Resumen Semanal 1533 (01-07 de abril de 2009)

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RESUMEN SEMANAL Lima, 01 - 07 de abril de 2009 Año XXXII - Nº 1533

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, condenó a 25 años de prisión al ex presidente de la República, Alberto Fujimori, al encontrarlo culpable de los cuatro casos que comprendían el juicio por violaciones de los derechos humanos (casos Barrios Altos y La Cantuta) y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Fujimori se convierte en el primer ex presidente en la región en ser condenado por crímenes de lesa humanidad, sentando un precedente en la justicia internacional.

Después de 16 meses y 161 audiencias, la Sala Penal Especial encontró que la responsabilidad de Fujimori en los cuatro cargos que se le imputan está probada, “más allá de toda duda razonable”. “Por consiguiente la sentencia que se emite es condenatoria”, dijo el magistrado San Martín. Tras este anuncio se escucharon gritos de aprobación de los familiares de las víctimas que se encontraban en la sala.

La Fiscalía había pedido 30 años de prisión para Fujimori por los cargos de lesiones graves, homicidio calificado y secuestro bajo la modalidad de “autor mediato” o de ejercer el “dominio” sobre el grupo Colina, comando militar clandestino que perpetró las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En su fallo, el tribunal desestimó todos los argumentos de la defensa y estableció que Fujimori, de 70 años, permanecerá preso hasta el 10 de febrero de 2032, teniendo en cuenta el tiempo en que estuvo detenido o bajo arresto domiciliario en Chile mientras se esperaba la extradición. Además, la resolución dispone el pago de una indemnización a 29 agraviados por un valor total de 90,000 dólares.

La resolución también refiere que Fujimori tuvo mando y comando máximo a nivel político y también operativo, por lo quedó probado que estableció la política de defensa y que tuvo “un rol de dirección y mando sobre las Fuerzas Armadas”. La condena señala a Fujimori “como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de (los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos)”. Tras escuchar su sentencia, Fujimori anunció que impugnará el fallo en primera instancia.

“Presentaré una acción de nulidad (de la sentencia)”, dijo.

La congresista Keiko Fujimori, hija del ex presidente, criticó el fallo: “Tenía la esperanza de escuchar un fallo jurídico que le otorgue justicia a mi padre. Es muy grande mi indignación de escuchar un fallo lleno de odio y de venganza. Quiero decirles que el fujimorismo no se va quedar de brazos cruzados. Vamos a salir a las calles a expresar nuestro apoyo abierto al mejor presidente del país”.

Gisela Ortiz, hermana de Enrique Ortiz, uno de los universitarios victimados de la Universidad La Cantuta, y representante de los deudos de esta matanza, expresó su satisfacción por la sentencia: “Tenemos que expresar nuestra satisfacción en todos los extremos de esta sentencia impuesta el día de hoy. Por primera vez podemos decir que la justicia peruana está a la altura de lo que exige. Por primera vez se dignifica la memoria de nuestros familiares declarando una sentencia que desvincula a las víctimas con grupos terroristas. Ojalá que estos crímenes sean una lección para que aprendamos todos los peruanos para que esta historia no vuelva a repetirse”.

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JUICIO A FUJIMORI EL FALLO CONTRA FUJIMORI http://www.scribd.com/doc/14050663/El-fallo-contra-Fujimori http://peru21.pe/noticia/270109/juicio-alberto-fujimori-llega-hoy-su-punto-final http://www.elcomercio.com.pe/noticia/270152/justicia-condenara-fujimori-cuatro-cargos-que-se-le-imputaninformo-juez La sentencia completa, en: http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/spe/index.asp?opcion=detalle_noticia&codigo=10409 FUJIMORI CONVIRTIÓ ALEGATO DE DEFENSA EN UN LARGO PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO Lo de ayer no fue la clásica autodefensa que un procesado expone en el cierre del juicio que se le sigue, porque el ex presidente Alberto Fujimori convirtió la sala de audiencias de la Diroes casi en una tribuna política, desde la cual pronunció un discurso —dirigido más a los televidentes que al tribunal— sobre los logros que tuvo su gobierno, tanto así que llegó a anunciar que su “legado de paz y desarrollo” sería continuado por sus hijos Keiko y Kenji Fujimori. Durante casi dos horas, sostuvo que no se arrepentía, sino más bien se enorgullecía de la estrategia de pacificación que aplicó “exitosamente” durante su gobierno, pues permitió derrotar al terrorismo. También reiteró que en el juicio nadie había podido aportar ninguna prueba que lo condene. “Estoy tranquilo porque sé de mi inocencia”, acotó. Sin muestras de cansancio o enfermedad, dijo que sería recordado como el presidente que pudo devolverle la paz al país, encaminar su desarrollo, recuperar su estabilidad e iniciar la inclusión de los más pobres y olvidados. Pese a que el vocal supremo César San Martín, presidente de la Sala Penal Especial, le había advertido que se refiriese solo a los cargos penales que se le imputan (por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del empresario Samuel Dyer y del periodista Gustavo Gorriti), Fujimori habló una y otra vez de la política de pacificación. Además, enfatizó que solo dormía cuatro horas al día, pues estaba dedicado al país que encontró “no al borde del abismo, sino en el fondo del abismo”. En otro momento, dijo que se enfrentó frontalmente al terrorismo y enfatizó: “¡Mi lucha fue sin cuartel!” con un tono de voz que hizo recordar cuando dijo “Soy inocente”, el día que se inició el juicio oral, el 10 de diciembre de 2007.

Señaló que él nunca asumió la política de lavarse las manos y dejar que otros resolvieran el problema del terrorismo. “Yo encaré el problema, no le di la espalda”, remarcó tras destacar que los dos gobiernos que lo antecedieron no implementaron una estrategia eficaz. Señaló que él mismo trazó “la línea maestra en la conducción de la estrategia antisubversiva”. Sorprendiendo a todos, Fujimori dijo: “Me duelen en el alma las muertes y los excesos aislados que se cometieron”, hechos que —remarcó— fueron contrarios a su política de pacificación, la cual “jamás incluyó la aplicación de guerra sucia”. Quizás buscando que el tribunal fuera indulgente con él, añadió que para juzgar a alguien hay que estar en sus zapatos y reiteró que él gobernó en la etapa más compleja y difícil que vivió el país: En el infierno que instaló el terrorismo. “Quienes me sentencien traten, por un momento, de imaginar aquel infierno y no de (sic) pretender civilizarlo desde la distancia, como tantos han sido generales después de la batalla”, apuntó dirigiéndose al tribunal. La defensa personal realizada por Fujimori fue calificada de política y sin valor por Ronald Gamarra, abogado de la parte civil. “No ha dicho absolutamente nada que pueda ser valorado por el tribunal”, sostuvo el letrado. Por su parte, César Nakazaki, abogado de Fujimori, expresó que fue correcto que su cliente centrara su argumentación en su política de pacificación, pues “a él la fiscalía lo ha acusado de haber implementado una estrategia de guerra sucia, a través de la cual se cometieron asesinatos” (El Comercio, 02-04-2009).

Un centenar de seguidores de Alberto Fujimori se movilizaron en los exteriores de la sede policial de la DINOES para mostrar su apoyo a su líder y escuchar juntos, y en pantalla gigante, la autodefensa del ex presidente, que fue transmitida en directo por las principales señales televisoras. Como siempre, el grupo fue movilizado por el coronel en retiro Pedro Rejas Tataje, al mando de un grupo de 209 hombres y mujeres que se pintan el rostro y que constituyen el grupo de seguridad del fujimorismo. Los fans de Fujimori fueron movilizados desde diversos lugares de la periferia de Lima, en buses particulares especialmente contratados para la ocasión, que los llevaron y recogieron en las afueras de la sede de la DINOES, en Ate-Vitarte. El grupo de fujimorista fue observado de cerca por un equipo de la policía para evitar desmanes en el lugar. La policía teme que los carapintadas puedan tener una reacción violenta en las siguientes audiencias o luego que se dicte sentencia, si esta, como es muy probable, es condenatoria (La República, 02-04-2009).

FUJIMORI DIXIT. “La verdad, como el sol, no puede ser ocultada con un dedo, menos por un dedo acusador”. “Mi legado permanecerá a través de la paz y el desarrollo, de la justicia e inclusión, un legado que continuará mi hija Keiko”. “En esos años yo tuve que gobernar desde el infierno, no desde Palacio de Gobierno”. “Jamás se me cruzó por la cabeza desvincularme del Perú, por ello, tome la decisión de volver”.

“Con Vargas Llosa pensaba: 'Él pertenece a la casta que siempre gobernó’. Por eso entré a la política, para romper esos esquemas”. “Yo tenía que llevar a mis hijos para que hicieran su cola para conseguir una bolsa de leche 'Enci’”. “En ningún momento admití negociación o acuerdos de paz, ni cedí ante el chantaje terrorista”.

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“Mi lucha fue sin cuartel, sin descuidar los múltiples frentes que se relacionaban con el terrorismo” (Perú.21, 02-04-2009).

“ES UN HOMBRE EGOCÉNTRICO”. Enrique Galli, psiquiatra: “Como psicopatólogo con 38 años de experiencia veo en este discurso a un egocéntrico, que se vanagloria como político, que cree ser perfecto, que no pide disculpas y que no tiene remordimientos. Es un hombre endiosado que se autoelogia constantemente, que dice haber gobernado desde el infierno y que se presenta como un fanático con rasgos histriónicos. No es para nada autocrítico. Alberto Fujimori se cree Napoleón y entonces es Napoleón, no hay vuelta que darle. A diferencia de lo que ocurre con Montesinos, a quien yo considero un psicópata burdo, Fujimori es un psicópata fino que durante su discurso trata de manipularnos con sus actos conscientes e inconscientes. Por ejemplo, cuando habla de su presión alta y exhibe sus pastillas en la mano o las coloca sobre el podio desde el cual habla.

Y todo para que uno se compadezca de su estado, cuando se ve a un hombre de perfecta salud mental y física.

De otro lado, Fujimori —quien tiene una inteligencia normal, que siempre lee discursos ya escritos y tiene un castellano peculiar— presenta un resentimiento social patológico y él mismo lo cuenta cuando dice haber sido relegado y maltratado cuando fue niño y luego cuando postuló a la presidencia (en 1990). Y todo esto por ser “chinito”” (El Comercio, 02-04-2009).

ACUSADO ADMITIÓ QUE ÉL TUVO EL CONTROL DE LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN “El acusado Alberto Fujimori admitió ayer que él tuvo el control directo de toda la lucha contra la subversión. Declaró que él comandó directamente la lucha contra el terrorismo, y que con ese fin se reunía con los militares. Esto es algo rescatable”, comentó el fiscal Avelino Guillén tras escuchar la primera parte del alegato de Fujimori. “Porque si eso fue así –siguió diciendo–, el señor Fujimori no puede por otro lado afirmar que desconocía la existencia del destacamento Colina”. “No puede declarar ‘yo conduje todo, tuve el dominio de todo’, como lo hizo en entrevista a Alamo Pérez Luna, y después pretender sostener que ignoraba las actividades del destacamento Colina”, agregó. Guillén recordó que la Fiscalía demostró en el proceso que el destacamento Colina surgió en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que “su formación fue ordenada desde el SIN por Vladimiro Montesinos y respaldada en la decisión del señor Alberto Fujimori al ordenar que se apliquen métodos de guerra sucia en la lucha contra la subversión. Por eso el reconocimiento expresado ayer es importante”. “Además –insistió–, la intervención final de Fujimori no ha sido un alegato judicial sino un discurso político y, sobre todo, electoral. El propósito ha sido relanzar a su hija Keiko para las próximas elecciones del 2011. Es decir, ha pretendido convertir el escenario jurídico en un escenario político electoral” (La República, 02-04-2009).

QUISO NINGUNEAR A ACUSADORES El histórico juicio que se le sigue a Alberto Fujimori ingresó a su última etapa. Ayer, tras un segundo discurso de autodefensa en el cual el ex presidente insistió en que no existen pruebas en su contra, la Sala Penal Especial declaró cerrado el debate y anunció que la esperada sentencia, referida a las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, será leída el martes 7 de abril. Fujimori se presentó como un hombre pragmático, matemático y lógico, y dijo que las acusaciones en su contra estaban basadas en “el odio y la venganza” y que la fiscalía y la parte civil habían actuado de “mala fe” en su contra. Además, trató de burlarse de sus acusadores y aseguró que sus argumentos son “grotescos y descabellados”, con contenido “nada de jurídico”, que “están pegados con babas” y que “lindan con la irracionalidad”. Como lo hizo el miércoles, el primer día de su autodefensa, reclamó que en más de 150 audiencias sus acusadores no pudieron mostrar una sola prueba que lo condene. “¿Dónde está la orden que Fujimori creó el grupo Colina? ¿Dónde está la prueba de que aplicó la guerra sucia? ¿Dónde está la prueba que el “Chino” es un homicida?”, preguntó. El procesado volvió a señalar que su política de pacificación fue exitosa y que los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fueron una excepción que lamentaba. “Mi línea, como lo demuestran los resultados, nunca fue la de la violencia o el arrasamiento. Mi línea fue la de la inteligencia estratégica y la paz”, puntualizó. En su autodefensa también justificó el autogolpe de 1992. “El 5 de abril fue una fecha histórica, de excepción, pero absolutamente impostergable que cambió la historia del Perú”. En ese contexto se refirió al secuestro de Gustavo Gorriti. “No di orden alguna para su detención o secuestro”, dijo tras indicar que al periodista “jamás se le dio un trato cruel” y que él fue el primer sorprendido por su detención.

Recordó, además que Gorriti contó que fue detenido por una venganza de Vladimiro Montesinos. Fue una de las pocas ocasiones en que Fujimori se refirió al ex asesor, al cual no le atribuyó ninguna responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Sobre Dyer, refirió escuetamente que su detención fue por un asunto tributario. En otro momento, preguntó por qué a sus antecesores Fernando Belaunde y Alan García no los procesaron por excesos que se cometieron en sus gobiernos (matanzas de Putis y Cayara) y por qué a él sí lo querían condenar. El ex presidente no desaprovechó la oportunidad para volver apoyar a su hija Keiko, virtual candidata del fujimorismo en las próximas elecciones. “Fujimori fue el mejor y sigan apoyándome, a pesar de toda la campaña mediática de años en mi contra, y apoyando mayoritariamente a mi hija Keiko”, refirió. Otra vez, haciéndose la víctima, dijo que el juicio constituye una infame paradoja, pues “quien libró al Perú del

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terrorismo y la inestabilidad está en el banquillo de los acusados”. Para el abogado César Nakazaki, su cliente mostró que no se ha probado ninguna conexión entre él y el grupo Colina. Ahora solo queda esperar el fallo (El Comercio, 04-04-2009).

ASÍ SUSTENTÓ LA FISCALÍA SU ACUSACIÓN CONTRA FUJIMORI Durante su autodefensa, Alberto Fujimori ha negado su vinculación con el grupo Colina y los crímenes cometidos. Pero la acusación de la Fiscalía –representada por José Peláez y por Avelino Guillén– contiene indicios que debilitan la defensa del ex mandatario. Así sustentaron los fiscales su pedido de 30 años de prisión para Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta y por los secuestros de Samuel Dyer y de Gustavo Gorriti. Si, como dicen Fujimori y su abogado, César Nakazaki, no hay pruebas para incriminarlo por los crímenes, ¿sobre qué base legal sustenta la Fiscalía su acusación? De acuerdo con la imputación, en la teoría del Dominio de la Organización de Claus Roxin, que establece que la responsabilidad del jefe radica en que se aprovecha de la influencia que tiene sobre sus subalternos para que estos ejecuten el delito. “Fujimori, luego de decidir la política para combatir la subversión usando los métodos de guerra de baja intensidad y eliminación de enemigos, tuvo el dominio de la organización ya que, en esta estructura de poder organizado, su orden iba a ser cumplida sin necesidad de que el procesado se reuniera con los ejecutantes”, sustentó la Fiscalía. La acusación añade que “si bien puede alegarse que Fujimori no estuvo presente en el escenario de los hechos, esto no invalida la tesis de la autoría mediata. Por la estructura vertical de la organización, Fujimori era quien tenía el dominio de la organización criminal. Sus integrantes y ejecutores mantuvieron una relación de subordinación con Fujimori, quien ostentaba el máximo poder ya que solo él podía decidir si se llevaba a cabo la operación”.

Sobre Barrios Altos y La Cantuta, la Fiscalía sostiene que “el grupo Colina pudo realizar sus sangrientas actividades con libertad y soltura porque tuvo como jefe a Fujimori, cuya presencia, como líder de la organización, garantizaba total impunidad al ilícito accionar del grupo”. La felicitación presidencial del 25 de junio de 1991 a los Colina y la Ley de Amnistía de junio de 1995 abonan a esta postura. “Cuando se descubrió la autoría del grupo Colina de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, la labor fundamental de Fujimori fue desplegar una intensa actividad para conseguir la impunidad y la libertad del grupo”, recalcó la acusación fiscal.

El Ministerio Público sostuvo también que Fujimori implementó dos estrategias antisubversivas: una oficial, plasmada en documentos, y otra secreta, que “consistía en la eliminación física de quienes consideraban presuntos terroristas”. Esta postura fue reforzada con las declaraciones de los integrantes del equipo de aniquilamiento, quienes refirieron que, según Vladimiro Montesinos y Santiago Martin Rivas, contaban con la aprobación “del Chino”. Los secuestros del empresario Dyer y del periodista Gorriti, luego del autogolpe del 5 de abril, fueron sustentados con las declaraciones de las víctimas, quienes narraron, ante el tribunal, las vejaciones que sufrieron en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) (Perú.21, 04-04-2009).

UN ALEGATO FRACASADO El abogado Nakazaki basa su defensa de Alberto Fujimori en dos argumentaciones básicas: (a) El Presidente de la República tiene el comando (la estrategia) mas no el mando de las acciones que realizan las Fuerzas Armadas; por tanto, puede lucir el mérito de la victoria militar, sin tener que inferirse que un desvío de las operaciones hacia actos reprobables (asesinatos), pudiese haber estado bajo el control de la primera autoridad; (b) Habiéndose cumplido exitosamente la estrategia “limpia”: rondas en el campo y captura incruenta de principales dirigentes senderistas, para qué tendrían que haberse producido muertes innecesarias de otras personas, como las de La Cantuta y Barrios Altos. Es cierto que en una entrevista radial de abril del 2000, Fujimori rebatió el primer argumento al reafirmar que, en su condición de jefe supremo, él “mandaba” y “subordinaba” a las Fuerzas Armadas, y lo hacía de manera vertical, sin discusiones. Hay dos ejemplos que no admiten discusiones: primero, el del 5 de abril de 1992, cuando el presidente ordena movilizar tropas contra el Congreso y otros poderes del Estado, y los militares le responden, incluso por encima de la Constitución, escudándose en que se trataba del “jefe supremo”. Segundo, el de la Operación Chavín de Huántar, para el rescate de los rehenes de la casa del embajador japonés, que no se realiza hasta que Montesinos, que estaba en el túnel, recibe la orden del presidente. Ahí el poder del supremo es tan absoluto que lo ejerce mandando a través de un civil, que ostenta el cargo de asesor, pero que todos saben que habla por el gobernante. La admisión de que la orden venía a través de Montesinos y bajo la directiva del presidente se repite en muchas de las declaraciones de los miembros del Grupo Colina, tanto cuando Martin Rivas y Pichilingue declaran para Umberto Jara, como cuando los agentes operativos testimonian en la audiencia. Ese era el modo de actuar. O sea, Fujimori dispuso una estrategia que, como dijimos ayer, buscaba separar las organizaciones armadas de la población y hacer vulnerables (y capturables) a los dirigentes, para lo cual infiltró organizaciones, apoyó la formación de rondas, y buscó eliminar los distintos niveles de lo que consideraban “colaboradores” de la subversión, que eran el nexo entre la subversión y la masa. Ya dijimos también que este concepto era tan ancho que permitió atacar a todo lo que dificultaba la estrategia. Por ejemplo, periodistas que defendían los derechos humanos, como Yauri en Huacho, o sindicalistas que molestaban a los fujimoristas (caso Santa) y gente inocente (incluido un niño en Barrios Altos, señoras en una pollada, estudiantes que habían molestado a

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Fujimori en una visita previa a La Cantuta, etc.) Rivas explica este punto como la necesidad de lanzar mensajes al enemigo y decirle que le estaban respondiendo golpe por golpe. Y lo que debemos anotar es que, tomados por separado, los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, ciertamente, parecen de locos, sin sentido. Pero es así, si se les aísla del clima de violencia y contraviolencia que había a comienzos de los 90. Son muchas personas que murieron sin que se sepa quién los asesinó, pero siguiendo su historia personal se ve que algún tipo de relación tenían con la guerra. Hay otras formas de probar que esto fue una estrategia, tal como se muestra en el recuadro (La Primera, 04-04-2009).

TRIBUNAL CONDENARÍA A FUJIMORI En intensos debates, los integrantes de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema discuten si el ex dictador Alberto Fujimori es responsable de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. “La sentencia tendrá unas 600 páginas, hoy y el lunes continuará la revisión y se hará algunos ajustes finales”, confió un magistrado de la Corte Suprema. Refirió que los magistrados del tribunal dejaron para el último día definir la pena que impondrán al acusado: de 20 a 30 años de cárcel. No se dieron detalles de los argumentos que contendrá el veredicto, pero consultando con abogados y magistrados, se conoció que se discuten los siguientes aspectos. Las fuentes refieren que el alegato final del acusado terminó por convencer a los vocales César San Martín Castro, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo de la responsabilidad del acusado. Alberto Fujimori reconoció el miércoles que él dirigía personalmente la política antisubversiva, por lo que resultó contradictorio que el viernes no precisará el papel de Vladimiro Montesinos Torres y el SIN en esa labor. Esto teniendo en cuenta que, durante la etapa de interrogatorio, Fujimori y otros mandos militares reconocieron que el SIN y Montesinos fueron pieza clave de la política de pacificación. El tribunal concluiría que está probada la existencia de un destacamento de operaciones especial de inteligencia, denominado Colina, que tuvo como misión eliminar a presuntos subversivos, sin juicio previo. Además que, en cumplimiento de ese objetivo, el Destacamento Colina, al mando del mayor EP (r) Santiago Martin Rivas, incursionó el 3 de noviembre en una quinta de los Barrios Altos de Lima donde, armados con pistolas con silenciador, mataron a 15 personas, incluyendo un niño de 8 años de edad. Mientras, entre el 17 y 18 de julio de 1992, contando con el apoyo y cobertura de personal de la Dirección de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Base de Acción Cívica acantonada en la universidad La Cantuta, detuvieron a nueve estudiantes y un profesor de ese centro de estudios a los que luego eliminaron con disparos en la nuca. Igualmente, se establecería que Colina recibió apoyo económico y logístico de los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y el sistema de inteligencia, en la época en que sucedieron los crímenes: el comandante general del Ejército Nicolás Hermoza Ríos y el asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. La declaración del agente Marco Flores Alván “Maflo”, secretario del grupo Colina, en la audiencia Nº 23, es gráfica al respecto: “El destacamento Colina empezó a operar en setiembre de 1991 con el apoyo logístico del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), dinero de la Dirección de Inteligencia DINTE) y el control operativo del SIN y la Comandancia General del Ejército”. Otro hecho incuestionable que el tribunal tomaría en cuenta son las acciones de encubrimiento que desarrolló el gobierno de Fujimori para evitar que los integrantes del destacamento Colina fueran investigados y llevados a juicio en los años 90. Se resaltaría las leyes, salidas desde el Congreso controlado por el fujimorismo, para quitar jurisdicción al Poder Judicial en la investigación de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y luego, las leyes de amnistía dadas para asegurar impunidad a todos los integrantes de esta organización.

El tribunal también concluiría, en base a las declaraciones del acusado y del ex comandante general Hermoza Ríos, que Vladimiro Montesinos fue un interlocutor válido entre la Presidencia de la República y las Fuerzas Armadas y el SIN. En este contexto, se concluiría que Montesinos trasmitía órdenes y directivas de Fujimori, que se demostrarían porque este nunca cuestionó las actividades de su asesor. Antes, se indica, Fujimori siempre resaltó la importancia de su asesor en la estrategia contra el terrorismo, conforme se ha demostrado con diversas declaraciones en medios de comunicación. También se resaltarían las declaraciones del jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe, instructiva del 18 de abril del 2001, en la que señala que por orden de Fujimori el asesor Montesinos manejó las partidas reservadas 1 y 2 y solo rendía cuentas al presidente, quien les daba visto bueno con un decreto supremo. Igualmente, se afirmaría que en ese eje Fujimori-MontesinosFuerzas Armadas se estableció una relación que no pasaba por la cadena de mando ni se expresaba a través de documentos escritos. Fujimori afirmó en su alocución y su interrogatorio que era un hombre pragmático que actuaba en el teatro de operaciones, donde es lógico suponer que las órdenes son orales y directas. La mayoría de los integrantes del tribunal se inclinaría por aplicar la autoría mediata por dominio de un aparato organizado de poder paralelo a las estructuras legales del Estado que llevó a cabo, entre 1991 y 1992, una guerra sucia en el país. Sobre este punto, trascendió que en los debates se sostuvo que la captura de Abimael Guzmán por parte de la policía y sin realizar disparos, no resulta una prueba de descargo, sino todo lo contrario, pues es después de la detención del cabecilla de Sendero Luminoso que el grupo Colina se desactiva. Los agentes de inteligencia Pedro Supo, Fernando Lecca Esquén y otros, declararon que al formarse el grupo les dijeron que la misión era capturar a cabecillas senderistas, pero que en la práctica solo mataron. Hasta ahora no se conocen ejecuciones cometidas por Colina después de la captura de Abimael. En caso de aplicarse la autoría mediata, la condena

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sería de 30 años de prisión, pues se consideraría a Fujimori como el jefe máximo y, por tanto, el principal responsable. La tesis de autoría de los crímenes por omisión de deberes, que conllevaría una pena de 16 a 20 años de cárcel, también fue discutida pero habría sido descartada porque no explica la libertad y la protección con la que actuó el grupo Colina entre noviembre de 1991 y julio de 1992 (La República, 05-04-2009).

NIEGAN QUE FALLO DE SALA TENGA INJERENCIA POLÍTICA El titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, aseguró que el fallo que adopte el tribunal a cargo de sentenciar al ex presidente Alberto Fujimori se sujetará a lo que diga la ley y debe entenderse como el resultado de un debido proceso. “La comunidad nacional e internacional es testigo de que en el Perú las cosas se han hecho como deben hacerse”, comentó ayer en diálogo con RPP. Asimismo, aclaró que aunque este proceso tiene connotaciones políticas por tratarse del juicio a un ex jefe del Estado, el fallo se ajustará “a lo que digan la ley y la Constitución”. La máxima autoridad del Poder Judicial también explicó que “la sentencia no se redacta en los últimos cinco días, sino desde el primer día del juicio”. “No puede haber ningún temor de que el fallo no sea el adecuado”, afirmó. Con todos estos argumentos, Villa Stein intentó aplacar el malestar de los fujimoristas, luego de que la congresista Keiko Fujimori y el abogado César Nakazaki criticaran la aparente premura en la lectura de la sentencia, la cual se dictará este martes. Incluso la hija mayor del acusado anunció que la defensa apelará si el fallo es condenatorio y que los simpatizantes de su padre saldrán a las calles a protestar. Villa Stein dijo que cualquiera de las dos partes puede apelar la sentencia. Precisó que ya está definido el tribunal que vería la apelación, el cual cuenta con la conformidad de ambas partes. En tanto, llegarán a Lima dos especialistas de Amnistía Internacional y siete observadores de la Asociación pro Derechos Humanos para evaluar el juicio a Fujimori por presunta violación de DD.HH. En ese proceso, la fiscalía ha pedido 30 años de cárcel para el ex presidente. Al ser consultado sobre el discurso político que lanzó Fujimori durante los alegatos de su autodefensa, Villa Stein sostuvo que el juez César San Martín —quien preside la Sala Penal Especial de la Corte Suprema— fue oportuno al aclarar que el fallo será jurídico y no político. “Con eso lo que hace (San Martín) es decirnos que el tribunal no va a guiarse de tendencias, sino que van a ceñirse a lo que dice el derecho legal y constitucional”. La ministra de Justicia, Rosario Fernández, señaló que no hay motivos para pensar que el Gobierno tiene algún interés en la sentencia que se emita contra Fujimori. Indicó, más bien, que tanto la defensa como los acusadores deben respetar la autonomía del tribunal y aceptar el resultado, pues ambas partes han podido exponer sus argumentos. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, también opinó que no existen injerencias, ni del Gobierno ni del Parlamento, en el juicio (El Comercio, 05-04-2009).

PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA VERÁ APELACIÓN La apelación que se presente contra la sentencia que se dicte a Alberto Fujimori será evaluada y resuelta por la Primera Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal está presidido por el vocal supremo titular Duberly Rodríguez Tineo e integrada por los vocales supremos Julio Biaggi Gómez, Elvia Barrios Alvarado, Roberto Barandiarán Dempwolf y José Antonio Neyra Flores. Los cinco también están entre los mejores magistrados con los que cuenta el Poder Judicial y son reconocidos por su seriedad e independencia en el desempeño del cargo. Rodríguez Tineo fue designado vocal supremo titular en el mismo proceso que el 2007 se nombró a Víctor Prado Saldarriaga, a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Desempeñó la magistratura en Lambayeque desde marzo de 1996, antes de arribar a la Corte Suprema. Los otros magistrados que lo acompañan en el tribunal han integrado durante los últimos años las salas penales especiales que ven los procesos ala red de corrupción Fujimori-Montesinos (La República, 05-04-2009).

64% CONSIDERA CULPABLE A FUJIMORI El 64% de los encuestados por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica considera que el ex presidente Alberto Fujimori es culpable de los delitos de violación de los derechos humanos. Solo el 25% cree en su inocencia, mientras que el 10% no precisa una respuesta. Se resalta, además, que no ha habido mayor variación en la opinión del público sobre la culpabilidad de Fujimori. En octubre de 2007, el 67% lo consideraba culpable. Dicha encuesta, en la que se entrevistó a 462 personas de Lima Metropolitana los días 27 y 28 de marzo, también revela que el 72% de los entrevistados considera que Alberto Fujimori es culpable de los delitos de corrupción, frente a un 19% que lo cree inocente. El director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, Fernando Tuesta Soldevilla, señaló que desde que Alberto Fujimori fue extraditado de Chile la opinión pública no ha cambiado su perspectiva sobre su culpabilidad en los casos de derechos humanos. “El proceso judicial abierto, público y de respeto al procedimiento, ha mostrado que la opinión pública ha reafirmado sus opiniones anteriores, por eso colocamos estadísticas para comparar las respuestas de hace año y medio. No ha habido cambios muy significativos”, dijo. Tuesta Soldevilla manifestó además que, a la luz de la encuesta, la opinión pública ya ha condenado a Alberto Fujimori. El 72% de los encuestados considera que Fujimori será encontrado culpable de solo algunos cargos de los que se le acusa, es decir, La Cantuta, Barrios Altos y sótanos del SIN. El 18% manifiesta que recibirá una pena por todos esos cargos, mientras que solo el 6% cree que será declarado inocente. Para el 73% de los encuestados, el proceso al ex

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presidente es una oportunidad para hacer justicia en casos de corrupción y derechos humanos. A pesar de la campaña fujimorista por defender la inocencia de su líder, el objetivo de incrementar seguidores no se ha cumplido. En octubre de 2007, 36% estaba de acuerdo con las ideas del fujimorismo. Hoy, ese porcentaje se ha reducido a 31%. En opinión del ex miembro de la Comisión de la Verdad Enrique Bernales, las cifras de la encuesta de la Universidad Católica refutan lo sostenido por el procesado Fujimori en el sentido de que goza del respaldo de la mayoría de la población. “Creo que, más allá de la presencia de un grupo de fujimoristas bien organizados, es un hecho que la mayoría del país no solo cree que (Alberto Fujimori) es culpable, sino que tiene recuerdo correcto de lo que ha sido un gobierno autoritario, despótico, que no dudó en violar los derechos humanos”, sostuvo. A los encuestados también se les preguntó si consideraban que Fujimori, durante su periodo como presidente y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tuvo conocimiento de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden. El 77% dijo que sí conocía dichos casos, en tanto que el 21% respondió no. En tanto, el 71% respondió que Fujimori no solo toleró esos casos, sino que además no hizo nada por combatirlos. Otro golpe duro para la campaña de los fujimoristas en la defensa de su jefe es que el 57% de encuestados opina que el juicio a Fujimori no es parte de una venganza política. El 75% cree que se ha respetado los derechos a una buena defensa del procesado ex presidente. En cuanto al desempeño de los jueces durante el juicio, el 67% de los entrevistados se mostró de acuerdo en que ha sido imparcial, y un 23% tuvo opinión contraria. Finalmente, el 49% de entrevistados considera que el desempeño de los medios de comunicación durante el juicio ha sido neutral y objetivo. Pese a la contundencia de esta encuesta, el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga trató de restarle importancia. A su criterio, el estudio debió dar más importancia a la opinión de gente mayor de 50 años. “Ellos sí se acuerdan de los años de violencia”, argumentó. Según Aguinaga, “lo importante” es que durante el juicio no se ha podido demostrar la culpabilidad de Fujimori (La República, 06-04-2009).

ALAN GARCÍA: “UD. INTERRUMPIÓ LA DEMOCRACIA, YO NO” El presidente Alan García descartó cualquier comparación entre su primera gestión con el decenio fujimorista en lo que respecta a los actos de violación de los derechos humanos como consecuencia de la política antisubversiva. “Nosotros fuimos, nadie lo duda, un gobierno plenamente democrático. Nosotros no interrumpimos la vida democrática del país”, respondió García a Alberto Fujimori, quien en su alegato final señaló que si a él lo procesan también deberían procesar al actual mandatario por las masacres cometidas en Cayara y Accomarca. García le recordó que en “un hecho que aparentemente se parece”, cambia “cualitativamente de sentido” cuando se interrumpe la democracia y aparece una fórmula dictatorial en la que todo depende de una persona, o todo depende de un grupo de personas. En una fórmula dictatorial, agregó, “resulta más difícil demostrar si la persona sabía o no sabía, si era directamente responsable o no”. Virtudes democráticas El Jefe del Estado destacó que en una democracia, a diferencia de las dictaduras, existen medios de comunicación que son los primeros fiscales de la opinión pública, hay opinión pública libre, un Parlamento que puede investigar, y un Poder Judicial independiente. “Pero si usted no tiene nada de eso, toda la culpa viene hacia usted. Para eso existe la democracia. También es una forma para defender las acciones de los gobiernos que pueden trabajar porque tienen sistemas de fiscalización permanentes que impidan los excesos”, agregó en respuesta a la interrogante de un periodista respecto a la alusión que le hizo Fujimori. Evitó responder sobre la eventual amnistía que podría recibir Fujimori en el futuro. “No puedo ponerme en la especulación de un analista. Vamos a esperar una sentencia justa y legal”, expresó. Ante los anunciados actos de violencia, García manifestó su confianza en que la agrupación fujimorista “seguirá manteniendo la prudencia demostrada por su acción política y realismo en su manera de entender el país”. Les señaló, no obstante, que si no están de acuerdo con el fallo les queda apelar a una segunda instancia e ir a fueros internacionales. “Esos son beneficios de la democracia que las dictaduras no permiten”, dijo. El presidente García sostuvo que, como Presidente de la República, espera “un fallo justo y legal, plenamente ajustado a la ley” para el ex presidente Alberto Fujimori.

Indicó estar convencido, así como lo está la mayoría de los peruanos, de “que este ha sido un proceso que ha tenido todas las garantías de la democracia, todas las garantías del ejercicio de la defensa”. Dejó establecido que hoy se conocerá el fallo en primera instancia “porque después seguramente vendrá una apelación, una segunda instancia ante la Sala que haga de Corte Suprema definitiva”. “Mi papel en este caso no es comentar o intervenir en las sentencias o anticiparlas, sino esperarla como todos los peruanos, pero naturalmente deseando que sea lo mejor y lo más ajustado a la ley”, anotó (La República, 07-04-2009).

COYUNTURA POLÍTICA APRUEBAN ACUSACIÓN A EX MINISTRO ROSPIGLIOSI Tras un prolongado debate en el que las argumentaciones de carácter político se entremezclaron con los sustentos jurídicos de la denuncia, la Comisión Permanente del Congreso aprobó, por amplia mayoría, acusar constitucionalmente al ex titular del Interior, Fernando Rospigliosi, por supuesta infracción del artículo 126º de la Carta Magna, “al haber actuado como gestor de intereses propios o de terceros”. El informe –que fue

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aprobado con el aval de 16 legisladores, entre apristas, fujimoristas y nacionalistas– resolvió también sancionar al ex ministro con la inhabilitación en el ejercicio de la función pública hasta por cinco años. En contra del documento se registraron siete votos, además de tres abstenciones. La sesión se inició con la intervención de Rospigliosi, quien, tras atribuir la acusación a una presunta “represalia política”, rechazó haber favorecido a Proética, durante su gestión al frente del Mininter, con la suscripción de dos convenios para hacerle seguimiento a las licitaciones para la compra de uniformes policiales que, agregó, fueron ejecutados por sus sucesores Gino Cosa y Alberto Sanabria. El parlamentario aprista Aurelio Pastor dijo que, al momento de la suscripción de los convenios, Proética no tenía personería jurídica, y –citando un informe de Contraloría– agregó que el personal contratado para el cumplimiento de los convenios no tenía las calidades técnicas requeridas para el trabajo.

Javier Bedoya de Vivanco, sin embargo, refutó estas apreciaciones. Explicó que la minuta de constitución ya le había sido otorgada a Proética al momento de la firma de los convenios, y aseguró que no hay impedimento legal para que esa asociación civil haya ratificado los actos celebrados con el Mininter antes de su inscripción.

En cuanto a una supuesta gestión de intereses por parte de Rospigliosi a favor de Proética, que es el fondo de la denuncia, Bedoya recordó que, debido a trabas burocráticas, los convenios, así como todos los hechos posteriores derivados de ellos, se ejecutaron cuando Rospigliosi ya no era ministro “por lo que –aseguró– no es procedente la acusación” (Perú.21, 01-04-2009). ‘‘ESTA ES UNA REPRESALIA POLÍTICA DE LOS CORRUPTOS’’ Entrevista/Fernando Rospigliosi. Según el ex ministro del Interior, la acusación constitucional aprobada en el Congreso es una venganza política del Apra y los fujimoristas, por denunciar la corrupción y el caso de los Petroaudios.

-¿Toma esta denuncia como una venganza política?

-Es una represalia política de los corruptos en el Congreso, porque no hay delito ni nada que sancionar. Es una venganza de fujimoristas y apristas, con la complicidad de los humalistas. Se da la señal al país de que quienes denuncian la corrupción son sancionados, y los que van a la suite de Canaán y la sala de Montesinos en el SIN, no.

-La denuncia se aprobó en junio del 2008. ¿Por qué cree que recién la vio la Permanente?

-La aprobaron y la tuvieron como una espada de Damocles. Es la típica de estos sinvergüenzas. Estuvo durmiendo cinco años en el Congreso, y después de que denuncié el caso de los Petroaudios, la aplican.

-¿La denuncia prescribió?

-Prescribió, porque es por convenios firmados en mi primer periodo de ministro, que finalizó el 2002. Pasaron siete años, y si había delito debieron pasarme al Poder Judicial, pero como no había, fraguaron esta acción.

-Según sus acusadores, usted admitió cercanía con ProÉtica.

-Eso es mentira. A mucha honra fui miembro de Transparencia. La denuncia fue la represalia de (Jorge) Mufarech, y el Apra y el fujimorismo se aprovecharon de las imputaciones sin sustento de ese sujeto (La República, 01-04-2009).

CONTRALORÍA NO ENCONTRÓ RESPONSABLE A ROSPIGLIOSI La investigación realizada por la Contraloría General de la República sobre el convenio firmado entre el Ministerio del Interior y ProÉtica, a fin de que esa institución asesore al Estado en la compra de uniformes para la Policía Nacional, no encontró responsabilidades en el entonces titular de ese sector, Fernando Rospigliosi. Así lo aclaró a este diario Genaro Matute Mejía, quien estuvo al frente de esa institución de control hasta diciembre último. Matute indicó que de lo investigado en aquella oportunidad no se podía desprender que Rospigliosi haya obtenido algún tipo de beneficio económico como ha pretendido establecer el congresista aprista Aurelio Pastor, quien, precisamente, sustentó la acusación constitucional que fue aprobada por la comisión permanente, y que ahora deberá ser votada por el pleno del Parlamento. “No se puede decir que Rospigliosi se benefició económicamente. Ni siquiera pudimos decir que ProÉtica se benefició económicamente. Nosotros creemos que ProÉtica actuó de buena fe, pero los asesores que recomendó no eran los adecuados”, indicó Matute. Agregó, no obstante, que sí es verdad que los uniformes comprados con la asesoría de esos profesionales eran inservibles. El ex ministro del Interior, entre tanto, afirmó que quienes lo acusan de haberse favorecido económicamente no han presentado una prueba sobre ello. Recordó que ProÉtica no recibió ni un solo sol por brindar la asesoría al Estado. Aurelio Pastor afirmó que si bien ProÉtica no recibió dinero como institución, quienes trabajan en ella sí cobraron. “Esto no busca inculpar a alguien. Hubo irregularidad”, dijo (La República, 02-04-2009).

DE LA SALITA A LA SUITE Fernando Rospigliosi, opina: “Hoy el país está gobernado por una alianza de los que pasaban por la salita del SIN para recibir instrucciones, prebendas y dinero de Vladimiro Montesinos y los que, más recientemente, visitaban la suite de Fortunato Canaán en el hotel Country para tramar negociados y financiar campañas electorales. Esos fueron los autores intelectuales –algunos también materiales- de la sentencia que me

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impuso la Comisión Permanente del Congreso el martes 31 de marzo. Se trata como es evidente de una represalia política de los corruptos por la denuncia que realicé el 5 de octubre del año pasado, los llamados petroaudios. Primera conclusión: esa denuncia afectó a la cúpula del gobierno. Si no fuera así, no podrían haber movilizado todas sus fuerzas parlamentarias para imponerme una absurda sanción. Los comprometidos con la corrupción no son funcionarios periféricos o de segundo nivel. Ellos no tienen la fuerza para mover los engranajes corruptos del Apra y el fujimorismo. Es la cúpula del gobierno la que ha reaccionado. La señal que pretenden dar es clara: los corruptos tienen la sartén por el mango y son impunes. Los que se atrevan a denunciar la inmoralidad del gobierno sufrirán las consecuencias. Varios han sido despedidos de sus trabajos Augusto Álvarez, Fernando Ampuero, Pablo O´Brien-, otros penden de un hilo, y a los que pueden, les imponen una abusiva sentencia, como a mi. Segunda conclusión: buscan reafirmar indudable y abiertamente, que el poder de la corrupción no puede ser derrotado, desmoralizar a los que luchan contra ella y establecer que están dispuestos a aplastar a todos los que se les opongan, por cualquier medio. En el Poder Judicial manejan las cosas a su antojo. Ya han transcurrido seis meses de la denuncia y todo está paralizado. La inmensa cantidad de materiales incautados por la Policía y la Fiscalía está en manos de jueces que dependen de César Vega Vega, uno de los varios operadores del Apra en el PJ. Tercera conclusión: el manejo corrupto de las instituciones Congreso, Poder Judicial, etc.- les está permitiendo avanzar en el camino de la impunidad, al igual que en el primer gobierno de Alan García. ¿Se saldrán con la suya otra vez? No necesariamente. El mundo y el Perú han cambiado. No tanto como quisiéramos, pero algo se ha avanzado. Hoy día Montesinos está preso y Alberto Fujimori a punto de ser sentenciado. Los petroaudios pusieron en evidencia la podredumbre del gobierno y un gabinete cayó. No es gran cosa todavía, pero muestra que se puede lograr algún avance en la lucha contra la corrupción. Lo mismo ocurrió en el campo de los derechos humanos. La Comisión de la Verdad fue un gran logro. Después vino un retroceso al final del gobierno de Alejandro Toledo y una regresión descomunal con Alan García. Pero incluso ahora, han tenido que recular y aceptar el Museo de la Memoria con una comisión de lujo para los estándares peruanos. Última conclusión: hay que seguirla peleando, todos los días, cuesta arriba.

Vale la pena” (Blog Espacio Compartido). http://compartidoespacio.blogspot.com/2009/04/huevos-de-esturion-de-la-salita-la.html TOLEDO AFIRMA QUE GARCÍA ESTÁ DETRÁS DE DENUNCIA CONTRA ROSPIGLIOSI El ex presidente Alejandro Toledo afirmó que el mandatario Alan García está detrás de la denuncia constitucional aprobada en la Comisión Permanente del Congreso contra quien fuera su ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, por haber –supuestamente– suscrito un contrato irregular para que ProÉtica asesore al Estado en la compra de uniformes para la Policía. “El presidente García, a través de sus congresistas, está operando directamente en contra de una persona que tiene un compromiso de lucha contra la corrupción”, afirmó desde California. El líder de Perú Posible agregó que el gobierno aprista “le ha pasado la factura a Rospigliosi” por luchar contra la corrupción y por haber sacado a la luz el escándalo de los petroaudios. “Los que ayer fueron a la salida del SIN y los que fueron a la suite de Fortunato Canaán se han juntado para perjudicar a un colaborador de mi gobierno”, sostuvo. “¿Qué está pasando en el Perú? Algo huele muy mal”, cuestionó el ex presidente tras precisar que la denuncia contra el ex ministro del Interior es “una revancha”, para la cual se han aliado el aprismo y el fujimorismo (La República, 03-04-2009).

PRESIDENTE DE LA SUPREMA DA RESPALDO A VEGA VEGA Un fuerte espaldarazo recibió el titular de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega, de parte del presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien consideró que no se puede condenar a un magistrado por reunirse con un amigo de la infancia. Esto en referencia a un video en el que Vega Vega participa en el agasajo de cumpleaños del dirigente aprista Carlos Roca Cáceres, quien aprovechó para lanzar su candidatura a la secretaría general del Apra. “No nos vengan con oscurantismos y mojigatería. Los jueces tenemos libertad de credo y de ideas (...) Si tenemos una vinculación política es cuestión nuestra”, afirmó en la ceremonia de puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal en Piura. Frente a un grupo de jueces y vocales que se encargarán de implementar el nuevo código, y ante la ministra de Justicia, Rosario Fernández, Villa Stein señaló que los magistrados tienen una vida privada. “Tenemos nuestros derechos y los vamos a hacer respetar sí o sí”.

Fernández también respaldó a Vega Vega, al considerar que las amistades “trascienden las posiciones políticas, económicas, sociales y religiosas”. La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, le restó importancia a lo sucedido y pidió no sacar provecho político de la situación. “¿Acaso (Vega Vega) no tiene derecho a participar de una fiesta de cumpleaños?, ¿qué hay que investigar?”, se preguntó la parlamentaria. La titular de Vivienda, Nidia Vílchez, y el secretario general del Apra, Mauricio Mulder, coincidieron con ella. Sin embargo, quien tuvo una postura diferente fue el jefe del Gabinete, Yehude Simon, quien opinó que la actitud de Vega Vega “deja mucho que desear” y pidió que el Congreso investigue al magistrado. Vega Vega salió por la mañana a hacer frente a las críticas en su contra y defendió su presencia en la celebración por el cumpleaños de Roca, al aducir una amistad de 40 años. “El hecho de que sea presidente (de la Corte Superior de Lima), no significa que margine a mis amigos en función de su posición política. Sería mezquino hacerlo”, dijo en conferencia de

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prensa. Asimismo, negó pertenecer a algún partido político. “En la universidad sí. No me arrepiento ni me avergüenzo por ello. Pero desde que asumí la carrera jurisdiccional no tengo actividad política alguna”, manifestó (El Comercio, 01-04-2009).

‘CHUPONEO’ SEGUIRÁ EN MANOS DE JUEZA MARTÍNEZ El caso por supuesto espionaje telefónico de los directivos de Business Track seguirá en manos de la jueza penal suplente María Martínez Gutiérrez, por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Esto luego de que el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, presidido por Javier Villa Stein, aprobara una directiva en la que se establecer que, para evitar dilaciones innecesarias, los jueces que ven casos sumarios continuarán viendo los procesos por asociación ilícita que tengan a su cargo hasta su culminación. La norma fue aprobada al mediodía de ayer y se publicaría hoy en el diario El Peruano. La jueza Martínez se apartó del proceso luego de la modificación de la Ley Nº 26689, publicada el sábado 28 de marzo, según la cual el juzgamiento de los delitos de asociación ilícita se tramitarán ahora por vía ordinaria, y no en procesos sumarios como se hacía. Es así que el 30 de marzo, por ser de procesos sumarios, la jueza se inhibió a pedido de la fiscalía y notificó a los abogados de los procesados, pero no terminó de pasar el expediente a la mesa de partes.

Para la fiscalía, promotora de la norma, era bueno el cambio, pues tendrían más tiempo de investigar y abrir las CPU y demás bienes incautados a los siete procesados. Pero para Villa Stein, este cambio no beneficiaba en nada al proceso, pues violaría el principio del juez natural y sería como comenzar de cero con otro juez, afectando la celeridad del proceso. Ahora la jueza Martínez deberá reprogramar todas las diligencias que se han perdido en estos “días muertos”, sobre todo poner fecha para abrir las computadoras y descubrir a quiénes ‘chuponearon’ los acusados y quién les pagó. La jueza Martínez solo cambiará el lugar de su oficina. Se le acondicionó una en el cuarto piso del Palacio de Justicia, donde se mudará con todo el material incautado a Business Track, por seguridad (La República, 03-04-2009).

EDMUNDO BETETA YA NO SERÁ EL CONTRALOR La Comisión Permanente del Congreso desestimó la propuesta presidencial para que el economista Edmundo Beteta sea nombrado nuevo contralor de la República, cargo que se encuentra vacante desde la salida de Genaro Matute, en diciembre pasado. Fue al aprobar por 16 votos a favor y 8 en contra el informe elevado por la comisión evaluadora, en el que se recomendaba desestimar la propuesta presidencial debido a que Beteta no cumplía con los diez años de ejercicio profesional, uno de los requisitos que establece la ley para asumir el cargo de contralor. El informe de la comisión evaluadora fue apoyado por los representantes de todas las bancadas, excepto por los 8 representantes del oficialismo que, obviamente, votaron en contra. Después de la sustentación de los dos informes, el de mayoría lo expuso Edgar Reymundo, y el de minoría José Carrasco Távara, se había planteado incluso una cuestión previa para que se invite a Beteta a explicar las dudas que había sobre sus años de ejercicio profesional. Esta fue desestimada. Luego de levantada la sesión, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, informó que de inmediato había enviado un oficio al presidente de la República, solicitándole que envíe una nueva propuesta. Indicó, además, que propondrá a la Junta de Portavoces que cuando llegue la nueva propuesta, esta sea vista solo en la Comisión Permanente, la cual debería abocarse un día completo a tal fin. Miembros de la oposición denunciaron que en realidad el gobierno no quiere que se llegue a nombrar un contralor y agregaron que se le estaba restando facultades a esa institución.

Tras conocer que su nombre había sido desestimado por el Congreso para asumir el cargo de contralor, el economista Edmundo Beteta afirmó sentirse decepcionado porque en esa decisión “primaron intereses distintos a los técnicos y profesionales requeridos para el cargo de contralor. “Las razones son ajenas a mi capacidad y experiencia”, señaló. En un comunicado, indicó que durante la evaluación de la propuesta en el Congreso se formularon falsas acusaciones. “Algunas de ellas bordearon el límite del agravio, como lo señaló una conocida columna editorial, y todas las he resistido manteniendo un respeto a las instituciones y a mí mismo”, dijo. Tras finalizar la reunión del Acuerdo Nacional (AN), a la que calificó como fructífera, el premier Yehude Simon lamentó la desestimación de Edmundo Beteta como Contralor General por parte de la Comisión del Congreso. Asimismo, dijo no saber sobre una nueva propuesta por parte del Ejecutivo. En ese sentido hizo un llamado a posibles candidatos, sin dejar atrás su disconformidad y peculiar sentido del humor. “Hacemos un llamado a todos los que tienen 200 años de experiencia laboral y 400 años de estudios, para ver si pueden ser aceptados por el Congreso”, declaró con ironía, luego de reconocer que en la decisión del Congreso primó el interés político. Por este motivo propondrá al AN, que este sea un espacio de consenso de las fuerzas políticas para la elección del nuevo contralor. Max Hernández, secretario del Acuerdo, se sumó a la propuesta de Simon y aclaró que el AN no presentará a un candidato, sino verá que ideas puede aportar al respecto (La República, 0404-2009).

REGIONES REGIONES SIN CAPACIDAD PARA ASUMIR FUNCIONES

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Solo dos de las 25 regiones del país cuentan con los requisitos mínimos para acreditar su capacidad de gestión. Es decir, pueden asumir -sin problemas- las funciones que le fueron transferidas por el Gobierno, según indica la Defensoría del Pueblo. El Informe Nº 141 de dicha entidad detalla que la mayor parte de los gobiernos regionales, a excepción de La Libertad y el Callao, no cumplieron ni asumieron los objetivos que les fueron trasladados en materia de salud, educación, población, desarrollo social e igualdad de oportunidades. De acuerdo con Kantuta Vallenas, jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, la situación es seria porque significa que las regiones no están capacitadas para desempeñar de forma cotidiana y permanente sus funciones en las áreas mencionadas. “Básicamente, encontramos que no cuentan con el recurso humano idóneo, ni con la infraestructura adecuada para asumir las tareas que le fueron encargadas”, explicó Vallenas a Perú.21. Por su parte, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, también expresó su preocupación por esta situación, pues -sostiene- ello podría afectar el acceso de los ciudadanos a una serie de servicios. El informe detalla que, debido a la flexibilización del proceso de acreditación dispuesto en 2007, se transfirió el 39% de las labores sectoriales a los gobiernos regionales, pese a que estos no contaban con los requisitos mínimos para acreditar su capacidad de gestión, es decir, eran administraciones 'por potenciar’. Pese a esto, los gobiernos regionales fueron acreditados de todas formas para la transferencia de funciones, solamente con la suscripción de Convenios Marco Intergubernamentales (CMI) con cada ministerio. Bajo esta modalidad, 23 gobiernos regionales declarados 'por potenciar’ fueron tomados en cuenta para la transferencia del 100% de las funciones. Las regiones que obtuvieron el mayor número de labores, pese a que no tenían capacidad para ello, son Madre de Dios, Apurímac, Tumbes, Lima y Moquegua. Según Vallenas, la responsabilidad recae en la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros -encargada de conducir el procesoasí como en todos los ministerios. Finalmente, la defensora del Pueblo dijo que el propósito de este trabajo de fiscalización es “asegurar la calidad de los servicios para la ciudadanía y apoyar la lucha contra pobreza y la desigualdad social” (Perú.21, 01-04-2009).

GOBIERNOS REGIONALES PROPONEN CREAR UN FONDO DE COPARTICIPACIÓN La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales presentó a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) una propuesta de modelo económico que se basa en la creación de un fondo de coparticipación. El economista Luis Alberto Arias Minaya, quien elaboró el modelo económico, explicó que el fondo estaría compuesto por el 25% de los ingresos tributarios nacionales, es decir, los impuestos recaudados por la Sunat.

“Este fondo se administrará equitativamente a partir de las necesidades insatisfechas de las regiones del país, tomando en cuenta los niveles de pobreza”, dijo Arias en un foro organizado por la Asamblea. Arias Minaya detalló que el fondo se dividirá en subfondos para ser utilizado en sectores como educación, salud e infraestructura, según los criterios antes señalados. Durante su exposición Arias dijo además que este modelo permitirá una planificación oportuna. El economista Carlos Casas, docente de la Universidad del Pacífico, destacó el perfil de equidad y la factibilidad de la propuesta de la asamblea GR (La República, 04-04-2009).

DD. HH. VARGAS LLOSA ASUME MUSEO DE LA MEMORIA El gobierno creó una Comisión de Alto Nivel para hacer realidad el Museo de la Memoria, y designó al frente de esta importante misión nada menos que al escritor Mario Vargas Llosa. Al entregar a Vargas Llosa y a otras seis personalidades la gestión de este museo, que sea testimonio de la violencia que se vivió en el país entre 1980 y el 2000, el Ejecutivo estaría zanjando el enfrentamiento innecesario que generó al rechazar los 650 mil euros (aproximadamente dos millones de dólares) ofrecidos con ese objetivo por el gobierno alemán.

Acompañan al escritor monseñor Luis Bambarén, el constitucionalista Enrique Bernales, el arquitecto Frederick Cooper, el destacado pintor Fernando de Szyszlo, el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) Salomón Lerner y el antropólogo Juan Ossio. Gran parte de ellos habrían sido escogidos por el mismo Vargas Llosa. La noticia de esta decisión gubernamental –ejecutada mediante Resolución Suprema rubricada por el jefe del gabinete, Yehude Simon, y los ministros de Educación, José Antonio Chang; de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde; y de Justicia, Rosario Fernández– llegó mediante una nota enviada por Palacio de Gobierno a las redacciones. Los miembros de la Comisión, cuyo trabajo será ad honórem, tienen por función coordinar con las entidades competentes y el gobierno alemán las acciones necesarias para viabilizar el apoyo financiero necesario para implementar y operar el referido museo. Además, deben gestionar la ejecución, organización y puesta en operación del museo así como promover la obtención de financiamiento para garantizar su operatividad a través de la cooperación internacional no reembolsable, en coordinación con las entidades públicas competentes. Entrevistado por La República sobre esta nueva misión, Lerner declaró sentirse satisfecho de trabajar con un escritor que representa “una voz pública poderosa”, y con personas honorabilísimas. Lerner destacó que el tema central del museo será garantizar “amplitud e inclusión”. En ese marco, agregó, se deben proyectar otras visiones que les permitan conocer las historias particulares de instituciones, víctimas, asociaciones de familiares y desaparecidos. “Por ejemplo, será la ocasión para que

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también las fuerzas armadas y la Policía Nacional nos muestren a sus héroes”, subrayó. Señaló que por suerte la donación alemana para construir el museo no ha sido retirada y eso sería garantía de que se va a contar con ese fondo. Lerner aclaró que su trabajo aquí será ad honórem, como también lo fue, por su voluntad, cuando presidió la CVR. El comandante general del Ejército, Otto Guibovich, expresó su apoyo a la construcción de un museo de la memoria que sea “plural y sin sesgos”. Incluso adelantó que su institución está dispuesta a colaborar con esa exposición sobre la violencia provocada en el país por el terrorismo. Planteó construir un museo de la memoria nacional, pues recordó que existe un importante número de miembros del Ejército que han resultado heridos o muertos en el cumplimiento de su deber de proteger a la democracia de la subversión, y sería importante que un museo de la memoria tenga también la versión de esos soldados. Guibovich hizo un llamado al presidente de la Comisión de Alto Nivel para que el objetivo de esta exposición sea unir a todos los peruanos (La República, 01-04-2009).

“SE INCLUIRÁ VISIÓN DE FFAA” El ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz parafraseó el dicho popular “donde manda capitán no manda marinero” para anunciar su acatamiento de la decisión gubernamental que crea la Comisión de Alto Nivel con la misión de sacar adelante el Museo de la Memoria. Flores Aráoz señaló que si bien respeta la decisión del presidente Alan García de construir dicho museo, eso no significa que él haya cambiado su opinión, que era contraria a dicha medida. Y mucho menos aceptó una posibilidad de renuncia al cargo por el intercambio de agravios verbales que tuvo con el escritor Mario Vargas Llosa, quien hoy preside la Comisión de Alto Nivel. “Creo que en esto se ha llegado a una solución que tiene un valor importante porque se va a agregar a la memoria otras visiones”, subrayó el ministro al salir de Palacio de Gobierno. Flores Aráoz consideró importante que al incluir en el museo visiones diferentes a la que, según su opinión, mostró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se incluyan las fotografías y testimonios de vida que viene preparando su sector “para demostrar lo que realmente vivieron nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, policías y ronderos que combatieron el terrorismo”. “Esta gente no estaba jugando a ladrones y celadores. Eran terroristas que hicieron un gran daño al país y fueron las Fuerzas Armadas que, en cumplimiento de un deber constitucional y una orden gubernamental, salieron a defendernos... y a ellos les tenemos gratitud”, dijo antes de lamentar el sesgo con el que, según él, se ve este problema. “Es como si los otros fueran los buenos y las Fuerzas Armadas, a las que estoy representando en este momento, los malos”, se quejó. Sobre violaciones de los DDHH, Flores Aráoz comentó: “Pudieron haber excesos, que se castigan, pero en general a las FFAA les debemos mucho porque rescataron la paz para el país” (La República, 02-04-2009).

Leer entrevistas a Mario Vargas Llosa, en: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090402/7/pagina/15 http://www.elcomercio.com.pe/impresa/notas/buscaremos-objetividad-maxima/20090402/267701 GIAMPIETRI RECHAZA A VARGAS LLOSA EN COMISIÓN Aunque afirmó que respeta la decisión adoptada por el Gobierno para implementar un Museo de la Memoria que rinda homenaje a las víctimas de las décadas de violencia interna, el vicepresidente Luis Giampietri cuestionó la neutralidad del escritor Mario Vargas Llosa, quien está al frente del equipo que debe dar viabilidad y conseguir el financiamiento para ese proyecto. Al concluir una actividad en el muelle del Callao, el vicepresidente sostuvo que al menos tres novelas de Vargas Llosa (Quién mató a Palomino Molero, La ciudad y los perros y Pantaleón y las visitadoras) demuestran la poca simpatía que el reconocido escritor siente por las Fuerzas Armadas. Luego, insistió en que debía consultarse a los tres institutos castrenses (Ejército, Marina y Fuerza Aérea) antes de concluir el proyecto del Museo de la Memoria. Pero ayer no fue la primera vez que el vicealmirante en retiro expresó sus reparos por la designación de Vargas Llosa. Tras enterarse del nombramiento del escritor, y en diálogo con este diario, Giampietri marcó distancia del trabajo que realizará el equipo liderado por el laureado novelista. “¿Hay un museo de la memoria sobre la Guerra del Pacífico? ¿Hay un museo de la memoria sobre el conflicto del 41? (entre Perú y Ecuador). ¿Hay un museo sobre el Conflicto del Cenepa? (entre Perú y Ecuador en 1995). No, ¿verdad?”, dijo, y agregó que cualquier propuesta de museo sobre la violencia interna estará incompleta ya que la guerra “no ha terminado”. “Van a tener que hacer una ampliación sobre esta exposición porque todavía peleamos en el VRAE”, manifestó en referencia a las acciones que realizan patrullas militares en la zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene, donde se combate a rezagos senderistas vinculados con narcotraficantes. En respuesta a las afirmaciones del primer vicepresidente, Salomón Lerner, ex titular de la Comisión de la Verdad e integrante del equipo que dirige Vargas Llosa, señaló que sus críticas son injustificadas y que están llenas de prejuicios. “El señor Giampietri habla de los supuestos prejuicios de Vargas Llosa, pero, al hacerlo, incurre en el mismo vicio que denuncia. Él está prejuzgando sin conocer nuestro trabajo. Nadie puede dudar de la honestidad y transparencia de Vargas Llosa. Es el primer intelectual del país y no se puede decir que actúa con mala fe”, declaró. Los siete integrantes de la Comisión de Alto Nivel que diseñará el proyecto del Museo de la Memoria tendrán su primera reunión los primeros días de mayo, cuando

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Mario Vargas Llosa retorne al país (Perú.21, 04-04-2009).

MILITARES NO QUIEREN A VARGAS LLOSA EN MUSEO Tras la decisión del presidente García de construir un Museo de la Memoria que sirva como espacio de reflexión sobre el periodo de terror que vivió nuestro país entre 1980 y el 2000, el ex jefe del Comando Conjunto Jorge Montoya dijo que las FFAA presienten que sus instituciones no ocuparán el lugar que merecen en dicho museo. “Las FFAA están en desacuerdo con el documento final de la CVR y como algunos de sus ex miembros participarán también en el Museo de la Memoria, eso nos da motivo para pensar que habrá sesgos en dicho museo”, dijo Montoya, quien reconoció los excesos cometidos durante la guerra interna y precisó que deben ser sancionados. Asimismo, el general (r) Donayre se sumó al desacuerdo de Montoya con la CVR. Por otro lado, Enrique Bernales, miembro de la comisión que implementará el Museo de la Memoria, confirmó que tendrán su primera reunión a fines de abril, en la que se podrán establecer los pasos que deben seguirse en el diseño y construcción de dicho museo. El ministro de Defensa Ántero Flores Aráoz destacó que el Museo de la Memoria incluya otras visiones de la guerra interna, además de la muestra fotográfica de la CVR: “Yuyanapaq”, que en quechua significa “Para recordar”. Flores Aráoz comentó que dicha muestra “carece de la visión de lo que sufrieron las FFAA durante la guerra interna”, por lo que señaló que incluir otras visiones es un avance.

Asimismo, saludó que sea el escritor Mario Vargas Llosa quien dirija el proyecto del museo (La República, 0504-2009).

RESPALDO A VARGAS LLOSA El mandatario Alan García dejó sin piso al primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y respaldó el nombramiento del escritor Mario Vargas Llosa como titular de la comisión encargada del proyecto del Museo de la Memoria. “Hay que tener confianza en una personalidad de la envergadura de Mario Vargas Llosa. Él es un peruano universal que, además, por su vida creativa y política, está un poco más allá de cualquier apetito personal o de cualquier vendetta o venganza”, precisó al ser consultado por el rechazo de Giampietri a la designación del novelista para conducir esta obra. García también respaldó a los personajes que integran el grupo de trabajo que lidera el escritor, como monseñor Luis Bambarén. “No creo que sea un terrorista encubierto ni una persona que olvida a las Fuerzas Armadas. No podemos estar dudando de todas las cosas, ¿por qué tenemos la costumbre de estar dudando?; ese es el mal derrotismo nuestro”, agregó para luego señalar que está a favor de que el Museo de la Memoria se construya en Lima y no en Ayacucho (El Comercio, 07-04-2009) ECONOMÍA PESE A LAS CRÍTICAS ENTREGARON EL PUERTO Un atentado contra la soberanía portuaria nacional. Ni el contundente rechazo de los paiteños ni de los trabajadores portuarios del Perú ni las opiniones de diversos sectores detuvieron el afán privatista del gobierno, que con celeridad entregó la buena pro de la concesión del terminal portuario de Paita, en Piura, a una empresa que mantiene vínculos empresariales con capitales chilenos. El Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (CTPEA), único postor que finalmente quedó en el proceso y a quien en horas de la tarde se le adjudicó la buena pro de la concesión del puerto de Paita, estaría vinculado a la empresa de capitales chilenos Von Appen. CTPEA presentó una propuesta tarifaria de US$ 120.00 para contenedores de 20 pies, y US$ 151.43 para los contenedores de 40 pies, la mínima tarifa establecida en las bases del proceso. Además ofreció una inversión adicional de US$ 100.9 millones a los US$ 127 millones estipulados en el contrato de concesión. Según ya había explicado a La República el experto en temas portuarios Manuel Dammert, la empresa Tertir Terminais Portugal S.A. (Portugal), integrante del consorcio ganador junto a las peruanas Cosmos Agencia Marítima y Translei, es socia de la española Dragados SPL, que a su vez mantiene fuertes vínculos con el grupo chileno Von Appen. “La postora portuguesa solo sería una pantalla, ya que es muy pequeña, y la española Dragados, que se asoció con ésta, quebró en febrero, por lo que la chilena Von Appen, principal socia de la española, asumiría su posición”, indicó. Pero eso no sería todo, ya que Von Appen también mantiene relaciones con la consultora chilena Ikons, que oportunamente para los intereses de su compatriota fue la encargada junto a Halcrow y Chemonics del diseño de la concesión del puerto de Paita. Otro hecho que no dejó de llamar la atención fue que recién en horas de la mañana se supo que dos de los tres postores se retiraron del proceso, por lo que la victoria del último postor ya estaba asegurada desde muy temprano. Sin embargo, para la presidenta ejecutiva del directorio de ProInversión, Cayetana Aljovín, tal deserción solo fue el resultado del actual momento de incertidumbre económica que viven todas las empresas en el mundo. “Estamos en una época internacional que no es muy favorable, no creo que haya muchos países que estén concesionando nada este año, yo lo atribuyo al tema de la crisis internacional”, consideró. Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones, estimó que la concesión del puerto de Paita ayudará a duplicar y hasta triplicar la productividad del citado terminal portuario (La República, 01-04-2009).

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GARCÍA DEFIENDE CONCESIÓN DEL PUERTO DE PAITA El presidente Alan García defendió la concesión del Puerto de Paita y criticó a quienes se oponen a esta transacción que se consumó, considerándolos enemigos de la inversión, a pesar de que esta genera trabajo y desarrollo. “Hoy puedo decirles a los incrédulos, a los que creen que no se necesita inversión, ignorando que esta da trabajo y modernidad, que desde hace algunas horas hay una empresa (Consorcio Terminales Portuarios Euroandinos) que está comprometida y obligada por contrato a hacer en el puerto de Paita una inversión de 220 millones de dólares”, expresó el mandatario durante la ceremonia de entrega de los 75 millones de nuevos soles con los que se pondrá en marcha el Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura. “¿Para qué hacemos el Alto Piura si no tenemos carretera ni puerto fundamental de salida? Eso deben aprender a pensar los que no piensan y se oponen. Necesitamos que este puerto (Paita) sea estratégico y pueda competir con otros puertos de la región”, afirmó ante cientos de pobladores del distrito de Castilla a quienes aseguró que su gobierno tiene el objetivo de convertir al puerto de Paita en el Callao del norte del país. El mismo día, cientos de pobladores de Paita participaron en un mitin en el que el líder nacionalista Ollanta Humala y dirigentes de esa provincia expresaron su rechazo a la concesión del puerto de Paita. Respecto al proyecto hidroenergético del Alto Piura, García dijo que su ejecución es la mejor respuesta a la crisis mundial. “Hemos insistido en sacarlo adelante a pesar de la crisis”, afirmó. En su discurso, García explicó que la entrega de los 75 millones de soles, sumados a los aportes del Gobierno Regional de Piura, permitirán iniciar la construcción del túnel de trasvase de 13.5 km de distancia que conducirá 30 metros cúbicos de agua por segundo del río Huancabamba hacia 50 mil hectáreas del valle del Alto Piura. “Para que este túnel sea habilitado, tenemos que ejecutar la presa Tronera Norte, que permitirá el paso del agua a las tierras del Alto Piura. Esa agua debe irrigar 19 mil nuevas hectáreas y 1 mil hectáreas ya existentes. Esto significará una consecución de US$ 400 millones en alimentos y salarios. Además (el proyecto) consta de dos centrales hidroeléctricas que deben producir 300 megavatios”, precisó. El Jefe del Estado aprovechó el momento para hacer un apretado recuento de las grandes obras de irrigación que inició e inauguró durante su primer gobierno y su actual gestión. Según dijo, ha logrado la creación y fortalecimiento de 262 mil hectáreas a través de los proyectos Chavimochic (La Libertad), Majes (Arequipa), Olmos (Lambayeque), Lagunillas (Puno) y, ahora, el Alto Piura (La República, 01-04-2009).

GOBIERNO AVALARÁ SALVATAJE DE DOE RUN CON US$70 MILLONES El Gobierno otorgará un aval de US$70 millones para rescatar a Doe Run Perú (DRP) de un eventual cierre de operaciones en La Oroya. Este monto, otorgado por Cofide, serviría de garantía para que la banca privada otorgue un crédito que permita a la minera seguir adquiriendo concentrados. Así lo informó el ministro del Ambiente, Antonio Brack, quien además indicó que en garantía DRP pondría sus acciones a disposición de Cofide. Brack, quien dio esta información al programa televisivo “Portal financiero”, de Canal N, informó que en todo el proceso del rescate se están tomando en cuenta los aspectos social, económico y ambiental. Así, indicó que se vigila que el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) no se interrumpa. Doe Run, que maneja el Complejo Metalúrgico de La Oroya, tiene una inversión pendiente de US$73 millones para culminar las mejoras ambientales y evitar que la fundición siga emitiendo partículas tóxicas. Esta inversión, según su compromiso con el Estado, debe cumplirlo a más tardar el 31 de octubre de este año, aunque varios rumores sostienen que DRP no lo hará y que parte de la negociación con el Gobierno es ampliar el plazo del PAMA (El Comercio, 01-04-2009).

PRIVADOS ASUMEN EL RESCATE DE DOE RUN POR US$175 MLLNS. Y se hizo la luz. Doe Run Perú (DRP) seguirá operando, conforme lo había adelantado Perú.21, luego de que sus accionistas y acreedores llegaran a un acuerdo satisfactorio, para lo que fue necesario la mediación del Gobierno. El rescate, asumido en su totalidad por empresas privadas, suma US$175 millones y está conformado por dos líneas de crédito, que permitirán que la compañía reanude sus operaciones de refinación.

Así lo informaron, en conferencia de prensa, el gerente general de la firma, Juan Carlos Huyhua; los ministros de Energía y Minas, Pedro Sánchez; de Economía y Finanzas, Luis Carranza; y representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. DRP se comprometió a capitalizar el total de su acreencia, estimada en US$156 millones, de tal forma que genere un incremento en el capital de la empresa, para luego emitir acciones por ese total. Asimismo, entregará el 100% de sus acciones al Gobierno como garantía por el cumplimiento de su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que vence en octubre de este año. Con ese aval, los productores mineros, a los que DRP debe, garantizarán el préstamo revolvente por US$75 millones que el Complejo Metalúrgico de La Oroya necesita para seguir operando y que un sindicato de bancos integrado por el Banco de Crédito del Perú (BCP), BNP Paribas y el Standard Bank le negó semanas antes. Adicionalmente, sus proveedores le darán otra línea por el equivalente a US$100 millones en concentrados; pero a partir de ahora, ya no será Doe Run el propietario de ese mineral, sino las propias proveedoras que se asegurarán de recibir directamente el pago del comprador externo. Carlos Gálvez, gerente de Administración y Finanzas de Buenaventura, uno de los acreedores de DRP, advirtió que solo teniendo la seguridad de que se cumplirá con el PAMA, las mineras garantizarán los préstamos. “Es exigencia de las empresas que se tome las providencias para

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que se cumpla el PAMA. Si no se cumple, el Estado tendrá la facultad de ejecutar la garantía y de vender las acciones a quien pueda seguir operando”, indicó. Huyhua recordó que DRP ya ha invertido US$307 millones en la ejecución del PAMA, con lo que ha logrado un avance de 52%. Por ello, dijo que si bien le “gustaría” concluirlo en octubre, por la situación que afronta la empresa, podría requerir una flexibilización del plazo. Por su parte, el ministro Sánchez descartó una nueva prórroga y afirmó que exigirá el cumplimiento del plazo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N° 046-2004 EM. DRP dijo que con el acuerdo se garantiza la estabilidad de 3,500 empleos directos y 16,000 indirectos que genera la empresa. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, descartó que, para la operación de rescate, se haya requerido una garantía por parte de Cofide. El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, comentó que el caso de DRP es único en el país y que ninguna otra empresa minera necesita un rescate. DRP anunció que en los próximos días reanudará sus operaciones, hoy suspendidas en 95% (Perú.21, 03-04-2009).

PRORROGARÁN PLAZO PARA QUE DOE RUN CUMPLA CON EL PAMA Luego de que un grupo de empresas mineras se comprometiera a avalar dos operaciones de financiamiento para Doe Run Perú (DRP) con US$ 175 millones, para asegurar la continuidad de sus operaciones en La Oroya, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, informó que el Ejecutivo le daría entre dos y tres meses más de plazo para que DRP cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual vence el 31 de octubre de este año. “Hasta que se concrete todo el sistema de financiamiento habrá unos meses en que no opere y el PAMA tendrá que correr un poco”, argumentó el ministro. Además indicó que para oficializar la prórroga del cumplimiento del PAMA, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicará un decreto supremo en los próximos días. “Ya hubo otras ampliaciones del PAMA por problemas que se presentaron a lo largo del tiempo; además también ha habido lentitud. Casi siempre una empresa prioriza la parte económica y social antes que la ambiental, pero ahora estamos en una época de transición”, sostuvo el ministro. De otro lado, Juan Carlos Huyhua, presidente y gerente general de Doe Run Perú, expresó que con este acuerdo se puede asegurar el cumplimiento del PAMA. Además del empleo de 3,500 trabajadores en sus unidades del Complejo Metalúrgico de La Oroya. “Al llegar al Perú en 1997, Doe Run Perú se comprometió a invertir US$ 107 millones en el PAMA. Dicho compromiso se elevó posteriormente a US$ 244 millones. Sin embargo, la empresa ha invertido a la fecha US$ 307 millones en la ejecución de sus proyectos PAMA, superando sus compromisos de inversión ya que sólo en los últimos dos años se invirtió más de US$ 200 millones”, manifestó Huyhua. Juan Aste Daffos, especialista en minería y gestión ambiental, consideró una ligereza decir que se va a prorrogar por tres meses más el cumplimiento del PAMA, ya que hasta el momento no se tiene un informe serio sobre cuál es la situación actual del cumplimiento de Doe Run con el programa.

“Tendría que reformularse todo y establecerse un nuevo cronograma evaluado por el MEM” (La República, 0404-2009).

Fujimori: Sentencia Histórica LA DERROTA DEL FUJIMORISMO Alberto Adrianzén M., opina: “El fin del juicio a Alberto Fujimori y su posterior condena puede ser aquella segunda oportunidad –que muchos reclaman y esperan, pero que pocos tienen en la vida– para producir lo que podemos llamar un “ajuste de cuentas” con el fujimorismo e infligirle una derrota histórica. Porque el dato sobre el fujimorismo ha sido no solo su capacidad de sobrevivir sino, incluso, de progresar políticamente.

Ello ha sido posible gracias a la ayuda permanente con la que ha contado en estos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos. Llevar como vicepresidentes a dos fujimoristas, como ha hecho Alan García, es un dato, sin duda, a tomar en cuenta. También las alianzas que el aprismo y la derecha han establecido con este sector en el parlamento, así como la ayuda de algunos medios de comunicación que pasaron a convertirse en verdaderas cajas de resonancia de las huestes fujimoristas y del propio Fujimori. La transmisión en varios medios de comunicación (ello incluye al Canal 7), prácticamente toda una cadena nacional, de la supuesta defensa de Alberto Fujimori en estos días finales del juicio –cuando no transmitieron, salvo honrosas excepciones como el Canal N, la acusación del fiscal y de los abogados de la parte civil– es una muestra clara de favoritismo político.

Ello demuestra a estas alturas que los sectores que fueron el soporte del fujimorismo permanecen intactos. Estamos hablando de los grandes grupos económicos, de los militares, de dueños de medios de comunicación, de curas reaccionarios y de un grupo de tecnócratas e intermediarios mediáticos que operan como propagandistas y defensores de estos intereses. La expresión de ello no es solo la continuidad del modelo económico neoliberal sino también el creciente poder que las FFAA (incluyo a los aparatos de inteligencia) han ido recuperando, la impunidad y al que se suma un poder mediático que permanece intocado hasta estos días. Y si bien este continuismo comenzó en el gobierno anterior, con el actual alcanza niveles francamente fanatizados convirtiéndolo en calco y copia del modelo fujimorista por la abierta sociedad que hoy existe entre corrupción y negocios con el Estado. Y así como se mantienen los sectores que fueron el soporte del fujimorismo, también

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podemos decir lo mismo de las condiciones políticas. Con ello hacemos referencia a esta combinación (que es al mismo tiempo una relación) entre un sistema político débil (incluyo a los partidos) y un Estado privatizado por los grandes intereses y los poderes fácticos, que reemplaza las mediaciones políticas con los sectores sociales por las relaciones con los lobbies y privilegia el hiperpresidencialismo como principal vínculo político con la sociedad. A ello se suma un discurso que busca liquidar al otro. Por eso, lo que sobresale, primero, son los insultos y, luego, los intentos abiertos, por destruir a los opositores. En este contexto, las elecciones se convierten no en un proceso reglado para dirimir los desacuerdos entre diversas opciones políticas sino más bien, como fue en el fujimorismo, en un rito y al mismo tiempo en el campo de batalla ya que se busca destruir al adversario antes que ocurra el acto electoral. Las recientes declaraciones del presidente García respecto a la necesidad de controlar las futuras elecciones configuran, justamente, una lógica autoritaria y fraudulenta que nada tiene que ver con la democracia.

Pero, finalmente, lo que exacerba este continuismo fujimorista no es tanto el futuro penal de Alberto Fujimori –lo más probable es que lo condenen– sino más bien la presencia de liderazgos alternativos que proponen terminar con el modelo económico neoliberal, con la política autoritaria y luchar contra la impunidad.

En realidad, los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad (también los corruptos) parecen convencerse crecientemente que para detener este cambio, solo les queda replicar o copiar el modelo fujimorista o, simplemente, apoyar abiertamente a Keiko Fujimori como opción política, declarada, recientemente por su padre, como su sucesora. Por eso las próximas elecciones adquieren un valor estratégico que consiste, como bien dijo Valentín Paniagua, en su discurso de asunción a la presidencia en el 2000, en clausurar una etapa autoritaria en el país y abrir un nuevo ciclo democrático. Dicho en otros términos, en provocar una ruptura con el pasado para construir las bases de una refundación de la nación y de una nueva mayoría política capaz de iniciar la transformación del país. En ese sentido lo que está en juego en las próximas elecciones no es solo el triunfo de un candidato sino también las posibilidades de poner fin al modelo económico, al autoritarismo, a la corrupción y de transformar nuestra democracia. Y una condición fundamental para ello radica, justamente, en derrotar al fujimorismo, a sus aliados y a sus imitadores” (La República, 04-04-2009).

AHORA HACE FALTA EL JUICIO POLÍTICO Juan Carlos Tafur, opina: “Independientemente del resultado judicial que pasado mañana se conozca, la sociedad peruana tiene frente a sí una tarea histórica aún no emprendida respecto del fujimorismo.

Contrariamente a lo que los defensores del ex mandatario señalan, el juicio político a la gestión del susodicho es parte de la agenda pendiente. No ocurrió durante su mandato por las razones conocidas. No solo por el silenciamiento “monetario” de buena parte de los medios de comunicación sino también por el pasmo de la llamada clase política, que no supo responder al embate pragmático que mostraba resultados luego de décadas de acelerado deterioro del país. No ha ocurrido tampoco luego. La caída del fujimorismo fue por implosión.

Quizás se deba a ello. Ni su ascenso al poder ni su salida son atribuibles a nadie más que a sí mismo. Si no aparecía el video Kouri-Montesinos, lo más probable es que el hoy juzgado Fujimori hubiese salido de Palacio el año 2005, luego de completar su tercer período.

Desierto político. Lo cierto es que, a pesar del tiempo transcurrido, no obstante los vertiginosos cambios globales, el Perú parece seguir atrapado en el 5 de abril de 1992 (que justamente hoy se recuerda), día del autogolpe de Estado, el principal signo distintivo de la década final del siglo pasado. Basta dar una somera revisión a las conductas o planteamientos políticos hoy vigentes y se verá que, con matices o pequeñas divergencias, la mayor parte de nuestra dirigencia política se sigue moviendo bajo las coordenadas de esa época.

Hasta el aprismo, supuesto adversario visceral de un régimen que lo acosó, ha terminado por consagrarse a su causa con inusitado entusiasmo. Alan García no es la reedición liberal de sí mismo. Es la reedición, bajo formas democráticas, del gen fujimorista (una más, dicho sea de paso, de las pasmosas muestras de mímesis que el partido de la avenida Alfonso Ugarte ha tenido a lo largo de su existencia con sus enemigos). En la izquierda, por debajo del ropaje estatista de Ollanta Humala, el discurso político que exhibe se rige por idénticos códigos que el fujimorismo: las formas democráticas son accesorias y prescindibles, la fuerza genera derecho, etcétera.

En la derecha, el panorama está algo mejor. La presencia de Alejandro Toledo sí marca una clara distancia del proscenio señalado. Pero estrictamente hablando, la derecha es otra. Ni siquiera se expresa políticamente, sino fácticamente. Y en esos lares es donde la propuesta autoritaria es ley. En la mayor parte de nuestra clase empresarial e intelectual de la derecha el fujimorismo es su Carta Magna.

La peor impunidad. La desgracia que ello supone para el país es que el “modelo” aplicado en los 90 goza de impunidad. No ha sido rebatido. Por eso escala en situaciones críticas como la actual. Por eso Keiko Fujimori lidera las encuestas. Por eso –sin necesidad de armar portátiles– las tribunas mediáticas que se abren, principalmente en las radios, son desbordadas por adeptos. Sus enemigos creyeron que la persecución judicial lo iba a derrotar. Quizás ingenuamente celebren un fallo severo en las próximas horas. Ni siquiera se dan cuenta de que lo que estamos viendo y veremos, probablemente, en los tiempos venideros, será la resurrección monda y lironda –porque en realidad nunca desapareció y mucho menos ahora que, a su manera, nos sigue gobernando– de una opción política hoy en día más retardataria que nunca. Una vez más, quienes se han propuesto destruirlo

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lo pretenden hacer mirando de soslayo al creciente bolsón ciudadano popular que lo apoya. Como en la campaña de 1990 y todas las confrontaciones posteriores que hubo, los antifujimoristas no saben cómo combatir ni derrotar a su adversario. Resta aún un trecho importante hasta el 2011, pero nos queda claro que, si las cosas no cambian radicalmente, lo que vamos a observar –fuera de una o dos excepciones– será una competencia de clones. ¿Y así creen que hay motivos para festejar? Habrá mucho pan por rebanar respecto del tema estrictamente penal, sin duda. Sea cual sea la sentencia que se le imponga, la discusión jurídica debe desplegarse. Mucho del pasado y del futuro se pone en juego en el desenlace judicial al que se arribe. Las pasiones encontradas serán inevitables, pero habrá que esforzarse por distinguir razones de emociones. Pero, reiteramos, ella nos parece la tarea menor. Es el juicio político del fujimorismo y, por ende, su superación cualitativa lo que verdaderamente haría historia. Debemos esforzarnos colectivamente –y no será fácil– para que el fujimorismo político deje de ser un tic que domine al país cada vez que pase por un momento de tensión o de zozobra. Esa es la tarea que nos toca por delante” (Perú.21, 05-04-2009).

EL PORVENIR DE LA PESADILLA FUJIMORISTA Mirko Lauer, opina: “La defensa política de Alberto Fujimori y varios de sus seguidores se ha centrado en la presentación de sus 10 años como un tiempo pasado en que todo fue mejor. Además han apuntado a un porcentaje de los encuestados que piensa más o menos así. Lo cual abre la cuestión de qué sucederá con el fujimorismo en las próximas elecciones. Para que ese proyecto prospere se necesitaría algo más que las simpatías actuales, ubicadas por debajo del 20% de la intención de voto. Se necesitaría que la derecha, la electoral y la económica, se convenza de la conveniencia de un gobierno criptogolpista, con un discurso autoritario y un ánimo revanchista contra pueblos, partidos e instituciones. Pues el fujimorismo en las actuales condiciones representa una división de la derecha, entre un pensamiento liberal y un pensamiento autoritario. En uno de los escenarios posibles los candidatos de cada tendencia competirán por ser el que intente frenar al candidato de la protesta social en la segunda vuelta. Sin embargo no todos los actuales votos del fujimorismo están en la derecha, en un sentido amplio, sino dispersos por todo el archipiélago de las ideologías formales.

Keiko Fujimori en abstracto sin duda representa hoy una narración mediática más atractiva que las demás. Falta saber todavía cuán política puede ser esa narración. En otras palabras, ¿puede la Sra. de Villanella recuperar los votos que el fujimorismo perdió a manos de Ollanta Humala en las pasadas elecciones? Una parte depende de Humala y su planteamiento de un frente de izquierda para el 2011. La otra parte depende de los hábitos del electorado, y su conocido gusto por reelegir o por elegir candidatos nuevos. Las perspectivas del fujimorismo no son tan rosadas rosado como ellos las pintan. Su candidata está en el grupo de punteros, pero es la única que está haciendo campaña en serio y con recursos económicos serios. Una campaña con el suelo parejo probablemente revelaría rápido las profundas diferencias de capacidad entre el papá y la hija. El fervor fujimorista de estas semanas está directamente vinculado a la lucha por la libertad de su líder, una tarea que siempre se presenta en blanco y negro. Pero qué piensan hacer en un país donde SL ahora no es una amenaza tan grande y no hay hiperinflación es un misterio, y ese hueco negro no dejará de reflejarse en una campaña electoral. Luego está el tema, ya mencionado en esta columna, de si el fujimorismo puede garantizar una conducta democrática desde el gobierno. No parece tener muchas ganas de hacerlo, y por el momento ni siquiera está garantizando que Vladimiro Montesinos no vuelva a hacerse del control de la Fuerza Armada y del Poder Judicial” (La República, 07-04-2009).

Otras Noticias de la Semana COYUNTURA NACIONAL *Al cumplirse casi un año del escándalo que sacudió al propio gobierno, la Comisión de Fiscalización del Congreso encontró responsabilidades penales en ex funcionarios del Banco de Materiales (Banmat) por las irregularidades producidas en la adjudicación de inmuebles del proyecto habitacional Los Alamos, en el Cercado de Lima. Perú.21 tuvo acceso al informe de la investigación parlamentaria, cuyas conclusiones confirman que en dicho proyecto se montó un fraude para beneficiar a un grupo de ex funcionarios de la entidad estatal. Las investigaciones al Banmat se focalizaron en los estados financieros del ejercicio contable 2006, la contratación del consorcio BMP Ingenieros S.A y Systems Solutions SAC para la actualización de los servicios informáticos (adquisición de nuevo software), y las irregularidades en los proyectos Los Álamos, en Lima, y Los Brillantes de Mansiche, Los Brillantes de Santa Inés I y Los Brillantes de Santa Inés II, en Trujillo. Las pesquisas determinaron que el principal responsable es el ex gerente general Jorge Aparicio Moselli, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de fraude, enriquecimiento ilícito, negociación incompatible y peculado. También se señala a otros ex altos ejecutivos de la institución como responsables de estas irregularidades (Perú.21, 01-04-2009). *La irresponsable actitud del parlamentario aprista Edgar Núñez Román de desconocer la paternidad de dos niñas, una de las cuales, según dijo, por el aspecto físico, podría tener un alto costo para su función legislativa. La Comisión de Ética que preside la legisladora fujimorista Martha Hildebrandt aprobó, por unanimidad, evaluar de oficio la denuncia del programa Cuarto poder, que reveló la conducta de Núñez de negar la paternidad a sus hijas Estefany Núñez (13) y Pamela Muñante (12). Los integrantes de este grupo de trabajo coincidieron –inclusive la representante del actual partido gobernante María Helvezia Balta– en que se le aplique la máxima sanción por su cuestionable actitud (Perú.21, 02-04-2009).

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*La Comisión de Constitución aprobó la creación del distrito electoral de Lima-Provincias para darle representación parlamentaria, y la modificación del artículo 90 de la Carta Magna, que eliminaría el número exacto de 120 representantes desde el 2011. En el primer caso se aprobó la creación de dos subdistritos electorales: Lima Metropolitana y LimaProvincias, vía la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones. En virtud de ello, el segundo segmento poblacional tendría derecho a cuatro o cinco legisladores. Todos los grupos apoyaron este cambio, pero la modificación constitucional enfrentó a apristas y nacionalistas, quienes se oponen a cualquier reforma parcial a la Carta de 1979. Ello haría peligrar la aprobación del dictamen en el Pleno, que requiere de 81 votos. “La única manera de que Lima- Provincias tenga sus representantes es modificando la Constitución y esperamos que los nacionalistas reflexionen. Ellos se comprometieron a apoyar esta reforma y no cumplieron”, dijo el titular de la Comisión de Constitución, el aprista José Vargas (La República, 02-04-2009).

TRÁFICO DE DROGAS * Un contingente policial detuvo, en la carretera Huancavelica-Acobamba, un auto en el que se transportaban seis grandes paquetes con hojas de coca, con un peso total de 42 kilos. El vehículo, conducido por Eulogio Cuadros Sedano (28), llevaba como pasajeros a Domingo Cuadros Montes (64), Julio Carbajal Soto (25) e Isabela Sedano de Cuadros (65), quienes transportaban la carga, que fue decomisada (El Comercio, 01-04-2009). * En inspección de rutina, agentes de la policía ecológica de La Oroya hallaron más de cuatro kilos de pasta básica de cocaína escondidos dentro de la radio de un ómnibus de la empresa Junín. El vehículo, que procedía de Tingo María y tenía como destino a Lima, era conducido por José Sauri Rupay (34), quien fue detenido junto a otros dos sujetos (El Comercio, 02-04-2009). * La Policía Antidrogas del aeropuerto Jorge Chávez detuvo el domingo al sudafricano Gavin William Gebhardt (39), quien iba a viajar a Brasil con más de ocho kilos de alcaloide de cocaína, camuflados en sobres de mayonesa y latas de conservas.

El detenido pasó a manos de la Segunda Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas del Callao (El Comercio, 07-042009).

GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES *El coordinador de la Asamblea de Presidentes Regionales, César Villanueva, anunció que presentará al Ejecutivo una propuesta para cambiar el modelo fiscal centralista por uno realmente descentralizado, “porque las transferencias que reciben del gobierno central no responden a reglas claras y transparentes, lo que las hace discrecionales, poco predecibles y no equitativas”. Villanueva explicó que, con el actual modelo, los gobiernos regionales están supeditados a los vaivenes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para utilizar las partidas presupuestales, lo cual es una limitante para su normal desenvolvimiento y no les permite planificar mejor sus gastos e inversión pública, en el mediano y largo plazo. “Nuestra propuesta la hemos concertado con el MEF y vamos hacia un modelo más descentralizado, no queremos romper abruptamente el esquema actual, sino gradualmente”, dijo (La Primera, 03-04-2009). *Durante la sesión del Consejo de Ministros realizada en Pichari, los alcaldes de los distritos de Pangoa, Satipo y San Francisco, ubicados en el VRAE, demandaron al gobierno el urgente desembolso de los recursos del Plan de Impacto Rápido de Lucha contra las Drogas 2009. Los burgomaestres señalaron que esos recursos son urgentes para continuar con los proyectos y programas de desarrollo alternativo en diversos puntos del VRAE. Eduardo Urbano, alcalde de San Francisco, señaló que la población de su distrito sí cree en el desarrollo alternativo (La República, 07-04-2009).

ECONOMÍA *El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, estimó que el crecimiento del PBI peruano para este año podría ser ligeramente inferior al 5% previsto oficialmente. Asimismo, reveló que el directorio del BCR estudia una mayor diversificación de las reservas peruanas que ascienden a US$30.000 millones. Explicó que la razón de este cambio sería el debilitamiento que ha registrado el dólar en los últimos meses. En la actualidad, el 80% de nuestras reservas está en moneda estadounidense, y el 20% restante está en euros. Velarde refirió que un cambio contemplaría que el 65% de las reservas queden en dólares, 20% en euros y el resto en otra moneda, que no quiso precisar. Sin embargo descartó que parte de nuestras reservas fueran a ser convertidas al yuan, la moneda de China (El Comercio, 01-04-2009). *El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo registró una tasa de 0.36% en Lima Metropolitana mayor a la esperada en el mes, empujada por el alza de los precios de los productos del rubro educativo –por el inicio del año escolar– anunció el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Renán Quispe. La tasa de inflación obtenida en el tercer mes del año es menor a la registrada en marzo del 2008 (1.04%) y mayor a la de marzo del 2007 (0.35%), aunque mayor al resultado de febrero de este año cuando se registró una tasa negativa (-0.07%). Quispe explicó que el incremento de los precios en el grupo de Enseñanza y Cultura registró la mayor variación con 2.23%, debido al efecto estacional de la temporada escolar por los mayores precios de matrículas y pensiones en colegios particulares, que subieron 2.1% y 5.4%, respectivamente (La República, 02-04-2009). * Siguiendo la línea de los dos primeros meses del año, la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) anunció que en marzo los ingresos tributarios del gobierno central ascendieron a S/. 4,423 millones, registrando una disminución de 7% en términos reales respecto a similar mes del 2008. Esta disminución se debe al menor dinamismo de la actividad económica y al desfavorable contexto internacional que continúa afectando los niveles de recaudación del Impuesto a la Renta (IR) a través del sector minero, principalmente, y de los impuestos asociados a la importación de bienes. De esta manera, los resultados de marzo reflejaron los menores niveles de recaudación registrados tanto en los tributos internos como en los tributos aduaneros (La República, 07-04-2009). *La ejecución de los gastos de inversión de las entidades públicas del Poder Ejecutivo, durante el primer trimestre del 2009, fue del 8,8%, según un reporte del congresista Juan Carlos Eguren, quien esperaba que la cifra estuviera entre 20% y 25%, tomando en cuenta que se ha dado un conjunto de medidas orientadas a agilizar las inversiones, como por ejemplo, la promulgación de nueve leyes, 16 decretos de urgencia, 20 decretos supremos, dos resoluciones supremas, como parte del plan de estimulo económico, así como la flexibilización del Sistema Nacional de Inversión Pública y de las contrataciones y

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adquisiciones del Estado. “El bajo grado de ejecución de inversiones no contribuye a contrarrestar los efectos negativos de la crisis mundial”, manifestó Eguren (El Comercio, 07-04-2009).

MOVIMIENTOS SOCIALES *Cerca de cuatro mil trabajadores de la Federación de Construcción Civil, que marcharon desde la Plaza Dos de Mayo hasta el Ministerio de Trabajo para entregar su pliego de reclamos 2009-2010, gritaron fuertes consignas contra el gobierno, al que acusaron de promover la formación de nuevos sindicatos y acoger a dirigentes denunciados por cobrar cupos a los empresarios del sector. Buenaventura Vera Pérez, secretario general del sindicato de Lima, indicó que Vicente Aponte y Augusto Dolmos fueron expulsados del gremio, y hoy son dirigentes de una nueva federación de construcción civil afiliada a la Central de Trabajadores del Perú, de conocida tendencia aprista. El denunciado paralelismo sindical y el reconocimiento oficial de los dirigentes expulsados se dio a pesar de que los propios empresarios informaron al presidente Alan García sobre las amenazas de secuestro que recibían por parte de estas personas si no cumplían con el pago de fuertes cantidades de dinero. Ahora, dijo Vera, el Ministerio de Trabajo pretende que Capeco negocie dos pliegos de reclamos, con la clara intención de debilitar a la federación creada en 1958 y desaparecer la negociación colectiva (La República, 02-04-2009). *Unos mil quinientos trabajadores de la minera Doe Run Perú, propietaria del Complejo Metalúrgico de La Oroya, hicieron una marcha en este poblado minero para quejarse por las bajas utilidades que recibieron de la empresa minera por el ejercicio 2008. Según informó el secretario del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Doe Run Perú, Roiberto Guzmán, la minera solo ha entregado un promedio de S/.3.200 a los obreros y empleados cuando el año pasado las utilidades otorgadas a los trabajadores llegaron a S/.11.000. “Considerando que hasta setiembre se han tenido buenos precios de los metales, no entendemos cómo la empresa ha disminuido en forma sustancial las utilidades a los trabajadores”, señaló Guzmán (El Comercio, 02-04-2009). *Maestros afiliados al Sutep y trabajadores del sector Salud se movilizaron por las principales calles de Puno como parte del paro convocado por el Frente de Organizaciones Populares de Puno para protestar contra la mala gestión del presidente regional Hernán Fuentes, y a la vez rechazar los presuntos actos de corrupción en los que estaría envuelta esa autoridad junto con funcionarios de su entorno más cercano. Durante su recorrido, los manifestantes lanzaron diversos objetos contra las oficinas de la sede regional y también atacaron el local del Partido Aprista. Luego tomaron la sede de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional. Ellos exigían dialogar con el titular de esa dependencia, Luis Vilca Pachao. Varias ventanas de la sede regional fueron destruidas por las piedras arrojadas por los manifestantes, quienes también lanzaron huevos, basura y pintura al edificio, pese a estar resguardado por policías antimotines (El Comercio, 03-04-2009).

DD.HH. *La asociación que reúne a los indultados por el delito de terrorismo realizó un plantón en la puerta de la sede principal de la PCM en protesta por el recorte de los beneficios en educación, vivienda y salud, adquiridos a través de la ley 28592 que crea el programa integral de reparaciones. Los manifestantes aseguraron que, a diferencia de las víctimas del terrorismo, el gobierno los margina por ser víctimas del Estado. Edgar Reynoso, presidente de la asociación, señala que en tres oportunidades le han solicitado al premier Yehude Simon una reunión a fin de encontrar una solución, pero aún no han recibido respuesta. “Existe una falta de voluntad política por parte del Estado para reparar a las víctimas de la violencia”, indica Reynoso, quien agrega que el Consejo Nacional de Reparaciones es deficiente porque carece del presupuesto necesario. Añade que el Gobierno confunde reparaciones colectivas con políticas de desarrollo. “El Estado tiene la obligación de poner luz y agua a los pueblos, sin embargo, a eso le llaman reparación”, refiere (La República, 01-04-2009). *Una nueva denuncia contra el líder nacionalista Ollanta Humala se presentó ante la fiscalía por la viuda de un poblador de Aucayacu, presuntamente torturado y asesinado en 1992, mientras Humala fue jefe del destacamento militar de Madre Mía, región San Martín. Exalta Gonzales Alvarado hizo la denuncia por homicidio calificado ante la Fiscalía Provincial Mixta de Aucayacu por el asesinato de su esposo Fidel Bravo Ponce. La viuda relata en su escrito que el 7 de noviembre de 1992, Bravo fue secuestrado por una patrulla militar en el caserío Gozen, distrito de Crespo y Castillo. Al mando de dicha unidad – según ella– habría estado Ollanta Humala Tasso, pero bajo el apelativo de “Capitán Carlos”. Los militares buscaban – agrega– a terroristas que habían atentado contra un camión cisterna que iba de Uchiza a Lima. Bravo Ponce habría sido maniatado, torturado y después ejecutado, junto a otros dos pobladores. El testigo sería un ex soldado que formaba parte de la patrulla militar comandada por Humala, cuya identidad se mantiene en reserva (La República, 03-04-2009). *Los casos recomendados por la Comisión de la Verdad y la Defensoría del Pueblo para ser judicializados por violaciones a los derechos humanos no han avanzado, denunció el informe anual 2008 presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Dicho documento, que lleva como título ‘El difícil camino hacia la ciudadanía’, indica que las recomendaciones de la CVR “se han paralizado o muestran avances limitados y no orgánicos”. Se señala que el Poder Judicial sólo se encuentra procesando a un reducido grupo de militares y policías que han sido denunciados por haber participado en asesinatos, desapariciones y torturas. “Lo cierto es que, después de cinco años de presentado el informe de la CVR, solamente quince miembros de las fuerzas del orden han sido sentenciados y ningún caso de violencia sexual ha sido judicializado”, precisa el informe (La República, 04-04-2009). *Luego de una ardua labor de 3 horas, se produjo la exhumación de los restos de dos jóvenes sepultados en el cementerio de Huichocruz de Huancayo, quienes habrían sido sindicados de narcoterroristas por efectivos del Ejército Peruano y abatidos en un enfrentamiento en octubre del 2007. Ante la presencia de representantes del Ministerio Público, familiares y un equipo forense del Instituto de Medicina Legal de Lima, los restos de Edwin Quispe Melchor y Ruel Julián Quispe –quienes tendrían 21 y 22 años– fueron desenterrados para iniciar las investigación de las causas de sus muertes. Por su lado, los familiares aseguraron que los cuerpos presentan rastros de violencia y responsabilizaron a efectivos militares por la desaparición de ambos jóvenes, así como descartaron rotundamente que hayan sido narcoterroristas (La República, 06-042009).

VIOLENCIA POLÍTICA

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* El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Francisco Contreras, reveló que muchos remanentes terroristas que operan en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) tienen la intención de rendirse, y por ello los instó a que se entreguen y pongan fin a su accionar delictivo. En declaraciones a la agencia Andina, indicó que aquellos que deseen dejar las filas del narcoterrorismo pueden acercarse a cualquier base militar o a algún comisionado de paz en el VRAE, donde recibirán el apoyo necesario y las instrucciones para regularizar su situación. Indicó, además, que el alto mando de los institutos castrenses ha dado las instrucciones necesarias para respetar la vida de todos los terroristas que depongan las armas, apoyándolos, incluso, en la recuperación de su ciudadanía a través de la gestión de su Documento Nacional de Identidad (Perú.21, 06-04-2009).

JUICIO A FUJIMORI * En un mensaje a la Nación transmitido por televisión, el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, pidió calma a la población para aceptar lo que resuelva la Sala Penal Especial Suprema en el juicio a Alberto Fujimori. Subrayó que el juicio ha respetado escrupulosamente el debido proceso. “Es en este importante momento histórico que como Presidente del PJ invoco a la ciudadanía en general a respetar los alcances del fallo que se emita dentro de las pautas procesalmente establecidas, las mismas que contemplan mecanismos a los cuales las partes pueden recurrir en salvaguarda de sus derechos”. “Es necesario el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho mediante el pleno respeto de la sentencia que emita el PJ. Por tanto, debemos recibir el fallo en un adecuado clima de paz social, que no debe ser afectado en ningún caso por el sentido que este fallo pueda tener, ni mucho menos otorgarle una lectura distinta a la estrictamente jurisdiccional” (La República, 06-04-2009).

MEDIO AMBIENTE * El cúmulo de 76 concesiones mineras y 138 petitorios dentro de la Gran Zona de Reserva Arqueológica de la Región San Martín ha obligado a que las autoridades municipales soliciten la cancelación de las concesiones otorgadas, la anulación de los petitorios en trámite e incluso la abstención de solicitudes para realizar actividades mineras en ese territorio. El hecho fue tratado por los alcaldes sanmartinenses con el premier Yehude Simon hace una semana. Asimismo, trece solicitudes de impugnación de concesiones ya están en el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (La República, 01-04-2009). * Incredulidad y desazón genera el anuncio de una nueva prórroga (la quinta) para que Doe Run Perú (DPR), operadora del complejo metalúrgico en La Oroya, cumpla con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), el cual vence el 31 de octubre de este año. Especialistas consultados por La República consideraron que el gobierno demuestra flexibilidad y envía un pésimo mensaje para aquellas empresas que sí cumplieron con su PAMA. Además expresaron sus reservas acerca de que DRP cumpla con su compromiso. “Se está premiando el incumplimiento y la señal que se envía es de un Estado laxo”, dijo el experto en tema ambientales José De Echave. Refirió que la paralización de la empresa no justifica el retraso del PAMA, tal como señaló el ministro Antonio Brack. Por ello, insistió en que cumpla la legislación, pues de lo contrario “el futuro del complejo siempre va estar en peligro” (La República, 05-04-2009).

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