ALIANZA PARA LA REPUBLICA SOY VENEZUELA Major General (Retired) the Honourable Edmund Dillon Acting Minister of Foreign and CARICOM Affairs Government of the Republic of Trinidad and Tobago Port of Spain Distinguido Señor Ministro Dillon Nos dirigimos a Usted, en nombre de SOY VENEZUELA, Alianza política independiente y plural de Venezuela, con el fin de expresarle, muy respetuosamente, nuestra mayor preocupación por la situación que afecta a decenas de venezolanos que en búsqueda de protección y refugio han sido devueltos arbitrariamente por las autoridades de Trinidad y Tobago, sin que se hayan respetado las normas internacionales que regulan la institución del refugio. Los tres signatarios de esta Carta somos ex Embajadores de Venezuela ante las Naciones Unidas. Nos preocupa aún más que se les haya detenido, maltratado y devuelto a Venezuela sin el debido procedimiento administrativo y sin la consideración de sus derechos humanos, en especial, del derecho de toda persona a solicitar asilo cuando su vida y su integridad física corre peligro, tal como lo establece en las declaraciones sobre derechos Humanos, en el Estatuto de Refugiados de 1950 y en el Protocolo de Ginebra de 1967, término que se precisa más tarde, en 1984, en la Declaración de Cartagena de Indias. Amnistía Internacional se ha pronunciado recientemente en igual sentido. Es importante recordar que la Declaración de Cartagena del 22 de noviembre de 1984 precisa que “la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”, aplicable sin duda en la realidad que atraviesa nuestra país, como es del conocimiento público. Esta realidad, Señor Ministro, son aplicables, sin duda alguna, a nuestro país hoy convertido en un narco-Estado. Es igualmente importante recordar que Venezuela fue siempre un territorio de inmigrantes , de asilo, recibiendo y brindando la protección debida por años, a flujos masivos de personas que huían de las dictaduras del Cono Sur y de la violencia y conflictos armados en la región y en Europa. Incluso, recibimos nacionales de muchos países de nuestra región, incluyendo Trinidad y Tobago en desplazados por razones económicas, en décadas anteriores.
Entendemos el impacto que pueden tener tales desplazamientos, especialmente, en países más vulnerables que deben enfrentar su inserción en la vida social y económica del país, como parte de la protección que debe brindárseles; pero ello debería ser considerado en forma equilibrada entre los intereses del país receptor y el pleno respeto de las normas internacionales de protección, de carácter imperativo, establecidas en los instrumentos internacionales de los cuales su país es parte. La situación de los venezolanos solicitantes de protección en estos casos es muy diferente a la que se plantea en relación con las migraciones y otros desplazamientos de personas, espacios muy distintos, regulados por normas y principios igualmente diferentes. Se trata de personas que huyen para salvaguardar sus vidas, si integridad física, su seguridad; personas que huyen de la violencia del Estado y de la persecución de un régimen que se ha mostrado inclemente. La situación de nuestros compatriotas que huyen del país exige separar entonces, por las causas que lo provocan, el tema migratorio, del tema de refugiados, cuando esas personas huyen, como es el caso, para salvar su vida y no para mejorar sus condiciones económicas, espacios jurídicos muy distintos que funcionan en base a regímenes específicos igualmente diferentes. El derecho de solicitar asilo es un derecho humano incuestionable, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y como corolario de ello, los Estados tiene la obligación de considerarlo adecuadamente y de adoptar las decisiones más convenientes, en base a las normas nacionales e internacionales, en pleno respeto de los derechos humanos de los solicitantes de asilo que han sido objeto, lamentablemente, de tratos degradantes, contrarios a todas las normas internacionales. Estamos seguros, Señor Ministro, que su Gobierno revisara esta situación que solo será superada cuando recuperemos nuestra democracia y libertad. Venezuela fue siempre un país de inmigrantes, no de emigrantes porque los venezolanos aman y quieren vivir en su país, pero créanos Señor Ministro esto no será posible sino cuando rescatemos la libertad de nuestro país convertido en un narco tiranía. Aprovechamos la ocasión para expresarle las seguridades de nuestra mayor consideración.
Por Soy Venezuela.
25 de abril de 2018 Milos Alcalay
Diego Arria
www.soy-venezuela.com
Víctor Rodríguez Cedeño