguiente, en el Diario Oficial Nº 2.129. Luego, Patricio Lynch y los últimos chilenos ocupando Lima, se embarcaron de vuelta a su patria en la "Abtao", en el Callao, el 4 de agosto siguiente, tras devolver todos los edificios administrativos al Gobierno del Perú en solemnes ceremonias. Al hacerse cargo de la administración de Tacna y Arica, los chilenos encontraron ambas ciudades en un estado francamente deplorable. No sólo la guerra habían dejado a ambos poblados en un estado intemperante, sino también la desidia del Gobierno central y a la especulación de algunos inversionistas y comerciantes, desde mucho antes de la ocupación chilena. No obstante que la incorporación a Chile constituyó un enorme avance en las obras públicas y el orden social, como nunca antes lo habían tenido las ciudades, este progreso convivía con rasgos de retraso evidentes para la población. Así, no era de extrañar que el diario tacneño "El Caplina", en su número 26 del 20 de enero de 1885, reclamara en su página principal:

"Al ver tanto movimiento en las calles, tanta actividad en los talleres y tanto progreso en la parte material de la población, cualquiera creería que Tacna atraviesa la época más próspera de su existencia". "Al ver, en efecto levantarse nuevos edificios en cada cuadra, abrirse nuevas calles en cada suburbio, pintar, blanquear, calzar paredes, renovar trechos, cambiar aceras, competir en fin un vecino con otro, todos con el infatigable Director de Obras Públicas en el aseo y ornato de la ciudad, parece que asistiéramos a la época del renacimiento". "Sin embargo, no es oro todo lo que relumbra". "La situación económica del país no es tan bonancible como e aspecto material de la ciudad. Puede ser que las causas perturbadoras sean anteriores y que nada tengamos que increpar en la actualidad. Pero el hecho es que el comercio cruza una época de verdadera crisis". "Las transacciones no se desenvuelven en la escala prometida para el régimen de la Aduana común. Los intereses del capital se mantienen a un tipo subido. Los capitales mismos se retraen manifestando desconfianza. Las operaciones bancarias son insignificantes. El bajo comercio apenas cubre sus gastos cotidianos. El esplendor de víveres impone su ley a la moneda y al consumidor. Y los montes de piedad se hallan abarrotados de prendas". "¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida económica de Tacna no ha encontrado todavía su verdadero centro de gravedad. Esto significa que navegamos sin brújula en un piélago desconocido, sin que a orientarnos basten los diversos sistemas que se han venido ensayando". "Posible es que semejante fenómeno no sea más que el reflejo local de la crisis financiera que, lastimando el crédito de la nación, engendra pánico en el crédito particular. De aquí resulta naturalmente que la impetuosa corriente mercantil que desciende desde las plazas bolivianas, enrielada por el alto comercio, cruce este territorio sin dejar huellas perceptibles en la generalidad del pueblo. De aquí también que ese mismo alto comercio, huyendo del curso forzoso del papel, en lugar de esperar al comprador de la sierra, como antes lo hacía, se haya trasladado al centro mismo del consumo, en busca de valores firmes, impidiendo así que los comerciantes de aquellas regiones vengan a aumentar el numerario circulante en Tacna, y dejando el resto del comercio presa de las vacilaciones y fluctuaciones de la moneda en medio del movimiento aparente de la localidad".

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"Y si esto fuera realmente así, entendemos que no se ha comprendido bien el rol que compete a Tacna en las relaciones permanentes de pueblo a pueblo". "Tacna no es simplemente un embudo para vaciar capitales, es el punto de reunión donde tienen que formarse verdaderos núcleos de confraternidad; y mal podría cumplir con tan elevada misión, si en lugar de asimilar el tráfico, nivelando los valores, se obliga a estos a pasar como por una escala de fuego". "Toca a los hombres de estado el dar al caso una solución armónica con los intereses vitales del país". Con esto, quedaba sentado entonces el desafío no sólo de hacer efectiva y eficiente la presencia chilena en los territorios, sino proyectar políticas tendientes a una solución definitiva para el estado de las mismas. Había comenzado así, el largo período de la post-guerra del Pacífico, sólo al final del cual -y luego de casi medio siglo más- Chile y Perú podría arribar en un acuerdo definitivo.

Peligra la paz fronteriza. Perú exige "desocupación" de Tacna-Arica Sin embargo, la redacción del Tratado de Ancón iba a abrir una verdadera selva de interpretaciones que uno y otro lado consideraba las más adecuadas y apegadas al espíritu del mismo. Gonzalo Bulnes en "La Guerra del Pacífico" y Conrado Ríos Gallardo en "Chile y Perú", confirman que, ya el 27 de octubre de 1883, el Plenipotenciario chileno Jovino Novoa le había preguntado al Presidente Santa María quiénes eran los que iban a tener derecho a voto en el plebiscito que se preveía para Tacna-Arica, anticipando quizás las triquiñuelas que el Perú iba a tratar de imponer para lograr un resultado favorable. Sin embargo, como diría más tarde el Canciller Aldunate, gestor de la tregua de Ancón:

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"Nadie dudó, por un sólo instante, que dar a Chile la posesión por diez años de esos territorios, era sinónimo de darle su dominio". El Tratado de Ancón exigía textualmente la fijación inmediata de un protocolo para establecer las bases de su artículo 3º, referido precisamente al plebiscito que debía realizarse para decidir el destino de Tacna y Arica. Sin embargo, mareados por el elíxir de la paz y distraídos con sus propios problemas internos (propios de países que llegan al final de un largo tránsito de guerra), ninguna de las partes se preocupó realmente de comenzar a definir los términos de dicho convenio y la cuestión se postergó, quedando peligrosamente abandonada, como un incendio forestal olvidado entre los bosques de las relaciones exteriores. En 1886, Novoa fue reemplazado por Benicio Álamos González. Al llegar a Lima el nuevo plenipotenciario, el muy antichileno General Cáceres acababa de derrocar a Iglesias, y sin duda no tenía en gracia atenerse a las responsabilidades de este tratado de 1883, que era considerado un símbolo de humillación y derrota entre los veteranos que integraron la resistencia de las Sierras del Perú. Álamos González creyó poder llegar a un acuerdo con Lima, sin embargo, y propuso directamente tanto al Presidente Cáceres como a su Canciller Arenas, el pago de diez millones de pesos por parte de Chile para evitar el plebiscito, pues la vida nacional había ido incorporando paulatinamente la ciudad de Arica y ésta, a su vez, mantenía lazos históricos con su vecina Tacna. En Santiago, el Presidente Santa María había formulado similares propuestas al representante peruano Carlos María Elías, pues tenía la esperanza de ceder estos territorios a Bolivia. Pero Cáceres se opuso rotundamente a esta fórmula. Coincidió que ese año, asumía el Gobierno de Chile don José Manuel Balmaceda, opositor declarado a la idea de ceder a los bolivianos Tacna y Arica. Previendo que la cuestión podía terminar nuevamente en una disputa, envió a Lima al representante Augusto Matte para subir la oferta de compra por los territorios, pero sin éxito, pues los políticos peruanos temían que una ola de descontento popular les cayese encima al tomar tales mediadas. Al advertir esto, Matte informaba al Canciller Mariano Sánchez Fontecilla, el 11 de mayo de 1889:

"Por mucho que sea nuestro anhelo de alcanzar la incorporación inmediata de Tacna y Arica, hay que convenir, señor ministro, que casi no es posible obtenerla en la situación actual, en que los ánimos, además de hallarse enconados, han estado trabajados durante cerca de dos años por las excitaciones patrióticas provocadas por los arreglos de la deuda externa del país". El periodista del diario "El Sur" de Concepción, Caporal Henry, en "Cuestiones peruanas: 86 años de fastidio" (1909), cuenta que cuando el representante Elías intentó persuadir al Presidente Balmaceda de permitir un gesto "caballeresco" para resolver la cuestión de Tacna-Arica en favor del Perú, el ilustre mandatario le contestó con su famosa y ruda honestidad:

"Amigo Elías, las naciones no son como los individuos, y lo que en éstos sería caballeresco, en aquéllas dejaría de serlo, pues no deben mirar sino por sus verdaderas conveniencias..." Agrega que Balmaceda le manifestó que, de requerirlo:

"...irían 20 mil hombres a Tacna a la chilenización a la fuerza y a gastar todo lo que fuese necesario para ganar el plebiscito". Pero la crisis política y la infausta revolución de 1891, en gran parte provocada por poderosos capitalistas internacionales deseosos de apoderarse del salitre chileno, postergaron las conversaciones que tan bien encaminadas iban para el interés chileno.

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Sólo bajo el gobierno de Jorge Montt, en 1992, pudieron ser retomadas las cuerdas diplomáticas del tema por el nuevo representante chileno, Javier Vial Solar. En respuesta, el Canciller peruano Eugenio Larrabure y Unanue presentó, el día 5 de septiembre, una propuesta de solución según la cual Tacna y Arica, previamente desocupadas, pasarían al dominio del Perú a cambio de varias concesiones y facilidades comerciales, como libertades de entrada y salida de productos, franquicias aduaneras y portuarias, construcciones de ferrocarriles para conectar Arica-Tarapacá-Bolivia, y otras ideas por el estilo. La intención de evitar las disputas que generaría ponerse de acuerdo para el plebiscito, de este modo, provocaban un tiro de culata contra Chile y abrían las conversaciones a posibilidades menos satisfactorias aún. Sin embargo, la noticia de que el Canciller chileno Isidoro Errázuriz había firmado con el ministro francés Henry de Bacourt, un protocolo de arbitraje para decidir la distribución de 800 mil libras esterlinas que el Gobierno de Chile tenía en el Banco de Inglaterra (que entre sus acreedores, incluía a la famosa Casa Dreyfuss, que Perú no reconocía por acreedora), trató de ser manejada por sectores revanchistas de la política peruana para levantar los ánimos nuevamente contra Chile y entorpecer estas negociaciones. Así, el 4 de abril de 1893, el nuevo Canciller peruano, Cesáreo Chacaltana, envió una nota a Vial Solar haciéndole recordar lo cerca que estaba de cumplirse el plazo para decidir el destino de Tacna-Arica (el 28 de marzo de 1894) por el plebiscito, insinuando la necesidad de resolver este asunto con prontitud. Intuyendo quizás que el objetivo del Perú era solicitar la desocupación chilena de los territorios, el plenipotenciario chileno respondió de inmediato, recordándole las diversas ocasiones en que se trató de llegar "a una solución decorosa y en armonía con los bien entendidos intereses de ambos países" sin arribar en nada concreto. Y el 8 de abril siguiente, se dirigió otra vez a Chacaltana, señalándole que La Moneda no podía renunciar a las expectativas "que aseguró a Chile el Tratado de Ancón", en respuesta a su propuesta anterior. Poco después, asumía la Cancillería peruana el jurista José Mariano Jiménez, miembro de una pudiente familia ligada a la aristocracia de Arica. Sin perder tiempo, el nuevo ministro notificó a Vial Solar que "la autoridad chilena debe desocupar los territorios de Tacna y Arica" al cumplirse el plazo de expiración de la "posesión precaria concedida a Chile por la cláusula 3ª del Tratado de Ancón". El representante chileno, sin embargo, replicó alegando que, mientras no se realizara el plebiscito, Chile no tenía por qué desocupar el territorio. Primeros intentos por fijar criterios para la realización del plebiscito Comprendiendo como prestigioso hombre de leyes que era (en su calidad de ex Ministro de la Corte Suprema del Perú), que no prosperaría la idea de exigir arbitrariamente a Chile la desocupación, el Canciller Jiménez reflotó las propuestas de transacción del territorio por facilidades comerciales que ya había ofrecido el anterior ministerio. Se iniciaron conversaciones al respecto, hasta arribar en una propuesta formal del 9 de agosto, en la que, sobre la ocupación y presencia de ambos países durante el plebiscito, decía:

"...se conviene en que el Perú poseerá la zona comprendida entre el río Sama y la quebrada de Vítor, y que Chile continuará en la tenencia de la zona entre esta última y la quebrada de Camarones". La entrega del territorio bajo ocupación condicional del Perú debía tener lugar el 28 de mayo de 1894, y el plebiscito debía realizarse antes del 1º de octubre siguiente. Si el voto favorecía a Perú, la indemnización pactada sería pagada a Chile con la liberación de sus productos que ingresen al territorio peruano por 25 años. Si el voto sólo favoreciera al Perú en la primera zona territorial (Sama a Vítor), la indemnización proporcional será por 20 años.

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El Canciller chileno Ventura Blanco Viel recibió la propuesta con mucho ánimo y así lo hizo saber en su respuesta a Lima del 26 de septiembre de 1893, aunque sugirió llegar a "un acuerdo equitativo y conveniente para ambos países". Retomadas las conversaciones, el 26 de enero de 1894 se arribó al llamado Acuerdo Jiménez-Vial Solar, según el cual el plebiscito debía realizarse "en las condiciones de reciprocidad que ambos gobiernos estimen necesaria". La indemnización para quien no saliera favorecido en la votación debía ser de "diez

millones de soles estipulados en el referido artículo 3º, en bonos de la deuda pública de 4 y 1/2 por ciento de interés y uno por ciento de amortización". Si Chile triunfaba en el plebiscito, entonces Perú podría "rectificar su frontera en Sama, avanzando hasta la ribera sur de la quebrada de Chero". Por el contrario, siendo Perú el favorecido, será Chile quien "podrá rectificar su frontera de Camarones hasta la ribera norte de la quebrada de Vítor o Chaca". Sin embargo, el memorandum que el Plenipotenciario peruano Ramón Ribeyro presentó al Canciller chileno Blanco Viel, el 23 de febrero siguiente, lejos de establecer las "condiciones de reciprocidad" esperadas , generó una nueva línea de discusiones, que sería sorprendida por el cumplimiento del plazo de verificación del plebiscito, el 28 de marzo. Aprovechando la oportunidad, el Gobierno de Lima protestó por la presencia chilena en el territorio, a lo que Chile respondió haciendo notar que las condiciones para resolver la posesión aún no se habían cumplido. En medio de una gran agitación política interna, asumiría el poder peruano nuevamente Andrés Cáceres, esta vez por proclama del Congreso del Perú de agosto de 1894. En tanto, Viel Solar era reemplazado en la representación ante Lima por el ilustre patriota y ex parlamentario Máximo Ramón Lira, quien anteriormente se había consagrado como uno de los más feroces defensores de los derechos chilenos en la ya entregada Patagonia oriental. A la sazón, la caótica situación interna del Perú había dejado las negociaciones cortadas, a pesar del avance y lo cerca de un desenlace en que parecían encontrarse. Sólo después del avance de la Junta de Manuel Candamo, Lira pudo restaurar las negociaciones en 1895, aunque tenuemente, proponiendo la forma de pago de los 10 millones que originalmente contemplaba el Tratado de Ancón. Al asumir Nicolás de Piérola la presidencia del Perú por segunda vez, antes de terminado el año, el plenipotenciario chileno debió entenderse ahora con el Canciller Melitón Porras. Éste, seguía aferrado www.soberaniachile.cl

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fuertemente a la idea de realizar el plebiscito. Sin embargo, comprendiendo que el territorio de Arica y el entorno podía ser un riesgo en las votaciones, y que el Perú estaba virtualmente en bancarrota como para dar cumplimiento a algún pago de indemnizaciones, propuso a Lira que se renunciara recíprocamente al pago de los 10 millones y se procediera a realizar el plebiscito lo antes posible. Pero éste rehusó de inmediato a la propuesta. Aconsejado por su propia obstinación, Porras realizó una nueva propuesta el 31 de diciembre de 1895, en la que comprometía a Perú a pagar los diez millones en una medida de un millón por año, durante una década. El día 3 de febrero del año siguiente, llegó incluso a ofrecer que Chile se quedara con los territorios hasta que se cancelara la deuda por parte del Perú, a pesar de que, a su juicio, los resultados pudiesen serle favorables sin estar condicionada la entrega a estos pagos de indemnizaciones. Pero Lira respondió el 10 de febrero, recordándole que la votación y el pago de dinero eran dos condiciones inseparables estipuladas en elTratado de Ancón y, por lo tanto:

"No es dable pensar en la ejecución del Tratado, sin que se lleven las dos conjuntamente". Porras fue reemplazado un tiempo después por Ricardo Ortiz de Zeballos en la Cancillería del Perú. Al no poder llegar a nada concreto con el nuevo ministro, Lira pidió audiencia directamente con Piérola, durante la cual llegó a la conclusión de que Chile podría retener fácilmente Tacna y Arica a cambio de una compensación que alimentara el amor propio del Perú. Sin embargo, oscuras gestiones diplomáticas entre La Paz y Buenos Aires, que cumplían con la histórica tendencia aliancista de estos países y con las negociaciones secretas que por entonces llevaban para arrebatarle a Chile la Puna de Atacama, permitieron que en ambas capitales se publicaran casi al unísono los textos confidenciales del convenio que Chile y Bolivia habían firmado el 18 de mayo de 1895 y que pretendían darle al país altiplánico una salida al océano Pacífico por los territorios de Tacna y Arica, para ser cedidos en forma permanente y definitiva. La noticia, hábilmente manejada por grupos antichilenos y revanchistas del Perú, puso en serio peligro los logros de Lira ante Torre Tagle. Agotado por la actitud tozuda del Presidente Piérola y del nuevo ministro Enrique de la Riva-Agüero, Lira tiró la toalla y pidió ser trasladado en nota al Presidente Federico Errázuriz Echaurren, quien lo desplazó hasta la legación chilena en Uruguay. Y, desde esta última, correspondió partir a Lima -por enroque- a Vicente Santa Cruz, quien llegó a la capital peruana, presentando credenciales en julio de 1897. Cabe señalar que la primera entrevista de Santa Cruz con Riva-Agüero fue decepcionante: en lugar de abrirse a alguna propuesta de entendimiento directo o plebiscito sólo para salvar las apariencias, el Canciller peruano se limitó a pedir de vuelta ambos territorios de Tacna y Arica. Santa Cruz respondió que ni el interés chileno ni los pactos suscritos con Bolivia permitían tal cosa, y Riva-Agüero señaló, entonces, que Chile podía entregarle un puerto por cualquier otra parte al Altiplano y que su país tampoco aceptaría otra cosa. A continuación, y a falta de acuerdo, las conversaciones volverían a quedar cortadas. Nacimiento y muerte del Protocolo de 1899. La ruptura diplomática En noviembre de 1897, se encontraron casualmente en Iquique el Ministro de Interior chileno Antonio Valdés Cuevas, y el vicepresidente peruano Guillermo E. Billinghurst, empresario salitrero con grandes amigos en el ambiente político y aristocrático chileno, incluyendo al propio Presidente Errázuriz Echaurren. La ocasión permitió que ambos ministros planificaran una próxima visita de Billinghurst a Santiago, en calidad de enviado especial de Piérola, cosa que pudo realizarse en enero de 1898, luego de que el Senado chileno rechazara los acuerdos con Bolivia a causa de las exigencias absurdas de la Asamblea altiplánica para escoger "a dedo" el puerto que les pareciera más cómodo.

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Billinghurst se entendió directamente con el Canciller Raimundo Silva Cruz, quien le propuso, de entrada, la cesión de Tacna y Arica alzando la indemnización, cosa que fue descartada de inmediato. A continuación, el ministro chileno insistió con una propuesta en la que se dividía el territorio de "Arica del sur y la otra Arica del norte", dejando la primera en Chile y la segunda el Perú, sin pago de indemnizaciones, idea que también naufragó. A continuación, Silva Cruz propuso que la región entre Chero y Sama fuese peruana, y la de Vítor a Camarones chilena. Pero tampoco logró convencer al enviado. Procediendo entonces a fijar las bases del plebiscito, Silva Cruz propuso realizarlo dividiendo los territorios primero en tres áreas, y luego proponiendo sólo dos: Tacna y Arica. Pero Billinghurst prefirió atenerse estrictamente a la unidad territorial considerada en el Tratado de Ancón y así se acordó. Tras discutir los detalles de la fijación del plebiscito, ambos convinieron en un memorandum del 9 de abril de 1898, donde se establecían las bases definitivas. Se fijaban quince días para entregar el territorio en caso de ganar Perú y se cargaban a la aduana de Arica los gastos plebiscitarios, fijándose la forma de pago de los diez millones. Las mesas de votación estarían en Tacna, Tarata, Arica y Lluta. El proyecto fue suscrito, poco después, por el entonces Canciller y héroe de la Guerra del Pacífico, Almirante Juan José Latorre, razón por la que se le conoce como el Protocolo Billinghurst-Latorre. Un detalle importantísimo sobre este acuerdo es que en él, Chile propuso:

"...debería considerarse aptos para tomar parte en la votación a todos los habitantes de los territorios que reuniesen ciertos requisitos de edad, residencia, estado civil, etc." Perú, por su parte, consideró que:

"...sólo los peruanos naturales del territorio avecindados en él deberían ser admitidos a votar, con tal que reunieran ciertas condiciones personales". Esta discrepancia sería la estocada mortal que recibiría, a la larga, la idea del plebiscito. Se suponía que un arbitraje internacional tendría que resolver esta diferencia, proponiéndose a la Reina Regente de España para tales efectos. Aunque ambos gobiernos celebraron el convenio como un triunfo diplomático, mientras en Perú el optimismo fue generalizado, en Chile cundía el pesimismo y el temor de que pudiese imponerse el criterio peruano de hacer votar sólo a sus ciudadanos, situación injusta que ponía en peligro la continuidad de los territorios en la soberanía chilena. A pesar de ello, el protocolo fue aprobado en el Senado de Chile por diez votos contra seis, el 1º de agosto de 1899. Sin embargo, al entrar a la Cámara de Diputados, cayó en serio cuestionamiento y permaneció en discusión por casi dos años, siendo devuelto al Ejecutivo. Los diputados Enrique Mac Iver, Abraham König, Maximiliano Ibáñez y Jorge Huneeus Gana serían los principales opositores, obligando al Gobierno a dejarlo pendiente e increpando duramente al Ministro de Interior, Carlos Walker Martínez, por su encendida defensa del mismo. Ante la impaciencia y la indignación del Perú, que había aprobado rápidamente el acuerdo al verlo desde una posición ventajosa, el ministro peruano en Santiago, el ex canciller Chacaltana, insistió a La Moneda en la aprobación rápida del acuerdo por nota del 10 de mayo de 1900. Paralelamente, una ola de odio antichileno cundía por todo el territorio peruano de la mano de sendas campañas nacionalistas ligadas a agitadores políticos y a algunos medios de prensa amarillistas. El 15 de noviembre de 1900, Chacaltana llegó a declarar en nota:

"A los simples ocupantes, como a Chile en este caso, no le es dado ejercer actos de señorío completo, no les corresponde el derecho de comprometer el territorio para un porvenir que no les pertenece".

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Los intercambios de notas continuaron hasta que, el 14 de enero de 1901, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados presentó un informe adverso a la aprobación esperada, en donde se leía:

"...estando ya aprobada en general la idea de pactar con el Perú, para convenir en las bases del plebiscito, estima la Comisión que no habría objeto útil en proseguir en la discusión particular del Protocolo, ya que las modificaciones que hubieran en proponerse no podrían ser incorporadas en él sin que previamente fueran discutidas y aceptadas por ambos gobiernos en gestiones que son de resorte exclusivo de las cancillerías". La noticia de que la Cámara lo había rechazado, cayó como un balde de agua fría en Lima; y más todavía, cuando se supo que de haber sido sometido el punto de los ciudadanos con derecho a voto a la Corona Española, ésta habría fallado en favor del Perú, según se comunicó, apoyando la idea de que sólo votaran los ciudadanos nacidos en Tacna y Arica. Correspondió al plenipotenciario Ángel Custodio Vicuña, sucesor de Domingo Amunátegui Rivera en el cargo, lidiar con esta tormenta, mientras ambos países se recriminaron duramente y se acusaban mutuamente del fracaso del Protocolo Billinghurst-Latorre. Chacaltana intentó objetar varias medidas administrativas que, por entonces, Chile estaba realizando sobre los territorios disputados. En respuesta, el Canciller chileno Emilio Bello Condesido envió una nota final al plenipotenciario, con fecha 18 de febrero, en la que se leía:

"...según el régimen establecido en el Tratado de Ancón, Chile conserva su carácter de soberano de Tacna y Arica, mientras una votación plebiscitaria no modifique la situación actual". En tanto, Vicuña comprendió que sería imposible persuadir a Lima de entregar Tacna y Arica a cambio de indemnizaciones o de celebrar un plebiscito en las condiciones que Chile exigía, pues Torre Tagle se atrincheraba inflexible a las disposiciones del Protocolo de 1899. Desde entonces, Perú nunca perdonó a Chile el desahucio del protocolo donde veían depositada la esperanza de recuperar los territorios de Tacna y Arica, atrincherándose en este hecho para sostener la tesis de que fue La Moneda la que saboteó la realización del plebiscito previsto en el Tratado de Ancón, como tendremos tiempo de ver más abajo. Por ejemplo, en su trabajo "Entre el Perú y Chile: la Cuestión de Tacna y Arica", Enrique Castro y Oyanguren declaraba pocos años después de estos sucesos:

"Este incidente diplomático señala uno de los puntos más culminantes de la controversia. Por un lado, la firme e inquebrantable resolución del Perú, de no ceder una línea en la defensa de sus derechos; por otro, las argucias y sofismas de quienes, todo lo fían al veredicto de la fuerza. Después de la imposición descarada y del atropello brutal, vienen las sutiles alegaciones de un casuismo que se complace en hallarse en pugna con la sinceridad y la franqueza. La diplomacia chilena parece acordarse "Comienzo por apoderarme de lo que deseo; después siempre encontraré algún pedante para demostrar que he procedido en uso de un legítimo derecho"." "El Sr. Chacaltana mantuvo con gran abundancia de razones la causa del Perú. Expuso con moderación los agravios recibidos, y reclamó con dignidad la única fórmula que podía satisfacernos". Luego de un complicado nuevo período de agitación política, desde ese año estaba en el poder peruano el Presidente Eduardo López de Romaña, quien había enviado el 15 de febrero anterior, una nota refrendada por su Canciller Felipe de Osma, poniendo término a la misión de Chacaltana y, por lo tanto, declarando rotas las relaciones diplomáticas entre ambos países.

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Así, el 9 de marzo de 1901, Chacaltana dejó el cargo. El Canciller Silva Cruz, de vuelta en el ministerio, presentó una nota manifestando su malestar por este retiro, y decidió mantener la legación chilena en Lima a cargo de un secretario. Por esos mismos días, Errázuriz Echaurren había dejado el mando, afectado por una grave enfermedad que, poco después, le cobraría la vida. El 26 de mayo, el Canciller Osma hizo correr una violenta circular por los demás países americanos, acusando a Chile del fracaso de las gestiones que se habían realizado para resolver la cuestión de TacnaArica, y pretendía denunciar que las ciudades estaban siendo retenidas "por la fuerza". A principios de la negociaciones entre Chile y Bolivia para resolver la cuestión de límites pendientes, hacia 1902, el Brasil advirtió al representante chileno en Río de Janeiro, don Anselmo Hevia Riquelme, que los peruanos estaban buscando apoyo del canciller argentino Luis María Drago, para conseguir el protectorado de los Estados Unidos, cediéndole a ese país los territorios de Tacna y Arica. La idea de esto era provocar un incidente con Chile. De hecho, la cancillería carioca agregó que el ministro argentino había informado a su representante en Brasil que pronto "celebraría la humillación de Chile". Los nubarrones negros avanzaban sobre el horizonte de las relaciones entre ambos países... Se disipa sombra del conflicto. Restauración de las relaciones en 1905 Al asumir la Presidencia de Chile don Germán Riesco, intoxicado por dogmas americanistas e ideas obsesivas de integración continental, guardó el más sepulcral silencio, en lugar de responder a las infamias que el Perú propagaba contra Chile por toda la región. Pesaba sobre él, además, el interés por priorizar la solución de los conflictos con Argentina que desembocaron en los Pactos de Mayo y los resultados del Laudo arbitral de 1902, y con Bolivia en los acuerdos que quedarían expresados con la firma del Tratado de 1904. De modo adicional al tratado, Bolivia habría firmado también un Protocolo Confidencial, en donde se comprometía a que sus súbditos votaran a favor de Chile en Tacna y Arica, en caso de poder participar del plebiscito exigido por el acuerdo de paz de Ancón. Este documento ha generado algunas polémicas y discusiones sobre su autenticidad, pues el ex Canciller Bello Codesido admitió que había desaparecido en el extraño robo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Santiago, en 1909. Curiosamente, algunos de estos archivos aparecieron publicados después en Lima, por diarios los locales, y la copia del acta en la Cancillería de Bolivia fue reconocida por Alberto Gutiérrez hacia 1912, pero nunca ha sido divulgada. De cualquier modo, de haber existido este supuesto acuerdo, resultó del todo inútil, pues a partir de otras conversaciones diplomáticas realizadas en 1926, la cantidad de bolivianos votantes en estos territorios quedó establecida en sólo 300 personas. Como el acuerdo limítrofe definitivo entre Chile y Bolivia exigía la construcción del tren Arica-La Paz, libertad de tránsito y aduanas para los ciudadanos bolivianos, y la fijación de una frontera en todo el territorio apetecido por el reivindicacionismo peruano entre Tacna y Pisagua, éste puso en alerta a las autoridades peruanas. Por ello, el Canciller Alberto Elmore notificó a La Moneda, el 16 de julio de 1904, que la "posición precaria" de Chile en esos territorios le impedía disponer de ellos para tales decisiones. De manera insólita, con esto el ex aliado de Bolivia estaba tratando de impedir que dicho país obtuviese de Chile facilidades en el uso de puertos y aduanas, precisamente por ver sus intereses perjudicados ante la cantidad de franquicias que se estaban concediendo al Altiplano. El ministro chileno Bello Codesido respondió a su homólogo peruano el 12 de agosto, rechazando de modo categórico la protesta y defendiendo los acuerdos con Bolivia. Lima insistió con una nueva protesta del día 18 de febrero de 1905, cuando estaban por canjearse las ratificaciones del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. La nota venía firmada por el entonces Canciller peruano Javier Prado Ugarteche, y decía, entre otras cosas, que "Perú no acepta ni reconoce estos compromisos en que él no ha intervenido", agregando que para Chile, su "título legal terminó hace diez años, en que debió haberse efectuado el plebiscito".

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El 15 de marzo siguiente, el Canciller chileno Luis Antonio Vergara respondió a las protestas peruanas, asegurando que mientras no se realizara el plebiscito, Chile seguiría realizando actos de dominio y soberanía en los territorios, no obstante que invitaba al gobierno peruano a buscar un acuerdo definitivo "basado en los intereses y conveniencias de ambas Repúblicas". Prado Ugarteche le contestó el 25 de abril, con una larga y tediosa exposición, en la que recogía el guante y aceptaba iniciar una nueva negociación para poner en ejercicio las estipulaciones del Tratado de Ancón. A la sazón, ocupaba la Presidencia del Perú don José Pardo y Barreda, quien debía actuar esquivando su falta de experiencia política y las asonadas revolucionarias que parecían tejerse por todo el país. Siguiendo el camino de la confrontación más que el entendimiento, sin embargo, el mandatario había iniciado una carrera armamentística con claras intenciones antichilenas, metiendo mano a los escasos recursos del fisco, especialmente como reacción a los acuerdos definitivos entre Chile y Bolivia. Pero, a poco de andar en estos proyectos, debió suspenderlos por falta de erario, haciendo que sus adquisiciones terminaran siendo sólo volúmenes inofensivos. La reanudación de las relaciones diplomáticas, después de casi cinco años, vinieron a distenderle un poco la tensión y envió a Santiago al nuevo plenipotenciario, Manuel Álvarez Calderón, quien llegó a la capital chilena en octubre de 1905. Entrevistándose con el Canciller Federico Puga Borne, el plenipotenciario peruano rechazó tanto la propuesta de la cesión territorial como la del plebiscito arreglado al interés chileno, declarando que el Perú tenía similares e irrenunciables intenciones sobre dichos territorios. Conrado Ríos Gallardo cuenta en "Chile y Perú", a modo de anécdota, que en este encuentro Álvarez Calderón comentó al muy delgado ministro chileno en tono amistoso: "Qué canciller parecerse más a su país, tan largo y tan angosto". Puga Borne respondió en igual tono: "Así será, y su país quiere cortarme la cabeza". A lo que el plenipotenciario espetó: "No, señor, sólo tratamos de sacarle el sombrero". En mayo de 1906, Puga Borne fue reemplazado en la Cancillería por Antonio Huneeus Gana, quien retomó las conversaciones con Álvarez Calderón. Esta vez, Perú fue capaz de formular una nueva propuesta que consideraba el plebiscito conforme a las bases del Protocolo Billinghurst-Latorre y un arbitraje para todos los puntos en desacuerdo. En respuesta, Chile propuso un arreglo directo considerando el plebiscito, la transferencia de Tacna-Arica por un plebiscito "simulado" (sólo por cumplir con la exigencia) y la discusión de las bases del referendum para ser celebrado en un período de cinco años. Pero, para disgusto peruano, el paso del tiempo había incorporado con mayor acento el territorio de Arica a la vida económica y administrativa chilena. Al asumir Pedro Montt el poder, en 1906, dio inicio a una serie de medidas de integración que ya no podían seguir postergándose, para el bien de las comunidades y del progreso material de Tacna y Arica, así como para su relación con el Estado de Chile. La mayor parte de estas medidas tuvieron lugar entre 1908 y 1909, incluyendo labores para facilitar la agricultura en Tacna y el inicio de la construcción del ferrocarril Arica-La Paz. Y en un ambiente muy sensible y cargado de nacionalismo, estas acciones fueron estimadas como verdaderas provocaciones en el Perú, de modo que la llegada del nuevo plenipotenciario limeño en Santiago, Guillermo A. Seoane, no fue en el mejor ánimo, lanzándose en picada contra los proyectos y solicitando a Chile atenerse estrictamente a las estipulaciones del Protocolo Billinghurst-Latorre, que llevaba rato ya bajo tierra. Retomando la senda de la difamación internacional, desde principios de año 1906 el Perú estaba difundiendo por todas las embajadas internacionales versiones sumamente parciales y tendenciosas del conflicto Tacna-Arica. Su intención era tentar a los Estados Unidos a participar de una intervención directa. Sin embargo, las esperanza hizo aguas cuando el Secretario de Estado norteamericano, Mr. Root, declaró alplenipotenciario chileno Walker Martínez que su país no intercederían en el asunto.

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Para entonces, había retornado a la Cancillería chilena (por tercera vez) don Federico Puga Borne, quien por enésima oportunidad volvió a recordarle a Torre Tagle que, mientras no tuviese lugar el plebiscito, Chile no podía actuar renunciando al ejercicio de soberanía sobre los territorios. El 25 de marzo de 1908, sin embargo, propuso al plenipotenciario peruano restituir el compromiso original del Tratado de Ancón, descartando las negociaciones posteriores e incluyendo nuevos puntos como: • • • •

La firma de un Convenio Comercial de liberación aduanera, el estudio de un tratado de desarrollo de las marinas mercantes; La construcción de un ferrocarril común, uniendo ambos países; La redacción de un plebiscito que fijara la forma en que se ejecutaría el plebiscito, y La elevación de los montos de indemnización.

Seoane se mostró simpatizante de estas ideas, el 8 de mayo, pero insistió en que el tema central debía ser el plebiscito. Puga Borne procedió, entonces, a informar al plenipotenciario que, por las características que iba a tener este plebiscito, debían votar en él no sólo chilenos y peruanos residentes, sino también extranjeros. Pero Seoane se negó a aceptar esta propuesta, alegando que "nada justifica la intrusión de aquellos huéspedes" en el plebiscito. Se estaba en este nudo ciego de discusión cuando Puga Borne fue reemplazado por el entonces plenipotenciario chileno en Lima, Rafael Balmaceda, en agosto de 1908. Incidentes diplomáticos en 1908-1909: caso de la "corona de bronce" y otros Las propuestas formuladas por Puga Borne el 25 de marzo, debieron pasar a manos del nuevo plenipotenciario chileno en Lima, José Miguel Echenique Gandarillas, a pesar de que Seoane las creía medianamente viables y justas. El flamante ministro había sido elegido por el Presidente Pedro Montt para esta misión por haber integrado, otrora, un equipo destinado a buscar el mejoramiento de las relaciones con el Perú, por lo que las materias relativas a estos problemas no le eran ajenas. Al llegar Echenique Gandarillas a Lima, en agosto de 1908, el Presidente Pardo y Barreda estaba en los preparativos para ceder el mandato a su sucesor, Augusto B. Leguía. Buscando demostrar su buena disposición, el plenipotenciario ofreció una placa-corona de bronce conmemorativa en nombre de Chile, para el monumento que los peruanos levantarían para sus héroes caídos en la Guerra del Pacífico, en septiembre de 1908. El presidente Pardo y Barreda estuvo infinitamente agradecido por el honorable gesto y su Canciller, Solón Polo, alcanzó a dirigir una emotiva nota al representante chileno con la siguiente declaración:

"...me es muy grato expresar a V. E., rogándole se sirva transmitir a su gobierno los vivos agradecimientos del mío por tan delicada atención". "Una vez que se hagan los arreglos necesarios, me complaceré acordar con V. E. todo lo referente al significativo homenaje que el gobierno chileno quiere tributar al sacrificio de los que ofrendaron abnegadamente su vida en defensa de la patria". El cambio de gobierno peruano se produjo precisamente en este lapso. Lamentablemente, nadie sabía que el antichilenismo crónico del Perú y las animosidades revanchistas se habían hecho cargo de Lima con la llegada de Leguía al poder. Obedeciendo entusiastamente al mandatario, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Melitón Porras, rechazó la corona de bronce chilena, enviando una agresiva nota a Echenique Gandarillas, quien dejaría la misión diplomática poco después, siendo relevado por Julio Pérez Canto. El ex plenipotenciario chileno retornó a su patria en medio de grandes muestras de cariño y solidaridad popular.

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Haciendo fiesta de lo sucedido, el periódico "El Diario" de Lima editorializaba por entonces (citado por Castro y Oyanguren):

"El Sr. Porras se ha encargado de exhibir en plena desnudez esa contradicción monstruosa las almibaradas de un convencionalismo imprudente, y los actos, cada vez más enérgicos y persuasivos, de las autoridades chilenas... La nota de nuestra cancillería tiene la contundencia y rigidez de la verdad, que no admite duplicidades ni contradicciones. Es de una fuerza lógica insuperable, porque las falacias y las promesas verbalistas de Chile, opone la recia contextura de los hechos, de la acción, solapada unas veces, ostensible otras, que viene a desmoronar el fingido alcázar de la confraternidad chilena". Pero no a todos en Perú interpretaba la burda actitud de Leguía. Advirtiendo el disparate que se acababa de cometer con la retrógrada actitud de su gobierno, de consecuencias insospechadas, el Diputado peruano José M. Manzanilla condenó la acción de Porras y declaró ante la Cámara:

"No se lastimó la dignidad del Perú cuando un obispo de Chile acompañó la trasladación de los restos de los que sucumbieron en la guerra del 79. Ni la Rusia asistiendo a la inauguración del monumento levantado en Puerto Arturo por el Japón a los héroes rusos caídos en la sorprendente defensa de ese puerto. Ni la Francia agradeciendo el monumento erigido en tierra alemana a los franceses que gloriosamente perecieron en las batallas de la guerra del 70". A pesar de ello, muchos autores peruanos continuaron defendiendo la agresiva de Lima en el incidente de la Corona. Castro y Oyanguren, por ejemplo, escribirá haciendo apología de Porras, una década después:

"El homenaje quedó frustrado; el Perú no quiso prestarse a aceptar la cruel ironía de un obsequio que no tenía avalorado por la sinceridad. La actitud del gobierno se impuso al respeto de la opinión por su incontrastable firmeza. Y si alguna duda pudo abrigarse respecto de su oportunidad, los sucesos posteriores lo han justificado plenamente. Nosotros opinamos hoy, como hace diez años". En junio de 1909, al dejar la cancillería chilena el ministro Bustamante y volver a ella Augusto Edwards Mac Clure, las heridas del incidente de la corona de bronce aún estaban frescas. A penas cumplía éste un mes en el cargo, cuando llegó la noticia de que el 28 de julio, el Presidente Leguía había inaugurado las sesiones del Congreso peruano con un incendiario discurso contra Chile, en el que acusaba al país, entre otras cosas, del incumplimiento del Tratado de Ancón:

"...inobservado desde 1894 a pesar de nuestra decisión de ejecutarlo y de la persistencia con que hemos gestionado su cumplimiento". Molesto por estas afirmaciones que, entre otras cosas, desconocían la propia indisposición peruana a llegar a bases concretas de un plebiscito justo y equitativo en el territorio disputado, Edwards Mac Clure contestó refutando tales aseveraciones y reiterando que Chile seguía llano a discutir una fórmula para terminar con tantos años de controversias. El Canciller Porras respondió el 9 de septiembre siguiente, en donde justificaba todas y cada una de las afirmaciones presidenciales de julio, pero agregando que el Perú también aspiraba a la ejecución del artículo 3º del Tratado de Ancón. Añadía, ladinamente, que esto sería con el objetivo de "traer de nuevo, al seno de nuestra patria las provincias mencionadas". Como se estaba encima de un punto muerto otra vez, el Gobierno de Chile decidió no dilatar más las cosas y promulgó la Ley de Colonización de Tacna, que autorizaba al ejecutivo a iniciar labores de regadío, construcción de obras civiles e implementación de planes de desarrollo agrícola e industrial de hasta un millón de pesos. También se contemplaba la creación del Departamento de Tarata y la clausura de las iglesias peruanas en el territorio, pues se sabía de sobra que los obispos del Perú que trabajaban en el

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servicio religioso de los territorios en disputas estaban fomentando prepotentes actividades en contra de la presencia de chilenos en ellos, según veremos. Herido como por un rayo, el plenipotenciario peruano en Santiago, Enrique Oyanguren, saltó de inmediato presentando sus protestas en un lenguaje tan violento y apasionado, que la Cancillería de Chile la definió como redactado "en términos altamente inconvenientes y hasta ahora desusados en las comunicaciones diplomáticas". Al enterarse el Canciller Porras de la emisión de esta imprudente nota de su plenipotenciario en Santiago, por medio del representante encargado de negocios Pérez Canto -quien además exigió el retiro del señor Oyanguren-, el ministro peruano decidió desaprobar dicho texto y llamar de vuelta al funcionario para ser reemplazado por Arturo García Salazar. Sin embargo, el temporal no amainó. Las restricciones chilenas que se dictaron contra el servicio religioso peruano, entraron de inmediato a las crónicas del Perú como uno de los actos más desgraciados e infames que Chile haya podido cometer en contra de su vecino del Norte, cristalizándose en el folclore histórico peruano hasta nuestros días, como un acto vil de antiperuanismo o de "limpieza étnica" en el territorio. El hecho es, sin embargo, que desde hacían varios años se venía denunciando insistentemente las operaciones poco decorosas de los religiosos peruanos, especialmente los del obispado de Arequipa, quienes en su afán por impedir la presencia chilena en los territorios, llevaban tiempo perturbando la labor de los sacerdotes chilenos que desempeñaban su servicio en la zona, además de estar protagonizando continuos y bochornosos escándalos muy ajenos a la estricta y rigurosa vida clerical. Veremos más abajo que, para evitar empeorar los incipientes conflictos sociales, Chile optó finalmente por el cierre de las iglesias peruanas, con toda la justicia de su lado. El 30 de septiembre de 1909, el Canciller Porras volvió a la carga con una nueva nota, en la que enrostraba a La Moneda haber realizado actos de ejercicio soberano en donde sólo le asiste el derecho de una "ocupación temporal" que, por consiguiente, "puede cesar de un momento a otro". Agregaba que el plazo ya estaba técnicamente vencido, desde 1894. Comprendiendo el mensaje entre líneas de la nota, Edwards Mac Clure respondió el 5 de noviembre, recordándole esta vez que el plazo de diez años del Tratado de Ancón era el mínimo fijado y con relación no a la desocupación del territorio, sino a la realización del plebiscito que seguía pendiente. Empeoramiento de la situación. Nueva ruptura diplomática en 1910 La situación entre Chile y Perú se estaba volviendo peligrosa e insostenible. A ello se sumaba la acción de minúsculos pero influyentes grupos entreguistas empeñados en convencer a la reacia opinión pública chilena de las bondades de entregar y volver a entregar territorio, permanentemente, en aras de la confraternidad americana, prefiriendo arriesgar la permanencia de Tacna y Arica en Chile antes que tener que renunciar a los guiños de amor con el Perú y los demás países de la vecindad. Indignado por la presencia de tales sentimientos entreguistas entre grupos de poder santiaguinos, el periodista Carporal Henry escribía en 1909, en la fuente antes citada:

"Hemos gastado en años pasados, sangre, paciencia y dineros en favor de la nación peruana por sentimentalismos los más extraños e improductivos; hicimos entrega a Bolivia de territorios salitrales al norte de Atacama por sentimentalismo incomprensible; después, entregamos al argentino la Patagonia por consecuencias lógicas del sentimentalismo; más tarde, ya por vicio de sentimentalismo y de hábito de allanarlo todo condescendiendo siempre, regalamos al argentino la Puna de Atacama y los valles de nuestro suelo; quisimos hasta entregar el Huáscar por sentimentalismo, como posiblemente no faltará quien diga que la bandolera del prisionero Sáenz Peña debe ser sacada de nuestro Museo Militar para devolvérsela al candidato hoy, y casi

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seguramente, mañana Presidente de la República Argentina; hacemos pactos comerciales perjudiciales a nuestros intereses del bolsillo, por sentimentalismo. Esperamos ¡por el amor de Dios! que no entregaremos Tacna y Arica, o el canal Beagle por sentimentalismos". Sin embargo, primó el temido sentimentalismo y, en octubre de ese mismo año, Chile quiso dar un primer paso de arreglo, proponiendo al Perú una base de acuerdo para el plebiscito que solicitaba una fecha prudente posterior a la construcción del Ferrocarril Arica-La Paz. La votación debía ser secreta, involucrando a chilenos, peruanos y extranjeros, correspondiendo a Chile la constitución y supervisión del proceso, pero con ciudadanos peruanos presentes en las mesas y con supervisión de un cónsul extranjero. Todo lo que no fuese contrario a estas bases podría ser tomado del Protocolo Billinghurst-Latorre, de ser necesario. Perú ofertó una nueva propuesta formulada poco después y donde proponía que, a partir de los tres meses de firmado el protocolo plebiscitario, votaran sólo los ciudadanos chilenos y peruanos mayores de 21 años nacidos en el territorio o establecidos en él por lo menos desde el 10 de junio de 1907, siempre y cuando no fueran funcionarios públicos o de servicio policial destacados en esta zona. Parecía que las propuestas iban por buen camino cuando, inesperadamente, el 23 de diciembre el Canciller Porras volvió a enviar otra de sus extensas y agotadoras notas, donde recriminaba ahora puntillosamente a Chile de todos los retrasos y postergaciones del cumplimiento delTratado de Ancón, acusando a La Moneda de conducir acciones inamistosas contra los ciudadanos peruanos en Tacna-Arica y echándole en cara la censura de los religiosos y la clausura de las iglesias. Asiéndose de la expulsión de una gran cantidad de trabajadores mineros e industriales producto de la crisis económica de principios de siglo -y que no respetó la estabilidad laboral ni de chilenos, ni peruanos ni extranjeros- Porras también intentó fabricar un escenario de expulsiones masivas de ciudadanos de origen peruano por el sólo hecho de ser tales, supuestamente destinada a afianzar la chilenización de los territorios disputados. Cerraba diciendo que el Perú "jamás" abandonaría voluntariamente y"cualquiera sea la aliciente que se nos ofrezca", aquellos territorios que seguía considerando suyos. La Moneda respondió el 3 de marzo de 1910, refutando todas las observaciones de Porras y proponiendo un nuevo paquete de bases, según el cual el plebiscito se realizaría seis meses después del canje de protocolos por todos los ciudadanos chilenos, peruanos y extranjeros que llevaran residencia de al menos seis meses en las provincias. La propuesta fue enviada desde la Cancillería al representante chileno Pérez Canto, para que la expusiera ante el Gobierno de Leguía. Entretanto, sin embargo, los religiosos peruanos seguían hostigando la presencia chilena en los territorios, como hemos dicho, desobedeciendo también las restricciones con las que el Gobierno de Chile había pretendido castigarles. Asistidos por pudientes familias peruanas, continuaban ejerciendo el servicio religioso en recintos privados y el Obispo de Arequipa había prohibido al clero chileno su derecho a ejercer el servicio religioso. Furioso por esta permanente acción conspiradora de estos sacerdotes, el Canciller Edwards Mac Clure dio órdenes al Intendente de Tacna, el ya citado patriota Máximo Ramón Lira, de:

"...notificar a los que se dicen curas peruanos que residen en Tacna y Arica, que abandonen a la mayor brevedad el territorio de la República". La orden se cumplió al pie de la letra el 7 de marzo y, previendo lo delicada que resultaría esta decisión, La Moneda hizo correr por su cuerpo diplomático, el día 15, una circular en la que explicaba la naturaleza de tan radical medida:

"Está, pues, fuera de toda duda que el gobierno ha procedido en perfecta conformidad con las leyes al concluir con un estado de cosas irregular y depresivo para la dignidad nacional".

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"En el orden civil se desafiaba a las autoridades y en el religioso se proscribía a los sacerdotes chilenos". "La tolerancia de un cuarto de siglo debía tener su término. La inflexibilidad del diocesano de Arequipa y la conducta de los pretendidos párrocos lo señalaron". Exactamente el mismo día en que salía despachada esta circular, el encargado de negocios Pérez Canto entregaba al Canciller Porras las bases de acuerdo redactadas el día 3. En el clima volcánico que erupcionaba Lima, difícilmente podría haberse esperado alguna atención para con el documento del representante chileno. Así, el día 19 de marzo siguiente, el Presidente Leguía comunicaba su decisión de romper relaciones diplomáticas con Chile, una vez más en lo que brevemente iba ya del siglo XX. El encargado de negocios peruano García Salazar, presentó su protesta final contra las medidas chilenas y remató escribiendo:

"Mi gobierno, ante semejante situación, considera inútil el mantenimiento de su representación diplomática en esta capital, y me ha ordenado que regrese al Perú, dejando antes constancia de su protesta por los actos a que he hecho referencia, lo que cumplo por la presente comunicación". Edwards Mac Clure respondió a la nota al día siguiente, 20 de marzo, volviendo a defender todas las medidas chilenas y concluyendo:

"Revela esa determinación cuán lejos están de su ánimo los sinceros propósitos de avenimiento que animan a mi Gobierno. Declina las responsabilidades en el gobierno del Perú y deja constancia de sus esfuerzos, tan continuados como estériles, para llegar a un acuerdo, fácil de alcanzar si estuviese correspondido el espíritu cordial y amistoso que lo anima". Durante aquel año, se intentó restaurar las relaciones en un viaje informal y confidencial a Lima del encargado a don Paulino Alfonso, por iniciativa y patrocinio del entonces Vicepresidente de la República, don Emiliano Figueroa Larraín, figura que posteriormente tendría una importancia vital en el desenlace de esta controversia histórica, en consulta con el Canciller Luis Izquierdo. Alfonso propuso directamente a Leguía y a Porras la partija de Tacna y Arica, para Perú y Chile, respectivamente, idea nacida de la iniciativa del propio Figueroa. Sin embargo, aunque ambos estadistas peruanos parecieron de acuerdo, la idea nunca llegó a concretarse, quizás por temor al rechazo popular. Sin embargo, la idea constituyó, a la larga, un referente fundamental para dar solución a la controversia, casi dos décadas después. Los detalles de este fugaz intento de negociación están en el trabajo "Misión Confidencial de don Paulino Alfonso en Lima", de la edición LXXXIV de la "Revista Chilena", del Asesor de la Cancillería don Luis Arteaga (abril de 1926) y en "La Gestión de don Paulino Alfonso ante el problema de Tacna y Arica. Memorandum póstumo", de su yerno Fernando Varas C., de 1929. Aparecen las "Ligas Patrióticas". Billinghurst es derrocado por el antichilenismo Al asumir el Gobierno de Chile don Ramón Barros Luco, el 24 de diciembre de 1910, las negociaciones con Perú seguían cortadas y así permanecerían por largo tiempo más, hasta llegar al poder peruano el mismísimo autor del Protocolo de 1899, don Guillermo Billinghurst, como hemos dicho muy relacionado a la crema aristocrática chilena y, además, cuñado de Barros Luco. En Tacna y Arica los conflictos eran cada vez peores y la comunidad estaba profundamente dividida. La población peruana hacía lo inimaginable por impedir el avance de los chilenos en el territorio y la prensa, alentada por el nacionalismo limeño, se descuadraba en expresiones odiosas contra los ciudadanos www.soberaniachile.cl

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chilenos establecidos en los territorios, especialmente contra los trabajadores y funcionarios públicos. Las escaramuzas callejeras habían terminado siendo pan de cada día, en las ciudades y pueblos en disputa. En respuesta, y ante la inoperancia del Gobierno de Chile para detener esta agitación, aparecieron las llamadas "Ligas Patrióticas" chilenas de Tacna, Arica e Iquique, a partir de 1911, que decidieron usar la violencia defensiva y ofensiva contra grupos de choque peruanos no menos agresivos, especialmente después de que, ese mismo año, el Presidente Leguía declarara públicamente irrealizable el plebiscito y exigiera de modo desafiante la devolución al Perú de Tacna y Arica, como uno de sus últimos actos en el poder. Esperanzado en poner término a estas cuestiones con Chile, Billinghurst volvió a recurrir a la influencia de su amigo chileno Antonio Valdés Cuevas, para tratar de lograr un acercamiento con La Moneda. En completa reserva, Valdés Cuevas logró hacer llegar hasta Barros Luco una nueva propuesta peruana, que postergaba la realización del plebiscito hasta 1931 y que llamaba a sufragio a chilenos y peruanos que tuvieran hasta cinco años de residencia en la zona. Mientras tanto, Chile pagaría al Perú la cifra de 30 mil libras esterlinas hasta el año de la realización del referendum. El país ganador cancelaría al otro una suma alzada, que se debía establecer. Al estudiar la Cancillería chilena la nueva propuesta, el ministro Huneeus Gana -que había retornado a esta cartera de Estado-, sugirió algunas modificaciones, como que los ciudadanos con derecho a voto residieran un año o más en vez de los cinco, y que el pago de Chile a Perú fuese de sólo 500 mil libras esterlinas en una sola cuota, que serían devueltas en caso de resultar Chile favorecido en el plebiscito. Billinghurst aceptó los nuevos términos y ambos cancilleres, Antonio Huneeus Gana por Chile y Wenceslao Varela por Perú, cruzaron sus respectivas notas acatando los términos discutidos, a la misma hora del 10 de noviembre de 1912. El texto, mantenido todavía en estricta confidencia, decía:

"Mi gobierno desea reanudar con el de V. E. relaciones cordiales o estables con el propósito de prosperidad nacional y de satisfacer altos intereses americanos. Animados del anhelo de finalizar el conflicto de Tacna y Arica, propongo a V. E. desde luego aplazar hasta 1933 el plebiscito, el cual se celebrará bajo la dirección de mesas formadas por una comisión que procederá en mayoría y que sería compuestas de cinco delegados, a saber: de dos chilenos nombrados por Chile, de dos peruanos nombrados por el Perú y del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile, quien la presidirá. Votarán los nacidos en Tacna y Arica y los chilenos y los peruanos que hayan residido tres años en el territorio. Todos los votantes deberán saber leer y escribir. Tan pronto como V. E. me manifieste cablegráficamente su conformidad con estos propósitos y los hayamos ratificado también por cable, acreditaremos ministro plenipotenciario que colabore a la inmediata formalización de este convenio y procure llevar a efecto arreglos de comercio y de navegación de mutua ventaja". La única diferencia entre los dos textos, estaba al final del párrafo reproducido, donde Chile agregaba:

"Mi gobierno deseoso de estrechar sus vinculaciones comerciales con el Perú entregará a V. E. 500.000 libras esterlinas que el gobierno del Perú podrá invertir libremente". El Canciller Varela, por su lado, respondía en esta parte:

"Aceptadas las 500.000 libras esterlinas en la firma propuesta por V. E. en su cablegrama de esta fecha". La negociación parecía ir viento en popa y nunca antes, ni con el Protocolo Billinghurst-Latorre, pareció estarse tan cerca del cumplimiento del mentado artículo 3º del Tratado de Ancón. Por ahora, sólo quedaba pendiente la sanción en ley de parte del Senado chileno, que por entonces discutía cuidadosamente la

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entrega de las 500 mil libras. En Perú, en cambio, la aprobación sólo quedó en manos del Ejecutivo, trámite que se hizo con rapidez, pero se condicionó a la aprobación parlamentaria chilena el envío del nuevo plenipotenciario a Santiago. Sin embargo, el Canciller Varela telegrafió a su homólogo chileno proponiéndole que parte del dinero que había entrado por la Aduana de Arica, desde 1894 (plazo fatal del Tratado de Ancón) a la fecha, debía ser compartida con el Perú, a lo que Huneeus respondió que no era aceptable dicha sugerencia y que, por lo tanto, la eliminaría del protocolo que debía suscribirse. Con esta decisión, la diferencia quedó zanjada. Nuevamente salía el Sol por encima de la frontera chileno-peruana, cuando Billinghurst debió soportar una avalancha de críticas de sus opositores. Quizás temiendo el abucheo y la desautorización de parte de los parlamentarios, dio conocer y defendió las gestiones llevadas con Chile, en un largo discurso a puerta cerrada ante en Congreso Nacional del Perú. Lo sucedido a continuación es confuso, pues Billinghurst entregó al Cónsul chileno en Lima, Gustavo Munizaga, el mismo texto que leyera secretamente ante el Congreso, y donde decía, entre otras cosas (los destacados son nuestros):

"Se ha convenido en el plazo de 21 años para la celebración del plebiscito: plazo demasiado largo, si se aprecia con el sentimiento de la nacionalidad; plazo prudente, que consulta de una manera racional las exigencias de las realidades y los dictados de la previsión". "¿Convendría al Perú la celebración inmediata del plebiscito? Aceptar este propósito sería adoptar la temeraria resolución delegalizar de una manera precipitada e concebible, y sin ventaja alguna, la ocupación de Chile. Para formarse este juicio basta con tener ojos claros y conciencia recta". Una vez que este documento llegara a manos de la Cancillería chilena, Huneeus lo objetó el 20 de diciembre, informando a Munizaga que el texto tenía tantas expresiones revanchistas e injuriosas contra Chile, que lo consideraba "de la más extrema gravedad no sólo porque no guardan armonía con el espíritu y con los términos de las negociaciones de noviembre". Munizaga volvió a entrevistarse con el Presidente Billinghurst, haciéndole notar la molestia de La Moneda. Sin embargo, el mandatario se excusó diciendo que sólo intentaba influir "en el ánimo de las Cámaras peruanas". Afectados ya por la cifra de las 500 mil libras, la noticia de las expresiones poco decorosas en el Congreso del Perú vino a caldear más los ánimos de los parlamentarios chilenos y el proyecto Huneeus-Varela fue atacado sin piedad en ambas Cámaras. Frustrado, Huneeus Gana presentó su renuncia a la Cancillería el 12 de enero de 1912, siendo relevado por Enrique Villegas. Sólo después de duras y agotadoras gestiones, este nuevo ministro logró salvar el proyecto y dar por superado en incidente con Billinghurst. Pero, lamentablemente, el destino del Presidente del Perú ya estaba echado desde el mismo día en que dio a conocer las negociaciones, en un ambiente enrarecido por el sentimiento de revancha contra Chile. Durante todo aquel año y el siguiente, Billinghurst debió lidiar heroicamente contra los golpistas y los sediciosos que pedían su cabeza desde el Congreso. Sin poder contener por más tiempo la situación, fue derrocado el 4 de febrero de 1914, constituyéndose la Junta de Gobierno dirigida por el Coronel Oscar R. Benavides y azuzada por los hermanos Prado. Actualmente, la historiografía oficial del Perú ha intentado evitar el profundo carácter antichileno que tuvo esta asonada revolucionaria, esquivando la necesidad de explicar que una de las principales razones de llevaron a deponer al mandatario, se encontraba en su virtual acercamiento con el Gobierno de Chile. Así lo admite, por ejemplo, el historiador peruano Jorge Basadre en "Chile, Perú y Bolivia independientes", cuando escribe:

"Otra crítica se inspiró en la política internacional, que algunos calificaron de "chilenizante", pues el señor Billinghurst propició unas negociaciones cablegráficas sobre la cuestión de Tacna y Arica con

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el objeto de aplazar el plebiscito hasta 1923 (sic) y en él tomarían parte regnícolas y residentes. Además, entregaría al Perú quinientas mil libras. Se dijo por los enemigos de estas negociaciones conocidas con el nombre de negociaciones Huneeus-Varela, que, dentro de las bases en ellas estipuladas, el triunfo indudable sería para Chile". Renace el peligro de guerra. Otra vez la ruptura diplomática En 1914, había llegado desde la legación chilena en París hasta la Gobernación de Arica don Luis Arteaga, quien inició de inmediato una serie de medidas para el desarrollo y la prosperidad del territorio, proyectos que permitieron un aumento poblacional considerable, de casi 2 mil nuevos habitantes en los tres años siguientes. A la sazón, Perú ya veía con repulsa e impotencia la "chilenización" de Arica y su incorporación paulatina en la vida nacional del vecino. Como la proporción de la población chilena y peruana era casi perfectamente mitad y mitad, cundió el pánico entre estos últimos y las manifestaciones de agresividad se redoblaron, comenzando a alcanzar a figuras públicas y cónsules de uno y otro país, víctimas de vulgares agresiones callejeras propiciadas por energúmenos de ambos bandos. Coincidentemente, estallaba la Primera Guerra Mundial, con un Perú haciéndose parte de los Aliados y con Chile atrincherado en la más estricta neutralidad. Casi como un reflejo del escenario que comenzaba a adquirir el mundo, la convivencia en Tarapacá empeoró cuando los agitadores peruanos se asociaron a grupos que hoy llamaríamos de izquierda política y a revoltosos locales, provocando desórdenes y hostilidades, mientras que los chilenos continuaron concentrándose en agrupaciones de corte nacionalista como las citadas "Ligas Patrióticas", que algunos han pretendido identificar en nuestros días como adelantadas antecesoras del fascismo criollo. En 1915, asumía el poder en Chile don Juan Luis Sanfuentes, conocido como el último presidente pelucón. El mismo año, llegaba a la presidencia del Perú nuevamente José Pardo y Ugarteche, conocido a su vez como el último presidente civilista. Aunque entre pelucones y civilistas parecía haber alguna coincidencia de ideas, además de que ambos países experimentaban ciertos casos de crecimiento comercial, de todos modos se impondría la rivalidad ancestral de ambos pueblos que tanto presumen de hermandad histórica entre sí, lo que se vio realzado por la falta de conversaciones desde la caída de Billinghurst. El Censo General del Departamento de Arica, que se había realizado el 23 de diciembre de 1917, demostraba que de los 3.067 habitantes censados, 898 eran chilenos, 1.368 peruanos y 776 bolivianos. La chilenización de Arica había triunfado, después de todo, provocando un verdadero cataclismo en el ánimo de los peruanos que seguían empeñados en obstaculizar tanto como pudiesen la integración poblacional, económica y política de los territorios a la nación chilena. El resultado fue más violencia, más agresiones y más campañas de odio. Los consulados chilenos de Paita y Salaverry, por ejemplo, fueron atacados por vándalos y, en represalia, el inocente Cónsul del Perú en Iquique pagó el pato, sufriendo también una agresión. Quizás para sacar partido político a los sucesos descritos, el Canciller peruano Francisco Tudela cablegrafió en provocadores términos a su homólogo chileno Luis Barros Borgoño, el que también contestó visiblemente ofuscado por el lenguaje y las expresiones contenidas en la nota. Acto seguido, ambos ministros llamaron a retiro a sus respectivos cónsules, con lo que las negociaciones, reducidas desde 1910 a las representaciones de los encargados de negocios, pasaban a quedar de nuevo completa y absolutamente cortadas, situación de enorme peligro que, en el contexto de las relaciones internacionales, suele presagiar la proximidad de un conflicto violento. Se debe comprender que, por entonces, se iniciaba otra inusitada campaña de odio antichileno, culpando oportunistamente de "racismo" a Chile por las expulsiones de cientos de obreros peruanos desde los desiertos, debido a la crisis del salitre iniciada el año anterior y que dejara cesantes por igual a chilenos,

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peruanos y extranjeros. Una gran repatriación de peruanos cesantes ocurrida también en diciembre de 1918, fue presentada por la propaganda política como una verdadera operación de "rescate" de sus ciudadanos afectados por la hostilidad chilena, retirándose de paso, el personal consular acreditado y exigiendo a los cónsules chilenos que abandonaran Perú. Aún hoy en día, es posible encontrar esta leyenda reafirmada en los libros de historia peruanos. Ese mismo mes, fue bajado Tudela y reemplazado por García Salazar. El canciller dirigió para Santiago una nota el último día del año, en la que insistía en las acusaciones y agravios desparramados por su antecesor. Barros Borgoño contestó el 10 de enero del año siguiente, impugnando la argumentación peruana y demostrando cómo Chile había buscado el cumplimiento del Tratado de Ancón. La indignación por las constantes publicaciones de la prensa peruana, terminó por hacer explotar a las comunidades chilenas en el territorio.Algunas imprentas fueron asaltadas por turbas iracundas de chilenos, para impedir la edición de titulares considerados agraviantes y, en respuesta, los locatarios de origen "mapochino" fueron amenazados con perder o ver incendiarse sus puestos comerciales si los abrían. Por todo el territorio cundieron insolentes canciones y marchas cubriéndose de improperios mutuamente y ridiculizando al adversario en todos sus aspectos imaginables, que ruborizarían hasta al más fanático publicista racista. En octubre de 1918, la "Liga Patriótica" que operaba en la ciudad de Iquique, reclamaba iracunda contra las publicaciones peruanas contra los chilenos, pero quizás intentando alentar a las escaramuzas a través de estas denuncias:

"...hace ya tiempo que con espíritu indudablemente maligno y tendencioso, nuestros vecinos del Morte -a quien en toda ocasión hemos considerado hermanos y amigos-... nos responden siempre como enemigos irreconciliables... lastimando nuestro sentimiento de hombres y ciudadanos con propaganda de prensa y acciones de todo género mortificantes y odiosas..." Coincidía este complicado período con las agitaciones revolucionarias y las posteriores elecciones de presidente interino dentro del Congreso del Perú, en 1919, donde e encendido discurso antichileno fue el centro de las arengas y las promesas para el populacho y los políticos, permitiéndole volver a Torre Tagle a don Augusto B. Leguía, en mayo, cuyo lema de batalla era nada menos que "¡Recuperad el Morro!". Al aproximarse el final de su mandato en La Moneda, Sanfuentes intentó un nuevo e ingenuo acercamiento con Lima, enviando en misión secreta al ex canciller Puga Borne... El enviado ni siquiera fue recibido por las autoridades peruanas. Catedrático uruguayo Washington Paullier se pronuncia a favor de Chile Se estaba en esta vorágine, cuando el prestigioso catedrático de filosofía y reputado político y escritor uruguayo Washington Paullier, escribió en respuesta a un artículo antichileno del autor peruano Álvaro de Alastaya, una seguidilla de columnas defendiendo decididamente a la posición chilena frente a las causas y consecuencias de la Guerra del Pacífico y las versiones peruanas y bolivianas sobre la misma materia. Confrontados Paullier y Alastaya, de debate editorial acerca de "La cuestión del Pacífico y los derechos de Chile", se mantuvo desde el 21 de marzo al 8 de abril de 1919, en la columna del diario "La Mañana" de Montevideo. La discusión tenía relación inicialmente con el contenido de un libro que tituló "La Defensa Nacional y los Problemas Militares". Ya en el debate, Paullier publicó sus escritos como "La justicia de la causa chilena"; "El patriotismo de Chile y la guerra del Perú", "Conspiración tenebrosa contra Chile", "La ambición peruana de monopolizar el salitre para salvar su bancarrota" y "Cómo Chile fue obligado a la guerra". Un tal Álvaro de Alastaya había intentado contestarle en el mismo diario, pseudónimo que, se sospecha, escondía en realidad el nombre del plenipotenciario de la República del Perú en la Banda Oriental.

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Por esta razón, en el artículo que titulado "La justicia de la causa chilena" del 23 de marzo de 1919, Paullier le responde a su interlocutor peruano (que había publicado una descarga el día anterior), en los siguientes términos:

"Conviene que el señor Alastaya, sepa cosas que parece que ignora, pero que entre nosotros son de dominio general. Para no remitirlo a las obras originales, le transcribimos estos párrafos: La más razonable y mínima previsión, nos aconseja considerar la situación defensiva del país, no desde el punto de vista parcial, como lo hemos hecho, analizando aisladamente, primero con respecto a Chile y después con relación al Brasil, sino con un criterio de conjunto, pues lo más seguro es que en esa forma se nos presente y en esa tendremos que resolverlo más tarde o más temprano". "Por eso es que nuestro país tiene que prepararse para hacer frente a dos direcciones principales a la vez: contra el núcleo Brasil y Uruguay por el Este, y contra Chile y acaso algún otro por el oeste (Pág. 29. "Asegurar la Paz"- Coronel argentino Jauregui)". Paullier, hasta este minuto, presenta un análisis de la situación internacional de entonces. En este contexto, continúa después:

"Ahí tiene el señor de Alastaya contestadas sus palabras, cuando con incomparable ingenuidad, dice que "no se alcanza a comprender en qué forma Chile puede ofrecer apoyo al Uruguay, ni contra qué peligro"." "Si le interesa profundizar en el asunto, puede ver el tema extensamente desarrollado en mi reciente obra "La Defensa Nacional y los Problemas militares"." "Dice que "hay un peligro verdadero para la paz y la justicia de América, y ese peligro lo constituyen las tendencias imperialistas de Chile"." "No la creemos, porque no es exacto; no lo demuestra el señor de Alastaya". Así, hechas trizas las afirmaciones del peruano sobre la supuesta amenaza regional que representaba Chile, Paullier lanza a Alastaya el grueso de su respuesta:

"Es muy fácil decirlo, lo mismo que disertar sobre el orden jurídico que debe reinar en el fiel cumplimiento de los tratados; pero en este caso, lo que hay que probar concretamente es que Chile constituye tal peligro; que alguna vez haya promovido la guerra injustamente, cosa que no hace nuestro impugnador". "¿Quién provocó la guerra, origen del pleito de Tacna y Arica? Los hechos evidencian que fue el Perú y Bolivia, después que Chile quiso apelar al ponderado arbitraje, de que hoy tanto hablan los peruanos. Estos no lo aceptaron; fueron ellos los que provocaron la efusión de sangre, queriendo ahora volver sobre cosas juzgadas, entonándose himnos a los aliados y a Mr. Wilson". "No basta afirmar dogmáticamente, llamándole "argumentaciones sofísticas y documentación falsificada" a la obra del eminente hombre público Gonzalo Bulnes. Es muy fácil eludir así los puntos fundamentales, no precisándose mucha sutileza de nuestra parte, para comprender que el escritor peruano, no quiere entrar a discutir las responsabilidades de la guerra que recaen totalmente sobre el Perú y Bolivia". "El señor Alastaya concentra todo su esfuerzo dialéctico alrededor de un punto imaginario: Chile, dice, es enemigo de los arbitrajes; Chile tiene el culto de su fuerza".

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"Repetimos que, es ésta una manera muy fácil de orillar dificultades, no respondiendo a los ataques fundamentales, a que se ha hecho acreedor el Perú, con el vasto plan tramado contra Chile y que dio lugar a la guerra, de donde procede el tratado de Ancón. No podía haber buscado abogado de la causa peruana argumento más desdichado, para atacar a la República de los Andes. ¡Chile enemigo del arbitraje! Un país que con fecha 3 de enero de 1879, le propuso el arbitraje a Bolivia sobre la cuestión de las concesiones de la compañía de Antofagasta; que por segunda vez ofreció someterse a sus decisiones al mandar el ultimátum Videla; y por tercera en la entrevista del Presidente Pinto con Lavalle, al Perú, pidiéndole en todas formas, la neutralidad". "¿Chile retrógrado y reacio en materia de arbitrajes, cuando por medio de él ha resuelto sus grandes cuestiones, el magno pleito de las fronteras andinas y patagónicas, aceptando el fallo de Inglaterra, lo mismo que la célebre reclamación Alsop con Estados Unidos? No tienen la menor consistencia tales afirmaciones, y caen como se ven por su base ante los hechos que dicen más para los pensadores y los pueblos serios, que los discursos hiperbólicos, comparando a la Francia heroica de la Revancha al reconquistar las fronteras de su raza, de su lengua, de su historia hasta los orígenes romanos, con el Perú de la ofensiva literaria, que vuelve por tierras que ni siquiera valorizó con sus esfuerzos". "Lo asombroso es que un peruano diga, que jamás su país acudió a medios imperialistas para resolver las cuestiones que tenía pendientes con sus vecinos". "Es posible que quien inicia una polémica con un tono un tanto magisterial, desconozca hasta ese punto la historia de su país. ¿Se olvidó el señor de Alastaya que el Perú invadió a Bolivia en 1841 sin declaración de guerra?". "En ese atentado inicuo, promovido por el Gobierno de Gamarra, el Perú sufrió un completo desastre, a pesar de la perfidia y de la invasión a la alemana, a pesar de que nuestro impugnador encuentra que su país es casi una Francia americana..." "En la llanura de Ingaví, el ejército peruano fue destrozado por los bravos soldados que comandaba Ballivián". "¿A quiénes recurrieron entonces los peruanos? A los chilenos, como de costumbre; a ese pueblo laborioso y pacífico, a pesar de ser admirable en el combate. Entonces, el Perú buscó la mediación de aquellos, por intermedio de Lavalle (hecho oficialmente consignado por el Ministro de Relaciones de Bolivia, don Manuel Urcullú), como no una, sino una infinidad de veces lo han hecho, aunque odien mortalmente a los chilenos; como en 1823, para su Independencia; como cuando Perú le declaró la guerra a Colombia en 1828, siendo una vez más derrotados sus ejércitos en el Portete de Tanqui; como cuando el mariscal Santa Cruz invadió el Perú (1837-39), salvándolo otra vez la generosa nación chilena, en el campo de batalla de Yungay, por medio del ejército que mandaba don Manuel Bulnes; como en 1840 en el caso aludido, con Gamarra y el ejército boliviano - hasta que en 1865, Chile jugó sus destinos como un caballero andante más generoso que reflexivo, haciéndole devolver a sus protegidos las islas Chinchas y sufriendo él en cambio la destrucción del puerto de Valparaíso, con todas las consecuencias de la guerra con España". "Entonces, las palabras peruanas no alcanzan para elogiar a los chilenos; ahora son retrógrados, díscolos y violentos..." "Experimentados en todo género de discusiones orales y escritas no conseguirá Álvaro de Alastaya sacarnos de los temas antes de tiempo".

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"Nunca nos desviamos de nuestra "ensuite des ideés" lógicas y en orden cerrado. Le contestaremos pues, a todo lo que quiera; pero no hemos de demostrar, aplastando el propósito peruano, de confundir a la opinión uruguaya a su favor, para lo que no omitiremos si es preciso, seguir recordando hechos como los de 1823, 1828, 1837-39, 1840 y 1865, reveladores del espíritu americanista, conciliador, generoso y humano de los chilenos, sin dejar de ser siempre los que llevaron la victoria al campo peruano cuando fueron sus aliados, y la derrota cuando pretendieron afrontarlos". Desde el principio llamó la atención la nacionalidad uruguaya de un autor que defendiera con tanta convicción a Chile. Probablemente, se trate de una de las pocas defensas que puedan encontrarse en tan categórico tenor a favor de la causa chilena en la Guerra del Pacífico, después de iniciadas las campañas de presión diplomática internacional contra el país del Mapocho por Perú y Bolivia. Las credenciales de Paullier y su erudición sobre las materias tratadas, además, lo convertían en un referente que difícilmente hubiese pasado inadvertido en plena disputa de Tacna y Arica. Él mismo alude a una abundante correspondencia que recibía desde Chile para conocer los aspectos diplomáticos que no eran sabidos por los demás países de la comunidad latinoamericana sobre las controversias limítrofes chilenas. Este notable trabajo fue reproducido más tarde en un folleto que prologó el poeta chileno Víctor Domingo Silva, y fue recopilado en parte por Exequiel González Madariaga para el cuarto volumen de su obra "Nuestras Relaciones con Argentina: una historia deprimente". Perú lleva la cuestión Tacna-Arica hasta la Liga de las Naciones en 1920 A pesar de la intención peruana de desconocer el camino que se había trazado para la solución del conflicto, que demostraremos más abajo, la acusación de que Chile saboteó el proceso iniciado con el Tratado de Ancón se ha cristalizado tempranamente en la historiografía oficial peruana, según se confirma en documentos como el mencionado trabajo de 1918 titulado "Entre el Perú y Chile: la Cuestión de Tacna y Arica", de Enrique Castro y Oyanguren, que escribe en la dedicatoria:

"Tarapacá y Antofagasta, Tacila y Arica, hace más de treinta años que siguen atadas al carro del vencedor. El mundo lo ha consentido y tolerado, porque sobre su conciencia pesaba como un sortilegio de preocupaciones y errores, de equilibrios e intereses encontrados. De pronto ha resonado, entre los fulgores de gloria de las batallas, el verbo de la nueva humanidad, personificado en el gran estadista americano. Y esa lumbre ha esclarecido la conciencia universal. Todas las injusticias, todos los atentados, todos los ultrajes a la soberanía de las naciones quedan al descubierto. Ya no es posible celarlos con la indiferencia, ni defenderlos con la fuerza. La firmeza no tiene hoy ningún valor si no está acompañada por el derecho. El tratado de paz ha sido roto". "El tratado de paz ha sido roto por el pueblo mismo que nos lo impuso. De atropello en atropello, de coacción en coacción, Chile ha ido borrando una a una las cláusulas de un pacto, que nos dictó un día por el hierro y por el fuego". "Pues bien: ese pacto, que Chile no quiso cumplir, está caduco. Nosotros lo repudiamos y lo desconocemos. Esa es hoy la palabra del Perú". "Ha llegado la hora en que van a residenciarse todos los valores y todos los títulos de dominación. Quien no puede ostentar sino la fuerza y la conquista como instrumento de su poderío, tiene que declararse vencido y fracasado en esta suprema reivindicación de los derechos humanos". Culminando la Primera Guerra Mundial, el Presidente Wilson había publicado en enero de 1918, sus famosos "Catorce Puntos" para la creación de una liga internacional de naciones. El Perú vio allí la ocasión

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de explotar la complicada posición en la que había quedado Chile frente al escenario internacional, por su negativa a unirse a los aliados y por su fama de país "germanófilo". La ocasión caía del cielo a Leguía para dar pie al cumplimiento de sus promesas demagógicas de reivindicación de Arica, exigiendo ante la liga la devolución de los territorios. Gran complicidad en estas tretas tuvo la llamada Sociedad Peruana del Derecho Internacional, que también buscó reclutar simpatías a su causa entre los países de Europa y ante el tribunal de Ginebra. Aparentemente, Lima habría logrado alentar a La Paz para presentar en conjunto una demanda contra Chile, para pedir la revisión de los tratados limítrofes, pues la Liga de las Naciones se había propuesto arbitrar sobre acuerdos que hubiesen sido el resultado de las imposiciones de un vencedor al final del período de guerra. Sin embargo, por alguna razón nebulosa, ambos países decidieron exponer separadamente sus demandas. Al perecer, Lima temía que Bolivia aspirase a la revisión del Tratado de 1904, considerando la posibilidad de recibir en compensación territorio de Arica, por lo que en un cable a La Paz del 24 de febrero de 1920, el gabinete limeño alegaba ahora:

"El Perú está dispuesto a no ceder sus derechos sobre las provincias irredentas en favor de Bolivia o de cualquier otro país, ni a escuchar siquiera proposición alguna al respecto". La Cancillería de La Paz respondió el 1º de abril con similar agresividad, declarando que la posesión colonial de Arica era un asunto que venía debatiéndose "del momento mismo de la independencia" y que el Tratado de Ancón permitía suponer, como posibilidad, una salida al mar para Bolivia al Norte de Tarapacá. Como estas declaraciones fueron consideradas en Lima al nivel de una verdadera traición de parte de su ex aliado, rápidamente los peruanos comenzaron a establecer polémicos contactos con los grupos sediciosos de Bolivia, denunciados en su momento por el oficialismo, y el 12 de julio del año 1920, un golpe militar republicano derribó a los últimos liberales presididos por Gutiérrez Guerra, desplazado por Bautista Saavedra y laJunta, cuyo estandarte de lucha también era la reivindicación del "litoral boliviano". A pesar de que el golpe terminaba con el fugaz acercamiento entre La Paz y Santiago, en octubre de 1920 Bolivia y Perú presentaron sus respectivas demandas contra Chile ante la Liga, por separado. La tensión fronteriza, a esas alturas, sería aprovechada políticamente por el entonces ministro chileno Ladislao Errázuriz, quien decidió enviar al Norte del país a los regimientos militares que eran considerados virtuales enemigos del Gobierno de Sanfuentes, en lo que se llamaría "la guerra del Ladislao". Estas acciones también fueron parte de la propaganda que presentaron ambos países vecinos en contra de Chile en los foros internacionales. Sin embargo, advirtiendo que la demanda estaba fuera de toda posibilidad de prosperar y luego de que La Paz postergara su parte en el reclamo para que éste fuese pasado a las reuniones de 1921, Leguía ordenó el retiro de su reclamo contra Chile en la Liga, dejando a Bolivia abandonada en esta torpe aventura, que señalara su primer gran fracaso en la histórica campaña paceña para obtener costas propias. Ese mismo año, reforzando la campaña internacional que el Perú procuraba propagar por el continente, Leguía había ordenado la publicación de un nuevo documento difamatorio intitulado "Libro Blanco: Exposición documentada sobre el estado del Problema del Pacífico". Entre otros indignantes párrafos, esta obra panfletaria decía sin rubores en su página 53:

"De las razones contenidas en esta exposición se desprende clara y definitivamente: www.soberaniachile.cl

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Primero: Que el Tratado de Paz suscrito entre el Perú y Chile, el 10 de octubre de 1883, debe ser revisado y devuelta al Perú, incondicionalmente, la provincia de Tarapacá; Segundo: Que deben igualmente ser devueltas al Perú las provincias de Tacna y Arica, sin plebiscito y sin género de indemnización o pago por su parte". Cabe recordar que, en este período, se proyectó un plan de irrigación y de aprovechamiento de las aguas del río del Uchusuma y del río Mauri, afluente del Desaguadero, para el beneficio de Tacna. En 1922, con la herida del fracaso en la Liga aún sangrante, Bolivia decidió sabotear el uso de aguas dulces compartidas y presentó una queja formal contra Chile, por haberse otorgado a una empresa privada de regadíos los derechos del río. De esta manera, La Paz iniciaba la cuestión del río Mauri, valiéndose de una estrategia destinada a dificultar el uso de aguas de ríos compartidos para labores agrícolas del Norte de Chile, recurso que se ha vuelto a repetir en otras oportunidades a lo largo de sus complicadas relaciones fronterizas con el país vecino. Surgimiento de un icono del entreguismo chileno: Carlos Vicuña Fuentes En este período, en tanto, surgiría uno de estos mitos seculares del entreguismo chileno, con la virtual "beatificación" -tipo mártir, incluso- de la figura de un académico: Carlos Vicuña Fuentes. El profesor chileno comenzó a plantear con desparpajo y sin suavidades su deseo de devolverle Tacna y Arica al Perú, entregarle una salida en Tarapacá a los bolivianos y, en lo posible, dejar las cosas casi como estaban antes de la Guerra del Pacífico, como si nada hubiese pasado. Ocupa, por ello, un marco especial en el salón de la fama del "selecto" grupo de personajes que en Bolivia han sido reconocidos como los "chilenos honestos", supuestos abanderados de su causa de reivindicación marítima. Bien puede que Vicuña Fuentes sea realmente el único intelectual realmente de peso que en su país haya clamado alguna vez por la devolución de Arica al Perú y la entrega de costas a Bolivia, pues el resto de estos llamados "chilenos honestos" no lo compone más que un grupo de profesorcillos añosos o historiadores aficionados, cuyos trabajos resultan muy sabrosos para el lector crítico que gusta de encontrar errores o alteraciones evidentes en los textos históricos. Vicuña Fuentes, en cambio, escribió sendos trabajos respecto de sus tesis entreguistas, entre los que se destaca "La libertad de opinar y el problema de Tacna y Arica", publicado en Santiago en 1922. Y, para hacer honor a la verdad, más allá de que se pueda compartir o no la filosofía de sus textos, dentro de los no pocos trabajos pro-peruanos y pro-bolivianos producidos por entreguistas chilenos, sin duda se trata por lejos, de los más precisos, serios y profesionales, a pesar de que gasta la primera mitad de sus cerca de 350 páginas en un tedioso y anecdótico relato autobiográfico sobre las peripecias vividas por la detracción masiva a su propuesta, además de reproducir todas las notas de apoyo que sus amigos y colegas le hicieron llegar en la época, incluso una de Miguel de Unamuno, el mismo autor español que declaraba al patriotismo chileno como "insufrible e insoportable". Integrando una incipiente escuela de izquierdización reformista de los militantes e intelectuales radicales de la época, el profesor del Instituto Nacional y de la Universidad de Chile se encontraba muy ligado a la FECh (Federación de Estudiantes de Chile), organismo donde también florecía con fuerza el movimiento progresista que, años después, se volvería en la izquierda tradicional chilena, asimilando a los movimientos sindicalistas y las fuerzas comunistas fundadas por Luis Emilio Recabarren.

"Lleno de admiración -confiesa Vicuña en uno de sus libros- por el valor moral y la sinceridad de propósitos de la federación, me ligué a ella por el sentimiento..." Recordemos que, para la fecha y hasta bastantes años después, las diferenciaciones en el espectro político no eran claras ni precisas como hoy suelen identificarse. Como broche: cuando se fundó el Partido Socialista, unos pocos años más tarde, éste apenas pasaba la gama de ser un partido de "centro popular";

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y, en los mismos días, el Movimiento Nacional Socialista de Chile era definido por sus propios representantes en el Congreso como un movimiento "izquierdista". Casualmente, este "despertar" intelectual hacia las ideas del reformismo coincidía también con un período de fuerte agitación militar y conservadora, donde la deliberación y la participación política estuvieron más activos que nunca en las filas uniformadas, movimiento del que surgieron líderes como el futuro Presidente Carlos Ibáñez del Campo (bajo cuyo mandato Vicuña llegó al clímax de sus confrontaciones con los conservadores debiendo salir al exilio, desde donde continuó atacando virulentamente al Gobierno). Pero, por su formación esencialmente prusiana y por su disciplina estrictamente profesional, los militares ya eran avistados como un problema en los proyectos de reformas que movimientos políticos de entonces, como los radicales y parte de los liberales, a la sazón, algunos de los principales enemigos de los nacionalistas de la época, según se deduce de las cruentas discusiones que habían hasta en el Congreso Nacional, y que con frecuencia se trasladaban a las calles. En efecto, salvo por la temeraria y finalmente bochornosa aventura de Marmaduque Groove, unos años después, la tremenda mayoría de los militares chilenos se mostraron tempranamente reacios a asimilarse con doctrinas reformistas o que hoy reconoceríamos como izquierdizantes, como las que hicieron caldo y nata en los cuarteles peruanos y bolivianos, años más tarde. A partir de este convencimiento, figuras ligadas a la intelectualidad de la época anticiparon que las Fuerzas Armadas de Chile no iban a ser precisamente un pie de apoyo a las reformas sociales y económicas que sectores políticos como los radicales deseban fervientemente. Deseosos de quitarle poder al Ejército y especialmente a la Marina, comenzaron a clamar por rebajar los presupuestos de gastos militares asignados a estas dos ramas, una estrategia izquierdista que se ha visto no pocas veces en práctica en nuestra historia y la del mundo contemporáneo. Los hechos, sin embargo, le quitan bastante romanticismo a los intentos de Vicuña Fuentes por entregar el norte de Chile a los países vecinos... Ni invocándole como al personaje de la "nivola" unamuniana podría traernos a la realidad tan cruda a un legendario personaje que, conforme pasan los años, sigue siendo cada vez más y más decorado por las guirnaldas del entreguismo disfrazado de americanismo, que se hace dificultoso develar la verdad del profesor, como las ramas ocultas en los pinos de navidad recargados. Motivaciones políticas de la generosidad de Vicuña Fuentes y sus seguidores Como por entonces, el foco de máxima tensión internacional era el norte, en Tacna y Arica, la fuerte y permanente irritación diplomática entre Chile y Perú era el único punto de aparente atención para las Fuerzas Armadas de Chile, cuya experiencia y formación le habían otorgado, además, un gran reconocimiento y prestigio internacional, con misiones en el extranjero. Por otro lado, las tierras de Iquique y Arica habían acumulado gran parte de la actividad de los izquierdistas sindicalistas, tentados por el ambiente de revueltas y por la sensibilidad popular afectada gravemente tras varias y sangrientas "masacres del salitre", que llenaron de horror y resentimiento los desiertos, como resultado de abusivas acciones represivas contra movimientos obreros de tan agitado escenario. Es así como para 1917 ya existían en el norte una serie de agrupaciones sindicales de corte izquierdista y enemigas del poder central, representado habitualmente en los uniformados destacados en la zona, como la Federación Obrera de Chile, la Federación Regional del Salitre, la Unión Minera, la Sociedad Minera Pampa-Unión y la Unión Obrera del Salitre. Muchos historiadores de izquierda que resaltan la violencia de las "Ligas Patrióticas", cubren con un manto de piedad la misma característica o peor que tuvieron estos centros de agrupación sindicalistas. Convencidos de que lo único que justificaba la existencia del Ejército y la Marina de Chile era la situación de Tacna y Arica, además de ser la bandera de unidad de los sectores conservadores de la política chilena -estrechamente relacionados con los militares-, los entreguistas agrupados en las corrientes universitarias e intelectuales representadas por Vicuña Fuentes, por esta razón comenzaron a exteriorizar públicamente www.soberaniachile.cl

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su apoyo a la causa peruana y a intentar boicotear lo que llamaron la "chilenización forzada" de Tarapacá, para referirse en realidad al tránsito y migración cada vez más numeroso de chilenos hacia Iquique, Arica e incluso Tacna, con lo que las posibilidades de recuperación para el Perú se hacían progresivamente negativas. La FECh, por ejemplo -y representando un sentir que no era demasiado excepcional entre la intelectualidad entreguista universitaria de aquellos días-, solidarizó abiertamente con los peruanos y sus afanes reivindicatorios en Tacna y Arica, motivados únicamente por sus sentimientos absoluta y declaradamente antimilitares. Sus protestas contra el movimiento de tropas hacia el norte, por ejemplo, culminaban en enfrentamientos con tal grado de violencia (con muertes incluidas) que se les llegó a cancelar la personalidad jurídica. Pero un duro golpe a los sectores pacifistas tuvo lugar a mediados de 1920. Habiendo aún puntos de controversia sobre la aplicación del Tratado de 1904 con Bolivia, el Perú respaldó gran parte de una asonada golpista que instauró un nuevo gobierno en La Paz, el cual se preocupó de inmediato de manifestar su posición antichilena desconociendo todas las negociaciones hasta entonces llevadas con nuestro país y garantizando de inmediato un acercamiento estratégico al Perú. Para entonces, el Presidente Sanfuentes había designado recientemente, como Ministro de Guerra y Marina, al liberal Ladislao Errázuriz Lazcano, famoso por sus firmes denuncias y combates contra la corrupción política. Hombre de firmes convicciones (verdadero "chileno honesto", habríamos dicho), recto y astuto, advirtió que el período de desorden político por el que entonces atravesaba Chile. Sin embargo, cometió la imprudencia de utilizar temas de seguridad nacional con objetivos meramente políticos, tan pronto llegaron noticias de posibles movilizaciones de fuerzas peruanas junto a la frontera Norte, común de los tres países, Errázuriz sugirió como respuesta el movimiento de una tremenda cantidad de fuerzas militares chilenas hasta las inmediaciones de la zona caliente, aprovechando de desplazar a los regimientos menos proclives al gobierno y a los mandos de los que se sospecharan inclinaciones golpistas. Es lo que se llamó la "Guerra de Ladislao". Sin embargo, las controvertidas movilizaciones de 1920 no se restringieron sólo a la administración sobre el Ejército. Muchos condenan hasta hoy las intervenciones en instituciones académicas que acompañaron a estas medidas y consideran exagerada la reacción del ministro. Duras críticas se formularon sobre el Gobierno, observando medidas de corte más electoralistas que prácticas tras esta movilización, que fue ampliamente aprovechada por Bolivia en sus denuncias contra Chile ante los foros internacionales. Fue en este ambiente que llegó al poder el Presidente Arturo Alessandri, en octubre de 1920, que, aunque no comulgaba directamente con las ideas radicales o reformistas, había sido el candidato elegido de la Alianza Liberal del año anterior, en la que ganó a Eliodoro Yáñez. Los radicales habían participado activamente en esta alianza y en la posterior contienda electoral, al lado de Alessandri, en cuyo seno arraigaba un profundo desprecio liberal por los cuerpos militares regulares y los nacionalismos. Lo demostraría con la fundación de las "Milicias Republicanas", verdadera organización paramilitar que llegó a rumiar la idea de sustituir las Fuerzas Armadas tradicionales. Su presidencia, sin embargo, no fue un calmante para la ya insoportable tensión política y diplomática chileno-peruana, que a los ojos de intelectuales radicales, como Vicuña Fuentes, seguía siendo la única razón de ser de las fuerzas militares regulares de nuestro país... O sea, el gran obstáculo imaginario para el período de reformas sociales soñadas por los progresistas de la época. Suponiendo que el fin de este litigio sepultaría para siempre el poder y la presencia militar en la vida política, Vicuña Fuentes comenzó a encabezar desde 1921 una agrupación de académicos e intelectuales que proponían la devolución de Tacna y Arica al Perú y la entrega de Antofagasta a Bolivia. Estas medidas -creían- no justificaban la posterior existencia de las fuerzas militares chilenas o al menos no en los grados de importancia que tenían para entonces. Fue así como, en una concurrida asamblea del mes de agosto, muy estudiadamente en la FECh (para asegurarse los aplausos de un público afín), Vicuña Fuentes comenzó su inusitada campaña proponiendo www.soberaniachile.cl

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airadamente la materialización de estas entregas. Lo hizo a través de una declaración radical redactada con ayuda de su alumno y presidente de la FECh, Daniel Schweitzer, por entonces nada más que un fanático alumnodevoto de sus ideas y declarado enemigo de los conservadores. Según el texto de la misma, reproducido en el diario "La Época" del 17 de ese mes, el comunicado de Vicuña Fuentes y la FECh decía textualmente en el número 23 de sus varios artículos:

"Debe resolverse el problema internacional del Norte mediante la devolución al Perú de las provincias de Tacna y Arica y la cesión a Bolivia de una faja de terreno en Tarapacá, para que tenga una salida al mar". Dejando de lado el arrogante tono imperativo de la declaración leída y abundada en la reunión, parece ser que nadie ha reparado en que las verdaderas intenciones de esta propuesta entreguista están sólo un poco más abajo, sólo dos párrafos después:

"Deben transformarse las instituciones armadas en policías de seguridad y en brigadas técnicas destinadas al mejoramiento de las comunicaciones y ejecución de obras públicas generales y licenciarse del exceso de ellas". Paralelamente, había comenzado un gran trabajo literario en el que intentaba desmerecer todas las acciones chilenas en la Guerra del Pacífico, restar toda justificación a la entrada de nuestros ejércitos en Tarapacá y, por supuesto, ilegitimar la posesión de Tacna y Arica, con el objeto de hacer injustificada la "sobrevaloración" de las Fuerzas Armadas chilenas cuyo único punto de atención era, precisamente, el problema derivado de estas posesiones. Se puede decir que ostenta el título de iniciador de esta escuela entreguista, negadora de las glorias del Ejército de Chile. En su antes citado libro y en la Asamblea del Partido Radical celebrada en Santiago ese mismo año, llegó a declarar:

"La cuestión del Norte es el único problema militar que Chile tiene, lo único que justifica los gastos incalculables de nuestro Ejército y de nuestra Marina...". Como el recurrente tema de los abusos cometidos por soldados chilenos en Arica, Tacna y Lima durante la Guerra del Pacífico aún no tomaba las características de campaña histórica que peruanos, bolivianos y entreguistas le han impreso hasta ahora, Vicuña Fuentes margina completamente este asunto en sus narraciones, saliendo así de la tónica general de las emotividades y sentimientos de culpa tan frecuentemente apelados por autores partidarios de las "reinvindicaciones" peruanas, a falta de derechos y justificaciones concretas. En su lugar, el profesor prefiere cargar los dados por el Perú en las continuas y frecuentes escaramuzas que solían producirse entre chilenos y peruanos habitantes de Tarapacá, en lo que considera la "chilenización forzada" de esos territorios. Y aunque algunos de sus trabajos sean ostentosamente decorados con portadas homenajeando la unidad americana, la lectura de Vicuña Fuentes parece tener sólo un objetivo superior al sentido americanista que acusa, y que dice relación más bien con la urgente finalización del problema Tacna-Arica, la desmilitarización de la zona y la reducción de recursos, importancia y capacidad deliberante de las Fuerzas Armadas de Chile. El repudio generalizado al entreguismo de Vicuña Fuentes. El ocaso de su leyenda Pero las cosas no resultaron para Vicuña Fuentes, bajo la pretendida corta gloriosa de laureles y reconocimientos. Al contrario de lo que esperaba, se fueron en su contra no sólo los sectores más nacionalistas, sino los populares y liberales. Los partidos políticos de la Coalición Conservadora lo consideraron un traidor, solicitando formalmente su destitución del cuerpo académico de la Universidad de Chile.

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Es preciso detenerse en este punto, muy tergiversado por algunos autores de la época defensores de Vicuña Fuentes, del mismo modo que antes lo fueron de Lastarria o Barrios Arana: el profesor fue, efectivamente, amonestado y se le impidió continuar con la campaña en las aulas universitarias. Sin embargo, aunque muchos pseudo "revisionistas" intenten relacionar este hecho con un acto de censura de parte del gobierno directamente por sus ideas generosas para con Perú y Bolivia, la verdad es que en esta sanción se debió principalmente a los serios roces que se producirían entre Vicuña Fuentes y el Canciller de entonces, don Ernesto Barros Jarpa, a raíz de sus declaraciones en la FECh. En efecto, dos personalidades sumamente duras e intransigentes vendrían a encontrarse cara a cara en este conflicto. No es difícil comprender, además, el enojo del Gobierno dado el contexto de la época. Los peruanos estaban organizados, para entonces, en una poderosa campaña mediática en la que intentaban mantener encendidas las expectativas reivindicacionistas de su país fingiendo que en Chile había toda una controversia o batalla política entre autoridades partidarias de devolver Tacna y Arica, con otras que eran proclives a preservarlas. Ya que, en la práctica, dicha polémica no existía, las declaraciones de Vicuña Fuentes cayeron como maná del cielo a estos monaguillos de la revancha y no tardaron en ser diseminadas como reguero de pólvora por todo el Perú. Esto ha hecho sospechar hasta nuestros días en alguna complicidad del académico con respecto al plan peruano para reflotar el asunto e intentar influir en el arbitraje norteamericano. De ahí la molestia del ministro Barros Jarpa, entonces, cuya guerra con Vicuña Fuentes se volvió rápidamente personal y con presencia de descalificaciones mutuas, pues, a pesar de que en la declaración de la FECh de agosto de 1921 se dejaba clara la necesidad de abandonar los sarcasmos y las ironías en los debates políticos para sanear las instancias de discusión seria, Vicuña Fuentes cayó frecuentemente en el uso de estos recursos mal aconsejado por su orgullo y desatando la ira del Canciller y de varios parlamentarios de la época. Se sabe, además, que íntimamente fue reprochado por muchos de sus camaradas radicales, pues no es de sorprender si recordamos el encendido patriotismo que varios de ellos mostraron años después desde La Moneda, como Aguirre Cerda y González Videla, este último con antecedentes de haber participado como Teniente 2º en Tacna durante la "Guerra de Ladislao". Al revisar la declaración de apoyo que ese mismo año emitió la Asamblea Radical, y que muchos entreguistas mencionan a la pasada como parte del respaldo que habrían recibido las ideas y partidarios de Vicuña Fuentes, no se lee en ella nada que haga pensar que, efectivamente, los radicales respaldaban también la propuesta entreguista del profesor, sino que formulan una mera defensa a la libertad de expresión y a la injusticia que significaba sacarlo del círculo académico de la Universidad de Chile sólo por sus ideas, con las que la asamblea no parece comulgar. De hecho, en uno de sus párrafos la declaración de defensa habla del Perú como una nación traicionera, que pagó a Chile el haberla liberado "dos veces" provocando una guerra. Y lo que es peor: como suele suceder en esta clase de escándalos, muchos de los entreguistas que empujaron a Vicuña Fuentes a sus declaraciones antipatriotas, lo abandonaron en el camino, amedrentados por la falta de aceptación de su propuesta, tanto a nivel político como popular. Tal vez por eso puede verse un curioso giro en las otrora sólidas e imperativas propuestas de entregas territoriales, en posteriores documentos emitidos por el académico, en los que parece comenzar a ser más claro y humilde sobre las verdaderas intenciones detrás de sus propuestas generosas. En una carta a la dirección del diario "La Nación", publicada en ese mismo medio el 1º de septiembre de 1921, ya no está presente la pasión por "entregar y entregar", dejando paso en su lugar a una nueva lectura en pro del mejoramiento de las relaciones diplomáticas:

"El problema de Tacna y Arica no estriba ciertamente ni en que Chile se quede con esas provincias, no tampoco en que las devuelva al Perú... Consiste esencialmente en que cese el entredicho de Chile y el Perú, vuelva entre ambos la amistad, nacida de la paz mora, y desaparezca el síntoma perturbador de la armonía en nuestro continente. Consecuencia de ello será el cambio de lapolítica agresiva, la disminución de los armamentos, el desarrollo del comercio y la vuelta al predominio de los conceptos morales..."

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Lo más triste de todo para el académico, sin embargo, es que en los mismos países en que hoy se clama su nombre como homenaje a los"chilenos honestos", bolivianos y peruanos consideraron los intentos entreguistas de Vicuña Fuentes y sus asesores como farsas o engaños cuidadosamente concertados para embaucar especialmente al Perú, movidos por un desprecio antichileno que perduró largamente nublándoles los ojos y haciéndoles permanecer incrédulos de que Chile algunas vez les devolviera alguna parte de Tarapacá, casi hasta encima de la firma del Tratado de 1929, por el que los peruanos recuperaron Tacna única y exclusivamente a deuda de la buena voluntad chilena. Las actitudes de acercamiento o entendimiento diplomático con Chile eran consideradas mayoritariamente en el Perú de entonces, como peligrosas y comprometedoras, pues anidaba allá aún la esperanza de la recuperación total del territorio. Así, la fracasada campaña del profesor era sólo una treta de características políticas y antimilitares, como el estímulo que mueve realmente a muchos entreguistas bajo la vestidura de conciencias americanistas o progresistas: el interés político y a veces, incluso, el interés personal. Aun cuando dedique un capítulo entero de su libro sobre el problema de Tacna-Arica a las instancias de derecho a favor de la recuperación territorial del Perú, no hay verdadera solidaridad de parte de Vicuña Fuentes hacia este pueblo, ni un asunto de obligaciones fraternas, sino un mero asunto de pragmatismo, de eliminar un foco de tensión nacional y, con ello, una excusa más del nacionalismo y de la relación conservadores-militares, particularmente atentos al asunto con el Perú desde las tensiones de los años veinte. En la página 313 del libro confiesa en un intento persuasivo:

"El Perú, mientras tenga un motivo racional y real, alimentará necesariamente el odio contra Chile y como consecuencia de él, la política de represalias enconará cada día más el conflicto y hará imposible el restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas de ambos países". Y, desmintiendo a las frecuentes citas que de él hacen autores bolivianos y entreguistas simpatizantes de la salida al océano para el Altiplano, Vicuña Fuentes jamás habló de solidaridad con pretendidos "derechos a mar" en torno a la mediterraneidad boliviana, sino que llamaba a un acto de extrema "generosidad" para impedir, como en caso del Perú, futuros focos de tensión que justificaran lo que él consideraba un "chauvinismo nacionalista". Es así como, después de una breve descripción de la Guerra del Pacífico donde acusa a Bolivia de violar el Tratado de 1874 de acuerdo a la posición histórica sostenida por Chile, en la página 314 de la misma fuente escribe esta categórica sentencia:

"Para esta exigencia Bolivia carece por completo de toda razón jurídica, porque en Octubre de 1904, sin presión bélica de ninguna especie, renunció libre y definitivamente a toda pretensión sobre su antiguo litoral, a cambio de compensaciones que han sido lealmente cumplidas por Chile. Más aún, por el Protocolo Confidencial anexo al Tratado del 20 de Octubre de 1904, renunció expresamente a toda expectativa sobre Tacna y Arica, comprometiéndose a favorecer las pretensiones de Chile sobre esos territorios, en los cuales se habría de construir el ferrocarril de Arica a La Paz". Sin embargo, estas confesiones no han sido óbice para que un pseudo historiador entreguista de nacionalidad chilena pero profundamente comprometido con políticos bolivianos, en uno de sus panfletos en defensa de la demanda marítima altiplánica, reproduzca una cita de Vicuña Fuentes, omitiendo precisamente las frases del párrafo que demuestran la incredulidad del académico en los "derechos" alegados por Bolivia sobre el litoral chileno:

"En cuanto a Bolivia, el problema es más hondo todavía, porque es vital; no puede ella sobrevivir enclaustrada, fuera del acceso a la vía libre del mar (...). su salida al mar tendrá que ser forzosamente una ineludible aspiración nacional y un eterno problema internacional, en cuya finalidad no podrá haber desacuerdo entre sus hombres. Lo habrá sí en cuanto al modo de solucionarlo (...), pero los hombres que representan el sentimiento profundo y permanente de la nación, buscarán necesariamente una salida por el territorio de Chile, que tiene en su poder todo el antiguo litoral de Bolivia". www.soberaniachile.cl

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A pesar de estos antecedentes, resultaría difícil esperar alguna alteración total en el mito de don Carlos Vicuña Fuentes como el gran chileno americanista, que desenmascaró el expansionismo de su propia patria y luchó honestamente por los derechos de Perú y Bolivia atropellados por Chile... Menos aún sabiendo que el entreguismo lleva años dispuesto a reclutar toda clase de fantasías o cristalizaciones históricas a su causa, eternamente amenazada por el peso muerto y la impopularidad. Arbitraje norteamericano de 1923-1925: triunfa la tesis chilena Aunque el discurso de las intentaba crear el temor de que Chile de todos modos perdería las provincias disputadas con el Perú ante una eventual mediación o arbitraje, incrementado las odiosidades, la verdad es el círculo de VIcuña Fuentes estaba altamente convencido de que Chile se presentaba con ventajas para conducir en el derecho el tema de los territorios frustrando más aún las pretensiones de Perú y Bolivia. Esto estaba próximo a quedar demostrado ante las narices mismas que los agitadores. Estando ya en el poder Arturo Alessandri Palma, se instruyó al Canciller Ernesto Barros Jarpa para buscar una solución con el Gobierno de Lima a la cuestión territorial, que ya se había extendido por tres décadas. La idea de La Moneda era restaurar una negociación en base al Protocolo Huneeus-Varela de 1912 que había quedado en el camino, pero Leguía se opuso. La Cancillería limeña, en cambio, propuso "un arbitraje serio e imparcial" para resolver un acuerdo en el litigio de Tacna-Arica, idea con la que simpatizó Alessandri Palma, depositando la tarea en el Presidente de los Estados Unidos, decisión que en ambos países litigantes fue muy mal tomada por amplios sectores de la opinión pública y del poder legislativo. El 12 de diciembre de 1921, La Moneda invitó al Perú a cumplir con lo conversado y dar cumplimiento al Tratado de Ancón, iniciándose un intercambio. Sin embargo, las notas peruanas seguían cargadas de un lenguaje excesivamente fuerte y acusatorio, cerrando la negociación cablegráfica en la víspera del año nuevo de 1922, en un ambiente más bien derrotista y poco esperanzado en la suerte de arbitraje. Debidamente enterado de estos pormenores, el Presidente de los Estados Unidos, Warren G. Harding, informó de su ánimo el 18 de enero, a ambos gobiernos, a través de los representantes de la Casa Blanca en Lima y Santiago. Destacó su satisfacción y complacencia por la decisión de conducir las cuestiones territoriales al arbitraje, invitando a los países a enviar a Washington D.C. a los respectivos representantes, para que se allanaran a discutir sobre la solución que debía entregar el árbitro. La Moneda designó para tales efectos, a Carlos Aldunate Solar y a Luis Izquierdo como sus delegados. Torre Tagle escogió a Melitón Porras y a Hernán Velarde. Las sesiones comenzaron el 15 de mayo de 1922, y se extendieron hasta el 20 de junio, adquiriendo el debate, por momentos, un acalorado cariz, sin que se pudiese llegar a ningún acuerdo entre dos tesis tan disímiles sobre un mismo problema: mientras Chile sostuvo la idea de que serían los habitantes los que debían votar para decidir su futura nacionalidad, Perú exigió directamente que los territorios de Tacna y Arica le fuesen "devueltos" sin más dilaciones ni discusión. Chile propuso cinco fórmulas de arreglo, todas ellas rechazadas por Perú. En vista del desacuerdo, ambas delegaciones suscribieron un Protocolo de Arbitraje y un Acta Complementaria, el 21 de julio, que encargaba al Presidente de los Estados Unidos la solución del conflicto. Los documentos fueron canjeados el 15 de enero de 1923. El día 18, los plenipotenciarios ante Washington, Beltrán Matthieu de Chile y Federico Alfonso Pezet de Perú, solicitaron formalmente a la Presidencia de los Estados Unidos, hacerse cargo del arbitraje. Diez días después, el Secretario de Estado, Charles E. Hughes, comunicó la aceptación de la propuesta y agradeció a ambos países la confianza depositada en la Casa Blanca. El arbitraje recayó en el Presidente Calvin Coolidge, sucesor de Harding.

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Coolidge demoró cerca de dos años de estudio y el expediente llegó a acumular seis mil páginas antes de comunicar su tan esperada decisión, el día 4 de marzo de 1925: el árbitro fallaba a favor de Chile, declarando procedente la realización del plebiscito y designando una Comisión Plebiscitaria, compuesta por un representante de Washington, un chileno y un peruano, para realizar la consulta. Junto a otras aclaraciones técnicas y procesales para el referéndum, el fallo destinaba a la Comisión establecer los detalles y el procedimiento de las votaciones, además de destinar al Perú en cesión directa sólo el departamento de Tarata, destinando la delimitación a una comisión de límites. Al verse favorecida la tesis chilena, el resultado del arbitraje fue tomado con desazón en el Perú y, por qué no decirlo también, con el movimiento entreguistas de efímera existencia, que comenzaba con ello su marcha generacional hacia el crepúsculo. Más dificultades: Perú busca imposibilitar la realización del plebiscito Las actividades de la Comisión Plebiscitaria comenzaron el 5 de agosto de 1925. Por el árbitro norteamericano estaba presente el General John J. Pershing; a la cabeza de la delegación de Chile, don Agustín Edwards Mac Clure; y en la de Perú, Manuel de Freyre Santander. Vale hacer notar que Pershing era un héroe de la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que el Perú tomó partido entusiastamente por los aliados, y en el que Chile, como hemos dicho, quedó anatematizado como un país "germanófilo" y simpatizante de los imperios. Quizá esto explique, aunque sea en parte, lo que iba a ocurrir en el seno de la Comisión, en los meses siguientes. Desde el primer instante quedó en evidencia que la estrategia de los comisionados peruanos iba a ser una y sólo una: imposibilitar a toda costa la realización de plebiscito. En sus íntimos planes, el sabotear la decisión del árbitro podría obligar a retomar la propuesta formulada durante las exposiciones de 1923, consiguiendo así la reincorporación de los territorios. La entrega de Tarata, en tanto, tuvo lugar el 1º de septiembre, por acta firmada por Edwards Mac Clure. Sin embargo, no dejando pasar la oportunidad para volver cuestionar los derechos chilenos en el territorio restante, los peruanos dejaron constancia en el documento, de que la porción cedida constituía sólo "una

parte del territorio de la provincia de Tarata ocupado por Chile, dejando a salvo sus derechos en la otra parte". La obstinación peruana por hacer fracasar el plebiscito, le llevó a ofrecer el doble de la indemnización de diez millones a cambio de reconocer el mecanismo de votación para fijar la soberanía efectiva y definitiva, además de comprometerse a declarar zona franca los territorios por parte de quien lograra quedárselos, respetando también los acuerdos que ya se habían logrado entre Chile y Bolivia en lo referido al libre tránsito y uso del tren Arica-La Paz. Este acuerdo se conoció como el "Memorandum de la Oroya", por ser éste el nombre del navío abordado por Manuel Antonio Maira para llevarlo desde Arica a Valparaíso. Una vez en Santiago, el documento fue consultado al Presidente Alessandri Palma, quien estuvo de acuerdo con su contenido. Sin embargo, el General Pershing estaba cada día menos convencido en la posibilidad de realizar el plebiscito. Al fracasar nuevamente los intentos de negociación en base al "Memorandum de la Oroya", el comisionado Edwards Mac Clure fue llamado de vuelta a Santiago. Al despedirse del representante yanqui, éste le confesó su incredulidad en la vía del referendum y le anticipó que prefería un arreglo directo de repartición del territorio. Para empeorar la situación, el Gobierno de Alessandri Palma pasaba por una crisis, que terminaría por obligarlo a dimitir ese mismo año. Edwards Mac Clure sólo pudo volver a Arica un tiempo más tarde. A su llegada, se habían producido violentas revueltas y escaramuzas sociales entre ciudadanos chilenos y peruanos, por lo que Pershing y los demás comisionados estaban con pintura de guerra, culpando injustamente a la autoridad chilena de estos hechos y exigiendo un paquete de garantías tan estrictas para el plebiscito, proyectadas en una virtual Moción de Requisitos Previos, que los delegados

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chilenos temieron pudiese arrastrar la situación hacia la eventual pérdida de la administración territorial para su país, por lo que Edwards Mac Clure se resistió a esta idea. Aprovechando el ambiente, sin embargo, Freyre Santander exigió en nombre del Perú la "neutralización" del territorio como principio fundamental para un plebiscito, lo que contravenía el fallo arbitral de la Casa Blanca. Sintiendo pasada a llevar su soberbia egolatría por las negativas de la delegación chilena, los comisionados norteamericanos Pershing y el Coronel Kreger formularon graves cargos contra las autoridades de Chile, en la sesión del 10 de octubre. Irónicamente, una semana antes había sido recibido por el vicepresidente de la República, Barros Borgoño, el embajador de los Estados Unidos en Santiago, William Miller Collier, ocasión en la que el ministro chileno le aseguró al plenipotenciario que las autoridades de Tacna y Arica trabajarían para garantizar una votación honrada, justa y no fraudulenta. En este clima de presiones, Edwards Mac Clure preparó una Moción de Garantías y Sanciones, realizándose adicionalmente una reunión extraordinaria entre los delegados chilenos y las autoridades de Tacna. En la ocasión, todos estuvieron de acuerdo en que el tipo de exigencias que se estaban formulando, aplastaban todas las posibilidades chilenas de salir victoriosos en el plebiscito y, por lo tanto, preferirían recomendar al Gobierno de Chile un arreglo directo. Pero La Moneda ordenó que se siguiera con los procedimientos previstos para el plebiscito, sin perjuicio de poder estimar las recomendaciones que formulara Pershing. De este modo, la Moción de Garantías y Sanciones fue presentada por la delegación chilena el 24 de septiembre, en la séptima sesión de los comisionados. Comisionado norteamericano se alinea en contra de Chile Sin embargo, Perú seguía decidido a no soltar su exigencia de neutralizar el territorio. En la sesión número nueve, del 2 de noviembre de 1925, el ambiente olía a pólvora y la tensión beligerante era un reflejo de lo que sucedía entre las masas de la población humana, por las calles de Arica y Tacna. Como era de esperarse, la Comisión Plebiscitaria rechazó la moción chilena y aprobó la propuesta yanqui de requisitos previos. En la ocasión, Pershing pasó por encima de los más mínimos rasgos de neutralidad, poniéndose acaloradamente del lado de los comisionados peruanos y repitiendo todas las acusaciones contra Chile formuladas el 10 de octubre, algunas tan generales e inconsistentes que realmente parecían surgidas de alguna íntima ojeriza por parte del comisionado. Desatado ya el General Pershing de toda atadura a la objetividad, a las restricciones, requerimientos y al propio sentido común de un mediador, se lanzó en picada contra el gobierno chileno y no censó lanzar sus diatribas y herir a La Moneda en medio de los aplausos peruanos. Según su visión, el electorado peruano estaba siendo sometido a un estado terror para evitar su influjo en una votación como la que se planificaba. Al ser relevado Alessandri Palma por la Junta, el nuevo gobierno decidió mandar al diablo al comisionado norteamericano, ordenando a Edwards Mac Clure no volver a presentarse en las reuniones y a elevar una moción final destinada a estudiar un reglamento de inscripción y elección para armar las juntas inscriptoras, y dar curso al plebiscito el día 1º de febrero de 1926. Así, la sesión del 28 de noviembre de 1925, número decimocuarta, se realizó sin presencia de la representación chilena, quedando allí sólo el documento con la propuesta final de Chile. Pershing insistió en que el electorado peruano estaba siendo sometido coercitivamente y, aprovechando la noticia de que el ex Presidente Alessandri Palma había estado de visita en Tacna y Arica recientemente, arremetió contra éste con expresiones increíblemente agresivas, agregando que mientras "semejantes

crímenes se cometan contra la masa del electorado de una de las partes y mientras prevalezca la idea de que el plebiscito puede ganarse por la fuerza", sería imposible arribar en el proceso de inscripción y votación.

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¿Por qué la actitud de Pershing en favor del Perú? ¿Por qué su obstinación y falta de ponderación para alterar lo dispuesto en el mismo arbitraje que se le había encomendado cumplir? ¿Acaso nunca se enteró de que, en similares períodos, la propia prensa peruana estaba alentando las confrontaciones civiles de las que había sido testigo? ¿O que Perú había estado buscando restituir alianzas contra Chile, con Argentina y Bolivia? ¿O que familias de origen chileno vivían verdaderos calvarios en Tacna y otros territorios que, a diferencia de Arica, no habían experimentado la "chilenización" histórica?. Difícil resulta ahora suponer alguna respuesta a estas preguntas. Lo cierto es que se aprobó la Moción de Requisitos Previos, exigiendo el retiro del personal militar y policial desde el territorio, además del Intendente de Tacna y del Gobernador de Arica. En presencia de este fracaso, el Canciller Barros Jarpa renunció al cargo, siendo relevado por Beltrán Metthieu el 5 de febrero de 1926. El nuevo ministro se impuso detalladamente de los desvaríos y las ofensas del comisionado yanqui, y preparó de inmediato una embestida contra éste, encargándola a Edwards Mac Clure para ser presentada en la sesión decimoquinta, del 28 de noviembre. En la ocasión, el comisionado chileno acusó a Pershing de levantar cargos falsos y agravios injustificados. A renglón seguido, comenzó a demostrar una por una la falta de sustento de las mismas imputaciones, concluyendo:

"El presidente de la Comisión Plebiscitaria y sus consejeros afirman que en las actuales circunstancias (la doctrina peruana), un plebiscito no puede celebrarse, lo que importa un manifiesto e inesperado rechazo al fallo expedido por el Presidente de los Estados Unidos. El Presidente de los Estados Unidos dijo en Washington que las alegaciones peruanas eran injustificadas y que el plebiscito podía realizarse inmediatamente. El representante del árbitro dice, en Arica, que las alegaciones peruanas formuladas en Washington y repetidas aquí, son justificativas y que el plebiscito no puede celebrarse hasta que se creen nuevas "circunstancias"." "Es la destrucción misma del fallo, que V. E. está encargado de ejecutar. Las quejas peruanas, rechazadas por el árbitro, son revisadas y aceptadas, y el representante del árbitro aparece declarando que el fallo expedido fue erróneo e injusto". Arrojando una bomba sobre la Comisión, Edwards Mac Clure terminó alegando que si no se aceptaba la Moción chilena y se fijaba la fecha del plebiscito, Chile se reservaba el derecho a "adoptar cualquier camino a actitud" destinada a hacer cumplir el fallo arbitral. Luego de poder recobrar el habla, la exposición chilena fue refutada por Freyre Santander y Pershing. Furioso con lo que acababa de oír, el presidente de la Comisión reclamó que un plebiscito sería "una burla y una comedia". El 9 de diciembre se realizó la sesión decimosexta. Inesperadamente, Pershing aprobó una moción que establecía una fecha para plebiscito: el 15 de abril del año siguiente. Al mismo tiempo, emplazó a Edwards Mac Clure a responder si el Gobierno de Chile seguiría o no participando de la Comisión. El delegado apeló la moción por considerar que no se había tomado en cuenta la propuesta chilena. Sin embargo, las querellas continuaron y las disputas entre chilenos y peruanos crecieron exponencialmente. Ya hemos visto que estas se remontaban casi a los primeros años tras la firma de la Paz de Ancón, pero conforme pasó el tiempo, los peruanos se vieron cada vez más sobrepasados en estas escaramuzas y, para aquel año, la situación estaba absolutamente fuera de control, siendo aprovechada por Pershing y los comisionados peruanos para enrostrar a Chile nuevas y mayores dilaciones al cumplimiento del plebiscito, medida de postergación que, paradójicamente, contribuía más aún a extender el ambiente de confrontación y enfrentamiento, al no haber una solución próxima.

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Ríos Gallardo hace notar que, a la fecha, era tal el nivel de odio y violencia entre ambos pueblos, que los chilenos que iban de paso a Europa o a Estados Unidos no podían desembarcar en el Callao por el peligro de las agresiones, y en Perú las calles seguían tapizadas de carteles llamando a recuperar las provincias "cautivas", agregando que en los desfiles "damas de alta sociedad se disputaban en honor de haber encabezado esas desbordantes manifestaciones del antichilenismo". El difícil año de 1926: intervención yanqui y desahucio del plebiscito A pesar de todo el ambiente desfavorable y las presiones del presidente de la Comisión, la insistencia chilena rindió sus frutos y, el 27 de enero de 1926, se obtuvo la tan ansiada aprobación de la Ley Electoral. Por fin los delegados podían tomarse un descanso después de tensa y agria disputa de seis agotadores meses, pues quedaron con derecho a voto los chilenos residentes en la zona. Pershing, ya más mesurado y frío, se despidió leyendo un mensaje a ambos países en el que les llamaba a buscar el entendimiento y a evitar la violencia. Quedó en el ambiente una sensación de fracaso para el héroe militar, al haber sido incapaz de conciliar las partes en una política común y amistosa. Un mes y medio después, aproximadamente, arribaba a Arica el nuevo representante yanqui ante la Comisión: el General William Lassiter. Por razones personales, Edwards Mac Clure debió alejarse del cargo de comisionado, siendo reemplazado por Samuel Claro Lastarria. Al iniciarse la segunda etapa de actividades de la Comisión Plebiscitaria, el delegado peruano insistió otra vez en que el plebiscito era irrealizable, acumulando toda clase de reclamos y protestas, al punto de paralizar las inscripciones electorales por falta de garantías. Lamentablemente, Lassiter, posiblemente influido por los informes de Pershing, también comenzó a creer en la inviabilidad del plebiscito, pues suponía que el control unilateral del territorio afectaría las votaciones. A pesar de esto, la delegación chilena insistió afanosamente hasta conseguir la reapertura las mesas inscriptoras, el 27 de marzo, y por treinta días más. El 1º de abril de 1926 retornó al puesto de jefe de la comisión chilena Edwards Mac Clure. Sin embargo, Lassiter seguía convencido de que el plebiscito era irrealizable, según se lo había advertido insistentemente a Claro Lastarria, casi hasta el mismo día en que este dejó el puesto. Envalentonado con estas declaraciones del jefe de la Comisión y sin más recursos a su alcance, Freyre Santander se lanzó al directo sabotaje de las inscripciones, llamando por todas las vías al electorado peruano a no suscribir en los registros y a los vocales de esa nacionalidad a no participar de las mesas. Se trató de revertir este resultado extendiendo el plazo de inscripción por 25 días más, pero fue imposible. De este modo, el resultado final de inscritos fue: Residentes Nacidos en el territorio Extranjeros Peruanos TOTAL

3.166 2.185 536 21 5.908

Lassiter había preparado todo para dar curso al plebiscito en el que tanto desconfiaba, aceptando los vocales, las constituciones de mesas y la fijación de los plazos. Sin embargo, en último momento y tras ver estos resultados, se puso piadosamente del lado de los conspiradores peruanos, nuevamente, y declaró por enésima vez que el plebiscito era inaplicable, presentando una moción que lo sepultaba definitivamente, en cumplimiento de órdenes directas del Departamento de Estado yanqui.

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En la trigésimo sexta reunión, del 9 de junio, Lassiter ya parecía absoluta y puntillosamente convencido de todas las mismas barbaridades que los comisionados peruanos se habían encargado de meter tozudamente en la cabeza de su antecesor, sobre historias de terror y de amenazas contra el pueblo peruano y los supuestos desplazamientos forzados de los que habrían sido objeto, por lo que consideraba inaplicable el plebiscito. Ante este escenario, Edwards Mac Clure pidió suspender la conferencia, por considerar que se habían excedido las atribuciones al impedir el referendum. En la siguiente reunión de la Comisión, el 14 de junio, el jefe de la delegación chilena impugnó todas las acusaciones de Lassiter, demostrando otra vez la falsedad del pretendido "estado de terrorismo" descrito por el militar norteamericano, recordándole también que se habían ofrecido todas las garantías para que Perú participara del plebiscito. Por esto, a juicio de Chile, lo sucedido sólo demostraba:

"...la incompetencia del representante del árbitro y de la comisión para suspender los procedimientos y declarar impracticable el plebiscito". Al reiniciarse la reunión durante la tarde, Freyre Santander y Lassiter enjuiciaron violentamente a la comisión chilena, procediendo a aprobar su moción, a lo que Edwards Mac Clure respondió rechazándola y declarando que "el único miembro que queda en la Comisión Plebiscitaria es el miembro chileno", pues todos los demás ya habían violado el laudo arbitral norteamericano. Los historiadores del Perú se apresuran a poner las declaraciones de Lassiter como pruebas de abusos y martirios de los que estarían siendo objeto, entonces, los ciudadanos peruanos residentes en los territorios litigados por parte de los chilenos. Sin embargo, lo que escondía detrás esta decisión de Lassiter, era que, el 3 de junio, se había celebrado en el despacho del Secretario de Estado norteamericano, Frank B. Kellogg, una reunión con el ex Secretario Hughes, el ministro de guerra Stimson y otros altos funcionarios de Estado. Kellogg, tres meses antes, había ofrecido a La Moneda sus "buenos oficios" para resolver el problema, a través de su representante en Chile el embajador Collier. La idea del Secretario de Estado era proponer que Tacna quedara en Perú y Arica en Chile, estudiando alguna alternativa que le permitiera a Bolivia acceder a un "corredor" al mar, pero el Presidente Leguía se opuso tenazmente. Basándose en las declaraciones anteriores de Pershing, había resuelto ahora declarar impracticable el plebiscito para dar celeridad a la cuestión tan tediosa y agotadora del litigio chileno-peruano, buscando forzar el acuerdo directo. Estos hechos están enteramente contenidos en el "Papers relating to the foreign relation of the United States, 1926", publicado por el Departamento de Estado norteamericano en 1942. Así las cosas, no era de extrañar que el jefe de la Comisión buscara zafarse con el primer pretexto a su alcance del cumplimiento de la tarea plebiscitaria que, justamente, había dado origen a la labor de los comisionados. Es, sin embargo, la forma en que las grandes potencias han asumido históricamente la responsabilidad de respetar los derechos territoriales de los países pequeños. Al realizarse la siguiente reunión del 16 de junio, Edwards Mac Clure decidió no asistir. Aprovechando el clima, se formuló toda clase de peroratas acusatorias en contra de los chilenos y se resolvió, ladinamente, trasladar hasta Washington todo el archivo. El festín continuó los días 18 y 21, cuando los comisionados decidieron comenzar a reunirse fuera del territorio en litigio y con el máximo de libertades, trapeando el piso con lo que había dispuesto el laudo arbitral del año anterior. Lassiter se marchó ese mismo día. Los comisionados chileno y peruano, partieron de vuelta el 23. La idea original del plebiscito y las expectativas de cumplimiento del arbitraje, llegaban así a su fin. Con el camino despejado para su nueva propuesta, el Secretario Kellogg ofreció otra fórmula de arreglo a las partes, el día 30 de noviembre, dividida en tres posibles caminos: uno, que una de las partes se quedara con todo el territorio; dos, que el territorio fuese dividido; y tres, que ninguna de las partes conservara el territorio completo o un fragmento de él siquiera, lo que implicaba la entrega de Tacna y

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Arica a Bolivia. También proponía desmilitarizar los territorios, declarando el Morro de Arica como un sitio histórico americano, con un monumento alusivo en su cúspide. Arica sería puerto libre a perpetuidad. La Cancillería de Chile rechazó este engendro yanqui alegando que, desde terminada la Guerra del Pacífico, el único punto pendiente era definir la nacionalidad de Tacna y Arica. No cabían más complicaciones al respecto. La consecuencia de todo este alejamiento del procedimiento jurídico que se había establecido, significó que Chile, habiendo tenido en sus manos la oportunidad de retener definitivamente Tacna y Arica por la vía del plebiscito y bloqueando todo futuro derecho a reclamo de parte del Perú, debió abrirse a nuevas fórmulas de negociación que, en el mejor de los casos y tal como lo advirtiera Pershing, sólo le permitirían retener Arica, pero no Tacna, que continuaba integrada al Perú cultural y socialmente. Camino a la fijación del límite definitivo: negociación Leguía-Figueroa En mayo de 1927, el Embajador de Chile en los Estados Unidos, Miguel Cruchaga Tocornal, había advertido confidencialmente a La Moneda que las decisiones de Washington sobre el litigio Tacna-Arica se debían al agotamiento que había acarreado este arbitraje, el más largo de la historia norteamericana. Tal como el Canciller Barros Jarpa, el embajador Cruchaga Tocornal era partidario de devolver el debate al camino jurídico, donde consideraba que los derechos chilenos le garantizarían la posesión definitiva e irreversible de los territorios de Tacna y Arica. Sus diferencias con el gobierno se acentuaron y, en consecuencia, renunció poco después a la Embajada de Chile en Washington. Ese mismo año, asumirá la Presidencia de Chile el General Carlos Ibáñez del Campo, colocando en al Cancillería a Conrado Ríos Gallardo, testigo privilegiado de este proceso, que ya hemos citado en varias oportunidades anteriores. Como la cuestión del Norte seguía postergada, el General decidió acercarse por iniciativa propia al Presidente Leguía y a su Canciller Pedro José Rada y Gamio. Un primer gesto conciliatorio fue el de la resolución chilena que dio facilidades totales a Tacna para facilitar el intercambio comercial con el Perú. Las conversaciones generadas por este acercamiento fueron observadas por el Secretario Kellogg hasta que culminaron, el 9 de julio de 1928. Se invitó a ambos países a restablecer relaciones diplomáticas y así lo hicieron. El 3 de octubre siguiente, Emiliano Figueroa Larraín era enviado a Lima como ministro plenipotenciario. De manera unánime, todos los sectores políticos y de opinión aplaudieron esta decisión. El "Diario Ilustrado" llegó a declarar, por ejemplo:

"Creemos que S. E. el Presidente de la República ha sido feliz al escoger, entre muchos, al señor Figueroa y que éste ha dado pruebas de patriotismo al aceptar el cargo que le ha sido ofrecido, cuando se encontraba retirado a la vida de su hogar". Al presentar credenciales ante Leguía, Figueroa Larraín declaró:

"Ya era tiempo, Excmo. señor, de volver por las tradiciones del pasado, que nos unieron fraternalmente, a la sombra de una historia forjada por héroes comunes y sobre un suelo cuya continuidad trazó la mano de Dios". El día 5, correspondió al enviado peruano César Elgueta hacer lo propio ante el Presidente Ibáñez del Campo, quien declaró en la ocasión:

"Deseo que las divergencias que nos separaron durante tanto tiempo sean resueltas cuanto antes, y en forma definitiva, sobre la base de la justicia y de la mayor equidad".

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La suspensión de las labores de la Comisión Especial de Límites de Tarata, el 15 de noviembre, que había generado otro foco de fuertes discusiones y tensión, vino a distender el clima entre ambos países y a propiciar el entendimiento para abordar finalmente un mecanismo directo de solución. Durante las actividades de esta comisión, el delegado chileno Luis Risopatrón había advertido los riesgos de esta demarcación, que estaba dejando a Tacna sin acceso a los canales de regadío conectados al sistema de hídrico de Laguna Blanca, ni a las azufreras de Tacora, además de que Chile podía perder casi 30 kilómetros del ferrocarril Arica-La Paz. Esto se debía a que el representante del árbitro en dicha comisión, General Jay J. Morrow, había aceptado como de dominio peruano varios caseríos y aldeas pertenecientes a Tacna, pero que prefirió incorporar a Tarata ante la posibilidad de que el territorio tacneño quedara retenido en Chile, como Coropuro, Putina, Lodaniza, Mauri, Camboya, Quilla, Huacano, Camplina, Toquella y Plaquilla, evaluando la factibilidad de hacer lo mismo con Chislluma y Queñuta. Con ello, Tacna perdía cerca de 3.720 km.2 de territorio. Se comprenderá, entonces, que la detención de estos trabajos, al hacerse innecesaria la demarcación, trajo un dulce refresco al ardiente ambiente en que se desempeñaban los comisionados. Las primeras negociaciones al respecto empezaarían en Lima, entre el Presidente Leguía y en Embajador Figueroa. Al principio, el mandatario exigía de vuelta el territorio completo de Tacna y Arica, llamadas eufemísticamente las "provincias cautivas" en la jerga peruana, como dijimos. Luego, Leguía barajó una serie de opciones, entre las que figuraba la entrega del Morro, del puerto o de la ciudad de Arica, un protectorado tripartito Chile-Perú-Estados Unidos, la "neutralización" del territorio puesto en administración de Venezuela o Uruguay, fórmulas de división y repartija, etc. En la cuarta reunión, del 8 de noviembre, Figueroa comenzó a experimentar un sentimiento pesimista ante la terquedad del mandatario. Apenas terminó el encuentro, partió a cablegrafiar una nota confidencial a La Moneda diciendo sobre Leguía:

"La única solución que podría aceptar, de acuerdo con el sentir unánime del país, era sobre la base de la neutralización de Arica y que lo demás podrá ser susceptible de arreglo. A esto contesté que, precisamente, era lo que Chile no podría aceptar jamás". Leguía parecía obsesionado aún con la idea de que Chile no quedase con soberanía sobre Arica, pero el representante de Santiago rechazó todas estas propuestas, obligándole a buscar alguna alternativa más realista y decorosa, aunque sin dejar de insistir en la idea de la "neutralización". Además de estas conversaciones de Lima, se llevaban similares discusiones en Washington y Santiago. Hacia fines de diciembre, La Moneda formuló su propuesta definitiva: Tacna para el Perú y Arica para Chile. Era una división esperable pues, mientras Arica había quedado ocupada por una mayoría chilena o simpatizante de Chile, Tacna seguía formando parte del Perú, tanto en el origen como en el interés de su población. La divisoria debía correr diez kilómetros al Norte y de forma paralela a la vía del ferrocarril Arica-La Paz en toda su extensión. Leguía no estuvo de acuerdo, en principio, con esta propuesta. Exigió complementarla con la entrega de un puerto en Arica para el uso de Tacna, que Chile ofreció en la zona de Las Yaradas, desembocadura del río Caplina, actual territorio tacneño. Tampoco quedó conforme con esta opción y así se lo haría saber al Embajador Figueroa, en la reunión del 16 de abril de 1929, pues desestimaba el lugar por poco apto para la construcción de un puerto eficiente y seguro. Sin embargo, desempolvando otra oferta que ya se había formulado durante el año anterior, solicitó en cambio:

"...la concesión al Perú, dentro de los 1.575 metros de la bahía de Arica, de un malecón, un edificio para su aduana y una estación para el Ferrocarril de Arica a Tacna, todo construido con www.soberaniachile.cl

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cuenta de Chile y donde se gozaría de la más completa independencia dentro del más amplio puerto libre y, además, la entrega de seis millones de dólares". Seguidamente, Leguía propuso que la línea divisoria:

"...partiera de un punto de la costa a diez kilómetros de Arica en dirección paralela a la vía del ferrocarril a La Paz hasta el kilómetro 160, desde éste al 190 se estrecharía en forma que quedara en territorio peruano el curso de los canales Uchusuma, Aguada y Laguna Blanca, que forman parte de la dotación de agua de Tacna". Quizá temiendo posibles reacciones populares, Lima solicitó que el arreglo fuera propuesta directamente por los Estados Unidos, aun cuando haya sido fruto de una negociación directa chileno-peruana. No todos estuvieron de acuerdo con estas regalías portuarias para el Perú,. sin embargo. Los ingenieros expertos Rubén Dávila Izquierdo, Jorge Lira Orrego y Gustavo Quesada Acharán, quienes integraban la Comisión de Puertos de Chile, advirtieron que las posibilidades de entregarle un puerto al Perú en Las Yaradas o en la desembocadura del río San José, constituía un peligro comercial y estratégico para el puerto de Arica. La propuesta final para el puerto peruano simplemente se estimó en alguna parte no especificada de la bahía de Arica. En otro ámbito, como se sabía de sobra que Bolivia tenía fuertes apetitos por Tacna y Arica, y que no aprobaría la firma de un tratado de semejantes características, se decidió excluir a La Paz de este acuerdo, pero sin incluir alguna cláusula o protocolo complementario que impidiese entregar, a futuro, parte del territorio que se repartía a la soberanía boliviana. Como se podrá recordar, el 13 de mayo de 1928, Chile había cumplido la última y millonaria exigencia del Tratado de 1904, al terminar y entregar el tramo del ferrocarril Arica-La Paz, que relacionó como nunca antes al Altiplano con las costas del litoral del Pacífico. A pesar de esto, en las negociaciones LeguíaFigueroa se decidió no tomar compromisos antes de terminar de construirse las líneas férreas. Puede observarse que, a la sazón, la distancia diplomática entre los ex aliados de la Guerra del Pacífico se había vuelto abismal, luego de las disputas durante las presentaciones de protestas ante la Liga de las Naciones. Las conversaciones terminaron con la proposición final enviada con un mapa adjunto, desde Santiago a Lima, el 22 de abril y a bordo del avión español "Jesús del Gran Poder", conducido por los aviadores españoles Jiménez e Iglesias, que acababan de atravesar el Atlántico en la misma nave y habían llegado precisamente en esos días a Santiago, participando generosamente en esta tarea. Salvo por algunas enmiendas secundarias para el preámbulo y otros fragmentos, Perú estuvo completamente de acuerdo con las bases, y ambas Cancillerías enviaron el texto a la Secretaría de Estado de Washington D. C. Se firma el Tratado de 1929: Chile cede Tacna al Perú Al momento de arribar Chile y Perú en el texto base del Tratado, había asumido recientemente la Presidencia de los Estados Unidos Mr. Hervert C. Hoover. Correspondería a su Secretario de Estado, Henry Stimson, recibir de los respectivos embajadores, Carlos Dávila y Hernán Velarde, el memorándum con los 10 acuerdos limítrofes, el 3 de mayo de 1929. Se establecía en él una "Línea de la Concordia" como límite entre ambas repúblicas que, partiendo desde un punto ubicado en la costa del Pacífico y distante diez kilómetros al Norte de la desembocadura del río Lluta, al Norte de Arica, se dirigiera al Este remontando la cordillera en una línea paralela a la vía del ferrocarril de Arica-La Paz, a diez kilómetros al Norte de ésta, hasta la frontera con Bolivia y con la consideración solicitada por Leguía para la zona de la cuenca de Laguna Blanca. www.soberaniachile.cl

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Las bases fueron estudiadas por Hoover en los día siguientes. El 15, luego de hacer una pequeña modificación del preámbulo, el mandatario presentaba formalmente el proyecto de Tratado. Chile respondió de inmediato, aquel día, expresando a través de su Cancillería:

"Mi gobierno estima, en esta virtud, que el Tratado que se ajuste entre Chile y Perú, conforme a dichas bases, resolverá total y definitivamente la única cuestión pendiente derivada de la Guerra del Pacífico y, con ello, el último de los problemas fronterizos de la República". "El pueblo de Chile, que tiene confianza en su destino y concentradas sus energías en el trabajo, advierte la trascendencia de este hecho que garantiza su seguridad e impulsa su progreso". Perú, por su parte, declaraba al día siguiente, también a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores:

"...me es satisfactorio expresar a V. E. que inmediatamente de recibida su importante nota, me he apresurado a ponerla en conocimiento del Presidente de la República, señor Augusto B. Leguía, quien se ha servido encargarme expresar a V. E. y por su digno conducto al señor Presidente de los Estados Unidos de América, que el gobierno del Perú acepta todas y cada una de las bases propuestas por el señor Presidente de los Estados Unidos de América, para el arreglo final de la cuestión de Tacna y Arica y que, con el acatamiento de ellas por ambas partes, da por terminada, absoluta y definitivamente, dicha cuestión". A continuación, el Tratado debía ser redactado conteniendo el articulado conformado por todas estas bases acordadas. Aunque hubo discrepancias en torno al texto definitivo del acuerdo, finalmente pudo ser producido una redacción que dejara a todos conformes. El 29 de mayo, Figueroa cablegrafiaba eufórico de alegría a La Moneda:

"Por fin quedamos en perfecto acuerdo con el señor Leguía, quien aceptó las últimas observaciones de US". El Tratado de 1929 fue firmado en Lima el 3 de junio, por el Embajador chileno Emiliano Figueroa Larraín y el Canciller del Perú, Pedro José Rada y Gamio, en medio del masivo júbilo y del festejo en ambos países. Las ratificaciones fueron canjeadas en Santiago el 28 de julio siguiente, siendo publicado por la Ley Nº 1.110 en el Diario Oficial Nº 15.449 del 16 de agosto de 1929. En esencia, sus disposiciones eran: • • • • • • •

El artículo 1º establecía que: "Queda definitivamente resuelta la controversia originada por el

artículo 3° del Tratado de Paz y Amistad de veinte de octubre de mil ochocientos ochenta y tres, que era la única dificultad pendiente entre los gobiernos signatarios". El artículo 2º determinaba el curso de la línea limítrofe y los territorios o puntos geográficos que quedarían a uno y otro lado de esta frontera. Tacna sería peruana y Arica chilena. El artículo 3º arrojaba la labor de demarcación a una Comisión Mixta y establecía la composición que ésta debía tener. El artículo 4º fijaba un plazo de treinta días a partir del canje de ratificaciones, para la entrega del territorio correspondiente al Perú. El artículo 5º exigía a Chile la construcción, dentro de la bahía de Arica, de "un malecón de

atraque para vapores de calado, un edificio, para la agencia aduanera peruana y una estación terminal para el ferrocarril a Tacna", que quedaría bajo administración del Perú. El artículo 6º comprometía a Chile a pagar seis millones de dólares al Perú y la cesión gratuita de todos los activos fijos por concepto de bienes raíces, propiedad fiscal y obras públicas en el territorio cedido. Los artículos 7º y 8º exigían el respeto a todos los derechos privados que habían sido adquiridos en el territorio, particularmente del servicio de Ferrocarril Arica-Tacna.

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• • • • •

El artículo 9º proponía la creación de la policía fronteriza para la zona limítrofe, entre ambos países. El artículo 10º determinaba que los hijos de ciudadanos peruanos residentes en Arica, podían considerarse peruanos hasta los 21 años, y los chilenos nacidos en Tacna gozarían de similar beneficio. El artículo 11º establecía la necesidad de que ambos países levantaran un monumento simbólico en el Morro de Arica. El artículo 12º exigía que cualquier controversia generada por la interpretación del tratado, a futuro, fuese resuelta por el Presidente de los Estados Unidos de América. Finalmente, el artículo 13º establecía que el tratado "será ratificado y sus ratificaciones canjeadas en Santiago tan pronto como sea posible".

Un protocolo adicional firmado en la misma fecha, establecía que los firmantes no podrán, sin previo acuerdo, ceder parte o la totalidad del territorio cubierto por el tratado, ni construir en él ferrocarriles internacionales, con lo que quedaba establecida la frontera Norte de Chile, recuperándose la antigua y colonial colindancia de Chile y Perú, con un evidente interés en mantenerla. Esto desató la furia inmediata de Bolivia, pues vio frustradas todas sus intenciones de avanzar alguna vez hacia el puerto de Arica. Por ello, el 1º de agosto, el Palacio Quemado emitió una iracunda nota, en la que definían la actitud de sus vecinos como un acto de hostilidad, amenazando:

"Persistimos y persistiremos en la política de reintegración de nuestra soberanía marítima". Por otro lado, el protocolo adicional encargaba a Chile la construcción y los gastos del monumento del Morro de Arica, exigiendo que éste fuera desartillado y desmilitarizado. También se establecía el amplio y libre tránsito de personas y mercaderías entre ambas ciudades. Con esta firma, cincuenta años después de iniciada la Guerra del Pacífico, el último problema limítrofe pendiente entre dos de los países comprometidos en dicho conflicto, era resuelto y cerrado. Terminaba con ello el larguísimo período de la post-guerra del '79. Cumplimiento de compromisos y labores de demarcación Concluidas las cuestiones territoriales, el Presidente Hoover de los Estados Unidos y el Secretario de Estado Stimson, pusieron fin a sus intervenciones arbitrales oficialmente, el 3 de junio de 1929, dejando constancia de esta gestión en un documento suscrito entre ambos aquel día, y en el que recapitulaban gran parte del camino que había debido recorrerse desde el Laudo de 1925 a la fecha, obviamente evitando comentar demasiado los detalles más escabrosos de estas negociaciones, que tuvieron por las cuerdas a las posibilidades de éxito del arbitraje. Chile entregó al Perú los seis millones de dólares exigidos en el artículo 6º del tratado, el mismo día del canje de ratificaciones, el 28 de julio de 1929. Un mes después, el 28 de agosto, a las dos de la tarde, comenzó la solemne ceremonia en que sería entregada al Perú la ciudad de Tacna, recibida por una comisión presidida por el Canciller Rada y Gamio e integrada por el General José Ramón Pizarro, Arturo Núñez Chávez, Ángel Gustavo Cornejo y Monseñor Fray Mariano Holguín, suscribiéndose el acta correspondiente que dio por terminada la administración chilena del territorio, quedando transferido al Perú, bajo su legislación y su soberanía. En ella, decía que los comisionados peruanos:

"...aceptaban y recibían en nombre del Gobierno del Perú, la ciudad y los territorios que entregaba el Delegado de Chile, en ejecución del Tratado del 3 de junio de 1929, y en las condiciones expresadas en la segunda parte del artículo 6º del referido Tratado, quedando en este momento esa ciudad y territorios incorporados al Perú y sujetos, por tanto, a leyes y autoridades peruanas".

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En la ocasión, Rada y Gamio pronunció un discurso en el que declaró:

"Al recibir los territorios que se reintegran al Perú, según los tratados peruano-chilenos, la delegación nacional que representa a la República del Perú y a su gran Mandatario, Augusto B. Leguía, recibe de la distinguida representación chilena, con profunda y santa emoción, con sentimiento de inefable fraternidad, los territorios que en estos históricos momentos se reincorporan al seno de la patria en cumplimiento del Tratado y Protocolo complementario, celebrados en Lima el 3 de junio de 1929, entre Chile y el Perú, sellando con ellos la indestructible amistad de estas dos naciones, asegurando la paz de América y dando al mundo ejemplo imperecedero de previsión, sensatez y armonía". El 19 de abril de 1930, el ex Canciller Ríos Gallardo presentó credenciales ante el Presidente Leguía, para reemplazar al Embajador Figueroa en la representación de Chile en Lima. Ambas autoridades se desdoblaron en mutuas expresiones de hermandad y nobleza, reflejando el estado de ánimo que se vivía en aquellos días entre ambos países, y que hoy en día suena tan irreal y lejano. Leguía concluyó diciendo, aquella jornada:

"Unidos los espíritus, ¿qué queda por hacer? Conciliar nuestros intereses para felicidad de ambos pueblos, lejos de ser antagónicos, pueden hacerse solidarios, porque desde los tiempos más remotos, nuestra economía y la economía de vuestro país no excluyen, sino se complementan retributivamente". El Convenio de cooperación de policía fronteriza fue firmado el 29 de abril de 1930, entre el Canciller chileno Manuel Barros Castañón y el embajador peruano en Santiago, César A. Elgueta. Este acuerdo facilitaba la acción de resguardo, impidiendo que delincuentes de uno u otro lado escaparan al territorio vecino. El 28 de mayo, el diario chileno el "El Mercurio" editorializaba celebrando los acontecimientos:

"Gran día, en la historia de América, es este en que podemos anunciar al mundo el término definitivo del litigio entre la República de Chile y el Perú sobre territorios de Tacna y Arica". "...Nadie duda hoy de que la opinión pública chilena aplaude este arreglo, lo deseaba y ha conseguido con anhelo y fervientes votos por la pronta solución todo el curso de las negociaciones directas que acaban de tener tan feliz término". "...Pocas veces una solución internacional, que hace apenas un año parecía imposible, ha despertado una satisfacción más general en los países interesados y en todo el continente. Chile y el Perú han dado un bello ejemplo y abren un capítulo en la historia de América que será fecunda en bienes para ambas Repúblicas". Las labores de demarcación, en tanto, concluyeron con la firma de un acta en Lima del 5 de agosto, entre el Embajador Ríos Gallardo y el Canciller peruano Pedro M. Oliveira, donde se registra detalladamente la ubicación de los hitos desde el Océano Pacífico hacia el interior. Este documento fue aprobado por Chile a través del Decreto Supremo Nº 1.467 del 3 de octubre de 1930, siendo publicado en el Diario Oficial Nº 15.803 del día 21 siguiente. Un estudio técnico sobre estas labores fue presentado al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Memoria titulada "Límites entre Chile y Perú", del ingeniero Enrique Brieba, el 28 de febrero de 1931.

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